ARIT-SCZ-RA-0112-2020 Procedencia de solicitud de prescripción en etapa de ejecución es valida

ARIT-SCZ-RA-0112-2020

aití 

Altoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0112/2020 

Marco Antonio Suarez Montenegro. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 

Proveído 241880000034, de 26 

de septiembre de 2019. 

ARIT-BEN-0010/2019. 

Santa Cruz, 04 de febrero de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0112/2020 de 04 de febrero de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió el Proveído 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, el cual luego de describir antecedentes expuso que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria de los 

períodos fiscales junio y noviembre de la gestión 2011 por el IVA e IT dentro del /O 

alcance establecido por la Ley 291, y toda vez que la Resolución Determinativa N° 

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/ Justicia tributaria para vivir bien 

/ Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

i Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

í Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

i mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

171880000029, de 22 de marzo de 2018 fue notificada el 11 de abril de 2018, en vigencia de la Ley 812 se tiene que para ese momento procesal el periodo de prescripción tiene un término de ocho años, por lo que de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2019, en consecuencia las acciones para determinar la deuda no han prescrito y en ese sentido rechazo la solicitud de prescripción y ratificó la vigencia de la Resolución Determinativa y dispuso la continuación del trámite hasta la recuperación del adeudo. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Recurrente 

Marco Antonio Suarez Montenegro, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 24 de octubre y 6 de noviembre de 2019 (fs. 4-7 vta. y 8-9 vta. del expediente), se apersonó ante la Responsable Departamental Beni de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra el Proveído N° 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1. Nulidad del acto impugnado 

El recurrente manifestó que las modificaciones que ha sufrido el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) por la norma constitucional y la amplia jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia no es aplicable en virtud a lo establecido en el art. 150 de la citada Ley 2492 (CTB) sobre la irretroactividad de la norma, por lo que el proveído además sería nulo al estar sustentado en normas posteriores al nacimiento de la obligación tributaria, señaló que en el acto impugnado no explica ni se pronuncia sobre el porqué de la aplicación de la Ley 812 y que el criterio de aplicación de dicha norma vulnera el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), lo cual atenta contra sus derechos constitucionales señalados en el art. 115 de la CPE y el derecho a la defensa y al debido proceso, además del art. 68 nums. 2, 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB). 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.2. Prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria. 

El recurrente señaló que fue notificado con el Proveído 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, el cual rechazó su solicitud de prescripción, siendo que al amparo de lo establecido en los arts. 59 parágrafo I num. 2 y 60 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción de los periodos fiscales junio y noviembre de la gestión 2011, se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se debería tener una Resolución Determinativa notificada para efectos de la interrupción de la prescripción, sin embargo, en este caso dicha resolución data de la gestión 2018, por lo que a la fecha los supuestos adeudos no pueden ser sujetos de determinación menos de ejecución al haber prescrito las facultades de la Administración Tributaria y no existieron causales de interrupción, previstos en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB). Por lo expuesto señaló que la facultad para determinar, sancionar y ejecutar adeudos respecto al IVA e IT de los periodos junio y noviembre de la gestión 2011 ha prescrito. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente el Proveído impugnado emitido por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

II.2. Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 13 de noviembre de 2019 (fs. 10 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando el Proveído 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, en adelante la Administración Tributaria el 4 de diciembre de 2019, mediante memorial (fs. 15-16 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

II.3.1. Sobre la prescripción invocada. 

La Administración Tributaria luego de describir antecedentes señaló que el contribuyente no consideró las modificaciones hechas al Código Tributario respecto al 3 de 19 

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//Justicia tributaria para vivir bien 

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Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

I mbaerepi Vae (Guaraní) 

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

tema de prescripción y en ese sentido citó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por las Leyes 291 y 317, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), así como también la modificación efectuada mediante Ley 812 y señaló que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales junio y noviembre de la gestión 2011 por el IVA e IT dentro del alcance establecido por la Ley 291, y toda vez que la Resolución Determinativa N° 171880000029, de 22 de marzo de 2018 fue notificada el 11 de abril de 2018, en vigencia de la Ley 812 se tiene que para ese momento procesal el periodo de prescripción tiene un término de ocho años, por lo que de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2018, por lo que las acciones para determinar la deuda no han prescrito, y su trabajo se concentró en la normativa legal vigente. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Proveído impugnado. 

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba 

Mediante Auto de 4 de diciembre de 2019, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la Ley 2492 (CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la Administración recurrida el 11 de diciembre de 2019 (fs. 17-18 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 31 de diciembre de 2019, ninguna de las partes presentó ni ratificó pruebas. 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 21 de enero de 2020, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusiones escritos ni orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

.1. El 21 de julio de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

recurrente, con la Orden de Verificación 0014990200368, de 16 de junio de 

2014, comunicándole que sería sujeto a un proceso de determinación con 

alcance al IVA e IT de los periodos junio y noviembre de 2011, señalando en 

anexo adjunto el detalle de la documentación requerida y le solicitó la 

presentación de la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los 

periodos observados, Libros de Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al 

débito fiscal, comprobante de ingresos y egresos con respaldo, medios de 

pago y otros comprobantes que respalden la transacción (fs. 4-9, 69 y 73 de 

antecedentes c. I). 

.2. El 3 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

158156, por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) de no entregar ninguna 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución, 

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, 

contraviniendo el art. 70 nums. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), imponiendo la 

multa de 1.500 UFVs de acuerdo al anexo A, num. 4, sub-nums. 4.1 de la 

RND 10.00.33.16 (fs. 98 de antecedentes c. I). 

111.3 El 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GDBN/DF/INF/01251/2017, el cual indicó y concluyó que 

el proceso de determinación se realizó sobre base cierta de acuerdo

documentación obtenida de terceros, y que el total de la deuda tributaria 

asciende a 953.298 UFVs, por lo que recomendó se emita la Vista de Cargo 

correspondiente (fs. 100-106 de antecedentes c. I). 

111.4 El 28 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con la Vista de Cargo 291780000359, de 7 de noviembre de 

2017, la cual confirmó las observaciones del informe descrito 

precedentemente y estableció una liquidación preliminar de la deuda tributaria 

a esa fecha por un importe que asciende 953.298 UFVs, importe que incluye 

el tributo omitido, interés y 100% de la sanción por la conducta tributaria de 

omisión de pago, deuda tributaria que deberá ser reliquidada a la fecha de 

hacer efectivo el pago, asimismo, una multa por 1500 UFVs por 

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incumplimiento a deberes formales, y le otorgó el plazo de treinta días improrrogables, y computables a partir de su legal notificación para formular descargos y presentar pruebas (fs. 108-114 de antecedentes c. I). 

El 5 de diciembre de 2017, el recurrente mediante nota solicitó ampliación de plazo para presentación de descargos, ante lo cual la Administración Tributaria mediante Auto 251780000271, de 12 de diciembre de 2017, notificado en Secretaría el 20 de diciembre de 2017, dispuso rechazar la solicitud de ampliación de plazo (fs. 118-120 de antecedentes c. I). 

El 22 de marzo de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00026/2018, el cual en sus conclusiones establece de manera preliminar la comisión de la contravención de omisión de pago y se determinó reparos a favor del fisco por los periodos junio y noviembre de 2011, por lo que se sancionó dicha conducta con el 100% del tributo omitido actualizado a la fecha de vencimiento, además que se emitió el Acta de Infracción N° 158156 por Incumplimiento de Deberes Formales, y al no existir algún pago a cuenta no se modifica el adeudo tributario establecido en la Vista de Cargo, recomendó se emita la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 125-127 de antecedentes c. I). 

El 11 de abril de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa 171880000029, de 22 de marzo de 2018, mediante la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente, deuda tributaria que asciende a la suma de 963.972 UFVs, por los periodos junio y noviembre de 2011 del IVA e IT, por concepto de tributo omitido, interés del 4%, 6%, acta de contravención y 100% de la sanción por la conducta tributaria de omisión de pago, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016 (fs. 128-133 de antecedentes c. I). 

III.8 El 17 de mayo de 2018, el recurrente mediante oficio solicitó la extinción de la deuda tributaria por prescripción al amparo de lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), y señaló que el cómputo de la prescripción inició el 1 de 6 de 19

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual no se tiene iniciado el proceso que hoy se pretende cobrar, por lo que menos habrían ocurrido causales de suspensión ni de interrupción (fs. 140-141 de antecedentes c. I). 

.9 El 15 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 331880000279, de 14 de mayo de 2018, en el cual señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 171880000029, de 22 de marzo de 2018, por la suma líquida y exigible de 963.972 UFVs, conforme a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, se anuncia al contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el presente proveído a partir del cual se aplicarán medidas coactivas conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de deuda tributaria que deberá ser actualizado a la fecha de pago de acuerdo a lo que dispone el art. 47 de mismo cuerpo legal (fs. 138 y 147 de antecedentes c. I). 

111.10 El 13 de septiembre de 2019, el recurrente mediante memorial solicitó la extinción de la supuesta obligación tributaria y alegó que al amparo de lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), invocó la prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria, por consiguiente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 60 del cuerpo legal citado, el término de la prescripción de los cuatro años comenzó el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual no se tiene ni iniciado el proceso que hoy se pretende cobrar, por lo que menos habrían ocurrido causales de suspensión ni de interrupción (fs. 193-193 vta. de antecedentes c. II). 

111.11 El 4 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Proveído 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, el cual expuso que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales junio y noviembre de la 

gestión 2011 por el IVA e IT dentro del alcance establecido por la Ley 291 y toda vez que la Resolución Determinativa 171880000029, de 22 de marzo de 2018 fue notificada el 11 de abril de 2018, en vigencia de la Ley 812 se 

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justicia tributaria para vivir bien 

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\Aanatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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tiene que para ese momento procesal el periodo de prescripción tiene un término de ocho años, por lo que de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2019, por lo que las acciones para determinar la deuda no han prescrito y en ese sentido rechazo la solicitud de prescripción y ratificó la vigencia de la Resolución Determinativa y dispuso la continuación del trámite hasta la recuperación del adeudo (fs. 206-208 de antecedentes c. II). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El recurrente expuso como agravio: 1. Nulidad del acto impugnado y 2. Prescripción de la facultad para determinar y ejecutar la deuda tributaria. 

Cuestión Previa. 

De manera preliminar es necesario señalar que, de la lectura del recurso se establece que los argumentos planteados hacen referencia a la prescripción, motivo por el cual esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará al análisis de dicha objeción manifestada por el recurrente en el marco de lo establecido en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB) y únicamente en el supuesto de que dicho agravio sea improcedente ingresara a analizar el agravió de forma planteado. 

IV.1. Prescripción de la facultad para determinar y ejecutar la deuda tributaria. 

El recurrente señaló que fue notificado con el Proveído 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, el cual rechazó su solicitud de prescripción, siendo que al amparo de lo establecido en los arts. 59 parágrafo I num. 2 y 60 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción de los periodos fiscales junio y noviembre de la gestión 2011, se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se debería tener una Resolución Determinativa notificada para efectos de la interrupción de la prescripción, sin embargo, en este caso dicha resolución data de la gestión 2018, por lo que a la fecha los supuestos adeudos no pueden ser sujetos de determinación menos de ejecución al haber prescrito las facultades de la Administración Tributaria y no existieron causales de interrupción, 8 de 19

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

previstos en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB). Por lo expuesto señaló que la facultad para determinar, sancionar y ejecutar adeudos respecto al IVA e IT de los periodos junio y noviembre de la gestión 2011 ha prescrito. 

En contra posición, la Administración Tributaria luego de describir antecedentes señaló que el contribuyente no consideró las modificaciones hechas al Código Tributario respecto al tema de prescripción y en ese sentido citó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por las Leyes 291 y 317, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), así como también la modificación efectuada mediante Ley 812 y señaló que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales junio y noviembre de la gestión 2011 por el IVA e IT dentro del alcance establecido por la Ley 291, y toda vez que la Resolución Determinativa N° 171880000029, de 22 de marzo de 2018 fue notificada el 11 de abril de 2018, en vigencia de la Ley 812 se tiene que para ese momento procesal el periodo de prescripción tiene un término de ocho años, por lo que de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2018, por lo que las acciones para determinar la deuda no han prescrito, y su trabajo se concentró en la normativa legal vigente. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que 

  1. A) 

resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

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Certificado N” /.”I. 14 

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oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la segundad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacíonal (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), asilo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…). Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacíonal es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) ‘Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (. .) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad lOde 19

A¡TÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien alsujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacíonal, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica.” (las negrillas son añadidas). 

En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacíonal 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o ratio decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio 

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Justicia tributaria para vivir bien 

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L,ertrticddo N //!/14 

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concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019, de 16 de diciembre de 2019. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

También corresponde considerar que según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones establece que las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años. Asimismo, en cuanto al cómputo, el art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que, en la facultad de ejecución tributaria, el término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

A su vez los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia 12 de 19

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

en la fecha de la notificación respectiva yse extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Ahora bien, en el caso concreto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que el 21 de julio de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente, con la Orden de Verificación 0014990200368, de 16 de junio de 2014, comunicándole que sería sujeto a un proceso de determinación con alcance al IVA e IT de los periodos junio y noviembre de 2011, señalando en anexo adjunto el detalle de la documentación requerida y le solicitó la presentación de la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libros de Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal, comprobante de ingresos y egresos con respaldo, medios de pago y otros comprobantes que respalden la transacción (fs. 4-9, 69 y 73 de antecedentes c. I). 

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria, labró el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 158156, por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) de no entregar ninguna documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, contraviniendo el art. 70 nums. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), imponiendo la multa de 1.500 UFVs de acuerdo al anexo A, num. 4, sub-nums. 4.1 de la RND 10.00.33.16 (fs. 98 de antecedentes c. I); y el 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GDBN/DF/INF/01251/2017, el cual indicó y concluyó que el proceso de determinación se realizó sobre base cierta de acuerdo a documentación obtenida de terceros, y que el total de la deuda tributaria asciende a 953.298 UFVs, por lo que recomendó se emita la Vista de Cargo correspondiente (fs. 100-106 de antecedentes c. I). 

Consiguientemente, el 28 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con la Vista de Cargo N° 291780000359, de 7 de noviembre 

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de 2017, la cual confirmó las observaciones del informe descrito precedentemente y estableció una liquidación preliminar de la deuda tributaria a esa fecha por un importe 13 de 19 

NB/ISO 9001 

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que asciende 953.298 UFVs, importe que incluye el tributo omitido, interés y 100% de la sanción por la conducta tributaria de omisión de pago, deuda tributaria que deberá ser reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago, asimismo, una multa por 1500 UFVs por incumplimiento a deberes formales, y le otorgó el plazo de treinta días improrrogables, y computables a partir de su legal notificación para formular descargos y presentar pruebas (fs. 108-114 de antecedentes c. I). 

Continuando se tiene que el 5 de diciembre de 2017, el recurrente mediante nota solicitó ampliación de plazo para presentación de descargo ante lo cual la Administración Tributaria mediante Auto 251780000271 de 12 de diciembre de 2017, notificado en Secretaría el 20 de diciembre de 2017, dispuso rechazar la solicitud de ampliación de plazo (fs. 118-120 de antecedentes c. I). 

Al siguiente año, el 22 de marzo de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00026/2018, el cual en sus conclusiones establece de manera preliminar la comisión de la contravención de omisión de pago y se determinó reparos a favor del fisco por los periodos junio y noviembre de 2011, por lo que se sancionó dicha conducta con el 100% del tributo omitido actualizado a la fecha de vencimiento, además que se emitió el Acta de Infracción N° 158156 por Incumplimiento de Deberes Formales, y al no existir algún pago a cuenta no se modifica el adeudo tributario establecido en la Vista de Cargo, recomendó se emita la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 125-127 de antecedentes c. I). 

De la misma compulsa se tiene que el 11 de abril de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa 171880000029, de 22 de marzo de 2018, mediante la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente, deuda tributaria que asciende a la suma de 963.972 UFVs, por los periodos junio y noviembre de 2011 del IVA e IT, por concepto de tributo omitido, interés del 4%, 6%, acta de contravención y 100% de la sanción por la conducta tributaria de omisión de pago, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016 (fs. 128-133 de antecedentes c. I). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

De manera posterior, el 17 de mayo de 2018, el recurrente mediante oficio solicitó la extinción de la deuda tributaria por prescripción al amparo de lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), y señaló que el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual no se tiene iniciado el proceso que hoy se pretende cobrar, por lo que menos habrían ocurrido causales de suspensión ni de interrupción (fs. 140-141 de antecedentes c. I). 

Por su parte, el 15 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 331880000279, de 14 de mayo de 2018, en el cual señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 171880000029, de 22 de marzo de 2018, por la suma líquida y exigióle de 963.972 UFVs, conforme a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, se anuncia al contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el presente proveído a partir del cual se aplicarán medidas coactivas conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de deuda tributaria que deberá ser actualizado a la fecha de pago de acuerdo a lo que dispone el art. 47 de mismo cuerpo legal (fs. 138 y 147 de antecedentes c. I). 

Al siguiente año, el 13 de septiembre de 2019, el recurrente mediante memorial solicitó la extinción de la supuesta obligación tributaria y alegó que al amparo de lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), invocó la prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria, por consiguiente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 60 del ultimo cuerpo legal citado, el término de la prescripción de los cuatro años comenzó el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual no se tiene ni iniciado el proceso que hoy se pretende cobrar por lo que menos habrían ocurrido causales de suspensión ni de interrupción (fs. 193-193 vta. de antecedentes c. II). 

Finalmente, el 4 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Proveído N° 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, el cual expuso que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales junio y noviembre de la gestión 2011 por el IVA e IT dentro del alcance establecido por la Ley 291, y toda vez que la 15 de 19 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Resolución Determinativa 171880000029, de 22 de marzo de 2018 fue notificada el 11 de abril de 2018, en vigencia de la Ley 812 se tiene que para ese momento procesal el periodo de prescripción tiene un término de ocho años, por lo que de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2019, por lo que las acciones para determinar la deuda no han prescrito y en ese sentido rechazo la solicitud de prescripción y ratificó la vigencia de la Resolución Determinativa y dispuso la continuación del trámite hasta la recuperación del adeudo (fs. 206-208 de antecedentes c. II). 

Ahora bien, respecto a la prescripción para determinar la deuda tributaria agraviada por el recurrente, cabe señalar de manera previa que el acto impugnado en el presente proceso es el Proveído 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, el cual emerge de la solicitud efectuada por el recurrente sobre prescripción de la facultad para determinar deudas tributarias, sin embargo, el recurrente también planteó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, por lo que solo en caso de que la prescripción de la facultad para determinar deudas sea declarada improcedente esta instancia ingresará a emitir un pronunciamiento y análisis de la prescripción para la ejecución tributaria, además es pertinente aclarar que si bien la Resolución Determinativa se encuentra ya ejecutoriada y que el proceso determinativo está en etapa de ejecución tributaria, el art. 5 del DS 27310 (RCTB), prevé que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria, en ese mismo contexto, el art. 109, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), dispone expresamente que contra la oposición fiscal, será admisible, entre otras, como causal de oposición, cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por éste Código, dentro de las cuales, está la prescripción establecida en el art. 59 y siguientes de la citada disposición legal. 

Por consiguiente, al tratarse el presente proceso de una determinación de deudas tributarias correspondientes al IVA e IT de la gestión 2011 corresponde aplicar la disposición normativa vigente al momento del inicio del referido cómputo, esto es la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019, de 16 de diciembre de 2019. 

En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB), que señala que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; vale decir, el cómputo de la prescripción para sancionar la conducta atribuida referente a la determinación de la deuda tributaria de los periodos junio y noviembre de 2011, comenzó a partir del 1 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015, es decir que, cuando se notificó la Resolución Determinativa N° 171880000029 de 22 de marzo de 2018, el 11 de abril de 2018, las facultades de la entidad recurrida, para determinar deudas tributarias se encontraban prescritas, por consiguiente su notificación no surtió los efectos interruptivos, así como tampoco las medidas coactivas iniciadas luego de la notificación del PIET surten efecto interruptivo alguno, en el marco de las causales previstas en la Ley 2492 (CTB) a diferencia del efecto que generan en relación a los periodos en vigencia de la Ley 1340 (CTb) para periodos anteriores a la gestión 2003, considerando ademas que como se explicó de manera anterior corresponden al proceso de ejecución tributaria, por consiguiente al no haberse evidenciado la concurrencia de las causales de suspensión previstas en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), las facultades de la entidad recurrida se encuentran prescritas. 

Así también, cabe señalar que en el marco de los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y de la Sentencia Constitucional Plurinacíonal 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, aspectos que no se presentan en las Leyes 291, 317 y 812, lo cual además responde a la Administración Tributaria cuando señala la norma que a su criterio se debe aplicar. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

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Tributaria para determinar deudas tributarias por el IVA e IT de junio y noviembre de la gestión 2011; no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto a la nulidad 17de 19 

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planteada, así como tampoco respecto a los antecedentes y hechos correspondientes a la fase de ejecución tributarias, toda vez que precautelando la seguridad jurídica, corresponde revocar totalmente el Proveído 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, dejando sin efecto las medidas coactivas aplicadas, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar deudas tributarias se encontraban prescritas a momento de notificar con la Resolución Determinativa 171880000029 de 22 de marzo de 2018

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva ai. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Proveído 241880000034, de 26 de septiembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto las medidas coactivas aplicadas, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar deudas tributarias se encontraban prescritas a momento de notificar con la Resolución Determinativa 171880000029 de 22 de marzo de 2018; de acuerdo con los fundamentos técnicos jurídicos señalados precedentemente, de conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

SP/ccav/rltw/cmmf/acq/fmmb 

IT-SCZ/RA 0112/2020 

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Justicia tributaria para vivir bien 

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