ARIT-SCZ-RA-0106-2020 Falta de presentación de factura original no da derecho a computo de CF IVA

ARIT-SCZ-RA-0106-2020

aitI 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0106/2020 

MI FLUIDS BOLIVIA S.A., representada 

por Patricia Ribera Arteaga. 

: Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Eufronio 

Camacho Vega. 

Resolución Determinativa N° 

171979001382, de 27 de agosto de 

ARIT-SCZ-0660/2019. 

Santa Cruz, 31 de enero de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SC27ITJ 0106/2020 de 

31 de enero de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y 

todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN emitió la Resolución Determinativa

171979001382, de 27 de agosto de 2019, que resolvió determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente MI FLUIDS BOLIVIA S.A., por concepto 

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de iva – Crédito Fiscal, correspondiente a los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, deuda tributaria que asciende a Bs589.756.- (Quinientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos) equivalente a 255.034.- UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del recurrente 

MI FLUIDS BOLIVIA S.A., representada por Patricia Ribera Arteaga conforme acredita el Testimonio 123/2019, de 13 de marzo de 2019, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2019 (fs. 65-87 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171979001382, de 27 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.2 Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La recurrente manifestó que las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar e imponer sanciones administrativas por el Crédito Fiscal IVA de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2013, se encontraban prescritas antes de la emisión de la Vista de Cargo y antes de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada; sin embargo, se aplicó de forma indebida el plazo de prescripción de 10 años. Asimismo, de conformidad a lo establecido en los arts. 29 del DS 27310 (RCTB) y 3 de la RND 10-0032-16, las ordenes de verificación no son ¡guales que las ordenes de fiscalización, por lo que tampoco se configura la causal de suspensión prevista en el art. 62.1 de la Ley 2492 (CTB). Citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0403/2009, de 13 de enero de 2009 respecto a la suspensión. 

En ese sentido, sostuvo que la Administración Tributaria vulneró los arts. 59, 60 y 150 de la Ley 2492 (CTB), y 123 de la CPE; por lo que, bajo el principio de “tempus comissi delicti”, y de conformidad con los art. 59.1 y 60.1 de la Ley 2492 (CTB) 2 de 39

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

(versiones vigentes durante el 2013), y los precedentes sentados por la Sala Plena del TSJ en las Sentencias 21/2018 de 31 de enero de 2018 y 035/2016, de 15 de febrero de 2016, por lo que no existe suspensión con la Orden de Verificación, toda vez que solo la Orden de Fiscalización suspende el computo de la prescripción; por tanto, corresponde la aplicación del plazo de prescripción de cinco años sin suspensión, conforme la siguiente tabla: 

Periodo de IVA verificado 

Julio, agosto, septiembre, 

octubre

noviembre de la gestión 2013 

Plazo de 

prescripción aplicable 

5 años 

Periodo de 

vencimiento de pago del impuesto 

Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2013 

Inicio 

cómputo 

prescripción 

1ro de enero de 2014 

Fecha cumplimiento plazo prescripción de cinco años (5) años 

31 de diciembre de 2018 

Asimismo, indicó que los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) si son precedentes vinculantes conforme lo establecido en la Sentencia Constitucional 259/2014, de 12 de febrero de 2014; por lo que la Administración Tributaria no puede ni debe desconocer la naturaleza uniforme, categórica y terminante de los fallos emitidos por el TSJ que fueron citados, sin antes realizar un análisis de valoración y fundamentación, pues ello implicaría desconocer las atribuciones constitucionales y legales del TSJ, así como las del Órgano Judicial y la CPE, hecho que violentar el principio y derecho al debido proceso del administrado, además que, va en contra de lo señalado en la SC 259/2014 de 12 de febrero de 2014. 

11.1.2 Falta e incorrecta valoración de la prueba presentada. 

La recurrente manifestó que presentó a la Administración Tributaria la Certificación emitida por el proveedor BAROLIVIA LTDA “Compañía Minera”, en la que señala que la Factura 1739, se encuentra correctamente declarada en el Libro de Ventas IVA y en la DDJJ IVA. Asimismo, indicó que la factura todavía no ha sido cobrada, lo que deja en evidencia que la transacción efectivamente ocurrió y se facturó a efectos tributarios como legalmente corresponde, sin embargo, la misma todavía no se pagó a su proveedor, por lo que no es posible exigir a la empresa el medio fehaciente de

pago por la factura observada; adicionalmente, señaló que ofreció como prueba en poder del proveedor, las copias legalizadas de los libros diarios y libro mayor, en los 

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que se evidencia el registro de las facturas observadas, empero la Administración recurrida no valoró dicha prueba. 

Asimismo, sobre su proveedor SEGEPET LTDA argumentó que, señaló como prueba en poder de terceros las copias legalizadas de las Facturas 1783, 1785, 1789, 1792, 1793, 1795, 1814 y 1851, no obstante, la Administración Tributaria no gestionó la obtención de las mismas, ni tampoco se pronunció respecto al ofrecimiento de dicha prueba. De igual manera, señaló que presentó como prueba las transferencias bancahas, cheques y vouchers de las operaciones observadas, e indicó como prueba en poder del SIN los Registros Auxiliares – Módulo Bancarización Da Vinci, extractos bancarios del Banco de Crédito BCP de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2013, que dan cuenta de los pagos efectuados por la empresa. Por otro lado, indicó que la asistencia a través de la prestación de servicios petroleros es evidentemente necesaria para el desarrollo del giro de la empresa, razón por la que esta compra está plenamente vinculada con la actividad gravada; sin embargo, la entidad recurrida no realizó un debido análisis de las compras realizadas, puesto que los pagos al proveedor por asistencia en el mantenimiento de la base y campos, así como en almacén, donde la empresa produce y aplica los fluidos que comercializa, es evidentemente necesaria para el desarrollo del giro de la empresa, razón por la que esta compra está plenamente vinculada con la actividad gravada. 

De igual forma, para su proveedor TRANSMONTANO SRL señaló que presentó como prueba en poder de terceros las copias legalizadas de las Facturas 4709 y 4801, no obstante, la Administración Tributaria no gestionó la obtención de las mismas, adicionalmente, también menciono como prueba en poder del SIN los libros de ventas del proveedor. Por otro lado, la empresa señaló los pagos al proveedor por el transporte de carga terrestre están destinados exclusivamente a tareas operativas de la empresa tal y como lo son el transporte de productos químicos y fluidos, comercializados por la empresa. El servicio de transporte prestado el proveedor es evidentemente necesario para el desarrollo del giro de la empresa, razón por la que esta compra está plenamente vinculada con la actividad gravada. 

Por lo expuesto, tanto para los tres proveedores citados como para el resto de las Facturas, aseguró que la entidad recurrida no valoró la prueba presentada y tampoco gestionó la obtención de la prueba en poder de terceros o con la que ellos mismos 4 de 39

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

contaban a momento de emitir la Resolución Determinativa impugnada, por consiguiente, no se ha realizado una valoración específica de cada uno de los elementos probatorios presentados, vulnerando así el debido proceso. Asimismo, indicó que la Administración Tributaria a pesar de contar con la documentación de respaldo suficiente, que acredita la efectiva realización de la transacción, no ha realizado un análisis integral de la realidad de las operaciones de la empresa, por lo que el SIN ha violentado el principio de verdad material vertido en los precedentes judiciales, constitucionales y en la Ley 2341 (LPA). De igual forma, manifestó que si bien la prueba debe ser presentada por el sujeto pasivo, empero también indicó que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme al art. 77.1 de la Ley 2492 (CTB); por lo que la Resolución Determinativa impugnada vulneró las garantías constitucionales del debido proceso, consagrados en los arts. 115.11 y 117.1 de la CPE, encontrándose nula de pleno derecho por mandato de los incs. d) y e) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA) y 99.II de la Ley 2492 (CTB). 

11.1.3 De la sanción por Omisión de Pago. 

La recurrente alegó que la Administración Tributaria no ha fundamentado o motivado en su decisión exponiendo las razones jurídicas bajo las cuales corresponde imponer a la empresa la sanción por contravención de Omisión de Pago, por lo que no ha quedado demostrado en ningún momento que la empresa haya resultado culpable (dolo o culpa) de la comisión de tal contravención de Omisión de Pago. Asimismo, al presente, la recurrente desconoce de manera absoluta las razones jurídicas que justifiquen la calificación de su conducta como contravención de omisión de pago, con mayor razón, cuando tal como se ha demostrado anteriormente, es evidente que no existe deuda tributaria. 

Por todo lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa 171979001382, de 27 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 27 de septiembre de 2019 (fs. 88 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la 5 de 39 

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Resolución Determinativa N° 171979001382, de 27 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria, representada por Carlos Eufronio Camacho Vega, conforme lo acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 031800000846 de 8 de octubre de 2018, mediante memorial de 18 de octubre de 2019 (fs. 99-126 del expediente), contestó en forma negativa el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la prescripción. 

La Administración Tributaria sostuvo que la Resolución Determinativa impugnada fue emitida el 27 de agosto de 2019 y notificada el 02 de septiembre de 2019, en plena vigencia y aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con su respectiva modificación insertada a través de la Ley 812; en ese entendido, la Ley N° 812 establece que las acciones de la Administración Tributaria, para verificar la deuda tributaria, prescriben a los 8 años por lo que, los periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2013; el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2014 y fenece el 31 de diciembre de 2021, y para el periodo fiscal de diciembre 2013, el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2015 y fenece el 31 de diciembre de 2022, por lo que dentro del presente caso la verificación de la deuda tributaria (acción de la Administración) se ejerció dentro del plazo, para mayor comprensión ya efectos didácticos se presenta el siguiente cuadro: 

PERIODO INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

NOTIFICACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA 

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

Julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2013 

Diciembre de la gestión 2013 

1 de enero de 2014 (inicio) 

31 de diciembre de 2021 (conclusión) 

1 de enero de 2015 (inicio) 31 de diciembre de 2022 (conclusión) 

02 de septiembre de 2019 02/09/2019 02 de septiembre de 2019 02/09/2019 

Por otro lado, también indicó que habiendo notificado el 19 de septiembre de 2016 con la Orden de Verificación 00150VE15951, en aplicación del parágrafo I del art. 6 de 39

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

62 de la Ley 2492 (CTB), la referida notificación si suspende la prescripción considerando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que pronunció la Sentencia 467/2015 de 03 de noviembre de 2015; en ese entendido, la Orden de Verificación llega a ser un acto administrativo tributario que tiene la misma finalidad que una Orden de Fiscalización, cuya finalidad es hacer que la Administración Tributaria ejerza su facultad de determinar una obligación tributaria lo que sucede en el presente caso, por tanto, no existe aplicación indebida del art. 62 del Código Tributario Boliviano. 

II.3.2 Sobre la vulneración a la Ley del Órgano Judicial, CPE y TSJ. 

La Administración Tributaria señaló que de ninguna manera desconoce las atribuciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, empero a efectos de que se pueda considera una Sentencia emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia como jurisprudencia a un caso en concreto se debe de tener presente que al momento de resolver un asunto y se invoque una sentencia de Sala Plena del TSJ, se debe tener presente que su aplicación obligatoria se da cuando los supuestos tácticos son análogos al caso en concreto, con el fin de otorgar seguridad jurídica a las partes en conflicto y de que su caso será resuelto de acuerdo a una similar problemática. Toda vez que por regla general se tiene que una Sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, constituye un precedente obligatorio que por analogía se debe aplicar a casos futuros; pero para que esta regla se efectivice, se debe tomar en cuenta que tanto en el caso anterior como en el nuevo deben concurrir los hechos concretos o el conjunto táctico similares. Asimismo, indicó respecto a la Sentencia 21/2018 de 31 de enero de 2018, que la misma no puede ser considerada dentro del presente proceso, toda vez que, de la lectura inextensa a la misma, constató que dicha sentencia ha basado su fallo en la Sentencia 39/2016 misma que fue ANULADA por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/2017-S3 de 24 de marzo de 2017, por lo que dicho fallo adolece de relevancia jurídica. Bajo ese contexto, sostuvo que ha demostrado que no existe vulneración a los arts. 37-1 y 38-9 de la Ley 025 del Órgano Judicial y art. 181 de la CPE, como erradamente sostiene la recurrente. 

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11.3.3 Sobre la falta de valoración de las pruebas. 

La Administración Tributaria argumentó que el Sujeto Pasivo NO presentó documentación suficiente y objetiva una vez notificado con la orden de verificación y requerimiento de documentación, así también dentro del plazo de los 30 días para la presentación de la correspondiente prueba de descargo a la Vista de Cargo, el sujeto pasivo solo presentó contrato de servicio, toda vez que el citado contrato es insuficiente, ya que NO presentó factura original, medios fehacientes de pago, comprobantes contables y otros documentos que durante el proceso de verificación 

permitan verificar la transacción y transferencia de dominio del bien o servicio, por lo que la presentación del contrato es insuficiente para validar la transacción, por lo que el propio recurrente dejó precluir de esta manera dicho término y la carga probatoria que tiene el sujeto pasivo respecto a demostrar que se apropió correctamente de crédito fiscal julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013. Asimismo, indicó que, realizó la verificación y valoración de cada uno de los documentos aportados en dicha etapa, mismo que se encuentra en el cuadro de análisis y valoración a la documentación cursante en la Resolución Determinativa 171979000758, por lo que no existe vulneración alguna como erradamente sostiene el recurrente. 

De igual manera, manifestó que no existe documentación objetiva que demuestre la efectiva transacción, toda vez que la recurrente solo presentó contrato de servicio, el mismo que no es insuficiente, ya que no presentó la factura original, medios fehacientes de pago, comprobantes contables y otros documentos a objeto de verificar la transacción y transferencia de dominio del bien o servicio y la vinculación de las compras con la actividad gravada del recurrente, motivo por el cual no corresponde ser declaradas para efectos del crédito fiscal al contravenir lo dispuesto en los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, que establecen que sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto pasivo resulta responsable, por lo que no existe vulneración alguna al art. 8 de la Ley 843 como erradamente lo sostiene la recurrente. 

Por tanto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 171979001382, de 27 de agosto de 2019. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.4. Apertura de Término probatorio 

Mediante Auto de 21 de octubre de 2019, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación; acto notificado en secretaria el 23 de octubre de 2019, tanto a la recurrente como a la entidad recurrida (fs. 128-129 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 12 de noviembre de 2019, la recurrente mediante memorial de 12 de noviembre de 2019, ratificó, ofreció y presentó prueba, indicando que la misma será presentada con juramento de reciente obtención conforme lo establece el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 135-139 del expediente). 

En ese sentido, el 02 de diciembre de 2019 la recurrente presentó como prueba de reciente obtención el Certificado emitido por la empresa SEGEPET SRL, confirmando la emisión y pago de las Facturas N° 1783, 1785, 1789, 1792, 1793, 1795, 1814, 1851; asimismo, adicionalmente presentó los extractos bancarios y copias legalizadas de los libros de ventas; por lo que solicitó se señale día y hora para juramento, llevando acabo la misma conforme consta en el Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención (fs. 149-181 vta. y 200 del expediente). 

El 06 de diciembre de 2019, la recurrente presentó prueba de reciente obtención, la misma que consiste en: Certificación de Emisión de Facturas, emitido por Servicios Petroleros Generales “SEGEPET LTDA”, Fotocopias simples de las Facturas 1783, 1785, 1789, 1792, 1793, 1795, 1814, 1851, Fotocopias simples del Extracto de Cuenta, Fotocopias simples de libro diario de los periodos de diciembre/2013 y febrero/2014, y Fotocopia simple del libro de ventas IVA del mes de noviembre y diciembre de 2013, todo conforme consta en el Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención (fs. 200 del expediente). 

Por su parte, la Administración Tributaria no presentó ni ratificó prueba alguna que haga a su derecho. 

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11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 02 de diciembre de 2019, dentro el plazo antes señalado, la Administración Tributaria mediante memorial de 28 de noviembre de 2019, presentó alegatos escritos en conclusión (fs. 142-146 vta. del expediente), ratificando todos los aspectos enunciados en su memorial de contestación al recurso de alzada. 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 02 de diciembre de 2019, presentó alegatos escritos en conclusión (fs. 184-196 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Orden de Verificación Externa 00150VE15951, cuyo alcance contempla la verificación al Crédito Fiscal – IVA contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, detalladas en el anexo “Detalle de Diferencias” Form. 7531 adjunto a la orden, de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, mediante la cual solicitó la presentación de documentación consistente en: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libro de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo, d) Documento que respalde el pago realizado, e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, f) Comprobantes contables financieros; otorgando para el efecto el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de la documentación solicitada (fs. 17-20 y 24 de antecedentes c. I). 

El 21 de septiembre de 2016, la recurrente mediante Nota #-007369, solicitó a la Administración Tributaria, una prórroga de veinte (20) días para la presentación de la documentación solicitada. Asimismo, a través de la Nota 10 de 39

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

#-007717, comunicó a la Administración Tributaria que Roberto Tordoya 

Rodríguez está autorizado para la recepción y recojo del Proveído (fs. 31

34 de antecedentes c. I). 

1.3 El 28 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó en secretaria el Proveído 24-001792-16, de 26 de septiembre de 2016 (fs. 32 

de antecedentes c. I). 

1.4 El 05 de octubre de 2016, la recurrente mediante Nota #-007913, nuevamente solicitó una prórroga de 20 días adicionales. Asimismo, a través 

de la Nota #-008120, comunicó a la Administración Tributaria que Raúl 

Rodríguez Toledo está autorizado para la recepción y recojo del Proveído 

(fs. 38-40 y 43 de antecedentes c. I). 

1.5 El 12 de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó en secretaria el Proveído 24-001951-16, de 10 de octubre de 2016 (fs. 41 de 

antecedentes c. I). 

El 20 de octubre de 2016, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Recepción Documentos recepcionó la siguiente documentación: Facturas de 

compras N° 2559, 1739, 407, 1672, 2, 6, 24927, 4737, 2843, 2844, 2852, 

2853, 2854, 1532, 1702, 1705, 1706, 1708, 1710, 1716, 1727, 16446, 5747, 

4750, 4567, 1748, 1749, 1752, 1753, 1755, 1756, 1759, 1768, 1769, 1770, 

215, 4771, 72, 1793, 4851, 1860, 1862, 1864, 1866, 1867, 1870, 1871, 1872, 

1873, 1876, 1881, 1890, 4828 y 4837; Declaraciones Juradas F-200; Libro 

de Compras IVA; y, Comprobantes Contables y medios de pago, órdenes de 

compra, pre factura, reportes, fotocopias de cheques y extracto bancario, 

comprobante de transferencia bancaria, órdenes de pago y planilla de 

requisición (fs. 46 de antecedentes c. I). 

El 11 de abril de 2019, la Administración Tributaria a través del 

Requerimiento N° 00158297, 11 de marzo de 2019, solicitó la presentación 

de: Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal (según detalle adjunto), 

Extractos Bancarios, Comprobantes de Egreso (según detalle adjunto), 

de 39 NB/ISO 

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Libros de contabilidad Diario y Mayor (según detalle adjunto), y otros (según detalle adjunto) (fs. 47-48 y 53 de antecedentes c. I). 

3 El 15 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/01641/2019, el cual recomendó que, con el propósito de proseguir con la determinación y recuperación del adeudo tributario a favor del fisco, resultado de la Orden de Verificación 00150VE15951, corresponde emitir la Vista de Cargo de conformidad con lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y parágrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones legales pertinentes (fs. 1214-1235 de antecedentes c. Vil). 

9 El 30 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000178, de 15 de mayo de 2019, a través de la cual determinó reparos a favor del fisco por el incumplimiento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, calculando un adeudo tributario de Bs903.047.- (Novecientos tres mil cuarenta y siete 00/100 Bolivianos), equivalente a 392.355.- UFV’s; importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago; asimismo, conforme establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de 30 días improrrogables para la presentación de descargos (fs. 1236-1257 y 1262 de antecedentes c. Vil). 

1.10 El 01 de julio de 2019, la recurrente presento descargos a la Vista de Cargo N° 291979000178, indicando que las facultades de la Administración Tributaria determinar e imponer sanciones, se encuentra prescrita para los periodos de julio a noviembre de 2013 y para el periodo de diciembre recién prescribirán el 31 de diciembre de 2019; Asimismo, sobre los códigos observados, señaló: Código 1, presenta descargos y ofrece prueba en poder de terceros; Código 2, la compra realizada corresponde a un servicio necesario para el desarrollo de sus actividades comerciales; Código 3, si presentó las pruebas requeridas, ofrece prueba de terceros (fs. 1352-1361 de antecedentes c. Vil). 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

El mismo día, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, haciendo constar la presentación de: Facturas 1702, 1708, 1710 con el cheque, la orden de compra, requisición, pre facturas, comprobantes de egreso y contratos de servicios de SEGEPET Y MI FLUIDS BOLIVIA SA; Facturas 1705, 1706, 1716 y 1727 con el cheque, orden de compra y comprobante de egreso; Facturas 1748, 1749, 1752, 1753, 1759, 1768 y 1769, con cheque, pre factura, orden compra, requisición y comprobante de egreso; Facturas 1755, 1756, 1770, con cheque, orden compra y comprobante de egreso; Facturas 1788, 1796, 1800, 1802 y 1806, con transferencia bancaria, pre factura, orden de compra y requisición; Facturas 1860, 1862, 1864, 1866, 1867, 1870, 1871, 1872 y 1876, con orden de transferencia bancaria, pre factura, orden de compra y requisición; Facturas Certificadas por el proveedor 1739 y 1793, con orden de compra, transferencia bancaria, correo por la operación, fotocopia de la factura y comprobante de egreso; Facturas N° 4378 y 4379, con comprobante de egreso, orden de compra y notas de débito; Factura 4567, con voucher, carta de entrega, comprobante de egreso, detalle de facturas pagadas con cheque; Factura 502, con orden de compra y pago, cheque, orden de transferencia bancaria y planilla de personal; Factura 18812, comprobante de la transferencia y planilla de personal; y, Contrato de transporte, Primera y Segunda enmienda al contrato con Trans Montano SRL y MI FLUIDS BOLIVIA SA, constancia de bancarización (fs. 1372 de antecedentes c. Vil). 

111.11 El 27 de agosto de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/00396/2019, el cual recomendó la emisión de la Resolución Determinativa intimando a MI FLUIDS BOLIVIA SA para que realice el pago del tributo omitido de Bs209.861.- (Doscientos nueve mil ochocientos sesenta y uno 00/100 Bolivianos), a cuyo monto se deberá sumar los demás componentes de la deuda tributaria en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 2083- 2121 de antecedentes c. XI). 

,0 

111.12 El 02 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001382, 

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de 27 de agosto de 2019, que resolvió determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente MI FLUIDS BOLIVIA S.A., por concepto de IVA – Crédito Fiscal, correspondiente a los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, deuda tributaria que asciende a Bs589.756.- (Quinientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos) equivalente a 255.034.- UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago (fs. 2122-2163 y 2168 de antecedentes c. XI). 

  1. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente expuso como agravios lo siguiente: 1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, 2. Falta e incorrecta valoración de la prueba presentada, 3. Sanción por Omisión de Pago. Observaciones que serán analizadas a continuación. 

IV.1 Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La recurrente manifestó que las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar e imponer sanciones administrativas por el Crédito Fiscal IVA de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2013, se encontraban prescritas antes de la emisión de la Vista de Cargo y antes de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada; sin embargo, se aplicó de forma indebida el plazo de prescripción de 10 años. Asimismo, de conformidad a lo establecido en los arts. 29 del DS 27310 (RCTB), y 3 de la RND 10-0032-16, las ordenes de verificación no son iguales que las ordenes de fiscalización, por lo que tampoco se configura la causal de suspensión prevista en el art. 62.1 de la Ley 2492 (CTB). Citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0403/2009, de 13 de enero de 2009 respecto a la suspensión. 

En ese sentido, sostuvo que la Administración Tributaria vulneró los arts. 59, 60 y 150 de la Ley 2492 (CTB), así como el art. 123 de la CPE; por lo que, bajo el principio de “tempus comissi delicti”, y de conformidad con los art. 59.1 y 60.1 de la Ley 2492 (CTB) (versiones vigentes durante el 2013), y los precedentes sentados por la Sala Plena del TSJ en las Sentencias 21/2018 de 31 de enero de 2018 y 035/2016 de 14 de 39

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

15 de febrero de 2016; por lo que no existe suspensión con la Orden de Verificación, toda vez que solo la Orden de Fiscalización suspende el computo de la prescripción; por tanto, corresponde la aplicación del plazo de prescripción de cinco años sin suspensión, conforme la siguiente tabla: 

Periodo de IVA verificado 

Julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2013 

Plazo de 

prescripción aplicable 

5 años 

Periodo de 

vencimiento de pago delimpuesto 

Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2013 

Inicio 

computo 

prescripción 

lro de enero de 2014 

Fecha cumplimiento plazo prescripción de cinco años (5) años 

31 de diciembre de 2018 

Asimismo, indicó que los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) si son precedentes vinculantes conforme a lo establecido en la Sentencia Constitucional 259/2014, de 12 de febrero de 2014; por lo que la Administración Tributaria no puede ni debe desconocer la naturaleza uniforme, categórica y terminante de los fallos emitidos por el TSJ que fueron citados, sin antes realizar un análisis de valoración y fundamentacion, pues ello implicaría desconocer las atribuciones constitucionales y legales del TSJ, así como las del Órgano Judicial y la CPE, hecho que violentar el principio y derecho al debido proceso del administrado, además que, va en contra de lo señalado en la SC 259/2014 de 12 de febrero de 2014. 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que la Resolución Determinativa impugnada fue emitida el 27 de agosto de 2019 y notificada el 02 de septiembre de 2019, en plena vigencia y aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con su respectiva modificación insertada a través de la Ley 812; en ese entendido, la Ley 812 establece que las acciones de la Administración Tributaria, para verificar la deuda tributaria, prescriben a los 8 años por lo que, los periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2013; el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2014 y fenece el 31 de diciembre de 2021, y para el periodo fiscal de diciembre 2013, el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2015 y fenece el 31 de diciembre de 2022, por lo que dentro del presente caso la verificación de la deuda tributaria (acción de la Administración) se ejerció dentro del plazo, para mayor comprensión ya efectos didácticos se presenta el siguiente cuadro: 

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PERIODO 

Julio, agosto, 

INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

1 de enero de 2014 (inicio) 

NOTIFICACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA 

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2013 

Diciembre de la gestión 2013 

31 de diciembre de 2021 (conclusión) 

1 de enero de 2015 (inicio) 31 de diciembre de 2022 (conclusión) 

02 de septiembre de 2019 02/09/2019 02 de septiembre de 2019 02/09/2019 

Por otro lado, también indicó que habiendo notificado el 19 de septiembre de 2016 con la Orden de Verificación N° 00150VE15951, en aplicación del parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), la referida notificación si suspende la prescripción considerando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que pronunció la Sentencia 467/2015 de 03 de noviembre de 2015; en ese entendido, la Orden de Verificación llega a ser un acto administrativo tributario que tiene la misma finalidad que una Orden de Fiscalización, cuya finalidad es hacer que la Administración Tributaria ejerza su facultad de determinar una obligación tributaria lo que sucede en el presente caso, por tanto, no existe aplicación indebida del art. 62 del Código Tributario Boliviano. 

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad del derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL, 1978, Pág. 601), de igual forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; agrega que “Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. “Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240″. 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: “(…) es pertinente considerarlos efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos inter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rallones decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales yjueces (en todos sus nivelesjerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentacion de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) ‘Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas 

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tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de 18 de 39

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, se tiene que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado mediante Leyes 291 y 317, establece que las acciones de la Administración Tributaria para: Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018. 

A su vez los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

=\\ De la revisión ycompulsa de los antecedentes, se advierte que en el presente caso la l) Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden de Verificación Externa 00150VE15951, notificada el 19 de septiembre de 2016, bajo la modalidad de verificación externa, procedió a verificar el cumplimento de las obligaciones de la recurrente MI FLUIDS BOLIVIA S.A., relacionadas con el Crédito Fiscal (IVA) de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

/O 

2013; verificación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa 171979001382, de 27 de agosto de 2019, la cual fue notificada a la recurrente el 02 

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de septiembre de 2019, acto que resuelve determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente MI FLUIDS BOLIVIA S.A., por concepto de IVA – Crédito Fiscal, correspondiente a los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, deuda tributaria que asciende a Bs589.756.- (Quinientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos) equivalente a 255.034.- UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago. 

En ese sentido, toda vez que los periodos observados corresponden a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, la normativa aplicable al presente caso es el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones incorporadas mediante las Leyes 291 y 317, vigentes a partir de septiembre y diciembre de 2012; asimismo, corresponde aclarar que, siendo que el presente proceso se inició con la notificación de la Orden de Verificación Externa 00150VE15951, es decir, con una verificación dentro de los alcances del inc. c) del art. 29 y 32 del DS 27310 (RCTB), por tanto, siendo que el parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), dispone que solo la notificación de la Orden de Fiscalización suspende el computo de la prescripción por seis (6) meses adicionales, se entiende que para el presente caso no existe causal de suspensión puesto que se trata de una Orden de Verificación Externa, toda vez que ambos tienen un alcance distinto en cuanto a hechos y elementos. 

En ese entendido, se tiene que para los períodos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2013, el término de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA), es de 5 años en la gestión 2013, de lo que se entiende que el cómputo se inició el 1 de enero de 2014 y concluyó el 31 de diciembre de 2018; conforme lo estableció el TCP, en el sentido que la ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aun si de forma posteriordicho plazo hubiera sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para vencimientos de períodos de pago (hechos) pasados. En consecuencia, la Administración Tributaria, al notificar a la recurrente con la Resolución impugnada el 02 de septiembre de 2019, ejerció sus facultades de verificación de los hechos y elementos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 20 de 39

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Impugnación Tributaria 

2013, cuando sus facultades se encontraban prescritas. En el mismo contexto, para el periodo de diciembre de la gestión 2013, cuyo vencimiento se produce en enero de 2014, se entiende que el computo de la prescripción para este periodo inició el 01 de enero de 2015 y concluyó el 31 de diciembre de 2019; en consecuencia, al haber sido notificada la Resolución impugnada el 02 de septiembre de 2019, las facultades de verificación de los hechos y elementos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de diciembre 2013, no se encuentran prescritas, puesto que la referida actuación, interrumpió el curso de la prescripción, de conformidad a lo dispuesto en el art. 61, inc. a) de la Ley 2492 (CTB), iniciando a partir de dicha fecha, un nuevo cómputo del curso de la prescripción, tal y como lo establece el último párrafo de la disposición legal citada, consecuentemente, la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación del IVA del periodo diciembre de 2013, dentro de los plazos establecidos en la Ley, debiendo desestimar la pretensión de la recurrente y resolver los demás agravios planteados, en relación a este periodo. 

Finalmente, respecto al argumento de que se estaría desconociendo las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se aclara que en cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes de Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto; consiguientemente, las citadas Sentencias, no constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; siendo sólo las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, razonamiento amparado en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado y 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional; en ese entendido, no se advierte vulneración a los arts. 37, num.1 y 38 num. 9 de la Ley 025 del Órgano Judicial, ni tampoco la vulneración del art. 181 de la Constitución Política del Estado (CPE); en consecuencia, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

IV.2 Incorrecta valoración de la prueba presentada. 

La recurrente manifestó que presentó a la Administración Tributaria la Certificación emitida por el proveedor BAROLIVIA LTDA “Compañía Minera”, en la que señala 

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que la Factura 1739, se encuentra correctamente declarada en el Libro de Ventas IVA y en la DDJJ IVA. Asimismo, indicó que la factura todavía no ha sido cobrada, lo que deja en evidencia que la transacción efectivamente ocurrió y se facturó a efectos tributarios como legalmente corresponde, sin embargo, la misma todavía no se pagó a su proveedor, por lo que no es posible exigir a la empresa el medio fehaciente de pago por la factura observada; adicionalmente, señaló que ofreció como prueba en poder del proveedor, las copias legalizadas de los libros diarios y libro mayor, en los que se evidencia el registro de las facturas observadas, empero la Administración recurrida no valoró dicha prueba. 

Asimismo, sobre su proveedor SEGEPET LTDA argumentó que, señaló como prueba en poder de terceros las copias legalizadas de las Facturas 1783, 1785, 1789, 1792, 1793, 1795, 1814 y 1851, no obstante, la Administración Tributaria no gestionó la obtención de las mismas, ni tampoco se pronunció respecto al ofrecimiento de dicha prueba. De igual manera, señaló que presentó como prueba las transferencias bancarias, cheques y vouchers de las operaciones observadas, e indicó como prueba en poder del SIN los Registros Auxiliares – Módulo Bancarización Da Vinci, extractos bancarios del Banco de Crédito BCP de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2013, que dan cuenta de los pagos efectuados por la empresa. Por otro lado, indicó que la asistencia a través de la prestación de servicios petroleros es evidentemente necesaria para el desarrollo del giro de la empresa, razón por la que esta compra está plenamente vinculada con la actividad gravada; sin embargo, la entidad recurrida no realizó un debido análisis de las compras realizadas, puesto que los pagos al proveedor por asistencia en el mantenimiento de la base y campos, así como en almacén, donde la empresa produce y aplica los fluidos que comercializa, es evidentemente necesaria para el desarrollo del giro de la empresa, razón por la que esta compra está plenamente vinculada con la actividad gravada. 

De igual forma, para su proveedor TRANSMONTANO SRL señaló que presentó como prueba en poder de terceros las copias legalizadas de las Facturas 4709 y 4801, no obstante, la Administración Tributaria no gestionó la obtención de las mismas, adicionalmente, también menciono como prueba en poder del SIN los libros de ventas del proveedor. Por otro lado, la empresa señaló los pagos al proveedor por el transporte de carga terrestre están destinados exclusivamente a tareas operativas de la empresa tal y como lo son el transporte de productos químicos y fluidos, 

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comercializados por la empresa. El servicio de transporte prestado el proveedor es evidentemente necesario para el desarrollo del giro de la empresa, razón por la que esta compra está plenamente vinculada con la actividad gravada. 

Por lo expuesto, tanto para los tres proveedores citados como para el resto de las Facturas, aseguró que la entidad recurrida no valoró la prueba presentada y tampoco gestionó la obtención de la prueba en poder de terceros o con la que ellos mismos contaban a momento de emitir la Resolución Determinativa impugnada, por consiguiente, no se ha realizado una valoración específica de cada uno de los elementos probatorios presentados, vulnerando así el debido proceso. Asimismo, indicó que la Administración Tributaria a pesar de contar con la documentación de respaldo suficiente, que acredita la efectiva realización de la transacción, no ha realizado un análisis integral de la realidad de las operaciones de la empresa, por lo que el SIN ha violentado el principio de verdad material vertido en los precedentes judiciales, constitucionales y en la Ley 2341 (LPA). De igual forma, manifestó que si bien la prueba debe ser presentada por el sujeto pasivo, empero también indicó que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme al art. 77.1 de la Ley 2492 (CTB); por lo que la Resolución Determinativa impugnada vulneró las garantías constitucionales del debido proceso, consagrados en los arts. 115.11 y 117.1 de la CPE, encontrándose nula de pleno derecho por mandato de los incs. d) y e) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA) y 99.II de la Ley 2492 (CTB). 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que el sujeto pasivo no presentó documentación suficiente y objetiva una vez notificado con la orden de verificación y requerimiento de documentación, así también dentro del plazo de los 30 días para la presentación de la correspondiente prueba de descargo a la Vista de Cargo, el sujeto pasivo solo presentó contrato de servicio, toda vez que el citado contrato es insuficiente, ya que no presentó factura original, medios fehacientes de pago, comprobantes contables y otros documentos que durante el proceso de verificación permitan verificar la transacción y transferencia de dominio del bien o servicio, por lo que la presentación del contrato es insuficiente para validar la transacción, por lo que el propio recurrente dejó precluir de esta manera dicho término y la carga probatoria que tiene el sujeto pasivo respecto a demostrar que se apropió correctamente de crédito fiscal julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013. Asimismo, indicó que, realizó la verificación y valoración de cada uno de los 23 de 39 

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documentos aportados en dicha etapa, mismo que se encuentra en el cuadro de análisis y valoración a la documentación cursante en la Resolución Determinativa N° 171979000758, por lo que no existe vulneración alguna como erradamente sostiene el recurrente. 

Al respecto, la Doctrina Tributaria señala que se entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

En relación al acto administrativo, la doctrina señala que éste “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo IV, Fundación Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37). 

Es preciso considerar que en cuanto a la validez del acto, la doctrina señala que: “el acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (redacción)”; añade también que “la fundamentacion del acto determinativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de todo ello depende que el sujeto pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto” (GIULIANI Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520). 

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De igual manera la Sentencia Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” 

Por otra parte, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” 

En la legislación nacional, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115.11 y 117.1, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119.1-11 de la mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

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El art. 68 num. 7 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos por este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución. Por otro lado, el art. 76 de la misma disposición legal, dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer vales sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), señala que “(…) las pruebas se apreciaran conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles solamente aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad (…)”. 

En efecto, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos tal cual lo refiere el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), cuando hace mención a la carga de la prueba en etapa administrativa. Asimismo, el art. 81 de la Ley mencionada, dispone que las pruebas se apreciaran, siempre que éstas cumplan con el requisito de pertinencia y oportunidad. En este sentido, dentro del proceso de determinación el art. 98 de la Ley descrita, prevé que el contribuyente o sujeto pasivo tenga un plazo (30) treinta días para la presentación de sus descargos, computables desde la notificación con la Vista de Cargo vencidos los cuales se emitirá la Resolución Determinativa respectiva. 

Por otro lado, el art. 81 (APRECIACIÓN, PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRUEBAS), dispone que las “…pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

  1. Lasmanifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 
  2. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas conjuramento de reciente obtención…”. 

Por su parte, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales establecidos. Por su parte el art. 98 del DS 27310 (RCTB) señala los requisitos esenciales que debe contener la Vista de Cargo y que la ausencia de cualquiera de esos requisitos viciara de nulidad el acto. 

Asimismo, los arts. 99.II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que dicho acto administrativo emitido en el ámbito tributario, debe contener requisitos esenciales y formalidades, tales como: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones, la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además, debe contener las especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido, cuya ausencia lo vicia de nulidad. Concordante con la RND 10-0032-16 en sus art. 7 parágrafo I que señalan los requisitos de la Resolución Determinativa entre los que se encuentran: a) Número de Resolución Determinativa; b) Lugar y fecha de emisión; c) Nombre o razón social del sujeto pasivo; d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes; e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación; f) Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación; g) Base imponible expresada en bolivianos; h) Base cierta y/o presunta de la Determinación; i) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación); j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica 

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infringida (fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que dieron origen al monto del Adeudo Tributario; k) Relación de las pruebas de 

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descargo, alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos presentados; I) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto, periodo y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), Intereses expresados en UFV, Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación, Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago), Importe de la sanción por la conducta, Total Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago, Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda; ) Calificación de la conducta y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la disposición que la define como tal y establece la sanción pecuniaria; n) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la Resolución Determinativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo; o) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. 

De igual manera, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad. 

Por su parte, el art. 41 (Validez de las Facturas o Notas Fiscales) de la RND 10-0016- 07 de 18 de mayo de 2007, establece que: 

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“…/. Las facturas notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos (…) en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), Decretos Supremos reglamentarios siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sea original del documento 

(…) 

III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los requisitos previstos por el parágrafo Idel presente artículo, no darán lugar al cómputo del crédito fiscal…”. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Orden de Verificación Externa N° 00150VE15951, cuyo alcance contempla la verificación al Crédito Fiscal – IVA contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, detalladas en el anexo “Detalle de Diferencias” Form. 7531 adjunto a la orden, de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, mediante la cual solicitó la presentación de documentación consistente en: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libro de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo, d) Documento que respalde el pago realizado, e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, f) Comprobantes contables financieros; otorgando para el efecto el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de la documentación solicitada (fs. 17-20 y 24 de antecedentes c. I). 

De igual manera, el 20 de octubre de 2016, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción Documentos recepcionó la siguiente documentación: Facturas de compras N° 2559, 1739, 407, 1672, 2, 6, 24927, 4737, 2843, 2844, 2852, 2853, 2854, 1532, 1702, 1705, 1706, 1708, 1710, 1716, 1727, 16446, 5747, 4750, 4567, 1748, 1749, 1752, 1753, 1755, 1756, 1759, 1768, 1769, 1770, 215, 4771, 72, 1793, 4851, 1860, 1862, 1864, 1866, 1867, 1870, 1871, 1872, 1873, 1876, 1881, 1890, 4828 y 4837; Declaraciones Juradas F-200; Libro de Compras IVA; y, Comprobantes 

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Contables y medios de pago, órdenes de compra, pre factura, reportes, fotocopias de cheques y extracto bancario, comprobante de transferencia bancaria, órdenes de pago y planilla de requisición (fs. 46 de antecedentes c. I). Por su parte, el 11 de abril de 2019, la Administración Tributaria a través del Requerimiento 00158297, 11 de marzo de 2019, solicitó la presentación de: Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal (según detalle adjunto), Extractos Bancarios, Comprobantes de Egreso (según detalle adjunto), Libros de contabilidad Diario y Mayor (según detalle adjunto), y otros (según detalle adjunto) (fs. 47-48 y 53 de antecedentes c. I). 

Seguidamente, el 30 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000178, de 15 de mayo de 2019, a través de la cual determinó reparos a favor del fisco por el incumplimiento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, calculando un adeudo tributario de Bs903.047.- (Novecientos tres mil cuarenta y siete 00/100 bolivianos), equivalente a 392.355.- UFV’s; importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago; asimismo, conforme establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de 30 días improrrogables para la presentación de descargos (fs. 1236-1257 y 1262 de antecedentes c. Vil). 

Por su parte, el 01 de julio de 2019, la recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo N° 291979000178, indicando que las facultades de la Administración Tributaria determinar e imponer sanciones, se encuentra prescrita para los periodos de julio a noviembre de 2013 y para el periodo de diciembre recién prescribirán el 31 de diciembre de 2019; Asimismo, sobre los códigos observados, señaló: Código 1, presenta descargos y ofrece prueba en poder de terceros; Código 2, la compra realizada corresponde a un servicio necesario para el desarrollo de sus actividades comerciales; Código 3, si presentó las pruebas requeridas, ofrece prueba de terceros (fs. 1352-1361 de antecedentes c. Vil). En el mismo día, la Administración Tributaria labro el Acta de Recepción de Documentos, haciendo constar la presentación de: Facturas 1702, 1708, 1710 con el cheque, la orden de compra, requisición, pre facturas, comprobantes de egreso y contratos de servicios de SEGEPET Y MI FLUIDS BOLIVIA SA; Facturas 1705, 1706, 1716 y 1727 con el cheque, orden de compra y comprobante de egreso; Facturas 1748, 1749, 1752, 1753, 1759, 1768 y 1769, con cheque, pre factura, orden compra, requisición y comprobante de egreso; 30 de 39

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Facturas 1755, 1756, 1770, con cheque, orden compra y comprobante de egreso; Facturas 1788, 1796, 1800, 1802 y 1806, con transferencia bancaria, pre factura, orden de compra y requisición; Facturas N° 1860, 1862, 1864, 1866, 1867, 1870, 1871, 1872 y 1876, con orden de transferencia bancaria, pre factura, orden de compra y requisición; Facturas Certificadas por el proveedor 1739 y 1793, con orden de compra, transferencia bancaria, correo por la operación, fotocopia de la factura y comprobante de egreso; Facturas 4378 y 4379, con comprobante de egreso, orden de compra y notas de débito; Factura 4567, con voucher, carta de entrega, comprobante de egreso, detalle de facturas pagadas con cheque; Factura N° 502, con orden de compra y pago, cheque, orden de transferencia bancaria y planilla de personal; Factura 18812, comprobante de la transferencia y planilla de personal; y, Contrato de transporte, Primera y Segunda enmienda al contrato con Trans Montano SRL y MI FLUIDS BOLIVIA SA, constancia de bancarización (fs. 1372 de antecedentes c. VII). 

Finalmente, el 02 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001382, de 27 de agosto de 2019, que resolvió determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente MI FLUIDS BOLIVIA S.A., por concepto de IVA – 

Crédito Fiscal, correspondiente a los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, deuda tributaria que asciende a Bs589.756.- (Quinientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis 00/100 bolivianos) equivalente a 255.034.- UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago (fs. 2122-2163 y 2168 de antecedentes c. XI). 

Bajo ese contexto, con relación al argumento de la recurrente respecto a la falta de valoración de la prueba presentada; se tiene que la recurrente presentó descargos ante la Administración Tributaria en dos (2) oportunidades, el 20 de octubre de 2016 (a la Orden de Verificación) y el 01 de julio de 2019 (a la Vista de Cargo); en ese entendido, como descargo a la Orden de Verificación N° 00150VE15951 la recurrente presentó parcialmente las Notas Fiscales observadas, las Declaraciones Juradas F-200, Libros de Compras IVA y los Comprobantes Contables y Medios de Pagos (fs. 68-1213 de antecedentes c. I, II, III, IV, V, VI, Vil). Por su parte, la Administración Tributaria a través de la Vista de Cargo 291979000178 (fs. 1236- 31 de 39 

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1257 de antecedentes c. Vil), expuso que “…La verificación se efectuó (…) tomando en cuenta, la documentación presentada por el contribuyente, las ventas informadas por los proveedores mediante el Software Da Vinci y la información existente en el Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria SIRAT-2 y el módulo informático GAUSS (…), de la cual a través de cruces se pudo establecer observaciones en la información enviada, situación que dio origen a la presente verificación…”, es así que, a continuación desplegó un cuadro denominado “Detalle de Facturas Observadas Periodos de Julio a Diciembre/2013″. 

Del análisis de dicho cuadro, se tiene que el mismo, refleja el detalle de todas las notas fiscales observadas (fecha, proveedor, importe, numero de orden, NIT etc.), también contiene el detalle de los documentos presentados para cada factura, de igual manera, contiene la valoración y pronunciamiento de los documentos presentados, así como los códigos de observación, estableciendo -respecto a las notas fiscales del periodo diciembre de 2013- la validez de las Facturas 1872, 1871, 1870, 1867, 1866, 1864, 1862, 1860 y 1876, en base a la documentación presentada (Factura, Comprobante Contable, Orden de Compra, Requisición, Pre factura, Planilla de sueldo, reporte de trabajo, traspaso de credinet web y extracto bancario, carta de regularización de facturas y Auto Inicial de Sumario Contravencional), empero, observando las Facturas N° 1851, 683, 435 y 24680, con los Códigos 1, 2 y 3 debido a que no fueron presentadas en original, no se encuentran vinculadas a la actividad gravada y son transacciones sin el suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago y la Factura 4851, con el Código 6, señalando que luego del análisis a la documentación presentada (Factura, orden de compra, transferencia a cuentas de terceros, registro contable y extracto bancario), concluyó que al ser la nota fiscal por concepto de transporte internacional de carga (Tasa Cero); no le corresponde la apropiación del crédito fiscal. 

Seguidamente, posterior al cuadro, la Administración Tributaria bajo el título “Descripción de Códigos”, señaló lo siguiente: “Código V: Factura Valida para Crédito Fiscal (…) Verificadas las Facturas originales, la información del Sistema GAUSS y Sirat-2 de la Administración Tributaria y las documentaciones de respaldos de las transacciones, se pudo evidenciar que demuestran la relación con su actividad gravada (…) y la efectiva realización de la transacción (…). Así también existen facturas que se observó inicialmente como no dosificadas sin embargo la imprenta 32 de 39

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del proveedor elaboro las facturas fuera de rango, sin embargo ingreso una nota indicando dicho error de la imprenta por lo que le labro Un Auto Inicial de Sumario Contravencional la misma que fue cancelada por el proveedor (…)”; “Código 1: Sin respaldo de la factura original (…) el contribuyente no presentó la totalidad de las notas fiscales requeridas (…); en consecuencia, no se pudo comprobar la existencia de la factura original…”, Código 2: No vinculada a la actividad gravada (…) no demostró que estas compras se encuentren vinculadas a su actividad gravada, considerando que la actividad gravada del contribuyente es de COMERCIO MAYORISTA (Venta por mayor de productos químicos industriales básicos, abonos y plaguicidas; Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas), no obstante, el contribuyente debe demostrar que estas compras y/o prestación de servicios son propias, necesarias y que están destinadas para la prestación de su actividad gravada a través de documentación que demuestre el uso y destino de la compra (comprobantes contables debidamente firmados, órdenes de compra, orden de pedido, ingreso a almacenes, Kardex, contratos, entre otros) (…). Señalar también que, las facturas declaradas fueron duplicadas por el contribuyente…”, “Código 3: Transacción sin el suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago (…) no se pudo comprobar que las compras se hayan efectivizado, se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor y pagado por ellos y que esto haya sido registrado contablemente y reforzado con la documentación pertinente; por lo tanto, el contribuyente, no demostró la efectiva ocurrencia del hecho generador, si bien el contribuyente presentó solo la facturas de algunas compras, la misma resulta insuficiente al no contar con solicitudes de compras, notas de remisión, constancias de recepción, contratos de compras y/o servicios y demás documentación; del mismo modo, respecto al pago, tampoco el contribuyente ha demostrado con cheques a nombre del proveedor, extractos bancarios, registros contables del pago (…), por tanto, no se pudo comprobar la transferencia de dominio y/o prestación de servicios ni el efectivo pago al proveedor, más aun cuando existen proveedores quienes la declararon como anuladas y/o no declaran dichas transacciones…”, “Código 6: Régimen tasa cero. De la revisión se identificó la factura N° 4851 de su proveedor TOTAL QUALITY & LOGISTICS S.R.L. (…), esta factura emitida tiene el concepto de servicio de Logística Flete Arica-Tambo Quemado, 12 Pallets, evidenciando transporte internacional el cual corresponde a Régimen tasa cero. Al respecto, la Ley 3249 (…) DS 28656 concordante con la RND 10-0012-06 (…) señalan claramente que el Servicio de transporte interdepartamental de carga por carretera sujeto al 

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beneficio fiscal, es aquel originado en el país con destino final en el exterior con destino final en el país (…). En tal sentido, las Facturas declaradas con éste código de depuración no es válida para el Crédito Fiscal…”. 

En ese sentido, es evidente que la Administración Tributaria valoró la documentación presentada por la recurrente como descargo a la Orden de Verificación y la presentada como descargo a la Vista de Cargo, pues de las 19 Facturas observadas en el periodo de diciembre/2013, que inicialmente fueron observadas en la Orden de Verificación 00150VE15951 a través del “Detalle de Diferencias”, la Administración Tributaria en la Vista de Cargo 291979000178, validó un total de 5 Notas Fiscales, quedando 14 Notas Fiscales observadas; posteriormente, a través de la Resolución Determinativa impugnada validó un total de 9 Notas Fiscales y mantuvo la observación para 5 Facturas; es decir que, en total la Administración Tributaria valido 14 Facturas y mantuvo la observación para 5 Facturas; tal como se describió, en el cuadro denominado “DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS PERIODOS DE JULIO A DICIEMBRE/2013″, identificó cada una de las 19 notas fiscales, además expuso en la columna “OBSERVACIÓN” todos los justificativos por los cuales no consideró como válidas las notas fiscales observadas con los Códigos 1, 2 y 3; 3; 6; por tanto, no se advierte la falta de valoración de la prueba presentada, alegada por la recurrente. 

Ahora bien, respecto a la incorrecta valoración de la documentación antes referida, en relación a las notas fiscales del período diciembre/2013 que prevalecen como observadas en la Resolución Determinativa, de la revisión de antecedentes administrativos, se constató que , en efecto, la recurrente no presentó en original, las notas fiscales 1851, 683, 435 y 24680, tampoco presentó documentación contable financiera, ni ninguna documentación que pudiera acreditar la vinculación de las compras realizadas. Asimismo, como descargo a la Vista de Cargo mediante memorial de 01 de julio de 2019, en cuanto a las notas fiscales observadas con el Código 1 (sin respaldo de factura original), señaló que las pruebas estaban en poder 

de terceros y que solicitó al proveedor SEGEPET que emita una fotocopia de las facturas 1789, 1792, 1793, 1795, 1783, 1785, 1814 y 1851, a fin de que el proveedor emita una fotocopia legalizada de las facturas e informe si recibió el pago, certificación que sin embargo, fue obtenida, de manera posterior a la emisión de la Resolución Determinativa, razón por la cual, fue presentada ante ésta instancia como 34 de 39

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prueba de reciente obtención, habiéndose cumplido las previsiones establecidas en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), al presentar el juramento respecto, y siendo éste documento obtenido recientemente, se procederá a su valoración. 

En ese sentido, de la revisión de la citada certificación del proveedor SEGEPET presentada ante esta instancia, se observa que a través de la misma, se remitió fotocopia legalizada de la nota fiscal 1851, no obstante, no presentó la nota fiscal original, requisito esencial para la validez del crédito fiscal conforme lo establecido en el num. 1 del art. 41 de la RND 10-0016-07, ni documentación contable financiera con la que se pueda acreditar la vinculación con la actividad gravada y la efectiva realización de la transacción, por lo tanto, la nota fiscal 1851, no es válida para el beneficio del crédito fiscal. 

Respecto, a las Facturas 683, 435 y 24680 emitidas en el periodo de diciembre/2013 por los proveedores Carmen Masay Rodríguez, BOULTON BOLIVIA SRL, CRE, el sujeto pasivo en la etapa administrativa, no presentó las notas fiscales originales ni documentación contable ni financiera, y ante esta instancia presentó, únicamente denuncia de extravío de notas fiscales ante la FELCC de 26 de septiembre de 2019, entre las que se encuentran las notas fiscales 683, 435 y 24680, por lo que, es evidente que el sujeto pasivo no cuenta con las notas fiscales originales, requisito esencial para la validez del crédito fiscal conforme lo establecido en el num. 1 del art. 41 de la RND 10-0016-07, ni documentación contable financiera con la que se puede acreditar la vinculación con la actividad gravada y la efectiva realización de la transacción, por lo tanto las notas fiscales N° 683, 435 y 24680 no son válidas para el beneficio del crédito fiscal. 

Respecto a la nota fiscal N° 4851 del proveedor Total Quality & Logistic SRL observada con el Código 6 (Régimen tasa cero) debido a que la nota fiscal corresponde a un servicio de transporte desde Arica hasta Tambo Quemado, la recurrente no expuso agravio o argumento alguno que desvirtúe ésta observación, por lo que, corresponde confirmarla sin mayor fundamentacion. 

Por otra parte, la recurrente también alegó que la Administración recurrida debió solicitar al proveedor, las pruebas y notas fiscales que desvirtúan las observaciones; empero, si bien la Administración Tributaria tiene amplias facultades para verificar, 

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investigar, fiscalizar en virtud de los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), no obstante, de acuerdo a los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), es el sujeto pasivo quien tiene la obligación de respaldar sus actividades y operaciones gravadas y demostrar los créditos impositivos que consideren que le correspondan. 

Por lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria valoró todos y cada uno de los descargos y argumentos planteados por el sujeto pasivo, no obstante, el sujeto pasivo no presentó las notas fiscales originales N° 1851, 683, 435 y 24680, ni documentación contable y financiera que respalde las transacciones observadas, asimismo tampoco desvirtuó la observación de la nota fiscal N° 4851, por lo que incumplió el tratamiento impositivo para el transporte internacional de carga por carretera establecido en la Ley 3249, el DS 28656 y el num. 5 del 44 de la RND 10- 0012-06, por lo que corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal del período diciembre 2013. 

IV.3 De la sanción por Omisión de Pago. 

La recurrente alegó que la Administración Tributaria no fundamentó o motivó en su decisión exponiendo las razones jurídicas bajo las cuales corresponde imponer a la empresa la sanción por contravención de omisión de pago, por lo que no ha quedado demostrado en ningún momento que la empresa haya resultado culpable (dolo o culpa) de la comisión de tal contravención de omisión de pago. Asimismo, al presente, la recurrente desconoce de manera absoluta las razones jurídicas que justifiquen la calificación de su conducta como contravención de omisión de pago, con mayor razón, cuando tal como se ha demostrado anteriormente, es evidente que no existe deuda tributaria. 

Al respecto, el art. 165 de la Ley CTB, dispone que quien por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. Asimismo, el art. 47 de la citada Ley, señala que la deuda tributaria es el monto total que debe 36 de 39

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pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, la misma que está constituida por el tributo omitido, multas cuando correspondan y los intereses. Por su parte, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, dispone que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV. 

En este contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, se establece que la recurrente determinó incorrectamente el Impuesto al ValorAgregado (IVA), beneficiándose del crédito fiscal del periodo de diciembre/2013 (único periodo no prescrito), toda vez que no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma; lo que conlleva a la determinación de un tributo omitido y consiguiente calificación y aplicación de la sanción por Omisión de Pago del período diciembre 2013, en el marco de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia, corresponde desestimar la pretensión de la recurrente respecto a este punto. 

En consecuencia, corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa 171979001382, de 27 de agosto de 2019, dejando sin efecto el Tributo Omitido IVA Crédito Fiscal de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2013 por encontrarse prescritos, monto que asciende a Bs198.886.- equivalente a 105.589.- UFV’s; asimismo, mantener firme y subsistente el tributo omitido IVA-Crédito Fiscal del periodo fiscal de diciembre de la gestión 2013, monto que asciende a Bs10.975.-, equivalentes a 5.754.- UFV’s, toda vez que la recurrente no presentó documentación probatoria suficiente que desvirtúe las observaciones, conforme exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria”, debiendo la Administración Tributaria proceder a la reliquidación de la Deuda Tributaria a la fecha de pago, conforme establecen los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB). 

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IBMIB 

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frl ,1 fl 111 

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X71979001382TRIBUTO OMITIDO EN BS TRIBUTO OMITIDO EN 

Resolución Determinativa N’ 

UFV’s 

IMPUESTO PERIODOS VERIFICADOS 

TRIBUTO 

OMITIDO EN Bs 

UFV’s A LA 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO 

CF-IVA jul-13 47.205 1.85609 0 47.205 0 25.432 CF-IVA ago-13 15.184 1.86444 0 15.184 0 8.144 CF-IVA sep-13 3.456 1.87439 0 3.456 0 1.844 CF-IVA oct-13 2.499 1.88529 0 2.499 0 1.325 CF-IVA nov-13 130.542 1.89619 0 130.542 0 68.844 

CF-IVA dic-13 10.975 1.90749 10.975 0 5.754 0 TOTAL 209.861 10.975 198.886 5.754 105.589 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa 171979001382, de 27 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el tributo omitido IVA-Crédito Fiscal por Bs198.886.- equivalente a 105.589.- UFV’s y mantener firme y subsistente el tributo omitido IVA-Crédito Fisqal de Bs10.975.-, equivalentes a 5.754.- UFV’s, debiendo la Administración Tributaria proceder a la reliquidación de la Deuda Tributaria a la fecha de pago, conforme establecen los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), conforme a los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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ait! 

Altoridad de 

Impugnación Tributaria 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

4lx;o. Ocarina SalazarPéh 

^iecto’3 tecui va Regionai a.i. 

KSP/ccav/rlhv/cmmf/fmmb/acq 

RIT-SCZ/RA 0106/2020 

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Ayionaac! Hegiona! de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz 

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