ARIT-SCZ-RA-0087-2020 Beneficios de perdonazos no son necesarios de solicitar

ARIT-SCZ-RA-0087-2020

aití 

autoridad de 

Impugnación! Tribuaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0087/2020 

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS 

Esther Vargas Pardo. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Eduardo Mauricio Garcés Cáceres. 

Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019. 

ARIT-SCZ-0198/2019. 

Santa Cruz, 24 de enero de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0087/2020 de 24 de enero de 

2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

  1. Acto Administrativo impugnado 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió el Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019, el cual señaló y concluyó que la contribuyente ya gozaba de los beneficios de la Ley y omitió el pago de su cuota mensual en el marco de las Leyes 1105, de 28 de septiembre de 2018 y 1154, de 27 de febrero de 2019, y que no se estaría vulnerando ningún derecho, los actos administrativos emitidos dentro del 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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NB/ISO 

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Certificado N” 771/14 

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proceso de ejecución tributaria en contra del contribuyente están enmarcados en la normativa legal vigente, por lo tanto, la Administración Tributaria se encuentra facultada para continuar y ejecutar los procesos de ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios, en mérito a las específicas facultades de cobro coactivo establecidas en los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente. 

Esther Vargas Pardo, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 14 y 27 de mayo de 2019 (fs. 20-28, 32-33 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra el Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Sobre la falta de respuesta oportuna a la solicitud de aplicación de los beneficios de la Ley 1105 y la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. 

La recurrente señaló que recepcionadas sus dos solicitudes mediante Hojas de Ruta Números 015619/2018 y 015620/2018, ambas de 22/10/2018, y las constantes visitas al departamento de recaudaciones y cobranza coactiva, en las que se le indicó que no habrían derivado a un funcionario encargado de dar respuesta, y trascurrido un mes desde la presentación de dichas solicitudes, preocupada por la fecha de vencimiento de la primera etapa de reducción a la sanción por omisión de pago, solicitó hablar con el encargado para que se le explicara el motivo por el cual no se daba respuesta a su solicitud, a tal efecto el jefe del departamento jurídico le indicó que el sistema todavía tendría fallas motivo por el cual estaría pendiente de modificaciones mediante el sistema de facilidades de pagos, y pese a que habría solicitado formalmente liquidación manual y emisión de una resolución administrativa complementaria como Resolución Administrativa Complementaria N° OTE/GDSCZI/ DJCC/D/RA/2680/2019, de 15 de marzo de 2019, misma que fue notificada en Secretaria el 20 de marzo de 2019, se enteró que el término previsto en la ley 1105 para acogerse al benéfico se encontraba vencido (aclaró que aún no se había 2 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

realizado la prorroga mediante la Ley 1154 lo que ocurrió en el mes de enero del año 2019 momento en el que sus facilidades se encontraban incumplidas) y que tendría una sanción igual al 100% del tributo omitido de las cuotas por pagar, así también señaló que la gestora de cobro del departamento jurídico, de manera inquisitiva le manifestó que su facilidad se encontraba incumplida y no habría que hacer solo pagar la totalidad con sanción ya que perdía los beneficios otorgados por la Ley 1105. 

Consiguientemente, alegó que ante la total incertidumbre y vulneración a sus derechos es que presentó denuncia ante la máxima autoridad administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales, misma que fue recepcionada el 18 de abril de 2019 y derivada a la Gerencia Distrital Santa Cruz-I, a tal efecto dicha Gerencia emitió un acto administrativo pronunciándose sobre su solicitud, mediante el Proveído que hoy se impugna. 

Agregó que resulta contradictoria e irregular la manera en que la Administración Tributaria actuó dando respuesta, otorgando los beneficios de la Ley 1105, en el caso de la facilidad de pago con número de orden 18703401261 a través de la Resolución Administrativa complementaria CITE/GDSCZ l/DJCC/TJ/RA/2680/2019, de 15 de marzo de 2019, notificada en Secretaria el 20 de marzo de 2019, conforme se afirma en el Acto impugnado prescindiendo del procedimiento establecido en las facilidades de pago Nos. de orden 16703403478 y 17703400560, sin fundamentar ni poner en conocimiento de su persona por cualquiera de los medios de notificación previstos en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), que habría sido beneficiado con la reducción de sanción prevista por dicha normativa. 

En este sentido, señaló que si bien se modificó mediante sistema el monto de las cuotas de la facilidad de pago, dicho acto no se ajusta al procedimiento legal vigente y no constituye un medio válido, como es el caso de la Resolución Administrativa complementaria, acto administrativo que pone en conocimiento al contribuyente del otorgamiento efectivo de los beneficios de la normativa tributaria, máxime cuando en otros casos como es el de la facilidad de pago con número de orden 18703401261, dichos beneficios fueron puestos en conocimiento del contribuyente

/\ través de la Resolución Administrativa complementaria CITE/GDSCZ :’;j/ l/DJCC/TJ/RA/2680/2019, de 15 de marzo de 2019. 

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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente el Proveído impugnado emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 28 de mayo de 2019 (fs. 34 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando el Proveído N° 241970000757, de 24 de abril de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 17 de junio de 2019 (fs. 41-45 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la admisibilidad del Recurso de Alzada. 

La Administración Tributaria señaló que a fin de que ésta autoridad no emita un fallo ultra o extra petita, situaciones que son pasibles de restitución por la vía constitucional según orientan las Sentencias Constitucionales 486/2010-R y N° 1009/2003-R, es necesario delimitar los puntos reclamados por el contribuyente hoy recurrente (que no son agravios). 

11.3.2 Respecto a la solicitud de aplicación de los beneficios de la Ley 1105. 

La Administración Tributaria señaló que al ser publicada la Ley 1105 se puso en funcionamiento la actualización de los sistemas con las modificaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido por dicha Ley, y evidencia de ello, es que la misma contribuyente en su impugnación señala en sus antecedentes “(…) sobre las cuotas programadas en las facilidades de pago sin interés y con la reducción del 80% a fin de poder evidenciar de manera física en el aplicativo de seguimiento de facilidades de pagos que evidencio mediante mi Oficina Virtual”. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Lo anterior es una admisión de que la contribuyente pudo evidenciar desde el primer momento a través del Portal Oficina Virtual de la página del Servicio de Impuestos Nacionales, que las cuotas de sus facilidades de pago se reajustaron para cumplir lo dispuesto por la Ley 1105, no siendo un requisito para ello la elaboración de nota, proveído o Resolución que señale la aplicación de los beneficios de la Ley 1105 sobre las facilidades de pago de todos los contribuyentes que tenían al momento de promulgación de la Ley referida una facilidad vigente, de acuerdo a lo señalado en el parágrafo IV del art. segundo de la Ley 1105, de 28 de septiembre de 2018. Por lo cual, es ilógica e incongruente la afirmación de la contribuyente de que era necesaria la emisión de una Resolución Administrativa complementaria para aplicar los beneficios de la Ley 1105 a sus facilidades de pago y en ese sentido no se vulneró procedimiento alguno. 

También recalcó que, al momento de emitirse la Resolución Administrativa Complementaria, la contribuyente sólo tenía vigente la Facilidad con de Orden 18703401261, siendo que las otras facilidades de pagos con números de orden 17703400560 y 16703403478 se encontraban incumplidas desde fecha 31 de diciembre de 2018. Asimismo, el motivo de las solicitudes realizadas por la contribuyente el 22 de octubre de 2018, no requerían una respuesta formal para gozar de los beneficios de la Ley 1105, toda vez que se le aplicaron de oficio los beneficios en todas su facilidades, conforme ella misma admitió en su recurso de impugnación, ella evidenció cuando el Sistema de la Administración tributaria realizó el recalculo del monto de sus facilidades de pago, siendo que “la falta de una respuesta escrita” no justifica el incumplimiento de la contribuyente, toda vez que efectivamente se le concedió su pedido beneficiándose con las reducciones de la Ley 1105, conforme señala el Proveído impugnado. 

Por consiguiente, adujo que es errónea la interpretación que la contribuyente otorga al parágrafo V de la Ley 1105 que señala la posibilidad de acogerse a la regularización “Inclusive los que tengan facilidades de pagos incumplidas”, toda vez que la misma se refiere a las Facilidades Incumplidas anteriores a la promulgación de la Ley 1105, y que no se hubieran beneficiado con la regularización de la Ley 1105, aplicándose en este caso como lo señala el Proveído impugnado en su página 2, por lo cual no corresponde beneficiar doblemente a la contnbuyente como recompensa a su incumplimiento. 

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Agregó que la contribuyente pretende que se le otorgue un doble beneficio a pesar de su incumplimiento, toda vez que en su memorial de interposición de recurso de alzada que ella “advirtió que se modificó mediante sistema el monto de las cuotas de las facilidades de pago”, lo cual demuestra que tuvo conocimiento de que la Administración Tributaria efectivamente aplicó los beneficios de la Ley N° 1105 a sus facilidades de pago, siendo esto prueba que en ningún momento se vulneró el debido proceso y su derecho a la defensa, pretendiendo ahora la contribuyente culpar a la Administración Tributaria de su propia falta, siendo que al respecto la Ley es clara al indicar en su art. 2 parágrafo Vil: “El incumplimiento de las facilidades de pago por deudas tributarias, dará lugar a la pérdida de los beneficios establecidos en la presente Ley, en cuyo caso el saldo del tributo omitido pendiente de pago, deberá ser calculado y pagado de acuerdo al Artículo 47 de la Ley N° 2492, más las multas de Ley que correspondan, de acuerdo a la normativa aplicable.”. 

En razón a lo expuesto, el Proveído hoy impugnado de ninguna manera vulneró derechos y garantías constitucionales a la contribuyente, simplemente responde de forma precisa, motivada y fundamentada a los argumentos de la contribuyente mostrando en los cuadros que la contribuyente podía observar a través de la Oficina Virtual donde se evidenciaba la aplicación de reducciones fruto de la Ley 1105, es decir, la contribuyente tenía conocimiento de estas reducciones en las cuotas de sus facilidades de pago y al haber incumplido en el pago de las cuotas mensuales de las Facilidades de Pago con de Orden 17703400560 y 16703403478 facultó a la Administración Tributaria para continuar y ejecutar medidas de cobro hasta la total recuperación de los adeudos tributarios, debiendo aplicarse lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), más las multas de Ley que correspondan al saldo de las cuotas incumplidas. 

En ese contexto, en ningún momento la norma señala que para poder beneficiarse de las reducciones contempladas en la Ley 1105, es necesario, que en caso de tener una facilidad de pago vigente, se tenga que emitir una Resolución Administrativa complementaria, siendo que la Ley se aplica sin necesidad de ello, sin embargo, se emitió la Resolución Administrativa complementaria por el pedido expreso de la contribuyente, aplicándose a la única facilidad de pago que tenía vigente a la fecha (marzo de 2019), toda vez que el incumplimiento a las otras 2 Facilidades se consolidó en diciembre de 2018, por lo que no es evidente vulneración alguna en la 6 de 28

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

emisión del Proveído impugnado, y no corresponde agregar más consideraciones a lo señalado por la contribuyente. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa (debió decir Proveído) impugnado. 

11.4 Apertura de término probatorio 

Mediante Auto de 18 de junio de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 19 de junio de 2019 (fs. 46-47 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 15 de julio de 2019, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 4 de julio de 2019 (fs. 51 del expediente), ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar su Recurso de Alzada. 

Por su parte, la recurrente mediante nota presentada el 12 de julio de 2019 (fs. 77-80 del expediente), ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer su Recurso de Alzada y presentó más pruebas. 

II.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 05 de agosto de 2019, la Administración Tributaria, por memorial de 22 de julio de 2019, presentó alegatos, en conclusión, con los mismos argumentos expuestos en su contestación al recurso de alzada (fs. 89-90 vta. del expediente). 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 29 de julio de 2019 (fs. 96-98 del * expediente), presentó alegatos en conclusión escritos, reiterando sus argumentos expuestos a momento de contestar el recurso de alzada. 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

III.1 Antecedentes de hecho. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

111.1 El 14 de abril de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 703300734215, de 7 de diciembre de 2015, el cual dispuso que conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se inicio a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas del IVA y del IT de periodos y gestiones 2013, 2014 y 2015, otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 181-182 de antecedentes). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con otro PIET 703300734315, de 7 de diciembre de 2015, el cual dispuso que conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se inicio a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas del IT e IUE de periodos y gestiones 2013, 2014 y 2015, otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 201-202 de antecedentes). 

111.2 El 3 de mayo de 2018, la Administración Tributaria procedió a notificar por cédula a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 311870000977, de 27 de febrero de 2017, el cual instruyó el inició del sumario de acuerdo a lo establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago por el importe no pagado de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 en las siguientes Declaraciones Juradas: 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Cuadro N°1 

Sigla del impuesto 

De Orden de la DDJJ 

Periodo fiscal 

Fecha de 

presentación 

Importe en Bs. 

1 IVA 7061382761 6/2016 19/7/2016 1.930 

2 IT 7061382954 6/2016 19/7/2016 16.302 

3 IT 7062112794 7/2016 19/8/2016 10.941 

4 IT 7062757189 8/2016 19/9/2016 16.470 

5 IVA 7063520209 9/2016 19/10/2016 56.874 

6 IT 7063520254 9/2016 19/10/2016 18.643 

7 IVA 7064324065 10/2016 21/11/2016 82.608 

8 IT 7064324169 10/2016 21/11/2016 21.027 

9 IT 7064994434 11/2016 19/12/2016 7.396 

10 IVA 7065934282 12/2016 19/1/2017 21.839 

11 IT 7065934679 12/2016 19/1/2017 13.184 

12 IVA 7066638234 1/2017 20/2/2017 5.626 

13 IT 7066639980 1/2017 20/2/2017 7.633 

14 IT 7067238649 2/2017 18/3/2017 10.811 

15 IVA 7067975777 3/2017 18/4/2017 3.763 

16 IT 7067970546 3/2017 18/4/2017 10.042 

17 IUE 7068445012 12/2016 2/5/2017 177.982 

18 IVA 7068978988 4/2017 19/5/2017 12.876 

19 IT 7068979385 4/2017 19/5/2017 6.948 

20 IT 7069619911 5/2017 19/6/2017 7.457 

TOTAL 510.352.- 

(fs. 62-67 de antecedentes). 

III.3 El 25 de mayo de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331870001397, de 26 de abril de 2018, el cual dispuso que conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se inicio a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas contenidas en el cuadro N° 1, otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 69-70 de antecedentes). 

1.4 El 13 de junio de 2018, la recurrente mediante nota solicitó refinanciamiento de planes de pago vigentes con Resoluciones Administrativas Nos. 201770001228 y 201770000762 a 60 meses, como dispone normativa contenida en la RND 10-0020-16, y también solicitó se direccione el pago de la empresa PETREX S.A. SUCURSAL Bolivia para completar la garantía y cuota de los PIET 703300928916 y PIET 331870001398, pago total deuda, como lo indica, asimismo señaló la presentación de nota fiscal girada a PETREX S.A. el 2 de mayo para su efectivización de pago el día miércoles 13 de junio de 2018, autoriza el cobro de la mencionada factura al Servicio de 

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Impuestos Nacionales, consiguientemente, pidió que la mensualidad correspondiente a los periodos de mayo y junio de la RA 702000128916, se cancele la totalidad del saldo a pagar de este plan de pago (fs. 72-74 de antecedentes). 

.5 El 15 de junio de 2018, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/04525/2018, solicitó embargo, retención y remisión de pagos por las deudas tributarias contenidas en los PIET Nos. 703300928916, 331870001397 y 331870001398 (fs. 84 de antecedentes). 

.6 El 30 de agosto de 2018, la recurrente mediante nota solicitó refinanciamiento de planes de pago vigentes con Resoluciones Administrativas Nos. 201770001228 y 201770000762 a 60 meses como dispone la normativa contenida en la RND 10-0020-16, y también solicitó se direccione el pago de la empresa PETREX S.A. SUCURSAL Bolivia para completar la garantía y cuota de los PIET 703300928916 y PIET 331870001398, pago total deuda, como indica, asimismo señaló la presentación de nota fiscal girada a PETREX S.A. el 2 de mayo para su efectivización de pago el día miércoles 13 de junio de 2018, autoriza el cobro de la mencionada factura al Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 72-74 de antecedentes). 

.7 El 22 de octubre de 2018, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria audiencia para explicar su situación tributaria para beneficiarse con la Ley 1105, con planes cancelados a la fecha y que con el objeto de regularizar sus deudas pendientes con el fisco en el marco de la Ley 1105 pueda explicar puntualmente que temas pendientes debe regularizar la Administración Tributaria con terceros (fs. 242 de antecedentes y fs. 19 del expediente). 

En la misma fecha, la recurrente mediante nota solicitó la modificación de componentes de la deuda tributaria en facilidades de pago en el marco de la Ley 1105 y pidió al departamento encargado, emita Resoluciones Administrativas complementarias otorgando los beneficios que franquea la Ley 1105 sobre las cuotas restantes, vale decir, sin interés y con la reducción del 80% y, por otra parte, que el departamento de cobranza coactiva realice la 10 de 28

AIT¿Y 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

liquidación en el marco de los beneficios que franquea la Ley 1105 sobre las 

cuotas programadas en las facilidades de pago sin interés y con la reducción 

del 80% a fin de poder evidenciar de manera física y en el aplicativo de 

seguimiento de facilidades de pagos y mediante la oficina virtual (fs. 243 de 

antecedentes y fs. 17-18 del expediente). 

El 18 de abril de 2019, la recurrente mediante nota de referencia: “denuncia 

negligencia en solicitud de regularización de deuda tributaria Ley 1105″, 

señaló en su petitorio que el personal a cargo de cobranza coactiva de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I actuó de manera deficiente y negligente, 

incumpliendo y vulnerando su derecho constitucional a la petición según el art. 

24 de la Constitución Política del Estado, asimismo, señaló que se le pretende 

sancionar por un incumplimiento causado por su mismo personal, vulnerando 

el debido proceso y que en el marco de política de calidad del Servicio de 

Impuestos Nacionales no se cumplió con el plazo para la respuesta oportuna, 

es más señaló que no se le respondió la solicitud formal efectuada en el 

marco de la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018, y solicitó que se pueda 

realizar las gestiones correspondientes a fin de reactivar la facilidad de pagos 

de las Resoluciones Administrativas Nos. 201770000762, de 17 de abril de 

2017 y 201770001228, de 28 de junio de 2017, en el marco de lo dispuesto en 

la Ley 1105 modificada por la Ley 1154 de 27 de febrero de 2019, citó el 

parágrafo V y solicitó se pueda realizar una nueva facilidad otorgándole los 

beneficios que no fueron proporcionados en las leyes citadas (fs. 232-236 de 

antecedentes). 

1.9 El 24 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó por Secretaría a la recurrente con el Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019, el cual 

señaló y concluyó que la contribuyente ya gozaba de los beneficios de la Ley 

y omitió el pago de su cuota mensual en el marco de las Leyes 1105, de 28 de 

septiembre de 2018 y 1154, de 27 de febrero de 2019, y que no se estaría 

vulnerando ningún derecho, y que los actos administrativos emitidos dentro 

del proceso de ejecución tributaria en contra del contribuyente están 

enmarcados en la normativa legal vigente, por lo tanto, la Administración 

Tributaria se encuentra facultada para continuar y ejecutar los procesos de 

ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios en 

de 28 NB/ISO 

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mérito a las específicas facultades de cobro coactivo establecidas en los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 262-265 de antecedentes). 

111.10 El 14 de mayo de 2019, Esther Vargas Pardo interpuso recurso de alzada en contra del Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019, ante lo cual el 21 de agosto de 2019, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0286/2019, la cual en su parte resolutiva, dispuso: anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto de Admisión de 28 de mayo de 2019 inclusive, debiendo procederse al rechazo del Recurso de Alzada interpuesto por Esther Vargas Pardo en contra del Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019, por no ser dicho acto, definitivo y, por tanto, no impugnable, de conformidad al citado art. 198 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB) (fs. 20-28 y 108-117 vta. del expediente). 

111.11 El 10 de septiembre de 2019, Esther Vargas Pardo interpuso Recurso Jerárquico en contra de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0286/2019, ante lo cual la máxima instancia administrativa emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1267/2019, de 18 de noviembre de 2019, la cual anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0286/201921, de 21 de agosto de 2019, dictada por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz con reposición hasta el vicio más antiguo, esto fue, hasta la citada Resolución debiendo la instancia de alzada emitir una nueva Resolución en la que se pronuncie sobre las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada de conformidad con lo previsto en el art. 212 parágrafo I de la Ley 2492 (fs. 148-155 y 184-192 vta. del expediente). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Con carácter previo, considerando que la máxima instancia administrativa ha señalado mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1267/2019, de 18 de noviembre de 2019, en sus partes de relevancia que la contribuyente formuló su solicitud conforme al derecho a la petición establecido en el art .24 de la CPE, ante lo cual la Administración Tributaria a través del Proveído N° 241970000757, de 24 de abril de 2019, manifestó su voluntad y ejerció sus facultades, estableciendo la 12 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

situación legal de la contribuyente ante la aplicación de la Ley 1105, de modo que el citado proveído no se constituye en una mera comunicación de que los beneficios de la citada Ley ya fueron aplicados, sino que expresa la respuesta que deniega una pretensión formulada, considerando que no se vulneró ningún derecho y que los actos emitidos en el proceso de ejecución tributaria fueron emitidos conforme a normativa legal, continuó señalando que no se advierte que el proveído impugnado se constituya en un acto informativo y provisorio, puesto que en consideración de la lesión de derechos que demandó la contribuyente no existe otra etapa ante la Administración Tributaria para que Esther Vargas Pardo efectúe el reclamo de dicha lesión, procediendo únicamente los recursos administrativo o jurisdiccional; de modo que debe ser considerado como un acto definitivo, particular y por ende impugnable, en ese entendido esta instancia realizará un análisis de los agravios planteados por la recurrente. 

IV.1 Sobre la falta de respuesta oportuna a la solicitud de aplicación de los beneficios de la Ley 1105 y la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. 

La recurrente señaló que recepcionadas sus dos solicitudes mediante Hojas de Ruta Números 015619/2018 y 015620/2018, ambas de 22/10/2018, y las constantes visitas al departamento de recaudaciones y cobranza coactiva, en las que se le indicó que no habrían derivado a un funcionario encargado de dar respuesta, y trascurrido un mes desde la presentación de dichas solicitudes, preocupada por la fecha de vencimiento de la primera etapa de reducción a la sanción por omisión de pago, solicitó hablar con el encargado para que se le explicara el motivo por el cual no se daba respuesta a su solicitud, a tal efecto el jefe del departamento jurídico le indicó que el sistema todavía tendría fallas motivo por el cual estaría pendiente de modificaciones mediante el sistema de facilidades de pagos, y pese a que habría solicitado formalmente liquidación manual y emisión de una resolución administrativa complementaria como Resolución Administrativa Complementaria N° OTE/GDSCZI/ DJCC/D/RA/2680/2019, de 15 de marzo de 2019, misma que fue notificada en Secretaria el 20 de marzo de 2019, se enteró que el término previsto en la Ley 1105 para acogerse al benéfico se encontraba vencido (aclaró que aún no se había realizado la prorroga mediante la Ley 1154 lo que ocurrió en el mes de enero del año 2019 momento en el que sus facilidades se encontraban incumplidas) y que tendría 

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V ‘-A’ 

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una sanción igual al 100% del tributo omitido de las cuotas por pagar, así también señaló que la gestora de cobro del departamento jurídico, de manera inquisitiva le manifestó que su facilidad se encontraba incumplida y no habría que hacer solo pagar la totalidad con sanción ya que perdía los beneficios otorgados por la Ley 1105. 

Consiguientemente, alegó que ante la total incertidumbre y vulneración a sus derechos es que presentó denuncia ante la máxima autoridad administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales, misma que fue recepcionada el 18 de abril de 2019 y derivada a la Gerencia Distrital Santa Cruz-I, a tal efecto dicha Gerencia emitió un acto administrativo pronunciándose sobre su solicitud, mediante el Proveído que hoy se impugna. 

Agregó que resulta contradictoria e irregular la manera en que la Administración Tributaria actuó dando respuesta, otorgando los beneficios de la Ley 1105, en el caso de la facilidad de pago con número de orden 18703401261 a través de la Resolución Administrativa complementaria CITE/GDSCZ l/DJCC/TJ/RA/2680/2019, de 15 de marzo de 2019, notificada en Secretaria el 20 de marzo de 2019, conforme se afirma en el Acto impugnado prescindiendo del procedimiento establecido en las facilidades de pago Nos. de orden 16703403478 y 17703400560, sin fundamentar ni poner en conocimiento de su persona por cualquiera de los medios de notificación previstos en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), que habría sido beneficiado con la reducción de sanción prevista por dicha normativa. 

En este sentido, señaló que si bien se modificó mediante sistema el monto de las cuotas de la facilidad de pago, dicho acto no se ajusta al procedimiento legal vigente y no constituye un medio válido, como es el caso de la Resolución Administrativa complementaria, acto administrativo que pone en conocimiento al contribuyente del otorgamiento efectivo de los beneficios de la normativa tributaria, máxime cuando en otros casos como es el de la facilidad de pago con número de orden N° 18703401261, dichos beneficios fueron puestos en conocimiento del contribuyente a través de la Resolución Administrativa complementaria CITE/GDSCZ l/DJCC/TJ/RA/2680/2019, de 15 de marzo de 2019. 

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Al respecto, cabe señalar que la doctrina Administrativa establece que “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar, en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV). 

Con relación al debido proceso, según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

Respecto al Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.”. 

Para ingresar a resolver el agravio expuesto por la recurrente, se hace necesario acudir a conceptos y jurisprudencia sentada mediante la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, que señaló: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, e) Debe describir de 

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manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.”. 

En ese contexto, respecto a la fundamentación y motivación del acto administrativo, se tiene que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 2023/2010-R. de 9 de noviembre de 2010 define -entre otras-, a la: “garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador vea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (…). Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a lajusticia.”. 

También corresponde precisar que las garantías expuestas en el párrafo precedente, se traducen en el debido proceso y el derecho a la defensa, instituidos constitucionalmente en el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el cual dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 16 de 28

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y el art. 119 parágrafo II de la indicada norma constitucional, prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. Contexto en el que el debido proceso y derecho a la defensa, no puede ser ajeno al derecho a la petición reconocido en el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CTB), que establecen que, dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por Ley 2492 (CTB), sus reglamentos; así como al debido proceso. 

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa que cuenta el contribuyente, en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 2, 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

Por su parte, el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo, y el art. 28 inc. e) de la misma norma prevé: “e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; (…).”. 

Ahora bien, es importante recordar que el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en instancia recursiva por disposición expresa del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

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administrados o lesione al interés público”, y “los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. 

La Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018 estableció como objeto un periodo de regularización en el pago de deudas y multas de dominio tributario nacional, hasta el 28 de febrero de 2019 y el parágrafo Vil del artículo 2 dispuso: “El incumplimiento de las facilidades de pago por deudas tributarias, dará lugar a la pérdida de los beneficios establecidos en la presente Ley, en cuyo caso el saldo del tributo omitido pendiente de pago, deberá ser calculado y pagado de acuerdo al Artículo 47 de la Ley 2492, más las multas de Ley que correspondan, de acuerdo a la normativa aplicable. En el caso de incumplimiento de facilidades de pago de las multas distintas a las previstas en el Parágrafo I, el saldo de las mismas será pagado sin los beneficios establecidos en la presente Ley.”. 

La Ley 1154, de 27 de febrero de 2019, establece: “Artículo V.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018. Artículo 2°- (Modificaciones). I. Se modifica el plazo establecido en el Artículo 1 y en los Parágrafos I, II, IVy VI del Artículo 2 de la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018, de “28 de febrero de 2019″ por “30 de abril de 2019”. II. Se modifica el segundo párrafo del Parágrafo V del Artículo 2 de la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018, con el siguiente texto: “Los sujetos pasivos con procesos administrativos tributarios impugnados en la vía administrativa o judicial, para acogerse a lo dispuesto en los Parágrafos precedentes del presente Artículo, previamente deberán presentar su desistimiento por el total o una parte de los adeudos tributarios y/o multas que deseen acogerse a los beneficios establecidos en la presente Ley.”. (…). V. Se modifica el Artículo 2 de la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018, incorporando el Parágrafo VIII, con el siguiente texto: “VIII. El incumplimiento de las facilidades de pago por deudas tributarias, dará lugar a la pérdida de los beneficios establecidos en la presente Ley, en cuyo caso el saldo del tributo omitido pendiente de pago, deberá ser calculado y pagado de acuerdo al Artículo 47 de la Ley 2492, más las multas de Ley que correspondan al saldo de las cuotas incumplidas. En el caso de incumplimiento de facilidades de pago de las multas distintas a las previstas en el Parágrafo I, el saldo de las mismas será pagado sin los beneficios establecidos en la presente Ley.” 

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aitÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Posteriormente, la Ley 1172, de 02 de mayo de 2019: en su artículo único; dispuso: “La presente Ley tiene por objeto establecer un nuevo periodo de regularización en el pago de deudas y multas de dominio tributario nacional, desde el 1 de mayo hasta 28 de junio de 2019, bajo las mismas condiciones establecidas en el párrafo segundo del Parágrafo I, Parágrafos II, III, IV, V, VI, Vil y VIII del Artículo 2 de la Ley N° 1105 de 28 de septiembre de 2018, modificada por la Ley N° 1154 de 27 febrero de 2019″. 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 14 de abril de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el PIET 703300734215, de 7 de diciembre de 2015, el cual dispuso que conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se inicio a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas del IVA y del IT de periodos y gestiones 2013, 2014 y 2015, otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 181-182 de antecedentes). En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con otro PIET N° 703300734315, de 7 de diciembre de 2015, el cual dispuso que conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se inicio a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas del IT e IUE de periodos y gestiones 2013, 2014 y 2015, otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 201-202 de antecedentes). 

Posteriormente, el 3 de mayo de 2018, la Administración Tributaria procedió a notificar por cédula a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 311870000977, de 27 de febrero de 2017, el cual instruyó el inició del sumario de acuerdo a lo establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago por el importe no pagado de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 en las siguientes Declaraciones Juradas: 

ISO 9001| MH.UÍJ4ÜÜULUI 

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Sigla del impuesto 

De Orden de la DDJJ 

Cuadro

Periodo 

fiscal 

Fecha de 

presentación 

Importe en Bs. 

1 IVA 7061382761 6/2016 19/7/2016 1.930 2 IT 7061382954 6/2016 19/7/2016 16.302 3 IT 7062112794 7/2016 19/8/2016 10.941 4 IT 7062757189 8/2016 19/9/2016 16.470 5 IVA 7063520209 9/2016 19/10/2016 56.874 6 IT 7063520254 9/2016 19/10/2016 18.643 7 IVA 7064324065 10/2016 21/11/2016 82.608 8 IT 7064324169 10/2016 21/11/2016 21.027 9 IT 7064994434 11/2016 19/12/2016 7.396 10 IVA 7065934282 12/2016 19/1/2017 21.839 11 IT 7065934679 12/2016 19/1/2017 13.184 12 IVA 7066638234 1/2017 20/2/2017 5.626 13 IT 7066639980 1/2017 20/2/2017 7.633 14 IT 7067238649 2/2017 18/3/2017 10.811 15 IVA 7067975777 3/2017 18/4/2017 3.763 16 IT 7067970546 3/2017 18/4/2017 10.042 17 IUE 7068445012 12/2016 2/5/2017 177.982 18 IVA 7068978988 4/2017 19/5/2017 12.876 19 IT 7068979385 4/2017 19/5/2017 6.948 20 IT 7069619911 5/2017 19/6/2017 7.457 TOTAL 510.352.- 

(fs. 62-67 de antecedentes). 

El 25 de mayo de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331870001397, de 26 de abril de 2018, el cual dispuso que conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se inicio a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas contenidas en el cuadro N° 1, otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 69-70 de antecedentes). 

Continuando con la compulsa documental se tiene que el 13 de junio de 2018, la recurrente mediante nota solicitó refinanciamiento de planes de pago vigentes con Resoluciones Administrativas 201770001228 y 201770000762 a 60 meses, como dispone normativa contenida en la RND 10-0020-16, y también solicitó se direccione el pago de la empresa PETREX S.A. SUCURSAL Bolivia para completar la garantía y cuota de los PIET 703300928916 y PIET 331870001398, pago total deuda, como lo indica, asimismo señaló la presentación de nota fiscal girada a PETREX S.A. el 2 de mayo para su efectivización de pago el día miércoles 13 de junio de 2018, autoriza el cobro de la mencionada factura al Servicio de Impuestos Nacionales, 20 de 28

ait! 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

consiguientemente, pidió que la mensualidad correspondiente a los periodos de mayo y junio de la RA 702000128916, se cancele la totalidad del saldo a pagar de este plan de pago (fs. 72-74 de antecedentes). 

Consiguientemente, el 15 de junio de 2018, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/04525/2018, solicitó embargo, retención y remisión de pagos por las deudas tributarias contenidas en los PIET N° 703300928916, 331870001397 y 331870001398 (fs. 84 de antecedentes). 

Continuando se tiene que el 30 de agosto de 2018, la recurrente mediante nota solicitó refinanciamiento de planes de pago vigentes con Resoluciones Administrativas N° 201770001228 y 201770000762 a 60 meses como dispone la normativa contenida en la RND 10-0020-16, y también solicitó se direccione el pago de la empresa PETREX S.A. SUCURSAL Bolivia para completar la garantía y cuota de los PIET 703300928916 y PIET 331870001398, pago total deuda, como indica, asimismo señaló la presentación de nota fiscal girada a PETREX S.A. el 2 de mayo para su efectivización de pago el día miércoles 13 de junio de 2018, autoriza el cobro de la mencionada factura al Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 72-74 de antecedentes). 

De manera posterior, el 22 de octubre de 2018, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria audiencia para explicar su situación tributaria para beneficiarse con la Ley 1105, con planes cancelados a la fecha y que con el objeto de regularizar sus deudas pendientes con el fisco en el marco de la Ley 1105 pueda explicar puntualmente que temas pendientes debe regularizar la Administración Tributaria con terceros (fs. 242 de antecedentes y fs. 19 del expediente) y en la misma fecha, la recurrente mediante nota solicitó la modificación de componentes de la deuda tributaria en facilidades de pago en el marco de la Ley 1105 y pidió al departamento encargado, emita Resoluciones Administrativas complementarias otorgando los beneficios que franquea la Ley 1105 sobre las cuotas restantes, vale decir, sin interés y con la reducción del 80% y, por otra parte, que el departamento de cobranza coactiva realice la liquidación en el marco de los beneficios que franquea la Ley 1105 sobre las cuotas programadas en las facilidades de pago sin interés y con la reducción del 80% a fin de poder evidenciar de manera 

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física y en el aplicativo de seguimiento de facilidades de pagos y mediante la oficina virtual (fs. 243 de antecedentes y fs. 17-18 del expediente). 

Al año siguiente, el 18 de abril de 2019, la recurrente mediante nota de referencia: “denuncia negligencia en solicitud de regularización de deuda tributaria Ley 1105″, señaló en su petitorio que el personal a cargo de cobranza coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz I actuó de manera deficiente y negligente, incumpliendo y vulnerando su derecho constitucional a la petición según el art. 24 de la Constitución Política del Estado, asimismo señaló que se le pretende sancionar por un incumplimiento causado por su mismo personal, vulnerando el debido proceso y que en el marco de política de calidad del Servicio de Impuestos Nacionales no se cumplió con el plazo para la respuesta oportuna, es más señaló que no se le respondió la solicitud formal efectuada en el marco de la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018, y solicitó que se pueda realizar las gestiones correspondientes a fin de reactivar la facilidad de pagos de las Resoluciones Administrativas N° 201770000762, de 17 de abril de 2017 y 201770001228, de 28 de junio de 2017, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1105 modificada por la Ley 1154 de 27 de febrero de 2019, citó el parágrafo V y solicitó se pueda realizar una nueva facilidad otorgándole los beneficios que no fueron proporcionados en las leyes citadas (fs. 232-236 de antecedentes). 

Finalmente, el 24 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó por Secretaría a la recurrente con el Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019, el cual señaló y concluyó que la contribuyente ya gozaba de los beneficios de la Ley y omitió el pago de su cuota mensual en el marco de las Leyes 1105, de 28 de septiembre de 2018 y 1154, de 27 de febrero de 2019, y que no se estaría vulnerando ningún derecho, y que los actos administrativos emitidos dentro del proceso de ejecución tributaria en contra del contribuyente están enmarcados en la normativa legal vigente, por lo tanto, la Administración Tributaria se encuentra facultada para continuar y ejecutar los procesos de ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios en mérito a las específicas facultades de cobro coactivo establecidas en los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 262-265 de antecedentes). 

Con carácter previo corresponde señalar que la recurrente en su recurso hizo 22 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

referencia al procedimiento aplicado para las facilidades de pago de orden 16703403478 y 17703400560, y su tratamiento en el marco de la Ley 1105, no así de la facilidad de pago vigente, por lo que corresponde que ésta instancia se pronuncie sobre lo agraviado de acuerdo a lo previsto en el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), por consiguiente, toda vez que la recurrente en su recurso señaló y observó el tiempo de respuesta a su solicitud de 20 de octubre de 2018 y que ante esa falta de respuesta se enteró que el término para acogerse a la Ley 1105 ya se encontraba vencido, al respecto se tiene que, el 13 de junio de 2018, mediante nota solicitó refinanciamiento de planes de pago vigentes con Resoluciones Administrativas N° 201770001228 y 201770000762 a 60 meses, como dispone la normativa contenida en la RND 10-0020-16, y también solicitó se direccione el pago de la empresa PETREX S.A. SUCURSAL Bolivia para completar la garantía y cuota de los PIET 703300928916 y PIET 331870001398, pago total deuda, como lo indica (fs. 72-74 de antecedentes), y de manera posterior, el 22 de octubre de 2018, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria audiencia para explicar su situación tributaria para beneficiarse con la Ley 1105, con planes cancelados a la fecha y que con el objeto de regularizar sus deudas pendientes con el fisco en el marco de la Ley 1105 pueda explicar puntualmente que temas pendientes debe regularizar la Administración Tributaria con terceros (fs. 242 de antecedentes y fs. 19 del expediente), y en la misma fecha, la recurrente mediante nota solicitó la modificación de componentes de la deuda tributaria en facilidades de pago en el marco de la Ley 1105 y pidió al departamento encargado, emita Resoluciones Administrativas complementarias otorgando los beneficios que franquea la Ley 1105 sobre las cuotas restantes, vale decir, sin interés y con la reducción del 80% y, por otra parte, que el departamento de cobranza coactiva realice la liquidación en el marco de los beneficios que franquea la Ley 1105 sobre las cuotas programadas en las facilidades de pago sin interés y con la reducción del 80% a fin de poder evidenciar de manera física y en el aplicativo de seguimiento de facilidades de pagos y mediante su oficina virtual (fs. 243 de antecedentes y fs. 17-18 del expediente). 

Al año siguiente, el 18 de abril de 2019, la recurrente mediante nota de referencia: “Denuncia negligencia en solicitud de regularización de deuda tributaria Ley 1105″, señaló en su petitorio que el personal a cargo de cobranza coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz I actuó de manera deficiente y negligente, incumpliendo y vulnerando su derecho constitucional a la petición según el art. 24 de la Constitución 23 de 28 

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Política del Estado, asimismo señaló que se le pretende sancionar por un incumplimiento causado por su mismo personal, vulnerando el debido proceso y que en el marco de política de calidad del Servicio de Impuestos Nacionales no se cumplió con el plazo para la respuesta oportuna, es más señaló que no se le respondió la solicitud formal efectuada en el marco de la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018, y solicitó que se pueda realizar las gestiones correspondientes a fin de reactivar la facilidad de pagos de las Resoluciones Administrativas N° 201770000762, de 17 de abril de 2017 y 201770001228, de 28 de junio de 2017, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1105 modificada por la Ley 1154 de 27 de febrero de 2019, citó el parágrafo V y solicitó se pueda realizar una nueva facilidad otorgándole los beneficios que no fueron proporcionados en las leyes citadas (fs. 232-236 de antecedentes). 

A tal efecto, la Administración Tributaria en respuesta, el 24 de abril de 2019, notificó por Secretaría a la recurrente con el Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019, en ese contexto, atendiendo lo que observa la recurrente se verificará si la Administración Tributaria emitió un acto administrativo debidamente fundamentado y motivado en su decisión, respecto a los aspectos y argumentos planteados por el solicitante en sus memoriales de 13 de junio y de 22 de junio de 2018, en ese entendido se tiene que sobre el memorial de 13 de junio de 2018, el acto impugnado en el párrafo tercero de la pág. 3 señaló que mediante Proveído CITE: GDSCZ l/DRE/PROV/00190/2019, de 4 de febrero de 2019, notificado el 6 de febrero de 2019, se indicó que: “no procede la ampliación de cuota debido a que el saldo de la deuda tributaria, se encuentra dentro de la vigencia de la presente ley”, ahora bien respecto a las solicitudes de 22 de octubre de 2018, evidentemente la recurrente ante una falta de respuesta realizó una nota dirigida a la Presidencia Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, presentada el 18 de abril de 2019, en la que refirió: “denuncia negligencia en solicitud de regularización de deuda tributaria Ley 1105″, misma que dio origen al Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019, que hoy es impugnado, en cuyo contenido expuso dos reportes referidos a un reajuste en el sistema de todas facilidades de pago vigente, obtenidos de la oficina virtual, el primero, referido a la facilidad de pago con de Resolución 201770000762, de 17 de abril de 2017, y el segundo reporte correspondiente a la facilidad de pago con de Resolución 201770001228, de 20 de agosto de 2017, señaló asimismo que la facilidad de pago con de orden 18703401261 se encuentra vigente y cuenta con 24 de 28

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución Administrativa complementaria CITE/GDSCZI/DJCC/TJ/RA/2680/2019 notificada el 20 de marzo de 2019, asimismo, expuso mediante un cuadro las facilidades de pago incumplidas en las fechas correspondientes y la vigente, por lo que al amparo de lo establecido en el parágrafo Vil del art. 2 de la Ley 1105 modificado por la Ley 1154 de 27 de febrero de 2019, la Sentencia Constitucional 0287/2003-R y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1787/2017, de 26 de 2017, concluyó que la contribuyente ya gozaba de los beneficios de la Ley y omitió el pago de su cuota mensual en el marco de las Leyes 1105, de 28 de septiembre de 2018 y 1154, de 27 de febrero de 2019. 

De lo expuesto, evidentemente ante una falta de respuesta oportuna a los memoriales de 22 de octubre de 2018, la recurrente tuvo que dirigirse a la Presidencia Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales mediante memorial de 18 de abril de 2019, y recién la Administración Tributaria dio una respuesta de manera extemporánea que engloba los aspectos planteados en dichos memoriales de octubre de 2018, ante lo cual cabe señalar que si bien la respuesta de la Administración Tributaria no procedió a emitir oportunamente una respuesta, no obstante, ya emitió una respuesta, la cual fue otorgada mediante el acto impugnado, por lo que tal omisión extemporánea deberá resolverse en la esfera de las responsabilidades por la función pública prevista en la Ley 1178, por lo que no se constituye en una causal de nulidad que retrotraiga el proceso. 

Con relación a lo reclamado por la recurrente cuando hace referencia a la contradicción en el procedimiento, toda vez que la Administración Tributaria actuó dando respuesta, otorgando los beneficios de la Ley 1105, en el caso de la facilidad de pago con número de orden N° 18703401261 a través de la Resolución Administrativa complementaria CITE/GDSCZ l/DJCC/TJ/RA/2680/2019, de 15 de marzo de 2019, notificada en Secretaria el 20 de marzo de 2019, prescindiendo del procedimiento establecido en las facilidades de pago de orden 16703403478 y 17703400560, cabe señalar que la Ley 1105 dispone un período de regularización para el pago de deudas y multas de dominio tributario nacional, en el que los sujetos pasivos pueden acogerse a sus alcances de forma voluntaria, el mismo establece los alcances y el procedimiento de su aplicación, por lo que la citada Ley ni sus modificaciones establecen que la Administración Tributaria para otorgar los beneficios a dicha Ley deba emitir una Resolución Administrativa complementaria y que deba 25 de 28 

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ser de conocimiento de los contribuyentes, más bien la Administración hoy recurrida señaló que los beneficios otorgados por la Ley 1105, ya fueron aplicados por sistema, lo cual es reconocido por la recurrente cuando señaló en su recurso que: “(…) si bien se modificó mediante sistema el monto de las cuotas de la facilidad de pago, dicho acto no se ajusta al procedimiento legal vigente y no constituye un medio válido, como es el caso de la Resolución Administrativa complementaria, acto administrativo que pone en conocimiento al contribuyente del otorgamiento efectivo de los beneficios de la normativa tributaria, máxime cuando en otros casos como es el de la facilidad de pago con número de orden N° 18703401261, dichos beneficios fueron puestos en conocimiento del contribuyente a través de la Resolución Administrativa complementaria CITE/GDSCZ l/DJCC/TJ/RA/2680/2019, de 15 de marzo de 2019.”. 

Por consiguiente, tal y como señaló la Administración Tributaria en su defensa la misma contribuyente en su impugnación señaló en sus antecedentes: “(…) sobre las cuotas programadas en las facilidades de pago sin interés y con la reducción del 80% a fin de poder evidenciar de manera física en el aplicativo de seguimiento de facilidades de pagos que se evidenció mediante su Oficina Virtual”. Lo cual es una admisión de que la contribuyente pudo demostrar desde el primer momento a través del Portal Oficina Virtual de la página del Servicio de Impuestos Nacionales, que las cuotas de sus Facilidades de Pago se reajustaron para cumplir lo dispuesto por la Ley 1105, no siendo un requisito para ello la elaboración de nota, proveído o Resolución que señale la aplicación de los beneficios de la Ley 1105 sobre las facilidades de Pago de todos los contribuyentes que tenían al momento de promulgación de la Ley referida una Facilidad vigente, de acuerdo a lo señalado en el parágrafo IV del art. segundo de la Ley 1105, de 28 de septiembre de 2018 y al respecto se tiene a bien aclarar que la recurrente no debió depender de las respuestas a sus memoriales de 22 de octubre de 2018, para el cumplimiento de sus cuotas, pues el procedimiento no lo establece, como se explicó de manera anterior, esto es que se emita una respuesta formal para gozar de los beneficios de la Ley 1105, sino más bien, que se aplicó de oficio los beneficios en todas su facilidades, conforme la misma recurrente admitió en su recurso de impugnación, al evidenciarse que el Sistema de la Administración Tributaria realizó el recalculo del monto de sus facilidades de pago. 

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AHÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

De lo descrito precedentemente, se tiene a bien señalar que el contenido del acto ahora impugnado, otorgó una respuesta a la recurrente, y resultó evidente que la Administración Tributaria en su contendido englobó y contestó a sus planteamientos y expuso las razones por las cuales sostuvo su posición en lo que se refiere a la aplicación de los beneficios de la Ley 1105 sobre las Facilidades de Pago de orden 16703403478 y 17703400560, y en cuanto a la observación referida a la falta de la emisión de una Resolución Administrativa complementaria como se indicó de manera anterior la Ley no ha previsto la obligatoriedad de su emisión como condicionante para gozar de los beneficios de la Ley 1105 y sus modificaciones, y siendo de conocimiento de la recurrente las modificaciones por sistema a sus cuotas como ella misma lo reconoció debió continuar pagando a objeto de no incurrir en incumplimientos y adecuar su actuar en lo previsto en el parágrafo Vil del art. 2 de la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018, modificado por la Ley 1154 de 27 de febrero de 2019, por lo que corresponde confirmar el Proveído impugnado. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR el Proveído 241970000757, de 24 de abril de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, de acuerdo a los argumentos sostenidos a lo largo de los fundamentos técnicos jurídicos que anteceden, se recomienda de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Director Ejecutiva Regiona 

Autoridad Regional de opugnación Tributaria Santa Cruz 

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/acq/fmmb. 

ARIT-SCZ/RA 0087/2020 

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