ARIT-SCZ-RA-0086-2020 No presentación de documentos contables afirman las observaciones a CF

ARIT-SCZ-RA-0086-2020

AITí\ 

autoridad de 

Impugmación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0086/2020 

Empresa Unipersonal Consultora Orsini, 

representada por Arturo Orsini Zegada. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Eufronio 

Camacho Vega. 

Resolución Determinativa N° 

171970002559, de 26 de septiembre de 

ARIT-SCZ-0809/2019. 

Santa Cruz, 17 de enero de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Recurrido 

Acto Impugnado 

Expediente Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0086/2020 de 17 de enero de 

2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

  1. Acto Administrativo impugnado 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Determinativa 171970002559, de 26 de septiembre de 2019, que resolvió determinar de oficio la Deuda Tributaria del contribuyente Osini Zegada Ramón Arturo, por un monto total de 

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18.439 UFV’s, equivalentes a Bs42.712.- (Cuarenta y dos mil setecientos doce 00/100 Bolivianos), que incluyen Tributo Omitido Actualizado, intereses y sanción del 100% por Omisión de Pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA – Crédito Fiscal), emergente de la Orden de Verificación Externa N° 18990207525 que tiene incidencia en el periodo fiscal de octubre de la gestión 2017, Deuda Tributaria que fue calculada desde la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión de la presente resolución, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812, de 30 de junio de 2016. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de la Recurrente. 

Empresa Unipersonal Consultora Orsini, representada por Arturo Orsini Zegada, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2019 (fs. 38-40 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 171970002559, de 26 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Gerencial Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Falta de valoración de descargos. 

La recurrente argüyó que existen documentos que presentó como descargos a la Vista de Cargo, entre los cuales se encuentra el LIBRO de COMPRAS, empero esta prueba no fue valorada ni analizada en el acto impugnado, es decir no se le entrego ningún valor jurídico probatorio a la misma, incurriendo de esta forma en una falta de motivación de la Resolución Determinativa, puesto que la valoración de la prueba es determinante debido a que respalda las compras realizadas, razón por la cual denunció la falta de pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria, por lo que la Resolución Determinativa ahora impugnada carece de los requisitos establecidos en el num. II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), asimismo, respecto a los documentos presentados antes de la emisión de la Vista de Cargo, los mismos fueron rechazados en la Resolución Determinativa con el único argumento de que se constituye documentación contable incongruente (código 1, pág. 4 de la RD), sin dar mayor explicación, ni razones técnicas ni jurídicas por las cuales se consideran 2 de 31

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

incongruentes, puesto que el Servicio de Impuestos Nacionales al solicitar información documentada a través de las ordenes de verificación, tiene la obligación de analizar cada una de ellas y manifestar las razones técnicas y jurídicas por las cuales las descarta, aspecto que en el presente caso no sucedió. 

11.1.2. Inexistencia de los cargos determinados en la Resolución Determinativa. 

La recurrente señaló que sobre la factura 5036, la Administración Tributaria observa la misma en el sentido de que el proveedor no habría realiza ninguna actividad económica, sin embargo, dicha factura se encuentra debidamente dosificada por el mismo Servicio de Impuestos Nacionales, y en ninguna de sus partes la Resolución Determinativa, más propiamente en el Código 2, sustenta con fundamentos de hecho, 

cuando fueron las verificaciones realizadas y donde se las practico, siendo que el proveedor cerro su N.I.T. en el mes de septiembre de la gestión 2018, por lo que lo argumentado no se encuentra debidamente fundamentado pues no se tiene la certeza de los detalles y/o actos de la supuesta verificación del domicilio y/o actividad del proveedor por parte de la Administración Tributaria, y si bien la carga de la prueba le corresponde al sujeto pasivo, no obstante es un abuso pretender que su persona tenga 

que probar la existencia del proveedor, cuando ese aspecto se encuentra supeditado a las funciones del Servicio de Impuestos Nacionales. 

Asimismo, argumento que la Administración Tributaria refiere que no se demostró con documentación idónea el flujo de la caja, y que la caja se encontraba con saldo negativo hecho que no le permitía realizar compras o gastos en el mes de octubre de 2017, análisis que realiza del Libro Mayor presentado el 24 de julio de 2010, no obstante a ello, si bien tuvo problemas contables con la persona que realizaba los registros, el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), únicamente requiere que los créditos impositivos a los que se requiere acceder sean respaldados por algunos de 

los documentos mencionados en la citada norma, entonces al haber presentado las HH5 

facturas cumplió con lo previsto en los referidos nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y que con relación a los arts. 36, 37 y 44 del Código de Comercio, citado por el Servicio de Impuestos Nacionales, considera que si bien se exigen los registros contables y la obligatoriedad de los mismos, no es menos cierto que ante aquella falencia o deficiencia que puedan tener las empresa o los “comerciantes”, no existe 

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un régimen de sanciones ante la falta de aquellos documentos (libros), por lo que en aplicación del art. 70 num. 4 de la Ley 2492 (CTB), se puede realizar el descargo del valor agregado para beneficiarse del crédito fiscal con documentos legales y verifi cables. 

Manifestó que la Administración Tributaria sustenta la Resolución Determinativa por el supuesto incumplimiento de los num. 70 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con los arts. 36, 37 y 44 del Código de Comercio, vinculados estrictamente a que no se demostró la transacción realizada ya que se contaba con un saldo negativo en la caja en moneda nacional, empero y como se señaló precedentemente el Código de Comercio sí bien establece obligaciones por registros, estos no son sancionados, además que el art. 70 num. 4, le permite comprobar y respaldar sus actividades con otros documentos. 

De igual forma, si bien la Administración Tributaria establece que para respaldar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, deben cumplirse con tres (3) requisitos que transcribió en la Resolución Determinativa y que son: 1. Estar respaldado con la factura original. 2. Que la compra se encuentre vinculada a la actividad gravada, y 3. Que la transacción se haya realizado efectivamente (RESOLUCIÓN JERÁRQUICA STG-RJ/0064/2005, STG-RJ/0220/2006), al respecto los dos primeros requisitos no fueron cuestionados, sin embargo, sobre el tercer requisito argumentó que los materiales que fueron objeto de compra a través de las Facturas Nos. 2319, 2439, 2535 y 5036, fueron debidamente adquiridos, aspecto demuestra con el contrato suscrito por la consultora ORSINI dentro el “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO FASE II – 2017 SANTA CRUZ, suscrito con la Agencia Estatal de Vivienda en el cual se han construido ochenta y tres (83) viviendas en las que la Consultora ORSINI realizó actividades vinculadas estrictamente a la compra de los materiales de construcción a través de las facturas que ahora se han observado, quedando plenamente demostrado que las transacciones que son dudosas para el Servicio de Impuestos Nacionales quedan desvirtuadas, puesto que en la construcción de las ochenta y tres (83) viviendas se han efectivizado la utilización de los materiales que son extrañados por la Administración Tributaria, haciendo notar que dicha obra se realizó desde el mes de junio de 2017 hasta la entrega en el mes de enero de 2018, 

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es decir, que para el periodo 10/2017 se encontraba en plena ejecución la obra con los materiales obtenidos a través de las facturas observadas. 

Agregó que las Resoluciones Jerárquicas de la Autoridad de Impugnación Tributaria no son vinculantes, puesto que no existe una norma que así lo disponga, por lo tanto, los entendimientos deben servir para generar únicamente parámetros indicativos, no constituyéndose en normas taxativas que puedan ser aplicadas en contra del contribuyente como en el presente caso, razón por la cual en aplicación al principio rector del derecho administrativo sancionador como es la TAXATIVIDAD es invíable que se pueda invalidar la notas fiscales por no cumplir con normas del Código de Comercio (libros de registro), siendo que solo deben considerarse las normas tributarias vigentes, más aun cuando se ha demostrado que los bienes adquiridos fueron efectivizados, es decir, que el hecho generador SI EXISTIÓ. 

Por lo expuesto, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa impugnada. 11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 28 de octubre de 2019 (fs. 41 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa N° 171970002559, de 26 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 19 de noviembre de 2019 (fs. 46-54 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

11.3.1. Sobre la falta de valoración de descargos. 

La Administración Tributaria hizo énfasis a la Sentencia Constitucional 2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, señaló que la Resolución Determinativa impugnada fue emitida cumpliendo todos los requisitos exigidos por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), 5 de 31 

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sin carecer de falta de motivación ni fundamentación, siendo que en su pág. 8 hace mención a la documentación presentada por la recurrente mediante NUIT 11801/2019, indicando: “Libro de compras, resaltando las facturas observadas y rectificadas los errores en el número de autorización y número de factura y su respectivo envío”, siendo que el Libro de Compras y Ventas es el registro de las facturas y/o documentos equivalentes de compras y ventas relacionadas a la actividad, efectuadas en un determinado periodo, misma que la contribuyente ha llenado, corregido y enviado a través del aplicativo Facilito, sin embargo, por sí sólo no es un elemento que demuestre de forma indubitable la realización de la transacción, por ello la Resolución Determinativa no hace una mención más ampulosa sobre el mismo, siendo que su función es la de ser registro de la información de las facturas o notas fiscales que el contribuyente declara en su Formulario 200 (IVA), teniendo en cuenta que como Administración Tributaria tiene acceso al mismo, siendo producto del cruce de información y por ende un punto de partida para determinar que facturas pueden presentar inconsistencias con la información proporcionada por los proveedores, por lo que los descargos presentados fueron valorados adecuadamente, empero no correspondía una mención especial respecto a los libros de compras presentados, debido a que los mismos simplemente contenían los datos de las facturas de compras del contribuyente en la cual se resaltaba las facturas observadas con la rectificación de los números de autorización y su número de factura, datos que debían ser respaldados por la documentación contable presentada con ella, y si bien la impetrante señaló que el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), le permite respaldar la transacción con otros documentos, estos no son presentados, siendo que conforme se señala en la Resolución Determinativa: 1) Los comprobantes de egreso presentan diferente información entre los presentados el 11 de julio de 2019 mediante Acta de Recepción y los presentados mediante NUIT 11801/2019, no hacen más que demostrar la poca fiabilidad de la información contable del recurrente. 2) El Libro Diario del mes de octubre sólo se refiere a las notas fiscales observadas, por lo cual es una información parcial y suprimida por el mismo recurrente, por lo cual no refleja a cabalidad las transacciones efectuadas, contraviniendo lo establecido en el art. 44 de la Ley 14379 Código de Comercio. 3) El Libro Mayor, registra un saldo en la Cuenta Caja moneda Nacional que sería insuficiente para cubrir los pagos de las notas fiscales observadas y demás compras realizadas en el mes de octubre, al tratarse de un saldo negativo, y si bien se señala que los pagos habrían sido realizados en efectivo lo cual no tenía a 6 de 3 l

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disposición, por lo que no se demuestra documental y contablemente el pago de las compras realizadas, es decir, no se demuestra la efectiva realización de la transacción, aspectos que demuestra que la Resolución Determinativa expone de manera clara los hechos que dieron origen y los que se desarrollaron a lo largo del proceso de determinación, señalando la normativa legal en la cual se basan y teniendo en cuenta la jurisprudencia establecida al momento de aplicarla. 

11.3.2. Sobre la inexistencia de los cargos determinados en la Resolución Determinativa. 

La entidad recurrida citando la Sentencia Constitucional Plurinacional 0284/2019-S4, de 29 de mayo de 2019, señaló que es obligación del recurrente como contribuyente el demostrar la procedencia y su derecho al crédito fiscal, como claramente indica la normativa en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que “constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registro generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. 8. Conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibiry poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera.”, no siendo correcto la afirmación del recurrente de que como Administración Tributaria no habría realizado sus facultades de verificación del domicilio del proveedor “Ciro Pérez”, siendo que como es de conocimiento de la población, que el Servicio de Impuestos Nacionales tras realizar una minuciosa investigación tributaria presentó el 12 de septiembre de 2019 ante la Fiscalía Departamental, una denuncia por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado contra una red de comercializadores de facturas al haberse detectado que emitían facturas sin la efectiva realización de la transacción entre los cuales se encuentra el proveedor de la Factura 5636 señalada por el recurrente, considerando que este caso en específico, la dirección de la casa matriz que se 7 de 31 

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señala en la Factura 5636 es: Av. 5to anillo, Zona/Barrio Alto Olivo UV: 107 MZA: 0048, ante lo cual se realizó la verificación de dicho domicilio, teniendo conocimiento por parte de una vecina, Pastora Cuellar quien afirmó desconocer a Ciro Pérez y que no funcionaba ningún negocio de ferretería en el lugar, siendo el único negocio anterior un salón de belleza de la propietaria Victoria Torrez Zambrana a quien mediante nota se solicitó información respecto al contrato de alquiler que hubiese suscrito con Ciro Pérez, obteniendo como respuesta una nota de 28 de septiembre de 2018, la cual está signada con NUIT 13684, en la cual señala: “(…) mi persona jamás firmó un documento de alquiler o arrendamiento con el señor Ciro Pérez con cédula de identidad N° 13077936, respecto a mi inmueble de la Avenida 5to anillo N° 5810 Zona/barrio: Alto Olivo UV 107 Mza. 48″, y que de igual forma se contactó con el supuesto proveedor Ciro Pérez, quién conforme se evidencia en el acta de acciones y omisiones de 10 de septiembre de 2018, afirmó que la entrega de sus productos la realizaba en el noveno anillo, alquilando un almacén en la Santos Dumont, quedando con ello desvirtuada las aseveraciones del recurrente, toda vez que la Administración Tributaria ejerció correcta y oportunamente sus amplias facultades de verificación al momento de depurar el crédito fiscal contenido en las notas fiscales observadas en la Orden de Verificación 18990207525, debiendo en consecuencia como sujeto pasivo demostrar la efectiva realización de la transacción y al no hacerlo corresponde que sea depurado el crédito fiscal contenido en la Factura 5636. 

Asimismo, haciendo hincapié a los Autos Supremos Nos. 767/2013, 477/2012, 293/2013, la Sentencia Suprema 220/2017, y las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0394/2009 y 1438/2013, argüyó que la contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara, debe cumplir y demostrar tres presupuestos legales necesarios, esenciales y concurrentes, que son: 1) La existencia de la factura, nota fiscal o documento equivalente por la cual se perfecciona el hecho imponible del IVA conforme establece el art. 4. a), concordante con el art. 8. a), de la Ley 843, dicho documento mercantil emitido por quien transfiere el dominio con la entrega del bien o acto equivalente, deberá ser presentado en original, 2) Que la compra o adquisición tenga vinculación con la actividad gravada de acuerdo a lo establecido en el art. 8 inc. a), de la Ley 843, y 3) LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE LA TRANSACCIÓN, es decir, que se perfeccione con el pago de la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 8 de 31

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

843, concordante con el art. 8 del DS 21530, Resolución que establece que el primer y último requisito, están estrechamente ligados a los medios fehacientes de pago, añadiendo que: “… es insuficiente presentar la factura como prueba, el instrumento fidedigno que dio nacimiento al hecho generador, debe ser respaldado contablemente, es decir deberá estar registrado obligatoriamente en los libros contables – susceptibles de ser verificados – establecidostanto en el Código Tributario como en el Código de Comercio. Asimismo, para la comprobación de la realización efectiva de la transacción, también ésta, deberá estar materialmente documentada (…) los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios, deberán estar respaldados a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera.”. 

Agregó que la normativa es clara en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), al señalar las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre ellas, la de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, entre otros documentos y/o instrumentos públicos; así como el de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, considerando que UNO DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA CONTABILIDAD PARA QUE SEA FIABLE, ES QUE SEA VERIFICABLE, por lo que todo registro contable debe contar con documentación de respaldo que permitan verificar todo el ciclo de la transacción de compra desde el inicio hasta su ingreso a almacenes, debiendo generar certeza y demostrar que la transacción realmente ocurrió, situación que en el presente caso no paso, toda vez que por lógica simple, una empresa que consigna saldo negativo estaría imposibilitada de hacer adquisiciones, mucho menos si fuesen en efectivo, por lo que correspondía a la recurrente demostrar la obtención de fondos para la adquisición (compras) y demostrar que efectivamente recibió la mercadería y entregó el respectivo pago, no pudiendo pretender sólo con la presentación de sus facturas que se valide el crédito fiscal, siendo incorrecta la pretensión de que se estaría cumpliendo con lo previsto en el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), más si se tiene en cuenta que la Ley 2492 (CTB) en su art. 76 señala claramente que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismo s(…).”. 

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Manifestó que, la normativa en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, Ley 14379, claramente establece la obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización con el fin de demostrar la situación de sus negocios; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público, de igual forma el art. 44 del Código de Comercio dispone que el registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y de sus importes, con indicación de las personas que intervengan en los documentos que la respalden. 

Describiendo el art. 54 de la RND 10-0021-16, de 01 de julio de 2016, indicó que la apropiación del crédito fiscal depende de dos aspectos: 1) Formal.- Por el cual, la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07 en su art. 41 parágrafo I condiciona la validez del crédito fiscal estableciendo: “Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: a) Sea el original del documento (…)”, comprendiendo que, ante la ausencia de uno de los requisitos establecidos en dicha normativa, la Administración Tributaria descarta su procedencia; y 2) Sustancial.- Del cual, la Ley 843 en su art. 4 inc. a) señala taxativamente que: “En el caso de ventas, sean estas al contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente”, siendo que además el art. 12 prevé que toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo a crédito fiscal alguno, es decir, que por imperio de la Ley la contribuyente durante la transferencia del bien debió respaldar la transacción efectivamente realizada en ESE MOMENTO (gestión y periodos), mediante la respectiva nota fiscal, cuya omisión impide y suprime el derecho al cómputo del crédito fiscal que ahora pretende apropiarse, por ello en la pág. 3 de la 10 de 31

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Resolución Determinativa impugnada, se señala la normativa legal respecto a la cual todo contribuyente debe cumplir para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal, aspecto que no fue cumplido por la contribuyente, así como tampoco presentó otra documentación que respalde su derecho al crédito fiscal. 

De igual forma, indicó que el contrato del Proyecto de Vivienda Cualitativa no fue ofrecido y mucho menos presentado por la recurrente como prueba durante el proceso de verificación realizado, por ello, en aplicación a lo establecido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), el mismo debe ser rechazado al no cumplir con los requisitos de apreciación, pertinencia y oportunidad de prueba, toda vez que al tratarse de un contrato suscrito por la misma contribuyente, no puede argumentar su presentación como “prueba de reciente obtención”; y sobre el saldo negativo, argüyó que la documentación contable demuestra que el saldo anterior al mes de octubre de la cuenta Caja moneda nacional del recurrente era de Bs691.- (Seiscientos noventa y un 00/100 Bolivianos), monto que es claramente insuficiente para cubrir los pagos posteriores a esa fecha, y si bien pretende señalar que dichos pagos se realizaron en efectivo, lo cual no tenía disponible según su propia contabilidad, en consecuencia, no se demostró de manera documentada y contable la fehaciente materialización de los pagos a los proveedores de las facturas observadas, y sobre la vinculatoriedad de las Resoluciones Jerárquicas, las mismas componen un lineamiento que debe seguirse y aplicarse en casos similares, esto para garantizar una objetiva aplicación de la norma, que no puede interpretarse de manera distinta en casos similares. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente la Resolución Administrativa impugnada. 

II.4 Apertura de término probatorio 

Mediante Auto de 20 de noviembre de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida en la misma fecha (fs. 55-56 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 10 de diciembre 2019, la Administración Tributaria con memorial presentado el 28 de noviembre de 2019, 11 de 31 

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presentó y ratificó en calidad de prueba todo el expediente administrativo presentado en su contestación (fs. 57 del expediente). 

Por su parte, la recurrente mediante memoriales presentados el 10 y 26 de diciembre de 2019, aportó en calidad de prueba cinco (5) carpetas familiares que corresponden al proyecto vivienda cualitativa en el municipio de San Miguel de Velasco Fase (III) 2017 Santa Cruz; copia legalizada de la Minuta de Contrato Administrativo para la Presentación del Servicio de Consultoría para el “Proyecto de Vivienda Cualitativa en el Municipio de San Miguel de Velasco Fase (III) 2017 Santa Cruz” de 26 de junio de 2017 y Certificado de Cumplimiento de Contrato entidad Ejecutora, suscrito el 17 de abril de 2018; asimismo, hizo suya la carpeta del proceso de fiscalización remitida por la entidad recurrida. Finalmente, el 10 de enero de 2020 a horas 10:30, realizó el juramento de prueba de reciente obtención, conforme consta en Acta (fs. 60-60 vta., 91-91 vta. y 101 del expediente). 

II.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 30 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria con memorial presentado el 23 de diciembre de 2019, presentó alegatos, reiterando sus argumentos expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 64- 67 vta. del expediente). 

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2019, presentó alegatos escritos, señalando que respecto a la contestación de la entidad recurrida al Recurso de Alzada, el Código 2 de las observaciones de la Resolución impugnada que ratifica la Vista de Cargo se sustenta principalmente en que se habría verificado que el proveedor de la Factura N° 5636 no desarrolla ninguna actividad económica y por ende la transacción no se ha efectivizado, empero NO EXISTE NINGUNA CONSTANCIA de que el Servicio de Impuestos Nacionales haya realizado las acciones que indican en la contestación y en la cual hace referencia a varios intercambios de notas que dicho sea de paso “NO SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE PROCESAL”, refiriendo NOMBRES DE PERSONAS, supuestos “VECINOS Y PROPIETARIOS” de inmuebles que no tienen ningún sustento probatorio verificable o contrastable, menos cursa un acta de 12 de 31

Ain. 

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Impugnación Tributaria 

verificación o un formulario de verificación, ni algún informe o placas fotografías de los lugares, ni tiempos verificados, refiriendo además que hay denuncias ante el Ministerio Público, lo cual jamás fue consignado en la Vista de Cargo ni en la Resolución Determinativa objeto del recurso, por lo que pretender que la Factura 5636 sea desestimada para el crédito fiscal bajo ese procedimiento totalmente arbitrario es un abuso. Agregando, que el cierre de actividades fue en el periodo 30 de septiembre de 2018, un aspecto por demás observable, empero las supuestas facturas falsas que fue de conocimiento público en la ciudad de Santa Cruz ocurrió en la gestión 2019, entonces la Administración Tributaria al intentar vincular al proveedor de la Factura 5636 con su persona directamente, menciona hechos de la gestión 2019, año en el que el proveedor ya no se encontraba activo, aspecto que demuestra la vulneración del num. 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), asimismo, refirió que en el expediente cursa como prueba aportada el listado de los materiales que fueron entregados a los beneficiarios, entre los materiales se han entregado piso, cemento y ladrillos estos materiales fueron adquiridos a través de las facturas -ahora observadas por la Administración Tributaria, para probar su postulación, haciendo énfasis en el listado de los materiales entregados a las familias que se adjuntaron en originales y que cursan en el expediente, y que en la cláusula QUINTA el componente 2 del Contrato adjunto consiste en la provisión/dotación de materiales, lo cual acredita que las compras de materiales de construcción fueron efectivizados para la realización del proyecto citado líneas arriba; señalando de igual forma que como descargo se encuentra su cuenta personal del Banco Unión 10000019197503, en la que se puede advertir que en el mes de octubre de 2017, tuvo un movimiento por demás activo en cuanto al ingreso de dinero, es más se puede comprobar que los pagos son de la AEVIVIENDA. Finalmente, reiteró sus argumentos expuestos en su memorial de impugnación (fs. 94-97 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

III.1 Antecedentes de hecho. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

13 de 31 nb/iso 

9001 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mánatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mpuruvisa tendodegua mbaeti oñomita mpaerepi Vae (Guaraní) 

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111.1 El 28 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Orden de Verificación N° 18990207525, de 1 de junio de 2018, informándole que en el marco de los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), y 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), se dio inicio al proceso de determinación, en tal sentido la emplazó a presentar la documentación requerida en el término perentorio de diez (10) días hábiles (fs. 9-10 de antecedentes). 

111.2 El 03 de julio de 2018, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de Documentos, recepcionó DD.JJ. F-200 (FJS.01) del periodo oct-17 (Impreso de la Oficina Virtual), Facturas de Compras 2319, 2439, 2535 y 5636 (FJS.04) del periodo oct-17 (Fotocopia cotejado con original), y Constancia de envió LCV y Libro de Compras (FJS-07) del periodo oct-17 (Impresión simple) (fs. 18 de antecedentes). 

111.3 El 11 de julio de 2018, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de Documentos, recepcionó Comprobantes de Egresos N° 01, 02, 03, 04, 05 (FJS.05) del periodo oct-17 (Impreso del Sistema) (fs. 19 de antecedentes). 

111.4 El 28 de julio de 2018, la recurrente con memorial remitió a la Administración Tributaria los estados financieros auditados, correspondiente a la gestión 2018, adjuntando al efecto Balance General, Estados de Resultados, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Origen y Aplicación de Fondos, Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria (15 Anexos) – Form: 500, -Form:605 (fs. 50 de antecedentes). 

111.5 El 26 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el Requerimiento N° 00149941, de 22 de octubre de 2018, con el cual solicitó la presentación extractos bancarios (si corresponden), estados financieros de la gestión 2017, Dictamen y EEFF de Auditoria de la gestión 2017, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de contabilidad (Diario, Mayor- medio magnético si corresponde), Kardex (si corresponde), 

I4de3l

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Inventarios (si corresponde), Bancarización (si corresponde) (fs. 12 y 17 de 

antecedentes). 

.6 El 01 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria con Acta de Recepción de Documentos, recepcionó Comprobante de ingreso 01 (FJS.01) periodo mar-18 (Impreso), Comprobante de egreso 01 y 02 (FJS.02) periodo mar-18 (Impreso), Comprobante de traspaso 03, 04 y 05 (FJS.03) periodo mar-18 (Impreso), Constancia de envió de bancarización y Libro auxiliar de bancarización (FJS.02) periodo G-17 (Fotocopia cotejada con original), Plan de cuentas (FJS.03), periodo oct-17 (Impreso), Libro diario (FJS.04) periodo de 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 (Impreso), 

Libro mayor (FJS.01) periodo de 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 (Impreso), Estados Financieros (FJS.14) periodo mar-18 (Fotocopia cotejado con original), Estados Financieros Auditados (FJS.41) periodo mar-18 (Fotocopia cotejado con original), F-605 Presentación de Estados Financieros y F-500 IUE (FJS.10), periodo mar-18 (Impreso de la Oficina Virtual), Extracto de movimientos (FJS.02) periodos 07/2017 al 31/2017 (Fotocopia cotejado con original) (fs. 20 de antecedentes). 

El 27 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DF/SVE/INF/06561/2019, el cual señala que el alcance de la Orden de Verificación Externa 18990207525, modalidad Verificación Especifica Crédito IVA es la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las Facturas 2319, 2535, 2535 y 5036, declaradas por el contribuyente Orsini Zegada Ramón Arturo, correspondientes al periodo de octubre de la gestión 2017, la cual se determinó sobre Base Cierta, conforme al parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB); señalando que producto del análisis de la documentación presentada por el contribuyente y la información extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT-2), pudo evidenciar que el sujeto pasivo declaro las facturas o notas fiscales, beneficiándose del crédito fiscal, sin respaldar con documentación suficientes, incumpliendo el num. 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo que en aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 y otras 15 de 31 

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disposiciones normativas, el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con: 1. Transacción respaldada con la factura original; 2. Transacción vinculada con la actividad gravada; 3. Transacción realizada efectivamente, respaldada con documentos contables y medios de pago; y, 4. Otros requisitos contemplados en la R.N.D. N° 10.0021.16; no obstante, una vez analizada la documentación e información enviada mediante Software Da Vinci – LCV y la información existente del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-2, procedió a la verificación de las facturas de compras que respalda el crédito fiscal observado, declaradas por el contribuyente en los formularios F-200 de los periodos sujetos a la verificación, evidenciando la existencia de que las facturas no cumplen con los requisitos establecidos en la norma vigente, puesto que las Facturas 2319, 2439, 5036 y 2535, no demuestran la efectiva realización de la transacción, toda vez que los Comprobantes de Egresos solo consignan firma y nombre del contador y no así la firma y los nombres de la persona que autorizó y mucho menos de quien recibió el pago, de igual forma, no fueron presentados los Libros Diarios del periodo correcto, y revisado los registros en el comprobante de egreso, la cuenta como ser “PROVEEDORES POR PAGAR M/N”, contra la cuenta “CAJA MONEDA NACIONAL”, el sujeto pasivo no presentó el Libro Mayor de la cuenta Caja Moneda Nacional para verificar las entradas y salidas reales de dinero, por ende no cierra el ciclo contable, asimismo, los requisitos sustanciales y formales no fueron cumplidos puesto que la documentación no es suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción, habiéndose incumplido con los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con los arts. 36, 37, 44 y siguientes del Decreto Ley 14379 Código de Comercio, por lo que la inexistencia de la prueba da lugar a la falta de credibilidad del crédito tributario que el contribuyente pretende a su favor, considerando que es deber del sujeto pasivo respaldar documentalmente sus actividades y operaciones gravadas, así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que considere le correspondan. Agregando, que el proveedor de la Factura 5036, no desarrolla ninguna actividad económica, motivo por el cual se ha producido la entrega de facturas sin realizarse la efectiva transacción económica y mucho menos la transferencia de bienes y/o servicios. 

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aití. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En consecuencia, manifestó que la totalidad de notasfiscales de compras no válidas para Crédito Fiscal declaradas por el contribuyente en el periodo de octubre de la gestión 2017, ascienden a un importe de Bs152.135, y de la aplicación de la alícuota determinó la omisión del Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal por un importe de Bs19.778, lo cual conHeva que la conducta del sujeto pasivo se adecúa al ilícito tributario de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), vigente a la fecha del hecho generador, según el periodo fiscal, sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV’s de conformidad al art. 42 del DS 27310 (RCTB), razón por la cual determinó un adeudo tributario de 18.343 UFV’s, equivalentes a Bs42.293, importe que incluye el Tributo Omitido actualizado, intereses y sanción por Omisión de Pago. Finalmente, recomendó emitir y notificar la correspondiente Vista de Cargo (fs. 153-162 de antecedentes). 

El 01 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Vista de Cargo 291970000886, de 27 de junio de 2019, la cual ratifica los reparos conforme lo analizado en el Informe CITE: SIN/GGSCZ l/DF/SVE/INF/06561/2019, de 27 de junio de 2019, expuesto precedentemente, otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 163-174 de antecedentes) 

111.9 El 24 de julio de 2019, la recurrente mediante nota s/n presentó en calidad de descargos a la Vista de Cargo, Comprobantes de Egresos debidamente firmados por el Propietario, Contador y Proveedor, fotocopia de la factura adjunta de respaldo; Libro de Compras resaltando las facturas observadas y rectificadas los errores en el Número de Autorización y Número de factura y su respectivo envió; Libro Mayor del mes de octubre; y, Libro Mayor de la Cta. Caja, Material de Construcción y Crédito Fiscal (fs. 176-198 de antecedentes). 

111.10 El 26 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/UTJ/INF/218/2019, el cual ratificó los reparos determinados en la Vista de Cargo y recomendó se emita la respectiva Resolución Determinativa (fs. 199-205 de antecedentes). 

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111.11 El 03 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171970002559, de 26 de septiembre de 2019, que resolvió determinar de oficio la Deuda Tributaria del contribuyente Osini Zegada Ramón Arturo, por un monto total de 18.439 UFV’s, equivalentes a Bs42.712.-, que incluyen Tributo Omitido actualizado, intereses y sanción del 100% por Omisión de Pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA – Crédito Fiscal), emergente de la Orden de Verificación Externa 18990207525 que tiene incidencia en el periodo fiscal de octubre de la gestión 2017, Deuda Tributaria que fue calculada desde la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión de la presente resolución, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812, de 30 de junio de 2016 (fs. 206-218 y 222 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Falta de valoración de descargos; y, 2. Inexistencia de los cargos determinados en la Resolución Determinativa. Observaciones que serán analizadas a continuación. 

IV.1. Respecto a la falta de valoración de descargos. 

La recurrente argüyó que existen documentos que presentó como descargos a la Vista de Cargo, entre los cuales se encuentra el LIBRO de COMPRAS, empero esta prueba no fue valorada ni analizada en el acto impugnado, es decir, no se le entregó ningún valor jurídico probatorio a la misma, incurriendo de esta forma en una falta de motivación de la Resolución Determinativa, puesto que la valoración de la prueba es determinante debido a que respalda las compras realizadas, razón por la cual denunció la falta de pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria, por lo que la Resolución Determinativa ahora impugnada carece de los requisitos establecidos en el num. II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), asimismo, respecto a los documentos presentados antes de la emisión de la Vista de Cargo, los mismos fueron rechazados en la Resolución Determinativa con el único argumento de que se constituye documentación contable incongruente (código 1, pág. 4 de la RD), sin dar 18 de 31

aití 

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mayor explicación, ni razones técnicas ni jurídicas por las cuales se consideran incongruentes, puesto que el Servicio de Impuestos Nacionales al solicitar información documentada a través de las órdenes de verificación, tiene la obligación de analizar cada una de ellas y manifestar las razones técnicas y jurídicas por las cuales las descarta, aspecto que en el presente caso no sucedió. 

En contra parte, la entidad recurrida hizo énfasis a la Sentencia Constitucional 2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, señaló que la Resolución Determinativa impugnada fue emitida cumpliendo todos los requisitos exigidos por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), sin carecer de falta de motivación ni fundamentación, siendo que en su pág. 8 hace mención a la documentación presentada por la recurrente mediante NUIT 11801/2019, indicando: “Libro de compras, resaltando las facturas observadas y rectificadas los errores en el número de autorización y número de factura y su respectivo envío”, siendo que el Libro de Compras y Ventas es el registro de las facturas y/o documentos equivalentes de compras y ventas relacionadas a la actividad, efectuadas en un determinado periodo, misma que la contribuyente ha llenado, corregido y enviado a través del aplicativo Facilito, sin embargo, por sí sólo no es un elemento que demuestre de forma indubitable la realización de la transacción, por ello, la Resolución Determinativa no hace una mención más ampulosa sobre el mismo, siendo que su función es la de ser registro de la información de las facturas o notas fiscales que el contribuyente declara en su Formulario 200 (IVA), teniendo en cuenta que como Administración Tributaria tiene acceso al mismo, siendo producto del cruce de información y por ende un punto de partida para determinar que facturas pueden presentar inconsistencias con la información proporcionada por los proveedores, por lo que los descargos presentados fueron valorados adecuadamente, empero, no correspondía una mención especial respecto a los Libros de Compras presentados, debido a que los mismos simplemente contenían los datos de las facturas de compras del contribuyente en la cual se resaltaba las facturas observadas con la rectificación de los números de autorización y su número de factura, datos que debían ser respaldados por la documentación contable presentada con ella, y si bien la impetrante señaló que el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), le permite respaldar la transacción con otros documentos, estos no son presentados, siendo que conforme se señala en la Resolución Determinativa: 1) Los comprobantes de egreso presentan diferente información entre los presentados el 11 de julio de 2019 19 de 31 

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mediante Acta de Recepción y los presentados mediante NUIT 11801/2019, no hacen más que demostrar la poca fiabilidad de la información contable del recurrente. 2) El Libro Diario del mes de octubre sólo se refiere a las notas fiscales observadas, por lo cual es una información parcial y suprimida por el mismo recurrente, por lo cual no refleja a cabalidad las transacciones efectuadas contraviniendo lo establecido en el art. 44 de la Ley 14379 Código de Comercio. 3) El Libro Mayor, registra un saldo en la Cuenta Caja moneda Nacional que sería insuficiente para cubrir los pagos de las notas fiscales observadas y demás compras realizadas en el mes de octubre, al tratarse de un saldo negativo, y si bien se señala que los pagos habrían sido realizados en efectivo, lo cual no tenía a disposición, por lo que no se demuestra documental y contablemente el pago de las compras realizadas, es decir, no se demuestra la efectiva realización de la transacción, aspectos que demuestra que la Resolución Determinativa expone de manera clara los hechos que dieron origen y los que se desarrollaron a lo largo del proceso de determinación, señalando la normativa legal en la cual se basan y teniendo en cuenta la jurisprudencia establecida al momento de aplicarla. 

En ese marco, con la finalidad de resolver la presente controversia es pertinente señalar que, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1657/2013, de 04 de octubre de 2013, establece: “la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas, se constituye en uno de los elementos esenciales del debido proceso, en este contexto, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto de 2010, partiendo del análisis de la SC 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, estableció que: “(…) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen aljuzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado en pleno convencimiento de que no había 20 de 31

AITÍ 

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otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”, determinó que a efecto de garantizar el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la motivación, toda resolución jurisdiccional o administrativa debe observar los siguientes aspectos:” a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado (…).”. 

En ese marco, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II, y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de 

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sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

De igual forma, el art. 96 parágrafo I y III de la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo, debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa y la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales previstos en el reglamento viciará de nulidad éste acto; que según el art. 18 del DS 27310 (RCTB), éstos requisitos esenciales son: número, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de registro tributario, indicación del tributo, y cuando corresponda períodos fiscales, liquidación previa de la deuda tributaria, acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en caso de contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

En cuanto a la Resolución Determinativa, los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que dicho acto administrativo emitido en el ámbito tributario, debe contener requisitos esenciales y formalidades, tales como: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones, la firma, nombre y cargo de la autoridad competente además, debe contener las especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido, cuya ausencia lo vicia de nulidad. 

En ese contexto, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión 22 de 31

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del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugara un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

En el presente caso y de la revisión y compulsa de los antecedentes, se evidencia que el 28 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Orden de Verificación 18990207525, de 1 de junio de 2018, informándole que en el marco de los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), y 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), se dio inicio al proceso de determinación, en tal sentido la emplazó a presentar la documentación requerida en el término perentorio de diez (10) días hábiles (fs. 9-10 de antecedentes), subsecuentemente, el 3 y 11 de julio de 2018, mediante Actas de Recepción de Documentos, recepcionó DD.JJ. F 200 (FJS.01) del periodo oct-17 (Impreso de la Oficina Virtual), Facturas de Compras 2319, 2439, 2535 y 5636 (FJS.04) del periodo oct-17 (Fotocopia cotejado con original), Constancia de envió LCV y Libro de Compras (FJS-07) del periodo oct-17 (Impresión simple), Comprobantes de Egresos N° 01, 02, 03, 04, 05 (FJS.05) del periodo oct-17 (Impreso del Sistema) (fs. 18 y 19 de antecedentes). Por su parte, la recurrente el 28 de julio de 2018, remitió a la entidad recurrida los estados financieros auditados, correspondiente a la Gestión 2018, adjuntando al efecto Balance General, Estados de Resultados, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Origen y Aplicación de Fondos, Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria (15 Anexos) -Form: 500, -Form:605 (fs. 50 de antecedentes). 

De forma posterior, el 26 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el Requerimiento 00149941, de 22 de octubre de 2018, con el cual solicitó la presentación extractos bancarios (si corresponden), estados 

financieros de la gestión 2017, Dictamen y EEFF de Auditoria de la gestión 2017, IWffilf 

Plan Código de Cuentas Contables, Libros de contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde), Kardex (si corresponde), Inventarios (si corresponde), 

Bancarización (si corresponde) (fs. 12 y 17 de antecedentes); y el 1 de noviembre de Á0 

2018, con Acta de Recepción de Documentos, recepcionó Comprobante de ingreso N° 01 (FJS.01) periodo mar-18 (Impreso), Comprobante de egreso N° 01 y 02 

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NB/ISO 

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de la Caiidad 

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(FJS.02) periodo mar-18 (Impreso), Comprobante de traspaso 03, 04 y 05 (Fs.03) periodo mar-18 (Impreso), Constancia de envió de bancarización y Libro auxiliar de bancarización (FJS.02) periodo G-17 (Fotocopia cotejada con original), Plan de cuentas (FJS.03), periodo oct-17 (Impreso), Libro diario (FJS.04) periodo de 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 (Impreso), Libro mayor (FJS.01) periodo de 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 (Impreso), Estados Financieros (FJS.14) periodo mar-18 (Fotocopia cotejado con original), Estados Financieros Auditados (FJS.41) periodo mar-18 (Fotocopia cotejado con original), F-605 Presentación de Estados Financieros y F-500 IUE (FJS.10), periodo mar-18 (Impreso de la Oficina Virtual), Extracto de movimientos (FJS.02) periodos 07/2017 al 31/2017 (Fotocopia cotejado con original) (fs. 20 de antecedentes). 

Seguidamente, el 27 de junio de 2019, la entidad recurrida emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DF/SVE/INF/06561/2019, el cual señala que el alcance de la Orden de Verificación Externa 18990207525, modalidad Verificación Especifica Crédito IVA es la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las Facturas 2319, 2535, 2535 y 5036, declaradas por el contribuyente Orsini Zegada Ramón Arturo, correspondientes al periodo de octubre de la gestión 2017, la cual se determinó sobre Base Cierta, conforme al parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB); señalando que producto del análisis de la documentación presentada por el contribuyente y la información extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT-2), pudo evidenciar que el sujeto pasivo declaró las facturas o notas fiscales, beneficiándose del crédito fiscal, sin respaldar con documentación suficientes, incumpliendo el num. 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo que en aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 y otras disposiciones normativas, el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con: 1. Transacción respaldada con la factura original; 2. Transacción vinculada con la actividad gravada; 3. Transacción realizada efectivamente, respaldada con documentos contables y medios de pago; y, 4. Otros requisitos contemplados en la R.N.D. N° 10.0021.16; no obstante, una vez analizada la documentación e información enviada mediante Software Da Vinci LCV y la información existente del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-2, procedió a la verificación de las facturas de compras que respalda el crédito fiscal 24 de 31

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

observado, declaradas por el contribuyente en los formularios F-200 de los periodos sujetos a la verificación, evidenciando la existencia de que las facturas no cumplen con los requisitos establecidos en la norma vigente, puesto que las Facturas Nos. 2319, 2439, 5036 y 2535, no demuestran la efectiva realización de la transacción, toda vez que los Comprobantes de Egresos solo consignan firma y nombre del contador y no así la firma y los nombres de la persona que autorizó y mucho menos de quien recibió el pago, de igual forma, no fueron presentados los Libros Diarios del periodo correcto, y revisado los registros en el comprobante de egreso, la cuenta como ser “PROVEEDORES POR PAGAR M/N”, contra la cuenta “CAJA MONEDA NACIONAL”, el sujeto pasivo no presentó el Libro Mayor de la cuenta Caja Moneda Nacional para verificar las entradas y salidas reales de dinero, por ende no cierra el ciclo contable, asimismo, los requisitos sustanciales y formales no fueron cumplidos puesto que la documentación no es suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción, habiéndose incumplido con los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con los arts. 36, 37, 44 y siguientes del Decreto Ley 14379 Código de Comercio, por lo que la inexistencia de la prueba da lugar a la falta de credibilidad del crédito tributario que el contribuyente pretende a su favor, considerando que es deber del sujeto pasivo respaldar documentalmente sus actividades y operaciones grabadas, así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que considere le correspondan. Agregando, que el proveedor de la Factura N° 5036, no desarrolla ninguna actividad económica, motivo por el cual se ha producido la entrega de facturas sin realizarse la efectiva transacción económica y mucho menos la transferencia de bienes y/o servicios. En consecuencia, manifestó que la totalidad de notas fiscales de compras no válidas para Crédito Fiscal declaradas por el contribuyente en el periodo de octubre de la gestión 2017, ascienden a un importe de Bs152.135, y de la aplicación de la alícuota determinó la omisión del Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal por un importe de Bs19.778, lo cual conlleva que la conducta del sujeto pasivo se adecúa al ilícito tributario de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), vigente a la fecha del hecho generador, según el periodo fiscal, sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV’s de conformidad al art. 42 del DS 27310 (RCTB), razón por la cual determinó un adeudo tributario de 18.343 UFV’s, equivalentes a Bs42.293, importe que incluye el Tributo Omitido actualizado, intereses y sanción por Omisión 

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j sterna de oeston de la Calidad 

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de Pago. Finalmente, recomendó se emita y notifique la correspondiente Vista de Cargo (fs. 153-162 de antecedentes). 

Posteriormente, el 1 de julio de 2019, notificó de forma personal a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291970000886, de 27 de junio de 2019, la cual ratifica los reparos conforme lo analizado en el Informe CITE: SIN/GGSCZ l/DF/SVE/INF/06561/2019, de 27 de junio de 2019, expuesto precedentemente, otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 163-174 de antecedentes). Razón por la cual la impetrante, el 24 de julio de 2019, con nota s/n presentó en calidad de descargos a la Vista de Cargo, Comprobantes de Egresos debidamente firmados por el Propietario, Contador y Proveedor, fotocopia de la factura adjunta de respaldo; Libro de Compras resaltando las facturas observadas y rectificadas los errores en el Número de Autorización y Número de factura y su respectivo envió; Libro Mayor del mes de Octubre; y, Libro Mayor de la Cta. Caja, Material de Construcción y Crédito Fiscal (fs. 176-198 de antecedentes); no obstante, el 26 de septiembre de 2019, la entidad recurrida emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/UTJ/INF/218/2019, el cual ratificó los reparos determinados en la Vista de Cargo y recomendó se emita la respectiva Resolución Determinativa (fs. 199-205 de antecedentes). 

Finalmente, el 3 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171970002559, de 26 de septiembre de 2019, que resolvió determinar de oficio la Deuda Tributaria del contribuyente Osini Zegada Ramón Arturo, por un monto total de 18.439 UFV’s, equivalentes a Bs42.712.-, que incluyen Tributo Omitido Actualizado, intereses y sanción del 100% por Omisión de Pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA – Crédito Fisca), emergente de la Orden de Verificación Externa 18990207525 que tiene incidencia en el periodo fiscal de octubre de la gestión 2017, Deuda Tributaria que fue calculada desde la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión de la presente resolución, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812, de 30 de junio de 2016 (fs. 206-218 y 222 de antecedentes). 

Ahora bien a efectos de dilucidar lo planteado por la recurrente cuando refiere a la falta de valoración de descargos, puesto que existen documentos que presentó como descargos a la Vista de Cargo, entre los cuales se encuentra el LIBRO de 26 de 31

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

COMPRAS, empero esta prueba no fue valorada ni analizada en el acto impugnado, es decir, no se le entregó ningún valor jurídico probatorio a la misma, siendo que además los documentos presentados antes de la emisión de la Vista de Cargo, los mismos fueron rechazados en la Resolución Determinativa con el único argumento de que se constituye documentación contable incongruente (código 1, pág. 4 de la RD), sin dar mayor explicación, ni razones técnicas ni jurídicas; corresponde hacer notar que, tanto la Vista de Cargo, como la Resolución Determinativa (fs. 163-173 y 206-218 de antecedentes), si bien en el análisis de las Notas Fiscales Observadas a través de los Códigos 1 y 2, procede a invalidar la documentación presentada, no es menos cierto que lo hace con fundamentos pertinentes, tales como, las Facturas 2319, 2439, 5036 y 2535, no demuestran la efectiva realización de la transacción, toda vez que los Comprobantes de Egresos solo consignan firma y nombre del contador y no así la firma y los nombres de la persona que autorizó y mucho menos de quien recibió el pago, de igual forma, no fueron presentados los Libros Diarios del periodo correcto, y revisado los registros en el comprobante de egreso, la cuenta como ser “PROVEEDORES POR PAGAR M/N”, contra la cuenta “CAJA MONEDA NACIONAL”, el sujeto pasivo no presentó el Libro Mayor de la cuenta Caja Moneda Nacional para verificar las entradas y salidas reales de dinero, por ende no cierra el ciclo contable, asimismo, los requisitos sustanciales y formales no fueron cumplidos, puesto que la documentación no es suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción, habiéndose incumplido con los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con los arts. 36, 37, 44 y siguientes del Decreto Ley 14379 Código de Comercio, por lo que la inexistencia de la prueba da lugar a la falta de credibilidad del crédito tributario que el contribuyente pretende a su favor, considerando que es deber del sujeto pasivo respaldar documentalmente sus actividades y operaciones gravadas, así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que considere le correspondan. Agregando, que el proveedor de la Factura N° 5036, no desarrolla ninguna actividad económica, motivo por el cual se ha producido la entrega de facturas sin realizarse la efectiva transacción económica y mucho menos la transferencia de bienes y/o servicios; observaciones que la misma impetrante trató de subsanar mediante nota s/n (fs. 176 de antecedentes), presentada en calidad de descargo a la Vista de Cargo, lo cual demuestra que las observaciones emitidas contra la documentación presentada previo a la emisión de la referida Vista de Cargo, fueron correctamente analizadas, tanto en dicho acto 

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administrativo, como en el acto impugnado, puesto que fueron de conocimiento y entendidas por la contribuyente. 

Por otro lado, referente a que existen documentos que presentó como descargos a la Vista de Cargo, entre los cuales se encuentra el LIBRO de COMPRAS, empero que ésta prueba no fue valorada ni analizada en el acto impugnado; se observa, que en efecto el sujeto pasivo el 24 de julio de 2019, con nota s/n (fs. 176 de antecedentes) presentó descargos a la Vista de Cargo, haciendo hincapié a que: “(…)se adjunta los comprobantes modificados corregidos subsanando los errores en la glosa. Los documentos son los siguientes: 1- Comprobante de Egresos debidamente firmados por el Propietario, Contador y Proveedor y fotocopia de la factura adjunta para respaldo. 2.- Libro de Compras resaltando las facturas observadas y rectificadas los errores en el Número de Autorización y Número de factura y su respectivo envío. 3.- Libro Diario del mes de Octubre. 4.- Libro Mayor de la Cta. Caja, Material de Construcción y Crédito fiscal…”, por lo que analizado el acto impugnado, se tiene que el mismo en el ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS (fs. 213-214 de antecedentes), procede a emitir criterio sobre los Comprobantes de Egreso, Libro Diario, Libro Mayor, descartando los mismos, con argumentos tales como que existe diferente información en los Comprobantes de Egreso, el Libro Diario no refleja a cabalidad las transacciones efectuadas, la documentación contable presentada por la contribuyente no refleja los hechos financieros que se pretenden demostrar, toda vez que respecto a las transacciones objeto de análisis los registros contables indican que los pagos se habrían hecho en efectivo y al mismo tiempo muestran que a la fecha de los pagos no se contaba con efectivo (saldos negativos en la cuenta Caja Moneda Nacional), para finalmente proceder a invalidar el crédito fiscal citando los arts. 70 nums. 4, 5 y 6; 76 de la Ley 2492 (CTB); 4 incs. a) y b) de la Ley 843; 25 num. 4; 36; 37; 40 y 44 del Decreto Ley 14379 (Código de Comercio), empero, y tal como lo alega la parte recurrente, no se emite criterio ni valoración sobre el LIBRO DE COMPRAS, también presentado como descargo a la Vista de Cargo, sobre el cual, hizo mención, que estaría siendo presentado, resaltando las facturas observadas y rectificados los errores en el Número de Autorización y Número de factura y respectivo envío, omisión que indudablemente demuestra que la Administración Tributaria limitó el ejercicio del derecho a la defensa de la impetrante, al desconocer los motivos por las cuales, éste documento de descargo, no resulta suficiente para desvirtuar las observaciones, o si éste es o no pertinente, impidiéndole conocer las razones por las 28 de 31

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

cuales, éste no fue considerado de manera precisa, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso y, en consecuencia, viciando de nulidad el acto administrativo impugnado. 

Asimismo, si bien la entidad recurrida en su contestación al Recurso de Alzada (fs. 46-54 del expediente), señala que no hizo mención al Libro de Compras y Ventas presentado por la impetrante como descargo, puesto que este “(…) es el registro de las facturas y/o documentos equivalentes de compras y ventas relacionadas a la actividad, efectuadas en un determinado periodo, misma que la contribuyente ha llenado, corregido y enviado a través del aplicativo Facilito, sin embargo, por sólo no es un elemento que demuestre de forma indubitable la realización de la transacción, por ello la Resolución Determinativa no hace una mención más ampulosa sobre el mismo, siendo que su función es la de ser registro de la información de las facturas o notas fiscales que el contribuyente declara en su Formulario 200 (IVA), teniendo en cuenta que como Administración Tributaria tiene acceso al mismo, siendo producto del cruce de información y por ende un punto de partida para determinar que facturas pueden presentar inconsistencias con la información proporcionada por los proveedores, por lo que los descargos presentados fueron valorados adecuadamente, empero no correspondía una mención especial respecto a los libros de compras presentados, debido a que los mismos simplemente contenían los datos de las facturas de compras del contribuyente en la cual se resaltaba las facturas observadas con la rectificación de los números de autorización y su número de factura, datos que debían ser respaldados por la documentación contable presentada con ella…”, lo que demuestra que en efecto, la entidad recurrida, debió exponer en el acto administrativo la fundamentación respecto a las razones por las que adoptaba la decisión de no considerar suficientes o pertinentes la documentación cuya valoración se extraña, empero, la referida fundamentación en la contestación no se encuentra incluida en la Resolución Determinativa, a objeto de que esta tenga conocimiento del porque no se estaría considerando sus argumentos y pruebas, y si bien conforme señala la Administración Tributaria la motivación de los actos administrativos no necesariamente deben ser amplias, sin embargo, deben responder a todos los argumentos vertidos y documentos presentados como descargos, de manera clara, precisa y fundamentada, aspecto que no ocurrió en el presente caso, pues no expuso mayores elementos que sustenten su decisión, lo que se puso aún más en evidencia, cuando se pretendió 29 de 31 

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subsanar dicha falta de fundamentación y valoración de los documentos y argumentos presentados. 

En tal sentido, siendo que la Administración Tributaria en la Resolución impugnada no consideró la integridad de los documentos y argumentos expuestos como descargos por la recurrente, es decir, omitió dar una respuesta fundamentada y motivada, sobre la totalidad de los mismos, con lo cual se colocó a la recurrente en indefensión , vulnerando los derechos al debido proceso y a la defensa previstos en los arts. 115 párrafo II de la CPE y 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, en aplicación de los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafo I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso, por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), al no haberse valorado las pruebas de descargo presentadas y no haber realizado la debida fundamentación respecto a éstas, corresponde retrotraer el procedimiento hasta el vicio más antiguo, estos es, hasta la Resolución Determinativa N° 171970002559, de 26 de septiembre de 2019, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva resolución que se ajuste a derecho, cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), no siendo posible que ésta autoridad, se pronuncie sobre los demás agravios planteados, toda vez que previamente, los vicios detectados y omisiones incurridas por la entidad recurrida, deben ser subsanados. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, la Resolución Determinativa 171970002559, de 26 de septiembre de 2019, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva resolución, sea valorando la prueba presentada y fundamentando de manera legal su posición respecto a esta, de 

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MTÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

acuerdo a los fundamentos técnico-jurídicos expresados precedentemente, conforme el art. 212 inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

; tiecuiíVR 

Autondac Regional f1e 

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t)KSP/ccav/cmf/rlhv/fra/mga 

‘; ÁRIT-SCZ/RA 0086/2020 

Ha 

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