ARIT-SCZ-RA-0083-2020 Requisitos de forma prioriza se revisa antes que los de fondo

ARIT-SCZ-RA-0083-2020

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0083/2020 

Lucy Cabrera de Alarcón. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Eufronio 

Camacho Vega. 

Resolución Administrativa N° 

231970003622, de 20 de septiembre de 

ARIT-SCZ-0797/2019. 

Santa Cruz, 17 de enero de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0083/2020 de 17 de enero de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa 231970003622, de 20 de septiembre de 2019, mediante el cual, PRIMERO: Rechazó la solicitud de nulidad de notificación de actuaciones administrativas de la Orden de Verificación, operativo 72, Notificación N° 2703, Vista de Cargo 700-72/0104- 

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2005, Resolución Determinativa N° 136/2005 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 510/2005. Además rechazar la aparente falta de fundamentación de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. SEGUNDO: Rechazar la solicitud de prescripción a la ejecución tributaria impetrada por la contribuyente, con incidencia al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2000 y enero de 2001. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de la recurrente 

Lucy Cabrera de Alarcón, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2019 (fs. 13-23 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 231970003622, de 20 de septiembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vicios de nulidad por vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa. 

11.1.1.1 Falta de valoración de argumentos y pronunciamiento en la Resolución Administrativa. 

La recurrente argüyó que el 22 de febrero de 2019, presentó memorial solicitando como previo pronunciamiento la prescripción, tanto de la deuda tributaria, como de la ejecución de la deuda tributaria determinada, a su vez en caso de no recibir respuesta a dicha figura, solicitó la nulidad de obrados por notificaciones viciadas de nulidad, falta de motivación y fundamentación en la Vista de Cargo y demás aspectos que vician de nulidad el proceso, sin embargo, no se atendió la totalidad de los pedidos, pues la Administración solo realizó una superficial valoración de sus argumentos, sin desvirtuar ninguno de sus peticiones y sin fundamentar su respuesta que se deslumhra en la Resolución Administrativa 231970003622, de 20 de septiembre de 2019. 

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De lo anterior, indicó que con relación a la a) Prescripción, solo contiene un resumen de los hechos suscitados y que no corresponde la prescripción por existir interrupción del cómputo, sin embargo, no señaló que actuado o actuados interrumpirían el cómputo, tampoco indica en qué fecha se produjo la interrupción y cuando iniciaría nuevamente a computar, simplemente habla de interrupción y no señala más otra cosa, además en el memorial realizó el siguiente petitorio: “opongo prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses, recargos y cualquier ejecución de la deuda tributaria pretendida por la Administración Tributaria, por haberse extinguido cualquier acción de parte de la Administración Tributaria, solicitando a su autoridad se declare la extinción de la deuda tributaria por prescripción en relación al IVA e IT, correspondiente a los periodos agosto a noviembre de la gestión 2000 y enero de la gestión 2001, así como también pido se declare prescrita la facultad de ejecución de la deuda tributaria de indicados periodos”, vale decir, que no pidió la prescripción de la deuda tributaria, sino que solicitó la prescripción de todas las facultades de la Administración Tributaria contenida en la normativa aplicable, o sea la Ley 1340, incluida la facultad de determinación y ejecución de la Administración Tributaria sobre las cuales versa la solicitud de prescripción, a su vez tampoco se pronunció sobre la vulneración al principio de retroactividad, en el casual caso de que fundamente su prescripción sobre las previsiones de la Leyes 2492 (CTB), 291, 317 y/o 812, misma que debe de merecer también algún pronunciamiento aceptando o desestimando dichos argumentos. 

Asimismo, y respecto a la, b) Nulidad de notificaciones.- En el memorial presentado expuso: “(…); como consta a fs. 2 de las fotocopias legalizadas que fueron proporcionadas, se observa la consulta de contribuyente donde se observa como domicilio la Calle Suarez Arana N° 151, entre calle Campero y Abaroa zona los Pozos; empero también en dicha consulta de contribuyente se observa un cambio de domicilio de fecha 18 de enero de 2000, signado como domicilio el ubicado en la Calle Suarez Arana N° 174 Los Pozos…”; vale decir, cursa actualización en el padrón de contribuyente, en cumplimiento del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), empero en ninguna parte de la Resolución recurrida se menciona algo al respecto, solo se centra en un solo domicilio, el ubicado en la calle Suarez Arana N° 151 y no se tomó en cuenta el domicilio actualizado en el mismo padrón, aspectos que no fueron 

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dilucidados, pues no se emitió pronunciamiento alguno; a su vez expuso también en el memorial: “…al mismo tiempo, es menester aclarar que mi persona y mi familia desde el año 2000 ya no vive en el domicilio supuestamente visitado por personero de la Administración Tributaria, empero de manera constante visito a las personas de dicho lugar porque después de haber vivido por mucho tiempo en alquiler hemos mantenido una relación de amistad, que se asemejan a las relaciones de familia”; es decir, cómo se expuso realizó el cambio de domicilio, sin embargo no fue tomado en cuenta por la Administración Tributaria. Finalmente, indicó que expuso también las 3 opciones sobre las cuales se tendría que practicar una notificación por edicto; la primera, cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, la segunda, por desconocer el domicilio del interesado y tercera, intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, exponiendo con ello los argumentos necesarios para la nulidad de las notificaciones solicitadas, empero dichos argumentos no fueron atendidos por la Administración Tributaria, pues no cursa ningún fundamento motivado al respecto. También citó 3 Sentencias Constitucionales N° 757/2003-R, 1701/2011, de 21 de octubre de 2011 y 0521/2014, de 10 de marzo de 2014, pero no cursa ningún análisis. 

También adujo el inc. c) Nulidad de la Vista de Cargo.- En el citado memorial indicó: “…de dicha vista de cargo, se señala una supuesta verificación documental, empero no se indica que documentos se evaluaron”, sin embargo, en la Resolución Administrativa hoy recurrida no cursa ninguna evaluación documental, menos el nombramiento de la documentación supuestamente analizada, a su vez también señaló: “…respecto a la documentación que cursa a fojas 19 a 37 las desconozco porque mi persona tenía su actividad económica el comercializar al por menor artículos de ferretería, y jamás realice ventas a las empresas constructoras ahí signadas, por lo que no es válida la información otorgada por los supuestos agentes de información y menos las declaraciones juradas supuestamente realizadas por mi persona, máxime si mis facturas no excedían de los cuatro mil bolivianos aproximadamente…”; en mérito a ello no cursa ninguna respuesta ni análisis, no fundamentó si sus argumentos son o no son válidos. 

Citó como respaldo las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1439/2013 y 2801/2010-R. 

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11.1.1.2 Falta de fundamentación en la Vista de Cargo. 

La recurrente manifestó que la Vista de Cargo 700-72/0104-2005, de 11 de mayo de 2005, que dio origen a la Resolución Determinativa 136/2005, vulnera lo dispuesto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), por ende los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado, pues carece de una adecuada fundamentación, toda vez que en el punto de hechos, actos, elementos y valoraciones, de la citada Vista de Cargo, señaló una supuesta verificación documental, empero no indica qué documentos evaluaron y respecto a la documentación que cursa a fs. 19 a 37, desconoce, porque su persona tenía su actividad económica de comercializar al por menor artículos de ferretería, empero jamás realizó ventas a las empresas constructoras ahí signadas, por lo que no es válida la información otorgada por los supuestos agentes de información y menos las declaraciones juradas supuestamente realizadas por su persona, máxime si sus facturas no excedían de los Bs4.000.- aproximadamente, además no indica la forma de su obtención, su alcance, fecha o datos que lleven a conocer que tipo de documentación fue objeto de evaluación de parte de la Administración Tributaria, se restringe a indicar parámetros de revisión como valor, origen, cantidad, etc., no obstante no señalo la relación de estos parámetros con la supuesta documentación verificada. En consecuencia, no dejo constancia escrita sobre el hecho encontrado, no se indicó los justificativos correspondientes y lo peor de todo no se dio oportunidad para que su persona pueda aportar pruebas que correspondan al caso, vulnerando de esta forma lo dispuesto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 115, 117 y 119 de la CPE. 

11.1.1.3 Falta de fundamentación en la Resolución Determinativa.- 

La recurrente manifestó que con relación al contenido de los documentos que originaron y concluyeron con la Resolución Determinativa, se estableció una deuda en base a simples conjeturas, de forma arbitraria, sin que exista un fundamento, explicación respecto a la base presunta utilizada para determinar la supuesta deuda, toda vez que como lo establece el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), esta será utilizada cuando no se posea los datos necesarios, no se tenga registros tributarios, no presente declaraciones juradas, sin embargo, de manera contradictoria en la Orden de Verificación cursa a fs. 1, que ésta se inició contrastando las compras informadas 

por agentes de información y sus declaraciones juradas. 

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11.1.1.4 Ilegal notificación de la Orden de Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. 

La recurrente manifestó que el 5 de abril de 2005, el Servicio de Impuestos Nacionales notificó mediante edictos de prensa, con la Orden de Verificación del operativo 72, de 14 de marzo de 2005, sin embargo, dicha notificación se practicó vulnerando el debido proceso y derecho a la defensa, pues en primer instancia como consta en antecedentes a fojas 2 de antecedentes, se observa la consulta de contribuyente donde se observa como domicilio C/ Suarez Arana 151, entre C/ Campero y Abaroa, Zona Los Pozos, empero en dicha consulta de contribuyente se observa un cambio de domicilio el 18 de enero de 2000, signado como domicilio ubicado en la Calle Suarez Arana N° 174, asimismo, aclaró que su persona y familia desde el año 2000, ya no vive en el domicilio supuestamente visitado por personeros de la Administración Tributaria, no obstante visitó constantemente dicho lugar, después de haber vivido mucho tiempo; lo que contradice totalmente con lo expresado por el funcionario de impuestos nacionales en su informe a fs. 9, menciona: “El 14 de marzo de 2005 años, nos constituimos en el domicilio fiscal del contribuyente Cabrera Chipana Lucy con RUC N° 7147490 ubicado en la dirección calle Suarez Arana N° 151 entre campero y Abaroa de esta ciudad, seleccionado con el Operativo Nro. 72 notificación N° 2703 de lo cual se concluye que el contribuyente no es habido en el domicilio legal declarado según padrón. Observaciones. En el domicilio señalado se encuentra la Flia Nazaret López, por lo expuesto anteriormente y en vista de que el contribuyente a la fecha de elaboración de la presente no ha podido ser ubicado, solicito a su autoridad se sirva disponer la notificación mediante edicto, en amparo de lo previsto en los artículos 83 parágrafo I numeral 3 y artículo 86 del Código Tributario Boliviano Ley 2492.”. 

Citó los arts. 83, 84, 85 y 86 de la Ley 2492 (CTB), e indicó que la citada norma, deja en claro el procedimiento que debe seguir cualquier administración a tiempo de notificar o dar a conocer sus actos administrativos, empero en el presente, conforme prevé el art. 86 de la citada norma, claramente expone 3 opciones las cuales se tendría que practicar una notificación por edicto, la primera, cuando no es posible practicar la notificación personal o por cédula, es decir, que se debe intentar previamente la notificación personal o por cédula, situación que no se dio, porque a pesar de tener registrado domicilio en la Dirección Nacional de Identificación 6 de 42

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Personal, el mal funcionario se limitó a revisar solamente la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales, no obstante, debió buscar información con la Dirección de Identificación Personal, así como también ante el Tribunal Electoral, a efecto de verificar el último lugar de votación, máxime si el mismo lugar donde se hizo la anotación preventiva, señala un domicilio con unidad vecinal y número de manzano, aspecto que no sucedió, pues directamente notificó por edicto de prensa. La segunda, por desconocerse el domicilio del interesado, es decir, que para practicar la notificación por edicto, no tiene que haber ningún registro domiciliario, ni forma alguna de conocer el domicilio de la persona a quien se pretende notificar, aspecto que no cuadra, toda vez que no pidió información a la Dirección de Identificación y menos al Tribunal Electoral Departamental; tanto en la representación de 23 de marzo de 2005, como en el Padrón de Consulta de Contribuyentes se observó el domicilio declarado por su persona y el cambio también, por lo que no puede alegar desconocimiento de domicilio, consecuentemente, debió haberse realizado conforme prevé el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), dejando el correspondiente aviso de visita y posterior cédula, y tercera, intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, es claro y conciso de que no se intentó de ninguna manera notificar de forma personal, ni por cédula y por ninguna otra forma admitida por Ley para practicar dicha notificación. Asimismo, se tiene que el funcionario faltando a la verdad menciona en su informe que la familia que vive en dicha dirección calle Suarez Arana N° 151, entre Campero y Abaroa, sería una familia Nazaret López, nada más falsa porque desde el año 2000, que se retiró como inquilina, de manera inmediata alquiló Lucía Fernández, quien alquila hasta la fecha. 

Por otra parte, también adujo que todos estos vicios de nulidad se repitió de manera idéntica en relación a la notificación con la Vista de Cargo 700-72/0104-2005, de 11 de mayo de 2005, con la misma contravención, ahora bien la Resolución Determinativa 136/2005 de 18 de agosto de 2005, fue también notificada por edicto el 1 de octubre de 2005, notificación que se constituye en prueba flagrante de la ilegalidad, pues en la representación de 9 de septiembre de 2005, cursante a fs. 69 de antecedentes, se evidenció contradicción, en primer lugar señaló el SIN, que se constituyó al domicilio ubicado en la calle Suarez Arana N° 151 Zona Los Pozos, en líneas de abajo indicó que desconoce su domicilio, dicha contradicción pretende ser camuflada en relación a que supuestamente en el lugar no se dio razón de su domicilio actual y que se habría verificado en la guía telefónica y al 104 de COTAS, 

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sin embargo, de ninguna, dejó constancia, no consta ni siquiera firma de testigo de actuación, lo que implica que el funcionario notificante actuó arbitrariamente solo y sin dejar constancia de su intento de notificación, toda vez que en realidad no se hizo ningún esfuerzo por ubicar su dirección. Agregó que las personas que viven en ese domicilio donde supuestamente habrían ido a buscarlo, viven personas de años de amistad. 

Finalmente, y con relación al PIET GDSC/DTJC/UCC/PIET/ 510/2005, de 7 de noviembre de 2005, se notificó con los mismos defectos con que se notificó la Resolución Determinativa. También hizo énfasis que en ninguna de las diligencias se dejó constancia de quienes dieron la supuesta información de que su persona ya no vivía en ese domicilio, tampoco cursa firma de testigo de actuación, no existe ningún actuado que denote que el funcionario que supuestamente se habría apersonado a dicho domicilio para notificarlo. 

Por su parte, concluyó señalando que las notificaciones practicadas por edictos de prensa, de la Orden de Control Diferido, Vista de Cargo, posterior Resolución Determinativa y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, fueron practicadas totalmente, prescindiendo de la normativa y por ende al margen de la Ley, causando total y completa indefensión. 

Como respaldo, citó la Sentencia Constitucional SC 0757/2003-R; SC 1701/2011, de 21 de octubre de 2011 y SC 0521/2014, de 10 de marzo de 2014; que son de aplicación vinculante. 

La recurrente sostuvo que la Administración Tributaria, se limitó a mencionar la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0014/2017, de 3 de enero de 2017 y a la Sentencia 102/2012, de 4 de abril de 2012, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, y respecto a la Resolución Jerárquica, indicó que los hechos tácticos sobre las cuales se fundó dicha resolución son muy diferentes al caso en cuestión, toda vez que de la lectura, este trata de un proceso sancionatorio por contrabando notificando el inicio del proceso por secretaria conforme el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), y porlo tanto, el tratamiento es completamente diferente, más aun en la notificación, toda vez que en el apartado IV.3 numerales xv y xviii, hacen referencia a que el funcionario notificante no encontró el domicilio y al desconocer el mismo indagó a vecinos, es decir, que 8 de 42

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cumplió con buscar el domicilio y el mismo no fue encontrado y que a su vez se dirigió a vecinos para preguntar sobre la persona a notificar, pero no tuvo éxito; situación totalmente diferente en el caso en cuestión, pues de acuerdo a la representación jurada informó el funcionario que encontró el domicilio, empero no indagó a nadie en dicho domicilio, menos a vecinos del mismo, exponiendo que supuestamente vivía en el lugar la Flia. Nazaret López, sin exponer una identidad clara, asimismo, sostuvo que la Sentencia 102, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, no fue encontrada, ya que el Órgano Judicial emite Autos Supremos no Sentencias, siendo las Sentencias Constitucionales competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, agregó que de la lectura de la transcripción realizada en la resolución recurrida, aclaró que se trata de hechos también diferentes, pues trata de un domicilio desconocido, empero en el caso en cuestión el domicilio si es conocido, es más cursa actualización de domicilio en el padrón de contribuyente, el cual no fue utilizado por la Administración Tributaria. 

11.1.2 Prescripción. 

La recurrente señaló que, las facultades de la Administración Tributaria para controlar, verificar, investigar, comprobar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria determinada como las sanciones impuestas se encuentran superabundantemente prescritas, en ese sentido, al tratarse de hechos generadores correspondientes al IVA e IT de los periodos agosto a noviembre de 2000 y enero de 2001, el tratamiento de la indicada prescripción deberá ser a través de la Ley 1340 vigente durante las indicadas gestiones, la cual en su art. 52 de la citada Ley señala: “La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”; claramente los periodos observados en la Resolución Determinativa 136/2005, de 18 de agosto de 2005, se encuentran prescritos, tal cual señaló el art. 53 de la misma norma: “El término se contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo”, por lo que el cómputo de la prescripción, para el IVA e IT correspondiente a los periodos agosto y noviembre de 2000, inició el 1 de enero de 

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2001, finalizó el 31 de diciembre de 2005 y para el periodo de enero de 2001, comenzó el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006. 

Agregó que resulta perjudicial el hecho de pretender ejecutar una supuesta deuda tributaria después de 18 y 19 años de haberse generado el hecho generador, degenerando el principio básico de la prescripción que se constituye en un derecho otorgado por razón al tiempo, sin embargo, con el simple hecho de emitir algunas notas pretenden hacer prevalecer sus facultades, empero de seguir la lógica de la Administración Tributaria hace notar que cursa un intervalo de 8 años y 5 meses y 9 días, periodo en el cual la Administración Tributaria no hizo absolutamente nada en función a sus facultades, dicha situación se puede observar de la simple revisión de la Resolución impugnada, tanto en su relación de hecho, como en su respuesta a la prescripción, toda vez que el 2 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria solicitó información ante la ASFI, mediante nota CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/1365/2011 y el actuado que le sigue es de la supuesta liquidación realizada el 1 de febrero de 2019, por lo que aun así la facultad de ejecutar la deuda tributaria se encuentra prescrita. 

Continuó señalando que no cursa ninguna causal de interrupción o suspensión, durante el periodo de inactividad antes expuesto, conforme establecen los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb). Agregó que no se puede aplicar retroactivamente otra normativa como la Ley 2492 (CTB), con las modificaciones efectuadas a través de la Leyes 291, 317 y 812, lo contrario sería contravenir el art. 123 de la CPE, citó al respecto la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

Citó como precedentes el Auto Supremo 154 de 14 de junio de 2017 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0047/2019, de 21 de enero de 2019. 

11.1.3 Acusación por defraudación tributaria.- 

La recurrente manifestó que las actuaciones de losfuncionarios del SIN que iniciaron y que continuaron con la determinación, dio como resultado una temeraria acusación en su contra, toda vez que al no otorgarle el derecho a defenderse, sobre los falsos levantados en su contra, se encuentra a punto de perder su casa, que con tanto sacrificio y años de trabajo pudo obtener, y como si fuera poco está a punto también I0de42

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de perder su libertad; toda vez que, en su parte resolutiva Cuarta de la Resolución Determinativa, se dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público para los fines consiguientes de Ley, pena que va desde los 4 a 8 años y la confiscación de todos sus bienes, según la modificación de la Ley 037/10, sin embargo, no fundamentó ni siquiera expuso los supuestos indicios que tendrían que dar lugar a semejante decisión, es por ello que la Resolución Determinativa tampoco hace una valoración de los documentos, solo se restringe a buscar sanciones inexistentes, en tal sentido incumple las previsiones establecidas en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, solicitó se declare extinguida la deuda tributaria, así como también la facultad de ejecución de la deuda tributaria por estar prescritas, o en su defecto, se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación por edicto de la Orden de Verificación que dio inicio al proceso determinativo. 

  1. 2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 23 de octubre de 2019 (fs. 24 del expediente), se dispuso la Admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa N° 231970003622, de 20 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

Mediante memorial de 14 de noviembre de 2019, la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante Administración Tributaria, contestó al Recurso de Alzada negando totalmente los fundamentos de la impugnación (fs. 35-40 del expediente), manifestando lo siguiente: 

11.3.1.- Sobre la prescripción. 

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La Administración Tributaria indicó que si bien las obligaciones fiscales responden al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2000 y enero de 2001, en aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), se entiende que para la gestión 11 de 42 

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2000 el término inició el 01 de enero de 2001 y concluiría el 31 de diciembre de 2005 y para la gestión 2001 el término inició el 01 de enero de 2002 y concluiría el 31 de diciembre de 2006, no obstante, se advierte que de acuerdo al art. 54 de la referida norma, mediante la notificación de la Resolución Determinativa 136/2005 (1 de octubre de 2005), notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 510/2005 (26 de diciembre de 2005), nota CITE: GDSC/DTJCC/N! 1778/2005 de solicitud de información al Gobierno Municipal de Santa Cruz (7 de julio de 2005), nota CITE: GDSC/DTJCC/UCC/N0 0020/2006 de solicitud de anotación preventiva de línea a COTAS (5 de enero de 2006), nota CITE:GDSCZ/DTJC/UCC/N° 012/2006 retención de fondos a la ASFI (05 de enero de 2006), nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 0189/2006 de información a Derechos Reales (25 de enero de 2006), nota CITE: GDSC/UCC/N0 1170/2008 de solicitud de hipoteca judicial a derechos reales (25 de diciembre de 2008), nota CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/1365/2011 de solicitud de retención de fondos ASFI (2 de septiembre de 2011), entrega de liquidación de adeudo (11 de febrero de 2019), medida coactiva en la Contraloría General del Estado (9 de mayo de 2019), nota de solicitud de información a la Unidad Operativa de Tránsito (10 de mayo de 2019), se configuró la interrupción al término de la prescripción. Argumento ratificado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria según la Resolución de Recurso Jerárquico STJ/RJ/0505/2007, de 13 de septiembre de 2007 y por lo descrito en el Auto Supremo 266/2015. 

Asimismo indicó que entre las causas que suspenden la prescripción se encuentra el art. 1503 parágrafo II del Código Civil Boliviano que señala: “La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”, el uso de dicho fallo, se lo realiza en base a lo establecido por la Sentencia Constitucional 2548/2012, de 21 de diciembre de 2012 que establece la vinculación horizontal y vertical de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia por parte de las autoridades que administran justicia. Por tanto, el término de la prescripción para la gestión 2000 y 2001 se interrumpió con la notificación de la Resolución Determinativa, así también, con la aplicación integral de medidas coactivas desde la gestión 2005 hasta la gestión 2019. Demostrando que la facultad de ejecución del adeudo determinado se halla absolutamente vigente. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

II.3.2.- Sobre la ilegal notificación de la Orden de Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. 

La Administración Tributaria señaló que en el marco de los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), mediante operativo 72, notificación 2703, inició el proceso de determinación hacia los contribuyentes con incidencia en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2000 y 2001, por diferencia entre compras informadas por agentes de información con las ventas declaradas por la contribuyente. Actuación que conforme a la representación de 23 de marzo de 2005 al no encontrar el domicilio fiscal de la recurrente (calle Suarez Arana N° 151, zona Los Pozos), se practicó la notificación por edicto al amparo del art. 86 de la Ley 2492 (CTB). de igual manera la Vista de Cargo 700-72/0104-2005, la Resolución Determinativa N° 136/2005 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 510/2005 fueron notificadas por edicto, argumento que se encuentra ratificado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0014/2017, de 03 de enero de 2017, igualmente por el Tríbunal Supremo de Justicia que mediante la Sentencia N° 102/2012, de 04 de abril de 2012. Agregó que el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1638/2015, de 15 de septiembre de 2015, mientras el sujeto pasivo no demuestre lo contrario, las actuaciones de la Administración Tributaria se presumen legítimas. Con respecto a la Sentencia 102/2012 del TSJ, más allá de que no la haya encontrado, recordó que el Tribunal Supremo de Justicia emite Sentencias producto de procesos contencioso administrativo y no solo autos supremos. Concluyó señalando que todas las diligencias de notificación fueron legalmente practicadas y sus argumentos de la recurrente son falsos. 

II.3.3 Sobre la nulidad de la Vista de Cargo por falta de fundamentación, debido proceso y derecho a la defensa. 

La Administración Tributaria citando como respaldo la Sentencia Constitucional 1057/2011-R, de 1 de julio de 2011; Sentencia Constitucional N° 0991/2015-S1, de 26 de octubre de 2015 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 1273/208, de 28 de mayo de 2018, indicó que la Vista de Cargo, como la Resolución Determinativa en su estructura contienen un apartado sobre antecedentes, normativa legal aplicable 13 de 42 

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y análisis del caso en concreto determinando la deuda tributaria, como requisito de formación del acto administrativo según establece el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), cumpliendo también los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB). Además se aplicó el método de determinación sobre base cierta emergente de las declaraciones juradas presentadas por ella misma y de acuerdo al art. 7 del DS 27310 (RCTB), dichas declaraciones juradas tienen validez probatoria. Criterio ratificado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0878/2016. Agregó que la recurrente no demostró de qué manera, la Administración Tributaria habría vulnerado su derecho, además como debería ser el contenido de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa para que fuera fundamentada, en consecuencia, la recurrente se limitó a repetir normativa y jurisprudencia sin demostrar nada en concreto, conforme establece el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo N° 915/2015, de 09 de octubre de 2015. 

11.3.4 Sobre la temeraria acusación por defraudación tributaria. 

La Administración Tributaria adujo que no corresponde emitir mayores comentarios porque es facultad de la Administración Tributaria iniciar las acciones legales correspondientes en el ámbito que corresponda; más aún, cuando se tiene indicios de defraudación tributaria, producto de las observaciones identificadas dentro del proceso de determinación contra la recurrente. 

11.3.5 Sobre la falta de valoración de argumentos en la Resolución Administrativa. 

La Administración Tributaria manifestó que en cuanto a la prescripción, en el apartado II del memorial se argumentó y comprobó que la facultad de ejecución de adeudo tributario determinado se halla vigente. Además, aclaró que la recurrente tiene que ser coherente con su pretensión, ya que ahora pidió un pronunciamiento a todas las facultades (imponer, determinar, verificar, ejecutar etc.), por lo cual orienta que se remita a la sección correspondiente de la Ley 1340. Además indicó que la Administración Tributaria no se manifestó sobre las modificaciones a la Ley 2492 (CTB), porque claramente en la estructura, solo se usó la Ley 1340, cual corresponde aplicar por el principio tempus comicci delicti. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por otra parte, también indicó que respecto a las nulidades de notificaciones, en el apartado II del memorial ya se desvirtuó dicho agravio, por lo que no es pertinente repetir lo mismo. Y finalmente, sobre las observaciones a la Vista de Cargo, fue desvirtuado en el punto II. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa 231970003622, de 20 de septiembre de 2019. 

11.4 Apertura del término probatorio. 

Mediante Auto de 15 de noviembre de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida el 20 de noviembre de 2019 (fs. 41-42 del expediente). 

La Administración Tributaria recurrida, durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 10 de diciembre de 2019, mediante memorial de 02 de diciembre de 2019, ratificó y ofreció en calidad de prueba todo el expediente administrativo presentado junto con la contestación al recurso de Alzada, mismo que contiene todos los antecedentes del cual se puede evidenciar la legalidad de las actuaciones de la Administración Tributaria (fs. 46 del expediente). 

Por su parte, la recurrente, dentro del plazo señalado, no presentó ni ratificó pruebas. 11.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de Ley 2492 (CTB), que fenecía el 30 de diciembre de 2019, la Administración Tributaría presentó alegatos en conclusión escritos el 16 de diciembre de 2019 (fs. 51-52 vta. del expediente), bajo los mismos argumentos expuestos en su memorial de contestación a Recurso de Alzada. 

Por su parte, la recurrente dentro del mismo plazo presentó alegatos en conclusión escritos el 23 de diciembre de 2019 (fs. 55-57 vta. del expediente), bajo los mismos argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada. 

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III.-ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.- 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

111.1 El 1 y 5 de abril de 2005, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a la recurrente con el Operativo 72 N° de Notificación 2703, de 14 de marzo de 2005, mediante la cual le comunicó que habiendo constatado compras informadas por Agentes de Información con las ventas indicadas en sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) detectó ciertas diferencias; en tal sentido en el término perentorio de cinco (5) días debe presenta la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2000 y enero de la gestión 2001; b) Libro de compras y ventas IVA y C) Talonarios de facturas emitidas (fs. 1 y 9-19 de antecedentes). 

111.2 El 15 de abril de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe GDSC/DDF/INF/N° 03-0623/2005, en la cual indicó en el punto 3, que la contribuyente a pesar de la publicación por edicto, no se presentó, por lo que recomendó se emita la Vista de Cargo (fs. 39-40 de antecedentes). 

El 23 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a la recurrente con la Vista de Cargo 700-72/0104-2005, de 11 de mayo de 2005, mediante el cual indicó que el Impuesto al Valor Agregado – Débito Fiscal por ingresos sin declarar, se obtuvo sobre la base de la información registrada en el Sistema Integrado de Recaudación de la 

Administración Tributaria (SIRAT), respecto a las compras informadas por los Agentes de Información, reflejadas en el Formulario F-7520, notificación 2703, operativo 72, que genera un reparo por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las transacciones objeto del proceso de determinación, mismas que no fueron declaradas en aplicación a lo dispuesto por los arts. 5, 7 y 15 de la Ley 843. Impuesto a las Transacciones (IT) por ingresos no declarados, transacciones sin declarar, realizadas según las compras informadas por los Agentes de Información, generando un reparo en el 16 de 42

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Impuesto a las Transacciones (IT), en aplicación a lo dispuesto por los arts. 72, 74 y 75 de la Ley 843; de donde surge una deuda tributaria de 123.727,92 UFV’s que incluye tributo omitido actualizado e intereses (fs. 41-44 y 45-63 de antecedentes). 

111.4 El 18 de agosto de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe GDSC/DTJC/INF N° 314/2005, respecto a la Vista de Cargo N° 700-72/0104- 2005, en la cual recomendó se emita la correspondiente Resolución Determinativa a través de la cual se determine la obligación tributaria y se intime a la contribuyente a realizar el pago correspondiente por concepto total de la deuda tributaria por las transacciones (fs. 65-66 de antecedentes). 

111.5 El 27 de septiembre y 1 de octubre de 2005, la Administración Tributaria notificó por edictos de prensa a la recurrente con la Resolución Determinativa 136/2005, de 18 de agosto de 2005, la cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva de la recurrente por un total de Bs146.511.- (Ciento cuarenta y seis mil quinientos once 00/100 Bolivianos), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), resultante de la verificación puntual de la transacción detallada en el Form. 7520, Operativo 72, Notificación N° 2703, que tiene incidencia en los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2000 y enero de la gestión 2001 (fs. 67-69 y 71-74 de antecedentes). 

El 21 y 26 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) GDSC/DTJC/UCC/PIET 510/2005, de 07 de noviembre de 2005, mediante el cual indicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 136/2005, de 18 de agosto de 2005 y conforme a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), comunicó al contribuyente Cabrera Chipana Lucy, RUC N° 7147490, con domicilio en la calle Suarez Arana N° 151 Zona Los Pozos, que se dará inició a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se adoptaran las medidas coercitivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 82-84 de antecedentes). 

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111.7 El 07 de diciembre de 2005, el Servicio de Impuestos Nacionales presentó ante el Gobierno Municipal de Santa Cruz la nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1778/2005, de 1 de diciembre de 2005, en la cual solicitó proporcione certificación sobre los vehículos registrados a nombre -entre otros- de la contribuyente Cabrera Chipana Lucy con RUC 9172122, información que debe contener datos de placas de los motorizados, a efecto de proceder a la Anotación Preventiva. Ante lo cual, el 19 de diciembre de 2005, la Alcaldía Municipal de Santa Cruz – División Vehículos CERTIFICÓ que de revisado el RUAT INFORMÁTICO verificó que Lucy Chipana Lucy con RUC 9172122 – entre otros- no tiene registrado ningún vehículo a su nombre (fs. 85-87 de antecedentes). 

111.8 El 09 de enero de 2006, la Administración Tributaria notificó al Gerente General COTAS, la nota CITE: GDSC/DTJCC/UCC/N° 0020/2006; señalando que en relación a las Resoluciones Determinativas por los montos que se especifican, ejecutoriados, conforme a lo previsto en el art. 108 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) se dispuso las anotaciones preventivas sobre las líneas telefónicas de propiedad de la contribuyente -entre otras- Cabrera Chipana Lucy con RUC 9172122, a favor del Servicio de Impuestos Nacionales Santa Cruz. En respuesta, la Cooperativa de Telecomunicaciones COTAS, el 19 de enero de 2006, con nota CITE: C-GCMKT-DASC-AL 051/2006, informó que Lucy Cabrera Chipana con C.l. 2460857 LP, no registra certificados de aportación (fs. 91-92 y 93-94 de antecedentes). 

El 10 de enero de 2006, la Administración Tributaria presentó ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras Bolivia, la nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 012/2006, de 5 de enero de 2006, en la cual indicó que al amparo de los arts. 87 de la Ley Bancos y Entidades Financieras Ley 1488 y los arts. 71, 108 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), se dispuso la retención de fondos en los Bancos y Entidades Financieras, de las cuentas embargables que tuviera -entre otros- Cabrera Chipana Lucy con RUC 9172122, debiendo informar si los ejecutados son clientes activos o no de la red de bancos y entidades financieras nivel nacional, señalando los números de las cuentas bloqueadas especificando el monto retenido, saldo cero, o el estado en que se encuentren, también solicitó se remita un extracto tributario 18 de 42

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

de las cuentas de los contribuyentes. En respuesta el 1 de febrero de 2006, el Banco Unión reportó que la contribuyente no es cliente de esa institución (fs. 88-90 de antecedentes). 

111.10 El 25 de enero de 2006, la Administración Tributaria, emitió la nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 0189/2006, dirigida al Juez Registrador de Derechos Reales, en la cual solicitó, certifique, si Cabrera Chipana Lucy con Cl 2460857 LP., -entre otros- tienen bienes registrados a su nombre en las oficinas de Derechos Reales. En respuesta, el 09 de febrero de 2006, el Sub Registrador Departamental de Derechos Reales franqueó el certificado de propiedad de Lucy Cabrera Chipana con Cl 2460857 LP., con Registro 7011990029567. Asimismo y según consta en “REGISTRO A LA PROPIEDAD INMUEBLE’, el registrador de Derechos Reales el 08 de marzo de 2006, procedió a realizar la anotación preventiva en favor del Servicio de Impuestos Nacionales del inmueble con matrícula 7.01.1.99.0029567 (fs. 95- 98 y 101 de antecedentes). 

111.11 El 06, 15 de marzo y 18 de abril de 2006; el Banco SOL; Banco Nacional de Bolivia BNB y Mutual Guapay, informaron que Cabrera Chipana Lucy con Cl 2460857 LP., no mantiene ningún tipo de cuenta en dicha institución (fs. 103 y 105-106 de antecedentes). 

.12 El 29 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: GDSC/UCC/N0 1170/2008, dirigida al Registrador de Derechos Reales, en la cual le solicitó que conforme establecen los arts. 1369 del Código Civil y 108 siguientes de la Ley 2492 (CTB), la hipoteca legal de la parte correspondiente de propiedad de Cabrera Chipana Lucy con Cl 2460857 LP. En respuesta, el Registrador Departamental de Derechos, según consta en el asiento N° 4, del Registro de Propiedad del Inmueble, procedió al gravamen hipoteca judicial en favor del Servicio de Impuestos Nacionales del inmueble con Matrícula 7.01.1.99.0029567 (fs. 108-110 de antecedentes). 

.13 El 02 de septiembre de 2011, la Administración Tributaría presentó ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la nota CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/1365/2011, en la cual señaló que amparado en 19 de 42 

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los arts. 87 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, y 71 y 108 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), se dispuso la retención de fondos en los Bancos y Entidades Financiera, de las cuentas embargables que tuvieran los contribuyentes, debiendo informar a la citada Gerencia, si los ejecutados son clientes activos o no de la red de Bancos y Entidades Financieras a nivel nacional, señalando los números de cuentas bloqueadas, especificando los montos retenidos, saldo cero, o el estado en que se encuentren. Asimismo solicitó remita un extracto bancario de las cuentas, por los 60 días anteriores a la fecha de recepción (fs. 111-112 de antecedentes). 

.14 El 29 de enero de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/CC/NOT/00746/2019, en la cual señaló que el 21 de enero de 2019, se atendió -entre otros- a Cabrera Chipana Lucy con RUC 7147490, mismos que según alodial demuestran que cuentan con su bien inmueble con Matricula 7.01.1.99.0029567, gravado a nombre del SIN, gravámenes realizados el 30 de mayo de 2006 y 15 de diciembre de 2008, por el importe de Bs143.511.- hipoteca legal realizada a la parte correspondiente de la contribuyente Cabrera Chipana Lucy. Y Alarcón Castro Raúl Patricio, en calidad de esposo, manifestó que no cuenta con adeudos tributarios, mostrando un certificado de no adeudos tributarios, sin embargo, de la revisión de los procesos en los sistemas del SIN se evidencia la existencia de adeudos tributarios a nombre de la contribuyente Cabrera Chipana Lucy con RUC 7147490, situación que es comunicada en ese momento, además explicándole que el gravamen que pesa sobre su inmueble es por adeudo de su esposa, comprometiéndose la funcionaría a la entrega de liquidación de sus adeudos tributarios en fecha 11 de febrero de 2019, poniendo a su conocimiento los beneficios de la Ley 1105, en tal sentido solicitó a los gestores de cobro de la Unidad de Cobranza Coactiva, revisen el proceso seguido en contra de la contribuyente Cabrera Chipana Lucy con RUC 7147490 y se reactiven todas las medidas, considerando el año de la ejecución tributaría, y se realice la correspondiente liquidación de adeudos tributarios para el 11 de febrero de 2018, toda vez que personero de la Institución Defensor del Pueblo realizaran el seguimiento correspondiente (fs. 114-115 de antecedentes). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

.15 El 11 de febrero de 2019, Lucy Cabrera Chipana, recepcionó la liquidación realizada por la Unidad de Cobranza Coactiva del PIET 510/2005 (fs. 128 de antecedentes). 

111.16 El 22 de febrero de 2019, Lucy Cabrera de Alarcón presentó memorial, en la cual solicitó lo siguiente: 

  1. Prescripción. Los periodos sobre los cuales se asientan todos los actuados administrativos son los correspondientes al IVA e IT, de los periodos agosto a noviembre de 2000 y enero de 2001, habiendo transcurrido hasta la fecha 18 y 19 años, respectivamente, tiempo suficiente para que la Administración en base a sus facultades accione el cobro de la supuesta deuda tributaria, imponga sanciones y ejecute, tanto el tributo, como las sanciones, toda vez que para los hechos generadores de las gestiones 2000 y 2001, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2001 y finalizó el 31 de diciembre de 2005 y para el periodo enero de 2001, inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, en ese sentido tomando en cuenta que no cursa ninguna causal de interrupción o suspensión conforme los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), la deuda tributaria y ejecución de la misma se encuentra completamente prescrita, debiendo declarar la extinción de la deuda tributaría por prescripción e indicó que no puede aplicarse retroactivamente cualquier otra norma, lo contrario vulneraría el art. 123 de la CPE. Respecto a la aplicación de la Ley 1340, citó la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 
  2. Vicios de nulidad. 

2.1 Ilegal notificación de la Orden de Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. El 5 de abril de 2005, la Administración Tributaria le notificó mediante edicto de prensa con la Orden de Verificación del Operativo 72, sin embargo, ésta se notificó vulnerando el debido proceso y derecho a la defensa, contraviniendo el ordenamiento constitucional, pues a fs. 2 se observa la consulta de contribuyente donde se observa como domicilio la calle Suarez Arana 151, entre calles Campero y Abaroa, zona Los Pozos, empero también en dicha consulta de contribuyente se 

observa un cambio de domicilio de 18 de enero de 2000, signado como domicilio

el ubicado en la calle Suarez Arana 174 Los Pozos, asimismo aclaró que desde el año 2000 que ya no vive en ese domicilio visitado por personeros del 

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SIN, empero de manera constante visita a las personas de dicho lugar, lo que contradice lo expresado por el funcionario en su informe a fs. 9 menciona: “El día 14 de marzo de 2005, nos constituimos en el domicilio fiscal del contribuyente Cabrera Chipana Lucy con RUC No. 7147490 ubicado en la dirección calle Suarez Arana N° 151 entre campero y Abaroa…; de lo cual se concluye que el contribuyente no es habido en el domicilio legal declarado según padrón”. Asimismo, citó los arts. 83, 84, 85 y 86 de la Ley 2492 (CTB), quedando claro el procedimiento que debe seguir cualquier administración tributaria a tiempo de notificar o dar a conocer sus actos administrativos a los contribuyentes, empero en el presente caso existe una flagrante vulneración, pues el art. 86 de la Ley 2492 (CTB) expone 3 opciones sobre las cuales se tendría que practicar una notificación por edicto, la primera, es cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, es decir, que se debe de intentar previamente la notificación personal o por cédula, situación que no se dio, porque su persona a pesar de tener registrado domicilio en la Dirección Nacional de Identificación Personal, el mal funcionario se limitó a revisar solamente su base de datos del SIN, lo que debió hacer es un cruce de información con la Dirección de Identificación Personal y también ante el Tribunal Electoral, la segunda, por desconocerse el domicilio del interesado, es decir, que para practicar la notificación por edicto, no tiene que haber ningún registro domiciliario ni forma alguna de conocer el domicilio de la persona a quien se pretende notificar, sin embargo, en el presente existía domicilio declarado por su persona y el cambio de domicilio, por lo que no puede alegarse desconocimiento de domicilio, debiendo haber procedido conforme el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), además faltando a la verdad, el funcionario indica que vive en ese domicilio la Flia. Nazaret López, sin embargo, en ese entonces vivía Sonia Fernández. 

Agregó que el procedimiento de notificación y totalmente viciado de nulidad, se repitió de manera idéntica en relación a la notificación con la Vista de Cargo 700- 72/0104-2005, con las mismas contravenciones, ahora bien la Resolución Determinativa 136/2005, de 18 de agosto de 2005, también fue notificada por edicto, al margen de contener las mismas contravenciones, esta notificación se constituye en prueba de la ilegalidad, pues en la representación de 9 de septiembre de 2005 (fs. 69 de antecedentes), se evidencia contradicción, pues en primer lugar señala que se constituyó al domicilio ubicado en la calle Suarez Arana 151, zona Los Pozos, líneas abajo indicó que desconoce su domicilio, 22 de 42

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Impugnación Tributaria 

dicha contradicción pretende ser camuflada en relación a que supuestamente en el lugar no se dio razón de su domicilio y que se habría verificado en la guía telefónica y el 104 de COTAS, sin embargo, no se dejó constancia. Con relación a la notificación del PIET 510/2005, de 07 de noviembre de 2005, se notificó con los mismos defectos antes descritos. Hizo énfasis que en ninguna de las diligencias se dejó constancia de quienes dieron la supuesta información de que su persona ya no vivía en el indicado domicilio, tampoco cursa firma de testigo de actuación, no existe ningún actuado que denote que, el funcionario que supuestamente se habría apersonado a dicho domicilio para notificarle, señale que hizo por lo menos el mínimo intento de ubicar su domicilio para cumplir con su obligación de notificarle, aspecto que vulnera sus derechos. 

2.2 Nulidad de la Vista de Cargo por falta de fundamentación y vulneración al debido proceso y derecho a la defensa. La Vista de Cargo 700-72/0104-2005, de 11 de mayo de 2005, que da origen a la Resolución Determinativa 136/2005, vulnera lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 2492 (CTB) y por ende los arts. 115, 117 y 119 de la CPE, pues carece de una adecuada fundamentación que vulnera el debido proceso y derecho a la defensa. Toda vez que en el punto “Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones” de la Vista de Cargo, señala una supuesta verificación documental, empero no se indica que documentos se evaluaron y respecto a la documentación que cursa (fs. 19 a 37 de antecedentes), la desconoce porque su persona tenía su actividad económica comercializar al por menor artículos de ferretería y jamás realizó ventas a las empresas constructoras ahí signadas, por lo que no es válida la información otorgada por los supuestos agentes de información y menos las declaraciones justadas supuestamente realizadas por su persona, máxime si sus facturas no excedían los Bs4.000.-, además no indica la forma de obtención, su alcance, fecha o datos que lleven a conocer que tipo de documentación fue objeto de evaluación de parte de la Administración Tributaria, se restringe a indicar 

parámetros de revisión como valor, origen, cantidad, sin embargo no señala la iij.ii.iijji) 

relación de estos parámetros con la supuesta documentación verificada. Asimismo, no se le dio la oportunidad para que su persona pueda aportar las pruebas que correspondan, vulnerando los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB), 115, 

117 y 119 de la CPE. Y respecto a la Resolución Determinativa adujo que en •/•-” 

base a simples conjeturas, de forma arbitraria, sin que exista un fundamento, 23 de 42 

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explicación respecto a la base presunta utilizada para determinar la supuesta deuda, toda vez que como establece el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), ésta será utilizada cuando no se posea los datos necesarios, no tenga registros tributarios, no presente declaraciones juradas. 

  1. Temeraria acusación por defraudación tributaria. Indicó que la actuación irresponsable actuación de los funcionarios que iniciaron y que continuaron, dio como resultado una temeraria acusación en su contra, toda vez que al no otorgarle el plazo para defenderse sobre los falsos, se encuentra por perder su casa, así como su libertad, toda vez que en su parte resolutiva CUARTA de la Resolución Determinativa, de manera temeraria dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público para los fines consiguientes, pena que va desde los 4 a 8 años y la confiscación de todos sus bienes, según la modificación de la Ley 037/10 (fs. 132-140 de antecedentes). 

.17 El 28 de marzo de 2019, la recurrente mediante memorial, solicitó a la Administración Tributaria pronunciamiento del memorial presentado el 22 de febrero de 2019 (fs. 151 de antecedentes). 

111.18 El 06 de mayo de 2019, la Administración Tributaria presentó ante la Dirección Departamental de Tránsito la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05077/2019, solicitándole que por la sección correspondiente conceda información de los vehículos automotores registrados a nombre de Cabrera Chipana Lucy, información que deberá contener datos de placa, marca, lugar de residencia y en su caso los gravámenes existentes a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por Ley. En respuesta la División de Registro Vehículos Santa Cruz, certificó que Cabrera Chipana Lucy con RUC 7147490 no registra vehículo motorizado a su nombre (fs. 160-161 de antecedentes). 

111.19 El 16 de mayo de 2019, la recurrente presentó queja, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que no emitió una respuesta pronta, oportuna y debidamente fundamentada, tal cual establece el art. 24 de la CPE (fs. 155 de antecedentes). 

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Impugnación Tributaria 

111.20 El 13 de septiembre de 2019, la recurrente presentó memorial en el cual anunció silencio administrativo, toda vez que hasta la fecha no existe una respuesta positiva o negativa, incumpliendo lo establecido en el art. 24 de la CPE (fs. 164 de antecedentes). 

111.21 El 27 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente, con la Resolución Administrativa 231970003622, de 20 de septiembre de 2019, mediante el cual, PRIMERO: Rechazó la solicitud de nulidad de notificación de actuaciones administrativas de la Orden de Verificación, operativo 72, Notificación 2703, Vista de Cargo 700- 72/0104-2005, Resolución Determinativa 136/2005 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 510/2005. Además rechazó la aparente falta de fundamentación de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. SEGUNDO: Rechazó la solicitud de prescripción a la ejecución tributaria impetrada por la contribuyente, con incidencia al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2000 y enero de 2001 (fs. 166-175 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios: 1- Vicios de nulidad por vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa; inmerso a esto se encuentra; 1.1 Falta de valoración de argumentos y pronunciamiento en la Resolución Administrativa; 1.2 Falta de fundamentación en la Vista de Cargo; 1.3 Falta de fundamentación en la Resolución Determinativa y 1.4 Ilegal notificación de la Orden de Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; asimismo alegó sobre la 2. Prescripción y 3. Acusación por defraudación tributaria. Mismas que serán dilucidadas a continuación. 

IV.1. Sobre la vulneración de los derechos y garantías constitucionales. 

En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia a la recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se 25 de 42 

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acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la Constitución Política del Estado Plurinacional es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68 en su num. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia a la recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta LTDA, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

En cuanto al debido proceso el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional N° 0551/2012, de 20 de julio de 2012, la cual señala que: “…el debido proceso como una garantía jurisdiccional fue ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la manera siguiente: “(…) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.”..De la misma manera, la Sentencia Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías constitucionales del debido proceso, expresando textualmente que: “La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser 26 de 42

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ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran 

justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”. 

De igual modo, lo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”. 

Al respecto, del Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.” 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y /O 

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la / • 

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mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

En cuanto al principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: “(…) la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…”. 

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la seguridad jurídica otorgada a los sujetos pasivos; al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle susfunciones con mayor eficiencia yeficacia. 

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En consecuencia, se resolverá cada uno de los aspectos alegados por la recurrente. 

IV.1.1. Falta de valoración de argumentos y pronunciamiento en la Resolución Administrativa. 

La recurrente argüyó que el 22 de febrero de 2019, presentó memorial solicitando como previo pronunciamiento la prescripción, tanto de la deuda tributaria, como de la ejecución de la deuda tributaria determinada, a su vez en caso de no recibir respuesta a dicha figura, solicitó la nulidad de obrados por notificaciones viciadas de nulidad, falta de motivación y fundamentación en la Vista de Cargo y demás aspectos que vician de nulidad el proceso, sin embargo, no se atendió la totalidad de los pedidos, pues la Administración solo realizó una superficial valoración de sus argumentos, sin desvirtuar ninguno de sus peticiones y sin fundamentar su respuesta que se deslumhra en la Resolución Administrativa N° 231970003622, de 20 de septiembre de 2019. 

De lo anterior, indicó que con relación a la a) Prescripción, solo contiene un resumen de los hechos suscitados y que no corresponde la prescripción por existir interrupción del cómputo, sin embargo, no señaló que actuado o actuados interrumpirían el cómputo, tampoco indica en qué fecha se produjo la interrupción y cuando iniciaría nuevamente a computar, simplemente habla de interrupción y no señala más otra cosa, además en el memorial realizó el siguiente petitorio: “opongo prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses, recargos y cualquier ejecución de la deuda tributaria pretendida por la Administración Tributaria, por haberse extinguido cualquier acción de parte de la Administración Tributaria, solicitando a su autoridad se declare la extinción de la deuda tributaria por prescripción en relación al IVA e IT, correspondiente a los periodos agosto a noviembre de la gestión 2000 y enero de la gestión 2001, así como también pido se declare prescrita la facultad de ejecución de la deuda tributaria de indicados periodos”, vale decir, que no pidió la prescripción de la deuda tributaria, sino que solicitó la prescripción de todas las facultades de la Administración Tributaria contenida en la normativa aplicable, o sea la Ley 1340, incluida la facultad de determinación y ejecución de la Administración Tributaria sobre 29 de 42 

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las cuales versa la solicitud de prescripción, a su vez tampoco se pronunció sobre la vulneración al principio de retroactividad, en el casual caso de que fundamente su prescripción sobre las previsiones de la Leyes 2492 (CTB), 291, 317 y/o 812, misma que debe de merecer también algún pronunciamiento aceptando o desestimando dichos argumentos. 

Asimismo, y respecto a la, b) Nulidad de notificaciones.- En el memorial presentado expuso: “(…); como consta a fs. 2 de las fotocopias legalizadas que fueron proporcionadas, se observa la consulta de contribuyente donde se observa como domicilio la Calle Suarez Arana N° 151, entre calle Campero y Abaroa zona los Pozos; empero también en dicha consulta de contribuyente se observa un cambio de domicilio de fecha 18 de enero de 2000, signado como domicilio el ubicado en la Calle Suarez Arana N° 174 Los Pozos…”; vale decir, cursa actualización en el padrón de contribuyente, en cumplimiento del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), empero en ninguna parte de la Resolución recurrida se menciona algo al respecto, solo se centra en un solo domicilio, el ubicado en la calle Suarez Arana N° 151 y no se tomó en cuenta el domicilio actualizado en el mismo padrón, aspectos que no fueron dilucidados, pues no se emitió pronunciamiento alguno; a su vez expuso también en el memorial: “…al mismo tiempo, es menester aclarar que mi persona y mi familia desde el año 2000 ya no vive en el domicilio supuestamente visitado por personero de la Administración Tributaria, empero de manera constante visito a las personas de dicho lugar porque después de haber vivido por mucho tiempo en alquiler hemos mantenido una relación de amistad, que se asemejan a las relaciones de familia”; es decir, cómo se expuso realizó el cambio de domicilio, sin embargo no fue tomado en cuenta por la Administración Tributaria. Finalmente, indicó que expuso también las 3 opciones sobre las cuales se tendría que practicar una notificación por edicto; la primera, cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, la segunda, por desconocer el domicilio del interesado y tercera, intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, exponiendo con ello los argumentos necesarios para la nulidad de las notificaciones solicitadas, empero dichos argumentos no fueron atendidos por la Administración Tributaria, pues no cursa ningún fundamento motivado al respecto. También citó 3 Sentencias Constitucionales 757/2003-R, 1701/2011, de 21 de octubre de 2011 y 0521/2014, de 10 de marzo de 2014, pero no cursa ningún análisis. 

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También adujo el inc. c) Nulidad de la Vista de Cargo.- En el citado memorial indicó: “…de dicha vista de cargo, se señala una supuesta verificación documental, empero no se indica que documentos se evaluaron”, sin embargo, en la Resolución Administrativa hoy recurrida no cursa ninguna evaluación documental, menos el nombramiento de la documentación supuestamente analizada, a su vez también señaló: “…respecto a la documentación que cursa a fojas 19 a 37 las desconozco porque mi persona tenía su actividad económica el comercializar al por menor 

artículos de ferretería, y jamás realice ventas a las empresas constructoras ahí signadas, porlo que no es válida la información otorgada por los supuestos agentes de información y menos las declaraciones juradas supuestamente realizadas por mi persona, máxime si mis facturas no excedían de los cuatro mil bolivianos aproximadamente…”; en mérito a ello no cursa ninguna respuesta ni análisis, no fundamentó si sus argumentos son o no son válidos. 

Citó como respaldo las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1439/2013 y 2801/2010-R. 

En contraposición, la Administración Tributaria en su memorial de contestación al Recurso de Alzada consignó que en cuanto a la prescripción, en el apartado II del memoríal se argumentó y comprobó que la facultad de ejecución de adeudo tributario determinado se halla vigente. Además, aclaró que la recurrente tiene que ser coherente con su pretensión, ya que ahora pidió un pronunciamiento a todas las facultades (imponer, determinar, verificar, ejecutar etc.), por lo cual orienta que se remita a la sección correspondiente de la Ley 1340. Además, indicó que la Administración Tributaria no se manifestó sobre las modificaciones a la Ley 2492 (CTB), porque claramente en la estructura, solo se usó la Ley 1340, cual corresponde aplicar por el principio tempus comicci delicti. 

Por otra parte, también indicó que respecto a las nulidades de notificaciones, en el pirsim 

apartado II del memorial ya se desvirtuó dicho agravio, por lo que no es pertinente repetir lo mismo. Y finalmente, sobre las observaciones a la Vista de Cargo, fue desvirtuado en el punto II. 

Al respecto, es preciso considerar en el presente caso, lo previsto en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), que considera como elementos esenciales del acto administrativo 31 de 42 

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los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico; En consecuencia, todo acto administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir los procedimientos previstos por Ley y estar debidamente fundamentados, expresando claramente los hechos y el derecho aplicable, aspectos que tienen relevancia porque se refieren a una explicación y análisis de los acontecimientos tácticos de acción u omisión del contribuyente, los cuales en contraste con la norma positiva condujeron a la Administración a la emisión de la decisión, constituyendo la valoración de las pruebas de descargo, parte sustancial de la fundamentación. 

De la misma manera, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

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De la revisión de antecedentes se tiene que este proceso se inició el 1 y 5 de abril de 2005, cuando la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a la recurrente con el Operativo 72 de Notificación 2703, de 14 de marzo de 2005, mediante la cual le comunicó que habiendo constatado compras informadas por Agentes de Información con las ventas indicadas en sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) detectó ciertas diferencias; en tal sentido en el término perentorio de cinco (5) días debe presenta la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2000 y enero de la gestión 2001; b) Libro de compras y ventas IVA y C) Talonarios de facturas emitidas, posteriormente notificó por Edicto de prensa la Vista de Cargo 700-72/0104-2005, de 11 de mayo de 2005, mediante el cual indicó se obtuvo sobre la base de la información registrada en el Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria (SIRAT), respecto a las compras informadas por los Agentes de Información, reflejadas en el Formulario F-7520, notificación 2703, operativo 72, que genera un reparo por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las transacciones objeto del proceso de determinación, de donde surge una deuda tributaria de 123.727,92 UFV’s que incluye tributo omitido actualizado e intereses, deuda que fue ratificada por la Resolución Determinativa N° 136/2005, de 18 de agosto de 2005, notificada también por Edicto de Prensa, la cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva de la recurrente por un total de Bs146.511.- (Ciento cuarenta y seis mil quinientos once 00/100 Bolivianos), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), resultante de la verificación puntual de la transacción detallada en el Form. 7520, Operativo 72, Notificación N° 2703, que tiene incidencia en los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2000 y enero de la gestión 2001, seguidamente el 21 y 26 de diciembre de 2005, la Administración Tributaría notificó por edicto de prensa a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) GDSC/DTJC/UCC/PIET N° 510/2005, de 07 de noviembre de 2005, mediante el cual indicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 136/2005, de 18 de agosto de 2005. 

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por la recurrente, referente a que el 22 de febrero de 2019, habría presentado memoríal solicitando como previo pronunciamiento la prescripción, tanto de la deuda tributaria, como de la ejecución de la deuda tributaria determinativa, a su vez en caso de no recibir respuesta a dicha 33 de 42 

¿Justicia tributaria para vivir bien 

/Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

IMana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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figura, solicitó la nulidad de obrados por notificaciones viciadas de nulidad, falta de motivación y fundamentación en la Vista de Cargo y demás aspectos que vician de nulidad el proceso, sin embargo, no se atendió la totalidad de los pedidos, pues la Administración solo realizó una superficial valoración de sus argumentos, sin desvirtuar ninguno de sus peticiones y sin fundamentar su respuesta que se deslumbra en la Resolución Administrativa 231970003622, de 20 de septiembre de 2019; al respecto, es necesario mencionar que ésta instancia recursiva en principio realizará análisis de los antecedentes presentados por la Administración Tributaria el 14 de noviembre de 2019, con la finalidad de verificar si efectivamente se consideró en la Resolución Administrativa 231970003622, de 20 de septiembre de 2019; todos los argumentos alegados por la recurrente en el memorial presentado el 22 de febrero de 2019; de lo cual se evidenció que a fs. 132-140 de antecedentes, cursa memorial presentado por la recurrente, en la cual solicitó cuatro (4) puntos que serán desglosados a continuación: 

Sobre la 1. Prescripción. Indicó que los periodos sobre los cuales se asienta todos los actuados administrativos son los correspondiente al IVA e IT, de los periodos agosto a noviembre de 2000 y enero de 2001, transcurriendo hasta la fecha 18 y 19 años respectivamente, tiempo suficiente para que la Administración en base a sus facultades accione el cobro de la supuesta deuda tributaria, imponga sanciones y ejecute, tanto el tributo, como las sanciones, toda vez que, para los hechos generadores de las gestiones 2000 y 2001, se inició el 1 de enero de 2001 y finalizó el 31 de diciembre de 2005 y para el periodo enero de 2001, inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, en ese sentido tomando en cuenta que no cursa ninguna causal de interrupción o suspensión conforme los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), al deuda tributaria y ejecución de la misma se encuentra completamente prescrita, y en el petitorio de dicho memorial consignó: “Opongo la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o aiustes, exigir el pago de tributos, multas, intereses, recargos y cualquier ejecución de la deuda tributaria pretendida por la Administración Tributaria, por haberse extinguido cualguier acción de parte de la Administración Tributaria”: asimismo, sostuvo no puede aplicarse retroactivamente cualquier otra norma, lo contrario vulneraría el art. 123 de la CPE. Citó la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

De la misma compulsa, también la recurrente en dicho memorial hizo referencia a vicios de nulidad, con relación a la 2. Ilegal notificación de la Orden de Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. Pues adujo que el 5 de abril de 2005, la Administración Tributaria le notificó mediante edicto de prensa con la Orden de Verificación del Operativo 72, sin embargo, ésta se notificó vulnerando el debido proceso y derecho a la defensa, contraviniendo el ordenamiento constitucional, pues a fs. 2 se observa la consulta de contribuyente donde se tiene como domicilio la calle Suarez Arana 151, entre calles Campero y Abaroa zona Los Pozos, empero también en dicha consulta de contribuyente se observa un cambio de domicilio de fecha 18 de enero de 2000, signado como domicilio el ubicado en la calle Suarez Arana N° 174 Los Pozos, asimismo, aclaró que desde el año 2000 que ya no vive en ese domicilio visitado por personeros del SIN, empero de manera constante visita a las personas de dicho lugar, lo que contradice lo expresado por el funcionario en su informe a fs. 9 menciona: “El día 14 de marzo de 2005, nos constituimos en el domicilio fiscal del contribuyente Cabrera Chipana Lucy con RUC No. 7147490 ubicado en la dirección calle Suarez Arana N° 151 entre campero y Abaroa…; de lo cual se concluye que el contribuyente no es habido en el domicilio legal declarado según padrón”. Asimismo, citó los arts. 83, 84, 85 y 86 de la Ley 2492 (CTB), e indicó que queda claro el procedimiento que debe seguir cualquier administración tributaria a tiempo de notificar o dar a conocer sus actos administrativos a los contribuyentes, empero en el presente caso existe una flagrante vulneración, pues el art. 86 de la Ley 2492 (CTB) expone 3 opciones sobre las cuales se tendría que practicar una notificación por edicto, la primera, es cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, es decir, que se debe de intentar previamente la notificación personal o por cédula, situación que no se dio, porque su persona a pesar de tener registrado domicilio en la Dirección Nacional de Identificación Personal, el mal funcionario se limitó a revisar solamente su base de datos del SIN, lo que debió hacer es un cruce de información con la Dirección de Identificación Personal y también ante el Tribunal Electoral, la segunda, por desconocerse el domicilio del interesado, es decir, que para practicar la notificación por edicto, no tiene que haber ningún registro domiciliario ni forma alguna de conocer el domicilio de la persona a quien se pretende notificar, sin embargo, en el presente existía domicilio declarado por su persona y el cambio de domicilio, por lo que no puede alegarse desconocimiento de domicilio, debiendo haber procedido conforme el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), además faltando 

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a la verdad, el funcionario indica que vive en ese domicilio la Flia. Nazaret López, sin embargo en ese entonces vivía Sonia Fernández. Agregó que el procedimiento de notificación y totalmente viciado de nulidad, se repitió de manera idéntica en relación a la notificación con la Vista de Cargo 700-72/0104-2005, con las mismas contravenciones, ahora bien la Resolución Determinativa 136/2005, de 18 de agosto de 2005, también fue notificada por edicto, al margen de contener las mismas contravenciones, esta notificación se constituye en prueba de la ilegalidad, pues en la representación de 9 de septiembre de 2005 (fs. 69 de antecedentes), se evidencia contradicción, pues en primer lugar señala gue se constituyó al domicilio ubicado en la calle Suarez Arana 151 zona Los Pozos, líneas abajo indicó gue desconoce su domicilio, dicha contradicción pretende ser camuflada en relación a gue supuestamente en el lugar no se dio razón de su domicilio y gue se habría verificado en la guía telefónica y el 104 de COTAS, sin embargo, no se dejó constancia. Con relación a la notificación del PIET 510/2005, de 07 de noviembre de 2005, se notificó con los mismos defectos antes descritos. Hizo énfasis que en ninguna de las diligencias se dejó constancia de quienes dieron la supuesta información de que su persona ya no vivía en el indicado domicilio, tampoco cursa firma de testigo de actuación, no existe ningún actuado que denote que, el funcionario que supuestamente se habría apersonado a dicho domicilio para notificarle, que señale que hizo por lo menos el mínimo intento de ubicar su domicilio para cumplir con su obligación de notificarle, aspecto que vulnera sus derechos. 

Respecto a los vicios de nulidad alegados por la recurrente, también refirió sobre la 3. Nulidad de la Vista de Cargo por falta de fundamentación y vulneración al debido proceso y derecho a la defensa. Pues indicó que la Vista de Cargo 700- 72/0104-2005, de 11 de mayo de 2005, que da origen a la Resolución Determinativa 136/2005, vulnera lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 2492 (CTB) y por ende los arts. 115, 117 y 119 de la CPE, toda vez que carece de una adecuada fundamentación que vulnera el debido proceso y derecho a la defensa. Ya que en el punto “Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones” de la Vista de Cargo, señala una supuesta verificación documental, empero no se indica que documentos se evaluaron y respecto a la documentación que cursa (fs. 19 a 37 de antecedentes), la desconoce porque su persona tenía su actividad económica de comercializar al por menor artículos de ferretería y jamás realizó ventas a las empresas constructoras ahí signadas, por lo que no es válida la información otorgada por los supuestos agentes 36 de 42

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

de información y menos las declaraciones justadas supuestamente realizadas por su persona, máxime si sus facturas no excedían los Bs4.000.-, además no indica la forma de obtención, su alcance, fecha o datos que lleven a conocer que tipo de documentación fue objeto de evaluación de parte de la Administración Tributaria, se restringe a indicar parámetros de revisión como valor, origen, cantidad, sin embargo no señala la relación de estos parámetros con la supuesta documentación verificada. Asimismo no se le dio la oportunidad para gue su persona pueda aportar las pruebas gue correspondan al caso, vulnerando los arts. 96 de la Lev 2492 (CTB), 115, 117 y 119 de la CPE. Y respecto a la Resolución Determinativa adujo que en base a simples conjeturas, de forma arbitraria, sin que exista un fundamento, explicación respecto a la base presunta utilizada para determinar la supuesta deuda, toda vez que como lo establece el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), ésta será utilizada cuando no se posea los datos necesarios, no tenga registros tributarios, no presente declaraciones juradas. 

Finalmente, en dicho memorial la recurrente también alegó sobre 4. Temeraria acusación por defraudación tributaria. Toda vez que la actuación irresponsable de los funcionarios que iniciaron y que continuaron, dio como resultado una temeraria acusación en su contra, toda vez que al no otorgarle el plazo para defenderse sobre los falsos, se encuentra por perder su casa, así como su libertad, toda vez que en su parte resolutiva CUARTA de la Resolución Determinativa, de manera temeraria dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público para los fines consiguientes, pena que va desde los 4 a 8 años y la confiscación de todos sus bienes, según la modificación de la Ley 037/10. 

Con relación a éstas solicitudes realizadas mediante memorial de 22 de febrero de 2019, la Administración Tributaria, el 27 de septiembre de 2019, notificó de manera personal a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 231970003622, de 20 de septiembre de 2019 (fs. 166-175 de antecedentes); en cuyo primer y segundo 

considerando se limitó a describir antecedentes de manera cronológica y citar

normativa, a continuación, vale decir, en el considerando III, la Administración Tributaria realizó análisis y fundamentación en cuanto al memorial presentado por la recurrente, lo cual es desglosado en tres (3) incisos, que fueron desarrollados de la siguiente forma: 


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  1. a) Nulidad de obrados por supuesta ilegal notificación de actuaciones en el proceso de determinación y proveído de inicio de ejecución Indicó que de acuerdo a la representación de 23 de marzo de 2005 al no encontrar el domicilio fiscal de la contribuyente (calle Suarez Arana N° 151, zona Los Pozos), se practicó la notificación por edicto en amparo del art. 86 de la Ley 2492 (CTB), de igual manera la Vista de Cargo 700-72/0104- 2005, Resolución Determinativa N° 136/2005 y Proveído de Inicio de Ejecución N° 510/2005, citó como respaldo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0014/2017, de 3 de enero de 2017 y la Sentencia 102/2012, de 04 de abril de 2012. 
  2. b) Supuesta nulidad de vista de cargo y observación a la resolución determinativa por vulneración al debido proceso en su elemento de falta de motivación y derecho a la Indico que la Vista de Cargo y Resolución determinativa cumple con lo dispuesto en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), como también el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), en respaldo consignó la Sentencia Constitucional 0991/2015-S1 de 26 de octubre de 2015, asimismo sostuvo que la Administración Tributaria aplicó el método de determinación sobre base cierta emergente de las declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo y de acuerdo al art. 7 del DS 27310 (RCTB), dichas declaraciones tiene validez probatoria, en respaldo a su posición citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0878/2016. 
  3. c) Prescripción. Consignó que las obligaciones fiscales responden al IVA e IT de los periodos de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2000 y enero de 2001, en aplicación del art. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), se entiende que para la gestión 2000 el término inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005 y para la gestión 2001, el término inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, no obstante de acuerdo al 54 de la norma referida mediante la notificación de la Resolución Determinativa N° 136/2005 (1 de octubre de 2005), notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 510/2005 (26 de diciembre de 2005), Nota CITE: GDSC/DTJCC/N0 1778/2005 de solicitud de información al Gobierno Municipal de Santa Cruz (7 de julio de 2005), nota CITE: GDSC/DTJCC/UCC/N° 0020/2006 de solicitud de anotación preventiva de línea a COTAS (5 de enero de 2006), nota CITE:GDSCZ/DTJC/UCC/N° 012/2006 retención de fondos a la ASFI (05 de enero de 2006), nota CITE: 38 de 42

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

GDSC/DTJC/UCC/N° 0189/2006 de información a Derechos Reales (25 de enero de 2006), nota CITE: GDSC/UCC/N° 1170/2008 de solicitud de hipoteca judicial a derechos reales (25 de diciembre de 2008), nota CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/1365/2011 de solicitud de retención de fondos ASFI (2 de septiembre de 2011), entrega de liquidación de adeudo (11 de febrero de 2019), medida coactiva en contraloría general del estado (9 de mayo de 2019), nota de solicitud de información a Unidad Operativa de Transito (16 de mayo de 2019), se configuró la interrupción al término de la prescripción. Citó en respaldo la Resolución de Recurso Jerárquico STJ/RJ/0505/2007 de 13 de septiembre de 2007 y por lo descrito en el Auto Supremo 266/2015, finalizó señalando que el término de la prescripción tanto para la gestión 2000 y 2001 se interrumpió con la notificación de la Resolución determinativa, así también, con la aplicación integral de medidas coactivas desde la gestión 2005 hasta la gestión 2019, demuestra que la facultad de ejecución del adeudo determinado se halla vigente. 

Del análisis descrito precedentemente, se tiene que la Resolución Administrativa que hoy se impugna emerge del memorial presentado el 22 de febrero de 2019 por la recurrente, en la cual, en efecto, omitió emitir pronunciamiento sobre el cambio de domicilio que habría realizado la actual recurrente el 18 de enero de 2000 y que el mismo se encontraría descrito en la consulta de contribuyentes a fs. 2 de antecedentes, mismo que afectaría en cuanto al tipo de notificación que habría realizado la Administración Tributaria, tampoco se pronuncia, por qué no correspondía practicar la notificación personal o por cédula y omitió pronunciarse sobre las 3 Sentencias Constitucionales citadas por la recurrente; asimismo, no consideró el argumento que la actividad del sujeto pasivo sería la de comercialización al por menor de artículos de ferretería ni señaló que documentación habría verificado y evaluado, y que jamás habría realizado ventas a las empresas constructoras signadas en la Vista de Cargo y que además el Servicio de Impuestos Nacionales no le habría otorgado el derecho a aportar pruebas conforme describe el art. 98 de la Ley 2492 (CTB); de manera adicional omitió totalmente emitir un pronunciamiento positivo o negativo sobre la prescripción de la facultad de la Administración Tributaría para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, intereses y recargos y sobre la acusación por defraudación tributaria, así como respecto a la aplicación de la 

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normativa contenida en la Ley 1340, y la irretroactividad de las Leyes 219, 317 y 812; 39 de 42 

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vale decir, no fueron valorados o considerados por la entidad recurrida, omitiendo emitir criterio de valor sobre los mismos, omisión que -en efecto- le impidió ejercer su derecho a la impugnación, pues no se evidencia un análisis con fundamentos de hecho y de derecho sobre los argumentos que sustentan la petición efectuada, aspectos que vulneraron el derecho al debido proceso establecido en los arts. 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), 68 nums. 2 y 6 de la Ley 2492 (CTB), puesto que, si bien la motivación no necesariamente debe ser amplia, sin embargo, debe responder a todos los argumentos, de manera clara, precisa y fundamentada, aspecto que no ocurrió en el presente caso, pues no expuso mayores elementos que sustenten la decisión adoptada, por lo que es evidente que la Resolución impugnada incumplió lo previsto en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), que prevé: “Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones gue inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico”, los cuales se constituyen en elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo. 

Consecuentemente, al evidenciarse los vicios de nulidad denunciados por la recurrente, ésta instancia de alzada se ve imposibilitada de pronunciarse sobre los demás agravios, planteados en su memorial de Recurso de Alzada, toda vez que si bien estarían relacionados a los agravios denunciados de forma y de fondo también observados en el recurso de alzada, previamente la Administración Tributaria debe subsanar los vicios en los que incurrió en el acto administrativo impugnado. 

Por lo expuesto, y al evidenciarse que la Administración Tributaria vulneró los derechos constitucionales referidos al debido proceso y defensa, establecidos en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafos I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 68 nums. 2 y 6 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que omitió pronunciarse respecto a argumentos expuestos en el memorial de 22 de 40 de 42

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

febrero de 2019, corresponde anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa 231970003622, de 20 de septiembre de 2019, inclusive, debiendo la Administración Tributaria, emitir un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado, dando cumplimiento a lo establecido en los arts. 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA). 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231970003622, de 20 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, a objeto de que se emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado, dando cumplimiento a lo establecido en los arts. 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA), en base al fundamento técnico jurídico expresado en esta instancia, conforme el inc. c) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

  • wj. i3¡lmmSala 

i-ecto’.” Ejecutiva Regioní 

Autoridad Regional de 

“—•nrión Tributaria Santa Cruz 

y^t..- f, DKSP/ccav/rlhv/cmmf/omap/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0083/2020 

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