ARIT-SCZ-RA-0074-2020 Valoración del CF esta vinculada al método de pago realizado

ARIT-SCZ-RA-0074-2020

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0074/2020 

Víctor Hugo Otalora Riera. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Carlos 

Eufronio Camacho Vega. 

Resolución Determinativa N° 

171970002284, de 21 de agosto de 

ARIT-SCZ-0695/2019. 

Santa Cruz, 13 de enero de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

¡J1 C’WC. ‘» V. 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0074/2020 de 10 de enero de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Determinativa 171970002284, de 21 de agosto de 2019, mediante la cual resolvió determinar de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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oficio el adeudo tributario del contribuyente Víctor Hugo Otalora Riera, por un importe total de Bs2.294.- (Dos mil doscientos noventa y cuatro 00/100 Bolivianos) equivalentes a 992 UFV’s, importe que incluye tributo omitido actualizado más intereses, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de agosto y noviembre de la gestión 2017. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo 

Víctor Hugo Otalora Riera, en adelante el recurrente, mediante memoriales de 30 de septiembre y 16 de octubre de 2019, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 171970002284, de 21 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 23-24 y 28-29 del expediente), manifestando los siguientes aspectos: 

11.1.1 Vulneración del art. 104 de la Ley 2492 (CTB). 

El recurrente señaló que el 25 de junio de 2018 fue notificado con la Orden de Verificación Externa N° 18990207981 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de los periodos de mayo, agosto y noviembre de la gestión 2017, sin embargo, el art 104 num. V de la Ley 2492 (CTB) establece que: “Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrá transcurrir más de 12 (doce) meses”, a no ser previa solicitud fundada a la máxima autoridad; sin embargo, al ser notificado con la Vista de Cargo 291970000806 en fecha 27 de junio 2019, sin que haya en antecedentes la solicitud fundada a la máxima autoridad de ampliación de plazo, es evidente la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa. 

11.1.2 Falta de valoración de las pruebas de descargo. 

El recurrente manifestó que de acuerdo a la documentación presentada la misma que fue contrastada y certificada con las ventas informadas por sus proveedores, se confirma la efectiva realización de la transacción, cumpliéndose así las tres (3) reglas de oro, que son: 1) facturas originales, 2) la transacciones efectivamente realizada 3) 2 de 23

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

vinculada con la actividad, además de los comprobantes de Egresos y los respectivos depósitos y Extractos Bancarios, sin embargo, la Administración Tributaria indicó que no existe la efectiva realización de la transacción, situación que por la que es evidente que no han sido valoradas las pruebas presentadas como descargo, ya que la Administración Tributaria tiene las facultades para poder determinar la verdad formal antes de la material, más aun cuando menciona que las pruebas presentadas son ILEGIBLES, no pudiéndose apreciar el titular de la cuenta, señalando que no se sabe si pertenece al contribuyente. Ante ese extremo, la Administración Tributaria debió realizar una investigación por medio de sus proveedores y sus agentes de información entidad financiera, además sin eran ilegibles porque no solicitaron otras más legibles, conforme a lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) “…quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, es decir, que en esta caso, correspondía a la Administración Tributaria probar lo aseverado, al no hacerlo a ocasionando un grave daño económico por carencia de valoración de pruebas provocándole además un estado de indefensión. 

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa N° 171970002284, de 21 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 17 de octubre de 2019 (fs. 30 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Determinativa N° 171970002284, de 21 de agosto de 2019, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, representada por Carlos Eufronio Camacho Vega, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 031700001417 de 29 de septiembre de 2017, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 05 de noviembre de 2019 (fs. 40-47 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar negando el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

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11.3.1 Sobre la contestación al Recurso de Alzada. 

La Administración Tributaria sostuvo que en el marco de los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), inició el procedimiento de determinación contra el recurrente mediante la Orden de Verificación Externa 18990207981, relacionado al crédito fiscal correspondiente al impuesto (IVA) de los periodos de mayo, agosto y noviembre de la gestión 2017, para lo cual, a través del Requerimiento N° 144996, solicitó una serie de documentos contables y financieros; sin embargo, el recurrente solo presentó documentación parcial, por lo cual, se labraron las Acta por Contravenciones Tributarias N° 182516, 182517 y 182518. 

Asimismo, según las observaciones señaladas en el gráfico expuesto en la página 5 de la Resolución Determinativa impugnada, indicó que corresponde explicar la depuración de las notas fiscales: Código N° 2 – Transacción que no cuenta con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización. Las notas fiscales identificadas con el código N° 2, se hallan observadas porque a pesar de haberse solicitado documentación una vez notificada la orden de verificación correspondiente, el recurrente solo remitió documentación parcial, de igual manera notificada la vista de cargo se presentó documentación y alegatos, los mismos que se encuentran debidamente valorados en la Resolución Determinativa. De igual manera, verificado los Libros Diarios y comprobantes de egreso presentados por el recurrente, se evidencio que las compras detalladas en las Facturas 552 y 1449, fueron contabilizados como gastos en la cuenta contable “Insumos Gráficos” y cancelados mediante “Caja Moneda Nacional”, para el efecto, el recurrente presentó como respaldo a las notas fiscales observadas, la certificación emitida por el proveedor AGRICOLOR GRÁFICA SRL, en la cual menciona el proveedor, que las notas fiscales fueron canceladas mediante cheques 133 y 144 del Banco Mercantil Santa Cruz; sin embargo, verificados sus Estados Financieros (Balance General) expresado al 31 de diciembre de 2017 presentados por el recurrente, se evidencia que no refleja la cuenta contable “Banco”, por lo que existe una incoherencia en los datos reflejados en los documentos contables presentadas por el recurrente. 

De igual manera, si bien en la etapa de descargo el recurrente presentó los mismos comprobantes de egresos, pero con la diferencia que los pagos se habrían realizado 4 de 23

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mediante BANCO M/N, cabe aclarar que esta situación es contraria a lo establecido en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio que establece la obligatoriedad de todo comerciante de llevar una adecuada contabilidad demostrando la situación de sus negocios, siendo obligación llevar libros diario, mayor, inventario y balance cumpliendo el encuadernado y foliado ante notario público, registros diarios sobre las operaciones realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y/o acreedoras, con una glosa clara de las operaciones y sus importes, siendo requisitos imperiosos que toda contabilidad debe cumplir para ser fiable y verificable, siendo que, si bien el recurrente alega que en el caso de las transacciones observadas por error acreditó la cuenta “Caja” siendo lo correcto la cuenta “Banco”, no adjunta registros contables de ajustes para regularizar la contabilización “errónea” limitándose a presentar en calidad de descargo el mismo comprobante en la que se puede verificar que solo se cambió el medio pago acreditado, es decir, reemplazo el registro de la cuenta Caja con la cuenta “Banco”. Así también en sus Estados Financieros, dentro del rubro de activos disponibles no figura la Cuenta Banco, a lo cual el recurrente en su intento de justificar la omisión señala que al cierre de gestión al 31 de diciembre de 2017 la cuenta Banco no tenía saldos, sin embargo, esta afirmación no es respaldada ni con el libro mayor de dicha cuenta ni mucho menos con los extractos bancarios, todo lo cual pone en evidencia que el recurrente no lleva una contabilidad adecuada y confiable, toda vez que genera dudas respecto a la veracidad de los registros asentados en la misma, motivo por el cual dichos registros contables presentados no constituyen prueba fidedigna para desvirtuar las observaciones expuestas, correspondiendo ratificar las mismas. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171970002284, de 21 de agosto de 2019. 

II.4. Apertura de Término probatorio 

Mediante Auto de 07 de noviembre de 2019, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó en secretaria el 13 de noviembre de 2019, tanto 

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al recurrente como a la entidad recurrida (fs. 48-49 del expediente). 

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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 03 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria mediante nota de 28 de noviembre de 2019 (fs. 50 del expediente), ratificó todo el expediente administrativo, presentado a momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

Por su parte, el recurrente durante el plazo probatorio no presentó ni ratifico prueba alguna que haga a su derecho. 

II.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 23 de diciembre de 2019, la administración recurrida en dicha fecha presentó alegatos, en conclusión, (fs. 54-55 vta. del expediente). 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo no presento alegatos en conclusión orales o escritos. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 25 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente con la Orden de Verificación N° 18990207981, de 13 de junio de 2018, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivados de la verificación del Crédito Fiscal de las facturas detalladas en el F-7531 de los periodos fiscales mayo, agosto y noviembre de la gestión 2017, solicitando la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro de Compras IVA, facturas de compra originales, medios de pago y cualquier otra documentación que se requiera (fs. 12-13 de antecedentes c. I). 

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111.2 El 04 de julio de 2018, el recurrente solicitó ampliación de plazo para entrega de la documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 

18990207981 (fs. 19 de antecedentes c. I). 

111.3 El 17 de julio de 2018, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, haciendo constar la presentación de: 

Declaración Jurada F-200, Libro de Compras, Notas Fiscales 5199, 552 y 

1449, Certificación emitida por el proveedor de las Notas Fiscales, 

Comprobantes de Egreso de las Notas Fiscales (fs. 24 de antecedentes c. I). 

111.4 El 30 de julio de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera personal al recurrente con el Auto 251870000973, de 18 de julio de 2018, 

el cual acepto por única vez la solicitud del sujeto pasivo, concediendo cinco 

(5) días adicionales (fs. 23-23 de antecedentes c. I). 

111.5 El 01 de agosto de 2018, el recurrente presentó a la Administración Tributaria los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, Plan de 

Cuentas, Libro Diario y Mayor; razón por la cual la Administración Tributaria 

labró el Acta de Recepción de Documentos, haciendo constar la referida 

presentación (fs. 25 y 27 de antecedentes c. I) 

El 30 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera 

personal al recurrente con el Requerimiento 00144996, 18 de julio de 

2018, a través del cual solicitó al recurrente la presentación de: Estados 

Financieros de la gestión 2017, Dictamen y EEFF de Auditoria de la gestión 

2017, Plan de Cuentas, Libro Diario y Mayor, Kardex (si corresponde), 

Contrato de trabajo y/o prestación de servicios (si corresponde); asimismo, 

indicó que en caso de no corresponder la solicitud, este deberá presentar de 

manera escrita los justificativos por el cual no podrá presentar la 

documentación solicitada (fs. 17 de antecedentes c. I). 

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El 22 de mayo de 2019, la Administración Tributaria labró las Actas por 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 00182516, por el incumplimiento al deber formal de: Envío de Libros de compras rectificados fuera de plazo del periodo fiscal de mayo de 2017, 7 de 23 

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contraviniendo el parágrafo I del art. 83 de la RND 10-0021-16 y el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con 50 UFV’s según el sub num. 3.3 num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16; 00182517, por el incumplimiento al deber formal de: Envío de Libros de compras rectificados fuera de plazo del periodo fiscal de agosto de 2017, contraviniendo el parágrafo I del art. 83 de la RND 10-0021-16 y el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con 50 UFV’s según el sub num. 3.3 num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16; 00182518, por el incumplimiento al deber formal de: Envío de Libros de compras rectificados fuera de plazo del periodo fiscal de noviembre de 2017, contraviniendo el parágrafo I del art. 83 de la RND 10-0021-16 y el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con 50 UFV’s según el sub num. 3.3 num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16 (fs. 29-31 de antecedentes c. I). 

111.8 El 24 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DF/SVE/INF/06353/2019, el cual recomendó que, con el propósito de seguir con la determinación y recuperación de adeudos a favor del fisco, corresponde emitir y notificar la Vista de Cargo de conformidad a lo 

previsto en el parágrafo I del art. 96 y parágrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 111 -121 de antecedentes c. I). 

111.9 El 27 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente con la Vista de Cargo 291970000806, de 24 de junio de 2019, mediante la cual comunicó que en virtud del proceso de verificación impositiva realizado al contribuyente Víctor Hugo Otalora Riera, iniciado mediante Orden de Verificación 18990207981, procedió a ajusfar la base imponible sobre base cierta indicando que el recurrente se benefició de un crédito fiscal indebido, por lo que determinó una deuda tributaria de Bs2.280.- (Dos mil doscientos ochenta 00/100 Bolivianos) equivalente a 989.- UFV’s; asimismo, en caso de haber objeción, otorgo el plazo de treinta (30) días para la formulación de descargos (fs. 122-134 de antecedentes c. I). 

111.10 El 08 de agosto de 2019, el recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo, alegando falta de valoración de sus descargos y vulneración al 

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debido proceso por incumplimiento de plazos (fs. 141-142 de antecedentes el). 

111.11 El 21 de agosto de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/UTJ/INF/87/2019, el cual recomendó la emisión de la Resolución Determinativa de acuerdo a lo establecido en el art. 7 y el caso 2 del art. 11 de la RND 10-0032-16 (fs. 150-160 de antecedentes c. I). 

111.12 El 10 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa 171970002284, de 21 de agosto de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio el adeudo tributario del contribuyente Víctor Hugo Otalora Riera, por un importe total de Bs2.294.- (Dos mil doscientos noventa y cuatro 00/100 Bolivianos) equivalente a 992 UFV’s, importe que incluye tributo omitido actualizado más intereses, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de agosto y noviembre de la gestión 2017 (fs. 162-181 de antecedentes c. I). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA. 

El recurrente señaló como agravios: 1. Vulneración del artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), y 2. Falta de valoración de las pruebas de descargo. Observación que será analizada a continuación. 

IV.1. Sobre la vulneración del art. 104 de la Ley 2492 (CTB). 

El recurrente señaló que el 25 de junio de 2018 fue notificado con la Orden de Verificación Externa 18990207981 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de los periodos de mayo, agosto y noviembre de la gestión 2017, sin embargo, el art 104 num. V de la Ley 2492 (CTB) establece que: “Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrá transcurrir más de 12 (doce) meses”, a no ser previa solicitud fundada a la máxima autoridad; sin embargo, al ser notificado con la Vista de Cargo 291970000806 en fecha 27 de junio 2019, sin que haya en antecedentes la solicitud fundada a la máxima autoridad de ampliación de plazo, es evidente la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa. 

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Por su parte, la Administración Tributaria no emitió pronunciamiento alguno sobre este agravio planteado por el sujeto pasivo. 

Al respecto, el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), establece que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis meses más. Añade que, si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria. 

Asimismo, es preciso señalar que los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), otorgan a la Administración Tributaria las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; por su parte los arts. 95, parágrafo I y 96 parágrafo I de la misma Ley, establecen los requisitos que deben contener los actos de la Administración Tributaria dentro de los procedimientos que realice; en concordancia, el art. 29 del DS 27310 (RCTB) dispone que la deuda tributaria puede ser determinada mediante los procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, aclarando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, independientemente de cómo la Administración Tributaria los denomine; clasificando los procesos de fiscalización y/o verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más períodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

De igual manera, el art. 32 el DS 27310 (RCTB), establece: “Procedimientos De Verificación y Control Puntual. El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o 10 de 23

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por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria.”. 

Por su parte, el art. 35 de la misma disposición legal prevé: “/. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.”. 

A su vez, el art. 36, dispone que: “I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamientojurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando asi lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.”. Asimismo, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que “serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (…)”. 

De lo descrito, se colige que evidentemente existen diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación en cuanto al alcance de cada uno, ya 

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que los procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que 11 de 23 

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están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos; en cambio, el alcance de los procesos de fiscalización totales o parciales es integral, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más tributos y períodos, pudiendo revisar los ingresos, beneficios obtenidos, declaraciones presentadas y en general, los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo. 

Además de lo anterior, es importante recordar que el incumplimiento de plazos no está expresamente establecido en la norma como una causal de nulidad que vicie el acto administrativo emitido o notificado tardíamente; en efecto, se corrobora que en la Ley 2492 (CTB) ni en la Ley 2341 (LPA), ésta última aplicable a la materia tributaria en virtud al art. 201 de la Ley 2492 (CTB), se ha establecido que el incumplimiento de plazos por parte de la Administración Tributaria, se constituya en un vicio de nulidad que amerite un saneamiento procesal; ya que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo previsto para ellas, sólo dan lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, el cual no es el caso; más aún si se considera que todos los actos se consideran válidos y producen efecto legal únicamente a partir de su notificación, según lo previsto en el art. 32 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), el cual señala que los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación; ahora, lo anterior no implica que la Administración Tributaria incumpla con lo establecido en la norma, por el hecho de no estar sancionado con la nulidad, lo cual se entendería como cierta impunidad para la Administración Tributaria, que evidentemente no ocurre, pues el incumplimiento de plazos conlleva otro tipo de sanción en el ámbito disciplinario, conforme a la Ley 1178 (SAFCO) para los funcionarios responsables de tal incumplimiento, aspecto que de manera imperativa debe ser observado por las autoridades de la Administración Tributaria. 

Ahora bien, siendo que el sujeto pasivo alegó el incumplimiento parágrafo V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), de lo antes expuesto se puede advertir que el recurrente fue notificado el 25 de junio de 2018 con la Orden de Verificación 18990207981, de 13 de junio de 2019 y Detalle de Diferencias de 13 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente el 27 de junio de 2019 al recurrente con la Vista de Cargo N° 2919700000806, de 24 de junio de 2019; en 12 de 23

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este caso es importante puntualizar que la Administración Tributaria realizó un procedimiento de verificación puntual de ciertas transacciones al recurrente a través de una Orden de Verificación enmarcada dentro del art. 32 del DS 27310 (RLPA), y no un proceso de fiscalización, por lo que se infiere que el legislador al redactar el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) estableció el plazo máximo para una fiscalización de 12 meses y la posibilidad de su ampliación por un plazo de seis meses adicionales, en el entendido que es el proceso de mayor alcance que realiza la entidad recurrida y que le demora mayor tiempo por la revisión de varios impuestos, en tal sentido, en efecto, la verificación y control puntual tendría que ser concluida en un plazo menor al plazo máximo establecido para una fiscalización de 12 meses y la norma no prevé la ampliación de las verificaciones puntuales mediante Resolución Administrativa; empero, en el presente caso desde la notificación de la orden de verificación que fue realizada el 25 de junio de 2018 hasta la emisión de la Vista de Cargo transcurrió exactamente 12 meses, puesto que la Vista de Cargo fue emitida el 24 de junio de 2019, es decir, en el plazo previsto en el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), si bien la notificación fue realizada el 27 de junio de 2019, la misma cumplió su fin, toda vez que el sujeto pasivo en el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) presentó descargos a la Vista de Cargo. 

Por lo expuesto, en los párrafos precedentes, no corresponde otorgar la razón al recurrente en esta observación, debiendo pasar al siguiente aspecto alegado. 

IV.2. Falta de valoración de las pruebas de descargo. 

El recurrente manifestó que de acuerdo a la documentación presentada la misma que fue contrastada y certificada con las ventas informadas por sus proveedores, se confirma la efectiva realización de la transacción, cumpliéndose así las tres (3) reglas de oro, que son: 1) facturas originales, 2) la transacciones efectivamente realizada 3) vinculada con la actividad; además de los comprobantes de Egresos y los respectivos depósitos y Extractos Bancarios, sin embargo, la Administración Tributaria indicó que no existe la efectiva realización de la transacción, situación que por la que es evidente que no han sido valoradas las pruebas presentadas como descargo, ya 

que la Administración Tributaria tiene las facultades para poder determinar la verdad formal antes de la material, más aun cuando menciona que las pruebas presentadas son ILEGIBLES, no pudiéndose apreciar el titular de la cuenta, señalando que no se 

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sabe si pertenece al contribuyente. Ante ese extremo, la Administración Tributaria debió realizar una investigación por medio de sus proveedores y sus agentes de información entidad financiera, además sin eran ilegibles porque no solicitaron otras más legibles, conforme a lo establecido en el art 76 de la Ley 2492 (CTB) “…quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, es decir que en esta caso, correspondía a la Administración Tributaria probar lo aseverado, al no hacerlo ocasiono un grave daño económico por carencia de valoración de pruebas provocándole además un estado de indefensión. 

Al respecto, la Doctrina Tributaria señala que se entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

En relación al acto administrativo, la doctrina señala que éste “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo IV, Fundación Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37). 

Es preciso considerar que en cuanto a la validez del acto, la doctrina señala que: “el acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (redacción)”; añade también que “la fundamentación del acto determinativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de todo ello depende que el sujeto pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su 14 de 23

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defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto” (GIULIANI Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520). 

De igual manera la Sentencia Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” 

Por otra parte, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” 

En la legislación nacional, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115.11 y 117.1, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119.1-11 de la mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

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oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

El art. 68 num. 7 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos por este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución Por otro lado, el art. 76 de la misma disposición legal, dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer vales sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), señala que “(…) las pruebas se apreciaran conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles solamente aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad (…)”. 

En efecto, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos tal cual lo refiere el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), cuando hace mención a la carga de la prueba en etapa administrativa. Asimismo, el art. 81 de la Ley mencionada, dispone que las pruebas se apreciaran, siempre que éstas cumplan con el requisito de pertinencia y oportunidad. En este sentido, dentro del proceso de determinación el art. 98 de la Ley descrita, prevé que el contribuyente o sujeto pasivo tenga un plazo (30) treinta días para la presentación de sus descargos, computables desde la notificación con la Vista de Cargo vencidos los cuales se emitirá la Resolución Determinativa respectiva. 

Por su parte, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales establecidos. Por su parte el art. 98 del DS 27310 (RCTB) señala los requisitos esenciales que debe contener la Vista de Cargo y que la ausencia de cualquiera de esos requisitos viciara de nulidad el acto. 

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Asimismo, los arts. 99.11 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que dicho acto administrativo emitido en el ámbito tributario, debe contener requisitos esenciales y formalidades, tales como: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones, la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además, debe contener las especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido, cuya ausencia lo vicia de nulidad. Concordante con la RND 10-0032-16 en sus art. 7 parágrafo I que señalan los requisitos de la Resolución Determinativa entre los que se encuentran: a) Número de Resolución Determinativa; b) Lugary fecha de emisión; c) Nombre o razón social del sujeto pasivo; d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes; e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación; f) Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación; g) Base imponible expresada en bolivianos; h) Base cierta y/o presunta de la Determinación; i) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación); j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida (fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que dieron origen al monto del Adeudo Tributario; k) Relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos presentados; I) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto, periodo y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), Intereses expresados en UFV, Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación, Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago), Importe de la sanción por la conducta, Total Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago, Tasa(s) 

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de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la antigüedad de la 

deuda; ) Calificación de la conducta y aplicación de la sanción correspondiente,

señalando la disposición que la define como tal y establece la sanción pecuniaria; n) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la Resolución 17 de 23 

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III 

Determinativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo; o) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. 

De la revisión de los antecedentes, se tiene que el 25 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente con la Orden de Verificación N° 18990207981, de 13 de junio de 2018, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivados de la verificación del Crédito Fiscal de las facturas detalladas en el F-7531 de los periodos fiscales mayo, agosto y noviembre de la gestión 2017, solicitando la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro de Compras IVA, facturas de compra originales, medios de pago y cualquier otra documentación que se requiera (fs. 12-13 de antecedentes c. I). Por su parte, el 04 de julio de 2018, el recurrente solicitó ampliación de plazo para entrega de la documentación requerida mediante Orden de Verificación 18990207981 (fs. 19 de antecedentes c. I). Solicitud que es contestada con el Auto 251870000973, de 18 de julio de 2018, el cual aceptó por única vez la solicitud del sujeto pasivo, concediendo cinco (5) días adicionales (fs. 22-23 de antecedentes c. I). 

La Administración Tributaria el 17 de julio y 01 de agosto de 2018, labró el Acta de Recepción de Documentos, haciendo constar la presentación de: Declaración Jurada F-200, Libro de Compras, Notas Fiscales N° 5199, 552 y 1449, Certificación emitida por el proveedor de las Notas Fiscales, Comprobantes de Egreso de las Notas Fiscales, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, Plan de Cuentas, Libro Diario y Mayor (fs. 24 y 27 de antecedentes c. I). Posteriormente, el 30 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera personal al recurrente con el Requerimiento N° 00144996, 18 de julio de 2018, a través del cual solicitó al recurrente la presentación de: Estados Financieros de la gestión 2017, Dictamen y EEFF de Auditoria de la gestión 2017, Plan de Cuentas, Libro Diario y Mayor, Kardex (si corresponde), Contrato de trabajo y/o prestación de servicios (si corresponde); asimismo, indicó que en caso de no corresponder la solicitud, este deberá presentar de manera escrita los justificativos por el cual no podrá presentar la documentación solicitada (fs. 17 de antecedentes c. I). 

El 22 de mayo de 2019, la Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

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00182516, por el incumplimiento al deber formal de: Envío de Libros de compras rectificados fuera de plazo del periodo fiscal de mayo de 2017, contraviniendo el parágrafo I del art. 83 de la RND 10-0021-16 y el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con 50 UFV’s según el sub num. 3.3 num. 3 del Anexo I de la RND 10- 0033-16; 00182517, por el incumplimiento al deber formal de: Envío de Libros de compras rectificados fuera de plazo del periodo fiscal de agosto de 2017, contraviniendo el parágrafo I del art. 83 de la RND 10-0021-16 y el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con 50 UFV’s según el sub num. 3.3 num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16; N° 00182518, por el incumplimiento al deber formal de: Envío de Libros de compras rectificados fuera de plazo del periodo fiscal de noviembre de 2017, contraviniendo el parágrafo I del art. 83 de la RND 10-0021-16 y el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con 50 UFV’s según el sub num. 3.3 num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16 (fs. 29-31 de antecedentes c. I). 

Seguidamente, el 27 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente con la Vista de Cargo 291970000806, de 24 de junio de 2019, en base al Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DF/SVE/INF/06353/2019, comunicó que en virtud del proceso de verificación impositiva realizado al contribuyente Víctor Hugo Otalora Riera, iniciado mediante Orden de Verificación 18990207981, procedió a ajusfar la base imponible sobre base cierta indicando que el recurrente se benefició de un crédito fiscal indebido, por lo que determinó una deuda tributaria de Bs2.280.- (Dos mil doscientos ochenta 00/100 Bolivianos) equivalentes a 989.- UFV’s; asimismo, en caso de haber objeción, otorgó el plazo de treinta (30) días para la formulación de descargos (fs. 122-134 de antecedentes c. I). Por su parte, el 08 de agosto de 2019, el recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo, alegando falta de valoración de sus descargos y vulneración al debido proceso por incumplimiento de plazos (fs. 141-142 de antecedentes c. I). 

Finalmente, el 10 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa 171970002284, de en 

21 de agosto de 2019, la cual en base al Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/UTJ/INF/87/2019, resolvió determinar de oficio el adeudo tributario del 

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contribuyente Víctor Hugo Otalora Riera, por un importe total de Bs2.294.- (Dos mil doscientos noventa y cuatro 00/100 Bolivianos) equivalentes a 992 UFV’s, importe que incluye tributo omitido actualizado más intereses, correspondiente al Impuesto al 19 de 23 

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Valor Agregado (IVA), de los periodos de agosto y noviembre de la gestión 2017 (fs. 162-181 de antecedentes c. I). 

En ese entendido, respecto al argumento referido a la falta de valoración de las pruebas de descargo; corresponde señalar que, habiéndose analizado los antecedentes administrativos, se tiene que el sujeto pasivo a lo largo del proceso presentó descargos en tres (3) oportunidades, dos antes de la emisión de la Vista de Cargo y una antes de la emisión de la Resolución Determinativa; en ese sentido, esta Autoridad procederá a realizar el análisis de lo expuesto en la Vista de Cargo 291970000806, de 24 de junio de 2019 (fs. 122-133 de antecedentes c. I), a efectos de garantizar un análisis cronológico de los actos; es así que entre las páginas 03 a 04 de 12, la Administración Tributaria expuso que en fecha 17 de julio y 01 de agosto de 2018, Víctor Hugo Otalora Riera dentro del plazo establecido presentó la documentación requerida; asimismo, entre las páginas 04 a 06 de 12, en el punto “IV. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN EXTERNA” y “IV.1 ANÁLISIS DE LAS NOTAS FISCALES OBSERVADAS”, la Administración Tributaria sostuvo que “…De acuerdo a la documentación presentada por el contribuyente, información enviada por el mismo mediante el Módulo LCV-IVA Facilito, misma que fue contrastada con las ventas informadas por los proveedores mediante Módulo LCV-IVA Facilito e información existente del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT-2 (Declaraciones Juradas) y la consulta de dosificación efectuada en el Sistema de Facturación Virtual (SFV), se procedió a la verificación de las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal observado, declaradas por el contribuyente en los formularios F-200 de los periodos sujetos a la verificación, evidenciándose la existencia de facturas que no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente (…) 2. NO DEMUESTRA LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE LA TRANSACCIÓN. Verificados los Libros Diarios y comprobantes de egreso presentados por el contribuyente, se pudo evidenciar que las compras detalladas en las notas fiscales observadas N° 552 y 1449 fueron contabilizados como gastos en la cuenta contable “Insumos Gráficos” y cancelados mediante “Caja Moneda Nacional”, para el efecto, el contribuyente presentó como respaldo a las notas fiscales observadas N° 552 y N° 1449 la certificación emitida por el proveedor AGRICOLOR GRÁFICA SRL, en la cual menciona el proveedor, que las notas fiscales fueron canceladas mediante cheques N° 133 y N° 144 del Banco Mercantil Santa Cruz; sin embargo, verificados sus Estados Financieros (Balance 20 de 23

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General) expresado al 31/12/2017 (…), se evidencia que no refleja la cuenta contable “Banco”, por lo que existe una incoherencia en los datos reflejados en los documentos contables presentados por el contribuyente (…). Por tanto, no es posible demostrar la efectiva realización de las transacciones consignadas en las notas fiscales observadas, porlo que las mismas son invalidas para el computo del crédito fiscal…”. 

Asimismo, entre las páginas 09 a 18 de 20 de la Resolución Determinativa N° 171970002284, de 21 de agosto de 2019, expuso que el 08 de agosto de 2019, el sujeto pasivo presentó memorial y documentación de descargo a la Vista de Cargo 291970000806, por lo que procedió a realizar la evaluación de los alegatos presentados indicando que: “…el contribuyente presenta los mismos comprobantes de egresos como respaldo a la observación inicial en la vista de cargo para desvirtuar la observación 2, con la diferencia que los pagos se habrían realizado mediante BANCO M/N (…), adjuntando como respaldo fotocopias de boletas de depósito ilegibles en cual no se puede apreciar el titular de cuenta por lo que no se puede saber si pertenece al contribuyente (…). Si bien el contribuyente alega que en el caso de las transacciones observadas por error acredito la cuenta “Caja” siendo lo correcto la cuenta “Banco”, sin embargo, no adjunta registros contables de ajustes para regularizar la contabilización “errónea” limitándose a presentar en calidad de descargo el mismo comprobante en el que se puede verificar que solo le cambio el medio de pago acreditado, es decir, reemplazo el registro de la cuenta Caja con la cuenta “Banco”. Por otra parte, verificados los Estados Financieros, dentro del rubro de activos disponibles no figura la Cuenta Banco, a lo cual el contribuyente en su intento de justificar la omisión señala que al cierre de gestión al 21/12/2017 la cuenta Banco no tenía saldos, sin embargo, esta afirmación no es respaldada ni con el mayor de dicha cuenta ni mucho menos con los extractos bancarios (…) motivo por el cual dichos registros contables presentados por el contribuyente no constituyen prueba fidedigna para desvirtuar las observaciones expuestas en la Vista de Cargo…”, 

De lo expuesto precedentemente, se advierte que la Administración Tributaria valoró la documentación presentada como descargo a la Orden de Verificación N° 18990207981, prueba de ello es la validación de la Nota Fiscal N° 5199, argumentando que si “…cuenta con la documentación suficiente para demostrar la 

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validez del crédito fiscal contenido en la nota fiscal observada…”; asimismo, para las Facturas 552 y 1449 decidió mantener la observación debido a que existen incoherencias en la documentación presentada, toda vez que si bien presentó el comprobante de egreso, este tiene apropiada la cuenta “Caja Moneda Nacional” como salida del efectivo, sin embargo, el Certificado del Proveedor indica que los pagos de las Facturas 552 y 1449 fueron realizados con los cheques 133 y 144 del Banco Mercantil Santa Cruz SA, además, analizado el Balance General presentado, evidenció que este no refleja la cuenta “Banco”, por lo que mantuvo la observación debido a inconsistencia de la documentación contable, por lo que no se demuestra la efectiva realización de la transacción. 

De igual manera, se advierte que si bien el recurrente presentó como descargo a la Vista de Cargo la subsanación de la observación realizada a los Comprobantes de Egreso 1711006 y N° 1708008, reemplazando la cuenta “111010001 Caja Moneda Nacional” por la cuenta “111020001 Banco Moneda Nacional” (fs. 65, 68, 143 y 145 de antecedentes c. I), adjuntando fotocopia simple de los débitos realizados en su cuenta; sin embargo, no solo es evidente que los depósitos son ilegibles en su totalidad, sino que tampoco presentó los mayores de las cuentas Caja M/N y Banco M/N, a efecto de corroborar lo aseverado respecto a que la Cuenta del Banco no figura en los Estados Financieros por que al cierre de gestión no existían saldos; en ese sentido, es evidente que la Administración Tributaria sí valoro toda la documentación presentada, tanto a la Orden de Verificación, como a la Vista de Cargo, emitiendo pronunciamiento expreso respecto a todas pruebas formuladas por el sujeto pasivo. 

En consecuencia, no son evidentes los argumentos de nulidad vertidos por el sujeto pasivo, toda vez que la Administración Tributaria sí valoró todas las pruebas presentadas por el administrado, emitiendo pronunciamiento expreso de todos los descargos presentados y debido a la inconsistencia de la documentación contable en el registro de las transacciones mantuvo las observaciones de que el sujeto pasivo no demostró la efectiva realización de las transacciones; razón por la cual no corresponde otorgar la razón al recurrente, debiendo mantener firme y subsistente el adeudo tributario determinado a través de la Resolución Determinativa 171970002284, de 21 de agosto de 2019, debiendo proceder a liquidar la deuda conforme lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

De igual manera, al no haber sido objeto impugnación las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 00182516, 00182517 y 00182518, las mismas quedan confirmadas en favor de la Administración Tributaria. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171970002284, de 21 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), debiendo proceder a liquidar la deuda conforme lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. ¡ 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/fmmb/acq 

ARIT-SCZ/RA 0074/2020 

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