ARIT-SCZ-RA-0035-2020 Solicitud de retención de fondos no es causal de interrupción de cómputo de prescripción

ARIT-SCZ-RA-0035-2020

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0035/2020 

Recurrente 

Recurrido 

Acto Impugnado 

Expediente Nc 

Lugar y Fecha 

VISTOS 

Franklin Morales Salvatierra. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos Eufronio Camacho Vega. 

Resolución Sancionatoria 181970003958, de 28 de agosto de 2019. 

ARIT-SCZ-0649/2019. 

Santa Cruz, 10 de enero de 2020 

Justina tributaria para vivir bien Jan rfíit’ayirjach’a kamani (Aymara) 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0035/2020 de 09 de enero de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. Acto Administrativo impugnado 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria 181970003958, de 28 de agosto de 2019, la cual resolvió sancionar al contribuyente Franklin Morales Salvatierra al haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago, al haberse evidenciado que no realizó el pago de la deuda tributaria, adecuando su conducta a la contravención tributaria prevista en el art. 165 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano reglamentado por el art. 42 del DS 27310, modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993, con una multa de equivalente al 100% del tributo omitido pendiente de pago correspondiente a las Declaraciones Juradas por el IT de los periodos mayo, junio, julio de 2004, mayo y junio de 2005 por un importe de Bs12.042, asimismo en el resuelve segundo rechazó la prescripción solicitada en relación a la ejecución tributaria según Proveído de Inicio de Ejecución 703300358316, de 28 de junio de 2016. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente. 

Franklin Morales Salvatierra, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 23 de septiembre y 9 de octubre de 2019 (fs. 10-12 vta. y 15-17 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 181970003958, de 28 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Sobre la prescripción de la facultad para imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria. 

El recurrente en su recurso señaló que la facultad para imponer sanciones administrativas, así como para ejecutar la deuda tributaria se extinguieron por el transcurso del tiempo al amparo de lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en el presente caso la supuesta ejecución del tributo omitido cuya supuesta obligación tributaria data del 2004 y 2005 el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero del año calendario siguiente a su vencimiento, es decir, para la 2 de 16

aití 

Autoridad de 

IMPU6NACI0N Tributaria 

gestión 2004 el 1 de enero de 2005 y concluyó el 1 de enero de 2008 y para la gestión 2006 el 1 de enero de 2006 y concluyó 1 de enero de 2009 , sin embargo después de más de 10 años se pretender imponer sanciones mediante la Resolución que ahora se impugna, así también señaló que la Ley 291 que modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estuvo vigente a partir de septiembre de 2012, por lo que no sería aplicable a gestiones 2004 y 2005 lo contrario implicaría la vulneración de la irretroactividad como principio recogido por los arts. 33 y 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492 (CTB). 

Agregó que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como ejercer su facultad de ejecución de las gestiones 2004 y 2005 han prescrito, citó la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, motivo por el cual no es procedente la Resolución Sancionatoria impugnada al haber precluido el derecho por el transcurso del tiempo y se debe aplicar la norma vigente a momento del hecho generador, citó también la Resolución de Recurso Jerárquico 283/2017. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria impugnada emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

II.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 10 de octubre de 2019 (fs. 18 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria 181970003958, de 28 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 31 de octubre de 2019 (fs. 28-31 vta. del expediente), contestó ^^ al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes y :””/ .:«„.j•.. W\ manifestando lo siguiente: 

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11.3.1. Supuesta prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria respecto a la Resolución Sancionatoria. 

La Administración Tributaria en su contestación luego de exponer antecedentes manifestó que en el presente caso no existió inactividad, sino más bien se realizaron acciones para la recuperación de lo adeudado por el recurrente a favor del Estado; y en el presente caso al tratarse de deuda tributaria autodeterminada, citando lo previsto por los arts. 59, 60, 61, 70, 165 de la Ley 2492 (CTB) modificada por la Ley 812 de 30 de junio de 2016, y art. 1 de la Ley 154, señaló que verificada la carpeta de antecedentes se notificó al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional de 28 de diciembre de 2016, por existir suficientes indicios de haber incurrido en contravención de omisión de pago, de igual manera se habría interrumpido el cómputo con las medidas coactivas. 

Agregó que la Administración Tributaria no ha renunciado al cobro de la deuda tributaria contenida en el PIET N° 703300358316 y la Resolución Sancionatoria N° 181970003958, de 28 de agosto de 2019, y que el recurrente se confunde en su solicitud, ya que el presente caso se encuentra en etapa de imponer sanciones y no así en etapa de ejecución tributaria, toda vez que dicha etapa se apertura una vez que quede firme la Resolución Sancionatoria y que si bien las obligaciones fiscales emergen por declaraciones juradas del IT de las gestiones 2004 y 2005, no es menos cierto lo establecido en el art. 324 de la Constitución Política del Estado acorde con el art. 3 de la Ley 154 y en base a los cuales se encuentra facultada para perseguir el cobro, ya que el no cobro de lo adeudado genera daño económico al Estado, considerando que la obligación de pagar impuestos es imprescriptible; agregó que al configurarse causales de interrupción y suspensión teniéndose a la solicitud de retención de fondos de 19 de junio de 2019, dirigida a la ASFI, la entrega de la liquidación de lo adeudado el 19 de julio de 2019, y la notificación con la Resolución Sancionatoria realizada el 4 de septiembre de 2019, además de la solicitud de prescripción presentada por el recurrente al Auto inicial de sumario contravencional, lo cual debe considerarse como un reconocimiento expreso y voluntario de la existencia de la deuda tributaria. 

Porlo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa impugnada. 4 de 16

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.4 Apertura de término probatorio 

Mediante Auto de 4 de noviembre de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computabies a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 13de noviembre de 2019 (fs. 32-33 del expediente). 

Dentro del plazo probatorio, que fenecía el 3 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial de 19 de noviembre de 2019, ratificó todas las pruebas y antecedentes presentados al momento de contestar al Recurso de Alzada (fs. 38 del expediente). 

Por su parte, el recurrente no presentó ni ratificó pruebas. 

II.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial de 9 de diciembre de 2019 (fs. 42-44 vta. del expediente) presentó alegatos en conclusión, reiterando los argumentos expuestos a momento de contestar el Recurso de Alzada. 

Por su parte, el recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos ni orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 11 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 703101036516, de 

28 de diciembre de 2016, mismo que resolvió instruir el inicio del sumario 

contravencional por existir suficientes indicios de haber incurrido en la 

contravención tributaria de omisión de pago conforme a lo señalado en los 

arts. 165 y 168 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 

(RCTB), de las siguientes declaraciones juradas 

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Sigla del impuest 

De Orden de la DDJJ 

CUADRO 1 Periodo 

fiscal 

Fecha de presentado 

Importe en Bs. 

1 IT 11539249 6/2004 14/07/2004 2.501 2 IT 10989982 5/2004 14/07/2004 3.510 3 IT 11768389 7/2004 19/08/2004 1.616 4 IT 13642756 5/2005 15/06/2005 3.533 5 IT 14024519 6/2005 20/07/2005 882 TOTAL 12.042 

(fs. 18-21 de antecedentes). 

El 28 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 703300358316, de 28 de junio de 2016, el cual dispuso que conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se dará inicio a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas descritas en el cuadro 1 (fs. 25 de antecedentes). 

En la misma fecha, el recurrente mediante memorial solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la deuda contenida en el AISC N° 703101036516, de 28 de diciembre de 2016 (fs. 30-33 de antecedentes). 

El 19 de junio de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/08394/2019, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos del ejecutado, asimismo, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/1569/2019, de 23 de agosto de 2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito información sobre vehículos que pudieran estar registrados a nombre del ejecutado (fs. 41-44 de antecedentes). 

El 4 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria 181970003958, de 28 de agosto de 2019, la cual resolvió sancionar al contribuyente Franklin Morales Salvatierra al haber incurrido en la 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

contravención tributaria de Omisión de Pago, al haberse evidenciado que no 

realizó el pago de la deuda tributaria, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

reglamentado por el art. 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo 

IX del art. 2 del DS 2993, con una multa de equivalente al 100% del tributo 

omitido pendiente de pago correspondiente a las Declaraciones Juradas por el 

IT de los periodos mayo, junio, julio de 2004 y mayo y junio de 2005 por un 

importe de Bs12.042, asimismo rechazó la prescripción solicitada en relación 

a la ejecución tributaria según Proveído de Inicio de Ejecución N° 

703300358316, de 28 de junio de 2016 (fs. 46-52 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

El agravio planteado por el recurrente fue la prescripción de la facultad de imponer sanciones y de ejecutar la deuda tributaria determinada, sin embargo la Administración Tributaria a momento de realizar su defensa planteó la correcta fundamentación de la Resolución Sancionatoria impugnada, ante lo cual corresponde aclarar que esta instancia de alzada no ha evidenciado el reclamo de aspectos de forma y vicios en el acto impugnado como pretensión del recurrente sino más bien la invocación de la prescripción, por lo que por el Principio de Congruencia y el derecho a la defensa de ambas partes únicamente se desarrollará el análisis sobre la prescripción en el marco de lo establecido en el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB). 

IV.1. Sobre la prescripción de la facultad para imponer sanciones 

El recurrente en su recurso señaló que la facultad para imponer sanciones administrativas, así como para ejecutar la deuda tributaria se extinguieron por el transcurso del tiempo al amparo de lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en el presente caso la supuesta ejecución del tributo omitido cuya supuesta obligación tributaria data del 2004 y 2005 el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero del año calendario siguiente a su vencimiento, es decir, para la gestión 2004 el 1 de enero de 2005 y concluyó el 1 de enero de 2008 y para la gestión 2006 el 1 de enero de 2006 y concluyó 1 de enero de 2009, sin embargo, después de más de 10 años se pretender imponer sanciones mediante la Resolución 

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que ahora se impugna, así también señaló que la Ley 291 que modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estuvo vigente a partir de septiembre de 2012, por lo que no sería aplicable a gestiones 2004 y 2005, lo contrario implicaría la vulneración de la irretroactividad como principio recogido por los arts. 33 y 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492 (CTB). 

Agregó que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como ejercer su facultad de ejecución de las gestiones 2004 y 2005 han prescrito, citó la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, motivo por el cual no es procedente la Resolución Sancionatoria impugnada al haber precluido el derecho por el transcurso del tiempo y se debe aplicar la norma vigente a momento del hecho generador, citó también la Resolución de Recurso Jerárquico 283/2017. 

En contraposición, la Administración Tributaria en su contestación luego de exponer antecedentes manifestó que en el presente caso no existió inactividad, sino más bien se realizaron acciones para la recuperación de lo adeudado por el recurrente a favor del Estado; y en el presente caso al tratarse de deuda tributaria autodeterminada, citó lo previsto por los arts. 59, 60, 61, 70, 165 de la Ley 2492 (CTB) modificada por la Ley 812 de 30 de junio de 2016, y art. 1 de la Ley 154, señaló que verificada la carpeta de antecedentes se notificó al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional de 28 de diciembre de 2016, por existir suficientes indicios de haber incurrido en contravención de omisión de pago, de igual manera se habría interrumpido el cómputo con las medidas coactivas. 

Agregó que la Administración Tributaria no ha renunciado al cobro de la deuda tributaria contenida en el PIET 703300358316 y la Resolución Sancionatoria 181970003958, de 28 de agosto de 2019, y que el recurrente se confunde en su solicitud, ya que el presente caso se encuentra en etapa de imponer sanciones y no así en etapa de ejecución tributaria, toda vez que dicha etapa se apertura una vez que quede firme la Resolución Sancionatoria y que si bien las obligaciones fiscales emergen por declaraciones juradas del IT de las gestiones 2004 y 2005, no es menos cierto lo establecido en el art. 324 de la Constitución Política del Estado acorde con el art. 3 de la Ley 154 y en base a los cuales se encuentra facultada para perseguir el cobro, ya que el no cobro de lo adeudado genera daño económico al Estado, 8 de 16

Allí 

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considerando que la obligación de pagar impuestos es imprescriptible; agregó que al configurarse causales de interrupción y suspensión teniéndose a la solicitud de retención de fondos de 19 de junio de 2019, dirigida a la ASFI, la entrega de la liquidación de lo adeudado el 19 de julio de 2019, y la notificación con la Resolución Sancionatoria realizada el 4 de septiembre de 2019, además de la solicitud de prescripción presentada por el recurrente al Auto Inicial de Sumario Contravencional, lo cual debe considerarse como un reconocimiento expreso y voluntario de la existencia de la deuda tributaria. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en 

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recursos de amparo constitucional y babeas corpus, tiene efectos Ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…). Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos tácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) ‘Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (. .) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a lOde 16

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computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica.” (las negrillas son añadidas). 

En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o ratio decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019, de 16 de diciembre de 2019. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción 

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administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

También corresponde considerar que según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones establece que las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años. Asimismo, en cuanto al cómputo, el art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que, en la facultad de ejecución tributaria, el término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

A su vez los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Ahora bien, en el caso concreto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que el 11 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) 703101036516, de 28 de diciembre de 2016, mismo que resolvió instruir el inicio del sumario 12 de 16

ait3l 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

contravencional por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención 

tributaria de omisión de pago conforme a lo señalado en los arts. 165 y 168 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), de las siguientes declaraciones juradas: 

CUADRO

Sigla del impuest 

De Orden de la DDJJ 

Periodo fiscal 

Fecha de presentado 

Importe en Bs. 

1 IT 11539249 6/2004 14/07/2004 2.501 

2 IT 10989982 5/2004 14/07/2004 3.510 

3 IT 11768389 7/2004 19/08/2004 1.616 

4 IT 13642756 5/2005 15/06/2005 3.533 

5 IT 14024519 6/2005 20/07/2005 882 

TOTAL 12.042 

(fs. 18-21 de antecedentes). 

Consiguientemente, el 28 de diciembre de 2018, el recurrente mediante memorial solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la deuda contenida en el AISC 703101036516, de 28 de diciembre de 2016 (fs. 30-33 de antecedentes). 

De la misma compulsa se observó que el 19 de junio de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/08394/2019, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos del ejecutado, asimismo mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/1569/2019, de 23 de agosto de 2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito información sobre vehículos que pudieran estar registrados a nombre del ejecutado (fs. 41-44 de antecedentes). 

Finalmente, el 4 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria 181970003958, de “”””””•»”•’••• 

28 de agosto de 2019, la cual resolvió sancionar al contribuyente Franklin Morales 

Salvatierra al haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago, al /’ ¿ 

haberse evidenciado que no realizó el pago de la deuda tributaria, adecuando su conducta a la contravención tributaria prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

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NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria paravivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 • Zona Equipetrol Telfs.: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

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Cert¡ficadoN°77ri4 

reglamentado por el art. 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993, con una multa de equivalente al 100% del tributo omitido pendiente de pago correspondiente a las Declaraciones Juradas por el IT de los periodos mayo, junio, julio de 2004 y mayo y junio de 2005 por un importe de Bs12.042, asimismo en el resuelve segundo rechazó la prescripción solicitada en relación a la ejecución tributaria según Proveído de Inicio de Ejecución N° 703300358316, de 28 de junio de 2016 (fs. 46-52 de antecedentes). 

Ahora bien, respecto a la prescripción para imponer sanciones agraviada por el recurrente, cabe señalar de manera previa que el acto impugnado en el presente proceso es la Resolución Sancionatoria 181970003958, de 28 de agosto de 2019 que establece la sanción por Omisión de Pago por las deudas autodeterminadas y no pagadas de los períodos mayo, junio y julio 2004, mayo y junio 2005, sin embargo, el recurrente también planteó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de los tributos omitidos y la Administración Tributaria en el resuelve segundo rechazó la prescripción solicitada en relación a la ejecución tributaria según Proveído de Inicio de Ejecución 703300358316, de 28 de junio de 2016, por lo que corresponde aclarar que la ejecución tributaria y su procedimiento de cobro debe ir por cuerda separada y no puede estar sujeto a la determinación que se tome respecto a la prescripción de facultades de imponer sanciones, toda vez que el cobro de los tributos omitidos es directamente ejecutable mediante la comunicación del inicio de ejecución tributaria y para ese proceso no ha sido activada la impugnación considerando que el acto impugnado es el que impone la sanción por Omisión de Pago, en consecuencia esta instancia únicamente ingresará a revisar si las facultades para imponer sanciones han prescrito o no. 

Por consiguiente, al tratarse el presente proceso de imposición de sanciones por Declaraciones Juradas de las gestiones 2004 y 2005 corresponde aplicar la disposición normativa vigente al momento del inicio del referido cómputo, esto es la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019, de 16 de diciembre de 2019. 

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Alíi 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB), que señala que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; vale decir, el cómputo de la prescripción para sancionar la conducta atribuida referente a las declaraciones juradas de los periodos fiscales mayo, junio y julio de 2004, comenzó a partir del 1 de enero de 2005 y finalizó el 31 de diciembre de 2008, y las declaraciones juradas de los periodos fiscales mayo y junio de 2005, comenzó a partir del 1 de enero de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2009, es decir que, cuando se notificó la Resolución Sancionatoria impugnada, el 4 de septiembre de 2019, las facultades de la entidad recurrida, se encontraban prescritas, por consiguiente su notificación no surtió los efectos interruptivos alegados por la Administración Tributaria en su contestación, así como tampoco las medidas coactivas surten efecto interruptivo en el tratamiento de lo establecido en la Ley 2492 (CTB) a diferencia de la aplicación de la Ley 1340 (CTb) para periodos anteriores a la gestión 2003, considerando ademas que como se explico de manera anterior corresponden al proceso de ejecución tributaria de los tributos omitidos, por consiguiente al no haberse evidenciado la concurrencia de las causales de suspensión previstas en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), las facultades de la entidad recurrida se encuentran prescritas. 

Así también, cabe señalar que en el marco de los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, aspectos que no se presentan en las Leyes 291, 317 y 812. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas por los hechos suscitados en las gestiones 2004 y 2005; precautelando la seguridad jurídica, corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181970003958, de 28 de agosto de 2019, dejando sin efecto la multa impuesta a la impetrante, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones se encuentran prescritas. 

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POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 181970003958, de 28 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la multa impuesta a la impetrante, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones se encuentran prescritas; de acuerdo con los fundamentos técnicos jurídicos señalados precedentemente, de conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

^w^’jWW^DKSP/ccav/rlhv/cmmf/acq/fmmb 

l(M c^Vá^RIT-SCZ/fiíA 0035/2020 Vk VB*¿>¿> 

Directora Ejecutiva 

-üicHidari Regional de 

  • opugnación Tricutaria SantaCruz 

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