ARIT-SCZ-RA-0034-2020 Ejecución de la deuda inicia su computo de prescripción con la ley vigente en su nacimiento

ARIT-SCZ-RA-0034-2020

Allí 

Autoridad de 

Impugnación tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0034/2020 

Recurrente 

Recurrido 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

Elizabeth Gantier Barron 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos Eufronio Camacho Vega. 

Resolución Administrativa N° 231970003602, de 03 de septiembre de 2019. 

ARIT-SCZ-0644/2019 

Santa Cruz, 10 de enero de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0034/2020 de 09 de enero de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. Acto Administrativo impugnado 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa 231970003602, de 03 de septiembre de 2019, la cual rechazó la prescripción solicitada por el contribuyente respecto al Pliego de Cargo 974/2000, de 31 de 

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julio de 2000, emergente de los impuestos IUE e IT del periodo fiscal diciembre de las gestiones 1996 y 1997. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente. 

Elizabeth Gantier Barran, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 23 de septiembre y 8 de octubre de 2019 (fs. 13-15 y 18-18 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 231970003602, de 03 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Prescripción de la facultad para ejercer el cobro coactivo. 

La recurrente en su recurso señaló que al amparo del Principio de Seguridad Jurídica la normativa que debe ser empleada es la vigente al momento del hecho, en otras palabras la parte sustantiva es la vigente a momento del acto y la parte adjetiva o procesal la vigente al momento de su procesamiento, en ese sentido la ley impide que se aplique de manera retroactiva la norma legal cuando es contraria al sujeto pasivo, más bien prevé que se aplique retroactivamente la norma tributaria relativa a la prescripción cuando esta es favorable al sujeto pasivo con lo que se desvirtúa cualquier intención de manejar la idea de aplicar las normativas 2012 y 2016, citó el art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y su relación con el Principio de Legalidad en el ámbito administrativo y en materia tributaria, asimismo, citó la Sentencia Constitucional 992/2005 -R, de 19 de agosto de 2005. 

Por lo que al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), la Ley 1340 estableció que la prescripción de la acción de ejecución de la Administración Tributaria es de cinco años computables a partir del 1 de enero del año siguiente y que los periodos objeto de ejecución han prescrito al no existir causal de interrupción ni de suspensión. 

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Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa impugnada emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 10 de octubre de 2019 (fs. 19 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa 231970003602, de 03 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 31 de octubre de 2019 (fs. 26-31 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo siguiente: 

11.3.1. Sobre la hipotética prescripción de la facultad de ejecución de cobro. 

La Administración Tributaria en su contestación luego de exponer doctrina, manifestó que si bien la prescripción es un medio de extinción de las facultades de la Administración Tributaria, no es menos cierto que la existencia de determinados hechos previstos por Ley generan un paréntesis en el transcurso del tiempo para el cómputo del mismo que se llaman suspensión e interrupción, señaló asimismo que la Ley aplicable al caso es la Ley 1340, y que de acuerdo a lo previsto en los arts. 53 y 54 de la Ley citada, así como de la revisión de antecedentes se tiene que se emitió el Pliego de Cargo N° 974/2000, de 31 de julio de 2000, el cual fue notificado el 9 de agosto de 2000, y la liquidación de 1 de junio de 2019, lo cual hizo que se interrumpa la prescripción, posición confirmada por el Auto Supremo 266/2015 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0028/2016, de 11 de enero de 2016. 

Argüyó que a fin de establecer el inicio del cómputo de la prescripción en cuanto a la facultad de ejecución tributaria se debe considerar que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio y lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo 

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por la negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo establecido por ley o que el sujeto activo por desinterés no hubiera realizado las gestiones de cobro coactivo, por lo que en el presente caso la deuda tributaria determinada se encuentra firme y ejecutoriada y en estado de cobro coactivo, continuó señalando que es evidente que no habría inactividad de cobro por parte de la Administración Tributaria y por ende no habría operado la prescripción, y citó el art. 324 de la Constitución Política del Estado, respecto a que no prescriben las deudas por daños económicos al Estado. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa impugnada. 11.4 Apertura de término probatorio 

Mediante Auto de 4 de noviembre de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida el 13 de noviembre de 2019 (fs. 32-33 del expediente). 

Dentro del plazo probatorio, que fenecía el 3 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial de 19 de noviembre de 2019, ratificó todas las pruebas y antecedentes presentados al momento de contestar al Recurso de Alzada (fs. 38 del expediente). 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 20 de noviembre de 2019, ratificó todas las pruebas presentadas a momento de interponer el recurso de alzada y citó Sentencias y Autos Supremos emanados por el Tribunal Supremo de Justicia en calidad de prueba (fs. 41-43 del expediente). 

II.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial de 9 de diciembre de 2019 (fs. 47-51 vta. del expediente) presentó alegatos, en conclusión, reiterando los argumentos expuestos a momento de contestar el Recurso de Alzada. 

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a¡t\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por su parte, fuera de plazo la recurrente mediante memorial de 27 de diciembre de 2019 (fs. 54 vta. del expediente) presentó alegatos, en conclusión, reiterando los argumentos expuestos a momento de interponer el Recurso de Alzada. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1. El 9 de agosto de 2000, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Pliego de Cargo 974/2000, donde se establecen adeudos tributarios 

de Bs10.454.-, correspondientes a tributos omitidos (IUE e IT) de los periodos 

fiscales diciembre de las gestiones 1996 y 1997, informándole que se le 

concede el plazo de tres (3) días a partir de su legal notificación para que 

cancelara el importe mencionado, bajo conminatoria de aplicarle las medidas 

precautorias (fs. 6-6 vta. de antecedentes). 

El 11 de agosto de 2000, la recurrente mediante memorial señaló que una vez 

notificada con el Pliego de Cargo 974/2000, correspondientes a tributos 

omitidos (IUE e IT) de los periodos fiscales diciembre de las gestiones 1996

1997 tales obligaciones fueron cumplidas, por lo que solicitó su revocatoria y 

adjuntó documentación (fs. 8-17 de antecedentes). 

1.3. El 12 de septiembre de 2003, la Administración Tributaria mediante Informe 

C.O.F. GDSC/DRE/INF. 02-0823/2006 señaló que la declaración jurada 

rectificatoria con de orden 234719 por el IUE de la gestión 1996 del periodo 

diciembre no es válida como descargo de la intimación A.R. 406795-377-2, 

debido a que no existe una segunda declaración jurada rectificatoria y la 

declaración jurada rectificatoria con de orden 3779997 del IT del periodo 

diciembre de la gestión 1997 es válida como descargo de la intimación A.R. 

406796-377-1, por lo que corresponde al departamento jurídico determinar 

el procedimiento a seguir con el Pliego de Cargo N° 974/2000 (fs. 34-35 de 

antecedentes). 

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111.4. El 30 de mayo de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/06797/2019 solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de la ejecutada, asimismo mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/07831/2019, de 13 de junio de 2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito información sobre vehículos que pudieran estar registrados a nombre de la coactivada y mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/202/2019, de 2 de septiembre de 2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito la hipoteca legal del vehículo con placa 2463-KTL (fs. 41-42, 47 y 50-51 de antecedentes). 

111.5. El 10 de julio de 2019, la recurrente mediante memorial solicitó la prescripción del Pliego de Cargo 974/2000, señalando en lo principal que el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2001, y que el plazo concluyó el 31 de diciembre de 2005, y que al no existir causal de interrupción ni de suspensión la Administración Tributaria perdió las facultades de proceder al cobro de los adeudos tributarios contenidos el Pliego de Cargo señalado (fs. 53-55 de antecedentes). 

111.6. El 13 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 231970003602, de 03 de septiembre de 2019, la cual rechazó la prescripción solicitada por el contribuyente respecto al Pliego de Cargo 974/2000, de 31 de julio de 2000, emergente de los impuestos IUE e IT del periodo fiscal diciembre de las gestiones 1996 y 1997 (fs. 59-63 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

El agravio planteado por la recurrente fue la prescripción del cobro coactivo, sin embargo la Administración Tributaria a momento de realizar su defensa planteó la correcta fundamentación de la Resolución Administrativa impugnada y por tanto la improcedencia de la vulneración al debido, ante lo cual corresponde aclarar que esta instancia de alzada no ha evidenciado el reclamo de aspectos de forma y vicios en el acto impugnado como pretensión de la recurrente sino más bien la invocación de la prescripción, por lo que por el Principio de Congruencia y el derecho a la defensa de 

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am\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

ambas partes únicamente se desarrollará el análisis sobre la prescripción en el marco de lo establecido en el art. 211 parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB). 

  1. 1. Sobre la prescripción de la facultad para ejercer el cobro coactivo. 

La recurrente en su recurso señaló que al amparo del Principio de Seguridad Jurídica la normativa que debe ser empleada es la vigente al momento del hecho, en otras palabras la parte sustantiva es la vigente a momento del acto y la parte adjetiva o procesal la vigente al momento de su procesamiento, en ese sentido la ley impide que se aplique de manera retroactiva la norma legal cuando es contraria al sujeto pasivo, más bien prevé que se aplique retroactivamente la norma tributaria relativa a la prescripción cuando ésta es favorable al sujeto pasivo, con lo que se desvirtúa cualquier intención de manejar la idea de aplicar las normativas 2012 y 2016, citó el art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y su relación con el Principio de Legalidad en el ámbito administrativo y en materia tributaria, asimismo, citó la Sentencia Constitucional 992/2005 -R, de 19 de agosto de 2005. 

Porlo que al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), la Ley 1340 (CTb) estableció que la prescripción de la acción de ejecución de la Administración Tributaria es de cinco años computables a partir del 1 de enero del año siguiente y que los periodos objeto de ejecución han prescrito al no existir causal de interrupción ni de suspensión. 

En contraposición, la Administración Tributaría en su contestación luego de exponer doctrina, manifestó que si bien la prescripción es un medio de extinción de las facultades de la Administración Tributaria, no es menos cierto que la existencia de determinados hechos previstos por ley generan un paréntesis en el transcurso del tiempo para el cómputo del mismo que se llaman suspensión e interrupción, señaló asimismo que la ley aplicable al caso es la Ley 1340, y que de acuerdo a lo previsto en los arts. 53 y 54 de la Ley citada, así como de la revisión de antecedentes se tiene que se emitió el Pliego de Cargo N° 974/2000, de 31 de julio de 2000, el cual fue notificado el 9 de agosto de 2000, y la liquidación de 1 de junio de 2019, lo cual hizo que se interrumpa la prescripción, posición confirmada por el Auto Supremo 266/2015 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0028/2016, de 11 de enero de 2016. 

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Argüyó que a fin de establecer el inicio del cómputo de la prescripción en cuanto a la facultad de ejecución tributaria se debe considerar que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio y lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo por la negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo establecido por ley o que el sujeto activo por desinterés no hubiera realizado las gestiones de cobro coactivo, por lo que en el presente caso la deuda tributaria determinada se encuentra firme y ejecutoriada y en estado de cobro coactivo, continuó señalando que es evidente que no habría inactividad de cobro por parte de la Administración Tributaria y por ende no habría operado la prescripción, y citó el art. 324 de la Constitución Política del Estado, respecto a que no prescriben las deudas por daños económicos al Estado. 

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2a edición, Pág.189); También para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298), en el presente caso su ente recaudador. 

De esta forma, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (GarcíaVizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 8 de 16

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respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado.” De considerarse que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269) 

En el caso que nos ocupa, tratándose de la Acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo por el IUE e IT de las gestiones 1996 y 1997, el hecho imponible del impuesto ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310 (RCTB), que señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb), dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional, por lo que no corresponde considerar leyes posteriores. 

En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional 1606/2002- R: la misma expresa que: “…el Artículo 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el Artículo 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo, en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su Artículo 6 que: “La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas 9 de 16 

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preexistentes”. Asimismo, el Artículo 7 de la Ley N° 1340 (CTb) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.”. 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “…que el Artículo 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el Art. 1497 del Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; … Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el Art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias.”. 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que: “En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley, determina que: “La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.” (las negrillas son nuestras). 

lOde 16

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

No obstante, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada yfirme, por lo tanto, en virtud de la analogía ysubsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que: “/. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titularno los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Así también, el art. 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valero desde que el titular ha dejado de ejercerlo. En ese sentido, se tiene que la prescripción en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó la prescripción invocada. 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 9 de agosto de 2000, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Pliego de Cargo 974/2000, donde se establecen adeudos tributarios de Bs10.454.-, correspondientes a tributos omitidos (IUE e IT) del periodo fiscal diciembre de las gestiones 1996 y 1997, informándole que se le concede el plazo de tres (3) días a partir de su legal notificación para que cancelara el importe mencionado, bajo conminatoria de aplicarle las medidas precautorias (fs. 6-6 vta. de antecedentes). Consiguientemente, el 11 de agosto de 2000, la recurrente mediante memorial señaló que una vez notificada con el Pliego de Cargo 974/2000, correspondientes a tributos omitidos (IUE e IT) del periodo fiscal diciembre de las gestiones 1996 y 1997, tales obligaciones fueron cumplidas por lo que solicitó su revocatoria y adjuntó documentación (fs. 8-17 vta. de antecedentes). 

1 de 16 NB/ISO 

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A tal efecto, el 12 de septiembre de 2003, la Administración Tributaria mediante Informe C.O.F. GDSC/DRE/INF. 02-0823/2006, señaló que la declaración jurada rectificatoria con de orden 234719 por el IUE de la gestión 1996 del periodo diciembre no es válida como descargo de la intimación A.R. N° 406795-377-2 debido a que no existe una segunda declaración jurada rectificatoria y la declaración jurada rectificatoria con de orden 3779997 del IT del periodo diciembre de la gestión 1997, es válida como descargo de la intimación A.R.. N° 406796-377-1, por lo que corresponde al departamento jurídico determinar el procedimiento a seguir con el Pliego de Cargo 974/2000 (fs. 34-35 de antecedentes). 

De manera ulterior, el 30 de mayo de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/06797/2019 solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de la ejecutada, asimismo mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/07831/2019, de 13 de junio de 2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito información sobre vehículos que pudieran estar registrados a nombre de la coactivada y mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/202/2019, de 2 de septiembre de 2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito la hipoteca legal del vehículo con placa 2463-KTL (fs. 41-42, 47 y 50-51 de antecedentes). 

Continuando se tiene que el 10 de julio de 2019, la recurrente mediante memorial solicitó la prescripción del Pliego de Cargo 974/2000, señalando en lo principal que el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2001, y que el plazo concluyó el 31 de diciembre de 2005, y que al no existir causal de interrupción ni de suspensión la Administración Tributaria perdió las facultades de proceder al cobro de los adeudos tributarios contenidos el Pliego de Cargo señalado (fs. 53-55 de antecedentes). 

Finalmente, el 13 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 231970003602, de 03 de septiembre de 2019, la cual rechazó la prescripción solicitada por el contribuyente respecto al Pliego de Cargo 974/2000, de 31 de julio de 2000, emergente de los impuestos IUE e IT del periodo fiscal diciembre de las gestiones 1996 y 1997 (fs. 59-63 de antecedentes). 

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Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

De lo descrito se advierte que en el presente caso, el Pliego de Cargo 974/2000, emitido contra la recurrente pretendió ejecutar adeudos tributarios de Bs10.454.-, correspondientes a tributos omitidos (IUE e IT) del periodo fiscal diciembre de las gestiones 1996 y 1997, por lo que, corresponde efectuar el análisis respecto a la prescripción de la acción de la Administración Tributaria, para ejecutar las citadas deudas; consecuentemente, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, aplicable supletoriamente y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), por analogía, se tiene que el cómputo de la prescripción para ejecutar las mencionadas deudas tributarias, considerando los periodos fiscales de las gestiones 1996 y 1997, en la primera gestión inició el 1 de enero de 1998, concluyendo el término de los cinco (5) años el 31 de diciembre de 2002, y en la segunda gestión inició el 1 de enero de 1999, concluyendo el término de los cinco (5) años el 31 de diciembre de 2003, lapso en el que la Administración Tributaria debió hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta, de acuerdo al cómputo efectuado conforme a los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb). 

Ahora bien, considerando el lapso expuesto en el párrafo precedente la Administración Tributaria tenía hasta el 31 de diciembre de 2002 y 2003, para realizar todas las acciones tendientes al cobro de dicha deuda en virtud a lo establecido en los arts. 304 y 308 de la Ley 1340 (CTb), es así que de la revisión y compulsa de los antecedentes se evidenció que el Pliego de Cargo, fue notificado a la recurrente el 9 de agosto de 2000, lo cual interrumpió el cómputo de la prescripción hasta el 9 de agosto de 2005, sin embargo, la Administración Tributaria de manera ulterior el 30 de mayo de 2019, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/06797/2019, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de la ejecutada, asimismo mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/07831/2019, de 13 de junio de 2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito información sobre vehículos que pudieran estar registrados a nombre de la coactivada y mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/202/2019, de 2 de septiembre de 2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito la hipoteca legal del vehículo con placa 2463-KTL (fs. 41-42, 47 y 50-51 de antecedentes), es decir, activó medidas tendientes al cobro, posteriores a la gestión 2005 que quedaron fuera del plazo previsto por Ley para surtir efecto alguno en el curso del cómputo de la prescripción, en consecuencia, teniéndose claro cuál es la Ley aplicable al presente caso, resultó cierto que operó la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejercer el cobro 

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coactivo de la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo 974/2000, en consecuencia corresponde a esta instancia recursiva dar curso a la prescripción invocada por la recurrente de las obligaciones tributarias contenidas en el Pliego de Cargo citado. 

Con relación a las causales de interrupción del curso de la prescripción argüida por la Administración Tributaria, tales como la liquidación de la deuda actualizada de 01 de junio de 2019, es evidente que la misma queda fuera del lapso establecido cuyo límite fue en la gestión 2005 para que la Administración Tributaria pueda ejercer el cobro coactivo, por lo que no surte ningún efecto ante el cómputo de la prescripción. 

Finalmente, cabe aclarar que ésta instancia de Alzada a efectos de resolver la controversia suscitada, se circunscribe a lo planteado y solicitado por la parte recurrente y en relación a la etapa del proceso, el cual se encontraba en fase de cobro coactivo de declaraciones juradas como deudas tributarias auto determinadas, ante lo cual se emite el presente pronunciamiento y análisis sobre el agravio de prescripción invocado. 

Consiguientemente, habiéndose advertido que para la gestión 1996 desde el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2002, y en la gestión 1997 desde el 1 de enero de 1999, al 31 de diciembre de 2003, considerando la interrupción suscitada por la notificación con el Pliego de Cargo 974/2000 que extendió el computo hasta el 9 de agosto de 2005, se tiene que existió inactividad de la Administración Tributaria por el término de 5 años continuos; al no haberse demostrado la realización de algún acto efectuado tendiente al cobro de la deuda contenida en el Pliego de Cargo antes descrito quedando todos los actos posteriores fuera de termino para que surtan efecto alguno, por lo que se llega a la firme convicción de que la Administración Tributaria dio lugar a que opere la prescripción de ejercer su facultad de cobro coactivo. Por lo tanto, considerando que la Administración recurrida no ejerció su facultad de cobro coactivo dentro de los plazos establecidos por Ley, corresponde a esta instancia recursiva dar curso a la prescripción invocada por la recurrente. 

Finalmente, respecto a la disposición prevista en el art. 324 de la Constitución Política del Estado citada por la Administración Tributaria, cabe señalar que, en numerosos Recursos, tanto Jerárquicos, como de Alzada se ha establecido que ésta instancia no 14 de 16

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

es la apropiada para realizar interpretaciones constitucionales sin que antes se hubiere declarado y definido su implicancia en materia tributaria por Ley. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de cobro coactivo; en el marco de la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), refrendada por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, en resguardo de la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente, por lo que, se recomienda revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 231970003602, de 03 de septiembre de 2019, la cual rechazó la prescripción solicitada por el contribuyente respecto al Pliego de Cargo 974/2000, de 31 de julio de 2000, emergente de los impuestos IUE e IT del periodo fiscal diciembre de las gestiones 1996 y 1997. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa 231970003602, de 03 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de las deudas contenidas en el Pliego de Cargo 974/2000, en el marco de lo establecido en la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), han prescrito y por tanto, dejar sin efecto todas las medidas coactivas adoptadas en contra de la recurrente; de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

“^A SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

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conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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( DKSP/ccav/rlhv/cmmf/acq/fmmb JIT-SCZ/RA 0034/2020 

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