ARIT-SCZ-RA-0019-2021, Resolución Administrativa, El recurrente antecedió que la Administración Tributaria el 04 de enero del año 2000 emitió el Pliego de Cargo N° 084/2000 correspondiente al periodo fiscal 07/1995, Resolución Administrativa N° 232070011732, misma que sin ninguna fundamentación ni motivación, más que una simple copia de artículos del Código Tributario y copias de citas doctrinales, evadieron manifestarse sobre el fondo de la petición, dando respuesta de manera ambigua y con argumentos alejados de la economía jurídica vigente. Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa No 232070011732 de 12 de octubre de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

ARIT-SCZ-RA-0019-2021

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0019/2021
Recurrente
:
Roberto Ciancaglini Radoccia.
Administración Recurrida
:
Gerencia Distrital Santa Cruz | del Servicio de impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos Eufronio Camacho Vega
Acto impugnado
Resolución Administrativa No 232070011732, de 12 de octubre de 2020.
Expediente No
:
ARIT-SCZ-0571/2020.
Lugar y Fecha
Santa Cruz, 11 de enero de 2021
VISTOS :
El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz | del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0019/2021 de 11 de enero de 2021, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se
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tuvo presente.
1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
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La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN emitió la Resolución Administrativa No 232070011732, de 12 de octubre de 2020, que resolvió rechazar la solicitud de “Prescripción del Pliego de Cargo N° 84/2000”, formulada por el contribuyente Ciancaglini Radoccia Roberto, en virtud a lo establecido por el artículo 52 de la Ley
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1340, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al artículo 304 al 307 de la Ley 1340 CTB.
II. TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA
II.1 Argumentos del recurrente. –
Roberto Ciancaglini Radoccia, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 19 de octubre de 2020 (fs. 15-21 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 232070011732, de 12 de octubre de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente:
11.1.1. Falta de fundamentación y motivación del acto impugnado. –
El recurrente antecedió que la Administración Tributaria el 04 de enero del año 2000 emitió el Pliego de Cargo N° 084/2000 correspondiente al periodo fiscal 07/1995 y luego en la misma fecha se le notificó con auto intimatorio, mediante estos actos se le conminó al pago de las obligaciones tributarias de periodos que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa, se encuentran prescritas, en lo que refiere a la facultad de la administración tributaria para controlar, investigar, verificar y comprobar el correcto pago en declaraciones juradas (DDJJ), por lo que de manera formal solicitó que declare la prescripción de las obligaciones tributarias, sin embargo y alejando sus actuaciones de un estado de derecho dieron respuesta a su solicitud mediante la Resolución Administrativa N° 232070011732, misma que sin ninguna fundamentación ni motivación, más que una simple copia de artículos del Código Tributario y copias de citas doctrinales, evadieron manifestarse sobre el fondo de la petición, dando respuesta de manera ambigua y con argumentos alejados de la economía jurídica vigente, de esta manera es que se violentó los derechos constitucional como es al
debido proceso previsto en el artículo 115 y el derecho constitucional previsto en el
artículo 24 de la CPE, de petición y obligación de responder de manera fundamentada, situación que vicia de nulidad tal acto, no obstante refirió que corresponde manifestarse en el fondo, otorgando la prescripción solicitada a continuación.
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11.1.2. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, –
El recurrente señaló que el último párrafo de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA del DS 27310 (RCTB) establece que: “as obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999.” En este mismo sentido, el DS No 27874 (RCCT) en su párrafo segundo de la parte considerativa establece; “Que, para la aplicación del régimen transitorio en las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 2492, se debe considerar que las normas en materia procesal se rigen por el “tempus regis actum”, en cambio la aplicación de las normas
sustantivas por el “tempus comissi deciti”, a su vez el artículo 11 del mismo decreto
dispone que; A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá
tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho
generador.”
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En ese contexto, manifestó que en el presente caso corresponde la aplicación de la Ley N° 1340 como norma vigente en la ocurrencia del hecho generador, en consideración al tempus regis actum previsto por el DS 27874, asumiendo en este sentido que el plazo para la ejecución serían los cinco (5) años que prevé el artículo 52 de la citada Ley N° 1340, por lo que advirtió que bajo la aplicación de esta norma, se encuentra prescrita la facultad de ejecución del Pliego de Cargo No 84/2000 de fecha 04 de enero de 2000; a su vez, en virtud de los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTB), indicó que corresponde aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que: “9. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción), estipula que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese sentido, estableció que la prescripción de la ejecución coactiva opera cuando el acreedor no ha hecho efectiva su facultad de cobro durante el término de cinco (5) años, cuyo razonamiento se encuentra acorde a lo resuelto por la Autoridad General de Impugnación mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0396/2011 de 04 de julio de 2011.
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Señaló que, en la Resolución ahora impugnada, el SIN mencionó como único argumento la interrupción de la prescripción, estableciendo que el criterio utilizado por el sujeto pasivo ha sido realizado sin criterio técnico-jurídico y que en ningún momento operó la inacción por parte del SIN, puesto que habría realizado todas las diligencias necesarias para ejercer su derecho de cobro, no existiendo presupuestos que den lugar a la prescripción.
También manifestó que en la página 7 de la Resolución Impugnada, la Administración Tributaria expuso los antecedentes del expediente de cobranza coactiva, detallando los actuados del SIN y del contribuyente, de lo que advirtió que después de la notificación con el Pliego de Cargo N° 084/2000 notificado el 04 de enero de 2000 realizó una actuación adicional el 02 de octubre de 2001 emitiendo un informe de
intimaciones con el referido Pliego de Cargo, posterior a ello, manifestó que no existe ninguna actuación por parte del SIN desde el 2001 al 2019, es decir durante 18 años, lapso en el cual no demostró la interrupción, habiendo operado el término de la prescripción de cinco (5) años, conforme establece el art. 1493 del Código Civil y 53 de la Ley 1340, este último que establece el término de la prescripción se contará desde el 1o de enero del año calendario siguiente a aquel en que se puede hacer valer el derecho, por lo que, es innegable que a la fecha el término de la facultad de ejecución del pliego de cargo se encuentra prescrita.
Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa No 232070011732 de 12 de octubre de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN
11.2. Auto de Admisión
Mediante Auto de Admisión de 22 de octubre de 2020 (fs. 22 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Administrativa N° 232070011732, de 12 de octubre de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.
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II.3. Respuesta de la Administración Tributaria.
La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante Administración Tributaria,
mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2020 (fs. 32-35vta. del
expediente), contestó el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:
11.3.1 Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. –
La Administración Tributaria refirió al art. 108 de la Constitución Política del Estado, el cual expresa los deberes de los bolivianos y bolivianas, como ser; 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, (…) 7. tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la Ley (…), por lo que, en observación a los deberes, supra señalados y con miras a que el estado pueda obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines, es imperativo que la sociedad en su conjunto, cumpla con los deberes señalados precedentemente, para que el Estado alcance efectivamente sus fines y funciones establecidos en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado.
En ese sentido, expresó con relación al presente caso sobre deudas tributarias no pagadas por el recurrente, mismas que se encontraban reguladas con la Ley N° 1340, cuya prescripción fue objeto de solicitud, al respecto, describió parte del fundamento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0401/2017-S2, de 02 de mayo de 2017, de lo cual infirió que la retroactividad de la ley, es aplicable ante situaciones jurídicas no concluidas, empero, en el presente a la fecha de emisión de la Resolución Administrativa N° 232070011732 de 12 de octubre de 2020, se encontraban inconclusas, puesto que no había emitido criterio alguno sobre la prescripción solicitada, en consecuencia, se tiene que en cumplimiento a la jurisprudencia precedentemente citada, por mandato del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.
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Asimismo, indicó que la norma actual aplicable a la prescripción, es la Ley 2492 (CTB) en su art. 59 parágrafo IV, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, en ese sentido, considerando que las deudas no pagadas fueron determinadas de acuerdo a las previsiones contenidas en
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la Ley 1340, y al corresponder a situaciones no concluidas, por lo que, en cumplimiento a la norma respecto a la imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, es evidente que las facultades de ejecución tributaria, están plenamente vigentes.
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 232070011732 de 12 de octubre de 2020.
11.4. Apertura de Término probatorio
Mediante Auto de 12 de noviembre de 2020, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó el 18 de noviembre de 2020, tanto al recurrente
como a la entidad recurrida (fs. 36-37 del expediente).
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 08 de diciembre de 2020, el 27 de noviembre de 2020, el recurrente presentó memorial ratificando las pruebas presentadas al momento de la Interposición del Recurso de Alzada (fs. 38 del expediente).
Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2020, ratificó todo el expediente administrativo presentado junto a la contestación del Recurso de Alzada (fs. 42-42 vta. del expediente).
11.5. Alegatos.
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 28 de diciembre de 2020, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos en conclusiones el 10 de diciembre de 2020, ratificando todos los aspectos enunciados en su memorial de contestación al recurso de alzada (fs. 45-46 del expediente).
Por su parte, el recurrente el 10 de diciembre de 2020, presentó memorial de alegatos en conclusión, ratificando los argumentos vertidos en su memorial de Recurso de Alzada (fs. 49-54 del expediente).
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de
hechos:
III.1. El 11 de noviembre de 1997, la Administración Tributaria emitió el Formulario
de Intimación N° 350021-340-4, contra el recurrente donde señaló que no existiendo constancia de que haya presentado la Declaración Jurada Form. 143 por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 07/95 y habiendo
vencido el plazo otorgado en la intimación (formulario 316) le comunica que se
ordenó la iniciación de la acción para el cobro coactivo del pago a cuenta
determinado de Bs 11.219.- de conformidad con el art. 17 del DS 21530 (fs. 1 1vta. de antecedentes).
III.2.
El 04 de enero de 2000, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 084/2000, contra el recurrente Ciancaglini Radoccia Roberto, de acuerdo al pago a cuenta determinado en el F- No 350021-340-4, por concepto de Impuesto Omitido IVA del periodo 07/95 (fs. 2 de antecedentes).
111.3. El 25 de febrero de 2000, la Administración Tributaria notificó personalmente al
recurrente Ciancaglini Radoccia Roberto con el Pliego de Cargo N° 084/2000 para que en el término perentorio de tres (3) dias a partir de su legal notificación pague la suma de Bs 11.219.- por concepto de Impuesto Omitido IVA (fs. 2 vta. de antecedentes).
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111.4. El 01 de marzo de 2000, el recurrente presentó memorial de descargo, para lo
cual adjuntó el Formulario 143 Orden N° 7827987, gestión 07/95, indicando que habría cancelado la suma de Bs8.568.- al Banco Boliviano Americano con sello de descargo el 18 de agosto de 1995, advirtiendo que no cometió ninguna infracción tributaria (fs. 5-7 de antecedentes).
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111.5.
El 02 de octubre de 2001, la Administración Tributaria emitió el Informe C.O.F,
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mediante el cual señaló que revistado el sistema de pagos no se localizó el
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pago adjunto, por lo que recomendó solicitar una certificación al Banco donde se realizó el pago (fs. 17 de antecedentes).
III.6.
El 20 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ 1/DJCC/NOT/15672/2019 solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), instruya a las Entidades de Intermediación Financiera a nivel nacional la Retención de Fondos en Cuentas Corrientes,
Cajas de Ahorro y/o Depósito del contribuyente Ciancaglini Radoccia Roberto (fs. 19 de antecedentes).
III.7.
El 23 de septiembre de 2020, el recurrente presentó nota mediante la cual señaló que de conformidad a lo previsto en el art. 5 del DS 27310 concordante con el art. 109 de la Ley 2492 (CTB), solicitó se declare la prescripción del Pliego de Cargo N° 84/2000 de 04 de enero de 2000 (fs. 58-66 de antecedentes).
111.8.
El 14 de octubre de 2020, la Administración Tributaria notifico personalmente a Ciancaglini Radoccia Roberto con la Resolución Administrativa No 232070011732, de 12 de octubre de 2020, que resolvió rechazar la solicitud de “Prescripción del Pliego de Cargo No 84/2000″, formulada por el contribuyente Ciancaglini Radoccia Roberto, en virtud a lo establecido por el art. 52 de la Ley 1340, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad a los arts. 304 al 307 de la Ley 1340 CTB (fs. 68-78 y 79 de antecedentes).
IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA
El recurrente expuso como agravios los siguientes: 1. Falta de fundamentación y motivación del acto impugnado y 2. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.
IV.1 Cuestión previa.
Con carácter previo, corresponde señalar que si bien el recurrente denunció, en su Recurso de Alzada, vicios de nulidad referido a la falta de fundamentación y
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motivación del acto impugnado; sin embargo, también se advierte que invocó la prescripción; es decir, un análisis en el fondo; al respecto, es importante aclarar que en el marco de la previsión contenida en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB) y criterios establecidos por la máxima instancia administrativa, precautelando el derecho a la
defensa para ambas partes, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se sustentará en los hechos, antecedentes, el derecho aplicable al caso y los precedentes administrativos, en el análisis de los puntos agraviados, considerando en primera instancia la procedencia o improcedencia de la prescripción solicitada y sólo en caso de no ser evidente la misma se ingresará al análisis de los otros aspectos
planteados, pues no tendría sentido revisar primero los aspectos de forma, que
pudieran originar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, de un proceso en el que posiblemente operó la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.
IV.2. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración
Tributaria.
El recurrente señaló que el último párrafo de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA del DS 27310 (RCTB) establece que: “as obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999.” En este mismo sentido, el DS No 27874 (RCCT) en su párrafo segundo de la parte considerativa establece; “Que, para la aplicación del régimen transitorio en las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 2492, se debe considerar que las normas en materia procesal se rigen por el “tempus regis actum”, en cambio la aplicación de las normas sustantivas por el “tempus comissi deciti”, a su vez el artículo 11 del mismo decreto dispone que; A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho
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En ese contexto, manifestó que en el presente caso corresponde la aplicación de la Ley N° 1340 como norma vigente en la ocurrencia del hecho generador, en consideración al tempus regis actum previsto por el DS 27874, asumiendo en este
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sentido que el plazo para la ejecución serían los cinco (5) años que prevé el artículo 52 de la citada Ley N° 1340, por lo que advirtió que bajo la aplicación de esta norma, se encuentra prescrita la facultad de ejecución del Pliego de Cargo N° 84/2000 de fecha 04 de enero de 2000; a su vez, en virtud de los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTB), indicó que corresponde aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que: “9. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción), estipula que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese sentido, estableció que la prescripción de la ejecución coactiva opera cuando el acreedor no ha hecho efectiva su facultad de cobro durante el término de cinco (5) años, cuyo razonamiento se encuentra acorde a lo resuelto por la Autoridad General de Impugnación mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0396/2011 de 04 de julio de 2011.
Señaló que, en la Resolución ahora impugnada, el SIN mencionó como único argumento la interrupción de la prescripción, estableciendo que el criterio utilizado por el sujeto pasivo ha sido realizado sin criterio técnico-jurídico y que en ningún
momento operó la inacción por parte del SIN, puesto que habría realizado todas las
diligencias necesarias para ejercer su derecho de cobro, no existiendo presupuestos que den lugar a la prescripción.
También manifestó que en la página 7 de la Resolución Impugnada, la Administración
Tributaria expuso los antecedentes del expediente de cobranza coactiva, detallando los actuados del SIN y del contribuyente, de lo que advirtió que después de la notificación con el Pliego de Cargo N° 084/2000 notificado el 04 de enero de 2000 (debió decir 25 de febrero de 2000) realizó una actuación adicional el 02 de octubre
de 2001 emitiendo un informe de intimaciones con el referido Pliego de Cargo,
posterior a ello, manifestó que no existe ninguna actuación por parte del SIN desde el
2001 al 2019, es decir durante 18 años, lapso en el cual no demostró la interrupción, habiendo operado el término de la prescripción de cinco (5) años, conforme establece el art. 1493 del Código Civil y 53 de la Ley 1340, este último que establece el término de la prescripción se contará desde el 19 de enero del año calendario siguiente a
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aquel en que se puede hacer valer el derecho, por lo que, es innegable que a la fecha el término de la facultad de ejecución del pliego de cargo se encuentra prescrita.
Por su parte, la Administración Tributaria refirió al art. 108 de la Constitución Política del Estado, el cual expresa los deberes de los bolivianos y bolivianas, como ser; 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, (…) 7. tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la Ley (…), por lo que, en observación a los deberes, supra señalados y con miras a que el estado puede obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines, es imperativo que la sociedad en su conjunto, cumpla con los deberes señalados precedentemente, para que el Estado alcance efectivamente sus fines y funciones establecidos en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado.
En ese sentido, expresó con relación al presente caso, sobre deudas tributarias no pagadas por el recurrente, mismas que se encontraban reguladas con la Ley N° 1340, cuya prescripción fue objeto de solicitud, al respecto, describió parte del fundamento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0401/2017-S2, de 02 de mayo de 2017, de lo cual infirió que la retroactividad de la ley, es aplicable ante situaciones jurídicas no concluidas, empero, en el presente a la fecha de emisión de la Resolución Administrativa N° 232070011732 de 12 de octubre de 2020, se encontraban inconclusas, puesto que no había emitido criterio alguno sobre la prescripción solicitada, en consecuencia, se tiene que en cumplimiento a la jurisprudencia precedentemente citada, por mandato del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.
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Asimismo, indicó que la norma actual aplicable a la prescripción, Ley 2492 (CTB) en su art. 59 parágrafo IV, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, en ese sentido, considerando que las deudas no pagadas fueron determinadas de acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley 1340, y al corresponder a situaciones no concluidas, por lo que, en cumplimiento a la norma respecto a la imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, es evidente que las facultades de ejecución tributaria, están plenamente vigentes.
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Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación
tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica juridica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTIN José María, Derecho Tributario General, 2a edición, Pág. 189). También para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298), en el presente caso su ente recaudador.
De esta forma, la prescripción de acciones se entiende como: “a caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I).
Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal
respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado.” De considerarse que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269).
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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA
En el caso que nos ocupa, tratándose de la Acción de la Administración Tributaria
para ejecutar la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo por periodos e impuestos de la gestión 1995 , el hecho imponible del impuesto ocurrió en
vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera
del Decreto Supremo 27310 (RCTB), que señala que las obligaciones tributarias
cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb), dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional.
En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional N° 1606/2002 R: la misma expresa que: “En este sentido el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc, 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo, en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes”. Asimismo, el art. 7 de la Ley N° 1340 (CTb) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.”.
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Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “(…) que el art. 307 del CTb, establecia que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002,
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estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; (…). Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro
ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de
ejecución a cargo de las autoridades tributarias.”.
En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb).
Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que: “En los
casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley, determina que: “La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años” (las negrillas son nuestras).
No obstante, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en
los arts. 6 y 7 de la referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que: “7. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (…)”.
Así también, el art. 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse
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valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese sentido, se tiene que la prescripción en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó la prescripción invocada.
Dentro de este contexto legal, compulsados los antecedentes del caso, se observó que el 11 de noviembre de 1997, la Administración Tributaria emitió el Formulario de
Intimación N° 350021-340-4, contra el recurrente donde señaló que no existiendo
constancia de que haya presentado la Declaración Jurada Form. 143 por el Impuesto
al Valor Agregado del periodo fiscal 07/95 y habiendo vencido el plazo otorgado en la
intimación (formulario 316) le comunica que se ordenó la iniciación de la acción para
el cobro coactivo del pago a cuenta determinado de Bs 11.219.- de conformidad con el art. 17 del DS 21530 (fs. 1-1vta, de antecedentes); posteriormente, el 04 de enero de 2000, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo No 084/2000, contra el recurrente Ciancaglini Radoccia Roberto, de acuerdo al pago a cuenta determinado en el F- No 350021-340-4, por concepto de Impuesto Omitido IVA del periodo 07/95 (fs. 2 de antecedentes).
Consecutivamente, el 25 de febrero de 2000, la Administración Tributaria notifico personalmente al recurrente Ciancaglini Radoccia Roberto con el Pliego de Cargo No 084/2000 para que en el término perentorio de tres (3) días a partir de su legal notificación pague la suma de Bs11.219.- por concepto de Impuesto Omitido IVA (fs. 2vta. de antecedentes), en respuesta, el 01 de marzo de 2000, el recurrente presentó
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memorial de descargo, para lo cual adjuntó el Formulario 143 Orden N° 7827987,
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gestión 07/95, indicando que habría cancelado la suma de Bs8.568.- al Banco
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Boliviano Americano con sello de descargo el 18 de agosto de 1995, advirtiendo que
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no cometió ninguna infracción tributaria (fs. 5-7 de antecedentes), a tal efecto, el 02 de octubre de 2001, la Administración Tributaria emitió el Informe C.O.F, mediante el
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cual señaló que revistado el sistema de pagos no se localizó el pago adjunto, por lo
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que recomendó solicitar una certificación al Banco donde se realizó el pago (fs. 17 de antecedentes).
Continuando con la misma compulsa, se advirtió que el 20 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ I/DJCC/NOT/15672/2019 solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), instruya a las Entidades de Intermediación Financiera a nivel nacional la Retención de Fondos en Cuentas Corrientes, Cajas de Ahorro y/o Depósito del contribuyente Ciancaglini Radoccia Roberto (fs. 19 de antecedentes), seguidamente, el 23 de septiembre de 2020, el recurrente presentó nota mediante la cual señaló que de conformidad a lo previsto en el art. 5 del DS 27310 concordante con el art. 109 de la Ley 2492 (CTB), solicitó se declare la prescripción del Pliego de Cargo No 84/2000 de 04 de enero de 2000 (fs. 58-66 de antecedentes), finalmente, el 14 de octubre de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente a Ciancaglini Radoccia Roberto con la Resolución Administrativa N° 232070011732, de 12 de octubre de 2020, que resolvió rechazar la solicitud de “Prescripción del Pliego de Cargo No 84/2000″, formulada por el contribuyente Ciancaglini Radoccia Roberto, en virtud a lo establecido por el artículo 52 de la Ley 1340, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al artículo
304 al 307 de la Ley 1340 CTB (fs. 68-78 y 79 de antecedentes).
Ahora bien, en el presente caso, conforme se observó en los antecedentes, la Administración Tributaria habiendo evidenciado la falta de presentación de Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado del periodo de julio de 1995 y
vencido el plazo otorgado en la intimación (formulario 316), emitió la Intimación N° 350021-340-4 de 11 de noviembre de 1997, en la que estableció que se ordene el inicio de la acción para el cobro coactivo del pago a cuenta determinado de Bs 11.219.- conforme al art. 17 del DS 21530; se tiene, que el cómputo de la prescripción para ejecutar la mencionada deuda tributaria, considerando el periodo fiscal de julio de 1995, inició desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de pago, es decir, que en el presente caso de acuerdo al art. 10 del DS 21530, de 29 de junio de 1995, la presentación y pago de la Declaración Jurada debía ser dentro de los 15 días siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, es decir la fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada era hasta 15 de agosto de 1995, por lo que para el periodo de julio de 1995 el cómputo de la
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prescripción se inició el 16 de agosto de 1995, extendiéndose hasta cinco (5) años, es decir, hasta el 16 de agosto de 2000, lapso en el que la Administración Tributaria debió hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con
todos los medios legales que la Ley le faculta, de acuerdo al cómputo efectuado conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), en concordancia con lo expuesto sobre periodos anteriores a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), en la Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 2544/2018, de 10 de diciembre de 2018.
Posterior a ello, con la notificación del Auto Intimatorio del Pliego de Cargo el 25 de febrero de 2000, se interrumpió el computo del plazo de prescripción, lo dio inicio nuevamente al cómputo de la prescripción el 28 de febrero de 2000 y concluyó el 28 de febrero de 2005, de conformidad a lo previsto en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), es decir que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro de la deuda tributaria correspondiente al IVA del periodo fiscal 07/1995, prescribieron el 28 de febrero de 2005, de acuerdo a los arts. 1492 y 1493 del Código Civil aplicables por supletoriedad y los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) por analogia.
Cabe hacer notar que si bien de acuerdo a la Ley 1340 (CTb) todas y cada una de las medidas tendientes al cobro de la deuda tributaria interrumpen el curso de la prescripción; no obstante, en este caso la Administración Tributaria realizó nuevamente actuaciones recién en la gestión 2019, a través de la solicitud de retención de fondos efectuada a la ASFI, actuación que en su ejecución conllevarían un efecto interruptivo del curso de la prescripción; empero, al haberse realizado después del 28 de febrero de 2005, cuando sus facultades ya se encontraban
prescritas, indiscutiblemente no surten efectos legales, es decir, no interrumpieron el cómputo de la prescripción, por lo cual, no corresponde sean analizadas, ni consideradas, pues como se explicó, las facultades de cobro (Cobranza coactiva), de la Administración Tributaria se encontraban prescritas después del 28 de febrero de
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Consecuentemente, las facultades de cobro de la deuda tributaria para la Administración Tributaria, se encuentran prescritas, demostrándose de esta forma la
inactividad de la Administración Tributaria por el término de cinco (5) años continuos, plazo previsto legalmente en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y que la realización de las actuaciones para efectivizar el cobro, claramente fueron extemporáneos, dando
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lugar a que opere la prescripción de la deuda tributaria por el IVA del período 07/1995, conforme con los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; es decir cinco años; y que la prescripción comienza a correr desde que el titular ha dejado de ejercer su derecho.
Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria emergente de la falta de presentación de Declaración Jurada Form. 143 por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 07/95 y el pago a cuenta determinado; que dio origen al Pliego de Cargo N° 84/2000 de 04 de enero de 2000, precautelando la seguridad jurídica, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 232070011732, de 12 de octubre de 2020, dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de cobro coactivo de la
Administración Tributaria se encuentran prescritas.
Consiguientemente, habiéndose otorgado la razón al recurrente en cuanto a la prescripción, no corresponde mayor pronunciamiento respecto a los demás aspectos de forma agraviados, toda vez que se encuentran subsumidos a este punto.
POR TANTO:
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del
D. S. 29894 de 7 de febrero de 2009.
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa No 232070011732, de 12 de octubre de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de la deuda tributaria correspondiente al IVA del periodo 07/1995 contenida en el Pliego de Cargo N° 84/2000 de 04 de enero de 2000, en el marco de lo establecido en la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), han prescrito y, por tanto, dejar sin efecto
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todas las medidas coactivas adoptadas en contra del recurrente, de acuerdo a los
fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB).
SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.
TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención.
CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación.
Regístrese, notifíquese y cúmplase.
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Directora Ejacutiva Regional d
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