ARIT-SCZ-RA-0014-2020 Cómputo de prescripción en CF comprometido inicia en el primer día hábil del año siguiente del pago

ARIT-SCZ-RA-0014-2020

AIT

  1. 1

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0014/2020 

Recurrente 

: GRAVETAL BOLIVIA SA, representada 

por Juan Carlos Munguía Santiesteban. 

Administración Recurrida 

: Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos Eufronio Camacho Vega

Acto Impugnado 

: Resolución Administrativa Devolución 

Indebida Posterior N° 211979000131, de 12 de agosto de 2019. 

Expediente N° 

: ARIT-SCZ-0602/2019

Lugar y Fech

: Santa Cruz, 08 de enero de 202

VISTOS : 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0014/2020 de 06 de enero de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

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La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Administrativa Devolución Indebida Posterior N° 211979000131, de 12 de agosto de 2019, que 

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TIL 

TITLE III 11 

HIIHII 

resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por concepto de devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo a

crédito fiscal devuelto, del que resultó un importe indebidamente devuelto al contribuyente GRAVETAL BOLIVIA SA, con NIT 1028385027 de Bs38.642. equivalente a 19.352.-UFV’s, importe que a la fecha de emisión de la presente resolución asciende a 26.658.-UFV’s equivalentes a Bs61.596.- correspondiente al crédito fiscal indebidamente devuelto actualizado e intereses del periodo de agosto de la gestión 2012. 

  1. TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA 

II.1. Argumentos del sujeto pasivo 

GRAVETAL BOLIVIA SA representada por Juan Carlos Munguía Santiesteban, en mérito al Testimonio de Revocatoria de Poder General, Amplio, Expreso y Bastante y Otorgamiento de Poder General, Amplio, Expreso y Bastante N° 706/2018, de 2 de octubre de 2018, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 16 de septiembre de 2019 (fs. 39-50 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa Devolución Indebida Posterior No 211979000131, de 12 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para la 

determinación de deuda tributaria. 

La recurrente manifestó que no corresponde la pretensión de todos los cargos determinados en la Resolución impugnada por cuanto ha transcurrido más de seis (6) años y ocho (8) meses, contados desde el 1ro de enero del año siguiente al vencimiento del periodo verificado, es decir desde el 1ro de enero de 2013 hasta el 26 de agosto de 2019 que es la fecha de notificación de la Resolución impugnada. 

Señaló que la prescripción de las facultades de la Administración para verificar, investigar, controlar e imponer sanciones, es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad, certeza y seguridad jurídica después de haber transcurrido el término 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

legal para ejercer dicha facultad. Si bien existe obligación de conservar la documentación de respaldo correspondiente, ello no implica que se esté otorgando facultades permanentes a la Administración Tributaria. Al respecto, el art. 70 num.

de la Ley 2492 (CTB), es claro al salar que la Administración Tributaria no pued

determinar cargos sobre periodos prescritos. 

Argumentó que, en el presente caso, su empresa ha mantenido la documentación que presentó a la Administración Tributaria para su verificación, antes de la emisión de la Resolución impugnada, y fue la Adminstración Tributaria que sin ninguna justificación dejó transcurrir un tiempo excesivamente largo para emitir el acto definitivo. 

Citó los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), vigentes en el momento del hecho imponible, y resaltó que el que el inicio del cómputo del plazo de prescripción tiene como punto de partida el “vencimiento del período fiscal del impuestoobjeto de la 

verificación y que el tiempo de 4 años de prescripción se encuentra totalmente 

cumplido para el periodo verificado, ya que han transcurrido más de seis (6) años, contados desde el 1 de enero de 2013, hasta el 26 de agosto de 2019 (fecha de notificación), asimismo, enfatizó que en el presente caso de verificación no ha ocurrido ninguna de las previsiones de suspensión y mucho menos de interrupción, 

de acuerdo al inc. a) del art. 61 de la citada norma. Consideró importante aclarar, que 

aún con la suspensión por efectos de la notificación con la Orden de Verificación, la 

prescripción igual ha operado que se pretende el cargo, es decir para agosto de 

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-. 

afao 

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Calida

Dejó establecido que las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establecidas en las disposiciones adicionales quinta y sexta de las Leyes 291 y 317 no afectan en nada al término de 4 años, por cuanto para la gestión 2012, estas dos Leyes establecen cuatro (4) años para la prescripción. Asimismo, no le afecta a éste period

la Ley 812 por haber sido dictada el año 2016, y no es retroactiva para el periodo de agosto de 2012. Saló que el computo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria se inició el 19 de enero de 2013 y concluyó el 19 de enero de 2017 en razón al plazo de vencimiento de la obligación correspondiente al periodo verificado. 

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Manifestó que, respecto a la gestión 2012, la Leyes 291 y 317 no implicaron ningún 

cambio normativo, porque en todos los casos se establece un término de prescripción de cuatro años. Consideró que se debe tomar en cuenta que la aplicación del principio tempus comissi delicti rige incuestionablemente para todas las Leyes sustantivas, toda vez que este principio está reforzado y ratificado por los principios de seguridad jurídica, legalidad, jerarquía e irretroactividad, por lo que corresponde determinar que la prescripción denunciada ha operado y debe operar en el marco de lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es decir que la Ley solo podrá ser retroactiva (en lo que concierne a prescripción) si le es favorable al contribuyente. Lo mencionado, se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, en su 

componente de certeza, que implica que las reglas del juego ciudadanas no sean alteradas para atrás. 

Señaló que, los fundamentos jurídicos sobre prescripción denunciados, coinciden plenamente y están reforzados por las razones jurídicas de la decisión de la Sentencia Constitucional N° 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, en la cual se fundamenta claramente porque no se aplican las Leyes 291 y 317 y con mayor razón no puede aplicarse la Ley 812 a periodos fiscales anteriores, al amparo del art. 203 de la CPE y del art. 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional. Por lo que solicitó se tome en cuenta lo establecido en la citada Sentencia Constitucional, la cual 

ece: (…) la norma aplicable al plazo de prescripción deber ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y no a la nueva que modificó el plazo, sin que ese criterio ponga en duda la constitucionalidad de las Leyes 291 y 317, criterio que es compartido por esta sala, pues tratándose de una interpretación de legalidad corresponde que la Autoridad Tributaria, determine que norma debe aplicarse al caso concreto, tomando en cuenta como escala interpretativa el art. 123 de la CPE, que en definitiva en el Estado Constitucional orienta la actividad de todos los órganos de poder.”, explicó que en el párrafo transcrito no se discrimina a las facultades y literalmente establece la responsabilidad de aplicar la Ley correcta es de las Autoridades Tributaria, para que en sus actos tomen en cuenta como parámetro interpretativo el art. 123 de la CPE, es decir, la ley vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y no, la nueva Ley que modificó el plazo, que constituye retroactividad (que está prohibida). Manifestó que, las reglas generales de interpretación de las Leyes 291 y 317 (reglas aplicables también a la Ley 812 y cualquier otra Ley posterior) respecto a s

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

aplicación a periodos fiscales anteriores a su promulgación, está claramente y expresamente definida en la Jurisprudencia Constitucional, así como en diversas Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, la Doctrina y el entendimiento oficial del Órgano Judicial Boliviano, siendo ilegal la posición de la Administración Tributaria para negar la prescripción planteada. Reiteró el carácter VINCULANTE de la Sentencia Constitucional 1169/2016 y destacó que lo resuelto en dicha Sentencia Constitucional, es una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, tal cual se verifica en la Sentencia No 21/2017 de 16 de febrero de 2017 (EXPEDIENTE: 202/2015) en la cual expresamente se confirman todos los puntos del presente Recurso de Alzada respecto de la prescripción

Concluyó argumentando que, toda vez que antes de agosto de 2012 no existe ninguna modificación al texto original del art. 59 del CTB, este periodo verificado está regulado por el texto original de la Ley 2492 (CTB). Invocó la Sentencia 21/2017, que ratificó que las razones jurídicas de la Sentencia Constitucional 1169/2016 son plenamente aplicables y obligatorias al presente caso y a todos los casos análogos, por lo cual pidió tomar en cuenta esta jurisprudencia constitucional y que, en caso de apartarse de la citada línea jurisprudencial, se exponga de forma expresa los motivos de tal decisión. de esta forma, con carácter previo y de especial pronunciamiento, solicitó que se declare la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria sobre todos los cargos pretendidos

11.1.2 Improcedencia de la depuración de crédito fiscal

La recurrente manifestó que la determinación de la deuda tributaria es incorrecta por cuanto surge de la omisión de valoración de su documentación contable y legal de respaldo oportunamente presentada y que cursa en el expediente administrativo y en especial de la posición ilegal de asumir situaciones sin analizar los verdaderos hechos y la realidad material. A continuación, desarrolló los fundamentos de su impugnación considerando la clasificación de las observaciones mediante Códigos. 

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Código VP – Facturas válidas parcialmente para la devolución impositiva. 

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Manifestó que la Resolución impugnada erróneamente observó la factura No 120 del proveedor COMSER SRL, al considerar que, a pesar que la factura si ha incluido el 

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IEHD como base imponible del IVA, en su opinión no corresponde que se tome el crédito fiscal sobre el importe IEHD. 

Aclaró que las facturas de este proveedor, por idéntico concepto de compra, ya fueron observadas por este mismo motivo en otras ocasiones por la Administración Tributaria, y como resultado de la impugnación este tipo de cargo ha sido revocado de manera uniforme mediante Resoluciones de Alzada, como también diversas Resoluciones Jerárquicas tales como la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0032/2016 

de 28 de enero de 2019 y la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0072/2019 que también revocó cargos similares a otros contribuyentes. 

Señaló que, siendo que ya existen precedentes uniformes y ya se ha establecido la validez del IVA sobre el total de estas facturas de COMSER en otros periodos fiscales que ya tienen Resolución Jerárquica favorable para su empresa, solicitó que ratifiquen los fundamentos y la decisión adoptada en la Resolución de Alzada ARIT SCZ/RA 0187/2019, respecto a esta observación. 

Código 2: Compras no vinculadas a la actividad del contribuyente

Señaló que en la Resolución impugnada, bajo el Código 2 se han observado las Facturas N° 134701 y 189751, ambas emitidas por BISA SEGUROS Y REASEGUROS por concepto de seguro de asistencia médica por mes de julio y agosto de 2012 respectivamente, señalando que: “Se evidencia que el servicio no está vinculado a la actividad gravada, ya que el personal se la empresa está afiliado a la Caja Petrolera de Salud y el servicio brindado corresponde a un seguro extraordinario, por lo tanto no es válida para el crédito fiscal.”. 

Advirtió que dichos gastos en el personal son indudablemente parte de sus costos y gastos de su actividad, empero la Administración Tributaria no toma en cuenta las características de su actividad en la que gran parte de su personal dependiente se encuentra en el campo, en su Planta ubicada en Puerto Quijarro, zona en la que no existen servicios médicos de las Cajas de Salud expeditos, siendo de vital 

importancia que el servicio médico alcance de manera efectiva a todo el 

co alcance de manera efectiva a todo el personal, sin que se pueda hacer discriminaciones, ello implica que tanto el personal de la Planta 

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JI 

II 

LIULUI UTILITI 

HUI I

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

como el personal de las oficinas administrativas en Santa Cruz, tengan las mismas oportunidades de atención médica. 

A su vez, indicó que las normativas tributarias y contables que regulan los gastos de 

personal a los efectos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE), no son de aplicación absoluta en lo que respecta a la devolución impositiva, debido que a que los criterios de vinculación de los gastos del TUE no persiguen los mismos objetivos, en el caso de los exportadores no existe ninguna restricción como ocurre en el IVE cuando se contabilizan gastos. Explicó que, si la normativa del IUE reconoce un gasto, no se puede desconocer a dicho gasto su vinculación para efectos del IVA, pero no funciona en sentido contrario, justamente porque los “costos y gastospor concepto de “prestación de servicios” (como el seguro de salud del personal) vinculados a la actividad exportadorase encuentran plenamente vinculados y, como dijimos, en la normativa del IVA NO existe ninguna restricción al respecto

En tal sentido, adujo que los seguros médicos a los cuales hace referencia, corresponden a seguros que son parte de los costos laborales de su empresa y éstos no pueden ser cualificados como no vinculados”, toda vez que este costo cubre y resguarda la seguridad y salud de los empleados de acuerdo con las normas laborales vigentes, hecho por el cual éstos son gastos operativos directamente relacionados y vinculados a nuestra actividad exportadora, mismos que están debidamente documentados sin observaciones en los propios papeles de trabajo de la Administración Tributaria, son parte de nuestros costos operativos que corresponden al rubro del negocio y por tanto son generadores de crédito fiscal IVA Y deducibles a efectos de la determinación del UE como contribuyente directo. 

Al respecto describió los arts. 11 del DS 24051 y 67 de la Ley General de Trabajo, además de la Sentencia de Sala Plena N° 217/2008 (Exp. 238/2004), concluyó afao señalando que la observación es improcedente porque el derecho a computar este costo a los efectos impositivos es expresa. 

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Código MI: Compras para el mercado interno. 

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La recurrente señaló que, en la Resolución impugnada se observó la compra de Bolsas sin impresión del Logo de GRAVETAL al proveedor EMBOLPACK, adquirido 

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II

mediante factura N° 2161 por Bs. 40.000.-, señalando que la compra no estaría vinculada a la actividad exportadora gravada, ya que dicha compra sería para embolsado de la cascarilla que es para mercado interno, por lo que el crédito fiscal no sería válido para la devolución

Explicó que de la revisión de los documentos sobre esta compra se puede verificar el Comprobante de la compra señala que se trata de bolsas para el calafateo de vagones de tren, que consiste en el tapado de huecos de los vagones para evitar la fuga o caída de grano de los vagones de tren. Por lo que señaló que se verifica que la Resolución está haciendo una presunción del destino de las Bolsas cuando contablemente existe prueba de la forma como se utilizarán dichas bolsas, razón por 

la que considera que corresponde que el cargo por este concepto sea revocado. 

Mantenimiento del Valor Observado. 

Señaló que Resolución impugnada observó incorrectamente el mantenimiento de valor de las facturas observadas, por lo que consideró que corresponde que este cargo también sea revocado. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa Devolución Indebida Posterior N° 211979000131, de 12 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 19 de septiembre de 2019, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa Devolución Indebida Posterior No 211979000131 de 12 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 51 del expediente)

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 10 de octubre de 2019 (fs. 62-72 del expediente)

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II

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INT IIIIII 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando los siguientes argumentos

11.3.1 Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria señaló que es preciso dejar establecido que la solicitud 

de prescripción invocada por el contribuyente, resulta completamente irrelevante, toda vez que lo alegado por el contribuyente está dirigido a desconocer completamente que la Ley 2492 en sus arts. 59 y 60 fueron legalmente modificados por las Leyes 291, 317 y 812, en este sentido se refirió al precepto jurídico “Ignorantía Legis neminem excusat, que establece que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que es obligación del contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias que por ley le corresponden. 

Argumentó que, conforme a la doctrina tributaria, la prescripción es una institución jurídica según la cual, el transcurso de un determinado lapso de tiempo, sin ninguna actuación por parte del ente Administrativo, extingue la acción que el sujeto activo tiene para exigir el cumplimiento de una obligación al sujeto pasivo; situación que dentro del presente caso no ha ocurrido, toda vez que dentro del plazo establecido por la Ley 2492 la Administración Tributaria ha ejercido sus facultades de verificación 

de lo indebidamente devuelto. 

Transcribió las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) realizadas a través de las Leyes 291, 317 y 812 y citó como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1246/2013, señalando que la normativa aplicable dentro del presente caso es la Ley 2492 con las modificaciones establecidas por las Leyes 291, 317 y 812, al haberse emitido la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 211979000131 el 12 de agosto de 2019, es decir en plena vigencia de esta última, por lo que se ha demostrado normativamente que la pretensión del contribuyente de aplicar la Ley 2492 sin modificaciones es completamente irrelevante y carente de todo respaldo legal. 

afaq 

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Asimismo, señaló que lo argumentado por el contribuyente respecto al inicio del cómputo del termino de prescripción, está fuera de todo contexto legal, toda vez que el presente caso trata de la revisión posterior de la devolución impositiva 

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ILITEIT WIT

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efectivamente realizada y no así de un proceso de determinación como erradamente señala la recurrente a fs. 5 de su memorial de recurso de alzada. En ese entendido, señaló que la Solicitud de Devolución Impositiva, es una manifestación voluntaria del Sujeto Pasivo exportador de solicitar Devolución Impositiva, sometiéndose al efecto para su consideración y pertinencia, a un proceso de verificación y revisión a fin de determinar la pertinencia y validez del Crédito Fiscal que ha presentado y de periodos que se encuentran comprometidos y vinculados con la exportación y por el cual se pretende la devolución, por lo que la Devolución Tributaria es un procedimiento especial que está regulado por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 125, 126 y 128. 

Explicó que el inicio del cómputo de la prescripción para las devoluciones impositivas, es a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, esto en virtud a que en la devolución impositiva no existe vencimiento de pago como señala el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) y simplemente existe la fecha de devolución impositiva, por tanto, no puede iniciarse el cómputo de una supuesta prescripción tal como la recurrente pretende, en base a una norma no aplicable a procedimientos de Devolución Impositiva. Consecuentemente, el cómputo de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria en el trámite de devolución im a partir del primer dia del año calendario siguiente al que se produjo la devolución 

CON 

indebida. 

Señaló que cabe considerar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria ha aplicado esta normativa (Ley 291, 317 y 812), en el entendimiento que también que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), son aplicables con las modificaciones realizadas, de acuerdo a lo establecido a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGITRJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, AGIT-RJ 1228/2013 de 29 de julio de 2013, AGU-RJ 1161/2013 d e 23 de julio de 2013, y descartó la fundamentación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0957/2015 de 26 de mayo de 2015. 

Concluyó que se tiene claramente establecido que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para verificar y establecer el monto de lo indebidamente devuelto de la gestión 2012, inició a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, es decir a momento de efectivizar de la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

devolución impositiva realizada por la Administración Tributaria, por lo que para el presente caso considerando que la entrega de los valores requeridos por el contribuyente se dio para el periodo de agosto de 2012 en la gestión 2014, el cómputo de prescripción inicia a partir del 1 de enero de la gestión 2015, en este entendido y considerando la vigencia de las modificaciones efectuadas al artículo 59 por la Ley 812 la Administración Tributaria tiene 8 años para ejercer sus facultades de verificación y determinación de lo indebidamente devuelto estando a la fecha vigente dichas facultades, por tanto, los extremos manifestados por el sujeto pasivo respecto a que en el presente caso hubiera operado el instituto jurídico de la prescripción queda totalmente desvirtuado. 

II.3.2 Sobre la depuración del crédito fiscal. 

Código VP – Validación parcial de las facturas presentadas. 

Manifestó que las facturas emitidas por COMSER COMERCIAL Y SERVICIOS SRL, observadas en otros periodos, fueron validadas parcialmente. Respecto a la factura No 120 del proveedor COMSER COMERCIAL Y SERVICIOS SRL, señalo que, si bien presenta documentación que demuestra la existencia del documento original, su vinculación, el contribuyente se benefició en demasia del crédito fiscal declarado, considerando el IEHD como importe sujeto al crédito fiscal por el cual se le hizo el 

reparo por la diferencia. 

Código 2: Compras no vinculadas a la actividad del contribuyente. 

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Calidad 

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Sobre las facturas N° 134701 – 189751 emitidas por el proveedor BISA SEGUROS Y REASEGUROS SA, la Administración Tributaria señaló que si bien el contribuyente presentó facturas, comprobantes contables y recibos, no presentó documentación que demuestre la relación con su actividad de exportación, además, que es un gasto 

afao 

extra en beneficio del personal del contribuyente, dado que los dependientes ya se encuentran asegurados a una institución de salud de acuerdo a normativa laboral, considerándose en consecuencia un seguro de salud adicional (art. 12 inciso c) del DS 24051) al seguro obligatorio por lo que el gasto no se encuentra vinculado a la actividad exportadora del contribuyente, no siendo válido para la devolución del crédito fiscal por este concepto. 

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Seguidamente, describió los arts. 2 de la Ley 1963, 3 del DS 25465, 8 de la Ley 843 y el 8 del DS 21530, que establecen que, en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de mercancías y servicios, recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora; por su parte, el art. 3 del DS 25465 dispone que el crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras en mercado interno, de bienes, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de servicios, vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme a las normas del art. 11 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente).” y dispone que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones, se realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 843. De igual manera, el art. 8 del DS 21530, “el crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo“. Por lo 

mencionado, saló que, ante la norma infringida antes expuesta, se evidencia que las facturas observadas por este código no se encuentran vinculadas a la actividad del contribuyente por lo tanto se deberá conformar este código de observación. 

Código MI: Compras para el mercado interno. 

Indicó que se puede evidenciar que la nota fiscal N° 2161 del proveedor EMBOLPACK por concepto de bolsas, no se encuentra vinculada a la actividad de exportación, ya que no demostró objetiva y fehacientemente la relación uso o destino de dicha compra tenga que ver con gastos para su actividad exportadora, sino que es para el embolsado de la cascarilla que es para mercado interno por lo cual el crédito fiscal no es válido para la devolución. 

Concluyó señalando que, con relación a todos los documentos presentados antes de la emisión de la Resolución impugnada, el contribuyente no ha demostrado que el crédito fiscal generado por las facturas que le fueron emitidas, ha sido legalmente apropiado, que sus transacciones no han sido efectivamente realizadas y que sus transacciones no se encuentran vinculadas a su actividad, en consecuencia 

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LI 

ITIN III 

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NIT

AITU 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

consideró que se debe confirmar las observaciones legalmente establecidas a través de la Resolución impugnada. 

Sobre el Mantenimiento del Valor Observado. 

Respecto al mantenimiento de valor indebidamente restituido, explicó que se tiene producto de las observaciones establecidas al contribuyente, por el período fiscal verificado, se le ha devuelto el importe solicitado y el importe por restitución automática de mantenimiento de valor calculado sobre el crédito fiscal comprometido y devuelto en los valores de CEDEIM, por lo tanto, en la presente verificación al haberse establecido que el importe de B$38.642.- no correspondía su devolución, tampoco correspondía la restitución automática del mantenimiento de valor por este importe, por lo que en aplicación de lo establecido por el art. 8 de la RND 10-0021-05, el mantenimiento de valor que generó el importe observado es indebidamente restituido por lo que aplicando el cálculo definido en la normativa antes citada, asciende a Bs4.722

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa Devolución Indebida Posterior N° 211979000131, de 12 de agosto de 2019. 

11.4 Apertura del término probatorio 

Mediante Auto de 11 de octubre de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su notificación, la misma que se practico tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 16 octubre de 2019 (fs. 73-74 del expediente)

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 5 de noviembre de 2019, la 

afao Administración Tributaria el 29 de octubre de 2019, ratificó en calidad de prueba el 

ISO 9001 expediente administrativo presentado a momento de contestar el presente recurso de alzada (fs. 75 del expediente). 

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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OC

MANAGE 

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.

Por su parte, la recurrente el 4 de noviembre de 2019, ratificó como prueba la 

documentación que fue presentada en etapa administrativa y que cursa en antecedentes (fs. 78-79 del expediente). 

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LULUI 

II

11.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecia el 25 de noviembre de 2019, la recurrente, el 22 de noviembre de 2019 solicitó se fije día hora para celebración de audiencia pública de exposición de alegatos orales, la misma que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2019 de acuerdo al Acta de Audiencia de Alegatos Orales (fs. 82 y XXXX del expediente)

Por su parte, la Administración Tributaria, el 25 de noviembre de 2019 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al presente recurso de alzada (fs. 8990 del expediente)

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos

Vill 1 

F18 El 8 de mayo de 2017, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con la Orden de Verificación N° 14990200689, bajo la modalidad de verificación posterior para el periodo fiscal de agosto 2012, con alcance de verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al Crédito Fiscal comprometido en los periodos y la verificación de las formalidades del Gravamen Arancelario (GA) relacionadas al periodo fiscal citado. Asimismo, mediante Requerimiento N° 119949 y nota SIN/GGSCZ/DF/SVE/NOT/00677/2017, la Administración Tributaria requirió a la recurrente documentación complementaria para el inicio de la verificación (fs. 10 y 1922 y 27de antecedentes c. 1)

III.2 

El 1 de junio de 2017, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con el Auto N° 251779000218, de 25 de mayo de 2017, que resolvió ampliar el plazo para la presentación de los documentos solicitados mediante Requerimiento N°119949, por cinco días hábiles computables desde su notificación con el presente auto (fs. 29, 31 y 36 de antecedentes c. I)

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NIIN 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

III.3 

El 8 de junio de 2017, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción Documentos recibió la siguiente documentación: Facturas de Ventas, Planillas de Sueldos, Mayores Contables, Libros Diarios, SDIs, Estados Financieros, Extractos Bancarios, Testimonio de Constitución, Estructura de Costos, Contratos y CD (Cuentas Mayores 2012) (fs. 37 de 

antecedentes c. I). 

III.4 

El 2 de octubre de 2017, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con Requerimiento N° 142011 (Form-4003) y nota de reiteración 

de 

solicitud 

información SIN/GGSCZ/DFISVE/NOTI02130/2017 (fs. 38 y 46 de antecedentes c. 1). 

de 

111.

El 13, 17 y 31 de octubre de 2017, la Administración Tributaria mediante Actas de Recepción de Documentos registró la documentación presentada por la recurrente de acuerdo al siguiente detalle: Facturas de compras, comprobantes de egreso (proveedores de soya), comprobantes de egreso (Asiento contable préstamo productores), pago a proveedores, comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, desembolsos en cuentas por cobrar, comprobantes de traspasos, asientos contables, pagos de soya y composición del crédito fiscal comprometido (fs. 50-53 de antecedentes c. I). 

111.6 

El 19 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SCZ/DF/SVE/INF/02470/2019, que estableció observaciones a las facturas de compras de bienes y servicios comprometidas en el periodo de agosto de la gestión 2012, por lo que determinó crédito fiscal no válido para devolución impositiva de Bs38.642.-, ratificó el importe de Bs22.951.358.- y recomendó remitir obrados al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva a fin de proceder conforme normativa (fs. 542557 de antecedentes c. III)

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III.

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Kiegas 

El 26 de agosto de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula al representante legal de la recurrente con la Resolución Administrativa Devolución Indebida Posterior N° 211979000131, de 12 de agosto de 2019, que resolvió establecer la diferencia existente, entre el 

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INITI 

III III 

monto devuelto por concepto de devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo al crédito fiscal devuelto, del que resultó un importe indebidamente devuelto al contribuyente GRAVETAL BOLIVIA SA, con NIT 1028385027, de Bs38.642.– equivalente a 19.352. UFVs, importe que a la fecha de emisión de la presente resolución asciende a 26.658.-UFV’s equivalentes a Bs733.486.- correspondiente al crédito fiscal indebidamente devuelto actualizado e intereses del periodo de agosto de la gestión 2012 (fs. 563572 y 577 de antecedentes c. III)

  1. I FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente expuso como agravios: 1. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para la determinación de deuda tributaria. 2. Improcedencia de la depuración de crédito fiscal: Código VP – Facturas válidas parcialmente para la devolución impositiva. digo 2: Compras no vinculadas a la actividad del contribuyente. Código Mi: Compras para el mercado interno

IV.1. Sobre la prescripción. 

La recurrente manifestó que no corresponde la pretensión de todos los cargos determinados en la Resolución impugnada por cuanto ha transcurrido más de seis (6) años y ocho (8) meses, contados desde el 1ro de enero del año siguiente al vencimiento del periodo verificado, es decir desde el 1ro de enero de 2013 hasta el 26 de agosto de 2019 que es la fecha de notificación de la Resolución impugnada. 

Saque la prescripción de las facultades de la Administración para verificar, investigar, controlar e imponer sanciones, es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad, certeza y seguridad jurídica después de haber transcurrido el término legal para ejercer dicha facultad. Si bien existe obligación de conservar la documentación de respaldo correspondiente, ello no implica que se esté otorgando facultades permanentes a la Administración Tributaria. Al respecto, el art. 70 num. 5 de la Ley 2492 (CTB), es claro al señalar que la Administración Tributaria no puede determinar cargos sobre periodos prescritos. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Argumentó que, en el presente caso, su empresa ha mantenido la documentación que presentó a la Administración Tributaria para su verificación, antes de la emisión de la Resolución impugnada, y fue la Adminstración Tributaria que sin ninguna justificación dejó transcurrir un tiempo excesivamente largo para emitir el acto definitivo. 

Citó los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), vigentes en el momento del hecho imponible, y resaltó que el que el inicio del cómputo del plazo de prescripción tiene como punto de partida el vencimiento del periodo fiscal del impuesto” objeto de la verificación y que el tiempo de 4 años de prescripción se encuentra totalmente cumplido para el periodo verificado, ya que han transcurrido más de seis (6) años, contados desde el 1 de enero de 2013, hasta el 26 de agosto de 2019 (fecha de notificación), asimismo, enfatizó que en el presente caso de verificación no ha ocurrido ninguna de las previsiones de suspensión y mucho menos de interrupción, de acuerdo al inc. a) del art. 61 de la citada norma. Consideró importante aclarar, que aún con la suspensión por efectos de la notificación con la Orden de Verificación, la prescripción igual ha operado que se pretende el cargo, es decir para agosto de 201

Dejó establecido que las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establecidas en las disposiciones adicionales quinta y sexta de las Leyes 291 y 317 no afectan en nada al término de 4 años, por cuanto para la gestión 2012, estas dos Leyes establecen cuatro (4) años para la prescripción. Asimismo, no le afecta a éste periodo la Ley 812 por haber sido dictada el año 2016, y no es retroactiva para el periodo de agosto de 2012. Señaló que el computo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria se inició el 1° de enero de 2013 y concluyó el 1° de enero de 2017 en razón al plazo de vencimiento de la obligación correspondiente al periodo verificado. 

afaq 

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Manifestó que, respecto a la gestión 2012, la Leyes 291 y 317 no implicaron ningún cambio normativo, porque en todos los casos se establece un término de prescripción de cuatro años. Consideró que se debe tomar en cuenta que la aplicación del principio tempus comissi delicti rige incuestionablemente para todas las Leyes sustantivas, toda vez que este principio está reforzado y ratificado por los principios de seguridad jurídica, legalidad, jerarquía e irretroactividad, por lo que corresponde 

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IND III1

determinar que la prescripción denunciada ha operado y debe operar en el marco de lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es decir que la Ley solo podrá ser retroactiva (en lo que concierne a prescripción) si le es favorable al contribuyente. Lo mencionado, se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, en su componente de certeza, que implica que las reglas del juego ciudadanas no sean alteradas para atrás. 

Señaló que, los fundamentos jurídicos sobre prescripción denunciados, coinciden plenamente y están reforzados por las razones jurídicas de la decisión de la Sentencia Constitucional N° 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, en la cual se fundamenta claramente porque no se aplican las Leyes 291 y 317 y con mayor razón no puede aplicarse la Ley 812 a periodos fiscales anteriores, al amparo del art. 203 de la CPE y del art. 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional. Por lo que solicitó se tome en cuenta lo establecido en la citada Sentencia Constitucional, la cual establece: “(...) la norma aplicable al plazo de prescripción deber ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y no a la nueva que modificó el plazo, sin que ese criterio ponga en duda la constitucionalidad de las Leyes 291 y 317, criterio que es compartido por esta sala, pues tratándose de una interpretación de legalidad corresponde que la Autoridad Tributaria, determine que norma debe aplicarse al caso concreto, tomando en cuenta como escala interpretativa el art. 123 de la CPE, que en definitiva en el Estado Constitucional orienta la actividad de todos los órganos de poder.”, explicó que en el párrafo transcrito no se discrimina a las facultades y literalmente establece la responsabilidad de aplicar la Ley correcta es de las Autoridades Tributaria, para que en sus actos tomen en cuenta como parámetro interpretativo el art. 123 de la CPE, es decir, la ley vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y no, la nueva Ley que modificó el plazo, que constituye retroactividad (que está prohibida)

Manifestó que, las reglas generales de interpretación de las Leyes 291 y 317 (reglas aplicables también a la Ley 812 y cualquier otra Ley posterior) respecto a su aplicación a periodos fiscales anteriores a su promulgación, está claramente y expresamente definida en la Jurisprudencia Constitucional, así como en diversas Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, la Doctrina y el entendimiento oficial del Organo Judicial Boliviano, siendo ilegal la posición de la Administración Tributaria para negar la prescripción planteada. Reiteró el carácter VINCULANTE de la 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

Sentencia Constitucional 1169/2016 y destacó que lo resuelto en dicha Sentencia Constitucional, es una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, tal cual se verifica en la Sentencia No 21/2017 de 16 de febrero de 2017 (EXPEDIENTE: 202/2015) en la cual expresamente se confirman todos los puntos del presente Recurso de Alzada respecto de la prescripción. 

Concluyó argumentando que, toda vez que antes de agosto de 2012 no existe ninguna modificación al texto original del art.59 del CTB, este periodo verificado está regulado por el texto original de la Ley 2492 (CTB). Invocó la Sentencia 21/2017, que ratificó que las razones jurídicas de la Sentencia Constitucional 1169/2016 son plenamente aplicables y obligatorias al presente caso y a todos los casos análogos, por lo cual pidió tomar en cuenta esta jurisprudencia constitucional y que, en caso de apartarse de la citada línea jurisprudencial, se exponga de forma expresa los motivos de tal decisión. de esta forma, con carácter previo y de especial pronunciamiento, solicitó que se declare la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria sobre todos los cargos pretendidos. 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que es preciso dejar establecido que la solicitud de prescripción invocada por el contribuyente, resulta completamente irrelevante, toda vez que lo alegado por el contribuyente está dirigido a desconocer completamente que la Ley 2492 en sus arts. 59 y 60 fueron legalmente modificados por las Leyes 291, 317 y 812, en este sentido se refirió al precepto jurídico Ignorantia Legis neminem excusat“, que establece que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que es obligación del contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias que por ley le corresponden

afao 

ISO 900

Calida

Argumentó que, conforme a la doctrina tributaria, la prescripción es una institución jurídica según la cual, el transcurso de un determinado lapso de tiempo, sin ninguna actuación por parte del ente Administrativo, extingue la acción que el sujeto activo 

tiene para exigir el cumplimiento de una obligación al sujeto pasivo; situación que dentro del presente caso no ha ocurrido, toda vez que dentro del plazo establecido por la Ley 2492 la Administración Tributaria ha ejercido sus facultades de verificación de lo indebidamente devuelto

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Transcribió las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) realizadas a través de las Leyes 291, 317 y 812 y citó como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013, señalando que la normativa aplicable dentro del presente caso es la Ley 2492 con las modificaciones establecidas por las Leyes 291, 317 y 812, al haberse emitido la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 211979000131 el 12 de agosto de 2019, es decir en plena vigencia de esta última, por lo que se ha demostrado normativamente que la pretensión del contribuyente de aplicar la Ley 2492 sin modificaciones es 

completamente irrelevante y carente de todo respaldo legal. 

Asimismo, señaló que lo argumentado por el contribuyente respecto al inicio del cómputo del termino de prescripción, está fuera de todo contexto legal, toda vez que el presente caso trata de la revisión posterior de la devolución impositiva efectivamente realizada y no así de un proceso de determinación como erradamente 

sala la recurrente a fs. 5 de su memorial de recurso de alzada. En ese entendido, señaló que la Solicitud de Devolución Impositiva, es una manifestación voluntaria del Sujeto Pasivo exportador de solicitar Devolución Impositiva, sometiéndose al efecto para su consideración y pertinencia, a un proceso de verificación y revisión a fin de determinar la pertinencia y validez del Crédito Fiscal que ha presentado y de periodos que se encuentran comprometidos y vinculados con la exportación y por el cual se pretende la devolución, por lo que la Devolución Tributaria es un procedimiento especial que está regulado por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 125, 126 y 128. 

Explicó que el inicio del cómputo de la prescripción para las devoluciones impositivas, es a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, esto en virtud a que en la devolución impositiva no existe vencimiento de pago como señala el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) y simplemente existe la fecha de devolución impositiva, por tanto, no puede iniciarse el cómputo de una supuesta prescripción tal como la recurrente pretende, en base a una norma no aplicable a procedimientos de Devolución Impositiva. Consecuentemente, el cómputo de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria en el trámite de devolución impositiva, inició a partir del primer dia del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida. 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

Señaló que cabe considerar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria ha aplicado esta normativa (Ley 291, 317 y 812), en el entendimiento que también que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), son aplicables con las modificaciones realizadas, de acuerdo a lo establecido a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGITRJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, AGITRJ 1228/2013 de 29 de julio de 2013, AGIT-RJ 1161/2013 de 23 de julio de 2013, y destacó la fundamentación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0957/2015 de 26 de mayo de 2015

Concluyó que se tiene claramente establecido que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para verificar y establecer el monto de lo indebidamente devuelto de la gestión 2012, inició a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, es decir a momento de efectivizar de la devolución impositiva realizada por la Administración Tributaria, por lo que para el presente caso considerando que la entrega de los valores requeridos por el contribuyente se dio para el periodo de agosto de 2012 en la gestión 2014, el cómputo de prescripción inicia a partir del 1 de enero de la gestión 2015, en este entendido y considerando la vigencia de las modificaciones efectuadas al artículo 59 

a Ley 812 la Administración Tributaria tiene 8 años para ejercer sus facultades de verificación y determinación de lo indebidamente devuelto estando a la fecha vigente dichas facultades, por tanto, los extremos manifestados por el sujeto pasivo respecto a que en el presente caso hubiera operado el instituto jurídico de la prescripción queda totalmente desvirtuado. 

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En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad del derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pág. 601), de igual ała, forma, el profesor Cesar García Novoa sala que: “...la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.; agrega que 

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“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: (...) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002R de 28 de octubre, se determinó: ...Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y beas corpus, tiene efectos inter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)(...) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Organo Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la linea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016S3, de 26 de octubre de 2016, salando que: () Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (...) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable(las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: (…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (...) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaria contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica” (las negrillas son añadidas). 

  1. 161

En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica, debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código 

afaq Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la 

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INI 

INIMO III IIIII

Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a esta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

Por consiguiente, en efecto, la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, asimismo, los arts. 59 y 60 del Código Tributario Boliviano (CTB) sin modificaciones, vigente hasta septiembre de la gestión 2012, establecía que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, disposición normativa que fue modificada mediante la Ley 291, que dispuso que las acciones de la Administración Tributaria para: Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018

A su vez, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición

24 de 27 

II

TIL II

III 

III 

III 

AITL 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden de Verificación N° 14990200689, notificada el 8 de mayo de 2017, bajo la modalidad de verificación posterior, procedió a verificar el cumplimento de las obligaciones de la recurrente GRAVETAL BOLIVIA S.A., relacionadas con el crédito fiscal comprometido en el periodo de verificación de las formalidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al periodo fiscal de agosto de 2012; verificación que concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa Devolución indebida Posterior No 211979000131, de 12 de agosto de 2019, la cual fue notificada a la recurrente el 26 

de agosto de 2019, acto que establece un importe indebidamente devuelto al contribuyente GRAVETAL BOLIVIA S.A de 26.658.UFV’s equivalentes a Bs61.596. en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), importe que incluye el tributo indebidamente 

devuelto e intereses

Ahora bien, toda vez que corresponde dilucidar la prescripción de las facultades verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA del periodo de agosto de 2012, en la modalidad verificación posterior CEDEIM; refiere a observaciones efectuadas a hechos ocurridos en los periodos agosto de 2012, cuyo cómputo inició el 1 de enero de 2013, conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, siendo que a dicha fecha, se encontraban vigentes las disposiciones contenidas en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con las modificaciones incorporadas mediante las Leyes 291 y 317, corresponde su aplicación, en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019, consecuentemente, se entiende que el término de prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de los periodos agosto de 2012; prescriben a los cuatro (4) años, al ser de la gestión 2012. 

afao 

ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

VED 

CE

Quor

MANAGE 

SYSTEM 

En ese entendido, se tiene que para el período de agosto de 2012, cuyo vencimiento de pago se produjo en septiembre de 2012, el término de prescripción de las 

25 de 27 NB/ISO 

9001 

IBNORCA Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní

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– 

MUTLULILIT 

UT1) 

facultades de la Administración Tributaria para verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Gravamen Arancelario (GA), es decir, 4 años en la gestión 2012, se inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; conforme lo establecido por el TCP en sentido que la ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aun si de forma posterior dicho plazo hubiera sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para vencimientos de períodos de pago (hechos) pasados. En consecuencia, la Administración Tributaria, al notificar a la recurrente con la Resolución impugnada el 26 de agosto de 2019, ejerció sus facultades de verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Gravamen Arancelario (GA) cuando éstas ya habían prescrito. 

Asimismo, con relación a lo argumentado por la Administración Tributaria, respecto a que el inicio del cómputo de la prescripción para las devoluciones impositivas, es a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, esto en virtud a que en la devolución impositiva no existe vencimiento de pago como señala el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) y simplemente existe la fecha de devolución impositiva, corresponde aclarar a la Administración Tributaria que el citado razonamiento no se ajusta con lo preceptuado por el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en el entendido que, el hecho generador para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se perfeccionó en el periodo agosto de 2012 y su cómputo es a partir del primer día del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, criterio concordante con lo expresado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0558/2014, de 14 de abril de 2014 y reiterado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0623/2019, de 4 de junio de 2019. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer sus facultades de control, verificación y determinación de lo indebidamente devuelto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) suscitados en la gestión 2012 y en vista que no existieron causales de interrupción ni de suspensión del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente y revocar totalmente la Resolución Administrativa Devolución Indebida Posterior No 211979000131, de 12 de agosto de 2019

26 de 2

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

POR TANTO

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Devolución Indebida Posterior N° 211979000131, de 12 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, al evidenciarse que la acción de la Administración Tributaria para la verificación de los hechos, elementos, impuestos y determinar lo indebidamente devuelto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo agosto 2012 ha prescrito, de acuerdo con los fundamentos técnicos – jurídicos determinados precedentemente, conforme al art. 212, inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días 

afaq 

SO 900

Calida

computable a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

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Abog. Dolly Karina Salazar berez Directora Ejecutiva Regional a.. 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

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