ARIT-LPZ-RA-2012-2018 La AIT confirma el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. El acusado tenia derecho de impugnar la prescripción de determinación de adeudo tributario por tributo omitido del IVA, sin embargo, no lo hizo en los Actos Administrativos correspondientes. La AIT determinó que el acusado no puede usar argumentos que en su momento tuvo el derecho de impugnarlos, por lo que, el caso de prescripción del adeudo tributario debió ser impugnado ante la conclusión del proceso de fiscalización y no esperar hasta la emisión del siguiente acto administrativo.

ARIT-LPZ-RA-2012-2018

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 2012/2018 

Recurrente: 

Empresa Constructora Alto Ltda., legalmente .. representada por. Roberto Tórrez Ponce de León 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes de La Paz 

legalmente representada por Celideth Ochoa Castro 

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa N° 231829000280 (SIN/GGLPZDJCC/CC/RA/00024/2018) 

Expediente: 

—ARIT-LPZ=1493/2018– 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 21 de diciembre de 2018 

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7— 1 

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VISTOS El Recurso de Alzadà, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas-y prodúcidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico juridico ARIT-LPZ N° 2012/2018_de 19 de diciembre de 2018, lemitido por la Sub. Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa N° 2 31829000280 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018 resolvió rechazar la Oposición de Prescripción de la Ejecución Tributaria presentada por el contribuyente Empresa Constructora Alto Ltda., con NIT 1017679028, respecto a los adeudos afaq tributarios firmes, líquidos y exigibles en favor de la Administración Tributaria calidad provenientes de la Resolución Determinativa N° 17-0273-2014 acto sobre el cual se elite inició la fase de ejecución tributaria en mérito al Proveído de Inicio de Ejecución IQNet Tributaria N° 24-1543-2014 y las modificaciones introducidas por la Ley 291 y 317, disponiendo la prosecución de la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda fiscal. 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente La Empresa Constructora Alto Ltda., legalmente representada por Roberto Torrez Ponce de León, en mérito al Testimonio de Poder General de Representación Legal y Administración No 820/2010 de 1 de diciembre de 2010, mediante memoriales presentados el 20 y 28 de septiembre de 2018 cursantes a fojas 14-20 y 28 de obrados presentó Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

La empresa ahora recurrente por medio de su representante legal, fue objeto de verificación mediante la notificación con la Orden de Verificación No 14290200006 de 25 de junio de 2014, actuación notificada el 8 de abril de 2014, por los periodos fiscales abril a diciembre de 2009 y enero a marzo 2010. Seguidamente se emitió la Vista de Cargo N° 32-0033-2014 de 20 de mayo de 2014, con un reparo por depuración de crédito fiscal IVA que implicó Omisión de Pago e incumplimiento a deberes formales. 

Posteriormente la Administración Tributaria emitió la correspondiente Resolución Determinativa N° 170273-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00055/2014 de 25 de junio de 2014 notificada el 30 de junio de 2014, determinando una deuda tributaria en un monto total de 2.911,690 UFV’s equivalentes a Bs5.698,381. Seguidamente emitió el Proveído de Ejecución Tributaria N° 24-15432014, acto notificado el 19 de 

junio de 2015. 

Afirma que las facultades de determinación del adeudo tributario han prescrito, toda vez que por los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de la gestión 2009, operó la prescripción de la facultad de determinación al 31 de diciembre de 2013, basando su argumento en la norma que se encontraba vigente el año en que ocurrieron los hechos imponibles, es decir, en aplicación del artículo 59 del Código Tributario sin sus modificaciones establecidas a través de las Leyes 291 y 317 y posteriormente la Ley 812. 

En cuanto se refiere a la gestión febrero de 2010, afirma que el cómputo para ejercer su facultad de determinación del adeudo tributario se inició el 1 de enero de 2011 debiendo finalizar al 31 de diciembre de 2014; sin embargo, esta fue determinada el 

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30 de junio de 2014 con la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente 

razón por la que procedió al pago parcial de dicho adeudo tributario. 

En el presente caso, en mérito atartículo-123. de la Constitución Política del Estado, concordante.-con el artículo 150 del Código Tributario y en base al principio de seguridad jurídica no se puede considerar para el cómputo de la prescripción las modificaciones establecidas al artículo 59 del Código Tributario, ejercidas a través de las Leyes 291, 317 y recientemente la Ley 812, el considerar la aplicación de dicha normativa con data posterior a los hechos generadores, involucraria una vulneración a los derechos y garantías constitucionales, máxime si la Resolución Determinativa tiene un efecto declarativo según el artículo 99 del Código Tributario, lo que significa que la norma que gobierna la determinación tributaria debe ser la vigente cuando se producen los hechos.imponibles y no cuando se practica la fiscalización; en.el presente caso, se debe aplicar la normativa vigente del periodo en el que hubiese’ sucedido el hecho imponible. 

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Afirma que el acto impugnado establece que el plazo de prescripción se reinició el 1 de abril de 2016, como producto de un supuesto reconocimiento de la deuda tributaria efectuado por el contribuyente al haber pagado Bs1.000 con Boleta-de-Pago-Node. Orden 2958151461 el 3 de marzo de 2016; sin embargo, la Administración Tributaria no es precisa respecto al periodo pagado, toda vez que el pago refiere haber realizado con referencia al periodo fiscal no prescrito, relativo a febrero de 2010 que fue notificado en plazo con la Orden de Verificación correspondiente, cuando dicho período prescribía a fines de la gestión 2014, no obstante, de manera voluntaria procedieron a pagar el tributo omitido en un monto de pago a cuenta de Bs10.000, pago acreditado mediante nota expresa con No. ECA 048/2016 de 7 de marzo con fecha de presentación el 8 de marzo de 2016, asimismo, señala que dicho pago de ninguna manera está relacionado a los periodos actualmente impugnados y mucho menos afao implica un desistimiento a nuestra pretensión. 

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El acto impugnado carece de precisión toda vez que la oposición formulada es sobre lNet la base del artículo 109 parágrafo II de la Ley 2492 por la oportunidad de la defensa ALENE ejercida y por el acto que se pretendía cobrar, no es la determinación propiamente dicha sino el acto de ejecución tributaria porque es incuestionable que la facultad de 

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determinación practicada por el sujeto pasivo se ejerció fuera de plazo como tal forma parte de la actual controversia. 

La Administración Tributaria incurrió en una injustificada demora en emitir la resolución de oposición a la prescripción solicitada, toda vez que se tomó dos años en emitir la resolución de rechazo cuando al contrario podía haber emitido de inmediato, más aún cuando los argumentos expuestos en el mismo acto si bien ya se trata de una posición conocida en lo que respecta a la aplicación retroactiva de las Leyes 291, 317 y 

últimamente con la Ley 812 de 2016, empero desde el punto de vista procedimental 

resultaba necesaria su emisión de dicho acto que deniega la prescripción a los fines de poder activar los mecanismos de impugnación. 

El argumento para la aplicación retroactiva de la ley y asi ampliar los plazos y de obligatorio cumplimiento, no hace otra cosa que reconducir a un falso debate toda vez que de ninguna de las leyes modificatorias del plazo de determinación permite una ampliación retroactiva ex profesamente, razón por la que considera un argumento que no tiene base ya que se trata de una interpretación sesgada de la Administración Tributaria. Asimismo, refiere que la derogatoria del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 dispuesta por la Ley 317 que expresamente señalaba que el periodo de prescripción se refiere a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, lo que permite deducir que expresaba la intención del legislador de ampliar los plazos de la administración en forma retroactiva

No cabe discusión alguna acerca de retroactividad de la norma, toda vez que tal aspecto resulta ilógico, ilegal y tiene una claro propósito recaudatorio con el propósito recaudatorio dejando en indefensión al contribuyente que mientras más antiguo sea el periodo fiscalizado resulta menos posible la defensa con el agravante de que los componentes de actualización de la deuda tributaria convierten a la misma en gravosa con serios riesgos sobre el patrimonio de los contribuyentes. 

  • Afirma que el acto administrativo actualmente impugnado, al haber rechazado una 

solicitud expresa de prescripción de la facultad de determinación, es pasible de impugnación toda vez que se trata de un acto administrativo definitivo, por esta razón, 

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fue objeto de la presentación del presente Recurso de Alzada, mayor razón de impugnación toda vez que a través de dicho acto se le denegó la prescripción solicitada; asimismo, hace una diferencia entre acto administrativo definitivo y actuación preparatoria o de mero trámite y cita al respecto la SCP 0249/2012 de 29 de mayo y concluye en reiterar que el acto administrativo actualmente impugnado, es susceptible de poder impugnar a través del presente Recurso de Alzada toda vez que se trata de un acto administrativo definitivo que produce efectos ya que le denegó la solicitud de prescripción de la facultad de determinación. 

Afirma que debe prevalecer el principio de irretroactividad de la ley que tiene rango constitucional, en tal sentido ninguna de las normas 291,-317 y 812 pueden ser aplicadas de manera retroactiva y pretender referir que su aplicación resulta ser una retroactividad. constitucional cuando dicha pretensión.responde a afanes enteramente recaudatorios. 

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Conforme a los argumentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa N° 231829000280 (SIN/GGLPZ/DJCCCC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018. 

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11.2. Auto de Admisión E Recurso de Alzada interpuesto por Roberto Torres Ponce de León en representación legal de Empresa Constructora Alto Ltda, fue admitido mediante Auto de 3 de octubre de 2018, notificado de manera personal al recurrente el 5 de octubre de 2018 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 9 de octubre de 2018, fojas 29-34 de obrados. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales; legalmente representada por Celideth Ochoa Castro, conforme se tiene de la afag Resolución Administrativa de Presidencia No 031800000738 de 3 de septiembre de corded 2018, por memorial presentado el 24 de octubre de 2018, cursante a fojas 37-43 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

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En ejercicio de sus atribuciones conferidas por los artículos 66, 100, 101, de la Ley 2492, artículos 29, 32 y 33 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, la Administración 

EGUZA Ruiz 

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Tributaria realizó un cálculo sobre Base Cierta sustentada en la documentación presentada por el propio sujeto pasivo además de la información obtenida de la Base de Datos del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT II conforme establece el Parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, y en mérito a la información se emitió la Vista de Cargo N° 32-0033-2014 con CITE: SIN/GGDLPZ/DF/SVE/VC/33/2014 de 20 de mayo de 2014, actuación notificada el 23 de mayo de 2014, estableciéndose una deuda tributaria de 2.883,569 UFV’s equivalentes a Bs5.608,974. Posteriormente se emitió la Resolución Determinativa No 17-02732014 acto definitivo notificado el 30 de junio de 2014 sin que el mismo hubiere sido impugnado conforme establece los plazos y condiciones, adquiriendo firmeza; en consecuencia se emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1543-2014 de 4 de agosto de 2014, actuación notificada el 19 de junio de 2015

El contribuyente opuso prescripción de la facultad de determinación el 3 de febrero de 2016, solicitud resuelta por la Gerencia Graco La Paz mediante Resolución Administrativa N° 231829000280 de 27 de agosto de 2018 que resolvió por rechazar la oposición de prescripción de la ejecución tributaria interpuesta por el contribuyente respecto a los adeudos firmes, líquidos y exigibles de la Resolución Determinativa No 170273-2014 anunciando a su vez la ejecución del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 241543-2014 de 4 de agosto de 2014. 

Afirma que al no haber sido impugnada la Resolución Determinativa N° 1702732014 la misma adquirió firmeza, razón por la cual el Ente Fiscal emitió el correspondiente Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24-01543-2014 de 4 de agosto de 2014 a efectos de dar inicio a la ejecución tributaria, en consecuencia, el sujeto pasivo opuso prescripción a la facultad de determinación de la Administración Tributaria, aspecto que no corresponde toda vez que la determinación de la deuda tributaria consignada en la Resolución Determinativa precedentemente mencionada resulta inmodificable e inalterable al haber adquirido firmeza además de encontrarse ejecutoriada por no haberse impugnado en plazo dicho acto administrativo definitivo. 

Las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones conforme a las previsiones contenidas en las Leyes 291 y 317 se van incrementando en un año de manera sucesiva por cada gestión hasta llegar a los 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

diez (10) años de prescripción, a partir de la gestión 2008; vale decir, en la gestión 2014 el cómputo de la prescripción era de 8 años; en ese sentido, en el presente caso al evidenciar el Ente Fiscal ejerció sus facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones dentro de los plazos establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Les 291 y 317, afirma que sus facultades de determinación de adeudo tributario no se encuentra prescrita. .. 

Tomando en cuenta que la omisión de pago en la que incurrió el ahora recurrente respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2009 y que determinación de adeudo que se dio con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa precedentemente mencionada el 30 de junio de 2014, el Ente Fiscal contaba con un plazo para determinar la deuda e imponer-sanciones, hasta_eli la gestión, 2016, evidenciándose que en el presente el plazo de 8 años fue interrumpido. con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0273-2014 de 25 de junio de 2014, notificada el 30 de junio de 2014, razón por la que considera que no operó la prescripción a ello añade doctrina sobre los derechos adquiridos en favor de la Administración Tributaria, respecto a la acreencia fiscal a su favor. L. 

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El derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo toda vez que es la propia Constitución Política del Estado que garantiza y protege tal derecho adquirido, no ocurre lo mismo con los derechos expectaticios que en general carecen de relevancia jurídica pudiendo ser modificadas o extinguida por el legislador y es acá donde debe ubicarse la llamada condición más beneficiosa. 

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En el presente caso nos encontramos ante un derecho aún no perfeccionado motivo por el cual el mismo es susceptible de afectación por una modificación legal, en ese afao 

ISO 9001 sentido al estar. vigentes las Leyes 291, 317 y 812 que modificaron la Ley 2492 Calidad corresponde la aplicación de las modificaciones del término de prescripción a 8 años, AIF criterio que es coincidente con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ IQNet 0757/2015 de 4 de mayo de 2015; en ese marco en el presente caso no se configuró WITAMENT la prescripción debido a la interrupción que se dio con la notificación de la Resolución Determinativa conforme se tiene precedentemente mencionada. 

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En cuanto a la suspensión del cómputo de prescripción ya sea en el proceso de fiscalización y en el proceso de verificación se desarrollan bajo un mismo procedimiento desde un inicio hasta la conclusión y ambas comprenden un conjunto de tareas que ponen en aviso al sujeto pasivo de su deber de cumplir sus obligaciones tributarias, actuaciones que indudablemente deben ser consideradas dentro de lo previsto en el parágrafo I del artículo 62 del Código Tributario, razón por la que se debe considerar los criterios de suspensión del cómputo de prescripción; al respecto, cita como jurisprudencia la Sentencia No 013/2013 de 6 de marzo de 2013.

Afirma que no corresponde la solicitud de prescripción por Omisión de Pago por no ser legal, toda vez que dicho cómputo recién se contabiliza a partir del momento que adquiere la calidad de título de ejecución tributaria, es decir a partir de la Resolución Determinativa N° 17-02732014 de 25 de junio de 2014 que adquiere firmeza, razón por la cual no procede la solicitud de prescripción; al respecto, cita como jurisprudencia la Sentencia No 021/2013 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, similar razonamiento se encuentra en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013; AGIT-RJ 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y AGITRJ 1161/2013 de 23 de julio de 2013 y sostiene que las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317 se encuentran vigentes y gozan de presunción de constitucionalidad, además de haberse declaro la constitucionalidad del artículo 59 del. Código Tributario, cita al respecto la SC 1369/2013 de 16 de agosto de 2013. 

Con referencia a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria afirma que se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria en el presente caso se evidencia que el 19 de junio de 2015 se notificó con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 17-1543-2014 de 4 de agosto de 2014, actuado a través del cual se anunció al contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria, lo que quiere decir que el cómputo recién a partir del 1 de enero de 2016, razón por la cual a la fecha de la oposición de la prescripción no transcurrió el plazo establecido en el artículo 59 de la Ley 2492, al respecto cita como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 01118/2012 de 26 de noviembre de 2012 y afirma que en el presente caso, recién la prescripción de la facultad de ejecución 

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tributaria operará al 19 de junio de 2019, razón por la cual llega a afirmar que no ha 

prescrito sus facultades de ejecución tributaria en el presente caso. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa N° 231829900280 (SIN/GGLPZDJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018. 

II:4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 25 de octubre de 2018 se aperturó el término de prueba de veinte (20) dias comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del, inciso d); artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría a la parte recurrente y a la Administración Tributaria el 31 de octubre de 2018, fojas 44-45 de obrados. 

Con memoria…presentado el..19..de noviembre…de..2018,-la. Gerencia Grandes. Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celidetń Ochoa Castro, a tiempo de apersonarse ante esta Instancia Recursiva , acreditando personería jurídica a través de la Resolución Administrativa de Presidencia. N° 031300000738 de 3 de septiembre de 2018, ratificó las pruebas documentales consistente en los antecedentes administrativos presentados a momento de responder al Recurso de Alzada, petitorio que fue respondido mediante proveido-de. 20.de… noviembre de 2018, que, señala por ratificada la prueba documental, fojas 48-49 de obrados.

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La Empresa Constructora Alto Ltda., legalmente representada por Roberto Torres Ponce de León, mediante memorial presentado el 20 de noviembre de 2018, ratificó las pruebas documentales presentadas por la Administración Tributaria a tiempo de responder al Recurso de Alzada; solicitud que fue respondida mediante Proveido de 21 de noviembre de 2018, por ratificada la prueba documental señalada en el memorial, fojas 50-51 de obrados. 

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11.5. Alegatos Mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2018 la Empresa Constructoral Net Alto Ltda., legalmente representada por Roberto Torres Ponce de León, presentó LEMN sus alegatos en conclusiones reiterando los argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada en sentido que las facultades de determinación del adeudo tributario 

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hubieran prescrito y que el acto administrativo a través del cual se le rechazó la solicitud de prescripción, al ser un pronunciamiento oficial y definitivo por parte de la Administración Tributaria, es susceptible de impugnación. Alegatos que fueron respondidos por esta instancia Recursiva a través del Proveído de 11 de diciembre de 2018, en sentido que previamente el representante legal de la empresa deberá consignar su firma en cualquier solicitud que presente, subsanada la observación se proveerá conforme a derecho, fojas 54-55 de obrados

Por su parte, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro, mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2018, se ratificaron en los argumentos expuestos a tiempo de responder el presente recurso de alzada, solicitud que fue responda mediante Proveido de 11 de diciembre de 2018, por formulados los 

  • alegatos en conocimiento de la parte contraria, fojas 56-57 de obrados

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante Orden de Verificación N° 14290200006 de 25 de marzo de 2014, la Administración Tributaria comunicó a la Empresa Constructora Alto Ltda., por medio. de su representante legal Roberto Torres Ponce de León, que conforme a las facultades conferida por los artículos 66, 100 y 101 d la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310 que será objeto de un proceso de determinación de acuerdo a las modalidades y alcance establecido en la presente Orden de Verificación, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondientes a los impuestos y períodos de abril a diciembre de la gestión 2009 y enero a marzo de la gestión 2010 respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA); actuación que fue notificada el 8 de abril de 2014, fojas 2-21 de antecedentes administrativos. 

Mediante la vista de Cargo N° 320033-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVENC/33/2014 de 20 de mayo de 2014, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció que como producto de la verificación impositiva realizada se ha determinado un adeudo tributario en favor del Fisco de 2.883,569 UFV’s equivalente a Bs5.608,974 importe que incluye el Tributo Omitido actualizado, intereses, Sanción del 100% por la conducta tributaria y la multa por incumplimiento

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deberes formales, respecto a los períodos de abril a noviembre de 2009; febrero de 

2010 y abril de 2014, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente Empresa Constructora Alto Ltda., como Omisión de Pago de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto Omitido Determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento a la vivienda de conformidad al ārtículo 42 del DS 27310; acto que fue nótificado mediante cédula el 23 de mayo de 2014, fojas 72-81 de antecedentes administrativos. 

La Resolución Determinativa No . 17-0273-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00055/2014 de 25 de junio de 2014 estableció declarar en su Resuelve Primero: La inexistencia de la Deuda Tributaria en el alcance de la presente verificación, por.el, Impuesto al Valor Agregado.(IVA.en-los.períodos fiscales diciembre 2009, enero 2010 y marzo 2010. Asimismo,dispuso en-su-Resuelve Şegundo: Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Empresa Constructora Alto Ltda., con NIT 1017679028 por el Impuesto al Válor Agregado (IVA) respecto a los periodos fiscales abril, mayo, junio, júlio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de la gestión 2009 y febrero de la gestión 2010en el tributo omitido de B$1.864,657 

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De la misma manera, la parte resolutiva tercera dispuso: Calificar la conducta del contribuyente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de la gestión 2009 y febrero de la gestión 2010, como Omisión de Pago por adecuarse la conducta a lo establecido por el artículo 165 de la Ley 2492 sancionando al contribuyente con una multa igual al 100% establecida en 1.215,400 UFV’s por haber incurrido en el ilícito precitado. A su vez, la parte Resolutoria Cuarta: dispuso Sancionar al contribuyente Empresa Constructora Alto Ltda, con una multa de 3.000UFV’s por haber incurrido en el ilícito a fao de Incumplimiento de Deberes Formales por el período fiscal abril 2014, multa coidade impuesta conforme al Subnumeral 4.1 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND TO N° 10-0037-07. Acto Administrativo definitivo notificado mediante cédula el 30 de junio Net de 2014, fojas 94-104 de antecedentes administrativos. 

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Tributaria N° 24-1543-2014 CITE 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

III 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PIET/01537/2014 de 4 de agosto de 2014, comunicó a la Empresa Constructora Alto Ltda., que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 17-0273-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00055/2014 de 25 de junio de 2014, conforme lo establecido en el artículo 108 del Código Tributario, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo 27874, conminó al contribuyente pre nombrado a pagar el monto líquido y exigible de Bs5.698,381 que deberán ser actualizados a la fecha de pago de acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492. Asimismo, anunció al contribuyente que a partir del tercer día siguiente a la notificación con el presente Proveido de inicio de Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria procederá a ejecutar las medidas coactivas previstas en el artículo 110 de la Ley 2492 hasta obtener el pago total de la deuda tributaria asimismo, se hace conocer al sujeto pasivo que se reconocerán previa verificación, justos y legales los pagos que hubiere efectuado el contribuyente; actuación que fue notificada el 19 de junio de 2015, fojas 117-120 de antecedentes administrativos. 

Por nota presentada el 3 de febrero de 2016, ante la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, Roberto Torres Ponce de León en representación legal de la Empresa Constructora Alto Ltda., opuso prescripción contra la ejecución establecida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 241543 2014 CITE: SIN/GGLPZDJCC/UCC/PIET/01537/2014 de 4 de agosto de 2014, fojas 128-131 de antecedentes administrativos. 

Mediante nota presentada el 17 de abril de 2018, ante la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, Roberto Torres Ponce de León en representación de la Empresa Constructora Alto Ltda., reiteró la solicitud de prescripción de la facultad de fiscalización y determinación de la Administración Tributaria, fojas 143144 de antecedentes administrativos

NO 

Por 

Resolución 

Administrativa 

231829000280 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018 resolvió rechazar la Oposición de Prescripción de la Ejecución Tributaria presentada por el contribuyente Empresa Constructora Alto Ltda., con NIT 1017679028, respecto a los adeudos tributarios firmes, líquidos y exigibles en favor de la Administración Tributaria provenientes de la Resolución Determinativa N° 17-0273-2014 acto sobre el cual se 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

inició la fase de ejecución tributaria en mérito al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1543-2014 y las modificaciones introducidas por la Ley 291 y 317, debiendo proseguirse con la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda fiscal. Acto administrativo definitivo notificado de manera personal el 31 de agosto de 2018, fojas 145-148-dé antecedentes administrativos. 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, párrafo. III, de la.Ley.3092..-—- 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se abocará únicamente al ; análisis de los agravios manifestados por Roberto Torres Ponce de León en ; representación legal de la Empresa Constructora Alto Ltda., la posición final se sustentárá acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante sủ tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

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IV.1. Cumplimiento de Plazos El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada, refiere que la Administración Tributaria incurrió en una injustificada demora en emitir la resolución de oposición a la prescripción solicitada, toda vez que se tomó dos años en emitir la resolución de rechazo cuando al contrario podía haber emitido de inmediato, más aún cuando los argumentos expuestos en el mismo acto si bien ya se trata de una posición conocida en lo que respecta a la aplicación retroactiva de las Leyes 291, 317 y últimamente con afao la Ley 812 de 2016; empero, desde el punto de vista procedimental resultaba necesaria coridor su emisión de dicho acto que deniega la prescripción a los fines de poder activar los mecanismos de impugnación; al respecto corresponde señalar: 

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El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 1. Toda persona sera protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

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derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 17 de la Ley 2341 establece: (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo) 

  1. 11

La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos; cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto establecido conforme a reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Articulo 2° de la presente Ley. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso jurisdiccional. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública, conforme a lo previsto en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. El silencio de la administración será considerado como una decisión positiva, exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones reglamentarias especiales, debiendo el interesado actuar conforme se establezca en estas disposiciones. 

De inicio corresponde señalar que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en estos supuestos; la simple infracción del procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad por Ley no puede retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Resolución emitida por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa; esto implica, que sólo la falta de notificación en una de las formas establecidas por el artículo 83 del Código Tributario, así 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

como los vicios respecto a los requisitos que debe contener un acto administrativo, están sancionados con la nulidad

La Sentencia Constitucional-0100/2005 de 7-de diciembre, señala que “... La pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de nulidad ‘se – produce siempre que aquella esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que, no basta que una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia si emite el fallo fuera del taltérmino, o lo que es.lo mismo.. la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer, la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad(...); de no producirse esta situación (pérdida de competència expresamente señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa ante pronunciámientos fuera de los plázos procesales Línea jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005CA y en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005,0063/2005, entre otras. 

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De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que por nota presentada el 3 de febrero de 2016, ante la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, Roberto Torres Ponce de León en representación legal de la Empresa Constructora Alto Ltda., opuso prescripción contra la ejecución establecida en el . Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1543-2014 CITE: SIN/GGLPZDJCC/UCC/PIET/01537/2014 de 4 de agosto de 2014, tal cual consta a fojas 128-131 de antecedentes administrativos. Posteriormente mediante nota presentada el 17 de abril de 2018, ante la Gerencia Grandes Contribuyentes del afag Servicio de Impuestos Nacionales, Roberto Torres Ponce de León en representación como de la Empresa Constructora Alto Ltda., solicitó la solicitud de prescripción de la facultad de fiscalización y determinación de la Administración Tributaria, tal cual fojas 143144 TONet de antecedentes administrativos

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñorita mbaerepi Vae (Guaraní

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

En ese sentido, a través de la Resolución Administrativa N° 231829000280 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018, resolvió rechazar la Oposición de Prescripción de la Ejecución Tributaria presentada por el contribuyente Empresa Constructora Alto Ltda., con NIT 1017679028, respecto a los adeudos tributarios firmes, líquidos y exigibles en favor de la Administración Tributaria provenientes de la Resolución Determinativa N° 17-0273-2014, acto sobre el cual se inició la fase de ejecución tributaria en merito al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 2415432014 y las modificaciones introducidas por la Ley 291 y 317, debiendo proseguir con la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda fiscal. Acto administrativo definitivo notificado de manera personal el 31 de agosto de 2018, conforme consta a fojas 145148 de antecedentes administrativos

Como consecuencia de lo anterior el ahora recurrente una vez notificado con la Resolución Administrativa N° 231829000280 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018, activó el presente Recurso de Alzada impugnando la decisión final asumida por la Administración Tributaria, en cuyos argumentos esgrimidos en relación a la tardía respuesta a la solicitud de prescripción refiere que la Administración Tributaria demoró dos años en responder sobre la solicitud de prescripción. Al respecto, conforme se tiene de los antecedentes administrativos, la petición de prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario, fue formalizada recién a través de la nota presentada el 17 de abril de 2018, ante la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales conforme consta a fojas 143144 de antecedentes administrativos y no así por nota de hace dos años atrás, toda vez que la primera solicitud de prescripción impetrada por la Empresa Constructora Alto Ltda., a través de su representante legal Roberto Torres Ponce de León, estuvo focalizada a pedir la prescripción de la facultad de ejecución tributaria; en cambio la primera solicitud de prescripción de la facultad de determinación tributaria, se dio a través de la nota presentada el 17 de abril de 2018, ante la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme se tiene a fojas 143144 de antecedentes administrativos, solicitud que efectivamente fue respondida mediante la Resolución Administrativa No 231829000280 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018 actualmente impugnada; es decir, dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo) razón por la cual el argumento del recurrente sobre este punto resulta falaz y que no responde a la verdad de lo 

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acontecido; en tal razón, sin mayor análisis al respecto corresponde desestimar dicho argumento del ahora recurrente. 

No obstante lo mencionado; es pertinente mencionar que la normativa precedentemente mencionada no contempla vicios de nulidad de obrados por incumplimiento de plazos; es decir, que son términos que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites, pero si estos plazos son incumplidos, la Ley prevé otro tipo de previsiones, como el establecimiento de responsabilidad de los funcionarios actuantes en el entendido de que tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como la Ley 2492, no señalan de manera expresa que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene el ente fiscal, toda vez que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el o los funcionarios; ._.esto se suma_que. las Sentencias Constitucionales 0014/2003-CA Y 0100/2005, establecen que la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad, aspecto este que como se demostró no está contemplado en nuestro ordenamiento legal tributário, contráriamente es el propio Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional que señalá la inexistencia de norma legal alguna que disponga sų nulidad en caso de incumplimiento del plażo o que por este hecho la autoridad pública; consecuentemente, al-ser inexistente la… nulidad por el incumplimiento de plazo en el control diferido, corresponde rechazar la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa.

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IV.2. Prescripción de la facultad de Determinación El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada afirma que las facultades de determinación del adeudo tributario prescribieron, toda vez que por los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de la gestión 2009, operó la prescripción de la facultad de determinación al 31 de diciembre de 2013, basando su argumento en la norma que se encontraba vigente el año en que ocurrió los hechos afao imponibles, es decir, en aplicación del artículo 59 del Código Tributario sin sus “caridad modificaciones establecidas a través de las Leyes 291 y 317 y posteriormente la Ley 812. 

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En cuanto se refiere a la gestión febrero de 2010, afirma que el cómputo para ejercer su facultad de determinación del adeudo tributario se inició el 1 de enero de 2017|| 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana taşaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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debiendo finalizar al 31 de diciembre de 2014, sin embargo, esta fue determinada el 30 de junio de 2014 con la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente razón por la que procedió al pago parcial de dicho adeudo tributario. Asimismo afirma que en mérito al artículo 123 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 150 del Código Tributario y en base al principio de seguridad jurídica en el presente caso no puede considerarse para el cómputo de la prescripción las modificaciones establecidas al artículo 59 del Código Tributario, ejercidas a través de las Leyes 291, 317 y recientemente la Ley 812, el considerar la aplicación de dicha normativa con data posterior a los hechos generadores, involucraria una vulneración

los derechos y garantías constitucionales. 

La Administración Tributaria respondió en sentido que al no haber sido impugnada la Resolución Determinativa N° 17-0273-2014 la misma adquirió firmeza, razón por la cual el Ente Fiscal emitió el correspondiente Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 2401543-2014 de 4 de agosto de 2014 a efectos de dar inicio a la ejecución tributaria, en consecuencia, el sujeto pasivo opone prescripción a la facultad de determinación de la Administración Tributaria, aspecto que no corresponde toda vez que la determinación de la deuda tributaria consignada en la Resolución Determinativa precedentemente mencionada resulta inmodificable e inalterable al haber adquirido firmeza además de encontrarse ejecutoriada por no haberse impugnado en plazo dicho acto administrativo definitivo; al efecto, corresponde el siguiente análisis: 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 2 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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  1. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. 1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinadà, es imprescriptible. 

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La Ley 317 en sus Disposiciones Derogatorias y abrogatorias primera señala: Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

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El artículo 109 del Código Tributario, dispone: 1. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 5de este Código; 2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributarial en la forma y condiciones que reglamentariamente se estațlezca. Il contra la ejecución fiscal, sólo serán admisiblės las siguientes causales’de oposición. 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. 3. Dación en pago, conforme se disponiga reglamentariamente. Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria. 

El artículo 195, parágrafo II del Código Tributario (Título V incorporado por la Ley 3092), dispone: El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Articulo 108° del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones afaq 

050 9001 previstas en el parágrafo il del Artículo 109° de este mismo Código, salvo en los casos en calidad que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

LQNet El artículo 4 del Decreto Supremo 27874, en relación a los Títulos de Ejecución Tributaria, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo / del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveid

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que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que mediante Orden de Verificación N° 14290200006 de 25 de marzo de 2014, la Administración Tributaria comunicó a la Empresa Constructora Al to Ltda., por medio de su representante legal Roberto Torres Ponce de León, que conforme a las facultades conferida por los artículos 66, 100 y 101 d la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310 que será objeto de un proceso de determinación de acuerdo a las modalidades y alcance establecido en la presente Orden de Verificación, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondientes a los impuestos y períodos de abril a diciembre de la gestión 2009 y enero a marzo de la gestión 2010 respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA); actuación que fue notificada el 8 de abril de 2014, fojas 2-21 de antecedentes administrativos

Mediante la Vista de Cargo No 320033-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVENC/33/2014 de 20 de mayo de 2014, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció que como producto de la verificación impositiva realizada se ha determinado un adeudo tributario en favor del Fisco de 2.883,569 UFV’s equivalente a Bs5.608,974 importe que incluye el Tributo Omitido actualizado, intereses, Sanción del 100% por la conducta tributaria y la multa por incumplimiento a deberes formales, respecto a los períodos de abril a noviembre de 2009; febrero de 2010 y abril de 2014, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente Empresa Constructora Alto Ltda., como Omisión de Pago de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto Omitido Determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda de conformidad al artículo 42 del DS 27310; acto que fue notificado mediante cédula el 23 de mayo de 2014, fojas 7281 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente la Resolución Determinativa N° 17-0273-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00055/2014 de 25 de junio de 2014, declaró inexistente la deuda tributaria por el IVA de los períodos fiscales diciembre 2009, enero 2010 y 

  • marzo 2010. Asimismo, determino de oficio el Tributo Omitido por el IVA de los períodos fiscales abril a noviembre de 2009 y febrero de 2010 en un tributo omitido 

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de Bs 1.864,657. A su vez, calificó la conducta de la Empresa Constructora Alto Ltda., por el IVA de los períodos fiscales de abril a noviembre de 2009 y febrero 2010 como Omisión de Pago por adecuarse la conducta a lo establecido por el artículo 165 de la Ley. 2492 sancionando al contribuyente con una multa igual al 100% establecida en 1.215,400 UFV’s por haber incurrido en el ilícito precitado. 

Una vez que la Resolución Determinativa N° 17-0273-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00055/2014 de 25 de junio de 2014, adquirió la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria de acuerdo a la previsión contenida en el artículo 108 parágrafo I numeral 1 del Código Tributario, esto en razón a que en su oportunidad el ahora recurrente no hizo uso de las vías de impugnación que le franquea la ley, la Administración Tributaria emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24 1543-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCCIPIET/01537/2014 de 4 de agosto de 2014, anunciando al contribuyente Empresa Constructora Alto Ltda, el inicio de la ejecución tributaria del citado título al tercer dia de su legal notificación, a partir del que se adoptarían las medidas coactivas correspondientes. 

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Bajo esos antecedentes, es necesario señalar que el artículo 4 del DS 27974 de 26 de noviembre de 2004, en relación a los títulos de Ejecución Tributaria, dispone: “La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Art. 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé’inicio a la ejecución tributaria, actó que, de conformidad’à las normas vigentes, és inimpugnable”; asimismo, el artículo 195 parágrafo II del Código Tributario (Título V incorporado por la Ley 3092), establece: “El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108° del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo Il del Artículo 109° de este mismo 10, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor”. 

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Las normas legales antes señaladas establecen limitaciones en cuanto a la impugnabilidad de los actos administrativos emitidos en fase de ejecución tributaria, es así que los Titulos de Ejecución Tributaria listados en el artículo 108 del Código Tributario, una vez que adquieran firmeza no admiten impugnación; similar situación acontece en relación a los 

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autos dictados a consecuencia de las oposiciones efectuadas de acuerdo a las previsiones legales contenidas en el parágrafo II de su artículo 109. 

Sobre la temática antes mencionada, la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.4.2, estableció de manera expresa que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria en ejecución tributaria, no son susceptibles de impugnación, en cuya parte pertinente ilustró: “…toda vez que el Código Tributario, establece como únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, las establecidas en el art. 109.11 comenzando con: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por el CTB (pago, compensación, confusión, condonación, prescripción); 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda; 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Además, establece que estas causales, solo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria, cerrando de esta manera la posibilidad de impugnación a los títulos que adquirieron firmeza“. 

De acuerdo al marco legal antes citado, una vez emitido el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24-15432014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PIET/01537/2014 de 4 de agosto de 2014, no existe la posibilidad de realizar impugnación alguna cuando existe un Título de Ejecución Tributaria firme como es la Resolución Determinativa; sin embargo, es pertinente enfatizar que en fase de ejecución tributaria únicamente corresponde al sujeto pasivo hacer uso de las causales de oposición previstas en el artículo 109 parágrafo II de la Ley 2492 consistentes en: 1) Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria, 2) Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda y 3) Dación en pago. 

Precisamente, en ejercicio de esa facultad, el ahora recurrente se opuso a la ejecución tributaria mediante la invocación del instituto de la prescripción, cuyo planteamiento fue atendido por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa No 231829000280 (SIN/GGLPZDJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018, ahora impugnada, la cual dispuso su rechazo a los planteamientos expuestos en aquella oportunidad, en ese entendido, su Recurso de Alzada debió circunscribirse únicamente a los extremos rechazados y no a argumentos que en su momento procesal no fueron impugnados como es el caso de la prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario, al efecto, la SC 0637/2015S2 de 5 de junio de 2015, en relación al principio de 

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congruencia establece: “Como se advierte de la jurisprudencia citada, la congruencia se constituye en un principio procesal que hace a la garantia del debido proceso, que le señala el camino al juzgador para llegar a una resolución o sentencia, además de fijarle un limite a su poder discrecional. Es así que, “el principio de congruencia, se manifiesta en la concordancia entre lo pedido y la decisión judicial, puesto que ésta debe estar referida exclusivamente a las partes intervinientes, al objeto o petición y a la causa. Por ello, el juzgador, debe fundamentar y motivar el porqué de su decisión, haciendo alusión a los hechos que las partes invocaron y a las pruebas producidasy, aplicando las normas jurídicas pertinentes”. 

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En mérito a lo señalado, se debe tomar en cuenta que en consideración a la etapa procesal del presente caso que es de ejecución, como consecuencia, la normativa tributaria antes citada cierra la posibilidad de discusión a otros aspectos, como es el caso de la prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario, que en su momento procesal y plazo fatal no fue impugnado por el ahora recurrente, en ese contexto, cierra dicha posibilidad de analizar otros aspectos que no sean únicamente a las causales de oposición previstas en artículo 109 del Código Tributario, por ello, en atención a que los planteamientos efectuados por el ahora recurrente’ no se circunscriben a las formas de suspensión u oposición, toda vez que-su-Recurso de Alzada, sustenta aspectos relacionados a la prescripción de la facultad de determinación del adeudo trihutario; aspectos estos que debieron ser invocados oportunamente ante la conclusión del procedimiento de fiscalización, hecho que como se evidencia no ocurrió en el presente caso, ya que al no haber interpuesto ‘impugnación alguna en su oportunidad, posibilitó que dicho acto administrativo adquiera firmeza. 

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No obstante lo señalado, siendo claro que el presente caso se encuentra en fase de ejecu efectos de dar una respuesta a la petición de prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario reclamada por el ahora recurrente, corresponde señalar que la Resolución Determinativa N° 170273-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00055/2014 de 25 de junio de 2014, acto administrativo que solo 

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estableció reparos por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, atuon centre octubre, noviembre de la gestión 2009, fue notificada a la Empresa Constructora Alto 

IQNet Ltda, a través de su representante legal Roberto Torres Ponce de León mediante cédula el 30 de junio de 2014, conforme consta a fojas 94-104 de antecedentes administrativos, lo que demuestra plenamente que el curso de la prescripción de conformidad de la Ley 291 y 317, se interrumpió momento de emitir y notificar la citada 

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III 

Resolución Determinativa N° 17-0273-2014; consecuentemente, la facultad del ente fiscal para determinar la deuda tributaria en el presente caso se encontraba incólume. 

En relación al argumento esbozado por parte de la Administración Tributaria, al momento de responder al Recurso de Alzada, relacionado a que no hubiera prescrito la facultad de ejecución del adeudo tributario; al respecto, es menester señalar que de una lectura cabal e integra al Recurso de Alzada, el recurrente de manera expresa y hasta enfática en su petitorio hizo referencia a la prescripción de la facultad de determinación y no así de otros aspectos; en tal sentido, esta Instancia Recursiva no emitirá criterio legal alguno sobre la prescripción de la facultad de ejecución que no fue invocada en el presente Recurso de Alzada. 

Con referencia a la cita por parte del recurrente de la SCP 0249/2012 de 29 de mayo; corresponde señalar que dicho fallo ingresa a un análisis respecto a principios de que rigen las acciones de amparo constitucional, las características y efectos jurídicos de los actos administrativos, principios que rigen la actividad administrativa, clasificación de los actos administrativos por su contenido, mecanismos de impugnación de los actos administrativos, mecanismos de impugnación en materia aduanera, validez de los actos administrativos e incidentes de nulidad en materia administrativa; criterios que resultan coincidentes con el caso actualmente analizado y resuelto, toda vez que la Resolución Administrativa No 231829000280 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018, actualmente impugnada, al ser un acto administrativo definitivo que resuelve sobre la solicitud de prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario era susceptible de impugnación ante esta Instancia Recursiva, que en los hechos es así como fue activada por la parte recurrente y admitida por esta Instancia Recursiva, en tal sentido, no corresponde mayor análisis, al respecto. 

Por las razones anotadas precedentemente y al no ser procedente analizar la prescripción de la facultad de determinación en razón de la fase de ejecución en la que nos encontramos; corresponde confirmar la Resolución Administrativa 231829000280 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de 

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septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO CONFIRMAR la Resolución. Administrativa. N° 231829000280 (ŞINIGGLPZ/DJCC/CC/RA/00024/2018) de 27 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Empresa Constructora Alto Ltda, legalmente representada por Roberto Tórrez Ponce de León; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente las facultades de ejecución tributaria de la citada Administración Tributaria. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso C) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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12 Inc.

CUARTO: Conforme prevé; el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

  • Regístrese, hágase saber y cúmplase.

11€. Cecille Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Reglonal de Impugnación 

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