ARIT-LPZ-RA-2000-2018 La AIT confirma la obligación tributaria establecida en la Resolución Determinativa por omisión de pago de impuestos. La AT observó las facturas de descargo del RC IVA dependientes del acusado. El acusado argumentó que el empleador debía haber observado en su momento las facturas no dosificadas, pero la AIT estableció que la función del empleados (agente de retención ) no es verificar el correcto llenado de los datos de la facturas por lo tanto la observación de la dosificación no le corresponde, además la AIT pudo observar que la AT encontró mas de 1 observación en cada factura las cuales son: a)Facturas no dosificadas por la AT, b) no emitidas al dependiente c) no cuentan con documentación de respaldo d)duplicadas y e)no presentadas como descargo a la Orden de Verificación, todos estos la AT dio a conocer al acusado.

ARIT-LPZ-RA-2000-2018

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZRA 2000/2018 

Recurrente

Nelson Edwin Pinto Macedo 

Administración Recurrida: ... Gerencia Grandes contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro 

P

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171829001478 (SIN/GGLPZ/DFISVIIRD/01357/2018) 

Expediente: 

ARITLPZ1516/2018 

Lugar y Fechà 

de diciembre de 201 

UMOR 

VISTOS

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributária Recurridá, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por 

nte administrativo No 2000/2018 de 19 de diciembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

Land .. 

las partes cursante 

Informe Técnico Jurídico ARITLP

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171829001478 (SIN/GGLPZ/DFISVI/RD/01357/2018) de 20 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, determino de oficio por conocimiento cierto las obligaciones impositivas.del contribuyente Nelson Edwin Pinto Macedo de 3.809 UFV’s por concepto de Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), Staa más intereses y sanción por omisión de pago por los periodos fiscales febrero, abril, ISO 9001 junio y octubre 2010. 

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

ONei 

TENT

  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZAD

11.1 Argumentos del Recurrente In Nelson Edwin Pinto Macedo por nota presentada el 24 de septiembre de 2018, cursante 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

a fojas 11-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

La Resolución Determinativa vulnera el debido proceso, ya que sólo se realiza una comparación de notas fiscales observadas, existiendo un error en la determinación de la deuda tributaria expresada en UFV’s. Aclara que es importante la fundamentación de los actos administrativos, puesto que se constituye en un elemento fundamental del debido proceso establecido en el artículo 28, inciso e) de la Ley 2341. . 

De acuerdo al artículo 96 de la Ley 2492, la Vista de Cargo debe establecer la base imponible, ya sea base cierta o base presunta, según corresponda; sin embargo, en la liquidación previa del tributo adeudado, no se puede definir como base cierta el copiado del Libro de Compras IVA, duplicando observaciones. 

La Vista de Cargo del proceso se encuentra bajo la jurisdicción de Grandes Contribuyentes y su persona no pertenece a esa Dependencia, ya que todo el periodo observado no se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, aspecto que vulnera lo establecido por los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310. 

Cumplió con todo lo establecido en la normativa, presentando declaraciones juradas como personal dependiente; habiendo sido revisadas en primera instancia por el empleador; posteriormente consolidadas y declaradas bajo el NIT del empleador, mediante el módulo Da Vinci, que realiza el filtro de las facturas no dosificadas; por lo que no entiende por qué no fueron rechazadas dichas facturas; aclara que la Administración Tributaria en ningún momento menciona quién es el empleador y cuál es su NIT. 

Los reparos formulados por el ente fiscal en la Resolución Determinativa impugnada carecen de sustento, toda vez que efectuó la comparación de la información de las declaraciones juradas y del módulo DA Vinci proveedores, las que a pesar que dicho módulo valido los reportes con las supuestas facturas dosificadas, sólo se limita a 

señalar las disposiciones legales que dieron origen a los cargos determinados, c omitiendo lo establecido en el artículo 29, incisos c) y d) del DS 27113, lo que evidencia la falta de fundamentación del acto conforme al principio del debido proceso, omisión 

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que vicia de nulidad el acto determinativo; cita al efecto los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310

Solicita la aplicación del artículo-59 de-Ia Ley 2492, a objeto de acogerse a la prescripción de los adeudos observados ya que su vencimiento es mensual y data de 2010. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa 171829001478 (SIN/GGLPZDF/SVI/RD/01357/2018) de 20 de agosto de 2018 

: 11.2 Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por Nelson Edwin Pinto Macedo fue admitido mediante Auto de 1 de octubre de 2018, notificado de forma personal al recurrente y mediante cédula alla Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, los días 8 y 9 de octubre de 2018 respectivamente; fojas 18-23 de obrados

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalặente representada por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031800000738 de 3 de septiembre de 2018, mediante memorial presentado el 24 de octubre de 2018, cursante a fojas 26-34 de obrados, respondió negativamente, expresando lo siguiente

Low 

El recurrente de manera enunciativa refiere que la Resolución Determinativa impugnada supuestamente vulneraria el debido proceso en la comparación de notas fiscales observadas y que en la deuda tributaria se advertiría un error; sin embargo, no precisa de qué manera y en qué sentido se habría vulnerado el debido proceso, careciendo de 10.000 

afaq 

nexo de causalidad entre los hechos y el derecho a fin de afirmar una supuesta arvon cranncsnow conculcación de derechos. 

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Los actos emitidos por la Administración Tributaria son plenamente legales, cumplen todas las formalidades legales respecto a la valides de las facturas (artículo 41 de la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní). 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 24126132411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

RND 10-001607), correspondiendo al contribuyente demostrar la apropiación del crédito fiscal conforme el artículo 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492; cita al efecto los Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0930/2015, 1349/2017 y 0184/2008. 

Se estableció reparos sobre base cierta por concepto de RC-IVA, por contravención a los artículos 19, 30, 31 de la Ley 843, 8 del DS 21531y 41 de la RND 10-0016-07, por lo que no corresponde el registro ni apropiación como pago a cuenta del RC-IVA por el dependiente, existiendo un pago de menos, debido a que incluyó dentro de su crédito notas fiscales con las observaciones señaladas en la página 3 de la Resolución Determinativa. Por consiguiente, de acuerdo al principio de legalidad y presunción de legitimidad la Administración Tributaria no obvio ninguna explicación, en cuanto a la depuración de las facturas; más al contrario en la vista de Cargo se detalla y explica técnica y legalmente las razones por las cuales se depuraron las facturas, siendo básicamente la validez de las mismas por no haber sido dosificadas por el sujeto activo. 

En el apite “Análisis de Facturas Declaradas por el Dependientedel acto administrativo impugnado se expone los resultados de la revisión efectuada a las facturas presentadas por el dependiente a través de su agente de retención; señalando que las notas fiscales no son válidas para el crédito fiscal por los siguientes conceptos: a) No dosificada por la Administración Tributaria, b) no emitida al dependiente, c) no cuenta con documentación de respaldo que acredite la realización de la transacción, d) nota fiscal duplicada y, e) no presentada como descargo a la Orden de Verificación

La Resolución Determinativa impugnada cuenta con todos y cada uno de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 y artículo 19 del DS 27310; en consecuencia no es susceptible de ser calificado nulo como incorrectamente afirma el recurrente. 

El ente fiscal actuó conforme a normativa vigente, no hubo vulneración al debido proceso, mucho menos al derecho a la defensa; por el contrario, determinó una deuda tributaria fruto de las amplias facultades de verificación que ostenta. 

El recurso del contribuyente carece de fundamentación, ya que refiere genéricamente a disposiciones normativas impertinentes y no específicas, sin fijar de manera clara la 

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razón de su impugnación respecto a su solicitud de anulabilidad de la Resolución Determinativa. 

El contribuyente pretende invertir la carga de la prueba, sin considerar que el ente fiscal, en base a la información de la base de datos corporativa agentes de retención y la extraidadel SIRAT II, que surten plena prueba en materia tributaria, determinó los repáros preliminares consignando en la vista de Cârgo, a objeto de que ejerza su derecho a la defensa; sin embargo, no lo realizó, toda vez que no presentó descargos suficientes, como se tiene demostrado en antecedentes; consecuentemente de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, cita al efecto el Auto Supremo N° 338 de 31 de agosto de 2012 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0422/2014. 

– 

– 

– 

– 

.

En virtud del principio de congruencia solicita no emitir pronunciamiento más allá peticionado por el recurrente, lo contrario significaría actuar ultra petita

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171829001478 (SIN!GGLPZ/DF/SV/RD/013572018) de 20 de agosto de 2018. 

T4 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Médiante Auto de 25 de ocțubre de 2018, se dispuso la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, eñ aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría tanto al recurrente como a la Administración Tributaria recurrida, el 31 de octubre de 2018; término dentro el cual ninguna de las partes presentó prueba alguna; fojas 35-36 de obrados

11.5 Alegatos” La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales ni el recurrente Nelson Edwin Pinto Macedo formularon alegatos dentro del plazo isany establecido por el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario. 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales notificó a Nelson Edwin Pinto Macedo mediante edictos de 25 y 29 de septiembre d

Helyen fontes 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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2016, con la Orden de Verificación No 00140VI08456 y el anexo “Detalle de Diferencias”, operativo “RC-IVA Dependientes”, a objeto de verificar el crédito fiscal contenido en las facturas presentadas en calidad de dependiente como pago a cuenta del RCIVA mediante el Formulario 110, que se especifican en el mencionado anexo de los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010; comunicando que se requirió a su empleador la documentación presentada como pago a cuenta del citado tributo y solicitando que en el plazo de 5 días hábiles posteriores a su notificación se apersone a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales a objeto de aclarar las observaciones antes expuestas, se le oriente sobre la forma de efectuar el pago ylo presente los descargos correspondientes, fojas 35 y 112 de antecedentes administrativos. 

Resultado del proceso de Verificación Interna, el 28 de noviembre de 2016 la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 32-0334-2016″ (SIN/GGLPZI DF/SVINC/361/2016), estableciendo preliminarmente sobre base cierta el tributo omitido de 3.809 UFVs por concepto de Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), más intereses y sanción por la conducta del contribuyente calificada como omisión de pago, correspondiente a los períodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010, otorgando al contribuyente 30 días a partir de su notificación para formular descargos y presentar pruebas para desvirtuar los reparos; el citado acto preliminar fue notificado mediante cédula el 28 de diciembre de 2016, fojas 138145 de antecedentes administrativos. 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/00318/2017 de 21 de febrero de 2017, emitido por la Administración Tributaria, sala que dentro del plazo de 30 dias a partir de la notificación con la vista de Cargo, el contribuyente no presentó ningún descargo a las observaciones detalladas en la vista de Cargo No 32-03342016 (SIN/GGLPZ/ DF/SVINC/361/2016), fojas 150-152 de antecedentes administrativos. 

El ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 171729000079 (SIN/GGLPZ/DFI RD/00068/2017) de 21 de febrero de 2017, que resolvió determinar por oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas del dependiente Nelson Edwin Pinto Macedo, que asciende a 3.809 UFV’s, por RC-IVA omitido, más intereses y sanción por omisión de pago por adecuarse su conducta a lo establecido en 

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el artículo 165 de la Ley 2492, correspondiente a los periodos febrero, abril, junio y octubre 2010; acto administrativo notificado de forma personal al sujeto pasivo el 8 de marzo de 2017, fojas 156161 de antecedentes administrativos. 

– — La Resolución Determinativa mencionada precedentemente fue objeto de interposición de Recurso de Alzada por parte de Nelson Edwin Pinto Macedò, instancia que emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARITLPZ/RA 0684/2017 de 3 de julio de 2017, que resolvió: “CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171729000079 (SIN/GGLPZI DF/RD/00068/2017) de 21 de febrero de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Nelson Edwin:Pinto Macedo; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el omitido, intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al RC-IVA de los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010, fojas 174-192 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente Nelson Edwin Pinto, Macedo interpuso Recurso Jerárquico contra la citada Resolución de Alzada como resultado se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1159/2017 de 11 de septiembre de 2017, que resolvió: “ANULAR la Resolución de Recurso de Alzáda ÁRIT-LPZIRA 0684/2017 de 3 de julio de 2017, emitida por-la-Autoridad de impugnación Tributaria La Paz (…); con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DFISVINC/361/2016 de 28 de noviembre de 2016 inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria emitir una nueva Vista de Cargo, con la debida fundamentación y sustento objetivo de las observaciones a las facturas verificadas…“, fojas 194207 de antecedentes administrativos. 

Cuidad 

En cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1159/2017 de 11 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291829000133 (SIN/GGLPZ/DF/SVINC/00136/2018, de 28 de mayo de 2018, que establece sobre base cierta el tributo omitido de 3.809 UFV’s por RCIVA omitido más iso 9001 intereses y sanción preliminar de omisión de pago, por los periodos fiscales febrero, armor CERTIFICATION abril, junio y octubre 2010, emergente de la depuración del crédito fiscal de facturas ERRE consignadas en el anexo “Detalle de Notas Fiscales Observadasutilizadas para compensar el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de Nelson Edwin Pinto Macedo dependiente de Procom La Paz SRL, acto preliminar

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notificado de forma personal al contribuyente el 27 de junio de 2018, fojas 293-304 de antecedentes administrativos. 

La Administración Tributaria el 20 de agosto de 2018, emitió la Resolución Determinativa N° 171829001478 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01357/2018) contra Nelson Edwin Pinto Macedo estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 3.809 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago por el RC-IVA de los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010; acto administrativo notificado de forma personal el 4 de septiembre de 2018, fojas 319-327 de antecedentes administrativos. 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III del referido Código Tributario, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Nelson Edwin Pinto Macedo en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

De inicio es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa N° 171829001478 (SIN/GGLPZ/DFISVI/RD/01357/2018); sin embargo, de la lectura de su Recurso, se advierte que alude nulidades, en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si éstos se encuentran legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

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IV.1 ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Competencia y jurisdicción de la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz Nelson Edwin Pinto Macedo en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la Vista de Cargo del proceso se encuentra-bajo la jurisdicción de Grandes Contribuyentes. y su persona no pertenece a esa Dependencia, ya que todo el periodo observado no se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, aspecto que vulnera lo establecido por los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310, 

La Administración Tributaria recurrida no emitió pronunciamiento alguno sobre este tema; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: El artículo 122 de la Constitución Política del Estado señala: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las . que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. 

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El artículo 2 de la Ley 2166 de 22 de diciembre de 2000 dispone: ‘El Servicio de impuestos Nacionales es una entidad de derecho público, autárquica con independencia administrativa funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, personería jurídica y patrimonio propio

– 

– 

– 

En el artículo 4 del cuerpo legal antes citado, señala que “S…) Son atribuciones del Servicio de impuestos Nacionales: b Dictar normas reglamentarias a efectos de aplicación de las disposiciones en materia tributaria. q. De manera general administrar eficientemente el régimen de impuestos internos, ejerciendo todas las facultades otorgadas por el Código Tributario y normas tributarias vigentes en el país, aplicando con equidad jurídica las mismas. r. Hacer cumplir el pago de obligaciones tributarias pendientes del Servicio Nacional de Impuestos Internos (…)”

Calidad 

El artículo 5 de la Ley 2341 señala: Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte ISO 9001/ expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones armen CeLICATION reglamentarias. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, 

TQNet inexcusable y de ejercicio obligatorio. 

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El artículo 28 de la citada Ley indica: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto: lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico

La Resolución Administrativa 05004499 en el punto 1, resuelve: Definir la jurisdicción territorial y por adscripción de contribuyentes según su importancia fiscal para las Direcciones Distritales del nivel desconcentrado del Servicio Nacional de Impuestos Internos como a continuación se describe: a) Las Direcciones Distritales Grandes Contribuyentes La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz tienen jurisdicción y competencia por adscripción de contribuyentes según su importancia fiscal dentro del territorio del departamento en el que se encuentra su sede, adscritos a éstas según lo dispuesto en el numeral 2 de la presente Resolución Administrativa. 

De inicio es menester señalar que la competencia administrativa es la aptitud legal que tiene un órgano para actuar, en razón del lugar o territorio, la materia, el grado y/o el tiempo. Se entiende por competencia, al conjunto de atribuciones de los órganos y entes que componen el Estado la que es precisada por el ordenamiento jurídico. La competencia administrativa es una legitimación jurídica de su actuación; toda entidad es competente para realizar las tareas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. La jurisdicción es la facultad genérica que tienen todas las autoridades del Estado para administrar como el caso presente el cumplimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones fiscales; en cambio, la competencia es la limitación de la jurisdicción a ciertos y determinados servidores públicos, de acuerdo con la naturaleza del asunto, la cuantía, la calidad de las partes o el lugar donde 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

desenvuelven sus actividades; sin embargo, no todos los servidores públicos cuentan o ejercen jurisdicción y competencia; solamente es para cierto grupo de personas que por Ley están facultados para aplicar la norma. 

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— 

De igual manera, cabe señalar que la competencia se caracteriza por: 1) legalidad que tiene su fuente en la constitución y en la Ley y es reglamentada por normas administrativas, sólo se podrá ejercer aquellas facultades que se encuentren señaladas expresamente en la Ley o norma reglamentaria, 2) la Inalierabilidad, se entiende que no puede renunciar a la titularidad de la competencia, mucho menos abstenerse del ejercicio de las atribuciones conferidas, 3) la Responsabilidad, está enmarcada al ejercicio de la competencia como un deber público, 4) la Esencialidad, de la competencia que es el elemento esencial del acto administrativo y como consecuencia, constituye un requisito de validez del mismo, 5) el Fin Público, que está enfocada a una finalidad de interés común o en todo caso de utilidad pública, toda vez que la autoridad administrativa ejerce su competencia en función del bien general y 6) la jerarquía, que dicho de otro modo es la competencia administrativa que opera en términos de grado entre los órganos que componen la administración pública. La competencia asignada a un ente administrativo le corresponde en un nivel determinado dentro de la estructura del misńo en términos de materia, grado y territorio. 

La Ley 2492 en su artículo 21 señala que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado cuyas facultades son ejercidas por la Administración Tributaria, en el presente caso, por el Servicio de Impuestos Nacionales, entidad que posee jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, optimizando las recaudaciones mediante la fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos, entre otras, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley 2166; en ese sentido, el DS 26462 en su artículo 4 numeral 3, señala que el SIN tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. 

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En ese contexto normativo y conceptual se tiene que la Administración Tributaria inició AMOR CERTIFICATIO

funa verificación del crédito fiscal contenido en las facturas presentadas, a través de Vogo I modulo Da Vinci RCIVA, por Nelson Edwin Pinto Macedo en calidad de dependiente 

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de Procom La Paz SRL; aspecto que se evidencia de las declaraciones juradas Form 110 presentadas por el recurrente ante su empleador (Agente de retención). En ese 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 . www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

contexto, de la comparación de las compras realizadas por el dependiente y las ventas declaradas por los proveedores, el ente fiscal detectó que las facturas del sujeto pasivo no pueden ser consideradas como pago a cuenta del RCIVA por los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010, debido a que presentan las siguientes observaciones: a) No dosificadas; b) No emitida al dependiente; c) No cuenta con documentación de respaldo que acredite la realización de la transacción; d) Duplicada; y, e) no fue presentada como descargo a la Orden de Verificación. 

Respecto a la jurisdicción y competencia de la Administración Tributaria, de antecedentes administrativos, especificamente del F-110 a fojas 38, se evidencia que el agente de retención o empleador de Nelson Edwin Pinto Macedo es Procom La Paz, con domicilio fiscal ubicado en la calle Pedro Garcia No 2474, agente de retención que se encuentra bajo la jurisdicción de la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en ese sentido, sus dependientes son considerados contribuyentes de la jurisdicción de la cual depende su empleador; asimismo, es importante resaltar que bajo la condición de dependiente no se requiere la inscripción en el Padrón de Contribuyentes. Por consiguiente, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz se constituye en una autoridad administrativa que tiene plena competencia para ejercer las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2341, aplicable en virtud del artículo 201 de la Ley 3092 y el artículo 7 del DS 26462. En ese entendido y al ser evidente la calidad de dependiente de Nelson Edwin Pinto Macedo de un contribuyente registrado en la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, se desestima la solicitud de retrotraer obrados por esta causa

IV.1.2 Requisitos establecidos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 Nelson Edwin Pinto Macedo en su Recurso de Alzada señala que la Resolución Determinativa vulnera el debido proceso, ya que sólo realiza una comparación de notas fiscales observadas, existiendo un error en la determinación de la deuda tributaria “. expresada en UFV’s. Aclara que la fundamentación de los actos administrativos i constituye un elemento fundamental del debido proceso. El artículo 96, de la Ley 2492 establece los requisitos de la Vista de Cargo, entre ellos la base imponible sobre base cierta o base presunta, según corresponda y la liquidación previa del tributo adeudado; .. . zoud 

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sin embargo, no se puede definir como base cierta el copiado del Libro de Compras IVA, duplicando observaciones; resalta que el parágrafo III del citado artículo dispone que la ausencia de los requisitos esenciales viciará de nulidad la Vista de Cargo. Cumplió con todo lo establecidoen-la-normativa, presentando declaraciones juradas como dependiente, las facturas fueron revisadas en primera instancia por el empleador; posteriormente consolidadas y declaradas bajo el NIT del empleador, mediante el módulo Da Vinci, que realiza el filtro de las facturas no dosificadas; por lo que no entiende por qué no fueron rechazadas dichas facturas. 

Los reparos formulados en la Resolución Determinativa impugnada carecen de sustento, toda vez que efectuó la comparación de la información de las declaraciones juradas y del módulo Da Vinci proveedores, limitándose a señalar las disposiciones legales que dieron origen a los cargos determinados, omitiendo lo establecido en el artículo 29, incisosc) y d) del DS 27113,lio.que evidencia la falta de fundamentación del acto conforme al principio del debido proceso, omisión que vicia de nulidad el acto determinativo 

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AUNA – 

La Administración Tributaria en su memorial de repuesta al Recurso de Alzada, indica que ‘el recurrente de manera enunciativa refiere que la Resolución Determinativa impugnada supuestamente vulneraría el debido proceso en la comparación de notas fiscales observadas y que en la deuda tributaria se advertiría un error; sin embargo, no precisa de qué manera y en qué sentido se habría vulnerado ‘el debido proceso, careciendo de nexo de causalidad entre los hechos y el derecho a fin de afirmar una supuesta conculcación de derechos. 

Calida

Se estableció reparos sobre base cierta por concepto de RC-IVA, por contravención a los artículos 19, 30, 31 de la Ley 843, 8 del DS 215317 41 de la RND 10-0016-07, por lo que no corresponde el registro-ni apropiación como pago a cuenta del RC-IVA por el 

afao dependiente. En la vista de Cargo se detalla y explica técnica y legalmente las razones iso 9001 por las cuales se depuraron las facturas, siendo básicamente la validez de las mismas won clannica now? por no haber sido dosificadas por el sujeto activo. La Resolución Determinativa OITURE 

TQNet impugnada cuenta con todos y cada uno de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 parágrafo 11 de la Ley 2492 y artículo 19 del DS 27310; en consecuencia ng e s susceptible de ser calificado nulo como incorrectamente afirma el recurrente. 

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El ente fiscal actuó conforme a normativa vigente, no hubo vulneración al debido proceso, mucho menos al derecho a la defensa; por el contrario, determinó una deuda tributaria fruto de las amplias facultades de verificación que ostenta. El recurso del contribuyente carece de fundamentación, ya que refiere genéricamente a disposiciones normativas impertinentes y no específicas, sin fijar de manera clara la razón de su impugnación respecto a su solicitud de anulabilidad de la Resolución Determinativa; al respecto, corresponde señalar lo siguiente 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establece: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente. Código. 7. A formular y aportar, en la forma y. plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492 dispone: La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará 

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la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley2492,dispone: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre-o razón social del sujeto pasivo, è specificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

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El parágrafo I del artículo 100 de la Ley 2492, establece: la Administración Tributaria, dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación

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Por su parte el artículo 18 del DS 27310, señala que: la vista de Cargo que dicte la: Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo b) Fecha:-– 

**** —c) Nombre o razon social del sujeto pasivo. d) Número de registro tributario, cuando corresponda. e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). A Liquidación previa de la deuda tributaria. g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 98° de la Ley N° 2492

afaq n) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente

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A su vez el artículo 19 del DS 27310, dispone: La Resolución Determinativa deberá CERTISE consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

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47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso

De inicio es preciso establecer que los artículos 115, 117 y 119, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, establecen la obligación que tiene el Estado a través de sus instituciones de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, esto implica que ninguna persona puede ser juzgada sin un debido proceso. 

La Sentencia Constitucional 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco constitucional dispuso que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, precepto que desde el punto de vista teológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, considerándolo como un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo Estado, esto quiere decir, que nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos sin el desarrollo de un debido proceso establecido por ley, revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se halla relacionado también con el derecho de igualdad de las partes, esto es, que arbitrariamente no se puede establecer una decisión particular que afecte los intereses de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la decisión tomada a fin de activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones, ofreciendo por los interesados los descargos que considere pertinentes, es decir, existe la obligación legal de la Administración Tributaria de realizar la valoración de la prueba puesta en su conocimiento por el administrado en los plazos establecidos. 

Bajo el argumento expuesto, cabe señalar que todos los actos de la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, tanto la Ley 2492 y la Ley 2341 como sus Reglamentos, establecen los requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa. . 

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El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente aljuez: Sedefine el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se lögre la aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de la Resolución Determinativa, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y.de esta manera puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios de impugnación establecidos en.el ordenamiento jurídico. 

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Bajo 

recedentemente y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, con las facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley-2492, ‘notifico mediante edictos de 25 y 29 de septiembre de 2016 a Nelson Edwin Pinto Mačedo con la Orden de Verificación N° 00140V108456, comunicando el inicio de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas presentadas a Procom La Paz en su calidad de dependiente, como pago a cuenta del RC-IVA mediante el F-110 de** los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010. Resultado de dicha verificación emitió la Vista de Cargo N° 291829000133 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVINC/00136/2018) de 28 de mayo de 2018, estableciendo preliminarmente sobre base cierta, obligaciones tributarias por el RC-IVA de 3.809 UFV’s correspondiente al tributo omitido, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010.-——- 

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De manera posterior el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 171829001478 ATOR CEREICATION (SIN/GGLPZDF/SVI/RD/01357/2018) de 20 de agosto de 2018, determinando sobre base ERTUALES 

IQNet cierta las obligaciones impositivas de Nelson Edwin Pinto Macedo de 3.809 UFV’s por RC IVA omitido, más intereses y sanción por omisión de pago de los periodos fiscales febrero 

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abril, junio y octubre 2010, resultante de la depuración del crédito fiscal de facturas presentadas como pago a cuenta del RCIVA de los periodos fiscales mencionados. 

En ese contexto, a objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 96 de la ley 2492, de la revisión de la citada Vista de Cargo se advierte que contiene: N° 291829000133, fecha de emisión: 28 de mayo de 2018; identificación del sujeto pasivo: Nelson Edwin Pinto Macedo; objeto y alcance: determinación preliminar del RCIVA de los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010; C.I. 2606753 por tratarse de personal dependiente

Respecto a los hechos datos y valoraciones, en sus páginas 1-2 señala que en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1159/2017, de 11 de septiembre de 2017, que resolvió anular hasta la vista de Cargo N° 3203342016 inclusive, debiendo emitir una nueva Vista de Cargo con la debida fundamentación y sustento objetivo de las observaciones a las facturas verificadas, se emitió el presente acto preliminar que señala: El objetivo de la presente revisión, es verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones tributarias contenidas en la Ley N° 843 “Texto Ordenado Vigente”, Decretos Supremos Reglamentarios y Resoluciones Normativas vigentes, relacionadas con el Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado (RCIVA), mismo que comprende la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas presentadas por el (la) dependiente, consignadas en el cuadro de observaciones del detalle de diferencias adjunto al formulario 7520″. 

Continúa señalando: “Como Resultado de los procedimientos ejecutados en base a la información proporcionada por la Gerencia de Fiscalización (...), se establecieron observaciones como resultado de confrontar la información declarada por el (la) dependiente en el formulario 110 y la información presentada por los proveedores (…) se identificaron facturas con las siguientes observaciones: Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria; Nota Fiscal no emitida al dependiente; Nota Fiscal no cuenta con documentación de respaldo que acredite la realización de la transacción; Nota Fiscal duplicada; y Nota Fiscal no presentada como descargo a la Orden de Verificación…” 

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Respecto a las notas no válidas para crédito fiscal con observación “a) Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributariaseñala, de la consulta en el sistema informático GAUSS, se evidenció que las facturas Nos. 1854, 4067, 14035, 1436, 11564, 25958, 9030, 3654,9658; 15035-10548, 16304, 163558, 4355, 10576, 465, 8154, 15208, 18750, 14671, 10306, 20316, 11719, 14116,21164, 10415, 13645, 6367, 8378, 3938, 991130, 12862, 15750, 6437, 11183, 11599, no fueron autorizadas o están fuera del rango de dosificación autorizado, aspecto que vulnera el artículo 41 de la RND 100016-07 y no dan lugar al cómputo del crédito fiscal conforme al parágrafo III del citado articulo. 

En cuanto a la observación “b) Nota fiscal no emitida al dependientemanifiesta que de la información presentada por los proveedores a través de sus Libros de Ventas IVẠ, mediante el software Da Vinci, se estableció que los proveedores no emitieron dichas facturas al dependiente en el periodo que indican las mimas, ni en ningún otro mes; asevera que la citada información conforme el artículo 7 del DS 27310 tiene validez probatoria. 

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En relación a la observación “c) Nota Fiscal con documentación de respaldo que acredite. Jarealización de la transacción” la Aậministración Tributaria sustenta su obseryación con la aplicación del artículo 7 del DŚ 27310 y artículo 70 numeral 5 de la Ley 2492 que refiere a la obligación del sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantia de los créditos impositivos que considere le corresponden con documentación que permita verificar las transacciones con su proveedores. 

La observación “d) Nota fiscal duplicadael ente fiscal sustentó con los reportes “Facturas declaradas como compras” extractados del SIRAT II, en los cuales se evidencia que las facturas Nos. 14035, 15035 del proveedor Pru-Robin; N° 1436 de Hermenca Ltda., 4067 de Fábrica de Papel San Antonio; 25958 de Madepa SA y 9030 

afao de Socoser, fueron emitidas a otros contribuyentes, adicionalmente no se encuentran iso 900 dosificadas y no presentó documento que demuestre la realización de la transacción. AIMOR CEATIFICATION 

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En cuanto a la observación “e) Nota Fiscal no presentada como descargo a la Orden de weg Verificaciónsala que el dependiente registró la factura N° 968 pero no adjuntó la 

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misma, por tanto al no contar con el original corresponde su depuración en aplicación 

del artículo 41, parágrafo III de la RND 10-0017-07. 

De acuerdo a lo señalado se advierte que el ente fiscal en la vista de Cargo detalló con precisión las facturas observadas y el motivo de la observación a cada nota fiscal, identificando el concepto de la depuración del crédito fiscal y su respectivo respaldo legal relacionado a la normativa del RC-IVA así como el sustento documental de los reparos por el RC-IVA, de los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010.

En cuanto a la determinación sobre base cierta, el sujeto activo consideró la información, datos y pruebas obtenidas sobre los hechos, que le permitieron evidenciar y demostrar fácticamente los resultados de la determinación; información obtenida del contribuyente y de terceras personas o agentes de información de conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492; en el presente caso extracto información del SIRAT II respecto al Libro de Compras y Ventas IVA de los proveedores y del sistema GAUSS de dosificación; información que conforme el artículo 77 parágrafo I de la Ley 2492 y el artículo 7 del DS 27310, tiene validez probatoria que surte efectos jurídicos, Lo mencionado precedentemente demuestra que la citada actuación administrativa preliminar cumple con los requisitos previstos por los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310. 

En relación a los requisitos establecidos por los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 171829001478 se advierte que fue emitida en la ciudad de La Paz, el 20 de agosto de 2018; contiene la firma, nombre y cargo de Celideth Ochoa Castro Gerente Grandes Contribuyentes La Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales, como antecedentes de hecho que dieron lugar a su emisión señala que Nelson Edwin Pinto Macedo fue notificado con la Orden de Verificación N° 0014OVI08456 el 29 de septiembre de 2016 a objeto de revisar el crédito fiscal contenido en las facturas presentadas en calidad de dependiente como pago a cuenta del RCIVA mediante el F110 correspondiente a los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010

Así también en el acto administrativo impugnado se advierte las razones lógico jurídicas que impulsaron al ente fiscal a establecer reparos, mediante el método de 

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determinación sobre base cierta, conforme señala en su primer considerando: “...como efecto del proceso de Verificación Interna realizada sobre base Cierta, sustentada en la documentación presentada por el dependiente ante la Administración Tributaria, Información obtenida de la base de datos del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria-SIRAT, en cumplimiento al parágrafo I del Art. 4Ley N° 2492 e, inciso c) del Art. 29° del DS 27310, se ha detectado el incumplimiento de sus obligaciones tributaria. Se obtuvo un reparo sobre BASE CIERTA por concepto de RC IVA por UFV 9.411.- (…) importe que incluye el Tributo Omitido actualizado, intereses y sanción preliminar, por contravención a los Artículos 19, 30 y 31 de la Ley 843, artículo 8 del Decreto Supremo 21531, normativa correspondiente al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado y el artículo 41 de la R.N.D. N° 10-0016-07, por lo que no corresponde el registro ni apropiación como pago a cuenta del RC-IVA por el dependiente, existiendo un pago de menos, debido a que incluyó dentro de su crédito fiscal notas fiscales, con las observaciones a, b,c, dye.” . 

***** 

Se advierté también, que en el cuadro “Análisis de Facturas Declaradas por el Dependiente” expone el detalle de las fácturas y las observaciones a cada una de ellas; a continuación se tiene una descripción de las observaciones expresando en forma clara y-precisa el fundamento de hecho y el derecho según, sustentando sus observaciones con los reportes extraídos del SIRAT II y del sistema GAUSS, reportes que de acuerdo al artículo 7 del DS 27310 tienen validez probatoria, de igual forma cita los artículos 19, 30 y 31 de la Ley 843, 8 del DS 21531 y 41 de la RND 10-0016-07; aspectos estos que demuestran el cumplimiento de los requisitos establecidos para el 

efecto. 

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El análisis realizado permite concluir que la Vista de Cargo 32-0334-2016 CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVINC/361/2016 y Resolución Determinativa N° 171729000079 (SIN/GGLPZ/DF/RD/00068/2017); fueron emitidas en el marco del debido proceso y en resguardo al derecho a la defensa cumpliendo con la debida fundamentación que iso 9001 sustenta la decisión adoptada por la Administración Tributaria, estableciendo un nexo arnox CERTIFICATION entre lo constatado y lo determinado; en cumplimiento con los requisitos previstos en PERATURE 

IQNet los artículos 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492; por consiguiente, al ser inexistentes los vicios invocados por el recurrente, corresponde rechazar la posibilidad de anular ,obrados por las causas expuestas. 

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IV.2. ASPECTOS DE FONDO IV.2.1. Prescripción invocada Nelson Edwin Pinto‘ Macedo, en su Recurso de Alzada solicita acogerse a la prescripción establecida en el artículo 59 de la Ley 2492, toda vez que el vencimiento es mensual y data de 2010. 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada no refiere argumento alguno en relación a la prescripción; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 59 del Código Tributario, establece: I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El rmino para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. 

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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

.La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo 

59 de la Ley.2492 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 
  2. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente_se ampliará en dos (2) años adicionales, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributários o realice ‘operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación.

– 

– 

te 

  1. 1

El árticulo 60 del citado Código Tributário, al referirse al cómputo de la prescripción dispone: 1. Excepto en el Numeral 3 de Parágrafo I del Articulo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Il. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. III. En el supuesto del parágrafo Il/ del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Calidad 

afao El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción 150 9001 de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al ama camiones ren sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de 

AFROA CERTIFICATION 

V

IM

IQNet 

Doreto 1980 

la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevament

PAMENT 

Jan Crios 

Rury W vigo 

STATE 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción

El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

De la revisión de antecedentes administrativos se establece que el ente fiscal a través de la Resolución Determinativa N° 171829001478. (SIN/GGLPZ/DF/SVI/ RD/01357/2018) de 20 de agosto de 2018, determinó sobre base cierta las obligaciones impositivas del dependiente Nelson Edwin Pinto Macedo que asciende a 3.809 UFV’S por RC-IVA omitido, más intereses y sanción por omisión de pago por adecuarse su conducta a lo establecido en el artículo 165. de la Ley 2492 , que asciende a 8.948 UFV’s, por concepto de tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, por a los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010. 

El recurrente en su Recurso de Alzada invocó prescripción del RCIVA de los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010, sustentado en al artículo 59 de la Ley 2492, ahora bien, encontrándose en presente caso en etapa de determinación de obligaciones tributarias e imposición de sanciones resulta necesario señalar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante, el ejercicio de esas facultades se encuentran condicionadas a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado. 

Corresponde también señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el 

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– 

AITY 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en éste caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese. derecho-o-facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

Sl. 

Es menester señalar que el artículo 59 parágrafo 1 de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestion 2018, para el ejercicio de las siguientes facultades: i) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e ii) imponer sanciones administrativas; de acuerdo a lo señalado nuestro Estado mediante esa reforma, amplió el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años, sin embargo, está ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018; en el presente caso, considerando que la facultad de determinación fue ejercida por la Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa N° 171829001478 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/ RD/01357/2018) de 20 de agosto de 2018, resultaría pertinente aplicar el plazo para la prescripción de diez (10) años. 

– 

– 

– 

T- 

– 

r4 

H.- 

Calidad 

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de 

afao la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para 150 9001, cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones AENOK CERCHICATION tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido CERTARE 

QNet en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y Il del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora 

KANAGEM 

SRJ 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas, es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único y definitivo, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley, en ese entendido, considerando que la Ley 291 establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario. 

En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está en función a su vigencia, lo que implica que los actos administrativos notificados posterior a la vigencia de la citada Ley estarán sujetos a dicha normativa, disposición legal que establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescribirán a los 8 años; en el presente caso, la Resolución Determinativa N° 171829001478 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01357/2018) de 20 de agosto de 2018, fue notificada personalmente a Nelson Edwin Pinto Macedo el 4 de septiembre de 2018, precisamente en vigencia de la Ley 812, como consecuencia, el término que corresponde aplicar es de 8 años de forma única y definitiva. 

En este punto, resulta pertinente reiterar que conforme el amplio examen normativo realizado precedentemente, ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedó en vigencia es la Ley 812, de cuya redacción se establece un 

– 

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UMID

AITY 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

término fijo de prescripción de 8 años; aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable la aplicación a los actos emitidos y notificados precisamente en vigencia de esta ley; precisión que-resulta necesaria realizar, en el entendido, de que esencialmente trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, toda vez como mencionamos anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y éste se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar obligaciones impositivas; de la misma manera se debe también señalar que al establecer de manera expresa la Ley 812, la abrogación y derogación de normas contrarias, es pertinente, constituir plena convicción en la Administración Tributaria y el sujeto pasivo, sobre la norma vigente y aplicable, que para el caso bajo análisis no es otra que la referida Ley 812, en cuya vigencia se emitió y notificó el acto administrativo definitivo ahora impugnado. 

—_ 

– 

—- 

En atención a lo señalado, con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de determinar, deudas tributaras, de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492, se inicia: “…desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo“, en ese entendido, para el présente caso, de acuerdo al marco legal señalado, respecto a la determinación de la deuda tributaria por RC-IVA dependientes, por los periodos fiscales febrero,’ abril, junio y octubre 2010, con vencimiento de presentación a su empleador hasta el dia 20 de cada mes, el. cómputo de la prescripción de los citados periodos se inició el 1 de enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2018; por consiguiente, la prescripción invocada por el ahora recurrente en relación a la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, no se encuentra materializada, debido a que la misma fue ejercitada dentro de plazo legal, toda vez que la Resolución Determinativa impugnada fue emitida y notificada en la gestión 2018, interrumpiendo de este modo la prescripción invocada por el recurrente; en consecuencia, las facultades del ente fiscal 

afaq para determinar adeudos tributarios de los periodos fiscales febrero, abril, junio y 150.00 octubre 2010, se encuentran incólumes. 

Calida

AFNOA CERTIFICATIO

TQNet 

T/Dylado 

SYSTE

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EMENT 

IV.2.2 Determinación del RC-IVA dependientes Nelson Edwin Pinto Macedo en su Recurso de Alzada, manifiesta que los reparos formulados por el ente fiscal en la Resolución Determinativa impugnada carecen de 

Boy 

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.I 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

sustento, toda vez que efectuó la comparación de la información de las declaraciones juradas y del módulo Da Vinci proveedores, las que a pesar que dicho módulo validó los reportes con las supuestas facturas dosificadas, sólo se limita a señalar las disposiciones legales que dieron origen a los cargos determinados. Cumplió con todo lo establecido en la normativa, presentando declaraciones juradas como personal dependiente; habiendo sido revisadas en primera instancia por el empleador; posteriormente consolidadas y declaradas bajo el NIT del empleador, mediante el módulo Da Vinci, que realiza el filtro de las facturas no dosificadas; por lo que no entiende por qué no fueron rechazadas dichas facturas en esa oportunidad. 

La Administración Tributaria señala que se estableció reparos sobre base cierta por concepto de RCIVA, por contravención a los artículos 19, 30, 31 de la Ley 843; 8 del DS 21531y 41 de la RND 10-001607, por lo que no corresponde el registro ni apropiación como pago a cuenta del RC-IVA por el dependiente, existiendo un pago de menos, debido a que incluyó dentro de su crédito notas fiscales con las observaciones señaladas en la página 3 de la Resolución Determinativa. 

En el acápite Análisis de Facturas Declaradas por el Dependiente” del acto administrativo impugnado se expone los resultados de la revisión efectuada a las facturas presentadas por el dependiente a través de su agente de retención, señalando que las notas fiscales no son válidas para el crédito fiscal por los siguientes conceptos: a) No dosificada por la Administración Tributaria, b) no emitida al dependiente, c) no 

a con documentación de respaldo que acredite la realización de la transacción, d) nota fiscal duplicada y, e) no presentada como descargo a la Orden de Verificación; al respecto corresponde el siguiente análisis

El articulo 69 del Código Tributario, establece que en aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en el debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias. 

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El artículo 70 numerales 1, 4 y 5 del Código Tributario, referente a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, refiere: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

  1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, (...). 

El artículo, 76 del citado cuerpo legal, establece.la carga de la prueba, disponiendo que: : En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria 

– 

-. 

— 

– 

– 

– 

– 

– 

El artículo 19, inciso d) de la Ley 843, dispone con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, crea un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores, constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago, los sueldos, salarios, jornales, sobre-sueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas la

afao asignaciones por alquiler, vivienda y otros viáticos, gastos de representación y en iso 9001 general toda retribución ordinaria o extraordinaria suplementaria o a destajo. 

Calidad 

AFNOR CEAUFKCATION 

IQNet 

VoB 

STMENT 

YE 

El artículo 26 de la referida Ley, establece: Los sujetos pasivos que perciben ingresos en relación de dependencia, en cada periodo fiscal, podrán deducir en concepto de minimo no imponible el monto equivalente a dos salarios mínimos nacionales. A su vez 

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el artículo 31 dispone contra el impuesto determinado por el RC-IVA, los contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta, la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y servicios, contratos de obra -o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación, la cual podrá incrementar el mínimo no imponible sujeto a deducción que se establece en el artículo 26, hasta un máximo de seis salarios mínimos nacionales

El DS 21531 en su artículo 8, determina: todos los empleadores del sector público o privado, que a partir del 1 de abril de 1995 y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus dependientes por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del artículo 19 de la Ley 843 y en concordancia con lo indicado en el artículo 1 del presente decreto supremo, deberán proceder según se indica a continuación: 

  1. a) Se deducirá del total de pagos o acreditaciones mensuales los importes 

correspondientes a los conceptos indicados en el artículo 5 del presente decreto supremo y, como mínimo no imponible, un monto equivalente a dos salarios 

mínimos nacionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 843; b) La diferencia entre los ingresos y las deducciones señaladas en el inciso anterior, 

constituye la base sobre la cual se aplicará la alicuota establecida en el artícul

en el artículo 30 de la Ley 843. Si las deducciones superaran a los ingresos, para 

  1. c) 

el cálculo del gravamen se considerará que la base es cero; Contra el impuesto asi determinado, se imputará como pagos a cuenta los siguientes conceptos: 1) La alícuota correspondiente al IVA contenido en las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes originales presentados por el dependiente en el mes, quien deberá entregar las mismas a su empleador en formulario oficial hasta el día veinte (20) de dicho mes, acompañada de un resumen que contenga los siguientes datos: fecha e importe de cada nota fiscal, excluido el impuesto a los consumos específicos, cuando corresponda, suma total y cálculo del importe resultante de aplicar la alícuota establecida para el IVA sobre dicha suma, Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán válidas siempre que su antigüedad no sea mayor a ciento veinte días calendario anteriores al día de su presentación al empleador, debiendo estar necesariamente emitidas a nombre del dependiente que las presenta con las excepciones que al efecto 

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reconozca con carácter general la Administración Tributaria mediante norma reglamentaria y firmadas por éste. 

En el presente caso de la revisión de antecedentes se advierte que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, efectuó la verificación del crédito fiscal contenido en las facturás presentadas como paĝo a cuenta del RC-IVA Dependientes; por Nelson Edwin Pinto Macedo, estableciendo reparos de la compulsa de la información presentada por el dependiente en el formulario 110 enviadas por el Agente de Retención a través de reportes del módulo Da Vinci, la información de facturas declaradas por los proveedores mediante el software del Libèo de Compras y Ventas IVA y el sistema Gauss. Producto de la revisión la Administración Tributaria, estableció un tributo omitido por el RC-IVA, emergente de la depuración de facturas de compras no válidas para crédito fiscal, conforme se detalla a continuación:

FECHA 

FACTURA 

02/12/09 08/01/10 15/01/10 22/01/10 

1854 4067 14035 1436 

848 

810 

1591 

11/03/10 12/03/10 17/03/10 21/03/10 22/03/10 25/03/10 11/04/1

11564 25958 9030 3654 9658 1505 10548 

16304 163558 4355 10576 

159 

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 

CRÉDITO FISCAL IMPORTE 

OBSEVADO 

OBSERV. 

Luis Fernando Téllezi 

1.515 

1971 a,b,c Fábrica de Papel San Antonio SA 

1.410 

183 a,c,d Pru-Robin SRL 

1.579 

205 

a, c, d Editora Hermenca Ltda, 

2.020 

263 Da,c,d Total febrero 

6.524 Maria Rosario Bustillos Hermoza ī 

105 a, c, d – 1 Madepa SA 

1.960 

255 a, c, d Socoser SRL 

1.2201 

a,c,d Corporación Industrial Sabaya SRL 

2.268 

295 a, b,c Editora Hermenca Ltda. 

2.020 

263 

Pru-Robin SRL 

1.584 

206 a,c,d Inversiones Sucre SA 

1.59

20

a,c Total abril 

11,459 

1.491 Ximena Tinini Fabian 

1.27

165 a, c Hugo Raul Santiestiban Laric

1.22

a,c Reymunda Rocha de Aquino 

1.260 

a, Nils Erick Calderon Tejerina 

980 

127 Juana Elizabeth Calle Condori 

860 

112 a, c. Nelson David Terceros 

915 

119 a,c Rolando Tmiri Mamani 

900 

117 a,c Rolando Camacho Lizárraga 

9101 

118 Nancy Cornejo Garzón 

60

a, cafa

a, Susana Medina Limachi 

1.680 

a,c ISO 9001 Sobieda Segundina Salinas Sinka 

1.390 

181 

Calidad 

a,c Cristobal Ramos Bravo 

129 TRené Calle Callejas 

1.270 

165 

a

c UR TRubén Rolando García Uriarte 

925 

120 Sara Juana Baldivieso Acha 

1.200 

156 a, c. TMouler SRL 

1.380 

1791 Total junio 

17.758 

2.308 

. 2.

– 465 

21/02/10 01/04/10 04/04/10 05/04/10 13/04/10 19/04/10 24/04/10 29/04/10 02/05/10 12/05/10 15/05/10 19/05/10 23/05/10 24/05/10 27/05/10 31/05/10 

a,

79 

21

  1. 8 15208 18750 14671 

10306 20316 11719. 14116 21164 10415 1364

990 

a,

L CERTIFICATION 

42 by do 

a

Herecká Yasz 

VO

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

a, ac a, b,

a, C ac a,c a,

122 

a

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS 27/07/10 6367 Elvis Ronald Garcia Canaza 

1.270 

165 

06/07/1

8378 Julio Andrés Quvedo Flores 

974 

12

14/07/10 

3938 Raul Tancara Aguilar 

1.260 

164 

17/07/10 991130 Sociedad Industrial 

260 

3

22/07/1

12862 Juan Lliulli Yujra 

895 

116 

24/07/1

15750 René Chipana Mamani 

940 

26/07/10 

6437 Jhony Riveros Rojas 

1.360 

177 

30/07/1

11183 Eddy Porfirio Valverde Calderón 

910 

118 13/08/10 11599 TecnoOcerámica Boliviana SRL 

1.630 

212 Total octubre 

9.499 

1.235 TOTAL GENERA

45.240 

5.882 ACLARACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

  1. Nota fiscal no dosificada por la Administración Tributaria b. Niota fiscal no emitida al dependiente c. Nota fiscal no cuenta con documentación de respaldo que acredite la realización de la transacción d. Nota fiscal duplicada e. Nota Fiscal no presentada como descargo a la Orden de Verificación: 

a

Del cuadro precedente se advierte que la Administración Tributaria efectuó la depuración del crédito fiscal de facturas presentadas por el sujeto pasivo Nelson Edwin Pinto Macedo como pago a cuenta del RC-IVA, por los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010, con las observaciones signadas con las literales a) Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria, b) Nota fiscal no emitida al dependiente, c) Nota fiscal que no cuenta con documentación de respaldo que acredite la realización de la transacción; d) Nota fiscal duplicada y e) Nota fiscal no presentada como descargo a la Orden de Verificación. Asimismo, se evidencia que todas las facturas presentan más de una observación, advirtiéndose que todas fueron depuradas por no dosificación (a) y falta de documentación de respaldo (c); sin embargo, el recurrente en su Recurso de Alzada sólo refiere a la falta de dosificación; en ese entendido, esta instancia se enmarcará en el análisis de dicha observación. 

  1. a) Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria Respecto a la dosificación el artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 dispone: 1. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea el original del documento 

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2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

3) Consignar la fecha de emisión (..:)..... . III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con 

los requisitos previstos por el parágrafo I del presente Articulo, no darán lugar – al cómputo del crédito fiscal. Similar efecto tendn aquellos documentos 

emitidos conforme lo previsto por el numeral II del presente Articulo. (Las negrillas son nuestras) 

De acuerdo a los reportes “Consultas de dosificación” extraídas del sistema Gauss las facturas Nos. 1854, 4067, 14035, 1436, 11564, 25958, 9030, 3654, 9658, 15035, 10548, 16304, 163558, 4355, 10576, 465, 8154, 15208, 18750, 14671, 10306, 20316, 11719, 14116, 21:164, 10415, 13645, 6367, 8378, 3938,991130, 12862, 15750, 6437, 11.183 y 11599, no se encuentran dosificadas por el ente fiscal o se encuentran fuera del rango autorizado, aspecto que contraviene lo establecido por el artículo 41, parágrafo I, : numerál 2) de la RND 10-0016;07. Observación que se halla sustentada por los reportes “Consultas de dosificación” extraídas del sistema Gauss, cursantes a fojas 41, 44, 47, 49, 52, 57, 59, 62, 64-65, 67, 70, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119-120, 122, 124, 126, 128 y 130 de antecedentes administrativos. Por consiguiente, las citadas facturas no son válidas para el cómputo de crédito fiscal conforme dispone el artículo 41 parágrafo III de la citada RND. 

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En relación a la observación del recurrente referida a que no entiende por qué las facturas observadas por falta de dosificación, no fueron observadas oportunamente, habiendo sido revisadas en primera instancia por el empleador, posteriormente consolidadas y declaradas bajo el NIT del empleador, mediante el módulo Da Vinci, que realiza el filtro de las facturas no dosificadas; al efecto, es necesario aclara 

afaq que la función del empleador como agente de retención se circunscribe a la verificación,so 900 formal de las facturas remitidas, es decir, verificar si las notas fiscales no contienen LEHOR CERTIWICATION tachaduras, enmiendas y/o errores, que no tengan una antigüedad mayor a 120 días, 

LQNet que se hayan incluido en su totalidad y que la suma de importes consignados en el F 110 sea la correcta; de existir esas diferencias, debe devolver al dependiente para sų_ corrección, esto en consideración a que el llenado correcto de los datos de las facturas 

Calidad 

AENOR CERTIFICATIO

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.. 

es de responsabilidad de cada dependiente. En ese sentido, la verificación de la dosificación no compete al empleador, por esta razón las notas fiscales declaradas por el citado dependiente no fueron observadas por el empleador. 

Es pertinente señalar que para que una factura sea válida para el cómputo del crédito fiscal, ésta debe cumplir los requisitos formales establecidos al efecto; ahora bien, si presentara dos o más observaciones, éstas deben ser obligatoriamente desvirtuadas en su integridad, , en esas circunstancias en consideración a que no se desvirtuó ninguna observación,‘ se confirma la depuración del crédito fiscal de las facturas presentadas por el dependiente por no cumplir con los requisitos de dosificación, establecido en el artículo 41, parágrafo I, numeral 2) de la RND 10-0016-07. 

El análisis realizado permite corroborar la improcedencia de la nulidades referidas a la competencia y al incumplimiento de requisitos establecidos por los artículos 96-1 y 99. 11 de la Ley 2492 y 18, 19 del DS 27310, toda vez que los actos administrativos emitidos por el sujeto activo contiene la relación de hechos, datos, valoraciones que sustentan la base imponible del tributo y se encuentran debidamente fundamentados; igualmente, no procede la prescripción invocada por el recurrente; finalmente la determinación de adeudos cumple los requisitos establecidos en la normativa; en ese contexto, se concluye que el ente fiscal no afectó el derecho a la defensa del contribuyente, así como el debido proceso, otorgando la oportunidad de asumir plena defensa durante el proceso determinativo. Por consiguiente, corresponde confirmar la obligación tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 171829001478 (SIN/GGLPZ/DFISVI/ RD/01357/2018) de 20 de agosto de 2018, por el RC-IVA, más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre de 2010. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones confèridas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

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RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171829001478 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01357/2018) de 20 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz -del-Servicio de Impuestos Nacionales, contra el contribuyente Nelson Edwin Pinto Macedo; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al RC-IVA de los periodos fiscales febrero, abril, junio y octubre 2010.. 

Li. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

Re

como Capo vono 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General, de Impugnación Tribútaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 dias computables a partir de su notificación 

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vol

-14 

: Regístrese, hágase saber ý cúmplase! 

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Mian. 

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Ac. Cecilia Velez Dorado 

Directora Elecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Aytorded Regional de Impugnació

tributart 

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