ARIT-LPZ-RA-1990-2018 La AIT anuló la Resolución Administrativa porque este no especificaba que la AT había depurado facturas de compras del Formulario 200 IVA del contribuyente vulnerando el derecho al debido proceso del acusado. La AT no especificó que además de verificar que el dato de ventas era erróneo en el Formulario 200 IVA, por el cual el acusado solicitó y presentó la Rectificatoria de Declaración Jurada, también había verificado el error en el monto de compras estableciendo otro monto válido (debido a la depuración de facturas); por lo que la AT no aceptaba el Proyecto de Rectificatoria del acusado argumentando que su monto de compras no coincidía con el monto establecido por el SIN.

ARIT-LPZ-RA-1990-2018

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1990/2018 

Recurrente: 

Ivan Guilt

.. 

Iván Guillermo Torrez Orosco, representado legalmente por Nancy Florentina Torrez Orozco 

1.v

  • Administración Recurrida: Gerencia Distrital. La Paz l del Servicio d

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarrà. 

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018). 

Expediente: 

ARITLPZ-1498/2018 

Lúgary Fecha: 

LA

La Paz, 21 de diciembre de 2018 

ne-ihUL 

VISTOS. El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1990/2018 de 19 de diciembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución- Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ 1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia Distrital 

afaq La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, rechazó la solicitud de rectificatoria del ISO 9001 contribuyente Iván Guillermo Torrez Orosco del Proyecto de Declaración Jurada de “ Rectificatoria F-521 con N° de orden 2069821537 de 22 de junio de 2017, que rectifica 

IQNet la Declaración Jurada F-200 IVA con N° de orden 2036367098, toda vez que las 

compras verificadas no coinciden con lo solicitado en el Proyecto de Rectificatoria. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Iván Guillermo Torrez Orosco representado legalmente por Nancy Florentina Torrez Orozco conforme acredita Testimonio de Poder N° 486/2017 de 26 de julio de 2017, mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2018, cursante a fojas 8-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

La Resolución Determinativa no realizó un adecuado análisis de la prueba presentada, no aplica el principio de verdad material previsto en la Constitución Política del Estado como en las Leyes 2341 y 2492, así como no considera los precedentes emitidos por la Autoridad de Impugnación Tributaria sobre este tema, cuyo fundamento es errado y contrario a la legislación tributaria vigente. 

Declaró indebidamente y de forma inversa las ventas y las compras en la declaración jurada original F-200 con número de orden 2036367098, la Resolución Administrativa expresó que producto de la verificación realizada no existen diferencias respecto a las ventas del periodo abril 2012; en cuanto a las compras, estas han sido reconocidas de manera parcial, aspectos que se observan en los cuadros resumen de la página 3 de la citada Resolución, en ese entendido, no existe tributo ni deuda a favor del fisco, el rechazo debió ser parcial. 

La Administración Tributaria no reconoció la validez de la compra de muebles de la empresa CORIMEXO, factura No 000246 de 23 de abril de 2012, por el importe total de Bs152.077,38 que fue depurada de manera parcial, sin fundamentos técnicos ni jurídicos, sin considerar que cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 843 para la validez del crédito fiscal, es decir, cuenta con la factura original, se encuentra vinculada con la actividad del contribuyente y la transacción fue realizada efectivamente, siendo que existen depósitos bancarios realizados a cuentas del proveedor. Por otra parte, existe la certificación de la empresa citada que confirma los pagos realizados por la transacción. 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0011-11 de 20 de mayo de 2011, acomo las normas reglamentarias vigentes no exigen como requisito que el depositante sea necesariamente el comprador, cualquier otra interpretación es un simple criterio 

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AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

personal del fiscalizador que no tiene respaldo en ninguna norma tributaria vigente. Aclara que demostró plenamente que la transacción se realizó, con la presentación de la factura, depósitos en las cuentas de la empresa CORIMEXO, certificación de la empresa vendedora, pruebas documentales extendidas por las entidades financieras y por el propio trabajo de verificación de la Administración Tributaria, que no desconoce la realización de la transacción, sino que observa a la persona que realizó el depósito en las cuentas del proveedor; al respecto, cita las -Resoluciones Jerárquicas STGRJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-R 0007/2011. 

Por lo señalado, la Resolución Administrativa no tiene sustento jurídico para depurar el crédito fiscal que legalmente le corresponde, mucho menos cuando se pagó el débito fiscal, lo que constituiria una doble percepción por parte de la Administración Tributaria; asimismo, el Ente Fiscal no debió negar la rectificatoria en su totalidad después de realizar una verificación formal en la củal se demostró y reconoció que las ventas son menores a las compras, por lo tanto queda demostrado que el acto administrativo impugnado no está debidamente fundamentado en su rechazo y contiene una contradicción y falta de congruencia entre lo que fundamenta y lo que resuelve, viciándo de nulidad el presente proceso. 

Conforme a los argumentos expuestos, solicita …anularlo revocar la Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018. 

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11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Iván Guillermo Torrez Orosco representado legalmente por Nancy Florentina Torrez Orozco, fue admitido mediante Auto de 26 de septiembre de 2018, notificado personalmente a la representante legal del recurrente afaq el 28 de septiembre de 2018 y por cédula a la Administración Tributaria el 5 de octubrecollidade de 2018; fojas 14-19 de obrados. 

LINEE II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución 

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VIII IT 

Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 22 de octubre de 2018, cursante a fojas 2228 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos

Los actos jurídicos celebrados por la Administración Tributaria fueron realizados bajo la egida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional; actuó dentro los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, poseyendo pleno conocimiento el contribuyente de cuáles eran y son sus derechos y sus obligaciones; aclara que el trámite de rectificación de declaraciones juradas, no es un proceso de determinación de deudas tributarias, sino más bien es un proceso de verificación para establecer la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada por el contribuyente, en el que se evalúa si la documentación contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo de respaldo condice con el proyecto de declaración jurada rectificatoria, debiendo las declaraciones juradas representar el fiel reflejo de la verdad, comprometiendo la responsabilidad de quien las suscribe conforme señala el artículo 78 de la Ley 2492. 

La Administración Tributaria cuando realiza la verificación de una rectificatoria solicitada por el sujeto pasivo, observa el cumplimiento de ciertos requisitos conforme la jurisprudencia asumida mediante Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012, en relación a los requisitos para el beneficio del crédito fiscal IVA; en ese sentido, el primer y tercer requisito están estrechamente ligados a los medios de pago, que demuestran la realización efectiva de la transacción, que debe encontrarse documentada y respaldada a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera. 

Aclara que en relación a las ventas no existen diferencias, sin embargo las compras no coindicen entre lo verificado en la documentación y lo que muestra el proyecto de rectificatoria F-521; por tanto, realizó una verificación pormenorizada de cada una de las facturas de compras, estableciendo cuales importes deben ser considerados para crédito fiscal y cuáles no; aspecto que se encuentra detallado, fundamentado y motivado en la Resolución Administrativa impugnada. 

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De la verificación de la documentación presentada por el contribuyente para la solicitud de la rectificatoria de la declaración jurada F-200 del IVA del periodo fiscal abril 2012; el Ente Fiscal fundamento de manera clara y precisa que las facturas no se consideran válidas para crédito fiscal debido a que no se encuentran vinculadas con la actividad de discotecas, correspondiendo a gastos personales del contribuyente, en el caso de otras facturas la dirección de la factura no coindice con la dirección del domicilio fiscal ,declarado en el Padrón de contribuyentes, asimismo el NIT de la factura no coindice 

con el NIT del sujeto pasivo. 

En relación a los medios de pago de la factura N° 246, manifiesta que no basta con la presentación de la factura original, argumentando que el pago fue realizado en efectivo, sin respaldar la compra debidamente, conforme establece el numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492} {* } ——– i

La Administración Tributaria tomó en cuenta la verdad material y la realidad económica, basándose en aspectos materiales, primordialmente en pruebas que permitan , establecer de forma irrefutable la decisión asumida; sin embargo, el contribuyente no presentó ningún tipo de documentación o respaldo que demuestre que dichas compras sean válidas para descargo del crédito fiscal. En ese sentido, emitió la Resolución Administrativa, conforme establece el artículo 78 de la Ley 2492, concordante con el párrafo primero del artículo 25.del. DS 27310; es decir..procedió a la verificación y .análisis de la documentación presentada por el sujeto pasivo, llegando a establecer que no corresponde aprobar la solicitud de rectificatoria, habiendo realizado una fundamentación técnica y legal en el acto administrativo impugnado. 

ISO 9001 

El acto administrativo cumplió con la normativa tributaria vigente por lo que no se adecua a ninguna causal de nulidad prevista en el artículo 35 de la Ley 2341, aplicable por mandato del numeral 1 del artículo 74 de la Ley 2492, es decir, fue dictada por afaq autoridad competente, no carece, de objeto, no fue emitida prescindiendo del calidad procedimiento legalmente establecido, cumple la normativa tributaria vigente y no es TIETOA contraria a la Constitución Política del Estado; así como contiene los fundamentos de IQNet hecho y derecho especificando la norma infringida que respalda la respectiva depuración de facturas. 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

En cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, solicita que la resolución a emitirse se pronuncie solamente sobre los argumentos, planteados en el Recurso de Alzada y no se pronuncie de oficio sobre otros puntos no impugnados por el contribuyente, es decir, respetar el principio de congruencia y no emitir resoluciones extra o ultra petita. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa No 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 23 de octubre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte (20) dias comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración recurrida el 24 de octubre de 2018; fojas 29-30 de obrados: 

Iván Guillermo Torrez Orosco representado legalmente por Nancy Florentina Torrez Orozco, presentó memorial el 30 de octubre de 2018, ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de misma fecha, se dio por ratificada la prueba documental, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 de la Ley 2492; actuación notificada a las partes en Secretaría el 31 de octubre de 2018; fojas 3134 de obrados. 

Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó prueba consistente en los antecedentes administrativos remitidos a momento de responder al Recurso de Alzada, al efecto, por Proveído de 9 de noviembre de 2018, se dispuso por ratificada la prueba documental; fojas 35-36 de obrados. 

11.5. Alegatos 

Mediante memorial presentado el 19 de noviembre de 2018, el recurrente formuló alegatos ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, consistentes en el reconocimiento de las ventas por parte de la Administración Tributaria aspecto por el cual evidenció la inexistencia de tributo o deuda a favor del fisco por el periodo fiscal abril 2012, correspondiendo realizar un rechazo de manera parcial del proyecto 

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de rectificación; de la misma manera cumplió con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente para la validez del crédito fiscal; al efecto, se emitió el Proveido de 20 de noviembre de 2018, que dio por formulados los alegatos, actuación notificada en secretaría a las partes el 21 de noviembre de 2018, fojas 38-44 de obrados. 

De la revisión de obrados, se advierte que la Administración Tributaria, no formuló alegatos de conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Iván Torrez Orozco por nota presentada el 20 de enero de 2017, solicitó a la Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales la aprobación del proyecto de rectificación del formulario 200 con número de orden 2036367098, correspondiente al periodo fiscal-abril 2012;-adjuntando;- para el efecto, notas fiscales de respaldo de las ventas y compras, fotocopias del Libro de Compras y Ventas IVA del periodo, observado y fotocopia de su cédula de identidad, fojas 1-2, 6 y 42-144 de antecedentes administrativos. 

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– 

El inforíne CITE: SINİGDLPZ-1/DF/PREC/INF/4967/2017 de 28 de junio de 2017, emitido por la Administración Tributaria señala que resultado de la revisión-de-la—documentación, presentada por el contribuyente Iván Guillermo Torrez Orozco, estableció que los ingresos facturados en el periodo fiscal abril 2012 ascienden.a Bs58.147.- y no el importe de Bs271.000.- declarado en el F-200 IVA original. Las compras válidas para crédito fiscal suman a Bs171.657,39 importe que no coincide con el monto de Bs269.098.- declarado en el proyecto de rectificatoria F-521, por el periodo fiscal observado. Concluye señalando, que la solicitud de rectificación efectuada por el contribuyente no procede, correspondiendo sea rechazada; fojas 148-151 de antecedentes administrativos.. 

afan La Resolución Administrativa N° 231720000696 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/ Corside RA/664/2017) de 28 de junio de 2017, resolvió rechazar la solicitud de rectificación ESTATE F-521 con número de orden 2069821537; presentado por el contribuyente Iván IQNet Guillermo Torrez Orozco; que pretende rectificar la declaración jurada F-200 IVA con IMENTS número de orden 2036367098, correspondiente al periodo fiscal abril 2012; acto 

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administrativo notificado en forma personal a la representante legal del contribuyente el 28 de julio de 2017; fojas 152155 de antecedentes administrativos

La Resolución de Recurso de Alzada ARITLPZ/RA 1241/2017 de 13 de noviembre de 2017, en su parte resolutiva señala: ANULAR la Resolución Administrativa No 231720000696 (SIN/GDLP-1/DF /PREC/RA/664/2017) de 28 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales contra el contribuyente Iván Guillermo Torrez Orozco; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado, en base a los términos planteados respecto a la solicitud de rectificatoria de la declaración jurada F200 IVA con N° de Orden 2036367098, correspondiente al periodo fiscal abril 2012; fojas 165-175 de antecedentes administrativos. 

La Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0227/2018 de 29 de enero de 2018, en su parte resolutiva señala lo siguiente: CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1241/2017 de 13 de noviembre de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por lván Guillermo Torrez Orozco, contra la Gerencia Distrital La Pazi del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa No 231720000696 (SIN/GDLPZ-I/DF/PREC/ RA/664/2017) de 28 de junio de 2017; inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado conforme lo previsto en el Artículo 28, inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA); todo en conformidad a lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo I, inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB); fojas 179-190 de antecedentes administrativos. 

La Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ 1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, rechazó la solicitud de rectificatoria del contribuyente Iván Guillermo Torrez Orosco del Proyecto de Declaración Jurada de Rectificatoria F521 con de orden 2069821537 de 22 de junio de 2017, mismo que rectifica la Declaración Jurada F200 IVA con N° de orden 2036367098, toda vez que los compras verificadas no coinciden con lo solicitado en el Proyecto de Rectificatoria, 

– 

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AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

acto administrativo notificado personalmente a la representante legal del contribuyente el 11 de septiembre de 2018; fojas 207-211 de antecedentes administrativos. 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Interpuesto-el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-Ill de la Ley 3092, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente à! análisis de los agravios manifestados por Iván Guillermo Torrez Orosco representado legalmente por Nancy Florentina Torrez Orozco; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

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De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso-de Alzadá solicitó ‘alternativamente la revocatoria o nulidad del acto administrativo impugnado; en ese_contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia de vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas

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IV.1. ASPECTOS DE FORMA IV.1.1. Vicios de Nulidad 

afaq Iván Guillermo Torrez Orosco representado legalmente por Nancy Florentina Torrez calidades Orozco señala en su Recurso de Alzada y alegatos que la Resolución Determinativa ATIRE no realizó un adecuado análisis de la prueba presentada, no aplica el principio de IQNet verdad material previsto en la Constitución Política del Estado y en las Leyes 2341 y WESENTS 2492; tampoco considera los precedentes emitidos por la Autoridad de Impugnación 

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Tributaria sobre este tema, cuyo fundamento es errado y contrario a la legislación 

tributaria vigente

El acto administrativo no tiene sustento jurídico para depurar el crédito fiscal que legalmente le corresponde, mucho menos cuando se pagó el débito fiscal lo que constituiría una doble percepción por parte de la Administración Tributaria; asimismo, el Ente Fiscal no debió negar la rectificatoria en su totalidad después de realizar una verificación formal en la cual se demostró y reconoció que las ventas son menores a las compras, por lo tanto queda demostrado que el acto administrativo impugnado no está debidamente fundamentado en su rechazo y contiene una contradicción y falta de congruencia entre lo que fundamenta y lo que resuelve, viciando de nulidad el presente 

proceso. 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada señaló que los actos jurídicos celebrados fueron realizados bajo la egida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional; actuó dentro los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, poseyendo pleno conocimiento el contribuyente de cuáles eran y son sus derechos y sus obligaciones; aclara que el trámite de rectificación de declaraciones juradas, no es un proceso de determinación de deudas tributarias, sino más bien es un proceso de verificación para establecer la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada por el contribuyente, en el que se evalúa si la documentación contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo de respaldo condice con el proyecto de declaración jurada rectificatoria, debiendo las declaraciones juradas representar el fiel reflejo de la verdad, comprometiendo la responsabilidad de quien las suscribe conforme señala el artículo 78 de la Ley 2492

Continua salando que el acto administrativo cumplió con la normativa tributaria vigente por lo que no se adecua a ninguna causal de nulidad previstas en el artículo 35 de la Ley 2341, aplicable por mandato del numeral 1 del artículo 74 del Código Tributario Boliviano, es decir, fue dictada por autoridad competente, no carece de objeto, no fue emitida prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, cumple la normativa tributaria vigente y no es contraria a la Constitución Política del Estado; así como los fundamentos de hecho y derecho especificando la norma infringida que 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

respalda la respectiva depuración de facturas, al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

La Constitución Política del Estado en su artículo 115 parágrafo Il establece que: El Estado garantiza el derecho al.debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

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El artículo 117 de la Constitución Política del Estado establece que: 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Il. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos seinmediata al cumplimiento de_su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto, en los casos establecidos por ley. 

– 

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– 

El artículo 68 del Código Tributario establece los derechos del sujeto pasivo y tercero responsable, entre otros: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y e

ejercicio de sus derechos 2. Aque la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en 

los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de 

los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código

Calidad 

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afael La Ley 2341 en su artículo 16 señala: En su relación con la Administración Pública, las 150 9001 personas tienen los siguientes derechos: a. A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente. 

IQNet h. A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes qu

formulen. 

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El artículo 27 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en relación al acto administrativo, dispone: Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legitimo. 

El artículo 28 de la Ley 2341, establece: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta la

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 1) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico

El artículo 36, parágrafo |de la Ley de Procedimiento Administrativo indica: no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados

El artículo 55 del DS 27113, dispone: Será procedente la revocación de un acto, anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados ‘o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El artículo 5 del DS 25183, dispone: Para efectos de la aceptación o rechazo de las solicitudes de rectificación de declaraciones juradas que disminuyen el saldo a favor del fisco o aumenten el saldo a favor del contribuyente, de qué trata el artículo 4 del presente Decreto Supremo, la dependencia correspondiente deberá verificar: a) Que las solicitudes presentadas vengan acompañadas de una explicación detallada de los hechos que dan origen a la rectificación, contengan la documentación contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo que de soporte a los cambios solicitados y traiga anexo un proyecto de declaración jurada rectificativa: b). Que los hechos que dan origen a la rectificación se encuentren debidamente explicados y sustentados por medio de soportes que tengan validez probatoria y que sean consistentes con la información del proyecto de declaración jurada rectificativa. c) Que el proyecto de declaración jurada rectificativa no contenga errores de tipo aritmético. 

De inicio’ corresponde señalar que el debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias: de cada juicio; así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica, previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos — procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la Ley.o los reglamentos. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones administrativas, es decir, que obliga a los organismos y dependencias de la administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, afaq gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones calidad en un proceso administrativo deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal SEO sino a los preceptos constitucionales, con ello, se pretende garantizar el correcto IQNet ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a los principios del Estado de derecho. 

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Se hace necesario también señalar que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio

Bajo los lineamientos citados y de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que mediante la Resolución Administrativa N° 231720000696 (SIN/GDLPZ I/DF/PREC/RA/664/2017) de 28 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, se resolvió rechazar la solicitud de rectificación F521 con número de orden 2069821537, presentado por el contribuyente Iván Guillermo Torrez Orozco; fojas 18-19 de antecedentes administrativos. 

Iván Guillermo Torrez Orosco representado legalmente por Nancy Florentina Torrez Orozco, el 18 de agosto de 2017, impugnó ante la instancia de Alzada la citada Resolución Sancionatoria, trámite que concluyó con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 1241/2017 de 13 de noviembre de 2017, que en su parte resolutiva señala: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231720000696 (SIN/GDLP-1/DF /PREC/RA/664/2017) de 28 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz / del Servicio de Impuestos Nacionales contra el contribuyente Iván 

Guillermo Torrez Orozco; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir 

un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado, en base a los términos 

planteados respecto a la solicitud de rectificatoria de la declaración jurada F-200 IVA con N° de Orden 2036367098, correspondiente al periodo fiscal abril 2012; fojas 165 175 de antecedentes administrativos, 

Posteriormente, Iván Arancibia Zegarra en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales impugnó la Resolución de Recurso de Alzada ARITLPZ/RA 1241/2017 de 13 de noviembre de 2017, al efecto se emitió la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0227/2018 de 29 de enero de 2018, que en su parte resolutiva señaló: CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZRA 1241/2017 de 13 de noviembre de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por lván Guillermo Torrez Orozco, contra la Gerencia Distrital La Pazı del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa No –231720000696 (SIN/GDLPZ-1/DF/PRECI RÀ/664/2017) de 28 de junio de 2017; inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado conforme lo previsto en el Artículo 28, inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA); todo en conformidad a lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo I, inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB); fojas-179-190 de antecedentes administrativos: . .. 

En cumplimiento de la citada ‘Resolución Jerárquica la Gerencia Distrital La Paz I del . Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, que rechazó la solicitud de rectificatoria del contribuyente Iván Guillermo Torrez Orosco del Proyecto de Declaración Jurada de Rectificatoria, F-521 con N° de orden 2069821537 – -, de fecha 22 de junio de 2017, acto que rectifica la Declaración Jurada F-200 IVA con 

No.de orden 2036367098, toda vez que las compras verificadas no coinciden con lo ..: : solicitado en el Proyecto de Rectificatoria; fojas 207-210 de antecedentes 

administrativos. 

“4- 

– 

Conforme a lo relacionado se hace necesario verificar el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0227/2018 de 29 de enero de 2018, de parte de la Administración Tributaria, en ese sentido, se tiene lo siguiente: 

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Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0227/2018 (fojas 179-190 de antecedentes administrativos) xvii. De lo expuesto resulta evidente que la Administración Tributaria pese a que verificó que el importe de las ventas de Bs58. 147.-, que solicitó el Contribuyente, si correspondían ser rectificadas, de manera incongruente resolvió rechazar todo el proyecto de rectificatoria debido a que el importe de las compras válidas para rectificar no coincidían con el importe expuesto en el citado proyecto de rectificatoria, esto debido a la depuración de facturas realizadas en la verificación; advirtiéndose una falta de fundamentación de la Resolución Administrativa para disponer el rechazo total de la solicitud, además de no observar el derecho del 

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Contribuyente a que pueda aceptar la verificación realizada y los importes establecidos para realizar su rectificación xviii. Asimismo, se debe considerar que conforme el Artículo 28, Parágrafo II del Decreto Supremo N° 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), la aprobación de las solicitudes de rectificación por la Administración Tributaria serán el resultado de la verificación formal y/o la verificación mediante procesos de determinación; en tal sentido, siendo que la Administración Tributaria como producto de la verificación realizada, estableció importes válidos tanto en ventas como en compras (parcial a lo solicitado), debió emitir una resolución coherente y concordante con los hechos verificados y no limitarse a establecer que al no ser coincidentes los imporfes en compras solicitadas y compras válidas, la solicitud no es procedente, aspecto que incide en el Debido Proceso, por cuanto el Sujeto Pasivo no recibió una respuesta a su solicitud acorde a los hechos verificados. xix. En tal sentido, resulta evidente que la Administración Tributaria en la Resolución Administrativa de manera incongruente decidió el rechazo total del Proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria, sin considerar que había verificado importes en ventas y compras válidos a ser rectificados, además no explico cual debió ser la prosecución del trámite ante dicha decisión, vulnerando así el derecho al Debido Proceso, reconocido en los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 68, Numeral 6 del Código Tributario Boliviano (CTB) y dejaron en indefensión al Sujeto Pasivo, motivo por el cual, la Resolución Administrativa se encuentra viciada de nulidad al carecer de una debida fundamentación conforme el Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA)

Lo descrito precedentemente fue el fundamento para anular el acto impugnado hasta el vicio más antiguo, con el fin de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo (Resolución Administrativa) debidamente fundamentado conforme lo previsto en el Artículo 28, inciso e) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; en ese sentido, de la lectura de la Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ VDF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, emitida como consecuencia del fallo de instancia jerárquica, cursante a fojas 207-210 de antecedentes administrativos, se advierte lo siguiente: 

on Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ-VDF/PREC/RA/1201/2018) (…) de acuerdo al infome CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/INF/8753/2018 de fecha 22/08/2018, emitida por el Departamento de Fiscalización, se verificó que los ingresos facturados en el periodo Abril de 2012 ascienden a Bs. 58.147 (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Siete 00/100 Bolivianos), y no asi el importe de Bs. 271.000.- declarado en el F-200 IVA con N° de Orden 2036367098, y las compras válidas para Crédito Fiscal en el periodo son por Bs171.657,39 (Ciento Setenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Siete 39/100 Bolivianos), y no así el importe de Bs. 58.147.- declarado en el F-200 IVA con N° de Orden 20363670989, existiendo diferencias respecto a las compras (…) 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Que, por lo expuesto anteriormente se determinó que no existen diferencias respecto a las Ventas, sin embargo las Compras no coinciden entre lo verificado en la documentación y lo que demuestra el Proyecto de Rectificatoria F-521 con N° de Orden 2069821537 (…) (...) PRIMERO.- RECHAZAR; Ta solicitud de rectificatoria del contribuyente TORREZ OROSCO IVAN GUILLERMO con NIT 2213409014, rechazando el Proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria F-521 con No Orden 2069821537 de fecha 22/06/2017, mismo que rectifica la Declaración Jurada F-200 IVA con N° de Orden 2036367098, toda vez que las compras verificadas no coinciden con lo solicitado en el Proyecto de Rectificatoria y sea en mérito al Informe de actuación con CITE: SIN/GDLPZ J/DFIPREC/INF/8753/2018 de fecha 22/08/2018. . Que, el rechazo de la solicitud de Rectificatoria, no inhibe al contribuyente de presentar una nueva solicitud, de conformidad a la normativa vigente. Por tanto el contribuyente puede presentar un nuevo proyecto de rectificatoria en el marco de los resultados de la verificación. 

.. 

El cuadro precedente acredita que no se dio estricto cumplimiento a la Resolución de. Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0227/2018 de 29 de enero de 2018, toda vez que la : Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, se limitó a incluir en la parte resolutiva primera el siguiente: párrafo “Que, el rechazo de la solicitud de Rectificatoria, no inhibe al contribuyente de presentar una nueva solicitud, de conformidad a la normativa vigente. Por tanto el contribuyente puede presentar un nuevo proyecto de rectificatoria en el marco de los resultados de la verificación.” 

En ese sentido, es evidente que la Administración Tributaria no consideró lo siguiente de la citada Resolución Jerárquica: “(...) resulta evidente que la Administración Tributaria pese a que verificó que el importe de las ventas de Bs58.147.-, que solicitó el Contribuyente, si correspondían ser rectificadas, de manera incongruente resolvió rechazar todo el proyecto de rectificatoria debido a que el importe de las compras válidas para rectificar no coincidían con el importe expuesto en el citado proyecto de rectificatoria, esto debido a la depuración de facturas realizadas en la verificación; advirtiéndose una falta de fundamentación de la Resolución Administrativa para disponer el rechazo total de la ISO 9001 solicitud, además de no observar el derecho del Contribuyente a que pueda aceptar la verificación realizada y los importes establecidos para realizar su rectificación (…), siendo 

IQNet que la Administración Tributaria como producto de la verificación realizada, estableció 

importes válidos tanto en ventas como en compras (parcial a lo solicitado), debió emitir una resolución coherente y concordante con los hechos verificados y no limitarse a establecer 

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que al no ser coincidentes los importes en compras solicitadas y compras válidas, la solicitud no es procedente, aspecto que incide en el Debido Proceso, por cuanto el Sujeto 

Pasivo no recibió una respuesta a su solicitud acorde a los hechos verificados (…), además 

no explicó cual debió ser la prosecución del trámite ante dicha decisión, vulnerando así el derecho al Debido Proceso, reconocido en los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 68, Numeral 6 del Código Tributario Boliviano (CTB) y dejaron en indefensión al Sujeto Pasivo (...). 

Lo expuesto, evidencia y corrobora que la Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, no explica las razones por las cuales la Administración Tributaria, rechazó la totalidad de la solicitud 

de rectificatoria, pese a evidenciar la correspondencia de las ventas y de manera parcial las compras declaradas en el Proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria F 521 con N° de Orden 2069821537, conforme lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0227/2018 de 29 de enero de 2018, lo que implica la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica del ahora recurrente. 

A lo anterior se suma que de la lectura de la Resolución Administrativa No 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, en su parte resolutiva primera el Ente Fiscal solamente incorporó un segundo párrafo señalando que el contribuyente puede presentar una nueva solicitud, de conformidad a la normativa vigente en el marco de los resultados de la verificación; según consta a fojas 210 de antecedentes administrativos; sin embargo, la Administración Tributaria con la incorporación del citado párrafo, no consideró que el contribuyente no puede estar de acuerdo con el importe determinado según verificación” como ocurrió en el presente caso, que en el Recurso de Alzada observa la depuración de la factura No 246 de Corimexo, asimismo, no tomó en cuenta los alcances de un trámite de rectificación de declaraciones juradas en el marco del artículo 78 de la Ley 2492, que en el parágrafo 1 establece que1. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria …, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código” y del artículo 5 del DS 25183 de 28 de septiembre de 1998, que establece los requisitos para la presentación de la solicitud de rectificatoria; por lo señalado el ente fiscal emitió un acto administrativo vulnerando el 

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debido proceso y el derecho a la defensa, al emitir un acto administrativo sin la debida motivación y fundamentación. 

Al respecto, cabe precisar que la fundamentación de las resoluciones, se encuentra respaldada como parte del debido proceso, en ese entendido la Sentencia Constitucional Plurinacional .1469/2013 de 22 de agosto que en su parte pertinente, señala: (…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantia jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa : situación ! 6.“; en el contexto jurisprudencial mencionado se tiene que : la fundamentación de las resoluciones administrativas no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo; en cuanto a la motivación esta puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos — demandados, debiendo expresar la Autoridad Administrativa sus convicciones determinativas que justifiquenrazonable su decisión, cumpliéndose las normas del debido proceso

En igual sentido, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto de 2010, señaló: (…) es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe afaq contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma juridica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de IQNet prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar e

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nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia juridica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado ()

En el caso bajo análisis, el acto administrativo definitivo carece de un pronunciamiento en el que se exponga los hechos y antecedentes que justifiquen técnicamente la improcedencia de una resolución de manera parcial (aceptación parcial o rechazo parcial); es decir, que limitó al contribuyente a la presentación de una nueva solicitud de rectificatoria señalando que puede aceptar la verificación realizada en el presente proceso, sin considerar que el acto administrativo en su estructura tanto en el fondo como en la forma, debió dejar pleno convencimiento de que se actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, es decir, debió emitir una posición fundamentada en el ahora acto impugnado. 

Lo señalado precedentemente denota una falta de fundamentación en la Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, no obstante el derecho que tiene el particular de que la resolución definitiva dictada en la causa, exponga los hechos mencionados y proporcione conclusiones razonadas sobre los mismos, las pruebas producidas y el derecho aplicable que sirve de fundamento a la decisión asumida por la Administración Tributaria; aspecto que obviamente afecta la falta de fundamentación del acto mismo; toda vez que se advierte que el sujeto activo no estableció de manera congruente el rechazo del proyecto de rectificatoria, siendo que no estableció un procedimiento lógico para la prosecución y finalización del proceso

Finalmente, se hace necesario establecer que las Resoluciones emitidas por la Instancia de Alzada y por la Jerárquica, producen efectos para los intervinientes dentro del proceso (Sujeto Pasivo y Administración Tributaria) a partir de su notificación y adquieren la calidad de firmes cuando un proceso administrativo concluye con una decisión cuyas consecuencias jurídicas se traducen en la posibilidad de exigir el cumplimiento de lo resuelto, es firme, cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla; éste efecto, se traduce en el respeto y 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

subordinación a lo decidido, por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso. 

En el presente caso, la decisión establecida por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0227/2018 de 29 de enero de 2018, af adquirir firmeza, debió ser cumplida de manera obligatoria para la Administración. Tributaria; sin embargo, las circunstancias descritas en el análisis realizado permiten establecer que se incumplió dicha disposición en la emisión de la Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, aspectos por los cuales se omitió nuevamente la fundamentación y motivación que debe contener un acto administrativo definitivo, aspecto que vulnera el derecho a la defensa; seguridad jurídica y debido proceso, vicios de nulidad que impiden que esta Instancia de Alzada ingrese al análisis de los aspectos de fondo planteados en el Recurso de Alzada. 

Con relación al cumplimiento de los actos firmes el Tribunal Constitucional a través de : la SC 0324/2005-R de 7 de abril de 2005, estableció lo siguiente: “Consecuentemente, se constata que la autoridad recurrida, al emitir la decisión hoy objetada por la parte demandante, obró en contra de la cosa juzgada, modificando lo dispuesto en : decisiones firmes y plenamente ejecutoriadas, con lo que ha conculcado el derecho a la seguridad jurídica que importa la certeza plena, firme convicción, confianza, de modo que ‘el ciudadanòy. la ciudadana, alrealizar un acto conforme à derecho tenga. : seguridad de que el mismo será respetado y en caso de ser entorpecido mediante actos arbitrarios, queda abierta la jurisdicción constitucional a efecto de que se restablezca el derecho y por tanto el ordenamiento jurídico; seguridad jurídica que se encuentra estrechamente vinculada a la garantía al debido proceso que: ‘exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus – derechos se acomoden-a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, implica.el afaq derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo’ (SC 682/2003-R, de 20 de calidad mayo)” 

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Conforme el análisis realizado se concluye que la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018, sin fundamentar su posición en cuanto a la validez parcial 

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de la solicitud de rectificatoria, aspectos que fueron observados en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0227/2018 de 29 de enero de 2018, al observar el cumplimiento del debido proceso y los requisitos de los actos administrativos definitivos, lo que implica que el acto impugnado no cumple con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin causando indefensión al recurrente, vulnerando los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa, garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado, 16 incisos a) y h); 28 incisos b) y e) de la Ley 2341; consecuentemente, en sujeción de los artículos 36-1 y ll de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente en virtud de lo establecido por el artículo 201 de la Ley 3092, corresponde anular la Resolución Administrativa No 231820001310 (SIN/GDLPZ-1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018; consecuentemente, la Administración Tributaria, debe emitir un nuevo acto administrativo dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0227/2018 de 29 de enero de 2018. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231820001310 (SIN/GDLPZ 1/DF/PREC/RA/1201/2018) de 22 de agosto de 2018; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo de conformidad con los artículos 68 numerales 6, 7 de la Ley 2492 y 28 de la Ley 2341, en estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0227/2018 de 29 de enero de 2018. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

is Ana Halleros 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el. art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computable a partir de su notificación. 

Registrese, hágase saber y cúmplase. 

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  1. ut. Cecilia Velez Dorado 

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