ARIT-LPZ-RA-1954 La AIT confirma la Resolución Determinativa por Omisión de pago de impuestos del IVA e IT y multa por incumplimiento de Deberes Formales. El acusado impugnó la materialización de la prescripción para las facultades del SIN de establecer deudas tributarias y multas, sin embargo, el SIN se encontraba dentro el plazo legal por lo que no fueron vulnerados los derechos del acusado.

ARIT-LPZ-RA-1954-2018

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1954/2018 

Recurrente: 

Marcelo Martin Miranda Gardeazabal 

Administración Recurrida: – Gerencia Distrital La’Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171820001328 (SIN/GDLPZ-1/DF/SV/RD/01117/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-1473/2018 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 10 de diciembre de 2018 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Aạmisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas-porļa Administración Tributaria, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1954/2018 de 7 de diciembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 1718250001657 (SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/ RD/01117/2018) de 23 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Marcelo Martin Miranda Gardeazabal de 198.413 UFV’s al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 1809001 Transacciones (IT) omitidos, intereses y sanción por omisión de pago, de los periodos los costos damom fiscales julio y agosto 2012, así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento de CERITARE deberes formales establecida en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 166939. 

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  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1 Argumentos del Recurrente Marcelo Martín Miranda Gardeazabal por memorial presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante a fojas 12-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

El Servicio de Impuestos Nacionales aplicó de manera arbitraria e ilegal la Ley 812 de 30 de junio de 2016 a hechos generadores de la gestión julio y agosto de 2012, lo que implica que perdió la acción para demandar el pago de obligaciones por el transcurso del tiempo, toda vez que el artículo 59 parágrafo 1 de la Ley 2492, establece que sólo cuenta con 4 años para tal efecto para determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; en ese entendido, operó la prescripción respecto del tributo omitido y la sanción correspondiente a los citados periodos fiscales al haber sido notificado el acto impugnado el 6 de septiembre de 2018, es decir, luego de 6 años, aspecto por el que tampoco opera la interrupción del cómputo de prescripción

Conforme disponen el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492, la ley solo dispone para lo venidero y no tiene carácter retroactivo, más aun en el ámbito tributario en el que las normas no tiene carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios o beneficien al sujeto pasivo; en consecuencia, la acción de la Administración Tributaria prescribió el 1 de febrero de 2017; cita al efecto las Sentencias Constitucionales Plurinacional 1169/2016-S3 y 0770/2012, contexto que señala que se debe aplicar el artículo 59 de la Ley 2492, sin las modificaciones establecidas en las Leyes 291, 317 y 812 de 22 de septiembre y 11 de diciembre de 2012 y 30 de junio de 2016, respectivamente. 

El incumplimiento de los plazos procesales es responsabilidad de la Administración Tributaria y sus funcionarios dependientes, aspecto que vulnera el debido proceso y justicia pronta y oportuna; asimismo, la celeridad es un principio fundamental, por lo que pretender cobrar una supuesta sanción prescrita conculca la Constitución Política del Estado y Convenios y Tratados Internacionales en Derechos Humanos; cita al efecto la Sentencia Constitucional Nos. 101/2004, 1494/2003-R, 1662/2003R 69/2004, referidas a ser juzgado dentro de un plazo razonable; además, según el 

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artículo 116 del parágrafo ll de la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional página 19, la aplicación del principio “Tempus regis actum” que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma hubiese sido derogada, aspecto aplicable al derecho administrativo. De acuerdo a lo establecido a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S-3 de 26 de octubre de 2016, se debe aplicar la norma sustantiva referida a la prescripción vigente en el momento en que acaeció el hecho. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa No 171820001328 (SINGDLPZ-1/DF/SVI/RD/01117/2018) de 23 de julio de 2018. 

– 

II.2 Auto,de Admisión El Recurso de Aizada interpuesto por Marcelo Martin Miranda Gardeazabal fue admitido mediante Auto de 19 de septiembre de 2018, notificado de forma personà al recurrente y mediante cédula al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos: Nacionales, los días 24 y 27 de abril de 2018, respectivamente; fojas 16-21 de obrados. 

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del servicio de Impuestos Nacionales legalmente répresentada por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución –Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, ‘mediante memorial presentado el 11 de octubre de 2018, cursante a fojas 24-28 de 

obrados, respondió negativamente, expresando lo siguiente: 

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El Servicio de Impuestos Nacionales actuó dentro los parámetros del derecho a la defensa, seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas tributarias; el contribuyente tuvo conocimiento de cuáles eran y son sus derechos y obligaciones, en afaq el marco de la garantia del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que calidad significan el procedimiento de determinación, cuidando que le contribuyente asuma RITTER defensa adecuadamente ante cualquier tipo de ‘acto que a su consideración podría IQNet haber afectado sus derechos. Asimismo, la Resolución Determinativa impugnada, EMENTS cumple lo establecido en el artículo 99 de la Ley 2492, toda vez que la misma es clara 

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y precisa y contempla los requisitos esenciales y formales que toda resolución debe contener

El artículo 59 de la Ley 2492 sufrió modificaciones por Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, 317 y 812, estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012,5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2017, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años en la gestión 2010, por lo que se debería aplicar éste último; empero, debido a la emisión de la Ley 812 que modifica los párrafos I yll del artículo 59 del Código Tributario; se debe aplicar un plazo de 8 años dentro de los cuales el sujeto activo debe ejercer sus facultades. 

La aplicabilidad de la Ley 812, está en función a su vigencia lo que implica que los actos administrativos notificados estarán sujetos a la misma; disposición legal que establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescriben a los 8 años, lo que implica que al ser notificado el acto impugnado el 6 de septiembre de 2018, en vigencia de la citada Ley no operó la prescripción de la facultad que tiene la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, toda vez que en el presente caso el citado plazo inició el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el cual se notificó al contribuyente la Orden de Verificación y la Resolución Determinativa, debiendo señalar que la primera es considerada como como una causal de suspensión del cómputo del término de la prescripción en aplicación de los artículos 8 parágrafo III y 61 parágrafo I de la Ley 2492

La aplicación de las Leyes 291, 317 y 812, no pueden afectar a los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, lo que implicaría una aplicación retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados derechos expectativos que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento sea porque les falta algún requisito de forma o fondo o porque aún no se cumplió un plazo o una condición establecida por ley para consolidar el derecho en este caso no se considera que se trate de una aplicación retroactiva de la Ley. 

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La prescripción tributaria puede ser en determinado momento un derecho adquirido o una situación expectativa, el primer caso si se cumplió el término de la prescripción y ya opero ésta bajo la legislación anterior que no puede ser afectada por las nuevas leyes; ocurre lo contrario sira-la fecha de entrada en vigencia de las nuevas normas jurídicas la prescripción aun no operó, constituye tan solo una situación expectativa que aún no se consolidó por lo que no se adquirió derecho alguno. 

La retroactividad de la norma constituye un debate que implica el control de constitucionalidad de las normas vigentes, en el presente caso del artículo 59 de la Ley 2492, labor que no es de competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, más aun cuando según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 027, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los órganos del estado en todos su-niveles, situación ratificada en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1413/2013. 

La Seņteņicias citadas por el recurrente no son fuente de Derecho Tributario, conforme i dispone el artículo 5 de la Ley 2492, por lo que no son aplicables al presente caso, más aun cuando no guardan relación con el presente caso. Finalmente, se solicita el cumplimiento de lo establecido en los artículos 198 inciso e) jý-211-del-Código — Tributario, referidos al principio de congruencia en cuanto a los argumentos planteados en el Recurso de Alzada; cita al efecto la Resolución de Recurso Verárquico GIT-RJ-0790/2017 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171820001328 (SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/01117/2018) de 23 de julio de 2018. 

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AVOB 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 12 de octubre de 2018, se dispuso la apertura del término de prueba afaq de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del calidad artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría tanto a la TIPA empresa recurrente como a la administración tributaria recurrida, el 17 de octubre de IQNet 2018; término dentro el cual Marcelo Martin Miranda Gardeazabal, por memorial de 5 SEMANA SANTA de octubre de 2018, ofreció, presentó y ratificó en calidad de prueba todos los 

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documentos y argumentos vertidos a tiempo de interponer Recurso de Alzada, así como el expediente de fiscalización que dio lugar a la emisión de la Resolución Determinativa impugnada. Por Proveído de 29 de octubre de 2018 se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada, en tanto cumpla lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría a las partes en 31 de octubre de 2018, fojas 3133 de obrados 

La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 2018, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida la documentación presentada a momento de responder el Recurso de Alzada consistente en los antecedentes administrativos; al respecto, por Proveído de 6 de noviembre de 2018, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada a las partes en secretaría el 7 de noviembre de 2018; fojas 34-36 de obrados. 

11.5 Alegatos Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2018, Marcelo Martin Miranda Gardezabal, formularon alegatos en conclusiones ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada señalando que en aplicación a la Ley 2492 (sin modificaciones) las facultades de determinación e imposición de sanciones, los periodos observados de julio y agosto de 2012 habrían prescrito; refiere sobre la irretroactividad de las Leyes 291 y 812, que se vulneró el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y que la retroactividad de la Ley solo está permitida cuando beneficia al imputado; al efecto, por Proveido de 27 de noviembre de 2018, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes en secretaria el 27 de noviembre de 2018; fojas 37-39.de obrados

De la revisión de obrados, se advierte que la Administración Tributaria no formuló alegatos de conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de noviembre de 2017, notifico mediante cédula a Marcelo Martin Miranda Gardeazabal con el formulario 7504 correspondiente a la Orden de Fiscalización No 17200300450, 

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AUTORIDAD. DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

a objeto de verificar todos los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IV) e Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los periodos fiscales julio y agosto 2012; solicitando al efecto, la presentación de la documentación detalla-en-el-Anexo de la citada Orden, fojas 3-4 de antecedentes administrativos: 

La Administración Tributaria emitió el Acta de Acciones y Omisiones de 16 de enero de 2018, que señala que Marcelo Martin-Miranda Gardeazabal uņa vez nòtificado con la Orden de Verificación de referencia, el citado contribuyente, no presentó la documentación requerida con la misma; fojas 11 de antecedentes administrativos. 

El Ente Fiscal emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento..de Determinación-N_00166939 -por-no-entregar, la documentación solicitada durante el proceso de verificación, infringiendo el artículo 70, numerales 4, : 6, 8 y 11 de la Ley 2492. Actà que aplica la multa de 1:500 UFV’s establecida en’sub numerál 4. del Anexo 1 de la RND 10-0033-16; fojas 48 de antecedentes: administrativos. 

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La Administración Tributaria el 16 de enero de 2018, emitió la vista de Cargo-N —291820000031 (SIN/GDEPZ-W/DFISVISC/00031/2018), estableciendo una suma de 195.450 UFV’s, por concepto de tributo omitido, intereses y sanción preliminar de omisión de pago, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales periodos fiscales julio y agosto 2012, así como la multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 166939; actuación notificada de forma a la contribuyente el 11 de mayo de 2018, fojas 59-74 de antecedentes administrativos. 

afao Por memorial de 8 de junio de 2018, Marcelo Martin Miranda Gardeazabal presentó argumentos de descargo á la Vista de Cargo, manifestando que la facultad de la administración tributaria para determinar deudas tributarias por de los periodos sujetos de verificación, se encuentra prescrita, en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 sin sama modificaciones; fojas 76-77 de antecedentes administrativos. 

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Evaluados los argumentos de descargo, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 23 de julio de 2018, emitió la Resolución Determinativa No 171820001328 (SIN/GDLPZ1/DF/SVI/RD/01117/2018), contra la contribuyente Marcelo Martin Miranda Gardeazabal, estableciendo de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas de 198.413 UFV’s por el IVA e IT, intereses y sanción por omisión de pago, de los períodos fiscales periodos fiscales julio ‘y agosto 2012, emergente de ventas no declaradas, así como la multa de 1.500UFVs por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 166939 establecido en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 166939; acto administrativo notificado personalmente el 6 de septiembre de 2018, fojas 101-107 y 110 de antecedentes administrativos. 

  1. I FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Marcelo Martin Miranda Gardeazabal, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

IV.1 Prescripción El recurrente en su Recurso de Alzada señala que las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, prescribieron el 1 de febrero de 2017, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492, sin las modificaciones realizadas por las Leyes 291, 317 y 812, que debe ser 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

considerada en aplicación de lo dispuesto en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 del Código Tributario así como señalan las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1169/2016-S3 y 0770/2012; asimismo, el incumplimiento de los plazos procesales y la inexistencia de celeridad en los procesos vulnera la Constitución Política del Estado y Convenios y Tratados Internacionales en Derechos Humanos. 

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La administración tributaria en su memorial de respuesta de Alzada menciona que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado en primera instancia por las Leyes 291 y 317, posteriormente por la Ley 812, siendo esta última la Ley vigente aplicable al presente caso, que establece el periodo de prescripción de 8 años; evidenciándose que la administración tributaria estableció la deuda tributaria de la gestión 2011, dentro del plazo, establecido por dicha Ley, por-lo-que-sus-facultades no se encuentran prescritas en ese sentido, no considera que se trate de una aplicación retroactiva de la Ley, como señala la recurrente. Asimismo, indica que no corresponde considerar la Sentencia Constitucionales citadas por el ahora recurrente debido a que no son fuente, de derecho tributario según conforme dispone el artículo 5 de la Ley 2492, más aun cuarido no guardan relación con el presente caso al respecto corresponde el siguiente análisis: ano 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 
  2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros afa

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

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La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

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el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria, 
  2. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, serespecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. NV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

La Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone: Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012. Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y Il de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, 

para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 
  2. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario 

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AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

El artículo 60 parágrafos-1 y’ll del citado Código. Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, dispone: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 7 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. . I!. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aque 

ravención tributaria. 

El artículo 6:1-del-referido Cóļigo-Tributario, en relación a-las-causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: – a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) Ex’reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer dia hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción —– 

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El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la — prescripción, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. ll. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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Abordando la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la prescripción RSITETA está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por IQNet el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad 

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de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la administración tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

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Resulta necesario resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo, no es menos cierto que la obligación tributaria determinada o el establecimiento de sanciones por contravenciones, mantendrá su vigencia en el tiempo, independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este instituto no extingue la obligación tributaria ni las sanciones administrativas impuestas, por ello, es perfectamente posible que el sujeto pasivo realice pagos aun cuando los montos emergentes de la obligación tributaria o la sanción están prescritos y estos, además, se consoliden a favor del Estado; razón por la cual lo posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria o la sanción administrativa imputada; en ese entendido, la Ley 2492 en vigencia, específicamente dispone cuáles son las facultades que son susceptibles de declararse prescritas, que conforme la citada norma tributaria esta únicamente referida a las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias. Así también, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilicitos tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 en adelante de la Ley 2492, empero, existe un término legal para ejercer esas facultades. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De la normativa legal descrita inicialmente, se tiene que en nuestro ordenamiento jurídico antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 de la Ley 2492, establecía que las ́acciones de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas-y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4). años, así como el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveia que el.plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar-las-sanciones por contravenciones-tributarias desde el momento en que adquiere la calidad de título de ejecución tributaria; asimismo, el artículo 61 de la mencionada Ley, señala que la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte .. del sýjeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y que interrumpida comienza a ser computado nuevamente su término a partir del primer dia hábit del mes siguiente à aquel en que se produjo la interrupción. co… . ~ 

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No obstante lo aňterior, el citădó artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante , Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria para sancionar prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la.gestión 2014, siete (7) años.en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017- y. diez (10) años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, así como el último párrafo del parágrafo 1 indica: “El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente afao parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y la calidad contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.”, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta IQNet completar el 2018. 

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dela Calidad Certificado N 771/

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IIIIII IIIII

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En ese entendido, se tiene que las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, no solamente establecieron el cómputo progresivo de la prescripción, sino que con la derogación del último párrafo del parágrafo 1 del artículo 59 de la Ley 2492 o por la mencionada Ley 291, el citado cómputo de la prescripción se aplicaría progresivamente en función de las facultades del ente fiscal; de tal manera, considerando que en el presente caso la facultad de determinar la deuda fue ejercida por la administración tributaria mediante la Resolución Determinativa No *171820001328 (SIN/GDLPZ-I/DF/SVI/RD/01117/2018) de 23 de julio de 2018, 

resultaría pertinente aplicar el plazo para la prescripción de diez (10) años. 

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la administración tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la administración tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley; en ese entendido, considerando que la Ley 291, establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2017, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

habia modificado el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.. —– *** 

— 

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— 

En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está en función a su vigencia, lo que implica que los actos administrativos emitidos y notificados estarán sujetos a la misma; disposición legal que establece que las acciones de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas prescribirán a los 8 años. En el caso que nos ocupa, se advierte que la Resolución Determinativa N° 171820001328 (SIN/GDLPZ 1/DF/SVI/RD/01117/2018) fue emitida el 23 de julio de 2018 y notificada el 6 de septiembre de 2018, en plena vigencia de la Ley 812, término que será computable desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjol el vencimierito del período de pago respectivo, cuyo plazo máximo para el cómputo de la prescripción es de 8 años de forma única y definitiva. Conforme al examen normativo realizado precedentemente, se observa que ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedó en 

vigencia fue la Ley 291;’empéro, posteriormente a través de la Ley 317; -es derogado– el último párrafo del citado artículo 59 parágrafo I, quedando habilitado el cómputo progresivo del término de la prescripción; finalmente, la Ley 812, nuevamente modifica.. el mencionado artículo 59, de cuya redacción se establece el término fijo de prescripción de ocho (8) años; aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable su aplicación a los actos emitidos y notificados precisamente en su vigencia; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, que esencialmente se trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, ya que como se mencionó anteriormente, ya no se aplica la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 afao os, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de Calidad determinar la deuda e imponer sanciones administrativas, de la misma manera se debe también señalar que al establecer de manera expresa la Ley 812, la abrogación y lNet 

derogación de normas contrarias, es pertinente, constituir plena convicción en la – Administración Tributaria y el sujeto pasivo sobre la norma vigente y aplicable, estol A 

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Sistema de Gestión 

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INT 

implica, que para el caso bajo análisis no es otra que la referida Ley 812, en cuya vigencia se emitió y notificó el acto administrativo definitivo ahora impugnado. 

Bajo el contexto anterior, se evidencia que el Ente Fiscal a través de la Resolución Determinativa N° 171820001328 (SIN/GDLPZ-I/DF/SVI/RD/01117/2018), dio a conocer a Marcelo Martin Miranda Gardeazabal sus obligaciones impositivas, de 198.413 UFV’s, correspondiente al IVA e IT omitidos, intereses y sanción por omisión de pago de los periodos fiscales julio y agosto 2012, así como la multa de 1.500 UFV’S por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 166939

En ese sentido, para realizar el cómputo de la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria é imponer sanciones administrativas, conviene recordar que de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492, se dispuso: Excepto en el numeral 4 del parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, es decir, para el presente caso, de acuerdo al marco legal señalado, respecto al IVA e IT resultante de la determinación de ingresos no declarados por los periodos fiscales julio y agosto 2012, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020, lo que comprueba que dichos periodos fiscales no se encuentran prescritos, aspecto que se aprecia en el siguiente cuadro de manera detallada: 

Periodo 1

Tiempo de 

Notificación Resolución 

Fecha de Prescripción. 

Fiscal 

Impuesto 

| Prescripción 

Determinativa 

.. 

7/201

IVA 

Inicio de Prescripción 01/01/2013 01/01/2013 

01/01/2013 01/01/2013 

7/2012 

IT 

8 años 

8 años 8 años 

31 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2020 

31 de diciembre de 2020 

31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 

6 de septiembre de 2018 6 de septiembre de 2018 6 de ser 6 de septiembre de 2018 6 de septiembre de 2018 

8/2012 

IV

8/2012 

8 años 

Conforme lo descrito, es evidente que la Administración Tributaria ejerció sus ., facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones en la gestión 2018, – en razón a que el acto administrativo impugnado fue notificado el 6 de septiembre de 

2018, lo que demuestra que la prescripción invocada no se encuentra materializada en relación a los citados periodos fiscales; consecuentemente, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho antes descritos, se concluye que las facultades 

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del sujeto activo para determinar la deuda e imponer sanciones administrativas no se encuentran prescritas, debido a que fueron ejercidas dentro del plazo legal, lo cual demuestra que no fueron vulnerados los principios y derechos reconocidos por la constitución Política del Estado, como erróneamente afirma el recurrente. 

En relacion a la SCP No. 1169/2016-53, ésta concluyó que la-Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2052/2015, no se pronunció de manera fundada sobre el conflicto de aplicación de la Ley en el tiempo, hecho que configuró una lesión al debido proceso en su elemento fundamentación y congruencia; al respecto, corresponde señalar que ambas situaciones fácticas difieren del caso actualmente analizado, toda vez que el presente asunto ingresa a un análisis de la prescripcion de las facultades de imposición de sanciones emergentes del incumpliemiento a deber formal por la no presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA; sin embargo, las Sentecias Constitucionales citadas por el recurrente, si bien ingresan a un análisis de la irretroactividad de las Leyes, eńpero, dicho analisis se encuentra enfocado al ambito penal en el primer caso y en el segundo a la falta de fundamentación de la decisión adoptada por la Autoridad General de impugnación Tributria, asimismo, corresponde resaltar que en el prsente caso, no se aplica las Leyes 291 y 317 sino como se muestra del análisis es la Ley 812 que no fue en absoluto descrita por las citadas Sentencias Constitucionales; aspectos que difieren-del caso actualmente analizado, razón por la cual no corresponde emitir mayor criterio al respecto.

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En relación a la Sentencia Constitucional N° 0770/2012 mencionada por Marcel Martin Miranda Gardeazabal; corresponde indicar que la jurisprudencia constitucional invocada por el ahora recurrente, está referida a la controversia de aplicación de tipos · penales establecidos en la Ley 004, aspectos distintos a la controversia analizada en el presente caso; en consecuencia, no corresponde la aplicación del citado precedente constitucional, 

afao Bajo los parámetros antes mencionados, corresponde confirmar la obligación tributaria: 

iso 9001 relacionada al IVA e IT de los periodos fiscales julio y agosto 2012, consignada en la auk CERCATION Resolución Determinativa N° 171820001328 (SIŅ/GPLPZ-1/DF/SVI/RD/01117/2018) 

IQNet de 23 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171820001328 (SIN/GDLPZ1/DF/SVI/RD/01117/2018) de 23 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Pazi del Servicio de impuestos Nacionales, contra Marcelo Martin Miranda Gardeazabal; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido por el IVA e IT, más actualización, intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales julio y agosto 2012; así como la multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00166939. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código 

Tributario y sea con nota de atención

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación: 

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Regístrese, gase saber y cumplase

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Lic. Cecilla Velez Dorado 

Director Ejecutiva Regional Dirección Ejecutive Regien Autoridad Regional de impunedin 

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