ARIT-LPZ-RA-1924-2018 La AIT anula la Resolucion administrativa que rechazaba la solicitud de rectificatoria del acusado. La AT consideró que la solicitud de rectificatoria del form 200 no reunían la documentación suficiente como prueba para aceptar la solicitud, indicó que si tenía observaciones técnicas (respecto al respaldo legal) pero no se pronunció y no especifico por qué se descartaron los documentos presentados (sustento de las transacciones) en la solicitud. Simplemente dio a conocer las observaciones a la DDJJ (como Facturas que no cuentan con respaldo contable, compras no relacionadas con la actividad de la empresa y compras de servicios cuyo hecho generador tuvo lugar en un periodo fiscal anterior). La AIT también recalcó que una solicitud de rectificatoria no es un proceso de determinación de deuda tributaria, sino que es un proceso de verificación.

ARIT-LPZ-RA-1924-2018

III 

AI

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITLPZIRA 1924/2018 

Recurrente: 

, —Carlos Victor Aramayo Rodríguez 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz, ll del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ranulfo.Prieto Salinas 

Acto Impugnado; 

Resolución Administrativa N° 231825000295 (SIN/GDLPZ-II/DF/SVECP/RA/7025/2018) 

SUBOK 

Expediente: 

ARIT-LPZ1413/201

Lugar y Fecha: 

La Paz, 10 de diciembre de 2018: 

IT 

– 

run 

Vistoś: El Recurso_de, Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Ayto de apertựra de plažo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1924/2018 de 6 de diciembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: 

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa N° 231825000295 (SIN/GDLPZ II/DFISVECP/RA/00258/2018) de 7 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia Distrital afao La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de care of rectificatoria del contribuyente Carlos Victor Aramayo Rodriguez; asimismo, rechazar el Proyecto de Rectificatoria F-521 (F-200 del Impuesto al Valor Agregado) con ordenNet No 2575880115 de 6 de marzo de 2018, correspondiente al periodo fiscal septiembre SHARE

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9001 

IBNORCA 

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Sistema de Gestió

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

II.1. Argumentos del Recurrente Carlos Víctor Aramayo Rodríguez, mediante memorial de 7 de septiembre de 2018, cursantes a fojas 8-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

La Administración establece la improcedencia de la Rectificatoria solicitada estableciendo que su decisión es resultado de la verificación y análisis de la documentación presentada por el contribuyente como respaldo a la Solicitud de Aprobación del Proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria. El ente fiscal indica que, procedió a verificar cada una de las facturas de compras presentadas como sustento para el incremento del monto de la casilla 26 (Compras directamente vinculadas a la actividad gravada) con la información contenida del Sistema SIRAT II, observando dichas compras, Aclara que su actividad corresponde a fabricación de muebles de 

todo tipo (fabricación de colchones, muebles y accesorios). 

La observación sobre las notas fiscales que corresponde a la signada con la letra “Aestablece que estas notas fiscales no contarían con el respaldo contable correspondiente, especificando la inexistencia de: Registros, comprobantes contables, kardex de inventarios u otros que evidencien que las transacciones son efectivamente por la compra de publicidad, material e insumos para fabricación de muebles, soporte y asistencia técnica.

amica. 

La documentación extrañada por la Administración Tributaria, fue presentada en la instancia de verificación y no fue considerada por el Ente Fiscal, siendo que dichos documentos respaldatorios fueron entregados el 23 de abril del 2018 de acuerdo al “ACTA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS”, asimismo, señala que la verificación fue realizada sin criterio técnico, ni fundamento legal y en forma arbitraria. Se debe considerar que de los comprobantes de egreso presentados, éstos consolidan varias transacciones que son montos facturados menores a Bs50.000.-, verificándose como se demostró la existencia de pagos que se respaldan con extracto bancario, estableciéndose que también existen pagos en efectivo respaldados por la 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

documentación indicada demostrando que las transacciones fueron efectivamente realizadas, respaldando fehacientemente dichas transacciones a través de documentos bancarios como cheques y depósitos como demostración del medio fehaciente de pago debidāmente bancarizado.*.. 

Procede a exponer el análisis de las observacioñes efectuadas por la Administración recurrida respetando el formato registrado en la Resolución Administrativa No 231825000295: 

Las notas fiscales No 26 de 1 de septiembre de 2016, emitida por la Compañía Luna Llena por Bs2.000.-, Nos. 8873 y 8874 de 27 de septiembre de 2016 emitidas por Comunicaciones El País por Bs35.- y N° 2616 de 20 de septiembre de 2016 emitida por El Diario-por-B$36,75, estas operaciones corresponden a la compra de publicidad, para la comercialización de los productos que vende el contribuyente, las mismas no tendrían respaldo contable. 

– 

– 

P

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Las rotas fiscales N$ 10701 de 2 de septiembre de 2016 emitida por. EMDI por Bs9.980,20; No 1786 de 2 de septiembre de 2016 emitida por DECOHERRAJE por B$5.728,95; N° 339 de 12 de septiembre de 2016 emitida por Munguía Roca Group SRL, por Bs3.492,80; No 1916 de 14 de septiembre de 2016 emitida por SYNERGY LTDA por Bs3.106.-;--No-8347de. 14. de septiembre de 2016 emitida ÉMDI SA por Bs 10.972,20; N° 663 y 661 de 21 de agosto de 2016 emitidas por INTERAC por B$4.280.– y B$9.408.-; N° 373 de 21 de septiembre de 2016 emitida por Munguía Group SRL por Bs3.119.; N° 8635 de 22 de septiembre de 2016 emitida por EMDI por Bs926,30; N° 1103 de 23 de septiembre de 2016 emitida por Illatorco Rojas por Bs 273.-; N° 1609 de 23 de septiembre de 2016 emitida por PUMACON por Bs4.195.-; No 184 de 28 de septiembre de 2016 emitida por Tancara David por Bs 1.080.-;No 631 de 28 de septiembre de 2016 emitido por CIMAL SA por Bs11.600.-; N° 61 de 16 de afan septiembre de 2016 emitida por Franco Ramos por Bs350.y N° 3480 de 23 de calidad septiembre de 2016 emitida por López Patzi. por Bs 1.200.-, operaciones que corresponden a adquisiciones de insumos a ser incluidos en el proceso de producción IQNet de los bienes fabricados por el contribuyente, las mismas no tendrían respaldo contable. 

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le Juan Carlos Guan Ruiz 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

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TILINI JUNI 

Las notas fiscales N° 501 de.5 de septiembre de 2016 emitida por OVANDO SA por B$354.960.-; No 43746 de 7 de junio de 2016 emitida por TELECEL por Bs570.-; No 1019 de 22 de septiembre de 2016 emitida por Espinoza Viveros por Bs300.- y No 146946 de 14 de septiembre de 2016 emitida por EPSAS por B$138,20, estas operaciones no estarían vinculadas con la actividad gravada y que correspondería a 

gastos personales. 

Las notas fiscales No 10325 de 8 de septiembre de 2016 emitida por AXS Bolivia SA por Bs349.-; No 1266 de 22 de septiembre de 2016 emitida por HERMENCA por Bs650.-; N° 32096 de 23 de septiembre de 2016 emitida por el BNB por B$280.-; No 978316 de 24 de septiembre de 2016 emitida por DELAPAZ por Bs 452,85; No 16637 de 26 de septiembre de 2016 emitida por ATC por Bs213,20; N° 205990 y N° 238666 de 28 de septiembre de 2016 por COTEL por Bs62,90 y Bs25,50 y No 2 emitida por Pablo Quiroga el 29 de septiembre de 2016 por Bs4.050.-, no tienen observaciones dentro del cuadro de ACLARACIÓN DE LAS OBSERVACIONES (Verificación de las facturas de compras presentadas como respaldo a la solicitud de rectificatoria). 

La nota fiscal N° 2246 de 13 de septiembre de 2016 emitida por DETEKTA SRL por Bs200.-, corresponde a la adquisición del Servicio de Seguridad, realizando el pago 

ableciéndose que este servicio en relación al servicio de telefonía celular, Internet y el presente servicio de seguridad fueron efectivamente realizados, pero la nota fiscal correspondiera al periodo de diciembre del 2016. 

El sujeto activo obtuvo información del comportamiento tributario del contribuyente, mediante la información contenida en su Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT-2), asimismo, del detalle de las notas fiscales presentadas en la solicitud de la rectificatoria del periodo septiembre 2016, facturas. que durante el proceso de verificación fueron depuradas, debido a que el Ente Fiscal nunca consideró la documentación de respaldo facilitada por el contribuyente, estableciéndose observaciones a las Facturas antes señaladas, inclusive siendo estas por importes menorës a Bs50.000.-. 

.. 

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Sobre los Comprobantes de Egreso que registran las transacciones efectuadas y que respaldan las facturas que están en el detalle de solicitud de la rectificatoria, los 

lo

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

mismos que la Administración Tributaria observa como inexistentes, señala que en instancia recursiva se demostrará la existencia de estos documentos y que los mismos consignan la relación de las compras y la existencia de documentos contables como antecedentes que demuestran la efectiva realización de las transacciones del producto adquirido. Los pagos por las compras, fueron realizados tanto en moneda nacional, como en dólares americanos, que se documentan mediante los pagos efectuados vía red bancaria, la salida de efectivo es respaldada por la documentación-adjunta en los comprobarites de Egreso que corresponde a cada adquisición, y que fue citada y comprometida en su presentación en etapa recursiva.

Los extremos expuestos en la Resolución Administrativa hacen que la Administración Tributaria llegue a la conclusión equivocada que pretende establecer y justificar que los respaldos-hacen a la insuficiente presentación de documentación contable y financiera que no permitiría demostrar la efectiva, realización de las transacciones consignadas en las notas fiscales observadas y depuradas como inválidas para ser consideradas en su rectificatoria, siendo que las transacciones están debidamente respaldadas con las facturas originales, los comprobantes de egreso y las transferencias bancarias. 

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establece que el ente fiscal omite citar la norma tributaria que sancione su conducta, pues el Código de Comercio tiene un carácter supletorio a las fuentes.del Derecho Tributario, que si bien dicha normativa establece las obligaciones del comerciante sobre la forma de llevar una adecuada contabilidad, siendo que en aplicación a dicha normativa no puede la Administración Tributaria invalidar los documentos presentados y consecuentemente depurar las notas fiscales

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La Resolución Administrativa recurrida cita como fuente y respaldo de su decisión lo señalado por el artículo 7 del DS 27310, estableciendo que la información de los afaq sistemas electrónicos de tenencia de la Administración “Tienen validez probatoria”, pero no se transcribe en su totalidad la información utilizada por la Administración Tributaria, siendo que para que sustente la característica de validez probatoria de su IQNet contenido debe estar firmada por el funcionario que emita la certificación y evitar la manipulación de dicha información. En ese entendido, la información presentada por la propia Administración sin el cumplimento de dicha formalidad induce en error a la 

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de la Calidad Certificado N 771/14 

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Autoridad que conozca de la impugnación del acto administrativo afectando el principio de seguridad jurídica. 

Se demostró la validez del crédito fiscal al dar cumplimiento de la obligación que tiene el contribuyente de respaldar el crédito fiscal que se le atribuye, con las respectivas facturas o notas fiscales, o con los medios de pago, las cuales deben cumplir obligatoriamente con los requisitos de validez establecidos por los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y del Decreto Supremo 21530, así como el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley 2492 y artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-16 de 1 de julio del 2016, la cual fue cumplida por el contribuyente. 

Conforme a los argumentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 231825000295 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVECP/RA/00258/2018) de 7 de agosto de 2018. 

11:2 Auto de Admişión El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Victor Aramayo Rodríguez, fue admitido mediante Auto de 13 de septiembre de 2018, notificado personalmente al recurrente y por cédula al Gerente Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales el 18 y 24 de septiembre de 2018 respectivamente; fojas 19-24 de obrados. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1. de noviembre de 2016, por memorial presentado el 9 de octubre de 2018, cursante a fojas 27-34 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

La serie de actos jurídicos que celebró la Administración Tributaria para atender la 

solicitud de rectificación realizada por el contribuyente, se enmarcó bajo la égida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantias básicas fijadas por el orden jurídico. En ese contexto actuó dentro los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente normas jurídicas tributarias, teniendo pleno conocimiento el contribuyente de cuáles eran y son sus derechos y sus obligaciones 

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  • AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

y en el marco de la garantia del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significan el procedimiento de rectificación, cuidando que el contribuyente asuma defensa adecuadamente ante cualquier tipo de acto, que a su consideración, podría afectar sus derechos.– 

– – 

– 

– 

– 

– 

.– 

Dentro de nuestra legislación y respecto a las declaraciones juradas rectificatorias, el Parágrafo II del · Articulo 78 de Ley 2492, dispone que podrán rectificarse Declaraciones Juradas, a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo, previa verificación de la Administración Tributaria, es decir, que la solicitud del contribuyente no es otorgada de manera inmediata, sino después de un proceso de verificación mediante el cual el Ente Fiscal verifica que la documentación que presenta el contribuyente y la que se obtiene de las bases informáticas, condice con el Proyecto de rectificatoria, tanto en : los requisitos legales de forma como de fondo. –

Corresponde aclarar que el trámite de rectificación, no es un proceso de determinación de deudas tributarias, ‘sino, es un proceso de verificación que efectúa la Administración Tributaria para establecer la procedencia o improcedencia de la solicitud de rectificación, en el que se evalúa si la documentación contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo de soporte presentada, condice con el proyecto de declaración jựrada rectificatoria, debiendo las declaraciones juradas representar el fiel reflejo de la verdad

– 

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El contribuyente estableció que su solicitud de rectificatoria de la declaración jurada correspondiente al periodo septiembre de 2016, básicamente en un error involuntario de tipéo’ en el cual omitió consignar las compras por el monto de Bs440.943.-, pretendiendo de esta manera incrementar el monto de la casilla 26 (Compras directamente vinculadas a la actividad gravada) de Bs0.- (Cero 00/100 bolivianos) a Bs440.943.-

ataq 150 9001 

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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En función a lo señalado, el contribuyente en su Recurso de Alżada lo único que 

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IQNet 

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pretende es justificar sus gastos personales, que definitivamente no guardan relación con la actividad comercial gravada, además que no pudo demostrar fehacientemente las compras realizadas, pues como se habría manifestado anteriormente, el sujeto pasivo presentó de forma parcial la documentación solicitada, 

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La Administración Tributaria fundó su decisión en base a la revisión minuciosa y exhaustiva de la documentación parcialmente presentada por el sujeto pasivo, y los reportes vertidos de los Sistemas del Servicio de Impuestos Nacionales, llegando a la conclusión que el contribuyente pretende de forma muy forzada que se acepten notas fiscales de diferentes compras y prestación de servicios que en principio no se encuentran debidamente respaldadas con documentos que demuestren fehacientemente las transacciones realizadas, y que por otro lado, no guardan relación alguna con la actividad gravada. 

Las facturas observadas tienen como concepto de gasto la prestación de servicios de anuncios en diarios de circulación nacional, que fueron observadas por no estar vinculadas con la actividad gravada, puesto que si nos remitimos a la Consulta del Padrón de Contribuyentes, esta refiere que la actividad principal del sujeto pasivo se relaciona a la arquitectura e ingenieria, fabricación de muebles de todo tipo; en ese entendido, si bien ahora el recurrente pretende justificar que dichas compras se encuentran registradas en los documentos contables, no estableció ni refirió de manera clara la relevancia que pudo existir con dichas actividades, es decir, que esas compras no se encuentran justificadas adecuadamente. 

El contribuyente al no presentar documentación complementaria incumplió lo previsto en el artículo 70 de la Ley N° 2492, normativa que se encuentra en concordancia con las obligaciones establecidas en el artículo 36 del Código de Comercio, ya que los Comprobantes presentados por el contribuyente no pueden ser considerados como . válidos, toda vez que no tienen las firmas, sellos ni número de Cédulas de Identidad, de las personas que recibieron los supuestos pagos, efectuados, ni tampoco de la persona que efectuó ni la que autorizó el Comprobante presentado, por lo que no cumplen con las formalidades establecidas para su consideración como un documento fehaciente de las transacciones efectuadas. Las notas fiscales concerr adquisición de insumos son utilizados para la producción de muebles; no obstante, a ello es preciso referirnos que, al haber presentado documentación parcial, de igual manera esta no se encuentra justificada con contratos de prestación de servicios o contables, que determinen y prueben fehacientemente que dicho material es utilizado única y exclusivamente en la fabricación de muebles.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Por otro lado, es preciso enfatizar que la compra del vehículo con la factura consignada con el N° 501, refiere el vehículo vagoneta de la marca Mercedes Benz – modelo GLA 250 4M, en el cual el recurrente señala que resulta ser un medio de transporte para uso de su actividad gravada, en lo referente al transporte y traslado de los productos al salón de exposición y demostración, debiendo observar a qué clase de vehículo nos referimos

Por último, la observación dirigida a la nota fiscal No 2246, referente a la adquisición de servicio de seguridad, debiendo considerarse que la misma corresponde a un período fiscal distinto del cual se pretende rectificar, en ese sentido se estaría incumpliendo lo previsto en el inciso b) del art. 4 de la Ley 843.. 

De acuerdo con el Parágrafo-Il-del. Articulo -28-del-Decreto-Supremo 27310, con relación a la Rectificatoria a favor del contribuyente, se llega’a ‘establecerique evidentemente la Administración Tributaria tiene la facultad de verificación de la documentación presentada por el contribuyente y la extraida de los sistemas con los ; que çuerta là Administración Tributaria, sin que ello signifique vulneración a derecho alguno, reiterando que el contribuyente no adjunto documentación: probatoria suficiente y congruente con la que sustente la rectificatoria solicitada y documentación — de respaldo corřespondiente a la factura N° 2246, incumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492

  1. — .*

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– 

– 

Se deberá tener presente que se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, tal y como lo dispone la Ley 1178 en su artículo 28 inciso b), normativa juridica concordante con el artículo 65 de la Ley 2492, además, solicita la aplicación del Principio de Congruencia a momento de emitir la correspondiente Resolución. 

afao Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución ISO 9001 Administrativa N° 231825000295 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVECP/RA/00258/2018) de 7 maior cran de agosto de 2018

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11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba 

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Mediante Auto de 10 de octubre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte Juan Canal Gurm in Ruz VB

(20) dias comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

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IBNORCA Justicia tributaria para vivir bien 

Página 9 de 26 Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Sistema de Gestión 

dela Calidad CertificadoN771

218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la autoridad recurrida en la misma fecha, período durante el cual la Administración Tributaria, por memorial de 29 de octubre de 2018, ratificó en calidad de prueba pre constituida, el expediente administrativo integro remitido a momento de responder al Recurso de Alzada, al efecto, por Proveido de 30 de octubre de 2018, se dispuso por ratificada la prueba documental, actuación notificada en secretaría a las partes el 31 de octubre de 2018; fojas 37-38 y 83 de obrados. … . 

Carlos Victor Aramayo Rodriguez, por memorial presentado el 30 de octubre de 2018, presenta la documentación y expone los fundamentos aclaratorios que respaldan sú pretensión dentro del Recurso de Alzada, adjuntando la siguiente documentación: Actas de Recepción de Documentación emitidas por la Administración Tributaria de 22 

de mayo de 2017 y 23 de abril de 2018; Estado de Activos Fijos Vehículos; fotografías del vehículo Mercedes Benz utilizado para el traslado de maquetas, proyectores y otros muebles que hacen a la promoción de su producto; fotografia del servicio de telefonia 

lular por el cual se tiene un control de los sistemas de seguridad; publicación del periódico Página Siete; un libro empastado con acta de apertura y cierre que contiene los comprobantes de Egreso y las facturas originales en fojas 466 (Original); depósito 636764 de 13 de septiembre de 2016 por $us 3.000.- a la cuenta de Ovando SA (Original); depósito No 305068 de 21 de octubre de 2016 por $us 3.000.- a la cuenta de Ovando SA (Original); depósito N° 310011 de 30 de noviembre de 2016 por $us 3.000.- a la cuenta de Ovando SA (Original); depósito N° 401142 de 1 de marzo de 2014 por Bs 13.920.- a la cuenta de Ovando SA; Registro Único Automotor; Estado de Cuentas del Banco Nacional de la cuenta No 100-0266295 de enero de 2017 demostrando el giro del cheque No 6271193 por Bs278.400.- a Ovando SA (Original); contrato de venta entre Ovando SA y Carlos Victor Aramayo Rodriguez (Original); – constancia de presentación Información Bancarización: gestión 2016 (Original); constancia de presentación Información Bancarización gestión 2017 (Original); estado de la cuenta del Banco BISA No 11524-001-3 a nombre de Carlos Victor Aramayo Rodríguez de septiembre 2016 (Original); estado de cuenta del Banco Nacional de la cuenta No 100-0266295 del 1 al 30 de septiembre de 2016 (Original); Libro de Compras por el mes de septiembre de 2016 debidamente Notariado y Acta de apertura y de cierre del libro de compras por el mes de septiembre 2016; al efecto, el proveido de 31 de octubre de 2018, dio por ofrecida la prueba documental señalada, en tanto cumpla 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario; fojas 39-82 de obrados. 

11.5 Alegatos Por memorial presentado el. 19. de noviembre de 2018, Carlos Víctor Aramayo Rodriguez, formuló alegatos sintetizando los puntos que a criterio suyo agravian sus intereses, al efecto, manifestó que la Administración Tributaria establece justificativos para el rechazo de su solicitud de rectificatoria, entre ellos, supuestamente que la documentación presentada no reúne el respaldo suficiente y necesario que permita su valoración, además que algunas facturas no estarían vinculadas a la actividad gravada y también señala como causal de depuración la presentación de facturas en las cuales el hecho generador en otro periodo; al respecto sala que, la documentación presentada-la misma según lo establece el artículo-81-de la-Ley 2492, además, ‘señala; que el principio de objetividad en el ámbito, exige que los elementos de convicción sean apreciados en su contenido real; al efecto se emitió el Proveido de 20 de noviembre de 2018, que dio por formulados los alegatos en conocimiento de la párte, contraria; fojas 85-90 de obrados. 

– 

– 

– 

— 

Mediante memorial presentado el 19 de noviembre de 2018, Ranulfo Prieto Salinas en representación de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, presenta alegatos.en.conclusión ratificó los argumentos de la respuesta al Recurso-de Alzada referidos a las observaciones realizadas dentro de la Resolución Administrativa fueron legalmente realizadas y que el sujeto pasivo con la presentación de pruebas, lo único que pretende es justificar sus gastos personales, que rio guardan relación con la actividad comercial gravada, toda vez que no demostró documental, legal fehacientemente las compras realizadas; al efecto se emitió el Proveido de 20 de noviembre de 2018, que dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; foja 85-94 de obrados. 

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Carlos Victor Aramayo Rodriguez por nota de 7 de marzo de 2018, solicitó al IQNet Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales la aprobación del proyecto de rectificación del formulario 200 con número de orden 2563600412, correspondiente al periodo fiscal septiembre 2016, señalando que debido a un error de 

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de la calidad Certificado N°771

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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tipeo no se consignó el monto de sus compras en el inciso b) del formulario, consignándose dicho importe en la columna a), adjuntando, para el efecto, notas. fiscales de respaldo de las compras, fotocopias del Libro de Compras y Ventas IVA del periodo fiscal septiembre 2016; fotocopia de su cédula de identidad, formulario de “Solicitud de rectificación” y “Constancia de Presentación de Libros de Compras y Ventas”, fojas 1-9, 17-18 y 23-109 de antecedentes administrativos. 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DFISVECP/INF/03715/2018 de 7 de agosto de 2018, emitido por la Administración Tributaria señala que resultado de la revisión de la documentación, presentada por el contribuyente Carlos Víctor Aramayo Rodriguez, con relación a la Solicitud de Aprobación del Proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria F-521 (F-200 IVA) con N° de Orden 2575880115 de 6 de marzo de 2018 que rectifica el Impuesto al Valor Agregado formulario 200 con N° de Orden 2563600412 de 21 de octubre de 2016 correspondiente al periodo septiembre de 2016, no es procedente; fojas 113-119 de antecedentes administrativos

En base al informe señalado precedentemente, el Ente Fiscal el 7 de agosto de 2018 emitió la Resolución Administrativa N° 231825000295 (SIN/GDLPZ II/DFISVECPI RA/00258/2018), que resolvió rechazar la solicitud de rectificatoria del contribuyente Carlos Víctor Aramayo Rodríguez con NIT 72574018, asimismo rechazar el Proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria F-521 (F-200 IVA) con N° de Orden 2575880115 de 6 de marzo de 2018, correspondiente al periodo fiscal septiembre de 2016. Acto administrativo notificado, en forma personal al contribuyente el 20 de agosto de 2018; fojas 122-127 de antecedentes administrativos. 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

  1. I

conformidad al artículo 211-1|| de la Ley 3092, se tiene: 

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AITU 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Carlos Víctor Aramayo Rodriguez; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

Dė inicio, se hace necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó la revocatoria total de la Resolución. Administrativa No 231825000295 (SIN/GDLPZ II/DFISVECP/RA/00258/2018) de 7 de agosto de 2018; sin embargo, algunos de los argumentos expuestos hacen mención à vicios de nulidad, en ese entendido, es obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir en primera instancia un criterio y/o posición respecto a la existencia o inexistencia-de-vicios procedimentales en la tramitación-del presente caso y si estos además, estén sancionados con la nulidad de obrados; posteriormente, de ser el caso, se ingresará al análisis de fondo o sustancial del presente Recurso de Alzada, en relación a los argumentos planteados

IV.1 Procedencia de la solicitud de rectificatoria El recurrente, manifiesta que existe documentación solicitada por la Administración –– . Tributaria que fue presentada en la instancia de verificación de acuerdo al “ACTA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS.”.de 23 de abril del 2018 y que no fue considerada com por el Ente Fiscal, como documentos respaldatorios de la solicitud de Rectificatoria del periodo septiembre del 2016; asimismo, añade que la verificación fue realizada sin criterio técnico ni fundamento legal y en forma arbitraria. Los comprobantes de egreso consolidan varias transacciones, que son montos facturados menores a Bs50.000. existiendo pagos que se respaldan con extracto bancario y pagos en efectivo sustentados por la documentación indicada demostrando que las transacciones fueron efectivamente realizadas, a través de documentos bancarios como cheques, depósitos afaq que no fueron tomados en cuenta dentro el acto impugnado. 

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ISO 900

Cilidad AFNOR CERTIFICATION 

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La Administración Tributaria sobre este punto señala que fundó su decisión en la IQNet revisión minuciosa y exhaustiva de la documentación parcialmente presentada por el SEATENESS sujeto pasivo y los reportes vertidos de los Sistemas del Servicio de Impuestos Nacionales, llegando a la conclusión que el contribuyente pretende de forma muy 

SU

NB/ISO 

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forzada que se acepten notas fiscales de diferentes compras y prestación de servicios que en principio no se encuentran debidamente respaldadas con documentos que demuestren fehacientemente las transacciones realizadas, y que por otro lado, no guardan relación alguna con la actividad gravada; al respecto corresponde el siguiente 

análisis: 

La Constitución Política del Estado en su artículo 24 establece que: Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigira más requisito que la identificación del peticionario. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 11. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68 del Código Tributario establece los derechos del sujeto pasivo y tercero responsable, entre otros: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

ejercicio de sus derechos. 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en 

los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de 

los plazos establecidos. .. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

La Ley 2341 en su artículo 16 señala: En su relación con la Administración Pública; las personas tienen los siguientes derechos: a. A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente. h. A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El artículo 27 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en relación al acto administrativo, dispone: Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y, se presume legítimo. 

El artículo 28 de la Ley 2341, establece: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y: 

en el derecho aplicable; C) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

fazones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo!), I f) _Einalidad: Deberá cumplirse, con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. – 

El artículo 36, parágrafo II de la Ley de Procedimiento Administrativo indica: no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin-o de lugar a la indefensión de los interesados. 

ISO 900

Calidad AFNOR CATIFICATIO

TRATA 

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  • El artículo 55 del DS 27113, dispone: Será procedente la revocación de un acto afaq 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para FERPLE evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a IQNet petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes par

corregir los defectos u omisiones observadas. 

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De inicio corresponde señalar que el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, determina que toda persona tiene el derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta, cuyo único requisito es la identificación del peticionario; dentro del mismo cuerpo legal el artículo 115, parágrafo II, dispone que el debido proceso establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, ‘oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

Adicionalmente se debe recalcar que, las atribuciones y facultades de la administración tributaria deben estar enmarcados dentro del respeto de los principios y derechos fundamentales, lo contrario importa una vulneración de la garantia del debido proceso, establecido en el artículo 68, numeral 6 del Código Tributario. Según los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional la administración pública debe respetar las garantias minimas que corresponden al “debido procedimiento administrativo”, reconocidas por la Ley a través de diversos procedimientos de defensa o reconocimiento de derechos y situaciones jurídicas, por lo que su transgresión importa la nulidad del acto administrativo. En los procedimientos tributarios, resulta viciada de nulidad cualquier actuación de la administración tributaria que vulnere la norma procesal o que pretenda prescindir del procedimiento previamente establecido por Ley. 

Asimismo, el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantias mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través 

de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o i administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. 

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II 

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En sustento de lo señalado, la Sentencia Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, en su parte pertinente en relación a los alcances del debido proceso estableció: “…el debido proceso se constituye en un derecho/garantia principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, à ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales. (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia”. 

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La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantia jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la i autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución y así dada esa comprensión, puedan también ser révisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento juridico. Se debe también enfatizar que los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, en relación a la petición señalan es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente, además de obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen. 

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AENOR CERTHICATION 

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Considerando el marco constitucional antes referido, el artículo 28 de la Ley 2341, afaq establece los elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo; en el catidad presente caso el recurrente refiere a la causa, establecido en su inciso b) que señala RUTRO “todo acto administrativo deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le IQNet sirvan de causa y en el derecho aplicable” y al fundamento que se encuentra previsto en el inciso e) de esa norma, por el cual toda decisión de una autoridad administrativa encargada de dilucidar una controversia necesariamente debe ser fundamentada

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vogo 9.se Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo…”, requisitos que no cumpliría el acto administrativo objeto de impugnación y que habría conllevado a menoscabar el derecho a la defensa de la ahora recurrente. 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el contribuyente Carlos Victor Aramayo Rodríguez por nota de 7 de marzo de 2018, dirigida a la Gerencia Distrital La Paz II, solicitó la rectificatoria de la declaración jurada del IVA F 200 con N° de Orden 2563600412, del periodo fiscal septiembre 2016, debido a un error de tipeo, toda vez que no consignó el monto de sus compras en el inciso b) del formulario 200 (casilla 26), sólo en el inciso a) (casilla 11) de dicho formulario siendo el importe de las compras de Bs440.943. 

Producto de la revisión de la documentación remitida por el contribuyente, el ente fiscal emitió la Resolución Administrativa impugnada que rechaza la solicitud de rectificatoria efectuada por Carlos Victor Aramayo Rodriguez, salando: “Que, de conformidad al Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DFISVECP/INF/03715/2018 de fecha 

07/08/2018 emitido por el Departamento de Fiscalización, mismo que menciona que 

  • como resultado de la verificación y análisis de la documentación e información presentada como respaldo por el(la) contribuyente con relación a la Solicitud de Aprobación del Proyecto de Declaración Jurada rectificatoria no es procedente, debido a observaciones…”(), fojas 123 de antecedentes administrativos, además, “Se verificó cada una de las facturas de compras presentadas en físico como respaldo para el incremento del monto de la casilla 26 (Compras directamente vinculadas a la actividad gravada) con la información contenida en el Sistema SIRAT 1/...”, fojas 124 de antecedentes administrativos y de la revisión de las facturas señala: “Evidenciándose que la documentación presentada como respaldo para la solicitud de Aprobación del Proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria tiene observaciones técnicas con respaldo legal, mismas se detallan precedentemente e inducen a no ser procedente la solicitud y rechazar el F-521 (F-200 IVA9 del periodo SEPTIEMBRE/2016” 

2

A objeto de tener una comprensión total de las observaciones técnicas por las que 

fue rechazada la solicitud de rectificación presentada por el ahora recurrente, es que 

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AUTORIDAD, DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

se transcribe in extenso las aclaraciones de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria a las facturas presentadas por el sujeto pasivo, como respaldo de las compras realizadas en el periodo fiscal septiembre 2016: 

ACLARACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

OBSERVACIÓN TÉCNICA 

RESPALDO LEGAL 

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  1. Factura no válida como descargo para el 

Hecho que incumple con lo establecido en: incremento de la casilla n o 26 (compras directamente vinculadas a la actividad • Articulo 5 del decreto supremo n.25183 que establece: para gravada) debido a que el (la) contribuyente 

efectos de la aceptación o rechazo de las solicitudes de no presentó el respaldo contable: registros, 

rectificación de declaraciones juradas que disminuyen el 

saldo a favor del fisco o aumenten el saldo a favor del comprobantes contables, kardex d

contribuyente, de que trata el artículo 4 del presente decreto inventarios u otros, que evidencien que la

supremo, la dependencia correspondiente deberá verificar: transacciones por las compras de publicidad, material para fabricación de muebles, 

  1. Que las solicitudes presentadas vengan acompañadas de 

una explicación detallada de los hechos que dan origen a la soporte y asistencia técnica fueron efectivas. 

rectificación, contengan la documentación contable, Verificado en el padrón biométrico digital, 

comercial, financiera o de cualquier otro tipo de soporte a los mismo que detalla que el (la) contribuyente | cambios solicitados y traiga anexo un proyecto de se encuentra obligado a llevar registros declaración jurada rectificativa. .contables. 

  1. B. Que los hechos que dan origen a la rectificación i se encuentren ‘debidamente explicados y sustentados por 

medio de soportes que tengan validez probatoria y que sean I consistentes con la información del proyecto de declaración 

jurada rectificativa. El artículo 70.- (obligaciones tributarias del sujeto pasivo) de 1 la ley n 2492, que establece: constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas.

El artículo 36..-(obligación de llevar contabilidad) del código de comercio decreto leyn • 14379 que estable; todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. (arts. 36 a 65, 419 código de comercio). 

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Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

La factura incumple con lo establecido en; 

En el párrafo segundo del inciso a) del artículo 8.- de la ley n 

  • 843 que establece: Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aqui previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

  1. B. Facturas de compra de telefonía celular, 

anuncios de Alquiler, cable HDMI,” vehículos no son válidas como respaldo del incremento de la casilla No 26 (compras vinculadas a la actividad gravada), debido a que las mismas no se encuentran vinculadas a la actividad gravada, sino corresponden a gastos personales considerando que se encuentra registrado en el PBD con la actividad principal la fabricación de muebles de todo tipo (fab. De colchones, muebles y accesorios) en el periodo solicitado. Hecho que impide dar curso a la rectificatoria solicitada. 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 . www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

  1. Factura no válida como descargo para el 

incremento de la casilla n. 26 (compras vinculadas a la actividad gravada) del f-200 IVA del periodo diciembre/2016 debido a que en la factura presentada por el (la) contribuyente se detallan servicios que tuvieron lugar a un hecho generador anterior al periodo que solicita rectificar. Hecho que impide dar curso a la solicitud de rectificatoria. 

La factura incumple con lo establecido en: 

  • El inciso b) del art. 4 de la Ley N° 843 que establece: “en el 

caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de 

  • otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del 

precio establecido en el contrato respectivo. En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente”. 

Fuente: Resolución Administrativa N° 231825000295 de 7 de agosto de 2018; fojas 125 de antecedentes administrativos. 

De la revisión de antecedentes administrativos a fojas 26, 30, 53, 58, 62, 67, 75, 80, 83, 87 y 103, se evidencia la existencia de comprobantes de egreso que inclusive están con sellos y firmas de los proveedores; uno de ellos es el comprobante de Egreso N° 004322 de 29 de septiembre de 2016, que registra la cancelación de la nota fiscal No 26 a Compañía Editora Luna Llena SA, la suma de Bs2.000.-.por concepto de una publicación, cancelado con cheque No 5986276 del BNB y lleva el sello de la Ejecutiva Comercial del periódico (fojas 26 de antecedentes administrativos), la factura No 26 emitida por Compañía Editora Luna Llena SA el. 1.de septiembre de 2016, en el que se tiene constancia del concepto y el importe del Comprobante de Egreso citado (fojas 25 de antecedentes administrativos), además se evidencia en estado de cuenta del BNB el débito del cheque N° 5986276 por Bs2.000.- (fojas 23 de antecedentes administrativos). Asimismo, se evidencia que en las transacciones que fueron observadas por falta de registros contables y por no vinculación, también se adjuntan documentos relacionados a la realización de las transacciones así como los reportes de dosificación de facturas generadas a través del sistema de facturación virtual de la 

Administración Tributaria, documentación que en el acto impugnado no se encuentra 

valorado por la Administración Tributaria y que cursa a fojas 18 a 109 de antecedentes administrativos. 

  1. 1

De la lectura de las observaciones a las notas fiscales según consta en la Resolución Administrativa ahora impugnada y la compulsa de antecedentes señaladas precedentemente se evidencia que el recurrente presentó de acuerdo a Acta de Recepción de documentos de 23 de abril de 2018, cursante a fojas 17 de antecedentes administrativos, la siguiente documentación: Estados de cuenta del 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN. TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivi

Banco Nacional de Bolivia y del Banco BISA,’ facturas de compras, recibos y desitos de cuenta, además de los antecedentes se evidencia la presentación de comprobantes de egreso de las notas fiscales de compras observadas, documentos que en el presente trámite de rectificación no fueron tomados en cuenta por la Administración Tributaria, basó su actuación en formalismos carentes de legalidad al 

observar con la literal A) que el contribuyente no presentó el. respaldo contable —referidos a registros, comprobantes contables, kardex de inventarios u otros que 

evidencien que las transacciones por las compras de publicidad, material para fabricación de muebles, soporte y asistencia técnica fueron efectivas, sin considerar que el sujeto pasivo presentó documentos o instrumentos públicos relativos a depósitos y estados de cuenta bancarios, comprobantes de egreso y reportes de dosificación de facturas, cumpliendo lo señalado en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley-2492, documentación que en el acto impugnado; la Administración: Tributaria no fundamenta técnica ni legàlmente las razones que motivan el rechazo de esos documentos presentados por el contribuyente que amparan’la solicitud de rectificatoria del periodo fiscal septiembre 2016, vulnerando el inciso a) del artículo 5 → del DS 25183, que a la letra dispone: “Que las solicitudes presentadas vengan acompañadas de una explicación detallada de los hechos que dan origen alla rectificación, contengan la documentación contable, comercial, –– financiera.o-de cualquier otro tipo que de soporte a los cambios solicitados y tràiga anexo un proyecto de declaración jurada rectificativa”.

– 

FOT 

En ese contexto, se hace necesario señalar que en materia estrictamente impositiva el artículo 68, numerales 1, 2 y 6 de la Ley 2492, dispone como derechos del sujeto pasivo a ser informado en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en ejercicio de sus derechos, que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos de esta Ley y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; así como el derecho al debido proceso y a conocer el afaq estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a caridad través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que TIF se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados en los IQNet términos del presente Código. En concordancia a la normativa referida, los artículos 16 VITAMIN de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley

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Sistema de Gestió

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3092, señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública’ a dar una respuesta oportuna y por sobre todo pertinente. 

Sobre casos análogos, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0441/2013, dispuso lo siguiente: “(…) la SCP 0273/2012 de 4 de junio, determinó que: Respecto al núcleo esencial del derecho a la petición, conforme a las SSCC 1742/2004-R y 0684/2010-R, reiteradas por la SCP 0085/2012, mínimamente comprende los siguientes contenidos: …b) La obtención de una respuesta, ya sea favorable o desfavorable, aun exista equivocación en el planteamiento de la petición (SC 0326/2010-R de 15 de junio), debiendo en su caso indicarse al peticionante la instancia o autoridad competente para considerar su solicitud (SC 1431/2010-R de 27 de septiembre). Por otra parte y en este punto debe considerarse el art. 5./ de la CPE, que reconoce la oficialidad de treinta y seis idiomas y que ante una petición escrita, la respuesta también debe ser escrita (SC 2475/2010-R de 19 de noviembre);… d) La respuesta al fondo de la petición de forma que resulte pertinente, debiendo efectuarla de manera fundamentada (SSCC 0376/2010-R y 1860/2010-R) por lo que no se satisface dicho derecho con respuestas ambiguas o genéricas (SC 0130/2010-R de 17 de mayo)”. 

En el caso bajo análisis, si bien existe un pronunciamiento de la Administración Tributaria, respecto a que la existencia de facturas que no cuentan con respaldo contable, compras que no están vinculadas a la actividad gravada y compras de servicio cuyo hecho generador tuvo lugar en un periodo fiscal anterior al de la solicitud; sin embargo, la Resolución Administrativa impugnada carece de un pronunciamiento sobre la observación de transacciones que no cuentan con respaldo contable en el que se exponga los hechos y antecedentes para aceptar o rechazar de forma pertinente la solicitud principal (rectificatoria), tal es así que en la página 1 del acto administrativo impugnado señala que: “Que, revisada la solicitud por el fiscalizador actuante del Servicio de Impuestos Nacionales, se observa que la solicitud de Rectificatoria no reúne la documentación suficiente y necesaria que permita su valoración como prueba de respaldo para su aprobación o rechazo conforme establece el parágrafo Il del Artículo 28 del D.S. N° 27310 modificado por el parágrafo VI del Artículo 2 del D.S. N° 2993…”, lo que efectivamente muestra que el ente fiscal realiza valoraciones 

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genéricas, sin especificar fundadamente porque no se consideran documentación suficiente. 

Es necesario enfatizar que toda decisión del’ente.fiscal y en este caso la Resolución Administrativa impugnada debe tanto en el fondo coño en la forma dejar pleno convencimiento de que se actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, esto implica que el Ente Fiscal no sólo debió comunicar al sujeto pasivo las observaciones establecidas sino también señalar el fundamento ɖe hecho y de derecho de las razones que sustentan que la documentación presentada por el 

ahora recurrente no tiene validez como respaldo de las compras y, gastos que 

  • sustentan la solicitud de rectificatoria, omitiendo todo tipo de fundamentación al 

respecto en el acto administrativo ahora impugnado. 

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También es necesario señalar que la Administración Tributaria en su memorial de : respuesta al Recurso de Alzada, de manera contradictoria señaló lo siguiente: “...se : . evidencia que conforme disponen los Arts. 4 y 5 del Decreto Supremo N° 25’183

concordante con el Art 78 de la Ley 2492, el sujeto pasivo tiene derecho a rectificar sus declaraciones juradas con salido a favor del contribuyente, siempre y cuando de manera inicial presente para ellos su solicitud formal ante la Administración Tributaria, debidamente fundamentada y acompañada por toda la documentación respaldatoria correspondiente y del proyecto de declaración jurada rectificativa, documentación que una vez puesta en .. conocimiento de la Administración Tributaria, recién será objeto de verificación por el ente fiscal a objeto de disponer posteriormente la aprobación o rechazo de la citada solicitud, es decir, la entidad tributaria deberá realizar una revisión previa de toda la documentación presentada por el contribuyente, antes de proceder a la aprobación o rechazo de la solicitud de rectificatoria“, argumento que de manera general sustentaría la correcta fundamentación del acto administrativo, sin embargo, en los hechos y de acuerdo al análisis previamente realizado no responde a los aspectos planteados por el ahora recurrente, situación que afaq pone en evidencia que el acto ahora impugnado carece de la debida explicación entre localidad peticionado y lo resuelto; lo que implica una falta de fundamentación que sustente la RATIFTE decisión adoptada por el ente fiscal, no se debe dejar de lado que todo acto administrativo IQNet emitido por la Administración Tributaria debe asegurar que el sujeto pasivo tome conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria a A efectos de que este en cumplimiento de sus derechos expresados en el artículo 68 de 

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Código Tributario pueda aportar o cumplir las formalidades exigidas por el ente fiscal, hecho que como se demuestra no ocurrió en el caso bajo análisis. 

Si bien, en la Resolución Administrativa impugnada existe un pronunciamiento de la Administración Tributaria, respecto a la existencia de facturas que no cuentan con respaldo contable, compras que no están vinculadas a la actividad gravada y compras de servicio cuyo hecho generador tuvo lugar en un periodo fiscal anterior al de la solicitud; sin embargo, rechaza la rectificatoria de la declaración jurada +-200 IVA del periodo fiscal septiembre 2016, sin pronunciarse sobre la validez o no de la documentación aportada por el contribuyente, entendiéndose que las observaciones de las notas fiscales signadas con la letra A, se debe a que el sujeto pasivo no presentó el respaldo contable que evidencie que las compras fueron efectivas, máxime cuando los documentos bancarios cruzan con las facturas de gastos. Situación que no solamente vulnera el derecho al debido proceso, sino que genera indefensión en el sujeto pasivo, al crearle incertidumbre acerca del posicionamiento oficial de la Administración Tributaria, respecto a la documentación suficiente de respaldo de compras y gastos por servicio; aspecto que motiva la reposición de obrados en resguardo del derecho al debido proceso. Es importante precisar que el trámite de rectificatoria no es un proceso de determinación de deudas tributarias, sino más bien un proceso de verificación, que efectúa la Administración Tributaria para establecer la procedencia de la solicitud de rectificación que presenta el contribuyente mediante el Portal Tributario, proceso en el que debe abocarse a verificar si la documentación contable y de soporte presentados por el contribuyente, si condice con 

el proyecto de declaración jurada rectificatoria, que permita establecer su aceptación o 

  • rechazo 

De la normativa y jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, se desprende que la Resolución Administrativa N° 231825000295 (SIN/GDLPZ 11/DFISVECP/RA/00258/2018) de 7 de agosto de 2018, adolece de la debida fundamentación, toda vez que la Administración Tributaria se encontraba en la obligación de emitir la Resolución Administrativa ahora impugnada que contenga una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y la decisión asumida, asegurando de esta manera la consideración y resolución de los puntos demandados; aspecto que no fue tomado en cuenta en el acto ahora impugnado, ya que se omitió tal requisito sine 

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qua non, para que el acto cumpla con los elementos esenciales previstos en el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, razón por la cual motiva en el caso bajo análisis.retrotraer obrados. —.. 

Asimismo, con relación a lo señalado sobre la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria según lo dispuesto en el inciso b) artículo 28 de la Ley 1178; cabe señalar que, como resultado de las actividades que realizan los servidores públicos se emiten actos administrativos definitivos, los cuales deben guardar relación entre las pruebas presentadas y la decisión asumida por el ente fiscal, asimismo, estas actividades se presumen legítimas mientras no se pruebe lo contrario. 

Adicionalmenteres evidente que-el-sujeto-activo en-la-parte-considerativa del acto impugnado señala que revisada la solicitud de rectificatoria no reúne la documentación suficiente y necesaria que permite la valoración como prueba de respaldo para afirmar que esta solicitud no es procedente, además indica que la documentación presentada tiene: observaciones técnicas con respaldo legal; sin embargo, en ningún acápite señála las razones del descarte de los documentos presentados por el recurrente como sustento de las transacciones realizadas dentro de la solicitud de rectificatoria-de-la declaración jurada F-200 IVA del periodo fiscal septiembre 2016, hecho que definitivamente configuró vicios de nulidad afectando el principio del debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en los artículos 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 1, 2 y 6, de la Ley 2492 y 28 incisos b) y e) de la Ley 2341. 

Las circunstancias anotadas precedentemente, denotan vicios de nulidad que provocaron la vulneración del derecho a la defensa de Carlos Victor Aramayo Rodriguez; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Administrativa N° afao 231825000295 (SIN/GDLPZ WI/DF/SVECP/RA/00258/2018) de 7 de agosto de 2018, “CA con el fin de que la Administración Tributaria emita un acto administrativo debidamente fundamentado. 

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad – Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231825000295 (SIN/GDLPZ TI/DF/SVECP/RA/00258/2018) de 7 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra el contribuyente Carlos Victor Aramayo Rodríguez, consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado en base a los términos planteados respecto a la solicitud de rectificatoria de la declaración jurada F-200 IVA con N° de Orden 2563600412 correspondiente al periodo fiscal septiembre 2016 y en cumplimiento al inciso a) del artículo 5 del DS 25183. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 11.5 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

Mendoza 

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CUARTO: Conforme preel art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico. contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

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Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

RCVD/jcgr/av/ms/rl/safa 

Uc: Ceci Velez Dorado

Directora Ejecutiva Regional Direccion Ejecutiva Regional Awtoridal Regional de Impugnadon 

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