ARIT-LPZ-RA-1895-2018 La AIT anula la Resolución Administrativa en la que negaba la rectificatoria de la DDJJ del Form 200 IVA. El acusado presento fotocopias de facturas de compras como documentación de prueba que sustenta los hechos que dan origen a la rectificatoria de DDJJ. La AT a través de la toma de una muestra observó que había facturas que no relacionadas con la actividad gravada, por tanto, concluyó que el resto tenían las mismas observaciones. La AIT determinó que se vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa por no analizar cada una de ellas y emitir criterios acerca de facturas no verificadas.

ARIT-LPZ-RA-1895-2018

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1895/2018 

Recurrente: 

Jesús Gualberto Jurado Morales 

Administración Recurrida: 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro 

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa N° 231829000202 (SIN/GGLPZ/DF/RA/00110/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-1364/2018 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 3 de diciembre de 2018 

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria. Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes.cursantes en el expediente administrativo, el informe Técnico Juridico ARIT-LPŻ N° 1895/2018 de 29 de noviembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa N° 231829000202 (SIN/GGLPZ/DF/RA/00110/2018) de 19 de junio de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, dispuso rechazar la solicitud de rectificatoria del Formulario 521 con N° de Orden 2544931378, correspondiente a la Declaración 

afao Jurada del Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal abril de 2014. 

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  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1. Argumentos del Recurrente Jesús Gualberto Jurado Morales mediante nota del 29 de agosto de 2018, cursante a fojas 13-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

El motivo para rectificar la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado IVA Formulario 200 versión 3 del periodo abril 2014, se debe a que el rubro 2) “Determinación del Crédito Fiscal”, en la casilla 11 “Total de compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas” se consignó un monto de Bs 1.257.355; sin embargo, por omisión y error humano no fue discriminado o clasificado como una “Compra directamente vinculada a actividadescasilla identificada con el código 26, esta falta de discriminación del monto del crédito fiscal no permitió que el formulario calcule según su diseño en el Total de Crédito Fiscal del Periodo fiscal de la casilla con código 1004, que consigna Bs0.- omisión que generó la determinación de una deuda tributaria inexistente. 

La Resolución Administrativa impugnada señala que no se explicó el motivo de la rectificatoria señalando sólo que su declaración jurada se encuentra en tal proceso, situación que no puede constituir una causal de rechazo, toda vez que la modificación para incrementar el crédito fiscal no requiere mayor explicación y fundamentación, aspecto que vulnera el principio de informalismo, reconocido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0992/2005-R

La administración tributaria en la página 2 del acto administrativo recurrido, señala que “18 facturas de la muestra no se encuentran vinculadas a la actividad gravada, lo que no exime que el resto de las operaciones presente el mismo problema y no correspondan a la actividad gravada, lo que implica que no se revisaron todas las facturas y bajo un método de muestreo presume que todas las facturas no se encuentran vinculadas; en ese entendido, se vulneró el principio de verdad material previsto en el artículo 4 inciso d) de la Ley 2341, que dispone que se debe presumir la buena fe del contribuyente en todo momento y no presumir en contrario, aspecto que vulnera el debido proceso y derecho a la defensa. 

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Respecto a la falta de bancarización de la Factura 5182 de ICOM SRL por Bs731.854,44.-, corresponde señalar que se encuentra registrada en las cuentas por pagar, respaldado con el Contrato de Venta de Mercadería Específica a Crédito de 31 de marzo de 2014, con reconocimiento de firmas formulario N° 2560677 de 31 de marzo de 2014, es decir, que no se pagó en ese momento al ser una compra a crédito y contabilizada como tal; consecuentemente, al rechazar el proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria del IVA se vulneró la RND 10-0017-15. 

El procedimiento solicitado no corresponde a un incremento en las compras, toda vez que la rectificatoria no corresponde a casilla sustantiva que modifiquen la obligación a favor del contribuyente, sino a un error de registro en el que no se modifica la declaración de las compras; asimismo, la Administración Tributaria podrià realizar observaciones de acuerdo a sus facultades dentro de un proceso determinativo, es decir, solo a través de una orden de verificación externa o interna correspondería el rechazo de la Declaración Jurada rectificatoria. 

La Administración Tributaria en sus amplias facultades a momento de advertir, la exiştencia de errores contenidos en las Declaraciones Jurádas que habrián originado un menor valor a pagar a favor del Fisco, debió emitir una Resolución con la-debida—-fundamentación, exponiendo de manera precisa y clara, los hechos y su incidencia en él_importe pagado; lo contrario vulnera el debido proceso y derecho a la defensa del.sujeto pasivo. 

De la lectura del artículo 28 parágrafos I y Il del DS 27310, se establece que la rectificatoria a favor del contribuyente debe ser aprobada por la Administración Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surte efecto legal alguno; en ese contexto, se tiene que la declaración rectificada una vez aprobada por la Administración Tributaria, no puede ser objeto de una rectificación afaq posterior, lo cual no implica que una solicitud rectificatoria denegada por aspectos calidad meramente formales limite la posibilidad de que el sujeto pasivo presente una buena 

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Conforme establecen los artículos 78 del Código Tributario y 28 del DS 27310, el Fisco al omitir la realización de un proceso de verificación formal y material del monto de las compras realizadas en abril de 2014, la Resolución Administrativa de rechazo ahora impugnada, generó indefensión, vulnerando el debido proceso y restringiendo el derecho a la defensa, al no cotejar todas las facturas y no así por muestro o sorteo. 

La Resolución ahora impugnada fue emitida sobre el informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/01528/2018, que no fue notificado y que no permitió subsanar posibles errores, realizar mayor fundamentación o respaldo documental; por ello, se causó indefensión al vulnerar los artículos 36, parágrafo I y II de la Ley 2341, y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente en virtud del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492. 

Conforme a los argumentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución Administrativa N° 231829000202 (SIN/GGLPZIDF/RA/00110/2018) de 19 de junio de 2018. 

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Jesús Gualberto Jurado Morales, fue admitido mediante Auto de 5 de septiembre de 2018, notificado personalmente al recurrente el 

10 de septiembre de 2018 y por cédula a la Administración Tributaria el 14 del mismo mes y año; fojas 17-22 de obrados. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031800000458 de 25 de junio de 2018, por memorial presentado el 1 de octubre de 2018, cursante a fojas 25-27 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos

Respecto del motivo para la solicitud de rectificación, se debe señalar que la Administración Tributaria, acorde con lo establecido en los Códigos Tributario y de Comercio así como los Decretos Supremos 27310 y 25183, verificó y revisó la parcial 

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e incompleta documentación presentada por el contribuyente, en base a la cual se rechazó la declaración jurada rectificatoria, lo que implica que no se realizó conjeturas ni apreciaciones de carácter formal, por lo que los argumentos del contribuyente no tienen asidero legal. – —*** — —* – 

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Según dispone el artículo 5 del DS 25183, las solicitudes de rectificatoria deben ser acompañadas de una explicación detallada de los hechos que dan origen a la rectificación, contengan documentación contable comercial, financiera o de cualquier otro tipo que de soporte a los cambios solicitados.y traigan anexo un proyecto de declaración jurada rectificativa; asimismo, que se encuentren debidamente explicados y sustentados por medio de soportes que tengan validez probatoria y que sean consistentes con la información del proyecto de declaración jurada rectificativa. 

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Sobre e análisis de las facturas sorteadas por muestra; se debe señalar que las operaciones registradas durante el periodo observado referentes al Impuesto al Valor Agregado fueron alrededor de 223 operaciones registradas, conforme el libro de i compras, por lo que se elaboró una muestra significativa considerando criterios como ser: 1); aquellas que cuentan con importes súperiores a Bs3.000.-; 2) según la información que se encontraba estratificada se consideró un nivel de riesgo moderado;– 3) algunas facturas con importes inferiores a B$3.000.-; de la revisión de las notas fiscales sujetas de muestra ise verificó aspectos, formale’s (fecha, NIT, número de. autorización e importe), la falta de 2 facturas originales y que no se encuentran vinculadas a la actividad gravada, lo que no exime que el resto de operaciones presenten el mismo problema y no correspondan a actividades gravadas en apego al artículo 8 inciso c) de la Ley 843; asimismo, se estableció que la factura N° 511 no fue declarada por el proveedor. 

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El contribuyente no bancarizó ni presentó medios fehacientes de pago de un importe afag de Bs731.854,44; consecuentemente, en apego a lo dispuesto en el artículo 5 de la calidad RND 10-0017-15, el crédito fiscal no corresponde, aun cuando tiene la factura original. 

IQNet La Resolución Administrativa es de carácter técnico legal y no es de carácter definitivo, toda vez que el mismo se dio por errores de llenado en el proyecto de declaración 

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jurada rectificatoria y la falta de documentación contable financiera de respaldo en todos los casos, teniendo el contribuyente el derecho de volver a solicitar su rectificatoria una vez subsanados los errores y omisiones en los que incurrió. 

El trámite de rectificatoria no es un proceso de determinación de deudas tributarias sino un proceso de verificación que efectúa la Administración Tributaria para establecer la procedencia de la solicitud de rectificación que presenta el contribuyente, mediante el Portal Tributario, en el que se evalúa si la documentación contable, 

comercial, financiera o de cualquier otro tipo de soporte, condice con el proyecto de 

declaración jurada rectificatoria presentado. 

La Resolución Administrativa recurrida refleja la evaluación y valoración a su proyecto de declaración jurada rectificatoria, que se efectuó mediante Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/01528/2018, además de emitir pronunciamiento técnico y legal respecto a los descargos y las cuestiones planteadas por el contribuyente; en ese entendido, al encontrar errores en el llenado del proyecto de rectificatoria, sin el respaldo documental contable y financiero respectivo, correspondia el rechazo del trámite. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa No 231829000202 (SIN/GGLPZ/DF/RA/00110/2018) de 19 de junio de 2018. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 2 de octubre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la autoridad recurrida el 3 de octubre de 2018; fojas 2829 de obrados. 

Por memorial presentado el 15 de octubre de 2018, Celideth Ochoa Castro se apersonó en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz delom Servicio de Impuestos Nacionales, adjuntando al efecto la Resolución Administrativa de Presidencia No 031800000738 de 3 de septiembre de 2018; al respecto, mediante 

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Decreto de 16 de octubre de 2018, se dispuso por apersonada a Celideth Ochoa Castro a quien se le hará conocer posteriores diligencias; fojas 32-33 de obrados. 

Jesús Gualberto Jurado Morales mediante memorial presentado el 19 de octubre de 2018, ratificó la documentación consistente en facturas, comprobantes, medios fehacientes de pago, registros de bancarización y su constancia de envío, proyecto de déclaración jurada, contrato de venta de mercaderia específica a crédito de 31 de marzo de 2014, reconocimiento de firmas formulario N 2560677; asimismo, señala presentar en calidad de prueba preconstituida adjunto fotocopia del NIT 4801043, Resolución Administrativa N° 231829000202 y su notificación; solicito se instruya a la Administración Tributaria remita los antecedentes que cursan en sede administrativa; al efecto, con Proveído de 22 de octubre de 2018, se dispuso por, ratificada la prueba documental-señalada; extraño-la documentación que dice adjuntar; y, se señale que documepitación no fue remitida por la Administración Tributaria; “fojas 35-38 de antecedentes administrativos! 

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Por memorial presentado el 23 de octubre de 2018, la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó prueba consistente en los antecedentes administrativos remitidos a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto; por Proveído-de— 23 de octubre de 2018, se dispuso por ofrecida y ratificada la prueba documental; fojas 39-40 de obrados…

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11.5. Alegatos La Administración Tributaria mediante memorial presentado el 12 de noviembre de 2018, presentó alegatos escritos ratificando los argumentos contenidos en su memorial de respuesta negativa al Recurso de Alzada, consistentes en que se verificó parte de las facturas que se encuentran observadas por distintas razones por lo que las restantes operaciones pueden adolecer de los mismos problemas, que la rectificatoria afao no es un proceso de determinación de deudas tributarias y que el Código Tributario y calidad su reglamento no establece la obligación de notificar los informes; al efecto, con 11 Proveído de 13 de noviembre de 2018, se dispuso por formulados los alegatos en IQNet conocimiento de la parte contraria; fojas 43-45 de obrados. 

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El recurrente no presentó alegatos orales ni escritos dentro de los plazos previstos en el artículo 210 del Código Tributario. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Jesús Gualberto Jurado Morales con nota presentada el 30 de diciembre de 2016, informó que la declaración jurada correspondiente a abril de 2014 con N° de Orden 2544931012 formulario 200 se encuentra en proceso de rectificación; fojas 7 de antecedentes administrativos. 

La Administración Tributaria con Auto N° 251721000306 de 27 de julio de 2017, resolvió otorgar el plazo improrrogable de 5 días hábiles a partir de la notificación del presente Auto, para la presentación de la siguiente documentación: 1) Facturas de compra que respalden el crédito fiscal de abril de 2014; 2) comprobantes contables de egreso y Libro Mayor; 3) medios fehacientes de pago (cheque, depósito transferencias, etc.); 4) Registro Auxiliar de Bancarización; 5) constancia de envio de bancarización; 6) Proyecto de Declaración jurada Rectificatoria Formulario 521; 7) otro tipo de documentación que de soporte a la rectificación pretendida, actuación notificada por 

cédula a Jesús Gualberto Jurado Morales el 15 de septiembre de 2017; fojas 11-15 de 

antecedentes administrativos. 

Mediante Acta de Recepción de Documentos de 22 de septiembre de 2017, se hizo constar que Jesús Gualberto Jurado Morales entregó: 1) Facturas de compra que respalden el crédito fiscal; 2) comprobantes contables de egreso y libro mayor; 3) medios fehacientes de pago (cheque, depósito transferencias, etc.); 4) constancia de envió de bancarización; 6) proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria Formulario 521; fojas 16 de antecedentes administrativos. 

El Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/01528/2018 de 19 de junio de 2018, emitido por la Administración Tributaria, en relación a la solicitud de rectificación efectuada por Jesús Gualberto Jurado Morales, concluyó que de la evaluación efectuada a la documentación para efectuar la rectificatoria de la declaración jurada F-200 con N° de orden 2544931378 de abril de 2017, corresponde rechazar la misma; fojas 222 216 de antecedentes administrativos. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El Ente Fiscal emitió la Resolución Administrativa N° 231829000202 (SIN/GGLPZ/DF/RA/00110/2018) de 19 de junio de 2018, que dispuso rechazar la solicitud de rectificatoria – del Formulario -52.1 con N° de Orden 2544931378, correspondiente a la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal abril de 2014; acto administrativo notificado por cédula al representante legal de Jesús Gualberto Jurado Morales el 9 de agosto de 2018;-fojas 223-227 y 230-234 de antecedentes administrativos. 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsądos-los argumentos–formulados por las — partes, –verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene

A-17 

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Jesús Gualberto Jurado Morales; la posición firial , se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

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Con carácter previo, se hace necesario puntualizar que el recurrente en su Recurso de Alzada solicita anular o revocar el acto impugnado; en ese entendido, esta Instancia Recursiva ingresará al análisis previo de los aspectos de forma con el fin de establecer la existencia de vicios procedimentales y sólo en caso de ser inexistentes, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteados. 

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IV.1. Vicios de nulidad El recurrente en su memorial de Recurso de Alzada señala que la Resolución ahora 1QNet impugnada fue emitida sobre el informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/01528/2018, que SATEN 

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no fue notificado y que no permitió subsanar posibles errores, realizar mayor fundamentación o respaldo documental. 

Agrega que el acto impugnado cita como una causal de rechazo la falta de explicación del motivo de la rectificatoria, aspecto que vulnera el principio de informalismo, reconocido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0992/2005R, toda vez que el incremento del crédito fiscal no requiere mayor explicación ni fundamentación; asimismo, la Resolución Administrativa de rechazo ahora impugnada, generó indefensión, vulnerando el debido proceso y restringiendo el 

derecho a la defensa, al no cotejar todas las facturas y no así por muestreo o sorteo; 

por ello, se causó indefensión al vulnerar los artículos 36, parágrafo I y Il de la Ley. 2341, y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente en virtud del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492

La Administración Tributaria señala en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada que la Resolución Administrativa recurrida refleja la evaluación y valoración a su proyecto de declaración jurada rectificatoria, que se efectuó mediante Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/01528/2018, además de emitir pronunciamiento técnico y legal respecto a los descargos y las cuestiones planteadas por el contribuyente

El ente fiscal adiciona que el artículo 5 del DS 25183, dispone que las solicitudes de rectificatoria deben ser acompañadas de una explicación detallada de los hechos que. dan origen a la rectificación así como la documentación contable comercial, financiera o de cualquier otro tipo que de soporte a los cambios solicitados; asimismo, se verificó una muestra de las facturas que respaldan la rectificatoria en las que se detectaron distintas observaciones, lo que no exime que el resto de las operaciones no presenten el mismo problema; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El artículo 68 de la Ley 2492, en su numerales 1,6 y 7 señala que constituyen derechos. del sujeto pasivo: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos.-6: Al.debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta. por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 74 de la Ley 2492, en su numeral 1, establece: Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán, a los principios de Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa.

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El artículo 4 inciso I) de la Ley 2341 (L’ey de Procedimiento Administrativo) señala: La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 1) – Principio-de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ellos no interrumpira el procedimiento administrativo. 

El artículo 27 de la Ley 2341, dispone: Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidas en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y afa

se presume legitimo. 

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El artículo 28 de la Ley 2341, establece que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. e) Fundamento: Deberá 

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ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente articulo. 

El artículo 36 parágrafos I y II de la Ley 2341, disponen: 1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. Il. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

El artículo 5 del DS 25183, dispone: Para efectos de la aceptación o rechazo de las solicitudes de rectificación de declaraciones juradas que disminuyen el saldo a favor del fisco o aumenten el saldo a favor del contribuyente, de que trata el artículo 4.de/ presente Decreto Supremo, la dependencia correspondiente deberá verificar: a) Que las solicitudes presentadaş vengan acompañadas de una explicación detallada de los hechos que dan origen a la rectificación, contengan la documentación contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo que de soporte a los cambios solicitados y traiga anexo un proyecto de declaración jurada rectificativa. b) Que los hechos que dan origen a la rectificación se encuentren debidamente explicados y sustentados por medio de soportes que tengan validez probatoria y que sean consistentes con la información del proyecto de declaración jurada rectificativa. c) Que el proyecto de declaración jurada rectificativa no contenga errores de tipo aritmético. 

En este contexto, corresponde señalar que el debido proceso se entiende como un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación administrativa para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido 

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proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fūndamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico. — 

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El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones administrativas; es decir, que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece’de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,gratuita, transparente y sin-dilaciones; lo que se traduce en que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se pretende, garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

— 

Dé la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que Jesús Gualberto Jurado Morales con nota presentada el 30 de diciembre de 2016, informó que la declaración jurada correspondiente al periodo abril de 2014 con N° de Orden 2544931012 formulario 200, se encuentra en proceso de rectificación, en ese sentido, la Administración Tributaria a fin de viabilizar la solicitud de rectificación del contribuyente, mediante Auto N° 251721000306 de 27 de julio de 2017, resolvió que se presente las facturas de compra que respalden el crédito fiscal de abril de 2014, comprobantes contables de egreso y libro mayor, medios fehacientes de pago (cheque, depósito transferencias, etc.), Registro Auxiliar de Bancarización, constancia afaq de envio de bancarización, Proyecto de Declaración jurada Rectificatoria Formulario Calidad 521 y otro tipo de documentación que de soporte a la rectificación pretendida, documentación que fue presentada conforme se aprecia en el Acta de Recepción de QNet Documentos de 22 de septiembre de 2017. 

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Van Carlos GUARUV 

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De manera posterior, en base al Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/01528/2018 de 19 de junio de 2018, el Ente Fiscal emitió la Resolución Administrativa N° 231829000202 (SIN/GGLPZ/DF/RA/00110/2018) de 19 de junio de 2018, que dispuso rechazar la solicitud de rectificatoria del Formulario 521 con de Orden 2544931378, 

correspondiente a la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado del periodo 

fiscal abril de 2014; acto administrativo notificado por cédula al representante legal de Jesús Gualberto Jurado Morales el 9 de agosto de 2018. 

En relación al argumento del recurrente referido a que el informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/01528/2018, no fue notificado lo que le impidió subsanar posibles errores o aportar mayor documentación, corresponde señalar el artículo 78 del Código Tributario, establece que las declaraciones juradas son manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta permita y que a su vez se presume fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; asimismo, el artículo 28 del DS 27310, modificado por el artículo 2 parágrafo VI del DS 2993, prevé el mecanismo de rectificatoria de las declaraciones juradas por iniciativa del sujeto pasivo, cuando la misma tenga como efecto el aumento del saldo a favor del contribuyente que debe ser aprobada previamente por la Administración Tributaria antes de su presentación, luego de la verificación de la documentación que respalde la determinación del tributo, procedimiento que puede ser realizado por una sola vez, por cada impuesto y periodo fiscal

En ese sentido, se debe señalar que el trámite de rectificatoria es el procedimiento que se activa cuando el administrado considere que una autoliquidación presenta errores en la consignación de datos que hacen a las casillas para la determinación del saldo definitivo a favor del contribuyente, constituyendo éste un derecho que tiene todo contribuyente de solicitar el cambio de datos que no estén actualizados o sean incorrectos, los que deben ser verificados por la Administración Tributaria, de cuyo resultado debe concluir con el rechazo o su aceptación, siendo viable en éste último caso por una sola vez, por cada impuesto y periodo fiscal; asimismo, es necesario enfatizar que los informes son documentos que definen una posición estrictamente 

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interna y que recomienda asumir una postura final sobre una petición que forma parte del acto de rechazo. 

En ese contexto, en antecedentes administrativos se observa que el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/01528/2018 de 19 de junio de 2018, que recomienda la emisión de la Resolución Administrativa N° 231829000202 (SIN/GGLPZ/DF/RA/00110/2018) de 19 de junio de 2018, que rechaza la Declaración Jurada Rectificatòria F-200 con No de Orden 2544931378 del Impuesto al Valor Agregado de abril de 2014, no fue notificado a Jesús Gualberto Jurado Morales; no obstante, según se aprecia en las Leyes 2492 y 2341, no se dispone de manera expresa que se deba notificar los informes que sustentan a los actos de la Administración Tributaria, más al contrario el ente fiscal en el marco de lo establecido en los artículos 27 y 32 de la Ley 2341, emitió y notificó la Resolución Administrativa ahora impugnada al recurrente a fin de que este tenga conocimiento de los motivos para el rechazo de su solicitud de rectificatoria; en ‘ consecuencia, el agravio de la notificación del mencionado informe no corresponde, más aun cụando el recurrente no señala de manera expresa norma alguna que i disponga tal’aspecto. 

.– 

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‘ 

A lo citado en el párrafo precedente se suma que según se aprecia a fojas 218-221 y—– 223-227 de antecedentes administrativos, cursan en la parte considerativa del acto ahora impugnado, las razones para el rechazo de la ‘mencionada solicitud que.. corresponden a aquellas que fueron consignadas en el capítulo III del citado Informe por el ente fiscal; consecuentemente, es evidente que la falta de notificación del informe que sustentó la emisión de la Resolución Administrativa’ No 231829000202 (SIN/GGLPZ/DF/RA/00110/2018) de 19 de junio de 2018, no vulneró el debido 

proceso. 

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Por otra parte, el recurrente manifestó en su Recurso de Alzada que el objeto de la afaq rectificatoria es el incremento del crédito fiscal, motivo por el que la causal de rechazo calidad del acto impugnado relativa a la falta de explicación de las razones de la rectificatoria vulnera el principio de informalismo; al respecto, se debe hacer las siguientes QNet puntualizaciones el artículo 5 del DS 25183, dispone que para efectos de rechazo o aceptación de las solicitudes de rectificación de declaraciones juradas que disminuyen 

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III 

el saldo a favor del fiscal o aumenten el saldo a favor del contribuyente, el sujeto activo debe verificar entre otros requisitos que las solicitudes presentadas vengan acompañadas de una explicación detallada de los hechos que dan origen a la rectificación y sean sustentados por medio de soportes que tengan validez probatoria y que sean consistentes con la información del proyecto de declaración jurada rectificativa. Asimismo, es necesario agregar que según dispone el artículo 68 de la Ley 2492, uno de los derechos del sujeto pasivo es el de ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. 

Corresponde añadir que la actividad administrativa pública se rige bajo el principio de informalismo administrativo; entendido este como excepción en favor de los administrados de cumplir con las formas no esenciales, es decir, aquellas que no están exigidas por el orden público administrativo, su consideración permite de que el particular no pierda un derecho por el incumplimiento de un deber formal, con lo que 

obliga a la administración a optar por la solución más favorable para aquel; este 

principio propugna un equilibrio entre la acción administrativa que no puede ser entorpecida y el derecho de los administrados a no encontrarse sometidos a rigorismos que los perjudiquen, porque de ser así, se llegaría a negar una solución al particular por causas meramente formales lo que colocaría en una situación inconstitucional propiamente dicha. 

La Sentencia SCP 0031/2014 de 3 de enero, haciendo mención a la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, expresó lo siguiente: “...la administración pública tiene la facultad de excusar la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, pudiendo proseguirse el procedimiento administrativo sin perjuicio de que aquellos se cumplan con posterioridad (las negrillas son nuestras). Por su parte la SC 0642/2003-R de 8 de mayo, estableció lo siguiente: ...el principio de informalismo consiste en la excusación de la observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse después, por ejemplo la errónea calificación del recurso (Juan Francisco Linares, Derecho Administrativo, Editorial Astrea, pág. 348); la excusación referida, debe ser interpretada siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la regla juridica in dubio pro actione, o sea, de la interpretación más favorable 

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al ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, más allá de las dificultades de indole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento.” 

Bajo ese contexto, es necesario salar -que de la revisión de antecedentes administrativos, Jesús Gualberto Jurado Morales con nota presentada el 30 de diciembre de 2016, informó que la declaración jurada correspondiente al período fiscal de abril de 2014 con N° de Orden 2544931012 formulario 200, se encuentra en proceso de rectificación, ante dicha solicitud el ente fiscal con Auto N° 251721000306 de 27 de 

julio de 2017, resolvió otorgar un plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación para 

  • la presentación de la siguiente documentación, que fue atendida según consta en Acta de Recepción de Documentos de 22 de septiembre de 2017.

De manera–posterior la—-Resolución — Administrativa — N° 231829000202 (SIN/GGLPZ/DFIRẠ/00110/2018) de 19 de junio de 2018, en su parte considerativa entre otros aspectos, sala lo siguiente: “finalmente e contribuyente no dio cumplimiento a lo establecido en el Ařtículo 5 del Decreto Supremo 25183 en el que ; establece: Para efectos de la aceptación o rechazo de las solicitudes de rectificación de declaraciones juradas que disminuyen el saldo a favor a favor del fisco’o aumenten el saldo a favor del contribuyente, de que trata el artículo 4 de presente-Decreto —-Supremo, la dependencia correspondiente deberá verificar: a. Que las solicitudes presentadas vengan acompañadas de una explicación detallada de los hechos que dan origen a la rectificación (…) Que los hechos que dan origen a la rectificatoria se encuentren debidamente explicados”. 

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De lo expuesto, se observa que el ahora recurrente en la nota de 30 de diciembre de 2016, no hizo más que anunciar la rectificatoria de su declaración jurada formulario 200 con N° de Orden 2544931012 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de abril de 2014, sin señalar motivo alguno que origine tal procedimiento, lo que implica afaq que se incumplió con lo establecido en el artículo 5 del DS 25183, que dispone que calidad aquel contribuyente que desee realizar una modificación de sus declaraciones juradas ARTIR debe explicar de manera detallada los hechos que dan origen a tal situación y adjuntar IQNet documentación que sustente la citada pretensión; no obstante, es evidente que la Administración Tributaria a través del Auto N° 251721000306 de 27 de julio de 2017, 

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solicita a Jesús Gualberto Jurado Morales la presentación de documentación relacionada al respaldo del crédito fiscal que el contribuyente pretende incrementar, empero, no solicitó se aclare la razón por las que el citado sujeto pasivo desea modificar la mencionada declaración jurada. 

Lo señalado demuestra de manera evidente que el ente fiscal a través del Auto No 251721000306 de 27 de julio de 2017, requirió documentación, empero, no solicitó al contribuyente que aclare las razones que motivaron a pedir la modificación de la declaración jurada en cuestión, aspecto que conculcó el derecho del sujeto pasivo establecido en el artículo 68 numeral 1 de la Ley 2492, es decir, al no requerir el cumplimiento de la normativa dispuesta al efecto a objeto de que ejerza su derecho que tiene a la rectificatoria de una declaración jurada, situación que pudo ser subsanada a través del citado Auto en el marco del principio del informalismo, que dispone que la Administración Tributaria pudo excusar la inobservancia de exigencias de la especificación de los motivos que originan la rectificatoria pudiendo proseguir el procedimiento administrativo para que de manera posterior fueran puestos a conocimiento del sujeto activo; consecuentemente, la Administración Tributaria de forma previa debió requerir al contribuyente mediante el citado Auto la especificación de los motivos para efectuar la rectificación de la declaración jurada en cuestión dentro del marco legal previsto en el artículo 5 del DS 25183 y no efectuar el rechazo posterior de su solicitud empleando como causal tal situación, extremo que conculcó el derecho al debido proceso del ahora recurrente establecido en los artículos 115 de la CPE Y 68 de la Ley 2492 

Respecto del argumento del recurrente referido a que la Resolución Administrativa ahora impugnada, vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa al no cotejar todas las facturas del crédito fiscal y no así por muestreo o sorteo; al efecto, corresponde señalar que la fundamentación de una Resolución, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad administrativa que la emite, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y de esta manera puedan también ser revisados esos 

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fundamentos a través de los medios de impugnación establecidos en el ordenamiento 

jurídico. 

Corresponde adicionar que la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida por Ley se da cuando concurren los presupuestos previstos en el artículo 36, parágrafo II de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato de los artículos 74; numeral 1 y 201 del Código Tributario, esto es, cuando los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o causen indefensión a los administrados

‘En ese contexto, corresponde manifestar que el ente fiscal en el acto impugnado en su parte considerativa señala: “Considerando las operaciones registradas durante el periodo observado (Abril/2014) referentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), fueron alrededor de 223 operaciones registradas conforme al libro de compras, motivo por el cual se elaboró una muestra significativa considerando los siguientes criterios: a. Se identificaron las Partidas Individualmente Significativas (Considerando un Criterio de Materialidad del importe total de la Cuenta) se consideraron montos arriba de Bs3000. b. Considerando que la información se encontraba estratificada (número correlativos de registro contables, fechas de incorporación y detalle de la operación) se consideró– un nivel de Riesgo Moderado. C. Se seleccionaron Casos de los montos inferiores a 3000″ i

A continuación el citado acto impugnado, menciona: “Que se verificó las facturas con un importe mayor a Bs. 3000 además de facturas sorteadas por montos menores a 3000; se revisaron aspectos formales de la factura como: la fecha, NIT, Numero de Autorización y el importe (…) del análisis de las Facturas sorteadas por montos menores a Bs. 3.000 y montos Mayores a Bs. 3000 se observaron que 18 Facturas de la muestra no se encuentran vinculadas a la actividad gravada, lo que no exime que el afao resto de las operaciones presenten el mismo problema y no correspondan a calidad Actividades Gravadas, en apego a la Ley 843 Articulo 8 Inciso a)“. 

IQNet De lo anotado, es necesario reiterar que la Administración Tributaria con Auto No 251721000306 de 27 de julio de 2017, requirió al contribuyente documentación que 

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respalde su solicitud de rectificatoria, quien presentó fotocopias de las facturas de respaldo al crédito fiscal de las cuales el ente fiscal tomó muestras para su revisión, considerando diferentes factores, entre ellos, aquellas notas fiscales con montos mayores y menores a Bs3.000.- de cuya verificación estableció que no se encuentran vinculadas a la actividad gravada del contribuyente, aspecto que llevó al ente fiscal a presumir que la facturas que no fueron incluidas en la muestra y por tanto no fueron revisadas, no se encuentran eximidas de las mismas observaciones, es decir, que tampoco se encuentren relacionadas a la actividad gravada. 

Lo señalado, demuestra de manera evidente que el ente fiscal emitió criterio de facturas que no fueron objeto de verificación, presumiendo que no se encontraría vinculadas a la actividad gravada del contribuyente en base a notas fiscales que corresponden a otras operaciones independientes, aspecto que vulnera el artículo 28 inciso e) de la Ley 2341, que dispone que uno de los elementos que el acto administrativo debe cumplir es la fundamentación, expresando en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable

De lo expuesto en el párrafo precedente, se establece que la Administración Tributaria en el acto definitivo impugnado no expresó un motivo concreto real para establecer que parte de las facturas presentadas por el contribuyente que no fueron verificadas siquiera, no se encuentren vinculadas a la actividad gravada, basando su decisión en una presunción realizada en base a otras transacciones; consecuentemente, tal situación de omisión implica que el acto impugnado no contiene todos los elementos que permitan conocer al administrado de manera individualizada las observaciones por las que debe asumir defensa, situación que afecta al derecho a la defensa y debido proceso, aspectos que vician de nulidad el acto ahora impugnado. En ese entendido, el procedimiento adoptado por la Administración Tributaria atenta los derechos del contribuyente consagrados en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, referido a un debido proceso y al derecho a la defensa, así como también contraviene lo dispuesto en el artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, impidiendo una defensa objetiva y puntual sobre el respaldo del crédito fiscal que pretende incrementar el recurrente en la declaración jurada rectificativa. 

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Sobre el particular, se debe considerar que la fundamentación se configura en un elemento que hacen al debido proceso; en ese entendido la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013.de 22 de agosto, en su parte pertinente señala en relación al primero: “la) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional dėl debido proceso; lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada, resolución, –con-la justificación–legal -que-respalda además esa situación (...)” en el contexto jurisprudencial mencionado se tiene que la fundamentación de las resoluciones administrativas no implica la exposición ampulosa de consideraciones y, citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo; en cuanto a la motivación esta puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar la Autoridad Administrativa sus convicciones determinativas que justifiquen de forma razonable su decisión, cumpliéndose-las normas del debido proceso, extremo que fué incumplido por la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución Administrativa impugnadà…. 

— 

.….. 

Los fundamentos de hecho y derecho que necesariamente debieron estar presentes en el acto administrativo, son de vital importancia para que el sujeto pasivo pueda asumir defensa, causando con esta ausencia, la nulidad del acto administrativo impugnado, al no establecer la causa, el derecho aplicable así como el fundamento, elementos esenciales de un acto administrativo, conforme dispone el artículo 28 en sus incisos b) yė), de la Ley 2341, aplicable en la materia por expresa disposición del afag 

iso 9001 artículo 201 de la Ley 2492. Asimismo, los actos dictados prescindiendo del Calidad procedimiento legalmente establecido o que den lugar a la indefensión de los interesados, ocasiona la nulidad de pleno derecho del acto impugnado, conforme IQNet disponen los artículos 36 parágrafo II de la citada Ley de Procedimiento Administrativo y artículo 55 del DS 27113. 

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Joan Carlos Guzan Ruiz 

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Lo precedentemente señalado, demuestra que la actuación de la Administración Tributaria vulneró lo dispuesto en los artículos 68 numeral 1 de la Ley 2492 y 4 inciso 1) de la Ley de Procedimiento Administrativo referidos al principio de informalismo establecido y requerir al sujeto pasivo el cumplimiento de las normas relativas al efecto aspecto que coadyuva al ejercicio de sus derechos, así como en los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley 2341, relacionados al cumplimiento de los requisitos de procedimientos esenciales y sustanciales previstos y al fundamento que debe contener todo acto administrativo; bajo esas circunstancias, corresponde anular la Resolución Administrativa N° 231829000202 (SIN/GGLPZ/DF/RA/00110/2018) de 19 de junio de 2018, debiendo la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, solicitar al contribuyente el cumplimiento de la normativa referida al ejercicio de su derecho a la rectificatoria de la Declaración Jurada formulario 200 con N° de Orden 2544931012 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de abril de 2014, así como consignar de manera expresa y de manera individualizada los motivos y fundamentos para aceptar o rechazar las diferentes transacciones que constituyen el sustento de la solicitud de rectificatoria. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231829000202 (SIN/GGLPZ/DF/RA/00110/2018) de 19 de junio de 2018; consecuentemente, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, debe requerir al administrado el cumplimiento de la normativa relativa a su rectificatoria, además de debe consignar de manera expresa y de manera individualizada los motivos y fundamentos para aceptar o rechazar las diferentes transacciones que constituyen el sustento de tal solicitud

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relativo a la rectificatoria de la Declaración Jurada Formulario 200 con N° de Orden 2544931012 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de abril de 2014. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención, 

CUARTO:–Conforme prevé-el-art.–.144 del-Código – Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación 

Regístrese, hágase saber y cumplase 

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