ARIT-LPZ-RA-1846-2018 La AIT anuló parcialmente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. La Prescripción para la ejecución de cobro del tributo omitido (que inicia cuando se da a conocer al sujeto pasivo el PIET) del RC IVA esta vigente puesto que ejerció sus facultades antes que prescriban a los 4 años. La AT no ejerció sus facultades de cobro en el plazo de 2 años (después de que el acto administrativo adquiriera la calidad de título de ejecución tributaria) de la sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales por tanto ya se encuentra prescrita.

ARIT-LPZ-RA-1846-2018

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 1846/2018 

Recurrente: 

Leonardo Hernán Castro Rioja 

Administración Recurrida: 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente – representada por Celideth Ochoa Castro 

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Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa N° 231829000238 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/0002012018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-1306/2018 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 19 de noviembre de 2018 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe. Técnico Jurídico ARIT-EPZ N° 1846/2017 de 16 de noviembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: 

2016 

  1. A

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa N° 231829000238 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00020/ 2018) de 18 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 17-0013-2012 de 18 de enero de 2012, presentada por el contribuyente Leonardo Hernán Castro Rioja, afao mediante nota el 2 de febrero de 2018, por los periodos enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre de 2008. 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo La Paz, Bolivia 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos de la Recurrente Leonardo Hernán Castro Rioja mediante nota presentada el 13 de agosto de 2018, cursante a fojas 8-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

El acto impugnado no realiza un adecuado análisis de los antecedentes y normas aplicables a la prescripción, no considera los precedentes emitidos por la AIT, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia; asimismo, su fundamento es errado y contrario a la legislación tributaria por lo que ocasiona agravios.

Los hechos generadores corresponden al RC-IVA (dependientes) de los periodos enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre gestión 2008, encontrándose vigente la Ley 2492, texto original, en ese entendido, corresponde se declare la prescripción de las facultades de Ejecución Tributaria, en relación a la Resolución Determinativa N° 17-0013-2012 de 18 de enero de 2012, que en consideración al artículo 59 de la citada norma es de 4 años, además, no existen causales de interrupción, no se solicitaron planes de pagos y no se logró cobrar las deudas ejecutoriadas hace más de 10 años, operando la prescripción. 

Conforme al artículo 123 de la Constitución Política del Estado, no son aplicables las reformas contenidas en las Leyes No 291 y 317, a hechos generados en la gestión 2008, toda vez que las referidas leyes entraron en vigencia en septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, aspecto que no fue considerado por la Administración Tributaria a momento de emitir la Resolución Administrativa No 231829000238 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00020/2018) de 18 de julio de 2018. 

El cómputo se debe realizar desde la firmeza de la Resolución Determinativa N° 17 0013-2012 notificada el 22 de febrero de 2012 y no así desde la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, es decir, la Resolución quedo firme el 14 de marzo de 2012, que sería el inicio de la prescripción y su conclusión el 14 de marzo de 2016, de acuerdo al lineamiento de la Sentencia No 35/2017 de 20 de marzo de 2017 emitida por la Sala Social Contenciosa Administrativa Segunda del 

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Tribunal de Justicia. Por otra parte solicita la aplicación de la Constitucional 1169/2016-S3 de 26 de octubre. 

Sentencia 

La Administración Tributaria utiliza un argumento irracional para justificar el rechazo a la prescripción al señalar que se debe tomar en cuenta las medidas coactivas como causales de interrupción de la prescripción vulnerando el debido proceso, el derecho a la petición y el principio de la seguridad jurídica; al efecto, cita las resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1672/2013 de 16 de septiembre de 2013, AGIT-RJ 1418/2014 de 13 de octubre de 2014, AGIT-RJ 0017/2015, de 5 de enero de 2015, AGIT-RJ 1264/2016 de 24 de octubre de 2016, AGIT-RJ 1396/2016 de 31 de octubre de 2016 AGIT-RJ 1698/2016 de 20 de diciembre de 2016, AGIT-RJ 0255/2017 de 14 de marzo de 2017. Por otro lado solicitó pronunciamiento de manera separada sobre el tributo omitido diferenciada de las sanciones establecidas. ‘en la Resolución Determinativa N° 17-0013-2012 de 18 de enero de 2012 : 

‘ 

Conforme a los argumentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución. Administrativa N° 231829000238 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00020/2018) de 18 de julio de 2018. 

  1. S

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II.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Leonardo Hernán Castro Rioja fue admitido mediante Auto de 20 de agosto de 2018, notificado mediante cédula a la * Administración Tributaria y al recurrente el 30 y 31 de agosto de 2018 

respectivamente; fojas 18-26 de obrados. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución afar Administrativa de Presidencia No 031800000458 de 25 de junio de 2018, por memorial presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante a fojas 29-31 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

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En cuanto al cómputo de la prescripción el párrafo I y II del artículo 60 de la Ley 2492, establece que el computo inicia el 1 de enero del año siguiente a aquel que se 

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III 

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III. 

produjo el vencimiento del periodo del pago respectivo y el término para ejercer las facultades de cobro se computara desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; en ese entendido, la Resolución Determinativa N° 17-0013-2012, CITE: SIN/GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012, fue notificada el 22 de febrero de 2012, acto que no fue impugnado por lo que se constituye en título de ejecución tributaria correspondiendo efectuar el cómputo de la prescripción en la etapa de ejecución por el término de 4 años, toda vez que el párrafo II del artículo 60 de la Ley 2492 dispone que el computo inicia desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria es decir desde el 31 de agosto de 2015, fecha en la que se notificó el Proveido de Inició de Ejecución Tributaria, debiendo concluir el plazo para que opere la prescripción, el 31 de agosto de 2019. 

La Administración Tributaria señaló que el artículo 59 de la Ley 2492, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; asimismo, la sanción forma parte de la deuda tributaria lo que implica que la totalidad de la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa N° 17-0013-2012, no s

encuentra prescrita. 

La Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, no puede ser aplicada como precedente jurisprudencial toda vez que su contenido se encuentra fundamentado en el análisis de la normativa aplicable al cómputo de la 

prescripción que corresponde a la Aduana Nacional y no así al Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente corresponde desestimar lo argumentado por e

recurrente. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa N° 231829000238 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00020/2018) de 18 de julio de 2018. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Por Auto de 17 de septiembre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la autoridad recurrida el 19 de septiembre de 2018; fojas 32-33 de obrados. 

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El recurrente mediante nota presentada el 8 de octubre de 2018, ofreció como prueba los antecedentes administrativos asimismo solicitó la revocatoria total del acto ahora impugnado; al efecto, mediante Proveído de 10 de octubre de 2018, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada en tanto cumpla con lo previsto en los artículos 81 y 217 del Código Tributario; acto notificado en secretaria al recurrente como a la Administración Tributaria el 10 de octubre de 2018, fojas 34-35 

  • y 41 de obrados. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Celideth Ochoa Castro conforme acredita mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2018, además de apersonarse, ofreció y ratificó la prueba consistente en 200 fojas de antecedentes administrativos; al efecto, mediante Proveído de 10 de octubre de 2018, se aceptó el apersonamiento y se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada; acto notificado al recurrente como a la Administración Tributaria el 10 de octubre de 2018; fojas 38-40 de obrados. 

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11.5. Alegatos La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2018, formuló alegatos ratificando los fundamentos de su respuesta al Recurso de Alzada, al efecto, mediante Proveido de 30 de octubre de 2018, dieron por formulados los alegatos acto notificado al recurrente como a la Administración Tributaria el 31 de octubre de 2018; fojas 42-45 de obrados. 

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La recurrente no presentó alegatos orales ni escritos de acuerdo a las condiciones y plazo previsto en el artículo 210, parágrafo II del Código Tributario. 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIV

afao La Orden de Verificación N° 00110110 7876 de 13 de junio de 2016, dispuso la Scolia verificación del crédito fiscal contenidos en las facturas presentadas por ella dependiente como pago a cuenta del RC-IVA mediante formulario 87 o 110 que se olNet detallan en el anexo, periodos enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre UEMENT SIEN Gestión 2008; acto notificado mediante personalmente el 26 de septiembre de 2011 fojas 2-10 de antecedentes administrativos. 

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Por Requerimiento de “RC-IVA Dependientes” la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz acto que comunica el inicio de la verificación Interna de Leonardo Hernán Castro Rioja por los periodos enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008acto notificado al Oscar Marco Antonio Gonzáles Reina en su calidad de representante legal actuación notificada el 6 de julio de 2011; fojas 13-14 de antecedentes administrativos 

El Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 27929, fue emitido el 17 de octubre de 2011, por incumplimiento al deber formal de entrega de información durante la ejecución de procedimientos de verificación, fiscalización, control e investigación en los plazos formas y medios establecidos; el contribuyente no presentó la documentación requerida consistente en 

Declaración Jurada Formulario 110 por el periodo fiscal noviembre/2008, por lo cual 

se impuso la multa de 150 UFV’s conforme al Anexo A, numeral 2.3 de la RND 10 

0037-07; fojas 16 de antecedentes administrativos. 

El Informe CITE: SIN/GGLP/DF/PPD/INF/2661/2011 de 20 de octubre de 2011, concluyó y recomendó que como resultado del análisis y verificación de la documentación presentada por el dependiente Leonardo Hernán Castro Rioja por los periodos enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre de 2008, se ha verificado que presento notas fiscales no válidas para el registro u apropiación del crédito fiscal como pago a cuenta del RC-IVA,, recomendando la emisión de la Vista de Cargo para su notificación dependiente Leonardo Castro Rioja considerando como 

parte de la deuda tributaria la multa por incumplimiento de deberes formales citada 

anteriormente por unificación de procedimientos según lo establece el artículo 169 de la Ley 2492; fojas 78-80 de antecedentes administrativos. 

La Vista de Cargo 32-0095-2011 (CITE: SIN/GGLP/DF/PPD/C/95/2011) de 20 de octubre de 2011, calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, estableciendo un tributo omitido de 4809 UFV’s sancionando dicha conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en unidades de fomento a la vivienda monto que asciende a 4809 y la sanción por incumplimiento a deberes 

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formales 150 UFV‘s; actuación notificada en forma personal a Leonardo Castro Rioja el 24 de noviembre de 2011; fojas 81-85 de antecedentes administrativos . 

El Informe de Conclusiones SIN/GGLP/DFISVI/INF/4134/2011 de 29 de diciembre de 2011, concluyó y recomendó que toda vez que el dependiente Leonardo Castro Rioja no cancelo el importe determinado y no presento documentación de descargo que desvirtué las observaciones, se ratifica la determinación efectuada en la vista de Cargo No CITE/GGLP/DF/PPD/VC/95/2011 y remitir a el presente informe y antecedentes de la verificación al Departamento Jurídico Técnico Contencioso y Cobranza Coactiva de la Gerencia Graco La Paz, para la emisión de la respectiva Resolución Determinativa, considerando además los antecedentes relevantes a las acciones y omisiones que configuran preliminarmente la conducta tributaria como omisión de pago; fojas 91-93 de antecedentes administrativos. 

” 

Por Dictamen N° 00016/2012 de 11 de enero de 2012 la Administración Tributaria sugirió ratificar la configuración inicial de la conducta de Leonardo Castro Rioja, con Ci 2204313 establecida en la vista de Cargo 32-0095-2011 CITE: SIN/GGLP/DF/PPD/VC/95/2011 de 20 de octubre de 2011, como omisión de pago; Fojas 95-96 de antecedentes administrativos 

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La Resolución Determinativa 17-0013-2012 CITE GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012 resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de Leonardo Castro Rioja dependiente de del Contribuyente COMP. ADM. DE EMPRESAS BOLIVIA SA CADEB. por los periodos fiscales enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre gestión 2008, en el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA),al haber omitido el pago de Bs6943 por concepto de impuesto omitido; asimismo calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago conforme el artículo 165 de la Ley afao 2492, sancionando con una multa igual al 100% del tributo omitido, finalmente, scola01 confirmó la multa por incumplimiento a deberes formales por un total de UFV’s 150; acto notificado personalmente el 22 de febrero de 2012; fojas 98-101 de To Net antecedentes administrativos. 

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TERCEPTANCERE 

El Proveído de Inicio de ejecución Tributaria N° 24-0457-2013 de 8 de abril de 2013, comunicó que estando firme la Resolución Determinativa 17-0013-2012 CITE GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012, conminó al sujeto pasivo Leonardo Castro Rioja dependiente de la Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA – CADEB, a pagar el monto liquido exigible de Bs 18.836.- bajo alternativa de que al tercer día de notificación se proceda a ejecutar las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 de la Ley 2492; acto administrativo notificado mediante cedula el 31 de agosto de 2015; fojas 104 y 113-116 y 119 de antecedentes administrativos. 

Por memorial de 2 de febrero de 2018 Leonardo Hernán Castro Rioja reitera prescripción en la fase de ejecución de la deuda y de la ejecución de la sanción emergente de la Resolución Determinativa N° 17-0013-2012 de 18 de enero de 2012; asimismo, adjunta copia simple de una nota solicitando prescripción con sello de recepción de 17 de agosto de 2017, fojas 191-194 de antecedentes administrativos. 

La Resolución Administrativa N° 2 31829000238 (SIN/GGLPZIDJCC/CC/RA/00020/2018) de 18 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 170013-2012 de 18 de enero de 2012, presentada por el contribuyente Leonardo Hernán Castro Rioja, mediante nota el 2 de febrero de 2018, por los periodos enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre de 2008,acto administrativo definitivo notificado personalmente al recurrente el 3 de agosto de 2018; fojas 195-200 de antecedentes administrativos. 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-11l de la Ley 3092, se tiene: 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por el recurrente; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia Recursiva..

.. 

IV.1. Prescripción El recurrente dentro los argumentos de su Recurso de Alzada, señala que el acto impugnado no realiza un adecuado análisis de los antecedentes y normas aplicables, desconociendo resoluciones emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, considerando que los hechos generadores del RC-IVA (dependientes) de los periodos enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre gestión 2008, en ese entendido, solicitó a la Administración Tributaria se declare la prescripción de sus facultades de Ejecución Tributaria, en relación a la Resolución Determinativa N° 17 0013-2012 de 18 de enero de 2012 en consideración al artículo 59 de la Ley 2492 que es de 4 años, en ese entendido, el término de prescripción debe computarse desde la Notificación al recurrente con la referida Resolución Determinativa más los 20 días de plazo para la impugnación, al efecto, cita la Sentencia No 35/2017 de 20 de marzo de 2017 asimismo pronunciamiento en forma separada sobre el tributo omitido y por otra parte la sanción por contravención. 

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Por su parte la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de 

Alzada manifiesta que en cuanto al cómputo de la prescripción el párrafo I y Il del artículo 60 de la Ley 2492, establece que se inició el 1 de enero del año siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del periodo del pago respectivo y el término para ejercer las facultades de cobro se computara desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; en ese entendido, la Resolución Determinativa N° 17-0013-2012, afaol CITE: SIN/GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012, fue notificada el escritos 22 de febrero de 2012, acto administrativo que no fue impugnado, constituyéndose en título de ejecución tributaria, por ello, el cómputo de la prescripción en la etapa de 

la etapa de loNet ejecución por el término de 4 años, toda vez que el párrafo II del artículo 60 de la Ley 2492 dispone que el computo inicia desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, es decir, desde el 31 de agosto de 2015, fecha en la que se notificó el 

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Proveido de Inició de Ejecución Tributaria, debiendo concluir el plazo para que opere la prescripción, el 31 de agosto de 2019. Por otra parte el artículo 59 de la Ley 2492, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible considerando que la sanción forma parte de la deuda tributaria no se encuentra prescrita; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 59 del Código Tributario, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 
  2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

dos (2) años. 

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: 1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo / del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

El artículo 61 del Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 

La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses II. : La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. – 

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El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o. 

sanción que imponen. 2. Autos de Multa firmes. 3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 4. Résolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor: 7 Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

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AFNOR CERTIFICATIO

El artículo 109, parágrafo II, de la Ley 2492, señala: II. Contra la ejecución fiscal, solo afan serán admisibles las siguientes causales de oposición: 1. Cualquier forma de extinción de 

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la deuda tributaria, prevista en este Código. 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. 3 Dación en pago, conforme sel disponga reglamentariamente. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo / del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la – notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

De inicio, es pertinente establecer que la prescripción extintiva que ahora nos ocupa analizar, se encuentra circunscrita a cuestionar la facultad del Ente Fiscal para ejecutar la deuda tributaria del RC-IVA correspondiente al periodo fiscal enero, febrero, mayo octubre, noviembre y diciembre de 2008, establecida en la Resolución Determinativa 17-0013-2012 CITE GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012, relacionado al Proveído de inicio de ejecución Tributaria N° 24-0457-2013 de 8 de abril de 2013; precisión que resulta necesario resaltar, toda vez que el ahora recurrente invocó la prescripción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 2492; en ese entendido, esta Instancia de Alzada procederá a analizar si en el presente caso se materializó o no la prescripción en cuanto a la facultad de ejecución tributaria. En ese entendido, es necesario recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado. 

Corresponde señalar también que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo, en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado.Plurinacional de Bolivia 

sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

A objeto de un adecuado análisis de la problemática planteada en el Recurso de Alzada, es pertinente reiterar que el presente caso se encuentra en ejecución tributaria, precisión que resulta necesario resaltar, toda vez que la solicitud de extinción de las obligaciones tributarias no es posible de materializar, en el entendido, que la parte material del tributo continua vigente, empero, es la facultad de ejecución la que se encuentra susceptible de ser declarada prescrita, toda vez que se encontraría fuera de plazo al no haber sido ejercitada en el término previsto en el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492. 

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Así también, corresponde señalar que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente dispone que: “Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código”; asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece que a los efectos de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley, el concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los. actos que pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos administrativos admitidos por . Ley; en consecuencia, los procedimientos administrativos salados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha fecha: a) Fiscalización y 

de la obligación tributaria; b) Procedimiento sancionatorio; c) Control y cobro de autodeterminación; d) Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica, que al haber sustanciado el proceso de determinación con la emisión de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa enmarcados en la Ley 2492, es ésta la norma con afan la que se debe concluir el procedimiento, así como, la ejecución tributaria

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Bajo el contexto anterior y de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que como resultado de un proceso de determinación sustanciado contra Leonardo DEINE Hernán Castro Rioja, la Administración Tributaria emitió dentro el término previsto legalmente la Resolución Determinativa 17-0013-2012 CITE 

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GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012, acto administrativo que resolvió establecer una deuda tributaria calculada sobre base cierta por el RC-IVA del periodo enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre 2008, acomo el interés, la omisión de pago y la multa por incumplimiento a deberes formales en un total de 10.922 UFV’S.-, actuación que fue notificada al contribuyente personalmente el 22 de febrero de 2012, según se verifica a fojas 98-101 de antecedentes administrativos; acto administrativo que no fue objeto de impugnación, lo que originó la firmeza del mismo, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria conforme establece el artículo 108 del Código Tributario. 

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En ese sentido, la Administración Tributaria emitió el Proveido de inicio de ejecución Tributaria N° 24-0457-2013 de 8 de abril de 2013, anunciando al sujeto pasivo que una vez concluido el plazo de 3 días, se dará el inicio de la Ejecución Tributaria, adoptando las medidas coactivas luego del tercer día de su legal notificación, todas las medidas coactivas para el pago total de la deuda tributaria, actuación administrativa notificada mediante cédula el 31 de agosto de 2015, según consta a 

4, 113-119 de antecedentes administrativos. Posteriormente, mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 2 de febrero de 2018, Leonardo Hernán Castro Rioja solicitó la prescripción respecto a las facultades de ejecución tanto del tributo omitido como de la sanción contenidos en la Resolución Determinativa 17 0013-2012 CITE GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012; al efecto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 231829000238 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00020 (2018) de 18 de julio de 2018, resolviendo rechazar la prescripción planteada, acto administrativo notificado de forma personal a la contribuyente el 3 de agosto de 2018 y que hoy es objeto de impugnación. 

Conforme a los antecedentes previamente expuestos, cabe puntualizar que a objeto de analizar la prescripción de la ejecución del tributo omitido es en el ejercicio pleno de las facultades otorgadas al Ente Fiscal, se inicia con la notificación del PIET, en razón a que dicha actuación administrativa además de ser un acto que conmina al pago de la obligación tributaria, cuya ejecutabilidad procede al tercer día siguiente de la notificación, conforme dispone el artículo 4 del DS 27874; también se constituye en un acto que produce efectos en el administrado a partir de la fecha de notificación, iniciando de esta manera el curso de la extinción en este caso de la prescripción; 

... 

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bajo ese contexto, el cómputo de la prescripción de la deuda se inicia a partir del momento en que es puesto a conocimiento del PIET, al sujeto pasivo, acto que además de estar respaldado en el Título de Ejecución Tributaria comunica precisamente el inicio de esta fase, lo que convierte a este documento administrativo en el comienzo de la fase de cobro por el lapso que la Ley establece para el efecto. 

“. 

Bajo la aclaración efectuada precedentemente se debe considerar lo previsto en los artículos 59, parágrafo I, numeral 4 y 60 parágrafo II de la citada Ley 2492, en los que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, término que se debe iniciar a partir de la notificación con el Proveído de Ejecución Tributaria. En ese entendido, siendo que la notificación al entonces contribuyente Leonardo Hernán Castro Rioja con el mencionado PIET, fue realizado el 31 de agosto de 2015, conforme se desprende de la diligencia de notificación cursante a fojas 115-119 de antecedentes administrativos; el cómputo de la prescripción de cuatro años para la ejecución del adeudo tributario se inició al día siguiente de dicha notificación conforme el artículo 60, parágrafo Ill de la Ley 2492, que taxativamente dispone: “En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.“, es decir, desde el 1 de septiembre de 2015. concluirá el 1 de septiembre de 2019. 

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En ese entendido, el término de 4 (cuatro) años para la Ejecución Tributaria previstos en el numeral 4, parágrafo 1 del artículo 59, de la Ley 2492, se inicia desde la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0457-2013, es decir que desde el 1 de septiembre de 2015, toda vez que el mencionado PIET fue notificado el 31 de agosto de 2015 y concluirá el 1 de septiembre de 2019, para que opere la prescripción respecto a las facultades de ejecución tributaria del RC-IVA correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, mayo, octubre, noviembre y afao diciembre de la gestión 2008, aún no transcurrieron; bajo estas consideraciones “scoridade dicha facultad a la fecha se encuentra incólume de acuerdo al siguiente cuadro: 

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CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

PIET N° 24-0457-2013 

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Prescripción | Prescripción | Prescripción (Notificación) 

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Conforme al cuadro precedente, se advierte que la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria respecto al tributo omitido, contemplada en el Proveído de Inicio de ejecución Tributaria N° 24-0457-2013 de 8 de abril de 2013, comenzó el 1 de septiembre de 2015 y concluiría recién el 1 de septiembre de 2019, es decir que las facultades de la Administración Tributaria para realizar la ejecución está vigente por esta razón se encuentran incólume, en aplicación de los términos de prescripción contemplados en el numeral 4, parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, considerando además la disposición contenida en el artículo 4 del DS 27874. 

Ahora bien, en relación a la solicitud del recurrente respecto a que se emita un pronunciamiento de la prescripción de la ejecución de la sanción, se tiene lo 

siguiente: 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4) años, estableciendo que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribía a los dos (2) años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveia que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, se computa 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias desde el momento en que adquiría la calidad de título de ejecución tributaria. 

painting De la misma forma se debe dejar claramente establecido que el cómputo de la facultad del Ente Fiscal para ejecutar la sanción, se inicia desde el momento en que los actos administrativos que impusieron la sanción respectiva adquirieron la calidad de Título de Ejecución Tributaria. 

En el contexto anterior, corresponde señalar que la Resolución Determinativa 17-0013 2012 CITE GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012, adquirió firmeza, ante la falta de impugnación constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria; en ese entendido, para el caso bajo análisis, se tiene que la firmeza del acto administrativo que determinó la deuda tributaria e impuso la sanción por omisión de pago además de la multa por incumplimiento a deberes formales, se dio a los veinte días posteriores a su notificación, en razón a que el sujeto pasivo no presentó el referido recurso de impugnación conforme lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley 2492; en consecuencia, siendo que la notificación realizada en forma personal fue practicada el 22 de febrero de 2012, según consta a fojas 101 vuelta de antecedentes administrativos, se tiene que el término para interposición del recurso de impugnación concluyó el 13 de marzo de 2012 en ese entendido, el cómputo de la mencionada prescripción para la ejecución de la sanción administrativa, se inició el 14 de marzo de 2012 y concluiría el 14 de marzo de 2014, conforme se advierte a continuación

Título de Ejecución Tributaria 

| Notificación 

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días para interponer el 

recurso de impugnación 

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cómputo | Prescripción | Prescripción

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Conforme al detalle consignado en el cuadro que antecede, corresponde destacar que para ejecutar la sanción establecida en la Resolución Determinativa 1700131 

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2012 CITE GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012, la Administración Tributaria tenía el plazo de 2 años computables a partir de que el citado acto administrativo adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, esto implica, a partir del 14 de marzo de 2012 y concluía el 14 de marzo de 2014; plazo en el cual la Administración Tributaria tenía el deber de efectuar el cobro total de la sanción de omisión de pago y la multa de incumplimiento a deberes formales establecida en la referida Resolución Determinativa, empero, tal situación no aconteció. 

Con referencia a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de 

2016, citada por el recurrente, es necesario señalar que dicha disposición refiere de manera expresa a la constitucionalidad de las Leyes 291 y 317; esto implica, la aplicabilidad de estas normas legales para respaldar una posición fundamentada respecto a la extinción por prescripción, en ese contexto, evidentemente muestra que el Tribunal Constitucional Plurinacional en ningún momento cuestionó la constitucionalidad de las citadas Leyes 291 y 317, exigiendo sólo que su aplicabilidad para el caso concreto (ejecución tributaria) sea debidamente fundamentada; no obstante, en el caso bajo análisis en absoluto las citadas normas legales forman parte o respaldan la decisión de esta instancia recursiva, toda vez que conforme se analizó previamente, la norma aplicable es la Ley 2492, sin modificaciones, aspecto este que se constituye, en el presente caso en el fundamento central para asumir una posición; consecuentemente, lo invocado respecto a la SC 1169/2016-S3, no corresponde. 

Con relación a las Resoluciones AGIT-RJ 1672/2013 de 16 de septiembre de 2013, AGIT-RJ 1418/2014 de 13 de octubre de 2014, AGIT-RJ 0017/2015 de 5 de enero de 2015, AGIT-RJ 1264/2016 de 24 de octubre de 2016, AGIT-RJ 1396/2016 de 31 de octubre de 2016 AGIT-RJ 1698/2016 de 20 de diciembre de 2016, AGIT-RJ 0255/2017 de 14 de marzo de 2017, corresponde señalar que la instancia Jerárquica asume una posición sobre la base de especificidades, argumentos y antecedentes administrativos propios de cada Recurso de Alzada y Jerárquico; en ese entendido, al tratarse de objetos, sujetos y causas distintas no representan una vinculación obligatoria; toda vez que el presente caso no guarda relación con lo precedentes citados correspondiendo en consecuencia desestimar la vinculatoriedad de las citadas resoluciones de Recurso Jerárquico al caso. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que la facultad del Ente Fiscal para proceder a la ejecución del tributo omitido determinado por el sujeto activo a través de la Resolución Determinativa 17-0013-2012 CITE GGLP/DJCCIATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012, se encuentra incólume, en el entendido, de que aún no transcurrió el término establecido en el numeral 4, parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492; no obstante, en relación a la facultad de ejecución de sanciones administrativas (sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales) establecidas en la citada Resolución Determinativa, se advierte que no fue ejercida dentro el plazo legal de acuerdo a lo señalado en el artículo 59, parágrafo III y 60 parágrafo III de la Ley 2492, en ese entendido, se dejan sin efecto; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución . Administrativa ....... No . 231829000238 (SIN/GGLPDJCC/CC/RA/00020/2018) de 18 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina desla. Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No – 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y. el artículo 141 del DS. 29894; 

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RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa No 231829000238 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00020 /2018) de 18 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Leonardo Hernán Castro Rioja; consecuentemente, se deja sin afaol efecto la sanción por omisión de pago y la multa al incumplimiento a deberes scorino formales, impuestas en la Resolución Determinativa 17-0013-2012 CITE GGLP/DJCC/ATJ/RD/014/2012 de 18 de enero de 2012, por prescripción y se mantiene firme y subsistente el tributo omitido e intereses establecidos en la citada Resolución Determinativa, todo en relación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0457-2013 de 8 de abril de 2013. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo La Paz, Bolivia 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

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