ARIT-LPZ-RA-1845-2018 La AIT confirmo la Resolución Sancionatoria por incumplimiento al deber formal de envío de LCV IVA a través del software Da Vinci. El acusado no presento descargos ni pruebas ante el Auto Inicial de Sumario Contravencional por tanto la AT emitió la Resolución Sancionatoria que según determinación de la AIT no se encuentra prescrita como manifestaba el acusado.

ARIT-LPZ-RA-1845-2018

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 1845/2018 

Recurrente: 

Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas . 

Acto Impugnado: 

Resolución Sancionatoria N° 181825000209 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00063/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-1324/2018 

Lugar y Fecha

La Paz, 19 de noviembre de 2018 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1845/2018 de 16 de noviembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181825000209 (SIN/GLPZ II/DJCC/TU/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018, resolvió sancionar al contribuyente Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo con una multa de 3.300 UFV’s, por 

afaq haber incurrido en la contravención del no envío de los Libros de Compras y Ventas 150 9001 correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, referido 

IQNet al Incumplimiento a Deber Formal de “NO envio de Libros de Compras y Ventas /VA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda, conforme normativa específica”, conforme establece el Subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037 07 de 14 de diciembre de 2017 y el Numeral 3, Subnumeral 3.1 del Anexo “l”, Régimen 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia 

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General de la RND N° 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016, en aplicación del 

artículo 150 de la Ley 2492... II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo, mediante nota presentada el 16 de agosto de 2018, cursante a fojas 7-11 de obrados, expresando lo siguiente: 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 140995011470, fue emitido el 13 de abril de 2015, por la Administración Tributaria posteriormente luego de 2 años y 11 meses, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 181825000209 el 9 de marzo de 2018, acto notificado el 3 de agosto de 2018, incumpliendo lo dispuesto en el parágrafo III del artículo 96 de la Ley 2492; del mismo modo vulneró los artículos 1, 8-1, 9, 14, 22, 46, 47, 115 al 117, 119 al 121 de la Constitución Política del Estado por la vulneración al derecho a la seguridad jurídica; al respecto cita los artículos 1, 2, 3 y 10 de la Ley 1178; 5 y 6 de la Ley 2027; 14 de la Ley 254; 5, 6, 68, numeral 6, 74, 148,155 de la Ley 2492; 27, 28 y 36 de la Ley 2341 y 1, 2 y 3 de la RND 10-0020-05. 

Los citados actos administrativos también vulneran el principio de tempus comissi delicti, que significa que la ley sustantiva vigente que rige es la del momento de cometerse el acto, es decir, en los periodos de fiscalización de la gestión 2011, estaba vigente la Ley 2492, no siendo aplicable las Leyes 291 y 317 del año 2012, que modificaron el artículo 59-l de la Ley 2492, no correspondería la retroactividad, al efecto, cita el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 y 11 de la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual en la generalidad de las 

circunstancias se prohibe que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como 

a la consecución del bien común, de manera concurrente, al efecto cita la Sentencia Constitucional N° 0770/2012 de 13 de agosto y al artículo 150 de la Ley 2492

Señala la Administración Tributaria que se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 140995011470 el 13 de abril de 2015, documento que se puede considerar como una vista de Cargo y que de acuerdo a normativa tiene 30 dias corridos a partir de la notificación para el descargo respectivo de acuerdo al artículo 83 

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de la Ley 2492, formalidad que en este caso no se cumplió, vulnerando su derecho a la defensa, no pudiendo solicitar de esta forma facilidades de pago

Las obligaciones que vencieron el 2011, inician su cómputo de prescripción el 1 de enero de 2012 y considerando cuatro años hacia adelante la deuda tributaria ya habría prescrito el 1 de enero de 2016, siendo que la Administración Tributaria emitió el acto impugnado en marzo de 2018, conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley 2492; reitera que la norma aplicable es la Ley 2492 sin modificaciones, al efecto cita la Sentencia 39/2016 de 13 de mayo de 2016

Si bien en la Resolución Determinativa se adiciona una calificación de conducta a la deuda tributaria generada en la vista de Cargo, este acto debe contener los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, así como el plazo de 60 días para su emisión y notificación, bajo alternativa de no aplicarse intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución 

Los artículos 59 y 154 de la Ley 2492, establecen que la facultad de ejecutar sanciones prescribe a los dos años a partir de la ejecución del título, al efecto cita las SSCC 0979/2002-R, 0147/2003-R y 0280/2010-R, que establecen que la ley aplicable es la vigente al momento del acto procesal.

” 

En caso de que los actuados de la Administración Tributario hubieran sido correctos, señala que se le negó lo establecido en el artículo 156 de la Ley 2492, relacionado a la reducción de sanciones que establece las sanciones pecuniarias para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos por contrabando se reducirán de acuerdo a la etapa de pago que realice el contribuyente entre el 80%, 60% y 40%. Señala además, que la Administración Tributaria cometió que reflejan la inseguridad jurídica, violando afao el Principio de Verdad Material, al efecto cita el artículo 200, numeral 1 de la Ley 3092, Scalidade 1 asimismo, las SSCC 1674/2003-R, 0119/2003-R, 1276/2001-R, 0418/200-R Y TIEM 0418/2000. Por los fundamentos esgrimidos precedentemente, se puede establecerNet que la Administración Tributaria incurrió en violación de derechos y principios OEMEN constitucionales como el derecho a la defensa, legalidad y seguridad jurídica, así como el principio de verdad material, más aun cuando la demora de la tramitación del proceso 

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se traduce en un perjuicio inminente a su persona. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución Sancionatoria N° 181825000209 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018. 

11.2. Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo, fue admitido por Auto de 22 de agosto de 2018, notificado personalmente al recurrente el 23 de agosto de 2018 y a la Administración Tributaria por cédula el 30 de agosto de 2018; fojas 12-17 de obrados. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante a fojas 2038 de obrados, respondió el Recurso de Alzada negativamente con los siguientes fundamentos: 

Los parágrafos I y ll del artículo 168 de la Ley 2492, señalan que el Sumario Contravencional se pondrá a conocimiento del sujeto pasivo, para que presente pruebas de descargo dentro de los 20 días de su notificación; sin embargo, no señala el término de emisión de un acto administrativo y menos establece que por el supuesto incumplimiento el Ente Fiscal perderá competencia y no podrá emitir el acto administrativo definitivo; asimismo, en la Ley 2492, no se advierte ningún articulado que establezca el plazo límite para la emisión de los actos administrativos

El contribuyente hace referencia al incumplimiento del artículo 96 de la Ley 2492, al respecto, corresponde aclarar que el presente proceso corresponde a un proceso sancionador por una contravención cometida por el contribuyente, específicamente la no presentación de información de Libro de Compras y Ventas IVA dentro de los plazos señalados, aspecto totalmente diferente a un proceso de determinación en el cual se emite una vista de Cargo acorde lo señalado en los artículos 92, 93, 94, 95 y 96 de la 

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Ley 2492, claramente se puede evidenciar que son procesos totalmente diferentes, realizando el contribuyente una errónea aplicación de la norma. 

El contribuyente refiere que supuestamente el AISC y la Resolución Sancionatoria atentan a la buena fe y transparencia de los actos administrativos; apartándose del principio de legalidad y seguridad jurídica, en realidad dichos argumento no se ajustan al derecho ni a lo acontecido realmente, toda vez que el recurrente no ha demostrado de qué manera se ha transgredido su seguridad jurídica, contrariamente, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que al sujeto pasivo, se le comunicó de todas las actuaciones llevadas a cobo en su contra, permitiéndole impugnar en plazo e interponer el correspondiente Recurso de Alza. 

Señala que el contribuyente hace referencia a varios preceptos legales, sin señalar de qué manera esa normativa habría sido infringida en el actuar de la Administración Tributaria a través de la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional y la respectiva Resolución Sancionatoria, siendo el argumento del recurrente fuera del contexto legál. Con relación a la vulneración al derecho al trabajo, el contribuyente no puede inculpar a la Administración Tributaria, cuando este fue auto infringido, al no cumplir con sus obligaciones tributarias por su propia negligencia y dejadez de las cuales posee pleno conocimiento. 

**

La Administración Tributaria en el desarrollo de sus actividades de verificación efectuadas, que son el reflejo en la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional, acomo en todo el proceso sancionador, precauteló la vigencia de los derechos fundamentales, garantizando el debido proceso, siendo de esta forma para que el contribuyente ‘pueda contrarrestar los cargos establecidos por la Administración Tributaria, resultando de esta manera legítima la sanción que ha surgido del proceso sancionador, garantizando el derecho a la defensa. En este afao contexto, la imposición de la sanción del Incumplimiento a la presentación de la calidad Información del Libro de Compras y Ventas tiene como requisito el respeto de los ATTAR derechos fundamentales, cumpliéndose con el procedimiento establecido er normativa legal vigente. 

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El contribuyente señala que por el principio del tempus comici delicti, establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de la comisión de la contravención, no correspondería la aplicación de las leyes 291 y 317 del año 2012, siendo que el contribuyente no considera que la norma vigente sería la Ley 812, ni tampoco considera la teoría de los derechas adquiridos. Con relación al derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, no ocurre lo mismo con los derechos expectativos, que generalmente carecen de relevancia jurídica y en consecuencia pueden ser modificados por el legislador. La Ley 812, no puede afectar a los derechos adquiridos por los contribuyentes, esto implicaría hacer una aplicación retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa, llamados 

“derechos expectativos”. 

En este caso no se considera que se trate de una aplicación retroactiva de la Ley, sino que la prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho adquirido o una situación expectativa, asimismo, cabe señalar que la prescripción nunca operó, nunca llegó a ser parte del goce de un derecho efectivo del contribuyente, en conclusión, la obligación tributaria nunca se consolidó en el patrimonio del sujeto pasivo como deuda extinta, esta situación puede ser modificada por el legislador a través de nuevas leyes como sucedió con las leyes 291, 317 y 812, que modificaron los plazos de prescripción, al efecto cita el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0757/2015 de 4 de mayo de 2015. Si bien el contribuyente en la gestión 2011, antes de la vigencia de las leyes 291, 317 y 812, tenía el derecho expectaticio de acogerse al artículo 59 de la ley 2492, antes de la modificación de este artículo, ya con la vigencia de las leyes antes mencionadas el derecho expectaticio quedó afectado por la nueva normativa, evidenciando de esta manera que de ninguna manera procede la prescripción. 

La Ley 812 que modifica el artículo 59 de la Ley 2492, está totalmente vigente y no la incorrecta valoración del contribuyente, además, recalca que en sujeción a los parámetros de aplicación de las normas en el tiempo, si bien para la liquidación de un determinado tributo, serán aplicables las normas vigentes a momento de ocurridos los hechos imponibles, al tratarse de normas sustantivas o materiales en sujeción al principio tempus comici delicti; sin embargo, en el presente caso al tratarse de la vulneración de normas adjetivas o formales por parte del contribuyente, corresponde 

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aplicar aquellas vigentes al iniciarse un determinado procedimiento, en sujeción al principio Tempus Regit Actum, de esta forma no su vulnera el principio de irretroactividad de la norma previsto por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado. 

Con relación al artículo 150 de la Ley 2492, establece la retroactividad de las normas tributarias en leyes que supriman ilícitos tributarios, bajo la validez temporal de las leyes y teniendo en cuenta que la interposición del presente Recurso de Alzada fue interpuesta cuando ya se encontraba modificada el artículo 59 de la Ley 2492, no siendo posible hablar de retroactividad de la norma, puesto que para que exista retroactividad, la norma que beneficie al sujeto pasivo debe estar en vigencia, pero las modificaciones introducidas al referido artículo se encuentran plenamente vigentes. – 

Por otra parte señala que una vez emitido el Auto Inicial de Sumario. Contravencional, el funcionario de la Administración Tributaria el 3 de septiembre de 2015 a horas 16:20 se constituyó en el domicilio del contribuyente para notificar el citado acto administrativo y al no ser encontrado, dejó aviso de visita a Juan Carlos Antequera, siendo primo del contribuyente, comunicándole que sería buscado nuevamente al día siguiente: El 4 de septiembre de 2015 a horas 16:00, el funcionario antes citado, nuevamente se constituyó a objeto de proceder a la notificación del acto administrativo, ocasión que tampoco pudo ser habido, al efecto procedió a realizar la correspondiente;:. Representación Jurada y como consecuencia se dispuso la notificación por cédula el 

7 de septiembre de 2015, respetando plenamente la normativa vigente. 

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Con relación a la infundada petición de prescripción por parte del contribuyente, cabe señalar que la Administración Tributaria ejerció sus facultades dentro del término de la prescripción establecida por la Ley 2492, corresponde aclarar que el contribuyente en su Recurso de Alzada señala normativa que no se encuentra actualizada, ya que hace afaq referencia a los artículo 59 y 60 sin modificaciones, en ese sentido, a efectos de establecer qué normativa es aplicable al caso concreto, corresponde analizar desde cuándo empieza a correr el cómputo de la prescripción y cuándo ocurrió la contravención conforme a la actual normativa, por lo que se puntualiza que el deber formal de la presentación de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, es de carácter mensual, indicando que el NIT del contribuyente 

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termina en 3, por lo que tenía hasta el 16 de cada mes para presentar su Libro de Compras y Ventas IVA por el Módulo Da Vinci. 

En previsión a lo señalado en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, siendo que el término de la prescripción de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2011, comenzó a correr en enero de 2012 y para el incumplimiento al Deber Formal de diciembre de 2011, el término comenzó a correr en enero del año 2013, ahora bien el parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 fue modificado por la Ley 812, determinándose que las acciones de la Administración 

Tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria o imponer sanciones administrativas, prescriben a los 8 años. Vale 

decir que, estando vigente la Ley 812, la deuda tributaria de la gestión 2011 prescribirá a los 8 años, evidenciándose que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para la imposición de sanciones dentro los plazos establecidos por Ley, consecuentemente fue aplicada la norma más benigna con relación a la Ley 317, toda vez que la Resolución Sancionatoria N° 181825000209 de 9 de marzo de 2018 fue notificada el 3 de agosto de 2018, consecuentemente la facultad de imposición de sanciones de la Administración Tributaria no se encuentra prescrita como erradamente pretende señalar el contribuyente. 

De la inaplicabilidad de la Sentencia Constitucional N° 116/2016-S3 en el presente 

proceso que solicitó el contribuyente para su consideración, es imperativo resaltar que, dicho precedentes no tiene relación alguna con el presente caso, pues los fundamentos fácticos y jurídicos son diferentes. Sobre la solicitud del contribuyente de aplicar lo establecido en la Sentencia No 39/2016, señala que no corresponde que la misma sea tomada en consideración en concordancia del artículo 203 de la Constitución Política 

del Estado. 

Respecto a la reducción de sanción a la que supuestamente pretende acogerse el contribuyente, esta no es aplicable, puesto que la multa por incumplimiento a deberes formales no está comprendida en la norma para la aplicación de dicho beneficio, se evidencia que la contravención no surge de la omisión de pago del tributo, sino de un incumplimiento de una obligación formal totalmente independiente a una obligación 

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material, al efecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ-0026/2010 de 

22 de enero de 2010. 

El contribuyente en ningún momento señala de manera concreta y clara de qué manera la Administración Tributaria, ha vulnerado su derecho al Debido Proceso, sin embargo de lo señala que el debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la Ley, en el presente caso se ha respetado todos y cada uno de los derechos del ahora recurrente, 

haciéndole conocer de manera oportuna todos y cada uno de los actuados que la 

Tributaria, otra cosa es que el sujeto pasivo, de manera voluntaria haya 

decidido no participar de manera activa en la elaboración de su defens

ņsa, al no haber presentado prueba alguna dentro los 20 días de notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, es decir, que fue el propio contribuyente el que ha actuado en perjuicio propio. 

Finalmente, con relación a la solicitud de nulidad por parte del contribuyente, debido al accionar de la Administración Tributaria contenido en la Resolución Sancionatoria impugnada, no se adecua a ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento, Administrativo, en consecuencia, la Resolución Sancionatoria impugnada cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos esenciales, por lo que disponer una equivocada nulidad o revocatoria de las actuaciones mencionadas se vulneraría directamente el principio de economía procesal, siendo que en el presente caso no corresponde retrotraer obrados por ninguna causa, asimismo, la Administración Tributaria señala la presunción de legitimidad de sus actos y además solicita la aplicación del Principio de Congruencia en la Resolución a ser emitida para el presente caso. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria afaq N° 181825000209 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018. colidad 

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II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 17 de septiembre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte 

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(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

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Sisterna de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y a la Administración Tributaria en secretaría el 19 de septiembre de 2018; fojas 39-40 de obrados

La Administración Tributaria mediante memorial de 9 de octubre de 2018, ratifica en 

calidad de prueba pre constituida el expediente administrativo en su integridad, que fue presentado al momento de dar respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, el Proveido de 12 de octubre de 2018, dio por ratifica la prueba documental señalada en el memorial mencionado; fojas 41-42 de obrados. 

11.5. Alegatos 

Dentro el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, la Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos en conclusiones, en este cometido ratificó in extenso el contenido el memorial de respuesta Negativa al Recurso de Alzada; al efecto, se emitió el Proveido de 30 de octubre de 2018 que dispuso por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; fojas 44-45 de obrados. 

Conforme lo establecido por el artículo 210 numeral II del Código Tributario, la Administración Aduanera recurrida no formuló alegatos escritos ni orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El Auto Inicial de Sumario Contravencional No 140995011470 de 13 de abril de 2015, dispuso el inicio del proceso de sumario contravencional contra Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo de conformidad a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 2492, al haberse constatado que el contribuyente no presentó la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Modulo – LCV de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, toda vez que la conducta señalada se constituye en incumplimiento al deber formal previsto en los artículos 1 y 2 de la RND 10-0047-05 y el artículo 15 de la RND 10-0004-10, sancionado con el sub numeral 4.2 de la RND 10 0037-07 para los periodos fiscales de enero a septiembre 2011, con una multa de 200 UFV’s por cada periodo fiscal incumplido; y según el artículo 1, parágrafo II, numeral 4.2 de la RND 10-0030-11 para los periodos octubre a diciembre 2011, con una multa de 1.000 UFV’s por cada periodo fiscal incumplido, haciendo un total de 4.800 UFV’s; 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

actuación administrativa notificada mediante cédula al contribuyente el 7 de septiembre de 2015; fojas 2 y 5-8 de antecedentes administrativos

La Administración Tributaria mediante Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DFNECPIAIŚC/INF/5011/2015 de 30 de septiembre de 2015, concluyó que considerando que el contribuyente dentro del plazo otorgado de 20 dias, no efectuó el pago de la multa establecida ni presentó descargos que hagan a su derecho, corresponde la remisión del Auto Inicial de Sumario. Contravencional No. 140995011470 al Departamento Jurídico a fin de continuar con el proceso correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-003707; fojas 12 de antecedentes administrativos. 

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La Gerencia Distrital La Paz- .del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 181825000209 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TU/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018, que resolvió sancionar al contribuyente Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo con NIT 2465078013, con la multa de 3.300 UFV ́s, por haber incurrido, en la contravención del no envío de los Libros de Compras y Ventas correspondiente a los periodos. fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, referido al Incumplimiento a Deber Formal de “No envío de Libros de Compras y Ventas /VA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda, conforse normativa específica, conforme establece el Subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y el numeral 3, subnumeral 3.1 del Anexo “I”, Régimen General de la RND N° 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016, en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492; acto administrativo notificado mediante cédula al contribuyente el 3 de agosto de 2018; fojas 19-22 y 2427 de antecedentes administrativos. 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

afag Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos para o clientemom 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, PARTIRE compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la LONet documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas, en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 2111|| del referido Código Tributario, se tiene

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó revocar o anular el acto administrativo impugnado; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios denunciados y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas; en entendido, corresponde el siguiente análisis: 

IV.1. VICIOS DE NULIDAD El recurrente en el Recurso de Alzada sala que el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 140995011470, fue emitido el 13 de abril de 2015, por la Administración Tributaria luego de 2 años y 11 meses se emite la Resolución Sancionatoria N° 181825000209 el 9 de marzo de 2018 y el 3 de agosto de 2018 procedieron a su notificación por cédula, incumpliendo lo dispuesto en el parágrafo III del artículo 96 de la Ley 2492. 

La Administración Tributaria en su respuesta manifiesta que la normativa de ninguna manera establece un término de emisión del acto administrativo y menos establece que a raíz del supuesto incumplimiento el Ente Fiscal perdería competencia y no podrá emitir el acto administrativo. Es necesario aclarar que en la Ley 2492, no se advierte que se encuentre contemplado en ningún articulado un plazo límite para la emisión de actos administrativos; al respecto corresponde lo siguiente: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de su

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derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

Con relación a los derechos del sujeto pasivo, el numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492, establece que se constituyen derechos del sujeto pasivo: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por éste Código y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos

El artículo 168 del Código Tributario establece: 1. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ‘ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por- . escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

afael IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto Calidad cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

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El artículo 36 de la Ley 2341, menciona que: 

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  1. 1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

El artículo 55 del DS 27113, dispone que: Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 140995011470, fue emitido por la Gerencia Distrital La Paz II el 13 de abril de 2015, contra el contribuyente Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo por el Incumplimiento a la Presentación de la Información del Libro de Compras y Ventas IVA por el Módulo Da Vinci; actuación notificada mediante cédula al contribuyente el 7 de septiembre de 2015. 

La Resolución Sancionatoria N° 181825000209 fue emitida el 9 de marzo de 2018, sancionando con una multa de 3.000 UFV‘s, por haber incurrido en la contravención del no envio de los Libros de Compras y Ventas a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, acto notificado al contribuyente mediante cédula el 3 de agosto de 2018. 

De lo descrito precedentemente se evidencia que efectivamente existió demora en la tramitación del proceso sancionador, toda vez que la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N°140995011470 fue el 7 de septiembre de 2015 y del acto impugnado el 9 de marzo de 2018, transcurriendo aproximadamente más de 2 años y 6 meses, aspecto que infringe la disposición contenida en los artículos 68 numeral 2 y 

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168 de la Ley 2492, normativa que tiene por objeto orientar los actos de la Administración Tributaria en cuanto a los plazos se refiere. 

Se hace necesario aclarar que la Administración Tributaria, está en la obligación formal de establecer los mecanismos idóneos para enmarcar sus actos en la Constitución Política del Estado que en su artículo 232; establece expresamente que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, compromiso, interés social, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, lo que implica no ejercer una actitud pasiva. No obstante lo expuesto, corresponde señalar que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la simple infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de los actos emitidos por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

En el ámbito constitucional, la Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, al respecto señala que “… La pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del r 

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nulidad se produce siempre que aquella esté expresamente señalada en la ley, ale efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: “Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia debe estar expresamente afaq señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda calidad autoridad (...)”; de no producirse esta situación (pérdida de competencia expresamente TIETOA señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa ante pronunciamientos Net fuera de los plazos procesales. Linea jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003 CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, o 0063/2005, entre otras. 

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Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el parágrafo Ill del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 201 del Código Tributario, dispone como condición para que un acto sea anulado, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las Leyes 2341 y 2492, no señala que la infracción de los plazos procedimentales extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una contravención, tomando en cuenta que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal, 

sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable del proceso, aun ante la tardanza en la tramitación del Auto de Sumario Contravencional, el Ente Fiscal aplicó en el presente caso el debido proceso, el derecho a la defensa, la verdad material y el principio de legalidad al establecer mediante el procedimiento contenido en el artículo 168 de la Ley 2492, una sanción ante el Incumplimiento de Presentación de la Información del Libro de Compras y Ventas IVA

‘En relación a lo señalado por el recurrente, en sentido de que una vez emitido el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 140995011470 de 13 de abril de 2015, la Administración Tributaria no habría cumplido con la formalidad de la notificación de acuerdo al artículo 83 de la Ley 2492; en ese sentido, de la revisión de antecedentes se evidencia que la servidora Wendy Pasten Fernández dependiente de la Gerencia Distrital La Paz II, el 3 de septiembre de 2015 a horas 16:20, se apersonó al domicilio legal del recurrente ubicado en la Av. Pablo Sánchez No 6250 de Irpavi, con el objeto de notificar el Auto Inicial de Sumario Contravencional, no habiendo sido encontrado comunica que será nuevamente buscado el día 4 de septiembre a horas 16:00, dejando el Primer Aviso de Visita a Juan Carlos Antequera – Primo del Contribuyente. Al no ser encontrado por segunda vez, se le comunica que se realizará la representación correspondiente a efectos del cumplimiento del artículo 85 de la Ley 2492. El 7 de septiembre de 2015 la servidora emite la Representación de Notificación por Cédula y en esa fecha la Gerente de la Distrital La Paz II, instruye la notificación de acuerdo al artículo 85 de la Ley 2492. El 7 de septiembre de 2015 la servidora antes citada, procedió a la notificación por cédula del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

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140995011470 de 13 de abril de 2015, por lo que el argumento de vulneración al derecho a la defensa por parte del recurrente no tiene fundamento

El recurrente señala que de acuerdo al artículo 99 de la Ley 2492 en caso de que el Ente Fiscal no emitiera dentro de los sesenta (60) días la Resolución Determinativa, no se procederá a la aplicación de intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió emitirse, hasta el día que se notifico; al respecto se aclara que la Vista de Cargo y la Resolución impugnada; vienen como resultado de un proceso de determinación, en sujeción al artículo 93 de la Ley 2492 – Formas de Determinación dela Deuda Tributaria; en ese entendido, se tiene que en el presente caso se trata de una contravención por incumplimiento a deberes formales, cuyo procedimiento se enmarca en el Capítulo II de la Ley 2492 y como señala el artículo 162 de la Ley 2492, cuyo origen obedece al incumplimiento a las disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, como en este caso, la rëglamentación tributaria (RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005), la cual instruye que el. contribuyente debe presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA en el mes siguiente al periodo fiscal concluido, hasta el tercer día hábil posterior al vencimiento para la presentación de la declaración jurada, cuyo incumplimiento se traduce en una contravención tributaria que es sancionada con la RND10003707 de ... 14 de diciembre de 2007 y la RND, 10-0033-2016 de 25 de noviembre de 2016, normativa que establece sanciones mediante multas expresadas en UFVs; las mismas :: que no están sujetas al cálculo de intereses, en este sentido lo argumentado por el recurrente no tiene fundamento legal

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Respecto a lo argumentado por el recurrente señalando que en caso de que los actuados del sujeto activo hubieran sido correctos, en tales condiciones hubiera accedido a los beneficios que otorga el artículo 156 de la Ley 2492 relacionado a là Reducción de Sanciones; al respecto cabe resaltar, que la reducción de la sanción, se afao da por los siguientes conceptos: por el pago de la deuda determinada después de calidad iniciado un proceso de fiscalización y antes de la notificación con la Resolución TIFY Determinativa, la reducción de la sanción será del 80%, por el pago de la deuda Net determinada efectuada después de la notificación con la Resolución Determinativa y VIGILANTESSO antes de la presentación de Recurso de Impugnación ante la regional correspondiente, la reducción de la sanción será del 60% y por el.pago de la deuda tributaria efectuado 

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LSERUAR PESER STEADCROG

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después de notificada la Resolución de impugnación de la regional correspondiente y antes de la presentación de Recurso ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se determinará una reducción de la sanción de 40%; en el presente caso y 

de acuerdo al proceso instaurado al recurrente y que además se trata de un proceso sancionatorio, donde no existe una deuda determinada por una fiscalización o verificación, no ocurrieron las circunstancias previstas por ley para la aplicación de los 

tres conceptos antes mencionados, por tanto no se evidencia la vulneración de los derechos y principios constitucionales como manifiesta el recurrente. 

Finalmente en relación a lo señalado por el recurrente respecto a que se deben considerar artículos menciorados de distintos cuerpos legales y asimismo las SSCC 0979/2002-R, 0147/2003-R, 0386/2004-R, 1055/2006-R, 0280/2010R, 1674/2003R, 0119/2003-R, 1276/2001-R, 0418/200-R y 068/2005; es necesario aclarar que al realizar la parte recurrente una simple mención de los precedentes constitucionales, omitiendo efectuar la argumentación o fundamentación respectiva estableciendo claramente de qué manera el accionar del Ente Fiscal vulneraría los mismos y su consecuente vinculación con el derecho que considera lesionado, en ese entendido, se concluye que, ante la ausencia de carga argumentativa que contribuya al debate jurídico, ésta Instancia de Alzada se ve impedida de emitir un pronunciamiento. 

En ese contexto y conforme al análisis realizado, se concluye que al no constituir causal de nulidad el incumplimiento de plazos y los argumentos de nulidad vertidos por el ahora recurrente, aspectos que además no causaron indefensión en el administrado, simplemente advirtiéndose la inexistencia de los mismos y además no generan nulidad de obrados, correspondiendo por estos conceptos mantener firme y subsistente la Multa por incumplimiento a Deberes Formales por un monto de 3.300 UFVs detallada en la Resolución Sancionatoria N° 181825000209 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales. 

IV.2. PRESCRIPCIÓN El Recurrente en su Recurso de Alzada señala que para las obligaciones que vencieron el 2011, inician su cómputo de prescripción el 1 de enero de 2012 y considerando cuatro años hacia adelante, la deuda tributaria ya habría prescrito el 1 de enero de 

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2016, siendo que la Administración Tributaria emitió el acto impugnado en marzo de 2018, conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley 2492; reitera que la norma aplicable es la Ley 2492 sin modificaciones, al efecto cita la Sentencia 39/2016 de 13 de mayo de 2016.

Por su parte la Administración Tributaria; indica que en previsión a lo señalado en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, siendo que el término de la prescripción de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2011, comenzó a correr en enero de 2012 y para el incumplimiento al Deber Formal de diciembre de 2011, el término comenzó a correr en enero del año 2013, ahora bien el parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 fue modificado por la Ley 812, determinándose que las acciones de la Administración Tributaria de controlar, investigar; verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria o imponer sanciones administrativas, prescriben a los 8 años. Vale decir que, estando ” vigente la Ley 812; la deuda tributaria de la gestión 2011 prescribirá a los 8 años, evidenciándose que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para la imposición de sanciones dentro. los plazos establecidos por Ley, consecuentemente fue aplicada la norma más benigna con relación a la Ley 317, toda vez que la Resolución sancionatoria N° 181825000209 de 9 de marzo de 2018 fue notificada el 3 de agosto de 2018, consecuentemente la facultad de imposición de sanciones de la Administración Tributaria no se encuentra prescrita como erradamente, pretende señalar el contribuyente; al respecto corresponde el siguiente análisis

.. 

El artículo 59 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, establece: . Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. Imponer sanciones administrativas. 

afaq 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o RIITT 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros IQNet 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe

los dos (2) años. 

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.. 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, serespecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. 1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. .. 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde

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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: : 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

  1. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. I El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributários o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, dispone: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo / del Artículo anterior; el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo... II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al afao sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito Calidad de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de som facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción

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El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la 

prescripción, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

De inicio es necesario puntualizar que la recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada solicitó prescripción de las obligaciones establecidas en el Acto impugnado, sin embargo, el acto impugnado, la Resolución Sancionatoria N° 181825000209 (SIN/GDLPZ-11/DJCC/TJ/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018, establece el incumplimiento a deberes formales por la falta de presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas, sin establecer un criterio respecto a la prescripción; no obstante, toda vez que la posición que asuma ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria debe estar abocada y enmarcada a dar una respuesta oportuna a todas y cada una de las invocaciones plasmadas en la 

nación así como en hechos, antecedentes y en el derecho aplicable, se procederá a efectuar el análisis respecto la procedencia de la prescripción; se debe 

cer mención que el sujeto activo en su respuesta a la presente impugnación, asume una posición; esto implica, que dio su consentimiento a todos los argumentos expuestos por el recurrente, rechazando los mismos; consecuentemente, se procederá a emitir criterio en el marco del principio de eficacia y economía conforme dispone el artículo 4 incisos j) y k) de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092. 

Previo a ingresar a la problemática que nos ocupa, de la revisión de antecedentes administrativos, se establece que el Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones conferidas por el Código Tributario emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 140995011470 de 13 de abril de 2015, contra Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo, por el incumplimiento al deber formal de envío de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – Modulo LCV, la conducta señalada 

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anteriormente, se constituye en incumplimiento al deber formal previsto en los artículos 1 y 3 de la RND 10004705, sancionado según el numeral 4.2 del anexo consolidado de la RND 10-0037-07 para los periodos de enero a septiembre 2011, con una multa de 200 UFVs por cada periodo fiscal incumplido y según el artículo 1, parágrafo II, numeral 4.2 de la RND 10003011 para los periodos octubre a diciembre 2011, con una multa de 1.000 UFVs por periodo fiscal incumplido, haciendo un monto total de 4.800 UFV’s; asimismo, se le concedió veinte (20) días a partir de su notificación con el presente Auto para que la contribuyente pueda presentar sus descargos; actuación administrativa notificada por cédula el 7 de septiembre de 2015, fojas 2 y 5-8 de antecedentes administrativos

Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo dentro de los 20 días de plazo que señala el parágrafo I del artículo 168 de la Ley 2492; no formuló por escrito ningún descargo u ofreció pruebas que hagan a su derecho, para desvirtuar el cargo realizado por la Administración Tributaria, por las sanciones que nacieron por el incumplimiento a deber formal de presentar los Libros de Compra y Venta IVA, correspondiente a la gestión 2011. Al efecto, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: SIN/GDLPZ* TI/DFNECP/AISC/INF/5011/2016 de 30 de septiembre de 2015, que concluyó que el contribuyente no efectuó el pago de la multa establecida ni presentó descargos que hagan : a su derecho, recomendando remitir los antecedentes administrativos al Departamento Jurídico; fojas 12 de antecedentes administrativos. 

inistrativos

Como consecuencia de lo anterior, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 181825000209 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018, acto administrativo que resolvió sancionar al contribuyente Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo con la multa de 3.300 UFV’s, por haber incurrido en la contravención del no envío de los Libros de Compras y Ventas correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, afao. octubre, noviembre y diciembre 2011, todo en relación al Incumplimiento a Deber calidad Formal de “No envio de Libros de Compras y Ventas IVA por periodo fiscal o gestión II anual según corresponda, conforme normativa específica, conforme establece el lNet Subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-003707 de 14 de diciembre WEERGENTSIDE de 2007 y el numeral 3, subnumeral 3.1 del Anexo “I, Régimen General de la RND N O 100033-16 de 25 de noviembre de 2016, en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492; 

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acto administrativo notificado mediante cédula al contribuyente el 3 de agosto de 2018; 

fojas 19-22 y 24-27 de antecedentes administrativos. 

A objeto de abordar la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo, en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es. necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo; a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue 

es el derecho material del tributo. 

Es menester señalar también que el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492; fue modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para el 

ejercicio de las siguientes facultades: i) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii) imponer sanciones administrativas, de acuerdo a lo señalado, nuestro Estado mediante esa reforma, 

amplió el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018. 

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de 

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prescripción, para cada año establecido en el présente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pagò respectivo. 

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la 

  • prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades’ mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria.y, Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley“, en ese entendido, considerando que la Ley 291 establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley. 812, de tal manera; se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional :,: Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario. 

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En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está en función a su vigencia, lo que implica que los actos administrativos notificados posterior afao a la vigencia de la citada Ley estarán sujetos a dicha normativa, disposición legal que establece que las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescribirán a los 8 años; en el presente caso, la Resolución Sancionatoria N° IQNet 181825000209 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018, fue notificada por cédula el 3 de agosto de 2018, precisamente en vigencia de la Ley 812

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II III 

como consecuencia, el término que corresponde aplicar es de 8 años de forma única y definitiva 

En este punto, resulta pertinente mencionar que conforme el amplio examen normativo realizado precedentemente, ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedo en vigencia es la Ley 812, de cuya redacción se establece un término fijo de prescripción de ocho (8) años; aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable la aplicación a los actos emitidos y notificados precisamente en vigencia de esta ley; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, de que esencialmente trata de una norma más beneficiosa, para el sujeto pasivo, toda vez como mencionamos anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 os, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar obligaciones impositivas. 

En atención a lo señalado con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas de conformidad al artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, se inicia: .... desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria; en ese entendido, para el presente caso, de acuerdo al marco legal salado, respecto a la sanción por el incumplimiento al deber formal de presentar la infomación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2011, con vencimiento de presentación en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, respectivamente, dentro el plazo de 3 días hábiles computables a partir de la presentación de la DDJJ del impuesto correspondiente de acuerdo con el último digito de su NIT, el cómputo de la prescripción inicio el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2019; asimismo para el periodo fiscal diciembre 2011, con vencimiento de presentación a enero 2012, el cómputo de prescripción inició el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020; ahora bien, siendo que la notificación del acto impugnado fue el 3 de agosto de 2018, interrumpió el curso de la prescripción y la Administración Tributaria ejerció sus facultades de imposición de sanciones dentro del plazo legal establecido, conforme se observa en el siguiente cuadro: 

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:::… 

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Concepto 

CUADRO DE CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

Periodo : : Inicio de Tiempo de 

Fecha de Prescripción Fiscal Prescripción Prescripción Enero-2011 – .1 de enero 2012 18 años 31 de diciembre 2019 

Notificación de la RS 

MIDF 

MIDF 

Febrero 2011 

-, 1 de enero 2012 

8 años 

31 de diciembre 2019 

MIDF 

Marzo-201

1 de enero 2012 : 

8 años 

31 de diciembre 2019, 

MIDF 

1 de enero 2012 

8 años 

Abril-2011 

*Mayo2011 

MIDF 

1 de enero 2012 

8 años. 

31 de diciembre 2019 31 de diciembre 2019 

31 de diciembre 2019 31 de diciembre 2019 

MIDF 

Junio-2011 

1 de enero 2012 

8 años 

:-3 de agosto 2018 

MIDF 

Julio-2011 

1 de enero 2012 

8 años 

MIDF 

Agosto-2011 

1 de enero 2012 

8 años 

31 de diciembre 2019 

MIDF 

Septiembre 2011 

1 de enero 2012 

8 años 

31 de diciembre 2019 

MIDF 

Octubre 2011 

1 de enero 2012 

8 años 

1.31 de diciembre 2019 

MIDF 

Noviembre 2011 

1 de enero 2012 

.8 años. *** 31 de diciembre 2019 8 años 31 de diciembre 2020 

MIDE 

Diciembre-2011 

1 de enero 2013 

– 

De lo expuesto, se tiene que la prescripción invocada por el ahora recurrente en relación a la facultad de la Administración Tributária para imponer sanciones no se encuentra materializada, debido a que se produjo:la interrupción con la notificación del acto administrativo ahora impugnado1 el 3 de agosto de 2018 y como consecuencia ejercitó su facultad de imponer la sanción dentro de plazo legalmente establecido por el artículo 59 modificado por la Ley 812, concluyendo de esta manera que las facultades del ente fiscal para imponer sanción por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2011, no se encuentran prescritas. 

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Calidad 

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TV Durado 

En referencia a lo señalado por el recurrente en su Recurso de Alzada sobre la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar sanciones, la 

afao cual prescribiría a los dos años a partir de la ejecución del título de acuerdo a los 150 9001 artículos 59 y 154 de la Ley 2492; al respecto se debe aclarar que la Ley 812 de 1 de acuos julio de 2016 modificó los parágrafos I y Il del artículo 59 de la Ley 2492, de la siguiente forma: “. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. Por consiguiente el periodo de prescripción para imponer sanciones de 2 años dispuesto por el artículo 59 de la 

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Ley 2492; no obstante, la Ley 812 modificó el respetivo plazo a 8 os, estando dicha normativa en plena vigencia a la notificación del acto impugnado. 

De acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos, se llega a la conclusión que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de imposición de sanción emergente del incumplimiento a deberes formales relacionado con la presentación de Libros de Compra y Venta IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, dentro del plazo previsto por Ley; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria No 181825000209 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 181825000209 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00063/2018) de 9 de marzo de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Luis Carlos Fernando Ávila Cárcamo; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa por la contravención de no envío de Libros de Compras y Ventas IVA por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y. diciembre 2011 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención. 

cinna

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Vigo 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación. 

vivian 1 1980) 

Regístrese, hágase saber y cúmplase

Mendoza 

Alic. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 14Tributarla – La Par, … 

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