ARIT-LPZ-RA-1838-2018 La AIT anula la Resolución Determinativa porque la AT no fundamento las razones por las que las pruebas presentadas (costos de construcción) por el acusado no fueron considerados. La AT determinó ingresos no declarados por venta de inmueble sobre base cierta y la obligación tributaria del IUE sobre base presunta (el acusado no contaba con información contable porque durante la fiscalización aún no se encontraba registrado en el Padrón de Contribuyentes del SIN), para este ultimo no consideró la deducción de costos y gastos de construcción (descargo del acusado).

ARIT-LPZ-RA-1838-2018

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1838/2018 

Recurrente: 

Javier Humberto Zuleta Garrón 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171829001074 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00119/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-1286/2018 : 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 19 de noviembre de 2018 

.

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, e! Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico.. Jurídico ARIT-LPZ N° 01838/2018 de 15 de noviembre de 2018, emitido por la Sub... Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

I ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La 

Resolución 

Determinativa N° 1 71829001074 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00119/2018) de 4 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de Javier Humberto Zuleta Garrón en la suma de Bs3.832.062.- por tributo omitido del afaol Impuesto sobre la Utilidades de las Empresas IUE, más actualización, intereses y la calidad sanción por omisión de pago de la gestión fiscal con cierre a marzo 2011, así como la multa de 500 UFV’s por incumplimiento a deberes formales. 

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Juan Carlos Guzman Rul 

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TITILLO 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1 Argumentos del Recurrente Javier Humberto Zuleta Garrón mediante memoriales presentados el 7 y 17 de agosto de 2018, cursante a fojas 3757 y 58 de obrados respectivamente, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

La determinación sobre base cierta es contradictoria, puesto que rechaza la información proporcionada respecto de los costos constructivos los cuales son parte del autoavalúo que incluye la liquidación del impuesto a pagar (Análisis de Presupuesto y Avalúo Técnico y Presupuesto General y Análisis de Precios Unitarios), lo cual significa que debió acudirse al método sobre base presunta para determinar los costos 

y gastos. Es claro que este autoavalúo hubiera constituido una declaración sujeta a 

verificación por parte del fisco para servir de fuente indirecta y estimativa de los hechos 

generadores del tributo; sin embargo, el sujeto activo no cumplió con dicha verificación 

realizar de manera inexcusable dado el carácter de autodeclaración y como tal amparada en el principio de buena fe, al haber rechazado sin mediar un acto motivado, debió acudir a la base presunta apelando sus propias fuentes de información, pero tampoco cumplió con tal procedimiento. El ente fiscal señala que la determinación es sobre base cierta, empero, no contempló los elementos indispensables y necesarios para la construcción del edificio Arkansas. El propio SIN hizo notar que en la gestión fiscalizada, no contaba con registro tributario y solo mencionó que se había obtenido reportes del Sistema Nacional de Registro de Propiedad (SINAREP), por ello, la determinación no puede basarse solo en esta información, toda vez que la misma no demuestra ningún costo

Hizo notar al SIN que sus fuentes de información no hacen referencia a los costos o egresos, en tales circunstancias llegó al absurdo de determinar el impuesto sobre el ingreso bruto, descontando únicamente los costos financieros, como si la obtención de la renta gravada no hubiese demandado ningún tipo de material, esfuerzo humano (salarios) ni gastos de ningún tipo; al respecto cita los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 43 y 44 de la Ley 843

En el presente caso, fue necesaria la aplicación del método de la base presunta, ya que la RND 10-0017-13, contempla la técnica específica aplicada con varias opciones 

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que ofrece como instrumento reglamentario; en ese sentido, el artículo 8 de la citada RND establece los “Medios por inducción” que consta de tres técnicas de aplicación definidas y una cuarta con la posibilidad de aplicar “otras técnicas”; en ese sentido, el SIN tenía a su alcance toda la información para aplicar la Técnica Ingreso-Gasto conforme lo previsto en el inciso b) del artículo 8 de la RND 10-0017-13, toda vez que la información contenida en el autoávalúo es útil y solo requería una verificación, es decir, llevar a cabo una comparación con los precios de mercado, información que cursa en los registros históricos y publicaciones especializadas sobre los precios de materiales y mano de obra. 

Era lógico y racional que la Administración Tributaria, ante la ausencia de documentación de respaldo por lo menos hubiese considerado recabar, información sobre los costos del proyecto; sin embargo, pese al argumento y justificación en su aplicación, en la práctica el ente fiscal no lo realizó, ya que solo tomó en cuenta los costos financieros, luego de descartar, desechar e ignorar los costos constructivos y persistió en la aplicación de la base cierta, en contradicción con los parágrafos 1 y 2. del artículo 44 con una clara intención de no imputar costos ni gastos, para lograr una mayor base imponible; reitera que debía aplicar la base presunta para determinar los costos yo base cierta para determinar los ingresos, pero de manera mecánica y basándose en una regla general de la base cierta; el SÍN no hizo referencia a los parámetros de cálculo utilizados para determinar los gastos y costos constructivos, ya que la obra requirió de materiales y mano de obra en la construcción del edificio, lo cual derivó en un resultado desproporcionado y alejado de la realidad. 

Como contribuyente consciente de no estar registrado en el Padrón de Contribuyentes en la gestión 2011, no lo eximía de tributar, presentó un autoavalúo de los gastos incurridos y además procedió con el pago del impuesto en mérito al monto autodeterminado, en ese sentido, lo correcto era que el ente fiscal someta esta afao determinación a una verificación y control para determinar si la misma se adecuaba a calidad la realidad; sin embargo, la Administración Tributaria desechó el avalúo y el análisis de 10 precios unitarios y consideró como único gasto el costo financiero, más no otro gasto. IQNet Pese a la argumentación realizada a tiempo de presentar los descargos, el SIN reiteró BLOEMEN y confirmó que el método aplicado fue el correcto, es decir, no explicó ni justificó en o absoluto como determinó el IUE sobre base cierta sin tener en cuenta los costos y 

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gastos incurridos en la obtención de la hipotética ganancia o utilidad, en contradicción con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 843, referida a la utilidad neta imponible. 

Por su parte, los artículos 7, 8 y 15 del DS 24051 establecen la necesidad de considerar en la determinación de la utilidad, los gastos necesarios en la obtención de la utilidad, aspecto lógico, puesto que las utilidades no se obtienen por “arte de magia”, sin embargo, el sujeto activo determinó el impuesto a los ingresos brutos, además justifica de manera errada la no aplicación de la base presunta amparado en el artículo 8 de la Ley 843, la cual señala que los gastos deben estar relacionados a la actividad gravada y que los documentos deben ser originales, en tales circunstancias señaló que al no contar con ningún documento de respaldo, no podría realizar ninguna presunción de los gastos; al respecto, debe quedar claro que el citado artículo refiere a un contexto óptimo en un escenario en el que el contribuyente tiene la documentación en orden y puede cumplir con dicho procedimiento previsto en el parágrafo I del artículo 43 de la ley 2492; tal norma no se refiere a un contexto en el que el contribuyente realizó actividades sin llevar registros contables, situación que conduce a la aplicación de la base presunta, conforme lo establece el artículo 44 de la citada Ley. Como resultado de la determinación efectuada, no se cumplió con el principio básico de reconocer los gastos o costos incurridos en la obtención de las utilidades gravada, salvo en lo que toca a un mínimo de gastos financieros. 

Por otro lado, la norma establece que un proceso de determinación no puede prolongarse al superar el tercer año; es así que el primer requerimiento data del 31 de diciembre de 2014, en la cual solicitó documentación de respaldo a los gastos y costos, el cual fue atendido en tiempo y forma oportuna, proporcionando lo requerido, sin embargo, la misma no fue tomada en cuenta como descargo, pese a que tuvo suficiente tiempo su análisis y valoración; a este respecto el SIN, lejos de justificar la demora, argumento que si bien el artículo 104 de la Ley 2492 prevé que des hasta la emisión de la Vista de Cargo no podría haber transcurrido más de 12 meses y que no existía una norma que disponga un término de perentoria que justifique la perdida de competencia del ente fiscal para determinar la deuda tributaria; el entendimiento del ente fiscal es sui generis puesto que el legislador señaló los plazos 

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y en contraparte la administración no observó los mismos. 

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La demora excesiva que se da en el presente caso excedió el plazo máximo de 18 meses siguientes al inicio de la fiscalización previsto en el artículo 104 de la citada ley, lo cual provocó un encarecimiento de la hipotética deuda tributaria, empero como no está contemplada una consecuencia explicita. por el vencimiento del plazo en los términos expresados en el parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492, se debe acudir al artículo 21 y 36 de la Ley 2341, referido a los términos, plazos y la anulabilidad del acto respectivamente. 

Los requisitos que establece el artículo 96 de la Ley 2492, no solo se trata de incorporarlos en términos nominales para el cumplimiento formal de la norma; para ello el ente fiscal con las atribuciones que le otorga la Ley, en el proceso de fiscalización, debió arribar a resultados razonables y sustentables, cuyos requisitos están contenidos en el artículo 99 de la citada Ley, lo cual significa que los descargos presentados. debieron referirse a los montos establecidos en ejercicio de sus facultades, sin embargo se limitó a formular cargos de manera improvisada y persistió en una posición que no tiene sustento lógico ni racional. Dada la importancia de este antecedente, el artículo 35 de la Ley 2341 establece que cuando carezca de objeto o el acto sea ilícito, el acto es anulable, al respecto cita los artículos 29, 55 y 56 del citado cuerpo legal. La Vista de Cargo no estableció un valor constructivo por mts2 para compararlo luego con.…. el valor de venta, es así que en el cuadro de ingresos no se hizo ninguna referencia a los valores atribuidos por construcción de los metros cuadrados que refiere a cada unidad vendida, simplemente hace un sumatoria del valor de venta y luego deduce los costos financieros para obtener un resultado desproporcionado; en tales condiciones y haciendo una operación sencilla de ingresos y gastos se tiene que por cada Bs 100. ingresados se hubiera gastado Bs2.- lo cual es absolutamente irracional. 

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La Vista de Cargo ni siquiera había considerado como valor deducible el costo del terreno sobre el cual se levanta el edificio Arkansas, aspecto que no se puede ignorar, afao toda vez que este costo integra proporcionalmente el valor de la venta y debió por tanto calidad tomar el valor consignado en la minuta de transferencia o en su defecto acudir a medios indirectos o estimativos, atribuyendo un costo presunto, sin embargo el ente fiscal IQNet asignó un valor cero, lo cual es irracional; añade que el acto preliminar no toma en SEMANA cuenta la inversión realizada y no consideró el costo de la compra del terreno que fue a adquirido el 22 de abril de 2008 por la suma de Bs 1.950.600.-, a este respecto el ente 

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VII

fiscal señaló que los gastos deben ser acreditados en la gestión fiscalizada, dicho de otro modo no consideró como gasto deducible. 

En cuanto al principio de verdad material y realidad económica, a tiempo de formular descargos hizo notar que sin bien los ingresos fueron determinados sobre base cierta, los gastos no se encontraban respaldados, por ello, el ente fiscal debió acudir a la base presunta para determinar los gastos, aspecto que condice con la realidad material y concordante con el parágrafo I del artículo 44 de la Ley 2492. EI SIN confunde la verdad material con la base cierta como si fueran sinónimos, aspecto equivocado, ya que en la determinación, a entendimiento del fiscalizador, solo la documentación presentada por el contribuyente referida a los gastos financieros cumplen con este propósito y asume que la verdad material solamente puede emerger de su examen o su análisis; agrega que el fiscalizador incurre en contradicción cuando desechó el autoavalúo que incluye la liquidación del impuesto a pagar con el único justificativo que no se encontraba respaldado con documentación. Dicho autoavalúo debió dar lugar al procedimiento sobre base presunta y verificar tales extremos y conforme a su alcance tenía los medios para establecer los costos constructivos, acudiendo a publicaciones especializadas e inclusive a información estadística del INE. 

Hizo notar que la nota CDC 141/2013 de 2 de julio de 2013, emitida por la Cámara de la Construcción de La Paz, dirigida a la Gerencia Distrital La Paz, contenía una tabla de costos constructivos en propiedad horizontal, asimismo presentó una copia del fraccionamiento del edificio Arkansas; al respecto, el fiscalizador no interpretó el verdadero propósito y alcance del TUE, ya que la documentación antes citada es importante y se constituye en un parámetro de cálculo, sobre el cual debió arribar a un resultado sobre los costos constructivos, admitiendo o rebatiendo los mismos. Según los 3 requerimientos de información de 23 de enero de 2015, 17 de diciembre de 2015 y 31 de octubre de 2016, el SIN solicitó diferente documentación, sin embargo, de manera reiterada insistió que no se presentó documentación de respaldo a las operaciones, en tales circunstancias, debió acudir a fuentes de información externas y su propia base de datos; dicho esto, se advierte que la Administración Tributaria de todos modos no estableció los costos de construcción. 

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Existen imprecisiones y omisiones en la que incurre el ente fiscal, entre ellas, la Norma Contable NC 14 que se refiere a las políticas contables su exposición y revelación, sin embargo es obvio que en la fiscalización practicada la citada norma no fue considerada; por otra parte en las gestiones 2009, 2010 y 2011 se canceló por concepto de intereses por la suma de Bs884:462,72 pero el SIN solo consideró el monto de Bs351.410. 

En cuanto al pago realizado en boleta 1000, cabe resaltar que en periodo fiscalizado producto de la utilidad declarada se canceló en efectivo la suma de Bs549.837. importe que incluye los accesorios respectivos, sin embargo la Administración solo toma en cuenta Bs284.555.- es decir que los accesorios no fueron considerados y no tuvieron ninguna incidencia en el cálculo efectuado por el SIN; dicho de otra manera là diferencia entre los montos antes señalados en la liquidación realizada por la Administración Tributaria, se diluyó. 

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Ante la imposibilidad de presentar documentos contables y admitiendo sus obligaciones fiscales presentó autoavalúo, esperando que el fisco efectúe ajustes si correspondía o verificar su consistencia aplicando estimaciones o comparaciones con emprendimientos similares, sin embargo en la evaluación de los descargos el ente fiscal señaló que este autoavalúo no contenía las retenciones del RCIVA y las leyes: laborales, motivo por el cual no fue considerado; aseveración que desconoce el propósito y objeto del alcance de la fiscalización del UE, además el ente fiscal olvida que el autoavalúo es semejante a una autodeclaración de impuestos y bajo el principio de buena fe establecido en el artículo 78 del Código Tributario, se presume el fiel reflejo de la verdad y como tal, es la Administración Tributaria, la instancia con competencia para verificar y fiscalizar sus contenidos. 

afao De la misma manera, por su importancia y consistencia del autoavalúo (Análisis de calidad presupuesto y precios unitarios) presentado al SIN es completo, toda vez contiene el cálculo de volúmenes y costos de todos los ítems que componen la construcción del Neto edificio Arkansas acompañados del análisis de precios unitario, dato que es exacto, ya que registra el costo total de construcción que asciende a Bs17.854.506,80 mismo que dividido entre el total de metros cuadrados construidos, es decir 8.732 mts?, se tiene 

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un costo unitario de Bs2.044,72 equivalente a $us293,78 siendo un valor racional para la época en la que fue construido. Además se debe tomar en cuenta que el propio SIN solicitó a la Cámara de la Construcción de La Paz CADECO, le proporcione los costos de construcción de edificios en diferentes zonas de la ciudad de La Paz, cuyo requerimiento fue atendido y enval SIN cuadros detallados, mismo que se encuentran en el expediente para ser utilizados como costos referenciales, en ese sentido para edificios acabados nivel estándar como es el caso del edificio Arkansas para el año 2008, los costos variables entre 324 a 342 Sus/mts2 y para el año 2009 los costos son 341 y 359 Sus/mts?, por tanto el promedio resulta 333 $us mts2 para el 2008, cuyo monto equivalente es Bs2.317,68; en resumen el autoavalúo presentado fue de Bs2.044/m2 según CADECO Bs2.317,68/m2, cuya diferencia resulta 272.96/m2, costo que resulta razonable y se encuentra dentro de los parámetros de costos del 

sector. 

En lo que concierne a la reducción de sanciones y el arrepentimiento eficaz, con la Ley 812, el enfoque ya no es estrictamente sancionatorio sino es de carácter persuasivo, para que el contribuyente pueda regularizar sus obligaciones fiscales, por tanto en el presente caso no corresponde ninguna sanción considerando que los pagos efectuados se realizaron con anterioridad a la emisión de la Vista de Cargo. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o alternativamente anular la Resolución Determinativa N° 171829001074 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00119/2018) de 4 de julio de 2018. 

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Javier Humberto Zuleta Garrón fue admitido por Auto de 22 de agosto de 2018, notificado de forma personal al recurrente el 23 de agosto de 2018 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 30 de agosto del 

mismo año, fojas 59-64 de obrados. 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria : La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Celideth Ochoa Castro, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031800000458 de 25 de junio de 2018, por memorial 

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presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante a fojas 67-73 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

Se aplicó el método sobre base cierta, en razón a que se contaba con prueba documental y virtual y toda la información que se pudo recolectar, por lo cual es legal, válido y viable conforme lo establece el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492. EI trabajo se realizó sobre prueba material, es decir sobre documentación de respaldo, en base a la información existente en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT 2 y no así sobre meras conjeturas y apreciaciones de carácter formal, por tanto los argumentos del recurrente no tienen asidero legal, ya que las observaciones y fundamentos se encuentran detalladas en la Resolución Determinativa impugnada y la respectiva documentación de respaldo; asimismo se obtuvo los formularios 430 – IT de Transmisión o Enajenación de Bienes y se solicitó a la ASFI información acerca de los estados de cuenta del recurrente, cuya información permitió conocer de forma cierta e indubitable los hechos generadores del tributo. 

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Se efectuaron 3 Requerimientos de Información (Nos. 121869, 121876 y 98230) solicitando información referente a los ingresos y gastos incurridos en la gestión fiscalizada; en atención a ello, respecto de los gastos presentó “Análisis Presupuestario y Avalúo Técnico” y “Presupuesto General y Análisis de Precios Unitarios”; sin embargo, omitió la presentación de documentación que respalde los costos y gastos incurridos durante la construcción del edificio Arkansas, por tanto, al no contar con los 

respaldos necesarios, la información proporcionada se consideró inválida para la deducción del IUE conforme lo establece el artículo 8 del DS 24051; se contaba con la documentación necesaria para realizar la determinación sobre base cierta, ya que los documentos e información permitió conocer de forma directa los hechos generadores del tributo, por tanto se ratifica la base cierta realizada. 

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ISO 9001 Respecto del tiempo transcurrido desde el primer requerimiento y la Vista de Cargo, en calidad artículo 104 de la Ley 2492, si bien establece que hasta la emisión del acto preliminar ETTES no podrá transcurrir más de 12 meses, dicha norma no contempla la caducida 

incumplimiento de plazo o la perdida de las facultades de la Administración Tribu como ocurre con el parágrafo I del artículo 99 del citado código, por tanto dicha norma no hace referencia a un plazo perentorio o fatal, en consecuencia, en aplicación del 

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numeral II del artículo 36 de la Ley 2341, resulta improcedente sancionar con la anulación del acto que implique la caducidad o la perdida de competencia, si la norma en particular no ha otorgado perentoriedad al plazo para la conclusión de la fiscalización

El acto impugnado contiene y establece los requisitos de formas y fondo, para ello ejerció sus facultades de control y fiscalización, de cuyo resultado determinó adeudos tributarios sobre base cierta, formuló cargos pero no de una manera improvisada, sino con sustento técnico legal y lógico, con documentación presentada por el contribuyente que respalda las observaciones de ingresos y gastos. En materia de nulidad, para establecer si los actos administrativos son inválidos, debe conocerse los requisitos de validez, de modo que de su comparación los vacíos queden expuestos y será nulo en función de la gravedad del vicio; al efecto cita los artículos 35 parágrafo I de la Ley 2341 y 55 del DS 27113; en el presente caso, los vicios de nulidad denunciados deben impeler a verificar si la verificación se encuentra viciada por incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 96 y 18 de la Ley 2492 y DS 27310 respectivamente

La actuación preliminar y el acto ahora impugnado, aclaran y explican con el debido respaldo los resultados obtenidos sobre base cierta, en función a la información y documentación proporcionada por el contribuyente, por terceros y la información del SIRAT 2; al efecto se pronunció sobre todos y cada uno de los motivos que dieron origen a la deuda tributaria, identificó claramente los resultados obtenidos, desarrolló los fundamentos técnico jurídicos sobre los aspectos observados previa revisión de la documentación, cumplió con los requisitos que exigen la normativa antes citada y lo que comprende la verdad material y la realidad económica. Respecto a la nulidad invocada por el recurrente, cita la Sentencia 111/2014 de 6 de junio de 2014 referida a la nulidad y anulabilidad establecido en los parágrafos Il y V de los artículos 35 y 36 respectivamente de la Ley 2341; del mismo modo, indica que el recurrente tuvo conocimiento real y efectivo del proceso e intervino en la fiscalización, toda vez que presentó documentación y formuló peticiones, por tanto no existe vicio de nulidad que involucre indefensión al sujeto pasivo. 

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La determinación de la deuda tributaria fue efectuada sobre base cierta, considerando los ingresos remitidos mediante F-430 -Transmisión o Enajenación de Bienes, mismos que fueron declarados por el contribuyente en la gestión verificada y los gastos respecto a información de terceros; aclara que en la verificación no se tomó en cuenta como deducible el costo del terreno, ya que el artículo 46 de la Ley 843 establece que los ingresos y gastos serán considerados en el año que termine la gestión en el cual se han devengado, por tanto, el gasto debió ser acreditado en la gestión 2008; asimismo resalta que el contribuyente, incumplió el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, puesto que no presentó ningún registro general o especial o notas fiscales, en consecuencia, no respaldó el gasto, tal como lo dispone el artículo 8 de! DS 24051. 

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En cuanto a los principios de verdad material y realidad económica, indica que el instrumento fidedigno que dio nacimiento al hecho generador, debe ser respaldado con el documento que dio origen al mismo, así como el registro contable deberá asentado en los libros contables, susceptibles de ser verificados, conforme lo establecido en el Código Tributario y Código de Comercio; ade que la validez del gasto está condicionado a la existencia real de una operación, la cual debe estar respaldada por un documento debidamente emitido, el cual deberá ser presentado por el sujeto pasivo, así como los documentos que respalden la realidad económica y verdad material de las transacciones. En materia administrativa, el principio de verdad material establece . que toda autoridad administrativa debe investigar la verdad material en oposición a la verdad formal, sentido en el que obró el ente fiscal, por lo que sus actuaciones se encuentran enmarcadas en derecho; en tal sentido, no se efectuó una errónea valoración de la prueba ni de la aplicación de las normas legales. Por otra parte, en tres oportunidades solicitó documentación e información, no obstante, tal y como lo señala el mismo recurrente, no fue presentada o fue presentada parcialmente, en tal sentido durante el proceso de la fiscalización se obtuvo información de terceros y de la base de datos de la Administración Tributaria, a fin de determinar de manera correcta afao la deuda tributaria. 

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En cuanto al autoavalúo presentado por el contribuyente y la autoliquidación del IUE IQNet en forma voluntaria, refiere que la documentación presentada solo contiene ELEMENTSBY estimaciones del valor comercial del inmueble y un presupuesto que provee y proyecta o estimaciones de gastos que pueden variar en el tiempo. La descripción de cantidades 

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precios unitarios, materiales utilizados en la construcción del edificio Arkansas, no tienen respaldos suficientes como son los registros generales y especiales, facturas y otros documentos y/o instrumentos públicos que demuestren que los insumos e items descritos en los citados documentos hacen a los gastos y costos ejecuta .construcción del edificio, por tanto no se consideró como información valedera y precisa; agrega que el Análisis Presupuestario se desarrolló entre los años 2008 al 2010, lo que implica que el gasto se sobrevalore en caso de que se consideraría tal información como base para la determinación de la deuda tributaria; por lo tanto, la información presentada contraviene los artículos 70 numeral 4 del Código Tributario y 8 del DS 24051. 

En cuanto a la reducción de sanciones y arrepentimiento eficaz, cabe resaltar que el autoavalúo presentado solo expone estimaciones de los gastos, no se cuenta con 

respaldo documental y/o instrumentos públicos, por lo que no se pudo considerar como información valedera y precisa, en ese sentido el pago efectuado en base a su autoavalúo se constituye en un pago a cuenta del total de la deuda tributaria. 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 171829001074 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00119/2018) de 4 de julio de 2018. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 17 de septiembre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 19 de septiembre de 2018, período dentro del cual, Javier Humberto Zuleta Garrón por memorial de 5 de octubre de 2018, ratificó la prueba contenida en antecedentes administrativos, con excepción de la documentación referida al Condominio Obrajes. Al mismo tiempo presentó un documento nuevo: Comunicación enviada por la Cámara Departamental de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz con CI CDC 141/2013 de 1 de julio de 2013, referida a los costos de construcción estimados para los años 2007 al 2011 en la ciudad de La Paz. Ofreció Prueba Pericial a cargo del Ingeniero Mario Ignacio Belmonte Basaure con registro Profesional N° 3761 de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia; y señala que el citado profesional una vez prestado el juramento correspondiente presentará informe 

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sobre la determinación del costo de construcción del edificio Arkansas, a cuyó efecto tomará como base de estudio y análisis técnico, los planos constructivos aprobados por el Municipio de La Paz y presentará una galería fotográfica obtenida en la inspección in situ al inmueble.” *** 

El documento antes citado no fue requerido durante la fiscalización, por tanto solicito señalamiento de día y hora para prestar juramento de reciente obtención. Por proveido de 10 de octubre de 2018, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental y se señaló Audiencia de. Juramento de Prueba de Reciente Obtención y Audiencia de Juramento de Perito de Parte en la persona de Mario Ignacio Belmonte Basaure para el 25 de octubre de 2018 a horas 17:00 y 17:10 respectivamente, en oficinas de Secretaría de Cámara de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria; fojas 83 84 de obrados. 

La Administración Tributaria mediante memorial de 9 de octubre de 2018 ofreció y ratificó en calidad de prueba los antecedentes y cada una de las pruebas presentadas a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, mediante Proveido de 12 de octubre de 2018, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada; fojas 86-87 de obrados. 

11.5. Alegatos Javier Humberto Zuleta Garrón formuló alegatos en conclusiones y ratificó en todos sus extremos y ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos 

junto al memorial de la interposición del Recurso de Alzada; al efecto, mediante Proveido de 30 de octubre de 2018, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; fojas 110-120 de obrados. 

La Administración Tributaria, no formuló alegatos en los plazos y condiciones afao establecidos por el artículo 210 numeral II del código Tributario. 

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11.6. Pruebas de reciente obtención 

Mediante Acta de juramento de prueba de reciente obtención de 25 de octubre de 2018 Javier Humberto Zuleta Garrón, en dependencias de la Secretaría de Cámara de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, prestó juramento de prueba de reciente 

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obtención por la documentación consistente en: Comunicación enviada por la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz CITE: CDC-141/2013 de 1 de julio de 2013 (cursantes a fojas 76-80 de obrados); señalando que se constituyen en prueba de reciente obtención al haber sido recabadas recientemente, aclarando que la omisión de la presentación no fue por causa propia, al efecto solicitó sea considerada conforme lo dispone los artículos 81 y 97 del Código Tributario; asimismo, mediante acta de 25 de octubre de 2018, Mario Ignacio Belmonte Basaure, prestó juramento como perito de parte del recurrente Javier Humberto Zuleta Garrón; fojas 89 y 91 de antecedentes administrativos. 

III: ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de diciembre de 2014, notifico mediante cédula a Javier Humberto Zuleta Garrón con la Orden de Verificación N° 0012OVE01789 con alcance a la verificación de los hechos y elementos relacionados con la venta de propiedades inmuebles que influye en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre 2010, enero, febrero y marzo 2011 y el Requerimiento No 00121869 de 29 de diciembre de 2014; solicitando al efecto la presentación de la documentación detallada en el Requerimiento antes mencionado, fojas 2, 9 y 13 de antecedentes administrativos. 

Javier Humberto Zuleta Garrón por nota de 8 de enero de 2015, hizo notar que su registro en el padrón de contribuyentes del SIN, fue diciembre de 2011 y que los documentos solicitados eran de las gestiones 2010 y 2011, asimismo solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida. Al efecto la Administración Tributaria emitió el Proveído 24-0023-15 de 13 de enero de 2015, otorgando el plazo adicional de 10 días hábiles, es decir, hasta el 23 de enero de 2015, de manera impostergable; fojas 15-16 de antecedentes administrativos. 

– 

Con nota de 23 de enero de 2015, el recurrente presentó a la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales documentación consistente en fotocopias: Escritura Pública de compra de terreno, F-430 en 36 ejemplares, tabla de fraccionamiento en propiedad horizontal del GAMLP, documentos de préstamo bancário (Banco BISA), consulta préstamo bancario (Banco Nacional de Bolivia); 

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asimismo hizo notar que en la gestión fiscalizada no contaba con registro tributario por tanto no contaba con ninguna documentación, no obstante en la medida de sus posibilidades obtendría información necesaria para que el ente fiscal proceda con su valoración; fojas 18 de antecedentes administrativos. 

Notifico mediante cédula a Javier Humberto Zuleta Garrón con el Requerimiento No 00121876; a cuyo efecto solicitó documentación relativa a los ingresos y Gastos de los inmuebles vendidos en la gestión comprendida entre abril 2010 y marzo 2011; fojas 20-23 de antecedentes administrativos. 

Con nota recepcionada en la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 17 de diciembre de 2015, el recurrente presentó los restantes F-430 respecto de las ventas realizadas en la gestión fiscalizada y en cuanto a los costos y Gastos que demandó la edificación, señaló que tal información podía obtenerse del avalúo técnico económico, la cual consideró la actividad económica a partir de la compra del terreno realizada en la gestión 2008, cuya fotocopia había sido entregada adjunta al primer requerimiento y que la construcción realizada durante el 2008 y 2009 con un costo ejecutado se encontraba desglosado por cantidades y costos por item, adjunta en la carpeta de Presupuesto General y Análisis de Precios Unitarios; al mismo: tiempo aclaró que dicho avalúo para mayor consistencia fue valorada por un perito externo, quien hizo su propia determinación de costos y arribó a resultados muy similares, al efecto adjuntó la carpeta Análisis Presupuestario y Avalúo Técnico; fojas 24-25 de antecedentes administrativos. 

Con Requerimiento N° 00098230 de 3 de octubre de 2016, se notifico mediante cedula el 24 de octubre de 2016 a Javier Humberto Zuleta Garrón, a efecto de solicitar documentación de respaldo a los Gastos y Costos incurridos en la construcción del edificio Arkansas; fojas 26-30 de antecedentes administrativos. 

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En respuesta, mediante nota de 31 de octubre de 2016, el ahora recurrente aclaró que el inicio del proceso había sido en la gestión 2014 y que la documentación solicitada, es similar a que la había sido solicitada en el segundo requerimiento, misma que ya había sido entregada el 17 de diciembre de 2015 en la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales; asimismo señaló que debido a la mora en la revisión 

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por parte del ente fiscal, el 19 de enero de 2016, había procedido al pago voluntario del IUE en base a la información proporcionada a la Administración Tributaria (adjunta fotocopia nota de 17 de diciembre de 2015), a fin de evitar la constante actualización 

de la deuda y accesorios; fojas 32-36 de antecedentes administrativos. 

El 21 de diciembre de 2015, se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00133258 por incumplimiento en la entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación, en contravención a los numerales 4, 6, 8 y 11 del artículo 70 de la Ley 2492; acta que aplicó una multa de 1.500 UFV’s según sub numeral 4.1 del anexo “A” de la RND 10-003707; fojas 54 de antecedentes administrativos. 

Resultado del proceso de verificación el ente fiscal emitió la Vista de Cargo No 291829000052 (SIN/GGLPZ/DFISVENC/0053/2018) de 21 de marzo de 2018, contra Javier Humberto Zuleta Garrón, estableciendo preliminarmente el tributo omitido por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas sobre base cierta la suma de 2.321.436 UFV’s por la gestión fiscal terminada a marzo 2011, más intereses y sanción por omisión de pago; así como la multa total de 1.500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales; actuación notificada mediante cédula al contribuyente el 19 de abril de 2018, fojas 446-464 de antecedentes administrativos. 

Javier Humberto Zuleta Garrón, por nota de 18 de mayo de 2018 presentó argumentos y documentación de descargo a la vista de Cargo N° 291829000052 (SIN/GGLPZ/DF/SVENC/0053/2018), manifestando los siguientes extremos: La Vista de Cargo no contiene una debida fundamentación de hecho y de derecho, por tanto viciada de nulidad, la fiscalización excedió los tiempos establecidos; no consideró los documentos e información durante la fase administrativa, la cual debió tomar en cuenta a título de parámetros a fin de contrastar con información del sector, lo cual hubiera permitido arribar a resultados efectivos y eficientes para determinar la base imponible (autoavalúo); no consideró los gastos, costos directos e indirectos, solo se remitió a los costos financieros, atribuyendo una fantasiosa ganancia. 

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Así también en descargo argumentó que pese a concurrir suficientes causas para aplicar el método de la base presunta, el ente fiscal se resistió en su aplicación y solo redujo la deducibilidad de gastos con una clara intención recaudadora; la RND 10 0017-13 prevé la técnica Ingreso-Gasto, sin embargo, no lo aplicó; la Administración Tributaria vulneró el debido proceso previsto en la Ley 2341 y el Código Tributario, ya que no consideró la verdad material y la realidad económica; asimismo omitió establecer cuáles son los elementos de prueba sobre los cuales sustenta la base cierta y el fundamento de la Vista de Cargo, por tanto la citada actuación se encuentra viciada de nulidad ya que omitió los requisitos en su formulación, es decir, ausencia de especificidad y la incorrecta aplicación de la base imponible, lo cual constituye una lesión al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, toda vez que los cargos son vagos, abstractos y especulativos; fojas 1326-1343 de antecedentes administrativos. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 4 de julio de 2018, emitió la Resolución Determinativa N° 171829001074 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00119/2018), el cual determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de Javier Humberto Zuleta Garrón en la suma de Bs3.832.062.- por concepto de tributo omitido del Impuesto sobre la Utilidades de las Empresas QUE, más actualización, intereses y la sanción por.. omisión de pago de la gestión fiscal con cierre a Marzo 2011, así como la multa de 500 UFV’s por incumplimiento a deberes formales; acto notificado de manera personal a Javier Humberto Zuleta Garrón el 17 de julio de 2018; fojas 1365-1398 de antecedentes 

administrativos. 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, afao compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la calidad documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092. 

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Javier Humberto Zuleta Garrón la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó revocatoria del acto impugnado; sin embargo, de la lectura de su Recurso, se advierte que alude nulidades, en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo que también pudieran haber sido expuestas en los argumentos del Recurso.de Alzada presentado. 

IV.1.1 Incumplimiento de plazos El recurrente, sala que un proceso de determinación no puede prolongarse hasta el tercer año, no obstante el SIN, lejos de justificar la demora, argumento que no existía una norma que disponga un término de perentoria que justifique la pérdida de su competencia para determinar la deuda tributaria; en el presente caso excedió el plazo máximo de 18 meses siguientes al inicio de la fiscalización previsto en el artículo 104 de la Ley 2492. 

La Administración Tributaria, al respecto señala que el artículo 104 de la Ley 2492, si bien establece que hasta la emisión del acto preliminar no podrá transcurrir más de 12 meses, dicha norma no contempla la caducidad por incumplimiento de plazo o la perdida de las facultades de la Administración Tributaria; al respecto, se tiene: 

El artículo 98 del Código Tributario en relación a los descargos a la Vista de Cargo dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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El artículo 104 del Código Tributario en relación al procedimiento de fiscalización, en su parágrafo V, dispone: Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.

Bajo este contexto normativo y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria instauró un procedimiento de verificación al contribuyente Javier Humberto Zuleta Garrón, mediante Orden de Verificación N° 00120VE01789 con alcance a la verificación de los hechos y elementos relacionados con la venta de propiedades inmuebles que influye en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

Por otro lado, se debe considerar que el artículo 104 del Código Tributario en su parágrafo V, dispone que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir más de doce (12) meses, cuyo plazo puede ser ampliado previa solicitud fundada y autorización de la máxima autoridad de la Administración Tributaria; plazo que el ahora recurrente considera incumplido, en ese entendido, corresponde su dilucidación. 

A objeto de una adecuada comprensión de la problemática que nos ocupa, también es pertinente considerar el cómputo de los plazos procesales aplicable en nuestra materia, al respecto, el artículo 4 numeral 1 del Código Tributario, dispone que los plazos en meses se computarán de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderá siempre como años calendario; asimismo, en su numeral 3 establece que los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día afa

ISO 9001 siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y calidad 

concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento. 

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En el presente caso, se evidencia que la Orden de Verificación N° 0012OVE01789, fue notificada por cédula el 31 de diciembre de 2014, en ese entendido, de acuerdo al artículo 104 parágrafo V del Código Tributario, la Vista de Cargo debió ser emitida 

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hasta el 31 de diciembre de 2015, empero, la Vista de Cargo No. 291829000052 (SIN/GGLPZ/DF/SVENC/0053/2018) fue emitida el 21 de marzo de 2018 y notificada mediante cédula al citado contribuyente el 19 de abril de 2018

Conforme lo relacionado, se puede establecer que efectivamente la Administración Tributaria no observó los plazos previstos en el artículo 104 parágrafo V del Código Tributario, al no haber emitido la Vista de Cargo dentro de los doce (12) meses posteriores al inicio de dicho procedimiento; no obstante, se entiende que legalmente no está contemplada la nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de las facultades de la Administración Tributaria, más aún cuando la normativa 

tributaria no recoge en su texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la 

nulidad, lo que dicho de otro modo, en materia de procedimiento administrativo tributario 

la nulidad sólo opera en tanto sea sancionada expresamente con la nulidad. 

De lo anotado precedentemente, es menester aclarar que la revisión se inició con una 

Orden de Verificación cuyo alcance corresponde a un procedimiento de verificación y 

control puntual conforme el artículo 29, inciso c) del DS 27310, procedimiento para el cual no existe término perentorio para la emisión de la Vista de Cargo; en ese contexto, de antecedentes se evidencia que la Vista de Cargo antes citada , fue notificada por cédula el 19 de abril de 2018, hecho que de ninguna manera altera ni ocasiona vulneración alguna al administrado, toda vez que con esta notificación se aperturó un término de prueba conforme el artículo 98 del Código Tributario en cuyo plazo el ahora recurrente se encontraba con la posibilidad legal de presentar todos los medios de prueba admitidos en derecho, en consecuencia, el ente fiscal en el presente caso y hasta la emisión del acto administrativo preliminar adecuo su accionar dentro los parámetros establecidos por los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310. 

Si bien el Código Tributario, establece plazos en el que la Administración Tributaria debe emitir las resoluciones definitivas correspondientes; dicha norma busca resguardar el principio de eficacia del procedimiento administrativo; no obstante, esa normativa no contempla vicios de nulidad como consecuencia del incumplimiento de plazos; es decir, que los plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites, pero si esos plazos son incumplidos, la Ley en este caso no establece otro tipo de previsiones; sin embargo, existe el 

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mecanismo de control interno de la Administración Pública, para establecer responsabilidades contra los servidores públicos que omitieron el cumplimiento de sus estrictas funciones en relación a los plazos procesales, sin que esto represente la caducidad o perdida de competencia del ente fiscal. En ese entendido, respecto al incumplimiento de funciones aducido por el recurrente por parte de la Administración Tributaria, se hace notar que no es competencia de esta Instancia Recursiva el análisis de esos extremos, toda vez que el Ente Fiscal tiene las instancias correspondientes para el procesamiento de sus servidores públicos a efecto de determinar la responsabilidad atribuida a su conducta de acuerdo con las normas de la Ley 1178 y su Reglamento respectivo. 

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En respaldo de lo señalado, corresponde indicar que la nulidad consistente en la ineficacia del acto procesal, para su viabilidad debe observar diferentes principios, entre ellos, el de especificidad, al respecto, la Sentencia Constitucional 0823/2011-R de 3 de junio, ilustra: “a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca'”. Bajo los parámetros antes mencionados,..al ser inexistente el vicio de nulidad denunciado por el recurrente, corresponde desestimar la solicitud de nulidad por ésta causa. 

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IV.1.2 Falta de fundamentación Javier Humberto Zuleta Garrón en su memorial de Recurso de Alzada señala que los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, establecen requisitos a ser cumplidos en la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, respectivamente, para ello en elafaq proceso de fiscalización, debió arribar a resultados razonables y sustentables en base calidad a los descargos presentados en el proceso de revisión y reflejarlos en los montos TIFY. determinados, sin embargo se limitó a formular cargos de manera improvisada y Net persistió en una posición que no tiene sustento lógico ni racional. La Vista de Cargo no estableció un valor constructivo por mts2 para compararlo con el valor de venta, en el cuadro de ingresos no hizo ninguna referencia a los gastos y costos insumidos en la 

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construcción, simplemente suma el valor de venta y luego deduce solamente los costos financieros para obtener un resultado desproporcionado. 

La Vista de Cargo no consideró como valor deducible el costo del terreno sobre el cual se levanta el edificio Arkansas, este costo integra proporcionalmente el valor de la venta y debió tomar el valor consignado en la minuta de transferencia o en su defecto acudir a medios indirectos o estimativos, no toma en cuenta el costo del terreno que fue adquirido el 22 de abril de 2008, a este respecto el ente fiscal señaló que los gastos deben ser acreditados en la gestión fiscalizada; agrega el SIN confunde la verdad material con la base cierta como si fueran sinónimos, ya que en la determinación solo la documentación de descargo presentada referida a los gastos financieros cumplen con este propósito y asume que la verdad material solo emerge de su examen o análisis e incurre en contradicción al no considerar el autoavalúo con el justificativo que no se encuentra respaldado con documentación. 

Cabe hacer notar que la nota CDC 141/2013 emitida por la Cámara de la Construcción de La Paz dirigida a la Gerència Distrital La Paz el 2 de julio de 2013, contiene una tabla de costos constructivos en propiedad horizontal, asimismo presentó una copia del fraccionamiento del edificio Arkansas, documentación que se constituye en un parámetro de cálculo, sobre el cual, el ente fiscal debió arribar a un resultado sobre los costos constructivos, admitiendo o rebatiendo los mismos. 

Por otra parte, producto de la autodeterminación del IUE de la gestión 2011, canceló la suma de Bs549.837.- importe que incluye tributo omitido y accesorios, sin embargo en la liquidación del impuesto, el SIN solo tomó en cuenta Bs284.555.- es decir que los accesorios no fueron considerados, por tanto no tuvieron ninguna incidencia en el cálculo efectuado por el SIN, dicho de otra manera la diferencia entre los montos antes señalados en la liquidación efectuada por la Administración Tributaria, se diluyó. 

La Administración Tributaria en respuesta manifestó que aplicó el método sobre base cierta, en razón a que contaba con prueba documental, por lo cual es legal, válido y. viable conforme lo establece el parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 2492. El trabajo se realizó sobre prueba material, en base a la información del SIRAT 2, las observaciones y fundamentos se encuentran detalladas en la Resolución Determinativa, obtuvo los F 

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430 y solicitó a la ASFI información acerca de los estados de cuenta del recurrente, cuya información permitió conocer de forma cierta e indubitable los hechos generadores del tributo. 

Mediante 3 requerimientos solicitó al recurrente información sobre ingresos y gastos incurridos en la gestión fiscalizada, en atención a ello presentó “Análisis Presupuestario y Avalúo Técnico” y “Presupuesto General y Análisis de Precios Unitarios”, sin embargo no presentó documentación que respalde los costos y gastos incurridos. durante la construcción del edificio Arkansas, por tanto, al no contar con los respaldos necesarios, la información proporcionada se consideró inválida para la deducción del IVE conforme lo establece el artículo 8 del DS 24051. 

El acto impugnado contiene y establece los requisitos de forma y fondo, determinó adeudos tributarios sobre base cierta, formuló cargos en base a documentación presentada por el contribuyente; en materia de nulidad, para establecer si los actos administrativos son inválidos, debe conocerse los requisitos de validez; en el presente. caso, los vicios de nulidad denunciados deben impeler a verificar si la verificación se encuentra viciada por incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 96 y 18 de la Ley 2492 y DS 27310 respectivamente; asimismo se pronunció sobre los motivos que dieron origen a la deuda tributaria, identificó claramente los resultados obtenidos, desarrolló los fundamentos técnico jurídicos sobre los aspectos observados, :: cumplió con los requisitos que exigen la normativa y lo que comprende la verdad material.y la realidad económica. 

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En la verificación no se tomó en cuenta como deducible el costo del terreno, ya que el artículo 46 de la Ley 843, establece que los ingresos y gastos serán considerados en el año que termine la gestión en el cual se han devengado, por tanto, el gasto debió ser acreditado en la gestión 2008; además incumplió el numeral 4 del artículo 70 de la afaq Ley 2492, puesto que no presentó ningún registro general o especial o notas fiscales, calidad en consecuencia, no respaldo el gasto, tal como lo dispone el artículo 8 del DS 24051. BERIE 

1QNet En cuanto a los principios de verdad material y realidad económica, indica que la SEMANA SIN validez del gasto está condicionado a la existencia real de una operación; la cual debe estar respaldada por un documento, el cual deberá ser presentado por el sujeto pasivo 

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Juan Carlos ille Guzman Ruiz 

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III 

INITI 

LIMI

así como todos los documentos que respalden fehacientemente la realidad económica. 

y verdad material de las transacciones. 

En cuanto al autoavalúo presentado por el contribuyente y la autoliquidación del IUE 

en forma voluntaria, la documentación presentada solo contiene estimaciones del valor 

comercial del inmueble y un presupuesto que provee y proyecta estimaciones de gastos que pueden variar en el tiempo. La descripción de cantidades, precios unitarios, materiales utilizados en la construcción del edificio Arkansas, no tienen respaldos suficientes como son los registros generales y especiales, facturas y otros documentos y/o instrumentos públicos que demuestren que los insumos e items descritos en los citados documentos hacen a los gastos y costos ejecutados en la construcción del edificio, por tanto no se consideró como información valedera y precisa; agrega que el Análisis Presupuestario refiere a los años 2008 al 2010, lo que implica que el gasto se sobrevalore en caso de que se consideraría tal información como base para la determinación de la deuda tributaria; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 117, de la Constitución Política del Estado establece: 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley. 

El artículo 36 de la Ley 843 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento. 

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El artículo 40 de la citada Ley dispone que: a los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación (…)

El artículo 46 del mismo cuerpo legal señala que: el impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento. 

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual se han devengado. 

– 

-“: 

Şin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del contribuyente, por lo percibido. 

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A los fines de esta Ley, se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o afao gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que,calidad estando disponibles, se han acreditado en cuenta del titular, o cuando con la alf autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma. 

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1

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SYSTEM 

CMENTS 

De acuerdo al artículo 47 de la Ley 843, la utilidad neta imponible es la resultante de 

deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios 

16 Juan Carlos 

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Guzreen Ruiz 

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para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes. 

En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios se presumi, sin admitir 

prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta 

por ciento del monto total de los ingresos percibidos. 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se indican a continuación, en caso de corresponder:. 1. En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto 

párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la 

exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

  • gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deducibilidad serán determinados en el reglamento. 3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión – del año por el cual se paguen. 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento del 

contribuyente y su familia. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los dependientes. 3. El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley. 

  1. 2

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

  1. 4. La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, 

salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización. Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión 

en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita.. 6. Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para 

indemnizaciones. -7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos.

– 

El artículo 43 del Código Tributario señala que: la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 1. Sobre, base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.

VEN.. 

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  1. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

: vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan .. 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra algún de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

: III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo siguiente. En todos los casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

afaq El artículo 44 del Código Tributario establece que: la Administración Tributaria podrá calidad determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando IIFA habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre Net base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se VISEMENT SUR verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a este último: 

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Dorado 

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  1. 1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de la

disposiciones normativas. 5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias

  1. a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término 

de la prescripción. h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

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Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

Respecto a los medios para la determinación sobre base presunta, el parágrafo I del artículo 45 del citado cuerpo legal dispone: 1. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará 

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud... 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten’ la existencia de 

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos 

tributarios: 3. Valorando signos, indices, ó módulos que se den en los respectivos 

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. – 

Él artículo 68 de la Ley 2492, señalan entre los derechos del sujeto pasivo, lo siguiente: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios – 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y . documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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Calidad 

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Vogo 

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El artículo 96 parágrafos I y Ill de la Ley 2492, señalan: 1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo 

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Regional 

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fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 

El parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario establece: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

El artículo 18 del DS 27310 establece: La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

  1. mero de la Vista de Cargo b. Fecha. C. Nombre o razón social del sujeto pasivo. d. Número de registro tributario, cuando corresponda. e. Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). f. Liquidación previa de la deuda tributaria. g. Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

Compendio Normativo sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el 

Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 2492. h. Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

El artículo 19 del DS 27310, en sus párrafos primero y segundo señala: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley

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Previo a ingresar al análisis de la controversia ahora planteada, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en toda clase de actuaciones administrativas; es decir, obliga a los organismos y dependencias de la Administración Pública; a garantizar de manera expresa el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica avalar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

Corresponde hacer hincapié que los requisitos establecidos para la vista de Cargo que fundamenta la Resolución Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo tome conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria. a efectos de que este en el término probatorio presente los descargos a la administración tributaria en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el artículo 119, parágrafo II de la nueva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la Ley 2492 

Bajo el argumento expuesto, cabe señalar que todos los actos de la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, tanto la Ley 2492 y la Ley 2341, como sus Reglamentos establecen los requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Calidad 

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En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro afao 

ISO 9001 del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertit 

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las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa que se materializa con la posibilidad que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; de la misma forma, el debido proceso exige que los fallos emitidos por la Administración se encuentren debidamente fundamentados que contengan la motivación y el respaldo correspondiente en función a la valoración de la documentación presentada en calidad de descargo por el procesado. 

En este entendido, se establece que la valoración de la prueba constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución, necesariamente debe considerar todos los descargos y pruebas presentadas por el encausado, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada. En relación al ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, sobre la apreciación de la prueba, señala que se efectuará conforme a las reglas de la sana crítica. 

En respaldo de lo señalado, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, se pronunció con el siguiente entendimiento: “La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar que el debido proceso se constituye en un derecho/garantía principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar 

contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantias de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia”. 

Del mismo modo es necesario aclarar que los artículos 36, 37, 39 de la Ley 843 y 2 del DS 24051, definen quienes son considerados sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas; asimismo, el artículo 47 de la Ley 843 dispone que la utilidad neta imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta los gastos 

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necesarios para su obtención y conservación de la fuente; en este sentido, la normativa citada establece que empresa es toda unidad económica que coordina factores de producción en la realización de actividades industriales y comerciales; en el presente caso de configurarse la construcción del edificio Arkansas en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz y posterior venta obteniendo una utilidad por parte de Javier Humberto Zuleta Garrón, éste se constituye en sujeto pasivo del citado impuesto en sujeción a los artículos citados precedentemente. 

En ese marco, se evidencia que el recurrente ante la solicitud de la documentación necesaria para llevar adelante el proceso de verificación, por notas de 8 de enero de 2015, 23 de enero de 2015 y 17 de diciembre de 2016, señaló que no se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes en la gestión sujeta a verificación, pese a ello, atendiendo la Orden de Verificación N° 00120VE01789. y los requerimientos de información que le fueron notificados, proporcionó información y documentación que fue entregada al ente fiscal en su debida oportunidad, además de solicitar mediante las notas presentadas que la verificación debía realizara sobre base presunta; fojas 15-16, 18 y 24-25 de antecedentes administrativos. 

Conforme lo citado precedentemente y de la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria en virtud a las amplias facultades de fiscalización otorgadas por el Código Tributario, la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales, 31 de diciembre de 2014, notificó mediante cédula a Javier Humberto Zuleta Garn con el Formulario 7531, correspondiente a la Orden de Verificación N° 00120VE01789, con alcance en la verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyen en el IVE de la gestión 2011. 

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Logrado Vogo 

Una vez iniciada la verificación, la Administración Tributaria solicitó documentación a afao través de 3 Requerimientos de Información, consistentes en Declaraciones Juradas, calidad. Libros de Compras y Ventas IVA, Formularios 430 de Transferencia de Inmuebles, Minutas de Transferencia, Contratos de compra venta de departamentos, documentos TQNet de préstamo bancario, Documentación de respaldo a los gastos incurridos durante la construcción del Edificio Arkansas, kardex de entradas y salida de materiales, hojas d

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costos de los insumos o materiales entre otros; fojas 9, 20 y 26 de antecedentes administrativos. 

En atención a lo solicitado, consta en antecedentes administrativos que el 23 de enero de 2015, 17 de diciembre de 2015 y 31 de octubre de 2016, el contribuyente presentó información y documentación relevante en fotocopias simples selladas por el Ente Fiscal con la Leyenda “ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL” consistente en: Escritura Pública N° 218/2008, Formularios 430, Tabla de Fraccionamiento de propiedad horizontal del GAMLP, documentos de préstamos bancarios, Avalúo Técnico Económico realizado para la determinación de la utilidad producida en la construcción del edificio Arkansas y Carpeta de Presupuesto General y Análisis de Precios Unitarios (Elaborado por un perito externo); asimismo aclaró que no contaba con otra información contable debido a que en la gestión fiscalizada aún no se encontraba registrado en el Padrón de Contribuyentes del SIN; fojas 18, 24 y 32 de antecedentes administrativos. 

Resultado del proceso de verificación, el 21 de marzo de 2018, se emitió la Vista de Cargo N° 291829000052, estableciendo preliminarmente las obligaciones tributarias del contribuyente Javier Humberto Zuleta Garrón, relativas al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por la gestión 2011, sobre base cierta; considerando la información y documentación presentada por el contribuyente, información de las entidades del sistema financiero reguladas por la ASFI y reportes proporcionados por el Sistema Nacional de Registro de Propiedad (SINAREP) del Consejo de la Magistratura. 

Según lo expuesto en la citada Vista de Cargo, se determinó Ingresos no Declarados en la suma de Bs 16.817.877.- producto de las ventas no facturadas de acuerdo al Fraccionamiento de propiedad horizontal” del Edificio Arkansas que consta de 34 departamentos, 41 parqueos, 38 bauleras, 9 oficinas, 10 locales comerciales y 1 suvenir, según el siguiente cuadro: 

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DETALLE DE INGRESOS SEGÚN FORMULARIO 430, ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA Y VENTA YI

TRANSFERENCIAS Periodo: Abril 2010 a Marzo 2011 

BASE CIERTA 

(Expresado en Bolivianos) DETALLE DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE ABRIL FECHA DE FORM. 

2010 A 

  • TRANSFERENCIA NOMBRE DEL COMPRADOR DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 430 

MARZO 1. DEL INMUEBLE 

2011 LOC. COMERCIAL 19 | Zócalo 2, 492307 29/09/2010 

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Mezzanine | 782124 15/12/2010 Y FABIOLA INGRID IBAÑEZ 

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118 

Pl. Piso 11° PARQUEO 

Pl. Sótano 2° 

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. 2° 

| VICENTE FERNANDO MELENDRES. DEPARTAMENTO 28 Pl. Piso 2° 782131 

594.720 

20/12/2010 

TARANI 

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TOTAL CONSTRUCCIÓN 

TOTAL INGRESO FUENTE: VISTA DE CARGO 291829000052, Pág. 6; Fojas 451 de antecedentes administrativos 

16.817.87

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En ese entendido, se advierte que la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas JUE de la gestión terminada a marzo 2011, importa la suma de Bs4.116.617.- cuyo detalle se encuentra expuesto en un reporte que detalla los ingresos por concepto de Ingresos No Facturados menos los costos Financieros correspondientes al Banco Nacional de Bolivia y Banco Bisa, según se muestra a.... continuación: .. 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS F-500 

BASE CIERTA 

GETION 2011 (Expresado en Bolivianos) 

IMPORTE SEGÚN CONCEPTO 

FISCALIZACIÓN INGRESOS VENTAS O INGRESOS FACTURADOS VENTAS O INGRESOS NO FACTURADOS 

16.817.877 TOTAL VENTAS O INGRESOS BRUTOS 

16.817:877 COSTOS FINANCIEROS (BANCO NACIONAL DE BOLIVIA) 

221.034 COSTOS FINANCIEROS (BANCO BISA

130.375 TOTAL COSTO Y/O GASTOS

351.409 UTILIDAD NETA IMPONIBLE 

16.466.468 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 25

4.116.617 SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO SEGUIN FISCALIZACIÓN 

4.116.617 FUENTE: VISTA DE CARGO 291829000052, Pág. 10; Fojas 455 de antecedentes administrativos 

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Calidad 

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I

MILUMNI 

En virtud a la relación de hechos detallados precedentemente, se tiene que el adeudo tributario determinado por la Administración Tributaria sobre información de terceros que incluye ingresos y gastos, éstos constituyen elementos de determinación del IUE omitido sobre base presunta, toda vez que la utilidad neta imponible, no deviene de un Estado de Resultados, conforme establece el artículo 47 de la Ley 843 y artículos 6 y 7 del DS 24051, ya que el contribuyente en la gestión 2011, no se encontraba obligado a presentar registros contables, tampoco a reportar los Libros de Compras y Ventas IVA, a través de los sistemas informáticos del SIN. 

.. 

En este punto del análisis, es necesario señalar que la determinación de la deuda tributaria constituye un procedimiento integramente reglado y no discrecional, es decir, que las reglas, establecidas normalmente no dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles. En este sentido una de las formas de determinación de la deuda es la de oficio practicada por la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley, de control, verificación, fiscalización e investigación de los hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo; debiendo ser realizada principalmente sobre base cierta o sobre base presunta cuando no se tenga elementos certeros necesarios para conocer con exactitud la existencia de una obligación tributaria. – 

En el presente caso, de la revisión de los procedimientos de verificación aplicados por la Administración Tributaria, ésta Instancia Recursiva advierte que la determinación se efectuó sobre base cierta, empero no consideró lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 2492, referido a las circunstancias para la determinación sobre base presunta, mismo que dispone que se podrá determinar la base imponible, solo habiendo requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique circunstancias como: “1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes“, aspecto que en el presente caso se justifica debido a que en la gestión fiscalizada la actividad de construcción de Javier Humberto Zuleta Garrón, no se encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyentes, por tanto no contaba con registros contables y otra documentación que proporcione información relativa al cumplimiento de las disposiciones normativas respecto a la construcción, esto es, costos de construcción y venta de bienes inmuebles, lo que derivó en la omisión de registros de operaciones de ingresos y 

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compras, conforme estipulan los numerales 1, 4 y 5, literal a), del artículo 44 de la Ley 2492; asimismo, dicha determinación no cumple los lineamientos establecidos en el parágrafo I del artículo 43 del Código Tributario, es decir, no considera los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, pese a que el ahora recurrente proporcionó datos relevantes y en detalle respecto de los costos incurridos durante la construcción del edificio Arkansas, consistentes en Avalúos Técnicos elaborados por perito y Presupuestos de Costos y Gastos detallados; dicho de otra manera, no toma en cuenta la aplicación de datos, antecedentes y elementos para establecer la existencia de hechos imponibles en su real magnitud, es decir los costos y gastos normales insumidos en la construcción del edificio. 

La Administración Tributaria sólo se limitó a señalar que la determinación de ingresos por venta de los inmuebles y los gastos financieros se efectuó sobre base cierta, sin tomar en cuenta lo establecido en el artículo 47 de la Ley 843, que señala: “La utilidad neta imponible será resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta, los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente (…)“; en ese entendido, el Ente Fiscal no puede considerar solamente los ingresos generados por la venta de departamentos, parqueòs, oficinas, bauleras, entre otros, omitiendo los costos de construcción en la determinación de la base imponible del IVE::: 

.. 

De igual forma se verifica que la Administración Tributaria fundamentó tanto la Vista 

de Cargo como la Resolución Determinativa en la información proporcionada por terceros, esto es, información acerca de los estados de cuenta del recurrente proporcionado por la ASFI y de los F-430 – IT de Transmisión o Enajenación de Bienes y para la deducción de gastos, solamente consideró los gastos financieros, producto de los intereses pagados originados por los préstamos bancarios solicitados por el recurrente al Banco Nacional de Bolivia y Banco Bisa, sin embargo, no consideró los afao costos de construcción del edificio, antecedentes que no permiten establecer con calidad certeza la utilidad que generó la venta de los bienes inmuebles. 

IQNet En ese contexto, el Ente Fiscal al señalar en el acto impugnado que la determinación VOLEN fue realizada sobre base cierta, no responde a la verdad material de los hechos, toda vez que respaldo su decisión basado solo en los ingresos generados en la venta de 

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departamentos, parqueos, bauleras, entre otros, sin considerar los costos de 

construcción, al respecto cabe enfatizar que entre los Ingresos Determinados y los Costos Financieros, no existe un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común; toda vez que se determinó una utilidad neta imponible de Bs416.466.468. considerando ingresos no facturados de Bs 16.817.877 y un costo financiero de Bs351.409.- costo que representa el 2.08% de los ingresos mencionados, lo que genera una utilidad sobre estimada que carece de racionalidad, debido a que la 

Administración Tributaria, los costos por materia prima, mano de obra y gastos de construcción; es decir, que el Ente Fiscal no realizó un análisis de los costos necesarios para la construcción del edificio que le permitiría arribar a la determinación de un costo que se asemeje más a la realidad de los hechos; aspectos estos que indudablemente vulneraron el debido proceso y causaron indefensión e inseguridad jurídica al sujeto pasivo. 

Continuando con el análisis, consta en antecedentes administrativos, documentación que da cuenta que durante la verificación llevada a cabo el contribuyente, mediante nota recepcionada en la Administración Tributaria el 23 de enero de 2015, presentó fotocopia de la Escritura Pública de compra venta de terreno No 219/2008 de 2 de mayo de 2008; del mismo modo, mediante nota del 17 de diciembre de 2015, presentó Avalúo Técnico Económico, el cual determina la utilidad producida en la construcción del edificio, Carpeta de Presupuesto General y Análisis de Precios Unitarios; en la misma nota aclaró que el avalúo técnico había sido realizado por un perito externo, quien hizo su propia determinación de costos, cuyo resultado se encuentra en la carpeta de Análisis Presupuestario y Avalúo Técnico, cursante a fojas 1002-1235 de antecedentes administrativos. 

Sobre lo mencionado, la Vista de Cargo en su acápite correspondiente a la determinación de los costos y/o Gastos, la actuación preliminar señala: “Que, de acuerdo a la documentación parcial presentada por el contribuyente (...) 1.3.1 COSTO POR INTERESES PAGADOS, Que de acuerdo al inciso a) del Artículo N° 13 del Decreto Supremo N° 24051, son deducibles (…). La Base para la determinación Gastos Financieros, es la línea de crédito otorgada por el sistema financiero (…) según la documentación se pudo verificar que la cartera de deuda (…) se concluye que los Costos Financieros por los periodos de abril de la gestión 2010 a Marzo 2011, por el 

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préstamo de instituciones financieras alcanza a la suma de Bs351.410.- (…) a ser considerado para la deducción de la utilidad de gestión, fojas 452-453 de antecedentes administrativos. 

En ese sentido, se observa que la Administración Tributaria a momento de la determinación de la deuda tributaria, solo contempló como costo el gasto deducible correspondiente a los intereses pagados por concepto del préstamos bancarios (Banco Nacional de Bolivia y Banco Bisa); sin embargo, no consideró la información y documentación que puso a consideración del ente fiscal, durante el proceso de la verificación, además que tal documentación, fue ratificada por el recurrente mediante nota a momento de presentar sus descargos a la vista de Cargo, en ese sentido, se advierte que la Administración Tributaria, no se refirió a los costos Incurridos en la construcción del edificio Arkansas, documentación que consta de: Escritura de Constitución del terreno, informe de peritaje de presupuesto de obras del edificio, preparado por un analista, el cual contiene una estimación de precios, comparación de precios unitarios de los ítems más representativos, los ítems analizados refieren a excavaciones, hormigones, contrapisos, muros, revoques, cielos, pinturas ý revestimientos, asimismo aclaró que no se consideró los ítems de acabados ni instalaciones, por no ser comparables por distintos factores, segmentos de mano de obra, rendimientos de materiales, entre otros; fojas 1002-1235 y 1326-1343 de antecedentes administrativos, 

Del mismo modo adjuntó el avalúo técnico el cual describe, la norma uso de suelo, características generales, croquis, imágenes satelitales, para metros de edificación, descripción de la construcción, descripción técnica de la construcción de manera detallada, datos referenciales de la superficie, otros costos, factores referidos a las características de propiedad horizontal, entre estos: muros, zapatas, piedra, ladrillo, madera, tierra cemento, parket, alfombras, cerámica, azulejos, pintura, datos técnicos afaq como ser pisos, paredes de los ambientes construidos, superficie común y total “Calidad expresados en metros?, finalmente efectuó un resumen del costo de construcción, TFT ventas según formulario 430, avalúo del edificio y utilidad. De la misma manera adjuntó, TQNet el Presupuesto General y Análisis de Precios Unitarios del edificio Arkansas a Junio VICEMENTS 2009, el cual contiene un presupuesto general detallado por item y un análisis de precios unitarios. 

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Bajo esas circunstancias, la Administración Tributaria en la Vista de Cargo en el acápite 1.3.2 referido a la Documentación adicional presentada por el contribuyente, se remitió a señalar: “Si bien la documentación presentada está realizada por un perito externo y por el contribuyente, solo contiene estimaciones del valor comercial del inmueble y un presupuesto que provisiona y proyecta estimaciones de gastos que pueden variar en el tiempo. La descripción de las cantidades, precios unitarios, insumos o materiales utilizados en la construcción (…) no tienen respaldo suficientes como ser registros generales y especiales, facturas y otros documentos y/o instrumentos públicos que demuestren que los insumos e items descritos en los citados documentos constituyen a los gastos y costos ejecutados en la construcción (...) por lo que no se puede considerar como información valedera y precisa (…)“; no obstante, tal aseveración no puede ser considerada como una valoración técnica de avalúo y los demás documentos presentados por el sujeto pasivo, debido a que no señala las razones técnicas y legales para no considerar la información y documentación relevante referida a los costos inherentes a la construcción, esto es, los materiales utilizados (cemento, madera de construcción, vigas, acero, alambre de amarre, escaleras, contra pisos, puertas, chapas, zócalos, pintura interior y exterior, cerámica, toma corriente, cables, tubería, entre varios otros), mano de obra (salarios), gastos variables, gastos fijos, pagos por concepto de seguridad social y otros gastos necesarios, mismos que se encuentran detallados en unidades, precios unitarios, cantidades según corresponda; en suma, los costos que intervinieron en la construcción del Edificio Arkansas durante las gestiones 2008 y 2009. 

Continuando con el análisis, se tiene que una vez notificado con la vista de Cargo, el sujeto pasivo presentó conjuntamente su Nota de descargos de fecha 21 de mayo de 2018, la nota Cite CDC 141/2013 de 2 de julio de 2013, emitida por la Cámara de Construcción de La Paz y dirigida a la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, documento que contiene una tabla de costos constructivos en materia de propiedad horizontal y una copia del fraccionamiento del Edificio Arkansas que ya había sido presentado en la etapa de fiscalización, a cuyo tiempo el recurrente se ratificó en los documentos presentados en atención a los requerimientos que efectuó el Ente Fiscal. A este respecto en el acápite de Evaluación de Descargos expuesto en la Resolución Determinativa ahora impugnada, el SIN refirió: “(...) De 

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acuerdo a la información que cursa en antecedentes, se pudo observar que la Nota con Cite CDC-141/2013 de fecha 01/07/2013 contiene precios referenciales y que estos gastos no dependen de gastos administrativos, gastos financieros y gastos de publicidad. Asimismo, el precio referencial no cuenta con el costo de terreno, solamente se encuentra un anexo en el cual se tiene un precio por m2 de acuerdo a tipos de acabado. La misma corresponde también a una presunción ya que el importe que se da a conocer por la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz es también referencial y se reitera que el contribuyente no presentó documentación de respaldo correspondiente a sus gastos (…)“. 

De la lectura que antecede, es evidente la falta de fundamentación en la valoración, toda vez que el sujeto activo en ningún momento describe de manera motivada las razones por las que la prueba presentada no corresponde ser considerada, es decir, no se refirió, ni sustento de manera fundada el motivo por el cual no consideró los costos de construcción, que como se manifestó precedentemente, fueron proporcionadas durante el proceso de la verificación, a través de informes periciales, presupuestos de obra y un detalle específico de los ítems de los costos incurridos durante la construcción del edificio. Cabe resaltar que el ente fiscal observó que el precio referencial no considera el costo del terreno, a este respecto, es importante aclarar que este costo, forma parte del avalúo referencial, toda vez que detalla la superficie del terreno expresado en m, el costo en bolivianos y factor propiedad horizontal, totalizando un monto de Bs1.629.838.- por tanto lo aseverado por el ente fiscal no corresponde, tal cual se verifica a fojas 1023 der antecedentes 

administrativos; en ese entendido, la Administración Tributaria contaba con toda la información necesaria a fin de analizar los diferentes conceptos de gastos y costos en la determinación del resultado tributario según fiscalización, lo que en el presente caso. no ocurrió, aspecto que implica una inadecuada fundamentación de los hechos al no considerar la realidad económica en la determinación de costos a objeto de establecerafan la base imponible del IUE; consiguientemente, se advierte una falta de fundamentación calidad por parte de la Administración Tributaria, es decir un vicio de nulidad que afectó al TITEL debido proceso en la determinación de la deuda, lesionando el derecho a la defensa Net del contribuyente. 

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En relación al argumento del recurrente, referido a que la Vista de Cargo no considero como valor deducible el costo del terreno sobre el cual se levanta el edificio Arkansas, toda vez que no consideró el valor consignado en la minuta de transferencia; a este respecto, la actuación preliminar manifiesta: (…) en la verificación no se tomó en cuenta como deducible el costo del terreno, ya que el artículo 46 de la Ley 843 establece que los ingresos y gastos serán considerados en el año que termine la gestión en el cual se han devengado, por tanto, el gasto debió ser acreditado en la gestión 2008 (…) no presentó ningún registro general o especial o notas fiscales (…). 

De lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria en el acto preliminar no estableció como parte de los costos de construcción, el valor de adquisición del terreno que alcanza a la suma de B$1.950.000.- establecido en la Escritura Pública N° 218/2008 de 2 de mayo de 2008, terreno sobre el cual fue construido el Edificio Arkansas, lo que equivale a decir que el sujeto activo no señala de manera expresa los fundamentos técnicos legales que sustenten su posición, señalando que el gasto debió ser acreditado en la gestión 2008, sin percatarse que el ahora recurrente en aquella gestión no llevaba registros contables; en ese entendido, cabe aclarar que en el registro contable de este tipo de gasto en una empresa constructora la transacción de compra de terreno normalmente hubiera estado registrado en una cuenta de activo hasta que la edificación sea concluida, para luego prorratear este costo en todos los departamentos, oficinas, locales comerciales, bauleras, estacionamientos y no así en una cuenta de gasto como supone el ente fiscal 

En tales circunstancias, resulta errónea la aseveración del sujeto activo en sentido de que tal gasto tendría que haber imputado en la gestión 2008, cuando no se tiene certeza o evidencia si el costo de adquisición del terreno, fue registrado en una cuenta de gasto, dado que en aquella gestión, tal como lo manifiesta Javier Humberto Zuleta Garrón no llevó ningún registro contable de sus operaciones, además que no se encontraba registrado en el Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, lo que implica que la Vista de Cargo no contiene los hechos, datos, valoraciones y elementos de prueba necesarios para fijar la base imponible del tributo, y por consiguiente el acto impugnado no se encuentra fundamentado conforme establecen los artículos 96 parágrafo y 99 parágrafo II del Código Tributario respectivamente. 

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Por otra parte, el recurrente manifiesta que se autodeterminó el IUE de la gestión 2011, canceló en boleta 1000 la suma de Bs549.837.- importe que incluye tributo omitido y accesorios, sin embargo, la Administración Tributaria, en la liquidación del impuesto solo tomó en cuenta Bs284.555.- es decir que los accesorios no fueron considerados en el cálculo efectuado; al respecto, de la revisión de la boleta 1000 de 19 de enero de 2016, con número de orden 2557317163, correspondiente al UE del periodo fiscal marzo 2011, cuyo importe fue pagado en efectivo por el recurrente se compone de la 

siguiente manera: Importe de la deuda Bs251.413.-,- Mantenimiento de Valor Bs68.779.-, Intereses Moratorios Bs165.607.-, Sanción por Omisión de Pago Bs64.038.- totalizando la suma de Bs549.837. A este respecto, la Resolución Determinativa impugnada, expone la liquidación de la deuda tributaria al 19 de enero de 2018, del siguiente modo: Tributo Omitido Bs284.555.-, Mantenimiento de Valor B$77.846, Total Interés Bs 187.436.-, totalizando la suma de Bs549.837. fojas 425 y 1375 de antecedentes administrativos. 

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  1. 7

Ahora bien, la liquidación de la deuda tributaria expuesta en el numeral CUARTO de la parte resolutiva de la Resolución Determinativa impugnada, en la columna correspondiente al paĝo a cuenta realizado por el recurrente, se dedujo la suma de Bs284.555.-, importe que no coincide con la suma pagada por el ahora recurrente mediante boleta de pago 1000 con número de orden 2557317163, misma que consiga un pago de Bs 549.837.- cuya composición comprende al impuesto omitido mantenimiento de valor, intereses y sanción; en ese contexto es importante aclarar que independientemente de la liquidación que realizó el ente fiscal, se advierte que el 

monto considerado como pago a cuenta de Bs284.555.- restando inclusive la sanción de Bs64.038.- no demuestra de qué manera fue obtenido, dicho de otra manera, no se tiene certeza de que se haya considerado el total de la boleta de pago antes referida, lo cual implica de manera irrefutable que la deuda tributaria determinada liquidada al 4 de julio de 2018 no procede. 

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De lo expuesto hasta este punto, es menester enfatizar que el derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración Tributaria, no sól abocado a lo expresamente establecido por el artículo 68 del Código Tributario, e ellos, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

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Juan Carlos Guzmda Ruiz 

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y documentos que respalden los cargos que se le formulen, sea en forma personal o a través de terceros, dentro los plazos y condiciones determinados por Ley; sino que básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a que el sujeto activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y que deben formar parte del expediente administrativo para que esté al alcance del sujeto pasivo o interesados. 

Se debe aclarar que en el presente caso, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, incumplen los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 parágrafo II del Código Tributario, al no haber identificado los elementos, motivos y datos que fundamenten en hecho y derecho las pretensiones de la Administración Tributaria, respecto de los descargos planteados por Javier Humberto Zuleta Garrón ante el acto preliminar, aspectos que lesionan la garantíà constitucional del debido proceso del recurrente en su elemento configurador del derecho a la defensa; consecuentemente, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta, la Vista de Cargo inclusive, a efectos de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto preliminar administrativo si corresponde. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo N° 291829000052 (SIN/GGLPZ/DFISVENC/0053/2018) de 21 de marzo de 2018 inclusive; consecuentemente, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debe emitir un nuevo acto administrativo preliminar cumpliendo los requisitos estipulados en el artículo 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310, debiendo contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten posteriormente la Resolución Determinativa. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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12.2.) 

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Gonzalo Meriles (open 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación.. …, 

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Regístrese, hágase:saber y cúmplase. ” 

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dic. Cecilia Vetez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional 

Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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