ARIT-LPZ-RA-1837-2018 La AIT confirma la Resolución Determinativa por observación en facturas no válidas para descargo del RC-IVA Dependientes. La prescripción para la facultad de determinar deuda tributaria por la AT está vigente, contrario a lo que impugnaba el acusado.

ARIT-LPZ-RA-1837-2018

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1837/2018 

Recurrente: 

Rene Rafael Villarroel Rada, legalmente representado por Jesús Eleazar Peña Barrios 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171820000573 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/RD/00398/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-1318/2018 

Lugar y Fecha: 

  • La Paz, 19 de noviembre de 2018 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ NO 1837/2018 de 15 de noviembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171820000573 (SIN/GDLPZ 1/DF/SPPD/RD/00398/2018) de 19 de febrero de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente Rene Rafael Villarroel Rada respecto a los afaq periodos de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010, estableciendo una deuda tributaria que asciende a 5.824 UFV’s, por concepto de concepto de tributo omitido, intereses, sanción del 100%, en relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) lQNet (debió decir Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) en calidad de dependiente). 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

INIT

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1 Argumentos del Recurrente Rene Rafael Villarroel Rada, legalmente representado por Jesús Eleazar Peña Barrios conforme acredita el Testimonio de Poder No 165/2018 de 2 de agosto de 2018, mediante memorial de 13 de agosto de 2018, cursante a fojas 24-29 de obrados

interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

La Resolución Determinativa N° 171820000573 de 19 de febrero de 2018, es nula de pleno derecho toda vez que es dictada por autoridad incompetente, al ser emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, cuando el hecho generador así como el domicilio real y laboral se encuentra en Trinidad-Beni, en consecuencia, correspondía a la Gerencia Distrital del Beni del Servicio de Impuestos Nacionales tomar conocimiento del proceso de fiscalización y no así la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, que no tiene competencia y estaría vulnerado el principio del juez natural establecido en el parágrafo I del artículo 120 de la Constitución Política del Estado, a su vez el artículo 122 de la citada norma 

señala que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley

Señaló que el hecho generador se produjo en el Departamento de Beni y que tanto el domicilio real como laboral se encuentran en el Departamento del Beni, situación que debe ser tomada en cuenta, toda vez que el hecho generador del impuesto RCIVA es respecto a la relación de trabajo con A.A.S.A.N.A. Regional Beni, por lo que correspondía que todo el proceso de fiscalización sea llevado a cabo en la Gerencia Distrital del citado departamento; en consecuencia, todo el proceso se halla viciado de nulidad por haber sido dictado por una autoridad que no tiene competencia territorial; al respecto, cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0289/2015S2 de 26 de febrero de 2015 y 1373/2014 de 7 de julio de 2014, referidas al debido proceso; de igual manera cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1115/2012 de 6 de septiembre de 2012, referidos al Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto 

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: AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en relación a la competencia del 

juez. 

Manifestó que la Resolución impugnada en su página 5 expuso que la prescripción nunca llegó a consolidarse, toda vez que el término de dicha prescripción actualmente se encuentra en curso, puesto que la normativa fue objeto de modificaciones hasta llegar a los ocho (8) años, entendiéndose que la prescripción tributaria es un derecho expectativo en la actualidad y no así un derecho adquirido, al tratarse de un derecho de cumplimiento pendiente y que no llegó a consumarse corresponde la aplicabilidad de las modificaciones contenidas en las Leyes 291, 317 y 812; al respecto, el recurrente afirma que lo citado por la Administración Tributaria carece de todo sustento legal al no existir ninguna norma, ley, decreto, resolución, cita jurisprudencial o doctrinal que fundamente este argumento, toda vez que por el hecho de que una norma sea modificada por otra norma, de ninguna manera es un justificativo para la aplicación de una norma posterior, porque ello significaría vulnerar los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la norma. 

Continúa señalando que el hecho de aplicar las leyes 291, 317 y 812 a obligaciones de periodos fiscales de la gestión 2010, es una aplicación retroactiva de la norma tributaria, situación que contradice lo establecido en la Constitución Política del Estado en su artículo 123 y lo dispuesto por la Ley 2492 en su artículo 150, toda vez que, en un Estado de : derecho, la regla general es la irretroactividad de la ley, de manera excepcional. la Constitución Política del Estado en su artículo 123 prevé que la norma puede aplicarse retroactivamente “(…) cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores (…)

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En ese mismo sentido el artículo 150 de la Ley 2492, señala que las normas tributarias no 

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tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios y establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera afan beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, empero, en el presente caso la prescripción de las leyes 291 y 812 no es más breve, sino es más extensa que el establecido en la Ley 2492, que era de 4 años a momento de haber ocurrido el hecho 

ToNet generador (año 2010). 

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III 

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III 

En ese entendido y toda vez que el hecho generador se produjo en el año 2010, cuando estaba vigente la Ley 2492, que establecía 4 años de prescripción, el cómputo de la prescripción empezó el 1 de enero de 2011 y feneció el 31 de diciembre de 2014; en consecuencia, la obligación estaba prescrita a momento de notificar la Resolución impugnada el 24 de julio de 2018, es decir que, el acto impugnado fue notificado luego de 7 años del vencimiento de la obligación tributaria objeto de fiscalización. Cita la Sentencia Constitucional 1162/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, sobre la irretroactividad y la Sentencia 153 de 20 de noviembre de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución Determinativa N° 171820000573 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/RD/00398/2018) de 19 de febrero de 2018

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por el representante de Rene Rafael Villarroel Rada, fue admitido mediante Auto de 20 de agosto de 2018, notificado por Cédula al recurrente el 28 de agosto de 2018 y de la misma forma a la Administración Tributaria el 30 de agosto del presente año, fojas 3038 de obrados. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, mediante memorial presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante a fojas 41-47 de obrados, respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos

El departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Pazi del Servicio de Impuestos Nacionales, dio inicio a la verificación de las obligaciones tributarias correspondientes al operativo 950 “Operativo Especifico RCIVA Dependientes” con alcance a la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas presentadas por los dependientes como pago a cuenta del RC-IVA mediante el Form-10 de la gestión 2010 del Agente de Retención 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

A.A.S.A.N.A. con NIT 1006787020 que tiene como dirección la calle reyes Ortiz N° 74 Edif.: FEDEPETROL Piso: 6 Dpto.: 6A Zona/Barrio: CENTRAL (Alcaldía La Paz). Siendo Agente de Retención A.A.S.A.N.A. (Empleador) a quien se procedió a requerir la documentación presentada por sus dependientes dentro de los cuales se encuentra Rene Rafael Villarroel Rada con CI 1721847, a quien se realizó la Orden de Verificación correspondiente al Operativo 950; en ese entendido, el hecho generador se dio en relación de dependencia con la Empresa A.A.S.A.N.A. que tiene como jurisdicción la ciudad de La Paz. 

El Servicio de Impuestos Nacionales tiene competencia en todo el territorio nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2166; de igual manera aclaró que conforme lo dispuesto por el parágrafo Il inciso d) del art. 197 de la Ley 2492, la Súper Intendencia Tributaria no debe pronunciarse sobre cuestiones de competencia de la Administración Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones que deberán ser resueltos conforme el artículo 269 de la Constitución Política del Estado; en consecuencia, señaló que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada no adolecen de ningún vicio de nulidad, toda vez que las mismas cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la nulidad invocada no es procedente. 

La prescripción nunca llego a consolidarse, toda vez que el termino actualmente se encuentra en curso, en el entendido que la normativa fue objeto de modificaciones hasta llegar a los ocho (8) años, por tal motivo y sin lugar a dudas el derecho que tiene el sujeto pasivo a la prescripción, es un derecho netamente expectativo en la actualidad y no así un derecho adquirido, correspondiendo la aplicabilidad de las modificaciones establecidas en las Leyes 291, 317 y 812, en consecuencia, el computo de la prescripción empezó a computarse el 1 de enero de 2011 concluyendo el 1 de enero de 2019 y siendo que no transcurrieron los 8 años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, la prescripción solicitada no llegó a operar, asimismo, expuso que la Resolución Determinativa CITE: afan SIN/GDLPZ-I/DF/SPPD/RD/00398/2017 de 19 de febrero de 2018, interrumpió el computo u de la facultad de determinación, el nuevo computo debería iniciar el 1 de enero de 2019 y caducar el 1 de enero de 2027; en consecuencia, la solicitud alegada por el sujeto pasivo no tiene asidero legal. 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

La aplicación de las modificaciones de la Ley 2492 (CTB), establecidas en las Leyes 291, 317 y 812 no pueden afectar a los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, ya que eso implicaría hacer una aplicación retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados “derechos” expectativos que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento ya sea porque les falta algún requisito de forma o fondo o porque aún no se cumplió un plazo o una condición establecida por ley para consolidar el derecho, en ese sentido, señaló que no se considera que se trata de una aplicación retroactiva de la Ley. Sintetiza el contexto, expresando: “(...) Cabe aclarar además que el contribuyente VILLARROEL RADA RENERE RAFAEL hace referencia al carácter retroactivo de la norma en si, por lo que el tema en cuestión no hace a la aplicación retroactiva de una ley por parte de esta Administración, sino al carácter retroactivo en mismo de la norma, cuyo debate implicaría discutir la constitucionalidad o inconstitucionalidad del art. 51 de la Ley 2492 (…)”

Finalmente, indicó que en cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 de la Ley 2492, se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada y no se pronuncie de oficio sobre otros puntos no impugnados por el sujeto pasivo, es decir, solicita respetar el principio de congruencia y, no emitir una resolución Extra o Ultra Petita; pues lo contrario constituye vulneración al derecho a la defensa y debido proceso, mismos que se encuentran consagrados en el Art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, concordante con lo expresado en el Auto Supremo No 194 de 12 de abril de 2007 sobre el 

principio de congruencia. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 171820000573 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/RD/00398/2018) de 19 de febrero de 2018. 

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 17 de septiembre de 2018, se declaró la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada tanto al recurrente como a la Administración Tributaria en Secretaria el 19 de septiembre de 2018; fojas 48-49 de obrados. 

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Con memorial presentado el 25 de septiembre de 2018, la Gerencia Distrital i del Servicio de Impuestos Nacionales ratificó en calidad de prueba los argumentos expuestos en el memorial de contestación al Recurso de Alzada, así como los antecedentes administrativos del caso; al efecto, el Proveído de 26 de septiembre de 2018, se dio por ratificada la prueba, actuación notificada a las partes en Secretaría el 26 de septiembre de 2018; fojas 5052 de obrados. El representante legal de Rene Rafael Villarroel Rada mediante memorial presentado el 1 de octubre de 2018, ratificó toda la prueba documental que acompaña al Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 3 de octubre de 2018, se dio por ratificada la prueba, actuación notificada a las partes en Secretaría el 3 de octubre de 2018; fojas 53-55 de obrados. 

IL.5 Alegatos De conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario, el representante legal de Rene Rafael Villarroel Rada, mediante memorial de 25 de octubre de 2018, presentó alegatos escritos en conclusión, respetando el principio de congruencia, expuso de manera resumida los mismos argumentos vertidos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 26 de octubre de 2018, se dio por formulados los alegatos, actuación notificada a las partes en Secretaría el 31 de octubre de 2018; fojas 56-62 de obrados

Por su parte, la Administración Tributaria no formuló alegatos escritos u orales dentro de los plazos establecidos. 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Administración Tributaria notificó personalmente el 2 de marzo de 2017 a Rene Rafael Villarroel Rada con la Orden de Verificación N° 00130VI13177 de 26 de marzo de 2014, modalidad operativo específico RC-IVA Dependientes con alcance de la verificación de impuestos, hechos y/o elementos del crédito fiscal contenido en las facturas presentadas por el dependiente como pago a cuenta del RCIVA mediante el F110, que se detallan en “Detalle de Diferencias” adjunto, por los periodos fiscales de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010; fojas 34 de antecedentes administrativos. 

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Mediante nota de 17 de octubre de 2013, el Agente de Retención A.A.S.A.N.A. solicitó la ampliación del plazo para la presentación de descargos por el lapso de 10 días hábiles; solicitud que es contestada con Proveído N° 24-4037-13 de 23 de octubre de 2013, aceptando por única vez la solicitud realizada, es decir que tiene hasta el 31 de octubre de 2013 para la presentación de lo solicitado mediante Requerimiento N° 0832; fojas 19-20 de antecedentes administrativos. Rene Rafael Villarroel Rada con memorial de 22 de junio de 2015, denunció y solicitó la nulidad del acto administrativo, toda vez que alude una falta de notificación que establezca qué tipo de proceso se le está siguiendo, pues no es legal que se le sindique de manera telefónica un adeudo tributario; este tipo de acción lo habría dejado en estado de indefensión, vulnerando el derecho debido proceso; fojas 23-27 de antecedentes administrativos

Mediante Proveido No 24-2249-16 de 24 de noviembre de 2061, la Administración 

Tributaria puso en conocimiento del recurrente que las llamadas realizadas por fiscalizadora, fueron en razón de que el sujeto pasivo cuenta con la Orden de Verificación Interna No 001301113177 generada en calidad de dependiente de A.A.S.A.N.A; fojas 35 de antecedentes administrativos

Rene Rafael Villarroel Rada por nota presentada ante la Administración Tributaria el 11 de abril de 2017, solicito al Gerente Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales, la remisión de la nota presentada por el sujeto pasivo, donde solicita la extinción de la posible deuda tributaria por cómputo de prescripción; solicitud que enviada a la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales mediante CITE: SIN/GDBN/NOT/0021/2017; fojas 37-40 de antecedentes administrativos. 

Con Proveido No 241720000387 de 13 de septiembre de 2017, la Administración Aduanera comunicó al recurrente que la solicitud será evaluada al momento de la emisión de la Resolución Determinativa, en la cual establecerá la existencia o inexistencia de la Deuda Tributaria; acto notificado de forma personal el 20 de noviembre de 2017; fojas 41-42 de antecedentes administrativos. 

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El Informe con CITE: SIN/GDLPZI/DF/SPPD/INF/09030/201715 de septiembre de 2017, concluye que las notas fiscales no son válidas para el Crédito Fiscal como pago a cuenta del RC-IVA en los Formularios 110 correspondiente a los periodos de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010, determinando sobre base cierta un saldo a favor del fisco de 5.721 UFV’s, por concepto del impuesto omitido RC-IVA dependiente, mantenimiento de valor, intereses y sanción del 100%, recomendando la emisión de la Vista de Cargo; fojas 86-90 de antecedentes administrativos. La Vista de Cargo N° 291720000803 (CITE: SIN/GDLPZ I/DF/SPPDNC/00723/2017) de 15 de septiembre de 2017, comunicó que como resultado de la verificación detectó que no se determinó correctamente los impuestos conforme a Ley ante el Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que del análisis de las Facturas observadas y del reporte del Módulo GAUSS y SIRAT II, evidenció que las facturas declaradas por Rene Rafael Villarroel Rada, no son válidas para el pago a cuenta del RCIVA, clasificándolas de la siguiente manera: “(...) A. Factura no válida para descargo del RC-IVA (...) B. Factura no válida para descargo del RC-IVA (...) C. Factura válida descargo del RC-IVA (parcialmente) (…) D. Factura no válida para descargo del RC-IVA (...); razón por la cual estableció un adeudo tributario total que asciende a 5.721 UFV’s; asimismo, otorgo el plazo de treinta días para la presentación de descargos; acto notificado en forma personal al recurrente el 20 de noviembre de 2017; fojas 97101 y 104 de antecedentes administrativos. 

El Informe con CITE: SIN/GDLPZ-1/DFISPPD/INF/02538/2018 de 19 de febrero de 2018, concluyó que, al no haberse presentado descargo alguno a la vista de Cargo, se confirma el adeudo determinado del dependiente Rene Rafael Villarroel Rada de los periodos de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010, razón por la cual recomendó la emisión de la Resolución Determinativa; fojas 117-123 de antecedentes administrativos. 

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respecto a los periodos de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010, estableciendo una deuda tributaria que asciende a 5.824 UFV’s, por concepto de concepto de tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago en relación al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) en calidad de dependiente; acto notificado personalmente al recurrente el 24 de julio de 2018; fojas 124-132 y 136 de antecedentes administrativos. 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-1|| del referido Código Tributario, se tiene

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Rene Rafael Villarroel Rada representado por Jesús Eleazar Peña Barrios en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó la revocar o anular el acto administrativo impugnado; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia de vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser evidente, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas

/V.1 Competencia de la Administración Tributaria Rene Rafael Villarroel Rada manifestó que, la Resolución Determinativa No 171820000573 de 19 de febrero de 2018, es nula de pleno derecho toda vez que es 

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dictada por autoridad incompetente, al ser emitida por la Gerencia Distrital La Paz i del Servicio de Impuestos Nacionales, cuando el hecho generador, así como el domicilio real y laboral se encuentra en Trinidad-Beni, en consecuencia, correspondía a la Gerencia Distrital del Beni del Servicio de Impuestos Nacionales tomar conocimiento del proceso de fiscalización y no así la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, que no tiene competencia y estaría vulnerado el principio del juez natural establecido en el parágrafo I del artículo 120 de la Constitución Política del Estado, a su vez el artículo 122 de la citada norma señala que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley. 

Señaló que el hecho generador se produjo en el Departamento de Beni el Impuesto RC-IVA es respecto a la relación de trabajo con A.A.S.A.N.A.. Regional Beni; en consecuencia, todo el proceso se halla viciado de nulidad por haber sido dictado por una autoridad que no tiene competencia territorial. .. 

La Administración Tributaria en su respuesta expuso que a través del Agente de Retención A.A.S.A.N.A. (Empleador) se procedió a requerir la documentación presentada por sus dependientes dentro de los cuales se encuentra Rene Rafael Villarroel Rada con CI 1721847, a quien se realizó la Orden de Verificación N° 001301113177, correspondiente al operativo especifico RC-IVA dependientes; en ese entendido, el hecho generador se dio en relación de dependencia con la Empresa A.A.S.A.N.A. que tiene como jurisdicción la ciudad de La Paz; asimismo, puntualizó que la Administración Tributaria tiene competencia en todo el territorio nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2166 y que de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo Il inciso d) del artículo 197 de la Ley 2492, la Súper Intendencia Tributaria no debe pronunciarse sobre cuestiones de competencia de la Administración Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones que deberán ser resueltos conforme el artículo 269 de la Constitución Política del Estado; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

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2) La Constitución Política del Estado en el Artículo 120, parágrafo I, señala: “Toda persona Logo

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imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”. 

El artículo 122 de la Constitución Política del Estado señala: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley

El artículo 2 de la Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000, establece que “El Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad de derecho público, autárquica, con independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional”. 

En el artículo 4 del cuerpo legal antes citado, señala que “(...) Son atribuciones del Servicio de Impuestos Nacionales: b. Dictar normas reglamentarias a efectos de aplicación de las disposiciones en materia tributaria. q. De manera general administrar eficientemente el régimen de impuestos internos, ejerciendo todas las facultades otorgadas por el Código Tributario y normas tributarias vigentes en el país, aplicando con equidad jurídica las mismas. r. Hacer cumplir el pago de obligaciones tributarias pendientes del Servicio Nacional de Impuestos Internos (...)

El artículo 32 del Decreto Supremo 27310 señala: “El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria”. 

El artículo 28 de la Ley 2341 señala: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

De inicio es menester señalar que la competencia administrativa es la aptitud legal que tiene un órgano para actuar, en razón del lugar (o territorio), la materia, el grado y/o el tiempo. Se entiende por competencia, al conjunto de atribuciones de los órganos y entes que componen el Estado, la que es precisada por el ordenamiento jurídico. La competencia administrativa es una legitimación jurídica de su actuación; toda entidad es competente para realizar las tareas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Corresponde mencionar que la jurisdicción es la facultad genérica que tienen todas las autoridades del Estado para administrar como en el caso presente el cumplimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones fiscales; en cambio, la competencia es la limitación de la jurisdicción a ciertos y determinados servidores públicos, de acuerdo con la naturaleza del asunto, la cuantía, la calidad de las partes o el lugar donde desenvuelven sus actividades; sin embargo, no todos los servidores públicos cuentan o ejercen jurisdicción y competencia. 

De igual manera, cabe señalar que la competencia se caracteriza por: 1) legalidad que tiene su fuente en la constitución y en la Ley y es reglamentada por normas administrativas, sólo se podrá ejercer aquellas facultades que se encuentren señaladas expresamente en la Ley o norma reglamentaria, 2) la Inalienabilidad, se entiende que no puede renunciar a la titularidad de la competencia, mucho menos abstenerse del ejercicio de las atribuciones conferidas, 3) la Responsabilidad, está enmarcada al ejercicio de la competencia como un deber público, 4) la Esencialidad, de la competencia que es el elemento esencial del acto administrativo y como consecuencia, constituye un requisito de validez del mismo, 5) el Fin Público, que está enfocada a una finalidad de interés común o en todo caso de utilidad 

pública; toda vez que la autoridad administrativa ejerce su competencia en función del bien 

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general y 6) la Jerarquía, que dicho de otro modo es la competencia administrativa que 

afao opera en términos de grado entre los órganos que componen la administración pública. La competencia asignada a un ente administrativo le corresponde en un nivel determinado dentro de la estructura del mismo en términos de materia, grado y territorio. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomița mbaerepi Vae (Guaraní) 

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La Ley 2492, en su artículo 21 señala que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado cuyas facultades son ejercidas por la Administración Tributaria, en el presente caso, por el Servicio de Impuestos Nacionales, entidad que posee jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, optimizando las recaudaciones mediante la fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos, entre otras, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley 2166; en ese sentido, el DS 26462 en su artículo 4 numeral 3, señala que el SIN tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional

– 

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– 

Bajo ese contexto y de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales inicio el proceso en contra del recurrente con la notificación de la Orden de Verificación No 001301113177 de 26 de marzo de 2014, bajo la modalidad operativo específico RCIVA Dependientes, de los 

periodos fiscales de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010; fojas 3-4 de antecedentes administrativos. 

De manera posterior, la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales emitió y notificó contra Rene Rafael Villarroel Rada la Vista de Cargo No 291720000803 (CITE: SIN/GDLPZ 1/DF/SPPDNC/00723/2017) de 15 de septiembre de 2017, mediante la cual comunicó que “Como resultado del proceso de verificación (…), se detectó en función a la información presentada por el Agente de Retención A.A.S.A.N.A. y por los Agentes de Información, que no determinó correctamente los impuestos conforme a la Ley, ante el Servicio de Impuestos Nacionales; de igual manera, sostuvo que del análisis de las Facturas observadas y del reporte del Módulo GAUSS Y SIRAT II, evidenció que las facturas declaradas por Rene Rafael Villarroel Rada, no son válidas para el pago a cuenta del RC-IVA, clasificándolas de la siguiente manera: “(...) A. Factura no válida para descargo del RC-IVA (…) B. Factura no válida para descargo del RC-IVA (...) C. Factura válida descargo del RC-IVA (parcialmente) (…) D. Factura no válida para descargo del RC-IVA (...); razón por la cual estableció un adeudo tributario total que asciende a 5.721 UFV’s; asimismo, otorgo el plazo de treinta días para la presentación de descargos; acto notificado en forma personal al recurrente el 20 de noviembre de 2017; fojas 97-101 y 104 de antecedentes administrativos. 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estada Plurinacional de Bolivia 

Finalizo el proceso con la notificación de la Resolución Determinativa No 171820000573 (SIN/GDLPZ-1/DFISPPD/RD/00398/2018) de 19 de febrero de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente Rene Rafael Villarroel Rada, respecto a los periodos de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010, estableciendo una deuda tributaria que asciende a 5.824 UFV’s, por concepto de concepto de tributo omitido, intereses, sanción del 100%, en relación al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RCIVA) en calidad de dependiente; acto notificado personalmente al recurrente el 24 de julio de 2018; fojas 124132 y 136 de antecedentes administrativos

En ese entendido, considerando el argumento del sujeto pasivo respecto a la jurisdicción y .competencia de la Administración Tributaria; corresponde a esta instancia recursiva analizar en primera instancia los datos del Agente de Retención (A.A.S.A.N.A. -Empleador del sujeto pasivo); en tal sentido, a fojas 13 de antecedentes administrativos cursa la Consulta de Padrón de 7 de septiembre de 2017, extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), evidenciando que el contribuyente A.A.S.A.N.A. con NIT 1006787020, declaró como domicilio fiscal la (...) CALLE REYES ORTIZ Nro. 74 Edif.: FEDEPETROL Piso: 6 Depto.: 6A Zona/Barrio: CENTRAL (...)”, advirtiendo además que en los DATOS GENERALES – ADM. CENTRO DE COMPUTO, dice: LA PAZ I, es decir, que el Agente de Retención del sujeto pasivo, se encuentra bajo la jurisdicción de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), . autoridad administrativa que tiene plena competencia para ejercer las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2341, . aplicable en virtud del artículo 201 de la Ley 3092, y el artículo 7 del DS 26462

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afaq Del análisis que antecede, se evidenció que el Agente de Retención (A.A.S.A.N.A. – Empleador de Rene Rafael Villarroel Rada) tiene domicilio fiscal en la Ciudad de La Paz, con jurisdicción LA PAZ I, en consecuencia, se advierte que el llamado inmediato a 

One controlar, verificar, fiscalizar e investigar, es la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales; consecuentemente, se advierte que la Administración Tributaria 

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adecuo su accionar conforme a los procedimientos debidamente establecidos, sin que exista vicios y que estos estén sancionados con la nulidad de obrados por falta de competencia de las autoridades tributarias que llevaron a cabo la presente verificación, habiendo actuado en cumplimiento de los artículos 120 y 122 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional y la Ley 2166

No obstante, corresponde aclarar que si bien el argumento vertido por Rene Rafael 

Villarroel Rada carece de veracidad respecto a la competencia que ahora nos ocupa, si

embargo, es necesario aclarar también a la Administración Tributaria sobre su postura establecida en el artículo 2 de la Ley 2166 de 22 de diciembre de 2000, que, según lo dispuesto en el artículo 7 del DS 26462 de 22 de diciembre de 2001 (Reglamento a la Ley 2166 del Servicio de Impuesto Nacionales), si bien, el domicilio principal del Servicio de Impuestos Nacionales está fijado en la ciudad de La Paz, sin embargo, la misma se desconcentrará en todo el interior del País a través de Gerencias Distritales, Gerencias de Grandes Contribuyentes y Agencias; cuyos domicilios, para todo efecto legalo administrativo, estarán fijados en cada capital de departamento; en consecuencia, se advierte que efectivamente el Servicio de Impuestos Nacionales sí tiene competencia en todo el territorio nacional, empero, deberá ejercer su competencia por jurisdicción, es decir, por cada Regional donde se halle inscrito el contribuyente. 

Adicionalmente se debe enfatizar que el sujeto pasivo en ningún momento estuvo en estado de indefensión, toda vez que las actuaciones y actos administrativos fueron de su conocimiento, garantizando el ejercic 

nto, garantizando el ejercicio de su derecho a la defensa en más de una oportunidad, es más, mediante nota de 11 de abril de 2017 (fojas 37 de antecedentes administrativos), el sujeto pasivo comunico a la Gerencia Distrital de Beni que la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales le posibilitó a que puede apersonarse ante las oficinas de la ciudad de Trinidad a objeto de presentar sus descargos para que sean remitidas a la ciudad de La Paz, en consecuencia, se ratifica que el accionar de la Administración Tributaria, pues no produjo atropello alguno a los derechos del contribuyente; sin que sean evidentes las vulneraciones a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0289/2015-S2 de 26 de febrero de 2015 y 1373/2014 de 7 de julio de 2014, referidas al debido proceso. Respecto a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1115/2012 de 6 de septiembre de 2012, corresponde enfatizar que dicha sentencia es 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia, 

por un caso completamente distinto al caso bajo análisis, razón por la cual no amerita 

mayor análisis. 

1.2 Prescripción El recurrente entre los argumentos de su Recurso de Alzada señala que el hecho generador se produjo en el año 2010, cuando estaba vigente la Ley 2492 que establecía 4 años de prescripción, el cómputo de la prescripción empezó el 1 de enero de 2011 y feneció el 31 de diciembre de 2014; en consecuencia, la obligación estaba prescrita a momento de notificar la Resolución impugnada el 24 de julio de 2018, transcurriendo aproximadamente 7 años del vencimiento de la obligación tributaria objeto de fiscalización; al respecto, citó la Sentencia Constitucional 1162/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, sobre la irretroactividad y la Sentencia 153 de 20 de noviembre de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. 

La Administración Tributaria en su respuesta manifestó que el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado por las Leyes 291, 317 y 812, en consecuencia, el cómputo de la prescripción empezó el 1 de enero de 2011 concluyendo el 1 de enero de 2019 y siendo que no transcurrieron los 8 años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, la prescripción solicitada no llegó a operar; asimismo, expuso que la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/RD/00398/2017 de 19 de febrero de 2018, interrumpió el. cómputo de la facultad de determinación, el nuevo computo debería iniciar el 1 de enero de 2019 y caducar el 1 de enero de 2027; en consecuencia, la solicitud alegada por el sujeto pasivo no tiene asidero legal; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 59 del Código Tributario, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Il. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) años. 

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Posteriormente, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableció: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. -III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

Así también, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo 1, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

Finalmente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaría. 3. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. .. 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

De igual manera, el artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. S La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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Del análisis de la carpeta de antecedentes administrativos se tiene que el 2 de marzo de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a Rene Rafael Villarroel Rada con la Orden de Verificación Interna No 001301113177 de 26 de marzo de 2014, modalidad operativo específico RCIVA Dependientes con alcance de la verificación de impuestos, hechos y/o elementos del crédito fiscal contenido en las facturas presentadas por el dependiente como pago a cuenta del RC-IVA mediante el F110, mismos que se encuentran detallados en el “Detalle de Diferenciasadjunto, por los periodos fiscales de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010; fojas 3-4 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo N° 291720000803 de 15 de septiembre de 2017 con CITE: SIN/GDLPZ I/DF/SPPDNC/00723/2017, mediante la cual comunicó que como resultado de la verificación detectó que no se determinó correctamente los impuestos conforme a Ley ante el Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que del análisis de las Facturas observadas y del reporte del Módulo GAUSS y SIRAT II, evidenció que las facturas declaradas por Rene Rafael Villarroel Rada, no son válidas para el pago a cuenta del RC-IVA, clasificándolas de la siguiente manera: ...) A. Factura no válida para descargo del RC-IVA (...) B. Factura no válida para descargo del RC-IVA (…) C. Factura válida descargo del RC-IVA (parcialmente) (...) D. Factura no válida para descargo del RC-IVA (…); razón por la cual estableció un adeudo tributario total que asciende a 5.721 UFVs; asimismo, otorgo el plazo de treinta días para la presentación de descargos; acto notificado en forma personal al recurrente el 20 de noviembre de 2017; fojas 97-101 y 104 de antecedentes administrativos

La Resolución Determinativa N° : 171820000573 (SIN/GDLPZ I/DFISPPD/RD/00398/2018) de 19 de febrero de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente Rene Rafael Villarroel Rada, respecto a los periodos de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010, estableciendo una deuda tributaria que asciende a 5.824 UFV’s, por concepto de concepto de tributo omitido, intereses, sanción del 100%, en relación al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RCIVA) en calidad de dependiente; acto notificado 

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: AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

el 24 de julio de 2018; fojas 124-132 y 136 d

personalmente al recurrente antecedentes administrativos. 

Bajo ese contexto y con relación al argumento de la recurrente, corresponde realizar el análisis de la normativa legal vigente aplicable al presente caso; al respecto, se tiene que en nuestro ordenamiento jurídico antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012, 317 de 11 de diciembre de 2012 y 812 de 30 de junio de 2016, el artículo 59 establecía que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4) años, así como el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveía que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias desde el momento en que adquiere la calidad de título de ejecución tributaria; asimismo, el artículo 61 de la mencionada Ley, sala que la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y que interrumpida comienza a ser computado nuevamente su término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción

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No obstante lo anterior, el citado artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria para sancionar prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, así como el último párrafo del parágrafo I indica: “El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen 

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ocurrido en dicho año.”; Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 4 del Código Procesal Constitucional; asimismo, en este caso, nuestro Estado mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018

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La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo

En el contexto anterior, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, dispone que el cómputo de la prescripción cuenta con un efecto progresivo; esto implicaba, que en la gestión 2012, las acciones del ente fiscal se extinguían en cuatro años; en la gestión 2013 en cinco años; en la gestión 2014 en seis años; en la gestión 2015 siete años; en la gestión 2016 ocho años; y así sucesivamente hasta concluir con la gestión 2018, cuyo cómputo de la prescripción se extendía en diez años; sin embargo, el 30 de junio de 2016, se puso en vigencia la Ley 812, que modificó sustancialmente el parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo de forma única y definitiva que el cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria prescriban a los ocho (8) años, las facultades para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas, lo que muestra de manera expresa la concurrencia de determinaciones legales que benefician al administrado, en concordancias con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y el artículo 150 del Código Tributario, toda vez que el efecto progresivo del cómputo de la prescripción dispuesto por la Ley 291 que modificó en su momento el artículo 59 de la Ley 2492, fue derogado con la puesta en vigencia de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, norma legal que 

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determina efectivamente y de manera absoluta una disminución del cómputo de la prescripción de 8 años. 

Se hace necesario aclarar en esta parte del análisis y con la finalidad de identificar correctamente las atribuciones y funciones de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria; la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 2009, regula el estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional; bajo ese lineamiento es que mediante DS 29894 de 7 de febrero de 2009, en su artículo 141. dispone que la Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributarla, los que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones enmarcadas en lo dispuesto precisamente en la Constitución Política del Estado, las Leyes 2492, 3092 y demás normas reglamentarias conexas. 

– 

Bajo el lineamiento legal anterior, en el campo administrativo tributario, esencialmente en las decisiones que debe emanar por autoridades revisoras de actos en el ámbito impositivo, este debe actuar de acuerdo al principio de sometimiento pleno a la ley y al Derecho; en ese contexto,” las funciones y atribuciones de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria actividad, están enmarcadas esencialmente al acatamiento de las disposiciones vigentes de carácter general; el principio de legalidad para la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está circunscrita a resolver controversias cuya motivación y fundamentación esté descrita en la Ley y normas reglamentarias; es decir, que las decisiones se deben expresar de forma positiva y precisa de las cuestiones planteadas y no en interpretaciones cuya labor efectiva está asignada al Tribunal de Garantias Constitucionales, conforme al artículo 2 de la Ley 254. 

Calida

AFNOR CERTIFICATION 

Sobre temas análogos, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió pronunciamientos 

afao expresos como la Sentencia Constitucional Plurinacional 1635/2014 de 19 de agosto y SC 

ISO 900

1464/2004R de 13 de septiembre, señalando respecto del principio de legalidad como uno de aquellos que rigen la actividad administrativa, que: ... las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos. Este principio 

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TUNITI 

IITT 

está reconocido en el artículo 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, precepto legal que señala: La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso

En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está en función a su vigencia, lo que implica que los actos administrativos emitidos y notificados estarán sujetos a la misma; disposición legal que establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas prescribirán a los 8 años; en el caso que nos ocupa, se advierte que la Resolución Determinativa N° 171820000573 (SIN/GDLPZ-I/DF/SPPD/RD/00398/2018) fue emitida y notificada el 19 de febrero y 24 de julio de 2018; respectivamente, en vigencia precisamente de la Ley 812, término que será computable desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, cuyo plazo máximo para el cómputo de la prescripción es de 8 años de forma única y definitiva. 

En este punto, resulta pertinente mencionar que conforme el amplio examen normativo realizado precedentemente, se observa que ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedo en vigencia es la Ley 291, empero, posteriormente a través de la Ley 317, es derogado el último párrafo del citado artículo 59, parágrafo I, quedando habilitado el cómputo progresivo del término de la prescripción; finalmente, la Ley 812, nuevamente modifica el mencionado artículo 59, de cuya redacción se establece un término fijo de prescripción de ocho (8) años; lo cual, nos permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable su aplicación a los actos emitidos y notificados precisamente en su vigencia; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, de que esencialmente trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, toda vez como mencionamos anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar obligaciones impositivas. 

– 

En atención a lo señalado, con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492, se 

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AIT 

..

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

inicia: (...) desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo“, en ese entendido, para el presente caso de acuerdo al marco legal señalado, respecto a las observaciones de las facturas declaradas por Rene Rafael Villarroel Rada con relación al Impuesto del Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA dependientes) de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio y noviembre 2010; el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2018, conforme se detalla a continuación: 

Notificación 

Sigla Impuesto 

Periodo | Fiscal 

Fecha de vencimiento 

Inicio de Prescripción 

Tiempo de Prescripción 

Finalización de 

prescripción 31 diciembre 2018 

Resolución Determinativa 24 de julio 2018 

RC-IVA 

03-2010 

13-04-2010 

1 de enero 201

8 años 

RC-IVA 

04-2010 

13/05/2010 

1 de enero 2011 

8 años 

31 diciembre 2018 

  1. 1

24 de julio 2018 

RC-IVA 

| 05-2010 

– 

14/06/2010 

1 de enero 2011 

8 años 

.31 diciembre 2018 

24 de julio 2018 

RCIVA 

072010 

25/08/2010 

1 de enero 2011 

8 años 

31 diciembre 2018 

24 de julio 2018 

RCIVA 

11-2010 

16/12/2010 

1 de enero 2011 

8 años 

31 diciembre 2018 

24 de julio 2018

Del cuadro que antecede, se observa que en el término de 8 (ocho) años previstos en el artículo 59-1, numeral 2 de la Ley 2492 vigente, la Administración Tributaria efectivamente ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria relativo al RC-IVA de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio y noviembre 2010, es decir, la Resolución Determinativa No 171820000573 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/RD/00398/2018) fue emitida el 19 de febrero de 2018 y notificada el 24 de julio de 2018, antes de la fecha del término de la prescripción (31 de diciembre de 2018). 

Respecto a la citada Sentencia Constitucional 1162/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, se aclara que la misma refiere a una acción de libertad a quien deniegan la tutela solicitada; en consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento alguno, toda vez que en todo su contexto trata de un caso muy distinto al que ahora nos ocupa. 

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Respecto a la Sentencia 153, de 20 de noviembre de 2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, es menester aclarar que las mismas no constituyen fuente de Derecho Tributario, razón por la cual no corresponde emitir mayor pronunciamiento sobre la citada 

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Sentencia; criterio conforme al literal “xxi., de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0867/2017, de 10 de julio de 2017. 

Conforme a los fundamentos de hecho y derecho antes descritos, es evidente la inexistencia de vicios de nulidad; asimismo, se establece que respecto al Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA dependientes) de los periodos fiscales de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de la gestión 2010, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales ejerció su facultad de determinación de la deuda tributaria dentro de término legal, las mismas se encuentran incólumes; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 171820000573 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/RD/00398/2018) de 19 de febrero de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171820000573 (SIN/GDLPZ1/DF/SPPD/RD/00398/2018) de 19 de febrero de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Rene Rafael Villarroel Rada legalmente representado por Jesús Eleazar Peña Barrios; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el adeudo tributario del Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA) de los períodos fiscales de marzo, abril, mayo, julio y noviembre de 2010. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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111 MUND 

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

COZHOVORNO 

CARACION TE 

Mhacho :

Buena / y

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención

Ricado Ligrett

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico. contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación. 

*

*

Regístrese, hágase saber y cumplase

Rosana rencova 

RCVD/icgr/ms/awifmmblrir 

bie. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tributarla – La P

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