ARIT-LPZ-RA-1833-2018 La AIT confirma la Resolución Determinativa por observación en el crédito fiscal IVA. El acusado interrumpió el computo de la prescripción porque realizo pagos a cuenta, causando que se reinicie a partir del primer día hábil del mes siguiente, por tanto, la AT está dentro el plazo para ejercer sus facultades de determinación de deuda tributaria e imponer sanciones.

ARIT-LPZ-RA-1833-2018

(AIT

La Paz 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1833/2018 

Recurrente: 

Guillermo Laguna Arteaga 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171825001066 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/00943/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-1317/201

Lugar y Fecha: 

La Paz, 19 de noviembre de 2018 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 1833/2018 de 15 de noviembre de 2018, emitido por la Sub 

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171825001066 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/00943/2018) de 2 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible 

las obligaciones impositivas del contribuyente Guillermo Laguna Arteaga que ascienden 

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a 32.614 UFV’s correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, intereses, más la sanción del 100% por omisión de pago por el crédito fiscal indebidamente apropiado en los periodos fiscales enero, abril, junio y julio 2013 y multa por incumplimiento de deberes 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933, casi Esq. Carlos Medinacelli (Zona Cristo Rey) 

Telfs.: 2412613 2411973 2-148973 • www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

… 

… 

  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11. Argumentos del Recurrente Guillermo Laguna Arteaga mediante nota de 13 de agosto de 2018, cursante a fojas 11 15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

De acuerdo a lo señalado expresamente la Vista de Cargo N° 291825000036 y la Resolución Determinativa N° 171825001066, la Administración Tributaria activó su . facultad de revisión y control sobre hechos que se produjeron en la gestión 2012, es decir, de periodos fiscales que corresponden a la presente verificación de hace más de 5 años, proceso que derivó en la presente determinación de adeudos tributarios y como resultado se observó el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales: enero, abril, mayo, junio, julio 2012. En ese contexto, según señala la Ley 2492 en el numeral 2 del parágrafo I del artículo 59, vigente hasta antes de las modificaciones introducidas mediante las Leyes 291 y 812, las facultades de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años para la determinación de la deuda tributaria

El numeral 3, parágrafo I del artículo 59 dispone que prescribirán a los 4 años las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, respecto al cómputo el parágrafo 1 del artículo 60 vigente hasta antes de las modificaciones introducidas mediante Ley 291 de septiembre de 2012 y la Ley 317 de diciembre de 2012, dispuso que el término de la prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo..

Es importante tomar en cuenta lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, toda vez que en el presente caso se produjo la suspensión del curso de prescripción por seis meses con la notificación de la Orden de Verificación N° 00140V19790 realizada el 22 de julio de 2015, considerando tales aspectos el cómputo de los hechos producidos en enero, abril, mayo, junio y julio 2012, se inició el 1 de enero afaq de 2013 y debió concluir el 31 de diciembre de 2016, empero, con la suspensión dicho cómputo concluyó el 30 de junio de 2017... 

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Asimismo, hace notar la existencia de un error de cálculo en el saldo del monto reparado en el periodo abril 2012, siendo el tributo omitido de Bs 15.207.- se realizó pago a cuenta de Bs8.265.- y por tanto existe un saldo de tributo omitido que debería ser Bs6.942., sin 

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AIT 

La Paz 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

embargo en el cuadro final de liquidación de la deuda tributaria por el periodo fiscal antes citado y que está contenida en el página siete de la Resolución Determinativa No 171825001066, figura Bs7.442.- existiendo una diferencia de Bs500.-. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa No 171825001066 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/00943/2018) de 2 de julio de 2018

11.2. Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por Guillermo Laguna Arteaga fue admitido mediante Auto de 20 de agosto de 2018, notificado por cédula al recurrente y a la Administración Tributaria, el 30 de agosto de 2018; fojas 1624 de obrados. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas conforme acredita la Resolución Administrativa . de Presidencia No 030618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante a fojas 27-35 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

La Verificación efectuada por la Administración Tributaria fue ejecutado cumpliendo el procedimiento establecido en los artículos 95 al 104 de la Ley 2492, cumpliendo con todas las disposiciones normativas desde la notificación de la Orden de Verificación hasta la Resolución Determinativa, realizando la aplicación de las disposiciones 

  • tributarias sobre base cierta, sustentada en el análisis documental y la información obtenida en los sistemas que tiene la administración, debido a que el contribuyente no presentó ninguna documentación probatoria que haga a su derecho. 

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Dentro del marco legal establecido, se ha solicitado en varias oportunidades al contribuyente la documentación relativa a sus obligaciones tributarias, habiéndose emitido resultados a través de la Vista de Cargo, sin que el contribuyente aporte pruebas de acuerdo al artículo 98 de la Ley 2492. Asimismo, sala que la proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron principios vivificadores del proceso de fiscalización, que se llevó a cabo sobre las obligaciones impositivas del contribuyente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 2492 y las facultades 

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Calle Arturo Borda No 1933, casi Esq. Carlos Medinacelli (Zona Cristo Rey) 

Telfs.: 2412613 2411973 2148973.. www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

genéricas que el artículo 21 de la citada norma jurídica le reconoce a la Administración Tributaria. 

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La prescripción es un instituto jurídico, por el cual el transcurso del tiempo produce el 

efecto de consolidar las situaciones de hecho y por consiguiente permite la extinción de :: los derechos y las acciones, para que opere la misma se necesita como único requisito 

el transcurso del tiempo, que no puede extenderse más allá de un tiempo razonable, el término y cómputo se encuentra establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492; sin embargo, fueron modificados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y posteriormente por la Ley 812 de 30 de junio de 2016, que es la normativa actualmente vigente. 

Resalta que estas últimas leyes establecen el cómputo de la prescripción que es de cumplimiento obligatorio ý totalmente vigente en todas las instancias administrativas, asimismo, la reforma realizada por la Ley 317, amplió el plazo de la prescripción de 4 años hasta los 10 años, sin embargo esta modificación era gradual a partir de la gestión 2012, incrementando un año en cada gestión hasta culminar el 2018 y en el caso de la Ley 812, se establece un plazo para la prescripción de 8 años, considerando ambas modificaciones las facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos. no se encontrarían prescritas, tal como erradamente trata de hacer creer el contribuyente. 

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De la normativa legal antes señalada, se tiene que el periodo de prescripción para que la Administración Tributaria puede ejercer su facultad entre otras de verificación fue ampliado, por lo que se tiene que en la gestión 2018 aún se encuentra dentro del plazo para poder ejercer dicha facultad, es decir la prescripción de los periodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio de la gestión 2012, inicia el 1 de enero de 2013 y termina el 31 .. de diciembre de 2020.. 

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Actualmente la Ley 812 se encuentra en total vigencia y es aplicable por ser esta más beneficiosa para el contribuyente, en comparación con la Leyes 291 y 317, además, cabe señalar que el contribuyente no refuta ningún aspecto técnico respecto a la correcta determinación efectuada en contra del sujeto pasivo, siendo que la Autoridad de Impugnación no debe pronunciarse únicamente sobre la prescripción solicitada por el contribuyente. 

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En el presente caso, no se considera que se trate de una aplicación retroactiva de la ley, en ese comprendido corresponde señalar que la prescripción tributaria puede ser un derecho adquirido, que las nuevas leyes no pueden afectar ni modificar por cuanto el monto del tributo o la sanción ya estrían prescritas. y. ya pasarían a formar parte del patrimonio del sujeto pasivo. Pero, si a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas normas jurídicas, la prescripción aun no operó, se constituye tan solo en una situación expectativa que aún no se consolidó ni constituyó en un derecho adquirido, es decir, nunca llegó a ser parte del goce de un derecho efectivo del contribuyente, por lo tanto, esta situación no consolidada puede ser modificada o extinguida por el legislador a través de nuevas leyes en pleno ejercicio de su potestad tributaria, como sucedió en el presente caso con la publicación de las leyes N° 291, 317 y finalmente la Ley N° 812. 

El contribuyente al interponer su Recurso de Alzada no ha considerado lo establecido en el artículo 61 de la Ley 2492, siendo evidente que dentro del presente caso corresponde la aplicación del mencionado artículo, debido a que se tiene plenamente demostrado que, al haber efectuado pagos por concepto de la deuda tributaria, el contribuyente ha reconocido de manera expresa la obligación tributaria, que mantiene con la Administración Tributaria por concepto de los periodos fiscales sometidos a la presente verificación, se señala que el reconocimiento de la obligación el sujeto pasivo lo efectúa en su propio criterio, antes del vencimiento del plazo con el que cuenta el Ente Fiscal para el ejercicio de sus facultades determinativas, es decir antes del 31 de julio de 2017, que según el contribuyen esta sería la fecha en la cual prescribieron las facultades del sujeto activo. 

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Respecto a las actuaciones de la administración tributaria siempre estuvieron enmarcadas en el principio de buena fe, puesto que se presume la legalidad y la buena fe de la Administración Tributaria, tal como lo dispone la Ley 1178 en su artículo 28 inciso b), norma concordante con el artículo 65 de la Ley 2492, de las citadas disposiciones afaq legales, se presume la legalidad de todas las actuaciones de los servidores públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, sometiéndose a todas las disposiciones legales y normas tributarias en vigencia, asimismo, la Administración Tributaria solicita la aplicación del Principio de Congruencia en la Resolución del presente caso. También señala que, la Resolución Determinativa no es un acto administrativo independiente y que por sí mismo equivalga a todo el procedimiento determinativo, sino que es e

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resultado de un conjunto de actos vinculados, unos con otros dirigidos a comprobar y valorar los diversos elementos constitutivos del hecho imponible

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 171825001066 (SIN/GDLP II/DFISVI/RD/00943/2018) de 2 de julio de 2018. 

11.4. Apertura de término probạtorio y producción de prueba Mediante Auto de 17 de septiembre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

Tributario, actuación notificada por secretaría al recurrente y a la Administración recurrida el 19 de septiembre de 2018; fojas 3637 de obrados. 

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Por memorial presentado el 9 de octubre de 2018, la Administración Tributaria ratificó en calidad de prueba preconstituida el expediente administrativo integro presentado a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 12 de octubre de 2018, se dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada a las partes en secretaría el 17 de octubre de 2018; fojas 38-40 de obrados..

... 

11.5. Alegatos Dentro el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos en conclusiones, en este cometido ratificando in extenso el contenido del memorial de respuesta al Recurso de Alzada, solicitando se confirme la Resolución Administrativa impugnada; al efecto, se emitió el Proveído de 30 de octubre de 2018 que dispuso por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; fojas 41-42 de obrados

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El recurrente no presentó alegatos escritos ni orales dentro el plazo establecido por el artículo 212 Numeral II del Código Tributario

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* III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

La Administración Tributaria el 13 de julio de 2015, generó la Orden de Verificación N° 00140VỊ19790 (formulario 7520) para el contribuyente Guillermo Arteaga Laguna con NIT 1069502010, modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal, con alcance a los 

hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

que se detallan en anexo adjunto, correspondiente a los periodos fiscales de enero, abril, mayo, junio y julio 2012, solicitando al efecto la documentación detallada en el anexo adjunto a la Orden citada, notificada personalmente, el 22 de julio de 2015; fojas 7-8 de antecedentes administrativos. 

La Administración Tributaria el 31 de agosto de 2017, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00134930, por incumplimiento de deberes formales de: no presentar la documentación solicitada mediante Orden de Verificación Interna No 00140V119790 por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación; que contraviene el artículo 70 de la Ley 2492, sancionado con multa de 1.500 UFV’s, según subnumeral 4.1 del numeral 4 Anexo I de la RND 10003316 de 25 de noviembre de 2016; fojas 12 de antecedentes administrativos. 

La Vista de Cargo N° 291825000032 (CITE: SIN/GDLPZ TI/DFISVINC/00032/2018) de 20 de marzo de 2018, establece preliminarmente una deuda tributaria sobre base cierta, ajustando sus obligacione‘s tributarias correspondiente al IVA-Crédito Fiscal de los periodos observados, determinando una deuda tributaria a favor del fisco de 32.352 UFVs, importe que incluye impuesto omitido, intereses, sanción por la calificación preliminar de la conducta tipificada como omisión de pago y multa por incumplimiento a deber formal; acto notificado personalmente el 25 de abril de 2018; fojas 5157 y 61 de antecedentes administrativos. 

La Resolución.Determinativa N° 171825001066 (SIN/GDLPZ 11/DFISVI/RD/00943/2018) de 2 de julio de 2018, determinó de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Guillermo Laguna Arteaga por los periodos de enero, abril, junio y julio 2012, que ascienden a 32.614 UFV’s por concepto de tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado, además de los intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales; acto administrativo notificado personalmente al contribuyente el 20 de julio de 2018, fojas 70-78 de antecedentes administrativos. 

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  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario)

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-ill de la Ley 3092, se tiene

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Guillermo Laguna Arteaga; la posición final se: :m. sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

IV.1. Prescripción El recurrente en los argumentos del Recurso de Alzada menciona que es importante tomar en cuenta lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, toda vez que en el presente caso se produjo la suspensión del curso de prescripción por seis meses con la notificación de la Orden de Verificación N° 00140V119790 realizada el 22 de julio de 2015, considerando tales aspectos el cómputo de los hechos producidos en enero, abril, mayo, junio y julio 2012, se inició el 1 de enero de 2013 y debió concluir el 31 de diciembre de 2016, empero, con la suspensión dicho cómputo concluyó el 30 de junio de 2017, consiguientemente al 1 de julio de 2017, se operó la prescripción prevista en el artículo 59 de la Ley 2492

La Administración Tributaria señala que, de la normativa legal que modifica el artículo.59 de la Ley 2492, se tiene que el periodo de prescripción para que la Administración Tributaria puede ejercer su facultad entre otras de verificación fué ampliado, por lo que se tiene que en la gestión 2018, aún se encuentra dentro del plazo para poder ejercer dicha facultad, es decir, la prescripción de los periodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio de la gestión 2012, inicia el 1 de enero de 2013 y termina el 31 de diciembre de afaq 2020; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

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El artículo 59 de la Ley 2492, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 

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  1. 3. Imponer sanciones administrativas. 
  2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. . III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe

los dos (2) años

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años

  1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

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afao La Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone: Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° AFNOR CERTIFICATION 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara). Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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Telfs.: 2412613 24119732148973 www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

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Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos,l y ll de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 

1.Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaría. 3. Imponersanciones administrativas. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

.

El artículo 60 parágrafos l ý ll del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la.. prescripción, dispone: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde : el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. :. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo O.

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción

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El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la 

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La Paz 

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  • recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. 

El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria

Abordando la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la administración tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue las facultades que la Ley le confiere; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo

Resulta necesario resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo, no es menos cierto que la obligación tributaria determinada o en su caso el establecimiento de sanciones por contravenciones, mantendrá su vigencia en el tiempo, independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este instituto no extingue la obligación tributaria ni las sanciones administrativas impuestas, por ello, es perfectamente posible que el sujeto pasivo realice pagos aun cuando los montos emergentes de la obligación tributaria o la sanción están prescritos y estos, además, se consoliden a favor del Estado; razón por la cual lo posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria o la sanción administrativa imputada; en ese entendido, la Ley 2492 en vigencia, específicamente dispone cuáles son las facultades que son susceptibles de declararse prescritas, que conforme la citada norma tributaria esta únicamente referida a las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y de ejecución

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Calle Arturo Borda No 1933, casi Esq: Carlos Medinacelli (Zona Cristo Rey

Telfs.: 241261324119732148973 • www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

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En nuestro ordenamiento jurídico antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59. establecia que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4) años, así como el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveia que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar: la deuda : tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria,. se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias desde el momento en que adquiere la calidad de título de . . ejecución tributaria; asimismo, el artículo 61 de la mencionada Ley, señala que la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero. ... responsable o por la solicitud de facilidades de pago y que interrumpida comienza a ser .. . computado nuevamente su término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aqueli en que se produjo la interrupción..

.

No obstante lo anterior, el citado artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria para sancionar prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (?) años en la gestión 2015; ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer. sanciones administrativas, así como el último párrafo del parágrafo | indica: “El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.“, esta modificación es gradual a partir de la gestión 

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2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018. 

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La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada 

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año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y ll del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En ese entendido, se tiene que las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, no solamente establecieron el cómputo progresivo de la prescripción, sino que con la derogación del último párrafo del 

rágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 por la mencionada Ley 291, el citado cómputo de la prescripción se aplicaría progresivamente en función de las facultades del ente fiscal; de tal manera, considerando que en el presente caso la facultad de determinar la deuda fue ejercida por la Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa N°171825001066 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/00943/2018) de 2 de julio de 2018, resultaría pertinente aplicar el plazo para la prescripción de diez (10) años. 

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar. y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma 

citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley, en ese entendido, considerando que la 

  • Ley 291, establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años 

en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo | del 

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Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal AFROR CERTIFICATION que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario. 

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Juan Carlos Cara Rua 

Conforme al examen normativo realizado precedentemente, se observa que ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedó en vigencia 

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III 

fue la Ley 291; empero, posteriormente a través de la Ley 317, es derogado el último párrafo del citado artículo 59 parágrafo I, quedando habilitado el cómputo progresivo del término de la prescripción; finalmente, la Ley 812, nuevamente modifica el mencionado artículo 59, de cuya redacción se establece el término fijo de prescripción de ocho (8) años; :: aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas. contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable su aplicación a los actos emitidos y notificados precisamente en su vigencia; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, que esencialmente se trata de una norma más beneficiosa para el sujeto. pasivo, ya que como se mencionó anteriormente, ya nose aplica la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar la deuda e imponer sanciones administrativas. 

En atención a lo señalado el cómputo de la facultad de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492, se inicia: “(…) desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivoy según lo dispuesto en el artículo 61 inciso .b) de la misma Ley sobre las causales de interrupción de la prescripción indica: “El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, para el cómputo de la prescripción señala lo siguiente: Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se produjo la interrupción”; para el presente caso, de acuerdo al marco legal señalado, respecto al Impuesto al Valor Agregado ‘(IVA) resultante de la determinación de oficio sobre base cierta, evidenciándose la realización de pagos a cuenta por parte del contribuyente, se tiene lo siguiente: para el periodo fiscal enero 2012, existe un pago a cuenta realizado el 10 de noviembre de 2016 interrumpiéndose la prescripción, se inicia nuevamente el cómputo , a partir del 1 de diciembre.de 2016 y concluiría el 1 de diciembre de 2024; para el periodo fiscal abril 2012, existe un pago a cuenta realizado el 11 de agosto de 2016 interrumpiéndose la prescripción, se inicia nuevamente el cómputo a partir del 1 de septiembre de 2016 y, concluiría el 1 de septiembre de 2024 y para los periodos junio y julio 2012, para los cuales no hubo pagos a cuenta y cuyo vencimiento de pago es el siguiente mes de acuerdo a la terminación del número de NIT, el vencimiento de estos periodos estaría dentro de la gestión 2012, se inicia el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020, períodos dentro los cuales se notificó la Resolución Determinativa impugnada, de acuerdo al siguiente detalle: 

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Inicio de Prescripción 

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Finalización de la Prescripción 

Interrupción de la Prescripción (Pago a cuenta del adeudo

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Corresponde aclarar que el recurrente realizó pagos a cuenta el 10 de noviembre y 11 de agosto de 2016 por los periodos enero y abril 2012 (es pertinente aclarar que el sujeto pasivo realizó el pago total de la deuda determinada por el periodo fiscal mayo 2012 el 11 de agosto de 2016), antes de la emisión de la Vista de Cargo N° 291825000032 de 20 de marzo de 2018, los cuales efectivamente fueron registrados en los sistemas que posee la Administración Tributaria, de acuerdo al siguiente detalle

PAGOS REALIZADOS POR EL SUJETO PASIVO Periodo(s): enero, abril y mayo de la gestión 2012 

(Expresado en Bolivianos) 

PERIODO FISCAL 

CONCEPTO 

  1. F. 1000 N° DE 

ORDEN 

FECHA DE PAGO 

IMPORTE PAGADO IMPORTE PAGADO 

EN UFV 

EN Bs. 

IVA 

ene-12 may12 

a br-12 L 

IV

2563832605 256171871

2561718418 TOTALES 

10/11/2016 11/08/2016 11/08/2016 

2.313 1.698 

5.616| 9.627 

5.000 3.639 12.038 20.677 

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Fuente: Pagina 3 de la Resolución Determinativa N° 171825001066 de 2 de julio de 2018; foja 72 de antecedentes administrativo

En el contexto anterior, se evidencia que la Administración Tributaria ejerció su

  • facultades de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones en la gestión 2018, e

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razón hubo interrupción de la prescripción en los periodos fiscales enero y abril 2012 por pagos a cuenta realizados por el ahora recurrente, asimismo, se evidencia para los periodos fiscales sin pagos a cuenta (junio y julio 2012), la interrupción se dio con la notificación del acto administrativo impugnado fue notificado el 20 de julio de 2018: lo que demuestra que la prescripción, invocada por la ahora recurrente respecto a la facultad de la Administración Tributaria de determinar la deuda e imponer sanciones administrativas no se encuentra materializada en relación a los periodos fiscales enero, 

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Juan Carlo

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abril, junio y julio 2012, esto demuestra que es inexistente la vulneración de principios y derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado a los cuales la recurrente tiene derecho. 

Referente a lo señalado por el recurrente con relación a la suspensión del curso de la prescripción según lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492 que señala: “La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses“. Conforme se puede apreciar, la norma citada solamente hace referencia a aquellos procesos de determinación iniciados bajo la modalidad de fiscalización, siendo ésta modalidad mediante la cual la Administración Tributaria fiscaliza todos los impuestos por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo de por lo menos una gestión fiscal; sin embargo, el presente caso, es la modalidad la verificación interna, que tiene como alcance de revisión especifico y puntual de hechos y transacciones de uno o más impuestos y de uno. o más periodos fiscales mensuales de una gestión; en ese contexto se aclara que esta modalidad de verificación no está comprendida en la normativa citada, entendiéndose esta ampliación incluso para el cómputo de la prescripción , toda vez que la suspensión de la prescripción de seis (6) meses dentro de esta verificación no es aplicable en el presente caso como señala el recurrente. . . 

Con relación a lo señalado por el recurrente sobre la existencia de un error de cálculo en el saldo del monto reparado por el periodo fiscal abril 2012; cabe señalar que de la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, se evidencia en el periodo fiscal de abril 2012, un crédito fiscal depurado de Bs15.207.- que deducido el pago efectuado de Bs8.265.- resulta un saldo de tributo omitido de Bs6.942.- sin embargo, en el cuadro de liquidación de la deuda tributaria expuesto en la página 7 del acto impugnado registra un tributo omitido de Bs7.442. existiendo una diferencia de Bs500.- que precisamente es observada por el recurrente, conforme se advierte a continuación: 

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Tributo omitido 

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15.207 

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Fuente: Datos obtenidos de la nota del Recurso de Alzada, fojas 13 último párrafo de obrados. 

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Del anterior cuadro, se evidencia que la Administración Tributaria consigno de manera errónea como tributo omitido Bs7.442.- en el periodo fiscal de abril 2012, siendo que de acuerdo a un simple cálculo de resta, el tributo omitido resultante de la deducción de los pagos a cuenta debía ser Bs6.942.-; en ese sentido se advierte la existencia de una diferencia de Bs500.- que la Administración Tributaria deberá corregir a momento de realizar la liquidación de la deuda tributaria. Se aclara que este es un error de exposición, no se modificó el tributo omitido expuesto en la página 3 del acto impugnado, fojas 72 de antecedentes administrativos. 

Bajo los parámetros antes mencionados, se concluye que el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda e imposición de sanciones administrativas relacionadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA). de los – periodos fiscales enero, abril, junio. y julio 2012, se encuentran incólumes en aplicación 

del artículo 59 de la Ley 2492 modificado por las Leyes 291, 317 y 812; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa No 171825001066 (SIN/GDLPZ (I/DFISVI/RD/00943/2018), de 2 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 171825001066 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/00943/2018) de 2 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Guillermo Laguna Arteaga; consecuentemente, corresponde mantener firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses, sanción por omisión de pago y muita por incumplimiento de deberes formales, por los periodos fiscales enero, abril, junio y julio 2012; debiendo el Ente Fiscal considerar la observación respecto a la diferencia en el tributo omitido de Bs500.- a momento de realizar la liquidación de pago respectiva 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115-de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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afacanda A Regístrese, hágase saber y cúmplase. A Vo Velh

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Lic. Cecilia Velez Dorado Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Amaridad Regional de Impugnación 

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Jyan Carlos y G|12| RU 

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