ARIT-LPZ-RA-1820-2018 La AIT confirma el Auto administrativo (Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria-PIET). Mediante nota presentada, el acusado solicito prescripción de la facultad de determinación de adeudo tributario. La AT determino que una vez puesto en conocimiento del acusado el PIET (siendo este el inicio de la fase de cobro de la obligación tributaria) legalmente no es posible revisar aspectos que estén relacionados con la fase de determinación (impugnada mediante Recurso de Alzada donde la AIT confirmo la Resolución Determinativa a favor del SIN) porque no corresponde al estado actual del procedimiento por tanto este recurso de alzada se considera inapropiado.

ARIT-LPZ-RA-1820-2018

IIIIIII 

III 

III 

DI 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 1820/2018 

Recurrente: 

Juan Hurtado Rosales 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos. Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 391820000041 (SIN/GDLPZ-1/DJCCACCIAUTA/00032/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-1320/2018 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 19 de noviembre de 2018 

Oi 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plażo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1820/2018 de 14 de noviembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: . .. . 

16 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

El Auto Administrativo N° 391820000041 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) de 9. de julio de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de determinación, de la deuda tributaria y sanción contenida en la Resolución Determinativa N° 171720003088 CITE: SIN/GDLPZ-VDJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de afaq noviembre de 2017, en consecuencia, dispuso la prosecución de la ejecución tributaria calidad anunciada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331820000841 de ARTEFTA 11 de mayo de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 Y IQNet siguientes de la Ley 2492. 

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Ignacio 

Carlos

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Guzmán Ruy A 

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III 

  1. TRAMI DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Juan Hurtado Rosales, mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2018, cursante a fojas 710 de obrados presentó Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

La Administración Tributaria equívocamente asume el derecho de establecer cuando y como puede un contribuyente ejercer su derecho a solicitar la prescripción sin que la norma condicione o establezca etapas como erróneamente pretende el Ente Fiscal sin respaldo legal alguno en contraposición a la potestad reglada conforme establece el artículo 5 del DS 27310, que permite al sujeto pasivo el poder solicitar la procedencia de la declaratoria de prescripción de la facultad de determinación incluso en etapa de ejecución tributaria, más aún cuando de manera infundada deniega la solicitud de prescripción en afectación al derecho de fundamentación y motivación, cita al respecto la SCP 0235/2015-S1 de 26 de febrero de 2015. 

El derecho de solicitar la prescripción de la determinación no puede ser denegada más aún cuando la normativa no condiciona ni establece etapas como pretende la Administración Tributaria sin fundamento alguno en atentado al principio de seguridad jurídica aspecto que merece la anulabilidad del acto impugnado

El Auto Administrativo actualmente impugnado adolece de una debida fundamentación y motivación conforme establece el artículo 28 inciso e) de la Ley 2341 concordante 

con el artículo 31 del DS 27113, a fin de dejar pleno convencimiento en el sujeto pasivo que la Administración Tributaria se pronunció sobre la base de normas sustantivas y procesales aplicables al caso así como las causales de suspensión e interrupción del término de prescripción conforme lo previsto en la Ley 2492, cita al respecto el artículo 28, 36 de la Ley 2341 y articulo 55 del DS 27113, artículo 178.1 de la Constitución Política del Estado y hace mención a las SSCC 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015; SCP 0003/2013 de 3 de enero de 2013

El Auto ahora impugnado carece de los requisitos de fundamentación razón por la que la Administración Tributaria no cuenta con las facultades para emitir los reparos establecidos en la Resolución Determinativa correspondiente y el subsecuente PIET, 

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: AUTORIDAD, DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

toda vez que dichos actos se encuentran viciados de nulidad; asimismo, reitera en afirmar la procedencia de la prescripción en mérito a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin sus modificaciones. 

La falta de fundamentación en el Auto impugnado vulnera el debido proceso toda vez que al carecer de un pronunciamiento fundado dejando pleno convencimiento de que se pronunció con normas sustantivas y procesales aplicables al caso, estableciendo con claridad meridiana el inicio y conclusión del curso de la prescripción así como las causales de suspensión e interrupción conforme prevé la Ley 2492: sin embargo, conforme a lo manifestado, el sujeto activo omitió todo tipo de motivación y fundamentación a pesar de encontrarse el procedimiento y las normas claramente establecidas en la Ley 2492. Conforme a los argumentos expuestos, solicita anular el Auto Administrativo No 391820000041 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018. 

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada presentado por Juan Hurtado Rosales, fue admitido mediante Auto de 21 de agosto de 2018, notificado de manera personal al recurrente el 24 de agosto de 2018 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 30 de agosto 2018, fojas 11-16 de obrados. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra conforme se tiene de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante a fojas 19-26 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

afao Mediante las atribuciones conferidas por ley la Administración Tributaria procedió a la emisión y notificación con la Orden de Verificación N° 00120VE02074 de 7 de marzo de 2013 y Requerimiento No 00119984, notificada mediante cédula el 26 de marzo de IQNet 2013 cuyo alcance comprende la verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados con el impuesto sobre las utilidades de las empresas por la venta de 

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INT III 

bienes inmuebles correspondiente a los períodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009. 

La Administración Tributaria procedió a determinar las obligaciones tributarias del Impuesto sobre Utilidades de las Empresas -IUE sobra base presunta de acuerdo a lo señalado en el artículo 43 parágrafo II de la Ley 2492 y respaldo de la documentación e información obtenida por la Administración Tributaria relativos a la Transmisión o enajenación de Bienes Inmuebles (Form. 430) presentadas al SIN y la documentación solicitada a terceros al no contar con la documentación solicitada al contribuyente. 

Se evidenció que el contribuyente (ahora recurrente) no se encuentra inscrito en el Padrón de Contribuyentes del SIN y que la documentación solicitada no fue presentada, razón por la que nuevamente se emitió el Requerimiento No 00120005 notificado mediante cédula el 19 de abril de 2013, solicitando información no obstante el contribuyente tampoco presentó la documentación solicitada. A raíz de ello, el 15 de noviembre de 2013 se emitió la vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ I/DF/SFVENC/554/2013 misma que fue notificada mediante cédula el 27 de diciembre de 2013, estableciendo en dicho acto la deuda tributaria del IUE y multa por Incumplimiento a Deberes Formales por no presentar la documentación debidamente 

solicitada. 

El 19 de marzo de 2014, se emitió la Resolución Determinativa N° 00108/2014 misma que fue notificada el 2 de mayo de 2014 ratificando en su integridad el contenido de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SFVENC/554/2013; dicho acto definitivo fue objeto de impugnación en recurso de alzada, que culminó con la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0621/2014 que dispuso la anulación hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SFVENC/554/2013; resolución de alzada que fue posteriormente confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1492/2014 emitido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) y por la Sentencia No 85 de 24 de octubre de 2016 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, posición que confirmó la decisión asumida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1492/2014. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Luego de nuevos Requerimientos de documentación sin que el contribuyente proporcionara los mismos, se emitió el 23 de agosto de 2017 una nueva Vista de Cargo CITE SIN/GDLPZ1/DF/SFVENC/00616/2017, acto que fue notificado mediante cédula el 15 de septiembre de 2017, al contribuyente Juan Hurtado Rosales a fin de que asuma defensa, produzca pruebas tanto en relación a los cargos como a la calificación preliminar de su conducta

  • El 15 de noviembre de 2017, Juan Hurtado Rosales solicitó ante la Administración 

Tributaria la prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario con: 

referencia a la gestión 2009, a su vez, el 30 de noviembre de 2017, se emitió la 

Resolución Determinativa N° 171720003088, acto que fue notificada al apoderado del contribuyente Jhery Roberto Sanjinés Téllez y que fue objeto de impugnación que culminó con la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA0521/2018 de 6 de abril de 2018, a través del cual dispuso confirmar la Resolución Determinativa N° 171720003088 CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de noviembre de 2017; posteriormente, ante la falta de impugnación en segunda instancia, la Resolución de Alzada que fue declarada firme mediante Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-1446/2017, cita al respecto: la SCP 0536/2014 de 10 de marzo de 2014 en cuanto a los efectos de firmeza de los actos administrativos. • 

Conforme al artículo 110 de la Ley 2492, la Administración Tributaria inició la etapa de ejecución a través de la emisión del Proveido de inicio de Ejecución Tributaria No 331820000841 CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/PIET/0838/2018 de 11 de mayo de 2018, actuación que fue notificada al sujeto pasivo el 14 de mayo de 2018, en consecuencia, se prosiguió con las medidas tendientes al cobro entre estas la Hipoteca Legal del Bien Inmueble (Lote de Terreno) ubicado en la ciudad de Santa Cruz, bajo el Folio Real 7.02.0.00.0000563, entre otras medidas preventivas tendientes a la afaq ejecución tributaria

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Calidad 

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ET

El 17 de mayo de 2018, Juan Hurtado Rosales solicitó ante la Gerencia Distrital La Paz IQNet I del Servicio de Impuestos Nacionales, prescripción de la Resolución Determinativa No 171720003088 CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de noviembre de 2017, solicitud que fue respondida mediante el Auto Administrativo N° 391820000041 

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

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ECOMANDANTE ARRAYSA

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(SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018, a través del cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria y sanción contenida en la Resolución Determinativa N° 171720003088 CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de noviembre de 2017

Al encontrarse firme y pasada en cosa juzgada la Resolución Determinativa No 171720003088 CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de noviembre de 2017, se inició la fase de ejecución conforme se tiene referido en el PIET N° 331820000841 CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PIET/0838/2018 de 11 de mayo de 2018 en mérito a lo previsto en el artículo 110 de la Ley 2492, asumiendo distintas medidas preventivas tendientes a la ejecución tributaria, toda vez que se encontraba en plena fase de ejecución tributaria. 

El Auto Administrativo actualmente impugnado, goza todos los caracteres jurídicos previstos en el artículo 27 de la Ley 2341, cita al respecto la SCP 0249/2012 de 29 de mayo de 2012 y en cuanto a los principios que rigen la actividad administrativa hace referencia a la SCP 1464/2004-R de 13 de septiembre de 2004; en tal sentido, afirma que el Auto ahora impugnado, cumplió a cabalidad con todos los requisitos previstos en la ley, encontrándose debidamente fundamentado, respondiendo con claridad y certeza a la solicitud de prescripción, realizando a este efecto una relación de todos los antecedentes, los motivos de la petición, la normativa o relación jurídica circunstanciada al caso de autos para finalmente de manera fundada rechazar la solicitud de prescripción planteada. 

El ahora recurrente pretende mal intencionadamente retrotraer actos que se encuentran firmes en mérito a la declaratoria de firmeza de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA0521/2018 de 6 de abril de 2018, a través del cual dispuso confirmar la Resolución Determinativa N° 171720003088 CITE: SIN/GDLPZ 1/DJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de noviembre de 2017, Resolución de Alzada que fue declarada firme mediante Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-1446/2017, surgiendo los principios de consolidación, preclusión y la teoría de los actos consentidos, al respecto, cita la SCP 0345/2004-R de 16 de marzo de 2004. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 391820000041 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 17 de septiembre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría a la parte recurrente y a la autoridad recurrida el 19 de septiembre de 2018, fojas 27-28 de obrados

Mediante memorial presentado ante esta instancia Recursiva el 9 de octubre de 2018, la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra, ratificó las pruebas documentales consistente en los antecedentes administrativos presentados a momento de responder al Recurso de Alzada, al efecto, el Proveído de 12 de octubre de 2018, dio por ratificada la prueba documental señalada, fojas 33-34 de obrados

11.5. Alegatos Mediante memorial presentado el 19 de septiembre de 2018 ante esta Instancia Recursiva, Juan Hurtado Rosales expuso sus alegatos en conclusiones reiterando los argumentos esgrimidos a momento de presentar su Recurso de Alzada, en sentido que se ha vulnerado y limitado su derecho de petición así como considera prudente solicitar la prescripción de la facultad de determinación en fase de ejecución; solicitud que fue respondida mediante Proveído de 24 de septiembre de 2018, en sentido de ofrezcase dentro del plazo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 29-30 y 31 de obrados. 

  • De la revisión de obrados no consta presentación de alegatos en conclusiones por la parte de la Administración Tributaria, conforme a lo establecido en el artículo 210 afao 

ISO 9001 del Código Tributario. 

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Orden de Verificación No 0012OVE02074 de 7 de marzo de 2013, con alcance a los meses de enero a diciembre de la gestión 2009 respecto al IVA Form. 200, RCIVA Form. 400, IUE Form. 500, Form. 110, Estados Financieros de las Gestiones 2008 y 

Ruu: VPB

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestió

de la Calidad Certificado N°771/1

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UN 

2009 y Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2009 y 2008, fue notificada el mediante cédula el 26 de marzo de 2013, conforme consta a fojas 6-8 a 11 de antecedentes administrativos. 

Mediante Requerimientos de Documentación N° 00119984 de 26 de marzo de 2013 y No. 00120005 de 19 de abril de 2013, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó documentación al contribuyente Juan Hurtado Rosales, 

fojas 712 de antecedentes administrativos. 

” de 

La Vista de Cargo N° 291720000697 CITE: SIN/GDLPZ I/DFISFVE/VC/00616/2017 de 23 de agosto de 2017, comunicó a Juan Hurtado Rosales que como resultado de la revisión modalidad Verificación Específica IUE correspondiente al IUE que comprende los períodos fiscales enero a diciembre de 2009 según Orden de Verificación N° 0012 OVE 02074 de 7 de marzo de 2013, llevada a cabo en aplicación de procedimientos y normativa legal vigente, estableciéndose que no determinó ni declaró el IUE conforme a Ley ante el Servicio de Impuestos Nacionales de los períodos de enero a diciembre de 2009 detectado en función a la documentación cursante en el expediente de referencia. En tal sentido, en uso de las facultades conferidas por ley la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales procedió a determinar la base imponible sobre Base Presunta de la obligación tributaria correspondiente al IUE de los períodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009; acto que fue notificado mediante cédula el 15 de septiembre de 2017; fojas 711735 y 739 a 743 de antecedentes administrativos

La Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ1/DJCC/TJI RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales determinó sobre base presunta las obligaciones impositivas de Juan Hurtado Rosales en 336.850 UFVs por tributo omitido correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), más. intereses y sanción por omisión de pago de la gestión fiscal 2009 (enero a diciembre 2009); así como la multa total de 3.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 0064359 y 0064361 (cada una por 1.500 UFV’s), acto que fue 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

notificado de manera personal el 13 de diciembre de 2017, fojas 844-880 y 881de antecedentes administrativos. 

Mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 6 de abril de 2018, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dispuso confirmar la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TU/RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Juan Hurtado Rosales; consecuentemente, se mantuvo firme y subsistente el tributo omitido de 336.850 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2009 (enero a diciembre); así como la multa de 3.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 0064359 y 0064361. Fojas 947-958 de antecedentes administrativos. 

13 

Por Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-1446/2017 de 3 de mayo de 2018, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, declaró firme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 6 de abril de 2018, actuación que fue notificada en secretaría el 9 de mayo de 2018, fojas 959-960 de antecedentes administrativos. 

Mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331820000841 CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PIET/0838/2018 de 11 de mayo de 2018, la Gerencia Distrital La Paz l del Servicio de Impuestos Nacionales, comunicó a Juan Hurtado Rosales que: “Encontrándose firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso de Alzada N° 521/2018 de 6 de abril de 2018 emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria que confirma la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ I/TJ/RD/552/2017) de 30 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz / del Servicio de afao Impuestos Nacionales, consecuentemente, mantiene firme y subsistente la suma calidad líquida y exigible de UFV’s824.200.- y conforme a lo establecido por el artículo 108 de la Ley 2492 Código Tributario, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo N° | IQNet 

  • 27874, se anuncia al contribuyente Hurtado Rosales Juan, (No empadronado) c cédula de identidad 488866 L.P., con domicilio fiscal en Av. José Aguirre Achá N° 208 condominio Rosales de la zona Cota Cota, que se dará inicio a la ejecución tributaria 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el presente proveido, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, que deberá ser actualizada al momento del pago de conformidad con el artículo 47 de la Ley 2492; actuación que fue notificada mediante cédula el 14 de mayo de 2018, fojas 969-970 de antecedentes administrativos. 

Mediante nota presentada el 17 de mayo de 2018 ante la Gerencia Distrital La Paz | 

del Servicio de Impuestos Nacionales, Juan Hurtado Rosales solicitó prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario establecido en la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ1/DJCC/TJ/RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, fojas 10451046 de antecedentes administrativos

Por Auto Administrativo N° 391820000041 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de determiņación de la deuda tributaria y sanción contenida en la Resolución Determinativa N° 171720003088 CITE: SIN/GDLPZ1/DJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de noviembre de 2017, en consecuencia, dispuso la prosecución de la ejecución tributaria anunciada mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331820000841 de 11 de mayo de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y siguientes de la Ley 2492; actuación que fue notificada de manera personal el 30 de julio de 2018, fojas 10341035 y 1038 de antecedentes administrativos

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, párrafo III de la Ley 3092. 

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Juan Hurtado Rosales, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante ésta Instancia Recursiva. 

Con carácter previo es menester señalar que en los argumentos del Recurso de Alzada, el recurrente aduce vicios de nulidad respecto al acto ahora impugnado, para posteriormente de manera muy escueta referir que la Administración Tributaria no cuenta con la facultad para establecer el adeudo tributario (facultad de determinación); en tal razón, esta Instancia Recursiva previo a ingresar al análisis de fondo, verificará si existen causales de nulidad y si las mismas se encuentran sancionadas con la nulidad respectiva, en caso de no ser evidentes recién ingresará al análisis de fondo de la presente causa. 

  1. Aspectos de forma IV.1 Vicios en el acto impugnado El recurrente Juan Hurtado Rosales en sus argumentos del Recurso de Alzada manifiesta que el Auto Administrativo actualmente impugnado adolece de una debida fundamentación y motivación conforme establece el artículo 28 inciso e) de la Ley 2341 concordante con el artículo 31 del DS 27113, toda vez que, no deja pleno convencimiento en el sujeto pasivo que la Administración Tributaria se pronunció sobre la base de normas sustantivas y procesales aplicables al caso, cita al respecto el artículo 28, 36 de la Ley 2341 y articulo 55 del DS 27113, artículo 178.1 de la Constitución Política del Estado y hace mención a las SSCC 0114/2015S2 de 23 de febrero de 2015; SCP 0003/2013 de 3 de enero de 2013

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La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, afirma que el Auto afao 

ISO 9001 Administrativo actualmente impugnado, goza todos los caracteres jurídicos previstos! en el artículo 27 de la Ley 2341, cita al respecto la SCP 0249/2012 de 29 de mayo de TIF 2012 y en cuanto a los principios que rigen la actividad administrativa hace referencia IQNet a la SCP 1464/2004-R de 13 de septiembre de 2004; en tal sentido, afirma que el Auto VICAMENT SE ahora impugnado, cumplió a cabalidad con todos los requisitos previstos en la ley, encontrándose debidamente fundamentado, respondiendo con claridad y certeza a la 

1 Juan Carlos 

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UD 

solicitud de prescripción, realizando a este efecto una relación de todos los antecedentes, los motivos de la petición, la normativa o relación jurídica circunstanciada al caso de autos para finalmente de manera fundada rechazar la solicitud de prescripción planteada; al respecto, corresponde realizar el presente análisis: 

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo, en su numeral 6, dispone: Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

El artículo 28 de la Ley 2341 señala: (Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse, en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible., d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

El artículo 36 de la Ley 2341, menciona: I. Sen anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

El artículo 55 del DS 27113, dispone: Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

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evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más, convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, respectivamente, establecen: “...el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión, pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya sé arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales…”. 

De inició corresponde señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en toda clase de actuaciones administrativas, toda vez que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de 

actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

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En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro afaq del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertin 

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Vairement 

IN 

las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. 

El debido proceso al ser un derecho inmerso en las garantías jurisdiccionales previstas en el Parágrafo II) del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser 

oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido 

proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través 

de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 

Bajo ese contexto corresponde señalar que en el presente Recurso de Alzada se cuestiona la fundamentación del acto administrativo impugnado, principalmente en relación a la solicitud de prescripción de la facultad de determinación; en ese entendido, se debe tomar en cuenta que esta Instancia Recursiva al convertirse en una instancia revisora de las actuaciones administrativas definitivas emanadas de la Administración Tributaria conforme a las atribuciones y funciones previstas en el inciso a) del artículo 140 del Código Tributario, activada esta su competencia se encuentra obligada a revisar el acto impugnado conforme los argumentos del referido Recurso de Alzada, es decir, en el presente caso, corresponde revisar si el acto ahora impugnado (Auto Administrativo N°391820000041 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018) dio una respuesta congruente a los aspectos planteados oportunamente

En el contexto anterior, se tiene que el acto administrativo ahora impugnado, en sus partes más sobresalientes señala

CONSIDERANDO: Que, el artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que: Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios. Que, el Artículo 108 numeral 1 del Código Tributario Boliviano -Ley N° 2492, señala que: 1. La ejecución tributaria se realizapor la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen.Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, indica que: La ejecutabilidad de los 

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títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que de inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. Que, la Sentencia Constitucional N° 0372/2010-R de 22 de junio, estableció que son principios procesales integrantes del debido proceso: b) Principio de preclusión: Con relación a la etapa en que deben cumplirse los actos procesales, la doctrina mencionada precedentemente, contempla el principio de preclusión y señala que: ...el derecho se hala parcelado en diversas fases o etapas dentro de cada una de las cuales deben cumplirse uno o más actos determinados, con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos que se cumplen fuera del período que les está asignado(...). Que, en consecuencia por la Jurisprudencia y marco normativo citado precedentemente se tiene que, si bien el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 establece que el sujeto pasivo o tercero responsable puede solicitar la prescripción incluso en etapa de ejecución tributaria, tal como lo refiere el mismo contribuyente; no es menos cierto que si bien la prescripción puede solicitarse incluso en etapa de ejecución tributaria esta debe circunscribirse a la etapa que corresponda ya sea esta de determinación o de ejecución, no pudiendo plantearse la prescripción de la facultad de determinación encontrándonos ya en fase de ejecución, tal como pretende el contribuyente, pues de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el acto administrativo que determinó la deuda es decir la Resolución Determinativa N° 171720003088 CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/TJ/RD/552/2017 fue notificada al contribuyente el 13 de diciembre de 2017; momento desde el cual este tenía el plazo establecido por ley para impugnar cualquier agravio que hubiese sufrido por el referido acto, asimismo, solicitar la prescripción de las facultades de determinación de esta Administración Tributaria pues se encontraba en la etapa respectiva donde se determinó la deuda del contribuyente, sin embargo, si bien el contribuyente impugnó la Resolución Determinativa No 171720003088 CITE: SIN/GDLPZ1/DJCC/TJ/RD/552/2017, este en ningún momento hizo alusión a prescripción alguna solo se abocó a otros agravios que tuvieron como resultado la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA0521/2018 de 6 de abril de 2018, la cual resolvió: ‘CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171720003088 (CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/TJ/RD/552/2017) de 30 de noviembre de 2017...manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 336.850 UFVs más intereses y sanción por omisión de pago...’ (Sic), resolución que fue declarada firme mediante Auto de Declaratoria de Firmeza de 3 de mayo de 2018

Que, una vez firme y ejecutoriada la Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA0521/2018 de 6 de abril de 2018 se emite el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 0838/2018 de 11 de mayo de 2018, comunicándole al sujeto pasivo el inicio de la ejecución tributaria, acto que fue notificado en fecha 14 de mayo de 2018 con el cual se pasó a la fase de ejecución…” 

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Aadado EvoBo 

De la transcripción literal del Auto Administrativo N° 391820000041 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018 actualmente impugnado, se observa que hace referencia a un primer acto administrativo definitivo (Resolución afaq Determinativa. No 171720003088 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/552/2017) 30 de calidad noviembre de 2017), acto administrativo que fue objeto de impugnación a través de eRTIFTE un Recurso de Alzada (Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 1oNet) 6 de abril de 2018) y de manera posterior fue declarado firme exponiendo sus razones lógico jurídicas y subsumiendo la situación jurídica del ahora recurrente a la normativa aplicable a su caso -que a decir de la Administración Tributaria- no correspondía la 

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solicitud de prescripción de la fase de determinación por encontrarse en la etapa de ejecución tributaria, explicando y fundando el decisum de su resolución. . Conforme se puede apreciar el Auto Administrativo N° 391820000041 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CCIAUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018, actualmente impugnado cumple con los elementos esenciales del acto administrativo, toda vez que se encuentra 

suscrito por la autoridad competente como es la Gerencia Distrital 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales; contiene la causa, se sustenta en los hechos circundantes a su situación jurídica de Juan Hurtado Rosales exponiendo los antecedentes que presiden a su situación actual, citando la normativa aplicable a su caso; exponiendo el objeto por el cual -a decir de la Administración Tributaria- no procedería el instituto de 

la prescripción de la facultad de determinación; tomo en cuenta la situación procesal administrativa para considerar determinada normativa aplicable a su caso; además de exponer de manera clara y concreta las razones que le indujeron a la Administración Tributaria a emitir el Auto Administrativo N° 391820000041 (SIN/GDLPZ V/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) actualmente impugnado. 

En el contexto anterior, se hace necesario señalar que en materia estrictamente impositiva, el artículo 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, dispone como derechos del 

sujeto pasivo el que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos de esta Ley y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; así como el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados en los términos del presente Código; en concordancia a la normativa referida, los artículos 16 

de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 

3092, señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la 

administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente. 

En el caso bajo análisis, conforme se tiene señalado precedentemente existe un 

pronunciamiento de la Administración Tributaria, a través del Auto Administrativo ahora 

impugnado en relación a la inviabilidad de dar curso a la solicitud de prescripción; a ello se suma que este acto administrativo expone un pronunciamiento de manera ordenada los hechos, antecedentes, el proceso determinativo iniciado en contra de 

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Juan Hurtado Rosales, además de la normativa para rechazar de forma definitiva la solicitud planteada, toda vez que expuso la Administración Tributaria su posicionamiento técnico jurídico definitivo en franco cumplimiento a un requisito de estructura tanto en el fondo como en la forma del acto ahora impugnado, dejando en claro la normativa sustantiva y procesal aplicable al caso, es decir, emitió una posición respecto a la legalidad que consideraba oportuna al caso del ahora recurrente; razón por la cual se observa la debida fundamentación de hecho y de derecho en el Auto Administrativo impugnado. 

Con relación a la cita de la SCP 0235/2015-$1 de 26 de febrero de 2015 por el recurrente; corresponde señalar que de la lectura a la misma, esta ingresa a un análisis respecto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, valoración probatoria, juez imparcial, igualdad de las partes procesales y el derecho a ser oído; aspecto que en lo que se refiere al principio de fundamentación y motivación de la resoluciones definitivas, resulta vinculante con el presente caso, en el que se evidencia que efectivamente la Administración Tributaria a través del acto ahora impugnado, sustento sobre la base de fundamentos de hecho y derecho su posición respecto a la denegatoria de prescripción de la fase de determinación. 

Por las razones anotadas precedentemente, esta Instancia Recursiva no advierte vicios o la ausencia de los elementos esenciales del acto administrativo, que motiven a una reposición de obrados, toda vez que el acto ahora impugnado (Auto Administrativo N° 391820000041 SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00032/2018 de 9 de julio de 2018) se encuentra debidamente fundado en su razonamiento jurídico y sustento de los hechos y antecedentes del presente caso, aplicando normativa que consideraba oportuna al caso de autos; en consecuencia, corresponde desestimar el argumento del recurrente respecto a la falta de fundamentación del acto ahora impugnado. 

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  1. 2.De la solicitud de prescripción de la facultad de determinación El recurrente manifiesta en su Recurso de Alzada como en alegatos la procedencia de la declaratoria de prescripción de la facultades de determinación del adeudo tributario y la imposición de sanción, toda vez que a decir del recurrente, el artículo 5 del DS 27310 le permite al sujeto pasivo el poder solicitar la procedencia de la declaratoria del 

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prescripción incluso en etapa de ejecución tributaria, citando al respecto la SCP 0235/2015-S1 de 26 de febrero de 2015. 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada afirma que el presente caso se encuentra en fase de ejecución en mérito a que la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ! RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, fue objeto de un anterior Recurso de Alzada que fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 6 de abril de 2018, oportunidad en la cual en ningún momento el ahora recurrente demandó la procedencia del instituto de la prescripción, precluyendo su derecho y consolidándose en favor del SIN, el adeudo tributario determinado en la Resolución Determinativa que quedó firme; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 59 del Código Tributario, establece: I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 
  2. Imponer sanciones administrativas. 
  3. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. . II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: II. En el supuesto 4 del parágrafo / del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al 

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sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. Il. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. .. 

El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, dispone: La ejecución tributària se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen... El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el. Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de .conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

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Calidad 

De inicio corresponde señalar que Juan Hurtado Rosales, en los argumentos de su Recurso de Alzada de manera muy escueta afirma que “La Administración Tributaria no cuenta con las facultades para emitir los reparos establecidos en la Resolución Determinativa” lo que deduce que el recurrente mantiene su postura ante esta Instancia afao 

ISO 9001 Recursiva de solicitar la prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario; aspecto que por economía procesal y en resguardo del principio de economía, simplicidad y celeridad previsto en el inciso k) del artículo 4 de la Ley 2341, | IQNet ingresará a responder sobre la procedencia o no de la pretensión del actor, en resguardo del principio de congruencia. Bajo el contexto anterior, corresponde citar las principales actuaciones que dieron lugar a la emisión del ahora acto impugnado

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en ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte lo siguiente: 

La Orden de Verificación N° 0012OVE02074 de 7 de marzo de 2013, con alcance a los meses de enero a diciembre de la gestión 2009 respecto al IVA Form. 200, RC-IVA Form. 400, IUE Form. 500, Form. 110, Estados Financieros de las Gestiones 2008 y 2009 y Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2009 y 2008, fue notificada el mediante cédula el 26 de marzo de 2013, conforme consta a fojas 6-8 a 11 de antecedentes administrativos

Mediante Requerimientos de Documentación No 00119984 de 26 de marzo de 2013 y No. 00120005 de 19 de abril de 2013, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó documentación al contribuyente Juan Hurtado Rosales, fojas 712 de antecedentes administrativos. 

La Vista de Cargo N° 291720000697 CITE: SIN/GDLPZ I/DFISFVENC/00616/2017 de 23 de agosto de 2017, comunicó a Juan Hurtado Rosales que como resultado de la revisión modalidad Verificación Específica IUE correspondiente al IUE que comprende los períodos fiscales enero a diciembre de 2009 según Orden de Verificación No 0012 OVE 02074 de 7 de marzo de 2013, llevada a cabo en aplicación de procedimientos y 

normativa legal vigente, estableciéndose que no determinó ni declaró el IUE conforme 

a Ley ante el Servicio de Impuestos Nacionales de los períodos de enero a diciembre de 2009 detectado en función a la documentación cursante en el expediente de referencia. En tal sentido, en uso de las facultades conferidas por ley la Gerencia 

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales procedió a determinar la base 

imponible sobre Base Presunta de la obligación tributaria correspondiente al UE de los períodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009; acto que fue notificado mediante cédula el 15 de septiembre de 2017; fojas 711-735 y 739 a 743 de antecedentes 

administrativos. 

La Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ1/DJCC/TJ/ RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales determinó sobre base presunta las obligaciones 

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impositivas de Juan Hurtado Rosales en 336.850 UFV’s por tributo omitido correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE), más intereses y sanción por omisión de pago de la gestión fiscal 2009 (enero a diciembre 2009); así como la multa total de 3.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 0064359 y.0064361 (cada una por 1.500 UFV’s), acto que fue notificado de manera personal el 13 de diciembre de 2017, fojas 844-880 y 881 de antecedentes administrativos. 

Mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 6 de abril de 2018, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dispuso confirmar la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital-La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales contra Juan Hurtado Rosaļes; consecuentemente, se mantuvo firme y subsistente el tributo omitido de 336.850 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2009 (enero a diciembre); así como la multa de 3.000 UFV’S por incumplimiento de deberes formales establecida en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 0064359-y 0064361. Fojas 947-958 de antecedentes administrativos. 

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Por Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-1446/2017 de 3 de mayo de 2018, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, declaró firme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 6 de abril de 2018, actuación que fue notificada en secretaría el 9 de mayo de 2018, fojas 959-960 de antecedentes administrativos. 

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Mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331820000841 CITE: afao SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PIET/0838/2018 de 11 de mayo de 2018, la Gerencia Distrital calidad La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, comunicó a Juan Hurtado Rosales que: “Encontrándose firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso de Alzada N° 521/2018 IQNet 

de 6 de abril de 2018 emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria que confirma la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ I/TJ/RD/552/2017) de 30 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz / del Servicio del 

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IND LU 

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Impuestos Nacionales; consecuentemente, mantiene firme y subsistente la suma líquida y exigible de UFVs824.200.– y conforme a lo establecido por el artículo 108 de la Ley 2492 Código Tributario, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo 27874, se anuncia al contribuyente Hurtado Rosales Juan, (No empadronado) con cédula de identidad 488866 L.P., con domicilio fiscal en Av. José Aguirre Achá N° 208 condominio Rosales de la zona Cota Cota, que se dará inicio a la ejecución tributaria 

del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el presente proveido,

partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, que deberá ser actualizada al momento del pago de conformidad con el artículo 47 de la Ley 2492; actuación que fue notificada mediante cédula el 14 de mayo de 2018, fojas 969-970 de antecedentes administrativos

Mediante nota presentada el 17 de mayo de 2018 ante la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, Juan Hurtado Rosales solicitó prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario establecido en la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, fojas 1045-1046 de antecedentes administrativos. 

Por Auto Administrativo N° 391820000041 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria y sanción contenida en la Resolución Determinativa N° 171720003088 CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de noviembre de 2017, en consecuencia, dispuso la prosecución de la ejecución tributaria anunciada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331820000841 de 11 de mayo de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y siguientes de la Ley 2492; actuación que fue notificada de manera personal el 30 de julio de 2018, fojas 10341035 y 1038 de antecedentes administrativos. 

Hecha esa referencia a los antecedentes administrativos es menester señalar que los actos administrativos, producen efectos y son vinculantes para la Administración y los 

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administrados a partir de su notificación a sus destinatarios, actos que una vez firmes, es decir, que no puedan ser legalmente impugnados o una vez impugnados y con el pronunciamiento de la autoridad revisora superior, tienen los efectos de cosa juzgada (cosa decidida), la irrevocabilidad de los actos administrativos adquiere importancia desde el punto de vista de garantizar un debido proceso y la seguridad jurídica para las partes en controversia; en el presente caso, conforme se tiene señalado precedentemente, a través de la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/ RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Pazi del Servicio de Impuestos. Nacionales determinó sobre base presunta las obligaciones impositivas de Juan Hurtado Rosales que una vez impugnado mediante el recurso de alzada correspondiente, fue resuelta a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 6 de abril de 2018, resolución- que dispuso confirmar la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, y al no haber sido recurrida a través del recurso jerárquico correspondiente, se dispuso la Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-1446/2017 de 3 de mayo de 2018. 

Al efecto, el ente Fiscal emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331820000841 CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/CCIPIÉT/0838/2018 de 11 de mayo de 2018, la Gerencia Distrital La Paz l.del Servicio de Impuestos Nacionales, a través del cual comunicó a Juan Hurtado Rosales que debía pagar al tercer día de la notificación del presente acto, sus obligaciones tributarias correspondientes. En ese orden se debe establecer que a partir de la notificación con los títulos de ejecución tributaria listados en el artículo 108 de la Ley 2492, se inicia la etapa de ejecución tributaria, es decir, que puesto en conocimiento del sujeto pasivo, en el presente caso, del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331820000841 CITE: SIN/GDLPZ 1/DJCC/CC/PIET/0838/2018 de 11 de mayo de 2018, cursante a fojas 969-970 de antecedentes administrativos, el Ente Fiscal se encuentra habilitado para el inicio del afaq cobro coactivo a través del citado PIET. 

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En ese entendido y producto de la firmeza de la citada Resolución Determinativa, cabe 10Net mencionar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, establece de manera expresa la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en el parágrafo I, artículo 108 de la Ley 2492, disponiendo que: “La ejecutabilidad de lo

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títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que de inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable”; lo que determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con la mencionada actuación. 

También corresponde señalar que el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria se constituye en el acto administrativo que complementa al Título de Ejecución Tributaria a efecto de su ejecución, actuación que contiene esencialmente la conminatoria para el pago de la obligación determinada por el sujeto pasivo pendiente de pago, es decir, que es la comunicación compulsiva por parte del Ente Fiscal para obligar el pago de la obligación tributaria determinada, lo que supone legalmente y conforme al artículo 4 del DS 27874, el inicio de la fase de ejecución tributaria; bajo esas circunstancias, no es posible legalmente revisar aspectos que están estrictamente relacionados con la facultad del ente fiscal de determinación, en consideración a la existencia y notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331820000841 CITE: SIN/GDLPZ. l/DJCC/CC/PIET/0838/2018 de 11 de mayo de 2018, acto administrativo compulsivo que da lugar únicamente al ejercicio de su facultad de ejecución tributaria, iniciado precisamente con la notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331820000841 CITE: SIN/GDLPZ 1/DJCC/CC/PIET/0838/2018 de 11 de mayo de 2018

Lo anterior muestra que el presente caso se encuentra en fase de ejecución tributaria; no obstante, la solicitud del recurrente hace referencia a la prescripción respecto a las acciones para determinar el adeudo tributario, planteamiento que no responde al estado actual del procedimiento y que de manera expresa es expuesto en el acto administrativo ahora impugnado, toda vez que conforme a los antecedentes puestos a consideración de esta instancia recursiva, el proceso se encuentra en plena ejecución tributaria, en consecuencia, el Recurso de Alzada así planteado resulta inapropiada. 

A lo mencionado, es menester recordar que el artículo 59 de la Ley 2492 establece de manera clara y específica funciones de la Administración Tributaria estableciendo una secuencia de sub etapas, asi primero controla, investiga, verifica, comprueba y fiscaliza tributos, para luego determinar la deuda tributaria, posteriormente imponer sanciones 

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administrativas para finalmente ejecutar el adeudo tributario; lo que pone de manifiesto que es la propia normativa la que establece fases y sub fases a las cuales se sujeta el Ente Fiscal a momento de asumir sus roles establecidos por ley; esto implica que superada una sub fase vgr. fase de determinación, ya no puede la Administración Tributaria retrotraer a dicha sub etapa anteladamente superada, debiendo ejercer y supeditar sus funciones acorde a la sub etapa en la que se encuentre. De la misma manera ocurre con el sujeto pasivo, quien antes de solicitar la prescripción de las facultades con las que cuenta la Administración Tributaria, deberá observar en qué fase o sub fase se encuentra su situación jurídica, a fin de acomodar su petitorio conforme a la etapa en la que se encuentre. 

En consideración a la etapa procesal del presente caso que es de ejecución, como consecuencia, la normativa tributaria antes citada, cierra la posibilidad de discusión a otros aspectos que no sean únicamente a las causales de oposición previstas en artículo 109 del Código Tributario, en ese entendido, los planteamientos efectuados por el recurrente no se circunscriben a las formas de suspensión u oposición, toda vez que su Recurso de Alzada, sustenta aspectos relacionados a la prescripción empero de la fase de determinación e imposición de sanciones que en su momento procesal administrativo no fueron reclamados al momento en que impugnó la Resolución Determinativa, misma que a la postre fue confirmada por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 6 de abril de 2018, resolución de alzada que a la vez se declaró firme en mérito al Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-1446/2017 de 3 de mayo de 2018, emitido por esta Instancia Recursiva; aspecto aquel que debieron ser invocados oportunamente ante la conclusión del procedimiento de fiscalización, hecho que como se evidencia no ocurrió en el presente caso, ya que al no haber interpuesto impugnación alguna en su oportunidad sobre este punto en específico (prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario) posibilitó que dicho acto administrativo adquiera firmeza. 

afaq Con relación al argumento del recurrente en sentido que el artículo 5 del DS 27310 le permite al sujeto pasivo el poder solicitar la procedencia de la declaratoria de prescripción de determinación del adeudo tributario incluso en etapa de ejecución IQNet tributaria, citando al respecto la SCP 0235/2015-S1 de 26 de febrero de 2015; al VICEMENTE SE respecto, corresponde señalar que si bien es cierto el artículo 5 del Decreto Supremo 27310 establece que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

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prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria; sin embargo, el peticionante deberá presentar su solicitud empero acorde a la fase del proceso; es decir, tomando en cuenta el estado actual de su causa. 

A lo mencionado habrá que añadir que una de las garantías jurisdiccionales sobre las que descansa la administración de justicia tributaria, es justamente la eficacia jurídica de las decisiones emanadas por esta Instancia Recursiva o entendida también como la tutela judicial efectiva prevista y consagrada en el numeral I del artículo 115 de la Constitución Política del Estado; al respecto, la SCP 0512/2018-S4 de 12 de septiembre de 2018, en sus Fundamentos Jurídicos III.2 establece: Ahora bien, la jurisprudencia constitucional establece que el cumplimiento y ejecución de una resolución judicial -proveniente de cualquier jurisdicción- debe ser en la medida de lo determinado, caso contrario, se lesiona el derecho fundamental a la eficacia de las resoluciones judiciales. Así, la SC 0944/2001-R de 6 de septiembre, señala el derecho fundamental a la eficacia de las resoluciones judiciales, como un imperativo básico de la administración de justicia. La mencionada Sentencia Constitucional, ante el incumplimiento o inobservancia de decisiones judiciales por operadores judiciales o administrativos, protege el derecho a la eficacia de los fallos con calidad de cosa juzgada. 

De la normativa y jurisprudencia glosada, se desprende que toda decisión sea en el ámbito judicial o administrativo que dirima un conflicto tributario, al emitirse la resolución final y que la misma adquiera la calidad de cosa juzgada adquiere firmeza, obligando a las partes intervinientes a su fiel y estricto cumplimiento, sin que ningún justificativo o recurso ulterior mantenga en suspenso el cumplimiento de la decisión asumida en determinada resolución; como en el presente caso, en el que una vez notificada la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJI RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, el recurrente en defensa de sus intereses y derechos que así le convenían, presentó recurso de alzada, impugnación que fue resuelta por esta Instancia Recursiva a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 6 de abril de 2018, que confirmó en todas sus partes la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/ RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017. 

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Es menester recordar que conforme consta a fojas 782 de antecedentes administrativos, Juan Hurtado Rosales mediante memorial presentado ante la Gerencia Distrital I del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó la prescripción de la facultad de determinación del adeudo tributario, oportunidad en la cual ante una hipotética omisión de respuesta, al momento de presentar el recurso de alzada contra la Resolución Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/ RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017, podía demandar la falta de pronunciamiento o bien solicitar la prescripción de determinación ; al no haber reclamado tal aspecto en su oportunidad y tras haber sido confirmada la Resolución Determinativa precedentemente mencionada quedando firme la misma, ha precluido su derecho de poder reclamar de manera posterior en mérito a la declaratoria de firmeza de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0521/2018 de 6 de abril de 2018, misma que confirmó la Resolución-Determinativa N° 171720003088 (SIN/GDLPZ-I/DJCTJ/ RD/552/2017) 30 de noviembre de 2017; razón por la que corresponde desestimar el argumento del recurrente sobre este punto. 

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El análisis realizado permite concluir la extemporaneidad de la solicitud ‘a través del Recurso de Alzada por parte de Juan Hurtado Rosales, con relación a la solicitud de prescripción de las facultades de determinar el adeudo tributario conforme se estableció en el presente análisis, toda vez que la Resolución Determinativa No. 171720003088 CITE: ‘SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de noviembre de 2017, adquirió firmeza y por ende se constituyó en Título de Ejecución Tributaria aspecto que se verifica de la revisión de antecedentes administrativos, lo que trajo como consecuencia la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331820000841 CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PIET/0838/2018 de 11 de mayo de 2018, que dio inicio a la fase de ejecución tributaria, por lo que no corresponde el análisis de las facultades propiamente dichas de determinación de la Administración Tributaria; en ese entendido, corresponde confirmar el Auto Administrativo No afaq 391820000041 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018, calidad emitido por la Gerencia Distrital La Pazi del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de 

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septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo N° 391820000041 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CC/AUTA/00032/2018) de 9 de julio de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo a la solicitud de prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria y sanción contenida en la Resolución Determinativa No 171720003088 CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/RD/552/2017 de 30 de noviembre de 2017. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, sede cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

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Regístrese, hágase saber y cúmplase/ 

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  1. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Masteridad Regional de Impugnadan 

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RCVD/jcgriavy/ms/chgm/rr

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