ARIT-LPZ-RA-1806-2018 La AIT anula la Resolución Sancionatoria por omisión de pago de DDJJ. Debido a la falta de valoración de los descargos presentados la AT, en su recurso de alzada, solicitó la nulidad de la Resolución Sancionatoria para emitir un nuevo acto administrativo que incluya la valoración del descargo del acusado, donde solicita al ente fiscal la prescripción para la facultad de imponer sanciones administrativas.

ARIT-LPZ-RA-1806-2018

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La Paz 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 1806/2018 

Recurrente: 

Marco Antonio Rejas Daza 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra 

Acto Impugnado: 

Resolución Sancionatoria N° 181720005587 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/03055/2017

Expediente: 

ARIT-LPZ-1304/2018 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 12 de noviembre de 2018 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1806/2018 de 9 de noviembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181720005587 (SIN/GDLPZ 1/DJCCICC/RS/03055/2017) de 25 de octubre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió sancionar al contribuyente Marco Antonio Rejas Daza, con una multa igual al 100% del tributo omitido expresado en 

afad Unidades de Fomento a la Vivienda por la contravención de Omisión de Pago en 150 9001 aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8, 42 del DS 27310 y 13 numeral 2) de la conocam RND 10-0031-16 de los impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario.co

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, casi Esq. Carlos Medinacelli (Zona Cristo Rey) 

Telfs.: 2412613 2411973 2-148973 www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

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  • II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA *** 

11.1. Argumentos del Recurrente Marco Antonio Rejas. Daza, mediante memorial presentado el 9 de agosto de 2018, 

cursante a fojas 11-14 de obrados; interpuso Recurso de Alzada, expresando lo . * siguiente: … 

Se le notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UCCIAISC/00287/2017 el 6 de junio de 2017, por haber incurrido. en la contravención de Omisión de Pago, motivo por el cual presentó memorial con sello de recepción de 14 de julio de 2017, solicitando prescripción extintiva, que no fue respondida, vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso, más aun cuando el acto impugnado señala que el contribuyente no pagó la sanción ni presentó descargos que desvirtúen la sanción tipificada preliminarmente; aspecto que resulta contradictorio. 

Cita el artículo 115-11 de la Constitución Política del Estado, 24, 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492 y señala que la Administración Tributaria vulneró el debido proceso, así como su derecho a la defensa y petición, toda vez que correspondía responder a su solicitud mediante una resolución fundada y motivada. Al efecto invoca la Sentencia Constitucional 0441/2013 y 0782/2007-R de 2 de octubre de 2007, así como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1106/2012. 

– 

El régimen de prescripción contenido en las Leyes 291, 317 y 812, debe ser aplicable a deudas determinadas a partir de su vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2492, en ese sentido, la facultad de imponer sanciones por contravenciones se ajustan al texto vigente en el momento de haberse generado dicha contravención 

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  1. c. . 

* La imprescriptibilidad en materia tributaria, solo está dispuesta respecto a la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada pos periodos posteriores a la puesta en vigencia afaq de las Leyes 291, 317 y 812. En ese sentido, siendo que el hecho generador se mocalidade materializó en la gestión 2006, corresponde aplicar el artículo 59 Num. 3) de la Ley 2492, PARTURIER que establece el plazo de cuatro años para imponer sanciones administrativas, así como Netiz los artículos 60, 61, 62 y 154 del citado cuerpo normativo, considerando que no existen LED causales de suspensión y/o interrupción del cómputo de la prescripción, por lo que ellu 

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Sistema de Gestión : de la Calidad Certificado N771/2

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La Paz 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

cómputo de prescripción de cuatro años para el periodo fiscal de la gestión 2006 se inició el 1 de enero de 2007 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2010. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181720005587 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/03055/2017) de 25 de octubre de 2017 

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Marco Antonio Rejas Daza, fue admitido mediante Auto de 15 de agosto de 2018, actuación notificada de forma personal al recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 17 y 24 de agosto de 2018 respectivamente; fojas 1520 de obrados. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representado legalmente por Iván Arancibia Zegarra, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, mediante memorial presentado el 7 de septiembre de 2018, cursantes a fojas 23-27 de obrados, respondió de forma afirmativa parcial expresando lo siguiente: 

Cita el artículo 36-11 de la Ley 2341, así como el artículo 115-11 de la CPE y señala que el debido proceso se constituye en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, tal como señalan las Sentencias Constitucionales 752/2002-R, 1369/2001-R y 119/2003-R. 

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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el contribuyente Marco Antonio Rejas Daza, presentó descargos a la Resolución Sancionatoria No 181720005587, conforme el memorial de 14 de julio de 2017, siendo que no existe afaq ningún pronunciamiento al respecto en el acto impugnado, el cual carece decal fundamentación sobre la valoración de la prueba, toda vez que el contribuyente presentó PERATURE descargos dentro de plazo; sin embargo, los mismos no fueron valorados, aspecto que Netz provoca la nulidad de dicho acto administrativo, razonamiento plasmado en la Sentencia, Constitucional Plurinacional 2221/2012 de 8 de noviembre, por lo que solicitó declarar la nulidad de la Resolución Sancionatoria No 181720005587 (S DLPZ 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

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I/DJCC/CCİRS/03055/2017), con el objeto de emitir un nuevo acto administrativo definitivo donde se efectué la debida valoración de los descargos presentados por el contribuyente. 

Agrega que la solicitud efectuada por el contribuyente es ambigua, toda vez que solicitó la nulidad y revocatoria de la Resolución Sancionatoria No 03055/2017, sin considerar que la revocatoria es sinónimo de alteración del acto efectuado por la propia Administración, además que realiza un cómputo errado de la prescripción, pretendiendo utilizar un cómputo de cuatro años, sin considerar que la Ley 291 establece un cómputo progresivo, razón por la que no operó la prescripción de sus facultades para imponer sanciones administrativas, correspondiendo la prosecución del cobro de la sanción contenida en la Resolución Sancionatoria 181720005587 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/03055/2017) de 25 de octubre de 2017. 

Conforme a los fundamentos expuestos, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, responde afirmativamente y se allana en parte a lo manifestado en el Recurso de Alzada, en cuanto a la falta de valoración de descargos relativo a la Resolución Sancionatoria No 181720005587 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/03055/2017). 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 10 de septiembre de 2018, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente ya la Administración Tributaria el 12 de septiembre de 2018, período dentro el cual la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2018, ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos, adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 5 de octubre de 2018, dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en Secretaría a las partes el 10 de octubre afaq 

ISO 9001 de 2018; fojas 28-32 de obrados. 

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11.5. Alegatos De la revisión de obrados, se advierte que el recurrente ni la Administración Aduanera formularon alegatos de conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario. 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311720000646 CITE:SIN/GDLPZ I/DJCC/UCC/AISC/00287/2017 de 21 de febrero de 2017, instruyó el inicio del Sumario Contravencional contra Marco Antonio Rejas Daza conforme el artículo 168 del Código 

Tributario, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de 

omisión de pago, por el importe no pagado de acuerdo al artículo 165 de la citada norma, concordante con el artículo 42 del DS 27310, en la declaración jurada F-143 del periodo fiscal febrero/2006; asimismo, concedió el plazo de 20 días para la presentación de descargos, acto administrativo notificado de forma personal al citado contribuyente el 30 de junio de 2017, fojas 12-14 de antecedentes administrativos. 

Mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 14 de julio de 2017, el contribuyente Marco Antonio Rejas Daza solicitó la prescripción de las facultades del ente fiscal para imponer sanciones administrativas conforme lo previsto en el artículo 59 III de la Ley 2492, siendo que no corresponde aplicar las Leyes 291, 317 y 812, toda vez que el régimen de prescripción previsto en dichas disposiciones normativas debe ser aplicado a deudas determinadas a partir de su vigencia, por lo que para el periodo fiscal de la gestión 2006, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, siendo que sus facultades para imponer sanciones se encuentra prescrita, fojas 24-25 de antecedentes administrativos. 

La Gerencia Distrital de La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria N° 181720005587 de 25 de octubre de 2017, que resolvió sancionar al contribuyente Marco Antonio Rejas Daza, con una multa igual al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda por la contravención de Omisión de Pago en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8, 42 del DS 27310 y 13 numeral 2) de la RND 10-0031-16 de los impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional SIN/GDLPZ/DJCC/CCIAISC/0287/2017 de 21 de febrero de 2017 por el monto de 79 UFV’s; acto administrativo notificado de afaq manera personal a Marco Antonio Rejas Daza, el 20 de julio de 2018; fojas 18-21 de calidad en antecedentes administrativos. 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Telfs.: 2412613 2411973 2-148973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia 

los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Marco Antonio Rejas Daza en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

.

De inicio se hace necesario puntualizar; que la recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 181720005587 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/03055/2017) de 25 de octubre de 2017; sin embargo, de la lectura de su Recurso se advierte que también alude a vicios de nulidad; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio ylo posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad. 

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IV.1 Aspectos de Forma 1.1.1 Falta de valoración de descargos Marco Antonio Rejas Daza en su recurso de alzada señala que se le notificó con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ I/DJCCIUCCIAISC/00287/2017 el 6 de junio de 2017, por haber incurrido en la contravención de omisión de pago, motivo por el cual presentó memorial con sello de recepción de 14 de julio de 2017, solicitando prescripción extintiva, la cual no fue respondida, vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso, más aun cuando el acto impugnado señala que no pagó la sanción ataq ni presentó descargos que desvirtúen la sanción tipificada preliminarmente, aspecto que. Calida resulta contradictorio, toda vez que le correspondía a la Administración Tributaria responder a su solicitud mediante una resolución fundada y motivada.

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La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales en su memorial de respuesta señala que el contribuyente presentó descargos a la Resolución Sancionatoria 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

No 181720005587, conforme el memorial de 14 de julio de 2017, siendo que no existe ningún pronunciamiento al respecto en el acto impugnado, el cual carece de fundamentación sobre la valoración de la prueba, aspecto que provoca la nulidad de dicho acto administrativo, razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 2221/2012 de 8 de noviembre, al respecto, corresponde salar lo siguiente: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: /. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68 en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 2, 6 y 7 disponen: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias; 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código; 7. A formular y aportar, en forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, señala: II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa afaq 

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El artículo 169 paragrafo I primer párrafo de la citada Ley, dispone: La Vista de Cargo hará TORTURE las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. El artículo 19 del DS 27310, dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar los A requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobr

1 Juan Carlos Ne Guzman Rusi 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

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III 

la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. : 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. 

Se debe considerar que el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el ataq conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante APERTURE su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 

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Es menester considerar que el objeto de la presentación de descargos está circunscrita a hechos afirmados o invocados, en ese sentido, la valoración de la prueba constituye un 

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elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución en el ámbito administrativo, necesariamente debe considerar todos los descargos, argumentos y pruebas presentadas por el administrado, asignándoles a cada uno de ellos de forma motivada una fundamentación del porqué no desvirtúa la posición inicial del ente fiscal, es decir, emitir un criterio valedero sobre todos los hechos y circunstancias que motivaron a emitir una decisión. 

En respaldo de lo señalado, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, se pronunció con el siguiente entendimiento: “La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar que el debido proceso se constituye en un derecho/garantia principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia.” 

De igual manera la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto, estableció al efecto el siguiente entendimiento: El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontra debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.” 

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De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311720000646 (CITE:SIN/GDLPZ TORTURE 1/DJCC/UCCIAISC/00287/2017) de 21 de febrero de 2017, por medio del cual instruyó el Net inicio del Sumario Contravencional contra Marco Antonio Rejas Daza conforme et artículo 168 del Código Tributario, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, por el importe no pagado de acuerdo al artículo 165 

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de la Calidad Certificado N 77127 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní

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III 

de la citada norma, concordante con el artículo 42 del DS 27310, en la declaración jurada F-143 del periodo fiscal.febrero 2006, acto administrativo que fue notificado de forma personal al citado contribuyente el 30 de junio de 2017, conforme se evidencia a fojas . 12-14 de antecedentes administrativos. 

En respuesta a dicho acto administrativo, Marco Antonio Rejas Daza por. nota presentada a la Administración Tributaria el 14 de julio de 2017, solicitó la prescripción de las facultades del ente fiscal para imponer sanciones administrativas conforme lo previsto en el artículo 59-111 de la Ley 2492, siendo que no corresponde aplicar las Leyes 291, 317 y 812, toda vez que el régimen de prescripción previsto en dichas disposiciones normativas debe ser aplicado a deudas determinadas a partir de su vigencia, por lo que para el periodo fiscal febrero de la gestión 2006, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, siendo que sus facultades para imponer sanciones se encuentra prescrita, conforme cursa a fojas 24-25 de antecedentes administrativos

De forma posterior la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria No 181720005587 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/03055/2017) de 25 de octubre de 2017, que refiere en la parte de vistos y considerandos: “...durante el plazo otorgado por el Artículo 

168 del Código Tributario Boliviano – Ley N° 2492, para la presentación de descargos, el contribuyente no pagó la sanción ni presentó descargo alguno que desvirtúe la sanción tipificada preliminarmente por la Administración Tributaria”, finalmente resolvió: “…sancionar al contribuyente Marco Antonio Rejas Daza, con una multa igual al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda en aplicación del numeral 2 del artículo 13 de la RND 10-0031-16 de los impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional SIN/GDLPZ/DJCC/CC/AISC/0287/2017 de 21 de febrero de 2017 por el monto de UFV’s 79” (fojas 18-21 de antecedentes administrativos)”

. : afagl Del contenido expuesto de la precitada Resolución Sancionatoria, se evidencia que la localidad Administración Tributaria señaló erradamente que dentro del término de prueba, el ahora CERTISER recurrente, no presentó descargo alguno que desvirtúe la sanción tipificada preliminarmente; Netz lo que demuestra una total y absoluta falta de valoración de los argumentos de descargo 

presentados por el contribuyente en etapa probatoria al Auto Inicial de Sumario A – Contravencional SIN/GDLPZ/DJCC/CCIAISC/0287/2017 de 21 de febrero de 2017. 

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En ese sentido, es incuestionable que en el presente caso, mediante nota presentada el 14 de julio de 2017, el sujeto pasivo presentó argumentos de descargo frente a las presunciones establecidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional SIN/GDLPZ/DJCC/CCIAISC/0287/2017 de 21 de febrero de 2017, invocando al efecto prescripción de las facultades del ente fiscal para imponer sanciones administrativas; no obstante, el Ente Fiscal en el acto impugnado no tomó en cuenta ni hizo mención a las alegaciones presentadas como descargo, señalando contradictoriamente que el contribuyente no presentó descargos que desvirtúen la sanción tipificada preliminarmente por la Administración Tributaria, afirmación que fue efectuada sin realizar un análisis de los argumentos planteados por el ahora recurrente, denotando una indudable falta de fundamentación sobre la valoración de los descargos presentados, pues no se evidencia un pronunciamiento de parte de la Administración Tributaria sobre los argumentos presentados por el contribuyente, aspectos que ahora precisamente son reclamados por la parte recurrente al considerar que dichas omisiones vulneran sus derechos a la defensa y debido proceso. 

Se hace necesario puntualizar que el derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración Tributaria, no sólo está abocado a lo expresamente establecido por el artículo 68 del Código Tributario, entre ellos, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen, sea en forma personal o a través de terceros, dentro los 

condiciones determinados por Ley; sino que básicamente, consiste en el 

tiene como administrado a que el sujeto activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y que deben formar parte del expediente administrativo para que esté al alcance del sujeto pasivo o interesados

afao 

ISO 9001 A lo mencionado se debe agregar que el artículo 5 de la Ley 2341, aplicable en el.. presente caso por expresa disposición del artículo 74 del Código Tributario, determina 

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que los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias; la competencia atribuida 

a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo 

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Calle Arturo Borda No 1933, casi Esq. Carlos Medinacelli (Zona Cristo Rey) 

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puede ser delegada, sustituida o revocada conforme a Ley; asimismo, el artículo 62 del DS 27113, al referirse a las facultades y deberes de la autoridad administrativa, señala en el inciso o) de aceptar o rechazar peticiones, reclamaciones y recursos, lo que indudablemente demuestra que es una atribución de la Administración Tributaria el emitir un criterio definitivo sobre cualquier petición que presente el administrado, hecho que como se demuestra no ocurrió en el presente caso, situación que no puede ser convalidada por esta Autoridad de Alzada. 

Se hace necesario enfatizar que la doctrina administrativa señala que la función administrativa en el ámbito tributario está encargada de llevar adelante las obligaciones impositivas, requiriendo para ello que declaren o exterioricen su voluntad con la emisión de un acto administrativo bajo los alcances del artículo 27 de la Ley 2341, esto implica, que necesariamente se deben cumplir todos recaudos determinados en el Ordenamiento Jurídico Administrativo; en ese contexto, la validez de los actos administrativos depende de que en ellos concurran los requisitos esenciales de eficacia, siendo su característica esencial la presunción de su validez y. legalidad, en ese contexto, la Resolución Sancionatoria No 181720005587 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/03055/2017) carece de uno de los requisitos principales para su validez cual es el de la fundamentación respecto a la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, extremo que fue incumplido por el ente fiscal en el presente caso. 

En el contexto anterior, es evidente que el Ente Fiscal, recién en su respuesta al recurso de alzada, reconoce que el sujeto pasivo presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional SIN/GDLPZ/DJCC/CCIAISC/0287/2017 de 21 de febrero de 2017, lo que demuestra que durante el procedimiento sancionador, el sujeto activo no estableció de manera expresa y concreta la valoración que asigna a los argumentos de descargo presentados por el ahora recurrente, vinculados a la prescripción de las facultades del ente fiscal para imponer sanciones administrativas, lo que implica que la Administración Tributaria limitó su supuesta valoración a la realización de una conclusión carente de afaq fundamento al señalar textualmente que el sujeto pasivo no presentó descargo alguno de adidacement tendiente a desvirtuar las observaciones establecidas preliminarmente, lo que denotà CORTIRAN una indudable falta de fundamentación sobre la valoración de los descargos presentados, Net pues no se evidencia un pronunciamiento de parte de la Administración Tributaria sobre dichos, HEMOS planteamientos. 

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En este punto del análisis es importante hacer hincapié en que la fundamentación de las 

Resoluciones Administrativas y/o Sancionatorias, constituye un elemento inherente a la 

garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución en el ámbito administrativo, necesariamente debe exponer las razones de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión. Asimismo, se hace necesario considerar que la valoración de la prueba, es facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales ordinarios o de las instancias ante las que se tramitan procesos 

judiciales o administrativos, para que se pronuncie sobre cuestiones que son de preferente competencia para valorar la prueba ofrecida en litigio. 

De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres sistemas, que son: i) libre valoración, ii) prueba legal o tasada y iii) sana crítica; en esta última, el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia; este sistema requiere 

igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador 

tuvo para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas, aspecto que no ocurrió en el presente caso. 

En respaldo de lo señalado, también es pertinente considerar que la propia Administración Tributaria a momento de responder al Recurso de Alzada, se allanó al reclamo del ahora recurrente, en cuya parte pertinente señala: “... De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el contribuyente Marco Antonio Rejas Daza, presentó descargos a la Resolución Sancionatoria N° 181720005587, conforme el memorial de 14 de julio de 2017, siendo que no existe ningún pronunciamiento al respecto en el acto impugnado, el cual carece de fundamentación sobre la valoración de la prueba, toda vez que el contribuyente presentó descargos dentro de plazo; sin embargo, los mismos no fueron valorados, aspecto que provoca la nulidad de dicho acto afag administrativo, razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional Plurinacionals 2221/2012 de 8 de noviembre...“, por lo que la Administración Tributaria solicitó declarar PETERSEN la nulidad de la Resolución Sancionatoria N° 181720005587, con el objeto de emitir un Net nuevo acto administrativo definitivo donde se efectué la debida valoración de los descargos presentados por el contribuyente, aspecto que corrobora y viabiliza 

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plenamente la falta de valoración de los argumentos de descargo presentados por el ahora recurrente. 

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En ese sentido, toda vez que la Administración Tributaria omitió valorar los argumentos de descargo presentados por el contribuyente mediante nota el 14 de julio de 2017, respecto a la prescripción de sus facultades para imponer sanciones administrativas por la contravención de omisión de pago en la declaración jurada F-143 del periodo fiscal febrero 2006, es evidente : que se conculcó el derecho del sujeto pasivo a un debido proceso, aspecto que vicia de nulidad la Resolución Sancionatoria impugnada, siendo que debió dar a conocer los. motivos específicos y la valoración de todos los descargos presentados, con la finalidad. de que el administrado tenga clara comprensión de los argumentos y/o elementos . probatorios contra los que debe defenderse, por lo que al no haber valorado los” descargos presentados lo situó en indefensión; evidenciándose por tal motivo que la Administración Tributaria vulneró los derechos del sujeto pasivo, establecidos en los artículos 115-11 de la Constitución Política del Estado y 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, sobre el debido proceso. 

De lo que se infiere que la autoridad administrativa privó al sujeto pasivo de un debido proceso, además de incumplir con lo dispuesto en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 el cual establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho, es decir expresar las razones o motivos que llevaron a emitir el acto; en ese contexto se evidencia que la Resolución Sancionatoria N° 181720005587 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/03055/2017). de 25 de octubre de 2017 al incumplir tal requisito está viciada de nulidad. 

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Bajo ese contexto; al evidenciarse la falta de valoración de toda la prueba presentada, vulnerando así el artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, así como los derechos del debido proceso y a la defensa, consagrados en el artículo 115-11 de la Constitución .. Política del Estado, no corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo expuestos por el recurrente en su Recurso de Alzada, hasta tanto la Administración Tributaria proceda sooo

dministración Tributaria proceda afaq a la valoración, compulsa y emita una respuesta fundamentada a cada una de las AENOR CERTIFICATION alegaciones presentadas como descargo y establezca una decisión bajo los parámetros 

Net legales descritos anteriormente; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Sancionatoria No 181720005587 (SIN/GDLPZ VDJCC/CC/RS/03055/2017). de 25 de octubre de 2017, debiendo la Administración Tributaria, emitir otro acto administrativo 

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definitivo en cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 99 de la Ley 2492, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales del sujeto pasivo. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 181720005587 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/03055/2017) de 25 de octubre de 2017; consecuentemente, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, debe emitir, si corresponde, otro acto administrativo definitivo valorando los argumentos de descargos presentados por Marco Antonio rejas Daza; sea en cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 99 parágrafo I de la Ley 2492 y 19 del D.S. 27310. 

TOIDBH 0120302 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

Hon

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Ratana 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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Regístrese, hágase saber y cúmplase 

Alejandra 

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Uc. Eacilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnadan 

Tributarls – La PPI 

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RCVD/jcgr/rms/avv/rir/mchf 

Jut Carros Guznion Run 

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