ARIT-LPZ-RA-1642-2018 La AIT confirma la Resolución Determinativa por tributo omitido del IVA e IT por declaración del monto de ventas menores a las reportadas por los informantes más multa por incumplimiento a deberes formales. La AIT estableció que la facultad de la AT para determinar deuda e imponer sanciones administrativas no prescribió. La acusada no debe confundir los términos de Ejecución tributaria con Determinación de la deuda, siendo esta segunda objeto de análisis de prescripción (porque aún no se materializo) y no la primera mencionada.

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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RESOLUCN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 1642/2018 

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Recurrente: 

Virginia Angélica Fuentes Siles 

Administración Recurrida

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra 

Acto Impugnado

Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/RD/397/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ 1140/2018 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 1 de octubre de 2018 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1642/2018 de 28 de septiembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

I.. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ-1/DFISPPDI RD/0397/2018) de 16 de abril de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas de la contribuyente Virginia Angélica Fuentes Siles que asciende a 969 UFV‘s, por tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos fiscales febrero, septiembre, noviembre y diciembre 2011, así como la multa de 1.500 UFV’S por incumplimiento a deberes formales. 

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  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11. Argumentos del Recurrente Virginia Angélica Fuentes Siles mediante memorial presentado el 4 de julio de 2018, 

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cursante a fojas 9-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

La deuda tributaria por el periodo fiscal octubre 2011 a la fecha se encuentra prescrita, conforme el artículo 59 de la Ley 2492, que dispone el término de 4 años para que la Administración Tributaria pueda comprobar y cobrar la deuda tributaria. De acuerdo al artículo 94 del citado cuerpo legal, la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo y comunicada al ente fiscal mediante declaración jurada, puede ser ejecutada sin la necesidad de intimación ni determinación administrativa previa; en el presente caso la Resolución Determinativa impugnada data de más de 6 años, razón por la que la deuda del periodo fiscal mencionado se encuentra prescrita para realizar el cobro conforme a norma tributaria. 

El principio de seguridad jurídica al ser consagrado en la Constitución Política del Estado, es aplicable en el ámbito tributario. Dicho principio determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos y que la contribuyente no se encuentre en una persecución eterna por parte del Estado, lo que significa violación a la seguridad jurídica. 

De conformidad al artículo 59 para los hechos generadores correspondiente al periodo fiscal octubre 2011, el plazo legal con el que contaba la Administración Tributaria para ejercer sus facultades de fiscalizar tributos, determinar deudas e imponer sanciones era 4 años, computables a partir del 1 de enero de 2012 hasta el 1 de enero de 2016, plazo que prescribió; habiendo transcurrido hasta la emisión de la Resolución Determinativa impugnada 6 años, 2 meses y 13 días, por lo que también la sanción por omisión de pago establecida en dicho acto también se encuentra totalmente prescrita, cita al efecto la doctrina de Scaveola. 

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ1/DF/SPPD/RD/397/2018) de 16 de abril de 2018, por prescripción

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II.2 

Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por Virginia Angélica Fuentes Siles fue admitido por 

Auto de 6 de julio de 2018, notificado de forma personal al recurrente y mediante cédula a la Administración Tributaria el 12 y 17 de julio de 2018, fojas 1419 de obrados. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2018, cursante a fojas 2227 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

La contribuyente en un intento forzado de tratar de aplicar la norma de manera antojadiza 

a sus intereses y desconociendo por completo la normativa tributaria vigente, cita el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones, para establecer presumiblemente la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria

Es de conocimiento general que el artículo 59 de la Ley 2492, sufrió modificaciones; primero por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, después por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; sin embargo, el 30 de junio de 2016 se promulgó la Ley 812 que modifica los parágrafos I y Il del artículo 59 del Código Tributario, estableciendo el nuevo término de 8 años. 

En este sentido y en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y artículo 150 de la Ley 2492, corresponde aplicar la normativa legal que beneficie al administrado, es decir, la Ley 812 que establece el término de prescripción de 8 años. En el presente caso se advierte que la Resolución Determinativa impugnada fue. notificada el 14 de junio de 2018, en vigencia de la Ley 812; cuyo término de prescripción se computa a partir del 1 de enero de 2012 y debe concluir el 31 de diciembre de 2019; sin embargo, dicho plazo fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa el 14 de junio de 2018, razón por la que hasta la fecha no operó prescripción alguna. 

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La recurrente amparado en una percepción errónea de la normativa tributaria, en su Recurso de Alzada solicita la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda; al respecto se debe considerar que en materia tributaria el término de prescripción del ejercicio de la facultad de ejecución tributaria de la Administración se computa desde el momento que los actos administrativos adquieran calidad de Títulos de Ejecución 

Tributaria, tomándose este actuado como el momento que da inicio de dicho cómputo. En el caso objeto de revisión la Resolución Determinativa impugnada, a la fecha no adquirió firmeza (Título de Ejecución Tributaria), mucho menos se emitió el Proveido de Ejecución Tributaria (PIET), en este sentido el ente fiscal no ejerció sus acciones de cobro de la deuda tributaria. Por consiguiente la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución, planteada por el recurrente se halla fuera de todo asidero legal, mereciendo ser rechazada la mencionada solicitud. Adhiero 

En relación a la aplicación retroactiva de la Ley, es pertinente considerar que la aplicación de las nuevas Leyes 291, 317 y 812, no pueden afectar los derechos adquiridos o consolidados de los contribuyentes, ya que eso implicaría la aplicación retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o “derechosexpectativos que aún no se consideraron por estar pendientes de cumplimiento, ya sea por falta de algún requisito de forma o fondo o porque aún no se cumplió el plazo la condición establecida para consolidar el derecho. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar La Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/RD/397/2018) de 16 de abril de 2018. 

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11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 2 de agosto de 2018, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y la Administración Tributaria en Secretaría el 8 de agosto de 2018, período dentro del cual la Gerencia Distrital La Paz I, mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2018, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba documental los antecedentes administrativos adjuntos al memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, mediante Proveído de 27 de agosto de 2018, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada a las partes en Secretaría el 29 de agosto de 2018; fojas 26-29 y 33 de obrados

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Virginia Angélica Fuentes Siles por memorial de 28 de agosto de 2018, ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos presentados a momento de interponer Recurso de Alzada, haciendo hincapié que a la fecha de dictarse la Resolución Determinativa habrían transcurrido más de 6 años, plazo que supera superabundantemente el término de prescripción de 4 años establecido en el artículo 59 del Código Tributario; al efecto, el Proveído de 28 de agosto de 2018, dio por ratificada la prueba documental señalada, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 29 de agosto de 2018; fojas 30-32 y 34 de obrados.

11.5 Alegatos La recurrente por memorial de 17 de septiembre de 2018, presentó alegatos manifestando que a la fecha de dictarse la Resolución Determinativa transcurrió más de 6 años del plazo de prescripción del adeudo del periodo fiscal octubre 2011, en consideración a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492 vigente en dicho periodo, por lo que el reparo correspondiente al mencionado periodo fiscal no se encuentra firme ni válido. Por Proveído de 18 de septiembre de septiembre de 2018 se dio por formados, los alegatos en conocimiento de la parte contraria, fojas 35-38 de obrados 

Dentro del plazo establecido por el artículo 210, parágrafo 11 del Código Tributario la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales no presentó alegatos en conclusión. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de diciembre de 2016, notifico mediante cédula a Virginia Angélica Fuentes Siles con la Orden de Verificación N° 2016OVI00147, formulario 7520, modalidad “Operativo Específico Débito IVA y su efecto en el IT, a objeto de verificar la diferencia entre sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros en el periodo fiscal octubre 2011, solicitando al efecto la presentación de las declaraciones juradas F-200 y F-400, Libro de Ventas IVA y facturas de ventas del periodo observado, así como otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de verificación; fojas 3-4 y 912 de antecedentes administrativos

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El 8 de diciembre de 2017 se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00166703, por no presentación de la documentación e información solicitada en la Orden de Verificación N° 2016OVI000147, contraviniendo el artículo 70, numerales 4, 6, 11 y 100 numeral 1 de la Ley 2492; aplicando la multa de 1.500 UFV’s establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo I de la RND 10-003316, fojas 12 de antecedentes administrativos. 

Resultado del proceso de verificación, el 19 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291720001687 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPDI VC/01534/2017) contra Virginia Angélica Fuentes Siles, estableciendo preliminarmente sobre base cierta el monto de 969 UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) omitidos, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago, correspondiente al periodo fiscal octubre 2011, así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecido en el Acta de Contravención Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00166807; actuación notificada mediante cédula a Virginia Angélica Fuentes Siles el 16 de marzo de 2018, 

fojas 4856 de antecedentes administrativos. 

Concluido el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, sin que la contribuyente haya cancelado la liquidación practicada o presentado pruebas que desvirtúen la deuda consignada en la vista de Cargo, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 16 de abril de 2018, emitió la Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ1/DF/SPPD/RD/397/2018) contra la contribuyente Virginia Angélica Fuentes Siles, estableciendo sobre base cierta el monto 969 UFV’s por el IVA e IT omitidos, más intereses y sanción por omisión de pago, por el periodo fiscal octubre 2011, así como la multa de 1.500 UFVs por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta de Contravención Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00166703; actuación notificada mediante cédula a la contribuyente el 14 de junio 2018, fojas 66-71 y 75-78 de antecedentes administrativos. 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211111 

del referido Código Tributário, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Virginia Angélica Fuentes Siles en su Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

IV.1. Prescripción Virginia Angélica Fuentes Siles en su Recurso de Alzada manifiesta que la deuda tributaria por el periodo fiscal octubre 2011 a la fecha se encuentra prescrita conforme el artículo 59 de la Ley 2492, que dispone el término de 4 años para que la Administración Tributaria pueda comprobar y cobrar la deuda tributaria. De acuerdo al artículo 94 del citado cuerpo legal, la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo y comunicada al ente fiscal mediante declaración jurada, puede ser ejecutada sin la necesidad de intimación ni determinación administrativa previa; en el presente caso la Resolución Determinativa impugnada data de más de 6 os, razón por la que la deuda de los periodos fiscales mencionados se encuentra prescrita

De conformidad al artículo 59 para los hechos generadores correspondientes al periodo fiscal octubre 2011, el plazo legal con el que contaba la Administración Tributaria para ejercer sus facultades de fiscalizar tributos, determinar deudas e imponer san 4 años, computables a partir del 1 de enero de 2012 hasta el 1 de enero de 2016, plazo que prescribió; habiendo transcurrido hasta la emisión de la Resolución Determinativa impugnada 6 años, 2 meses y 13 días, por lo que también la sanción por omisión de pago establecida en dicho acto también se encuentra totalmente prescrita

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La Administración Tributaria en su respuesta refiere que el artículo 59 de la Ley 2492 sufrió modificaciones; primero por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, después por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; sin embargo, el 30 de junio de 2016 se promulgó la Ley 812 que modifica los parágrafos I y Il del artículo 59 del Código Tributario, estableciendo el nuevo término de 8 años.’ 

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En este sentido y en concordancia con los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492, corresponde aplicar la normativa legal que beneficie al administrado, es decir, la Ley 812 que establece el término de prescripción de 8 años. En el presente caso se advierte que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 14 de mayo de 2018 en vigencia de la Ley 812; cuyo término de prescripción se computa a partir del 1 de enero de 2012 y debió concluir el 31 de diciembre de 2019; sin embargo, dicho plazo fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa el 14 de junio de 2018, razón por la que hasta la fecha no operó prescripción alguna; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 59 del Código Tributario, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 
  2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, de la siguiente manera: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, serespecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año

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  1. I Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) arios. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible 

La Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492 modificado, es decir, el párrafo “El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, ya no forma parte del artículo 59, parágrafo I. 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
  2. 2. Determinar la deuda tributaria
  3. Imponer sanciones administrativas. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

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El artículo 60 de la Ley 2492 dispone: 1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción 

se computará desde el 19 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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La ‘Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 modificó los parágrafos I y II. del artículo 60 del Código Tributario, modificados por la Disposición Adicional Segunda dela Ley 291 de 22 septiembre de 2012, con el siguiente texto: 1. Excepto en el Numeral 3. del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria

El artículo 61 de la Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción

El artículo 94, parágrafo ll de la Ley 2492, establece: La deuda tributaria determinada 

por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la Administración Tributaria 

en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen (…). 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

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El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo. I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la 

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notificación con el proveído que de inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria

Abordando la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

Resulta necesario resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo, no es menos cierto que la obligación tributaria determinada o en su caso el establecimiento de sanciones por contravenciones mantendrá su vigencia en el tiempo, independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este instituto no extingue la obligación tributaria ni las sanciones administrativas impuestas, por ello, es perfectamente posible que el sujeto pasivo realice pagos aun cuando los montos emergentes de la obligación tributaria o la sanción están prescritos y estos, además, se consoliden a favor del Estado; razón por la cual lo posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria o la sanción administrativa imputada

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En el contexto anterior, la Ley 2492 en vigencia, específicamente dispone cuáles son las facultades que son susceptibles de declararse prescritas, que conforme la citada 

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norma tributaria esta únicamente referida a las facultades de controlar, investigar, .. verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer. sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias. Así.. también, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 en adelante de la Ley 2492, empero, existe un término legal para ejercer esas facultades 

tributa 

De la normativa legal descrita inicialmente, se tiene que en nuestro ordenamiento jurídico antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 establecía que.. las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4) años, así como el término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

e a los dos (2) años en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveia que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias desde el momento en que adquiere la calidad de título de ejecución tributaria; asimismo, el artículo 61 de la mencionada Ley, señala que la prescripción se interrumpe 

con la notificación de la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de 

facilidades de pago y que interrumpida comienza a ser computado nuevamente su término à partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. .

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No obstante lo anterior, el citado artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria para sancionar prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018; para determinar la deuda tributaria e imponer 

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sanciones administrativas, así como el último párrafo del parágrafo I indica: El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho o.; esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018. 

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; lo anterior, muestra que las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, no solamente establecieron el cómputo progresivo de la prescripción sino que con la derogación del último párrafo del parágrafo 1 del artículo 59 de la Ley 2492 o por la mencionada Ley 291, el citado cómputo de la prescripción se aplicaría progresivamente en función de las facultades del ente fiscal; de tal manera, considerando que en el presente caso la facultad de determinar la deuda fue ejercida por la Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ-1

DF/SPPD/RD/397/2018) de 16 de abril de 2018, resultaría pertinente aplicar el plazo 

  • para la prescripción de diez (10) años. 

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Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley, en ese entendido, considerando que la 

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Ley 291, establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años: en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario. 

En esta’ parte del análisis, es necesario identificar correctamente las atribuciones

funciones de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria; en ese contexto, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 2009, regula el estableciendo de una nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional; bajo ese lineamiento es que mediante DS 29894 de 7 de febrero de 2009, en su artículo 141 dispone que la Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y. Autoridades Regionales de Impugnación Tributarla, las que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones enmarcadas en lo dispuesto precisamente en la Constitución Política del Estado, las Leyes 2492, 3092 y demás normas reglamentarias conexas 

.

. .

Bajo el lineamiento legal anterior, en el campo administrativo tributario, esencialmente en las decisiones que debe emanar por autoridades revisoras de actos en el ámbito impositivo, este debe actuar de acuerdo al principio de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho; en ese contexto, las funciones y atribuciones de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, están enmarcadas esencialmente al acatamiento de las disposiciones vigentes de carácter general; el principio de legalidad para la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está circunscrita a resolver controversias cuya motivación y fundamentación esté descrita en la Ley y normas reglamentarias, es decir, que las decisiones se deben expresar de forma positiva y precisa de las cuestiones afa planteadas y no en interpretaciones cuya labor efectiva está asignada al Tribunal de Garantías Constitucionales, conforme al artículo 2 de la Ley 254

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En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está en función a su vigencia, lo que implica que los actos administrativos emitidos y notificados estarán sujetos à esta norma, disposición legal que establece que las acciones de la 

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Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas prescribirán a los 8 años. En el caso que nos ocupa, se advierte que la Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/RD/397/2018) fue emitida el 16 de abril de 2018 y notificada el 14 de junio de 2018, en plena vigencia de la Ley 812, término que será computable desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, cuyo plazo máximo para el cómputo de la prescripción es de 8 años de forma única y definitiva. 

Conforme al examen normativo realizado precedentemente, se observa que ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedó en vigencia fue la Ley 291; empero, posteriormente a través de la Ley 317, es derogado el último párrafo del citado artículo 59 parágrafo I, quedando habilitado el cómputo progresivo del término de la prescripción; finalmente, la Ley 812, nuevamente modifica el mencionado artículo 59, de cuya redacción se establece el término fijo de prescripción de ocho (8) os; aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable su aplicación a los actos emitidos y notificados precisamente en su vigencia; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, que esencialmente se trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, ya que como se mencionó anteriormente, no se aplica la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar la deuda e imponer sanciones administrativas; de la misma manera se debe también señalar que al establecer de manera expresa la Ley 812, la abrogación y derogación de normas contrarias, es pertinente, constituir plena convicción en la Administración Tributaria y el sujeto pasivo sobre la norma vigente y aplicable, esto implica, que para el caso bajo análisis no es otra que la referida Ley 812, en cuya vigencia se emitió y notificó el acto administrativo definitivo ahora impugnado. 

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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el ente fiscal a través de la Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPDI RD/397/2018) dio a conocer a Virginia Angélica Fuentes Siles sus obligaciones impositivas de 969 UFV’s, correspondientes al IVA e IT omitidos, intereses, sanción por omisión de pago del periodo fiscal octubre 2011, así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales..

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Con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, conviene recordar que de conformidad al artículo 60, parágrafo lde la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, se dispuso: Excepto en el numeral 3 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”, en ese entendido, para el presente caso, de acuerdo al marco legal señalado, respecto al IVA y su efecto en el IT,’ resultante de facturas de ventas declaradas por importes menores a las reportadas por los informantes, en el periodo fiscal: octubre 2011, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019; por lo que se establece que dicho periodo fiscal no se encuentra prescrito. 

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En el plazo establecido en el párrafo anterior, la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones en la gestión 2018, en razón a que el acto administrativo impugnado fue notificado el 14 de ju : interrumpiendo el término de la prescripción conforme el artículo 61 inciso a) de la Ley 2492, lo que demuestra que la prescripción, invocada por la ahora recurrente, respecto a la facultad de la Administración Tributaria de determinar la deuda e imponer sanciones administrativas no se encuentra materializada en relación a los citados peri consecuentemente, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho antes descritos, se concluye que las facultades del sujeto activo para determinar la deuda e imponer sanciones administrativas no se encuentran prescritas, debido a que fueron ejercidas dentro del plazo legal, lo cual demuestra que no fueron vulnerados los principios y derechos reconocidos por la constitución Política del Estado.

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En relación a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria invocada por la 

recurrente sustentada en el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, ..corresponde señalar que en el caso bajo análisis siendo el acto impugnado la Resolución Determinativa N° 171820000571, corresponde únicamente analizar la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria é imposición de sanciones respecto al IVA y su efecto en el IT del periodo fiscal octubre 2011, cuyo cómputo se inicia desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, situación absolutamente distinta a la facultad de ejecución tributaria de la deuda determinada, cómputo que inicia desde el día siguiente a. la. notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, conforme lo previsto en el 

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artículo 4 del DS 27874, etapa de ejecución en la que no se encuentra todavía el acto impugnado

En tal sentido, se establece que la recurrente confunde las facultades de ejecución de la deuda tributaria con las facultades de determinación de la deuda e 2.171820000571 no adquirió firmeza al haber sido objeto de interposición de Recurso de Alzada; en consecuencia, el argumento expuesto por la recurrente no amerita mayor análisis, al carecer de asidero fáctico y legal aplicable al presente caso. 

El análisis realizado permite concluir que la facultad de la Administración Tributaria de determinación de la obligación tributaria respecto al IVA e IT del período fiscal octubre 2011 no se encuentra prescrita, esto considerando que la notificación con el acto administrativo impugnado, se efectuó el 14 de junio de 2018, interrumpiendo con esta **.. actuación el término de prescripción de la facultad de determinación, iniciando el nuevo cómputo de la prescripción a partir del día siguiente, es decir, desde el 15 de junio de 2018, conforme dispone el artículo 61 de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPDI RD/397/2017) de 16 de abril de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del 

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución. Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

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RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171820000571 (SIN/GDLPZ I/DF/SPPD/ RD/397/2017) de 16 de abril de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales contra Virginia Angélica Fuentes Siles; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido por el IVA e IT, más intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales febrero, septiembre, noviembre y diciembre 2011; así como la multa por incumplimiento de deberes formales. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad Wap General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código voles Tributario y sea con nota de atención. 

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erou po CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la 

Lighroom Reine interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días 

Scomputables a partir de su notificación. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

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Lic. Cecilia Velez Dorado 

Directofa Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Reglonal de Impugnación 

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