ARIT-LPZ-RA-1462-2017 Resolución Administrativa anulada por no existir error material como figuraba en la solicitud de rectificación ante el SIN, sino un simple de error de registro de crédito fiscal

ARIT-LPZ-RA-1462-2017

INPUGNACIéN  TRIBUTARIA

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1462/2017

 

 

Recurrente:

 

 

Administración Recurrida:    Gerencia   Distrital   La   Paz   II   del   Servicio   de

Impuestos  Nacionales,  legalmente  representada por Ranulfo Prieto Salinas

 

Resolución   Administrativa   N°   231725000202 (SIN/GDLPZ II/DF/SVECP/RA/00179/1017)

 

ARIT-LPZ-1046/2017

 

 

Lugar y Fecha:                        La Paz, 29 de diciembre de 2017

 

 

VISTOS:

 

El  Recurso  de  Alzada,  el  Auto  de  Admisión,  la  contestación  de  la  Administración

Tributaria  Recurrida,  el Aulo de apertura  de plazo probatorio,  las pruebas  ofrecidas  y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-LPZ  N°  1462/2017  de  28  de  diciembre  de  2017,  emitido  por  la  Sub Dirección

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La          Resolución          Administrativa         N°         231725000202          (SIN/GDLPZ

II/DF/SVECP/RA/00179/2017) de 28 de junio de 2017, emitida por la Gerencia  Distrital La Paz II del

Servicio de Impuestos Nacionales, en respuesta a la solicitud efectuada por la  contribuyente

Gladys  Yolanda  Vilar  Laguna,  resuelve  rechazar  el  la  solicitud  de Declaración Jurada

Rectificatoria F-521 del formulario 200  Impuesto al Valor Agregado con N° de Orden 7768966

correspondiente al periodo fiscal noviembre 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kaman‹

Mana tasaq kuraq kamach q

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

 

 

 

 

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Gladys  Yolanda  Vilar  Laguna,  mediante  nota  presentada  el  6  de  octubre  de  2017, cursante

a fojas 4-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

 

La  rectificación  se  realizó  debirJo  a  que  existían  errores  materiales  de  llenado  del

formulario identificados por la Administración Tributaria y más aún fueron los funcionarios que

llenaron el Form. 521  el 15 de julio de 2017, después de más de un año le notificaron que dicha

solicitud fue rechazada

 

Existió un error en la asignación de la casilla código 909 del Form. 200, consignándose el crédito

fiscal  del 13%  en la  casilla  del impuesto  determinado,  siendo  lo  correcto  el código 693

“Saldo a favor del Contribuyente’ conforme el siguiente detalle:

 

 

 

PERIODO

 

t 1/2008  F-o r m .  2 0 0

11/2006 Form. 2 00

Proye c Eo de Re c t ifi c a c i ón

 

 

PERIODO

 

I VA

 

 

IVA

 

 

VENTAS

 

0

 

 

COM PRAS

 

12AÜi2,00

 

1 2 4.512,00

Saldo a favor

co nt ri b u ye n te

coa  ssa

 

 

  1. 187, O0

Tmpue sto

De te rm  in ad o Cod .

9o9

16.187,00

 

Para   el  conocimiento   y  resolución   de  recursos   ya  sea  judiciales,   prejudiciales   o

administrativos  tiene  la  obligación  de  restablecer  el  debido  proceso  cuando  se  lo  ha

transgredido o cuando se detectaron errores en el procedimiento  que constituyen  vicios de nulidad

y consecuentemente crean indefensión,  el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492  y el artículo  4

inciso c) de ía Ley 2341, establecen  que el debido proceso  es uno de los  principios

fundamentales  en base  al  cual debe  regir  todas  las  actuaciones  del Servicio   de  Impuestos

Nacionales   en  su  calidad   de  Administración  Pública   cuya prerrogativa es esencial en el

afianzamiento de los derechos y garantías constitucionales de las personas,  como es el derecho a

la defensa  y al debido proceso consagrados  en la Constitución Política del Estado Plurinacional

de Bolivia, siendo que a simple vista la Resolución Administrativa niega su derecho a subsanar

errores materiales más aún que dichos errores fueron identificados por la Administración

Tributaria.

 

 

 

 

 

 

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AUTOR IDAD REG4ONAL  OE

Iui•ucxaciéN Tniatrrania

 

 

Refiere  que  la  Administración  Tributaria  emitió  el  acto  administrativo  realizando  una

interpretación que  no  corresponde,  ya  que  se  trata  sólo  de

materiales,  no  modifica  ni  el  débito,  ni  el  crédito  fiscal,  desde  el  punto  de  vista

del procedimiento   realizó   actos   que   no   se   encuentran   establecidos   en   la   norma,

incumpliendo  el debido proceso y el derecho a la defensa,  ya que no consideraron  sus descargos

más  cuando  siguen  pidiendo  documentación  que  respalda  la  rectificación pese       a

existir       la       Resolución       Determinativa       CITE:       SIN/GDLPZ-

II/DJCC/UJT/RD/112/2016.

 

En ningún momento la Administración Tributaria  procedió con objetiVidad,  ya que fue la propia

Administración que lleno el Formulario  521 y después de un año se les dice que rechazan la

rectificación; asimismo solicita acogerse a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 2492.

 

Conforme  a  los  fundamentos   expuestos,   solicita  revocar   totalmente   y/o  anular  la

Resolución             Administrativa             N°             231725000202

(SIN/GDLPZ II/DF/SVECP/RA/00179/2017) de 28 de junio de 2017.

 

II.2. Auto de Admisión

El  Recurso  de  Alzada  interpuesto  por  Gladys  Yolanda   Vilar  Laguna  fue  admitido mediante

Auto de 13 de octubre de 2017, notificado de forma personal a la recurrente, el 18 de octubre  de

2017  y a  la Gerente  Distrital  La  Paz II del  Servicio  de Impuestos Nacionales, mediante

cédula el 19 de octubre de 2017; fojas 8-13 de obrados.

 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La  Gerencia  Distrital  La  Paz  II  del  Servicio  de  Impuestos  Nacionales,  legalmente

representada  por Ranulfo Prieto Salinas conforme acredita la Resolución Administrativa de

Presidencia   N°  03-0618-16   de  1  de  noviembre   de  2016,  mediante   memorial presentado el

3 de noviembre de 2017, cursante a fojas 14-22 de obrados, respondió en forma negativa, expresando

lo siguiente:

 

La  contribuyente   en  sus  argumentos  no  señala  de  qué  manera  la  Administración Tributaria

vulneró sus derechos  al debido proceso,  contrariamente a lo manifestado  la

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir |ach’a kamant

Mana tasaq kuraq kamachiq Mburuvisa tendodegu mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

instancia administrativa respetó todos y cada uno de los derechos de la ahora recurrente,

haciéndole  conocer  de manera  oportuna  todos  y cada  uno de los actuados,  desde  la solicitud

de rectificatoria, el proveido  de solicitud de documentación  adicional,  hasta  la emisión de la

Resolución Administrativa, si bien presentó documentación probatoria, no resulta suficiente,

resultando ser contradictoria con la documentación con la que cuenta la Administración Tributaria,

extraída de los sistemas  informáticos  conforme el artículo 77 de la Ley 2492, concordante con lo

establecido  en el artículo 7 del DS N° 27310, en la verificación de las notas fiscales se observó

que el proveedor declaró a otro nombre y por  otros  importes,  el  proveedor  no  declaró  en  sus

libros  de  ventas,  con  lo  que  se evidencia  la  inadecuada  apropiación  de  crédito  fiscal

declarada  en  la  solicitud  de rectificatoria.

 

El Acto impugnado no se adecúa a ninguna de las causas establecidas en el artículo 35 de  la  Ley

de  Procedimiento  Administrativo,  debido  a  que  el  mismo  fue  dictado  por autoridad

competente,   no   carese   de   objeto   no   fue   emitido   prescindiendo   del procedimiento

legalmente  establecido;  asimismo,  no  es  contrario  a  la  Constitución Política del Estado,

siendo que no concurre ninguno de los presupuestos contenidos en el artículo 55 DS 27113 reglamento

a la Ley 2341 aplicable supletoriamente por expresa disposición de los artículos 74 y 201 de la Ley

2492, para que opere la nulidad.

 

El caso que ocupa no está referido a una supuesta corrección de errores materiales por datos

equivocados  en los formularios que no afecta el monto a pagar, pero en el caso que se modifique el

saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente como es el caso, se estaría  hablando  de una

rectificación  y no de una corrección de errores  materiales, debido  a  que  el  proyecto  de

Declaración  Jurada  Rectificatoria  pretende  consignar  el monto  de  la  casilla  26  de

Bs124.512  donde  se  evidencia  que  el  saldo  a  favor  del contribuyente  se incrementará,

siendo claro que el presente trámite no se trata de una simple corrección de errores materiales.

 

Sin ningún tipo de fundamentación o sustento legal solicita acogerse a lo establecido en el

artículo  59  de  la  Ley  2492,  siendo  que  el  precitado  artículo  refiere  el  término  de

prescripción  de  las  acciones  de  controlar,  investigar,  verificar,  comprobar  y  fiscalizar

tributos,  determinar  la  deuda  tributaria  e  imponer  sanciones   administrativas;  caso

 

 

 

 

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AcT0R€DAD RE6IONAL DE

 

 

 

contrario  el  presente  caso  se  trata  de  una  solicitud  de  rectificatoria  efectuada  por

la propia  contribuyente  por  lo  que  debe  tenerse  presente  lo  establecido  en  el  segundo

párrafo  del articulo  78 de la Ley  2492, querer  pretender  acogerse  a la prescripción  es

porque  no podría  proceder  a  su  verificación,  siendo  una  causal más  para  rechazar  la

solicitud, dicho aspecto impide efectuar un análisis más profundo.

 

Se debe tener presente que se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de los

servidores públicos del Servicio de Impuestos Nacionales sometiéndose  a todas las disposiciones

legales  y normas tributarias;  asimismo,  solicita se aplique el principio  de congruencia,  toda

vez que las resoluciones  emitidas  deben enmarcarse  a lo requerido por las partes, sin ir más

allá de lo pedido, de lo contrario se estaría actuando de forma ultra petita.

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa N° 231725000202

(SIN/GDLPZ II/DF/SVECP/RA/00179/2017) de 28 de junio de 2017.

 

ll.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 6 de noviembre de 2017, se dispuso la apertura del término de prueba de 20 días

comunes  y perentorios  para  ambas  partes,  en aplicación  del inciso  d) del artículo   218

del  Código   Tributario,   actuación  notificada   en  Secretaría   tanto  a  la recurrente,  como

a la  Administración Tributaria  recurrida,  el 8 de noviembre  de 2017; fojas 23-24 de obrados.

 

En el periodo probatorio, mediante memorial presentado el 27 de no\/iembre de 2017, la

Administración  Tributaria  ratificó  pruebas  presentadas    a  momento  de  responder  el Recurso

de  Alzada  consistente  en  los  antecedentes  administrativos;  al  respecto,  por Proveido de

29 de noviembre de 2017, se dio por ratificada la prueba documental; fojas 25-27 de obrados.

 

 

Dentro  del plazo  establecido  por  el artículo  210 parágrafo  II del  Código Tributario,  se

advierte  que  la  Administración  Tributaria  recurrida  presentó  alegatos  en  los  que  se

ratificó en los argumentos  vertidos en su memorial de respuesta  al Recurso de Alzada,

 

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuv’sa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

respecto al cual el 20 de diciembre de 2017, se emitió el Proveido dando por formulados los

alegatos en conocimiento de ía parte contraria; fojas 28-30 de obrados.

 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Gladys Yolanda Vilar Laguna medianle nota presentada ante la Administración Tributaria el 25 de

julio de 2016, solicita rectificación por error material en el llenado de Formulario 200 IVA,

correspondiente al periodo noviembre 2008, de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

ii zoom rory.

 

 

ii zooa rory

 

 

i   e’ . z a y. OO

 

 

 

A lat efecto, adjunto el proyecto ble rectificatoria con el trámite N° 315047310,  donde se corrige

el formulario: asimismo mediante nota del 21 de noviembre de 2016, señaló que presentó

documentación  respaldatoria, pero que lamentablemente vuelven a solicitarle la  presentación  de

otra  documentación, solicitando  sea  por  escrito  para  la  respectiva constancia; fojas 1-4 de

antecedentes administrativos.

 

Mediante Proveído CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/PROV/00497/2016  de 18 de agosto de   2016,   la

Administración   Tributaria,   indica   que:   …revisada   la   documentación presentada,  se

observó  que  debe  presentar   la  siguiente  documentación.  1.  Notas Fiscales  Originales  que

respalden  el crédito  fiscal  IVA del periodo  noviembre  2008.  2. Comprobante de egreso o libros

diarios que acrediten los gastos incurridos en el periodo de noviembre 2008. 3. Medios probatorios

de pago del periodo noviembre 2008.  4. Libro de Compras del periodo noviembre  2008;  actuación

notificada  de forma personal el 22 de septiembre de 2016; fojas 9-10 de antecedentes

administrativos.

 

Mediante nota de 29 de septiembre  de 2016, Gladys  Yolanda  Vilar Laguna  solicitó  a la

Administración Tributaria ampliación de plazo por encontrarse de viaje, el mismo que fue concedido

mediante Proveido N° 24-0982-16 de 30 de septiembre de 2016, ampliando el plazo por única vez por 5

días hábiles a partir de su legal notificación con el proveido; fojas 12, 21 de antecedentes

administrativos.

 

 

 

 

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El Acta de Recepción de 26 de octubre de 2016, describe la entrega de documentación consistente en:

Libro de Compras  julio a diciembre con acta de cierre y apertura  2008; Comprobante de Egreso con

Acta de Cierre noviembre 2008; Notas Fiscales de Crédito 1109, 1112, 1119, 1124, 1129, 2419, 2422,

2425, 2428, 2367, 2432, 2370, 2437, 2373,

2440,  2377,  2445,  967,  973,  976,  982,  988,  292,  189,  y  póliza  correspondiente  a

noviembre   2008   (Total   fojas   25);   asimismo,   dicha   acta   señala   en  el   punto   de

observaciones, que las fotocopias  fueron verificadas  con los originales,  los que fueron

devueltos en la misma fecha, firmando en conformidad al pie de dicha acta, el funcionario

fiscalizador  y el contribuyente; fojas 23 de antecedentes administrativos.

 

El  Informe  CITE:  SIN/GDLPZ-II/DF/SVCP/INF/02657/2017  de  28  de  junio  de  2017, emitido  por

el ente fiscalizador,  concluyó  que  la solicitud  del Proyecto  de Declaración Jurada

Rectificatoria no es procedente, toda vez que el contribuyente presenta facturas no  validas  según

detalle  en  cuadros,  que  evidencian  la  inadecuada  apropiación  de crédito  fiscal  declarado

en  la  solicitud;  recomendando  la  emisión  de  la  Resolución rechazando la solicitud de

rectificación; fojas 127-131 de antecedentes administrativos.

 

La  Administración  Tributaria  emitió  la  Resolución  Administrativa  N°  231725000202 (SIN/GDLPZ

II/DF/SVECP/RA/00179/2017) de 28 de junio de 2017, en respuesta  a la solicitud  efectuada  por

la  contribuyente  Gladys  Yolanda  Vilar  Laguna,  resolviendo rechazar el Proyecto  de

Rectificatoria F-521 del referido al Impuesto al Valor Agregado F-200 con N° de Orden 7768966

correspondiente al periodo fiscal noviembre 2008; acto administrativo notificado por cédula el 21

de septiembre de 2017; fojas 134-135 y 136 de antecedentes administrativos.

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del

Código  Tributario,  revisados  los antecedentes  administrativos, compulsados los argumentos

formulados  por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio

como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva  y en consideración  al Informe Técnico

Jurídico emitido de conformidad  al artículo 211-III del referido Código Tributario, se tiene:

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada,

solicitó la revocatoria total y nulidad del acto administrativo impugnado; en ese sentido, siendo

obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición

respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión

de la existencia o no de los vicios  y si estos están legalmente sancionados  con la nulidad; sólo

en caso de no ser éstos evidentes, se procederá  al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

 

IV.1   Debido Proceso

Gladys Yolanda Vilar Laguna  señala que por existir un error en la asignación de la casilla código

909 del Form. 200 consignándose el crédito fiscal 13% en la casilla del impuesto determinado,

siendo lo correcto el código 693 “Saldo á favor del Contribuyente procedió a la rectificación,

considerando que para el conocimiento y resolución de recursos ya sea judiciales,  prejudiciales  o

administrativos  tiene  la  obligación  de  restablecer  el  debido proceso   cuando   se   lo

ha   transgredido   o   cuando   se   detectaron   errores   en   el procedimiento que constituyen

vicios de nulidad y consecuentemente crean indefensión, el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492 y

el artículo 4 inciso c) de la Ley 2341, establecen que el debido proceso es uno de los principios

fundamentales en base al cual debe regir todas   las   actuaciones   del   Servicio   de  Impuestos

Nacionales   en   su   calidad   de Administración  Pública   cuya   prerrogativa   es  esencial

en  el  afianzamiento   de  los derechos y garantías constitucionales de las personas, como es el

derecho a la defensa y al debido proceso consagrados  en la Constitución Pol ítica del Estado

Plurinacional de Bolivia.

 

Empero, a simple vista la Resolución Administrativa niega su derecho a subsanar errores materiales

más  aún  que  dichos  errores  fueron  identificados   por  la  Administración Tributaria,

realizando una interpretación que no corresponde  ya que se trata sólo de la corrección  de errores

materiales,  no modifica  ni el débito, ni el crédito fiscal,  desde  el punto de vista del

procedimiento  realizó actos que no se encuentran establecidos  en la norma, incumpliendo  el

debido proceso y el derecho a la defensa, en ningún momento la Administración Tributaria  procedió

con objetividad ya que fue la propia Administración que Ileno el Formulario 521 después de un año

se les dice que rechazan la rectificación; asimismo solicita acogerse a lo establecido en el

artículo 59 de la Ley 2492.

 

 

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRTBUTARTA

 

 

 

 

La Administración Tributaria en su Respuesta  al Recurso  de Alzada, indicó que en sus argumentos

no  señala  de  manera  clara  y  concreta  de qué  manera  la  Administración Tributaria  vulneró

sus derechos al debido proceso,  siendo que se respetó todos y cada uno  de los derechos  de la

ahora recurrente,  haciéndole  conocer  de manera  oportuna todos  y cada  uno  de los actuados,

la  documentación  probatoria  no resulta  suficiente, resultando ser contradictoria con la

documentación  con la que cuenta la Administración Tributaria, extraída de los sistemas

informáticos conforme el artículo 77 de la Ley 2492, concordante con lo establecido en cl artículo

7 del DS N° 27310, ya que en la verificación de  las notas  fiscales  se observó  que el proveedor

declaró  a  otro nombre  y  por  otros importes,  el proveedor  no declaró en sus libros de ventas,

con lo que  se evidencia  la inadecuada apropiación de crédito fiscal declarada en la solicitud de

rectificatoria; el Acto impugnado  no se adecúa  a ninguna  de las causas establecidas  en el

artículo 35 de la Ley   de   Procedimiento   Administrativo,   siendo   que   no   concurre

ninguno   de   los presupuestos contenidos en el artículo 55 DS 27113 reglamento a la Ley 2341

aplicable supletoriamente por expresa  disposición de los artículos 74 y 201 de la Ley 2492, para

que opere la nulidad.

 

En el caso de modificar el saldo a favor del fisco o a faVor del contribuyente como es el caso,  se

estaria  hablando  de  una  rectificación  y  no  de  una  corrección  de  errores materiales,

debido  a  que  el  proyecto  de  Declaración  Jurada  Rectificatoria  pretende consignar el monto

de la casilla 26 de Bs124.512 donde se evidencia que el saldo a favor del contribuyente  se

incrementará,  siendo claro que el presente  trámite no se trata de una  simple  corrección  de

errores  materiales.  Sin  ningún  tipo  de  fundamentación  o sustento legal solicita  acogerse  a

lo establecido  en el artículo  59 de la Ley  2492, por tratarse de una solicitud de rectificatoria

efectuada por la propia contribuyente por lo que debe tenerse presente lo establecido en el segundo

párrafo del Parágrafo II del artículo 78 de la Ley  2492, querer  pretender  acogerse  a la

prescripción  es porque  no  podría proceder  a  su  verificación,  siendo  una             más

para  rechazar  la  solicitud,  dicho aspecto impide efectuar un análisis más profundo; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

 

 

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir  ach’a Lamani Mana tasaq kuraq kamach q

Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será protegida

oportuna  y  efectivamente  por  los jueces  y  tribunales  en el  ejercicio  de  sus derechos e

intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

 

El artículo 68 en su numeral 6 del Código Tributario, establece:  Constituyen  derechos del sujeto

pasivo los siguientes:  Al debido proceso y a conocer el estado de la tram’ilación de los procesos

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de

terceros autorizados, en los términos del presente Código.

 

El artículo 78 del mismo cuerpo legal, dispone:

  1. Las declaraciones juradas son la manifestación  de hechos, actos y comunicados a la

Administración  Tributaria  en  la  forma,  medios,  plazos  y  establecidos  por  las

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de verdad y comprometen la

responsabilidad  de quienes  las  suscriben  en  los  términos  señalados  por  esfe Código.

 

Podrán rectificarse  a requerimiento  de la Administración Tributaria  o por iniciativa sujeto

pasivo  o  tercero  responsable,  cuando  la  rectificación  tenga  como  efecto aumento o saldo a

favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. También  podrá rectificarse  a

libre iniciativa  del declarante,  cuando  la rectificación tenga como efecfo el aumento del saldo

a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor  del Fisco, previa verificación de la

Administración Tributaria.  Los límites,  formas,  plazos  y  condiciones  de  las  declaraciones

rectificatorias  serán establecidos  mediante  Reglamento.  En  todos  los  casos,  la  Declaración

Jurada rectificatoria sustituirá a la original relación a los datos que se rectifican.

 

 

Ill.

No  es  rectificatoria  la  Declaración  Jurada  que  actualiza  cualquier  información  o brindado

a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda Tributaria.  En estos

casos,  la nueva  información  o dato brindados  serán tomados como vá/idos por la Administración

Tributaria  a partir de su presentación.

 

 

 

 

 

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AUTORIDAD  REGIONAL  DE

luruskxcióa Tnievrxnu

 

 

La Ley 2341 en su artículo 16 señala que: En su relación con la Administración Pública, las

personas   tienen   los   siguientes   derechos.’   a.   A   formular   peticiones   ante   la

Administración Pública, individual o colectivamente. h. A oófener una respuesta fundada y motivada

a las peticiones y solicitudes que formulen.

 

El  artículo  27  de  la  Ley  2341  de  Procedimiento  Administrati\lo,  en  relación  al  acto

administrativo, dispone: Se considera acto administrativo, toda declaración,  disposición o

decisión  de  la  Administración  Pública,  de  alcance  general  o  particular,  emitida  en

ejercicio  de  la  potestad  administrativa,  normada  o  discrecional,  cumpliendo  con  los

requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el

administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.

 

El   artículo   28   de   la   Ley   2341,   establece:   Son   e/emen/os   esenciales   del   acto

administrativo los siguientes:

  1. a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;
  2. b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes  que le sirvan de causa y en el derecho

aplicable;

  1. c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;
  2. d) Procedimiento. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales

previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;

  1. e) Fundamento: Deberá  ser   fundamentado,   expresándose   en  forma  concreta   las razones

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del

presente articulo; y,

  1. f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

 

El  artículo  36,  parágrafo  ll  de  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  indica  que  no

obstante lo dispuesto  en el  numeral  anterior,  el defecto de forma sólo determinará  la

anulabilidad  cuando  el  acto  carezca  de  los  requisitos  formales  indispensables  para

alcanzar su fin o dé Iugar a la indefensión de los interesados.

 

El DS 27113  que  reglamenta  la Ley 2341, de Procedimiento  Administrativo,  aplicable

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece

en su artículo 55 que:  Será procedente la revocación de un acto anulable por

 

 

 

 

 

vicios  de  procedimiento,  únicamente   cuando  el  vicio  ocasione   indefensión   de  los

administrados  o  lesione  el  interés  público.  La  autoridad  administrativa,  para  evitar

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes,  de oficio o a petición de

parte, en cualguier  estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones  observadas.

 

De inicio  corresponde  señalar  que el artículo  115, parágrafo  II,  dispone  que el debido

proceso  establece  de  manera  expresa  que  el Estado  garantiza  el  derecho  al  debido

proceso,  a la defensa  y a una justicia  plural, pronta, oportuna,  gratuita,  transparente  y sin

dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se   deben

ajustar   no   sólo   al   ordenamiento   jurídico   legal   sino   a   los   preceptos

constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a

través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar  contrarios  a los

principios del Estado de Derecho.

 

En ese contexto,  toda autoridad  administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias definidas

dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de

legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de

defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos

constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido

proceso  se desprende que los administrados  tienen derecho  a  conocer  las  actuaciones  de  la

administración,  a  pedir  y  a  controvertir  las pruebas   a   ejercer   con   plenitud   su

derecho   de  defensa,   a   impugnar   los  actos administrativos y en fin a gozar de todas las

garantías establecidas en su beneficio.

 

El debido proceso es un derecho constitucional según el cual toda persona tiene derecho a ciertas

garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a

permitirle  tener oportunidad de ser oído  y hacer valer sus pretensiones frente  al juez.  Se

define el derecho  al debido  proceso,  como el conjunto  de garantías previstas en el ordenamiento

jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación

judicial o administrativa, para que durante su trámite se   respeten   sus   derechos   y   se

logre   la   aplicación   correcta   de   la   justicia.   La

 

 

 

 

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AUTORIDAD  RE6I0NAL  DE

 

 

 

 

fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía

jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una  resolución  ya

sea  en  el  ámbito  judicial  o  administrativo,  necesariamente  debe exponer  el  sustento  de

hecho  y  de  derecho  que  motivaron  asumir  una  determinada decisión,  de  tal  modo  que  las

partes  sepan  las  razones  en  que  se  fundamentó  la resolución;   y   así,   dada   esa

comprensión,   puedan   también   ser   revisados   esos fundamentos  a  través  de  los  medios

impugnativos  establecidos  en  el  ordenamiento jurídico.

 

A lo anterior se suma, la normativa referida en los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113,

aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, señalan que la petición es un derecho

de los ciudadanos  y compromete  a la administración pública  a dar una respuesta oportuna y

pertinente, además de obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que

formulen.

 

En el presente caso la recurrente  refiere que el acto administrativo impugnado  realizó una

interpretación que no corresponde  ya que se trata sólo de la corrección de errores materiales,  no

modifica  ni  el  débito,  ni  el  crédito  fiscal,  desde  el  punto  de  vista  del

procedimiento   realizó   actos   que   no   se   encuentran   establecidos   en   la   norma,

incumpliendo  el debido  proceso  y el  derecho  a  la  defensa,  aspectos  que  constituyen vicios

de nulidad y consecuentemente crean indefensión, siendo el debido proceso una de los principios

fundamentales  conforme el articulo  68 numeral 6 de la Ley 2492  y el artículo 4 inciso c) de la

Ley 2341.

 

Hechas  las  precisiones  antes  mencionadas,  el  Tribunal  Constitucional  Plurinacional

estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones, habiendo emitido

diferentes   entendimientos,   es   así   que   en   la   Sentencia   Constitucional Plurinacional

1414/2013  de  16  de  agosto,   señaló  lo  siguiente:   “El  derecho   a  la fundamentación de

un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad  precisa encontrarse

debidamente  fundado  y motivado,  entendiéndose  por lo primero  la  obligación  de  la

autoridad  que  lo  emite  para  citar  los  preceptos  legales, sustantivos y adjetivos,  en que

se apoye la determinación  adoptada;  y por lo segundo,

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien

Jan  mit’ayir|ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamach

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

 

 

 

 

que exprese una serie de razonamientos  lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso

concreto se ajusta a la hipótesis normativa.”.

 

Respecto  al  rechazo  de  la  rectificatoria  con  fundamentos  infundados  que  derivan  en

transgresión  al debido  proceso  aducida  por  la  recurrente,  la  Sentencia  Constitucional

Plurinacional  N° 0896/2014  de 12  de mayo  de 2014,  señala: “///.3.  E/ derecho  a una

resolución motivada, fundamentada y congruente como elemento constitutivo del debido proceso.  La

SC 0112/2010-R  de 10 de mayo,  señaló:  “La reiterada  jurisprudencia del Tribunal Constitucional

ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la

CPE abrg., ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho  humano  en los arts.  8 del  Pacto

de San  José de Costa Rica  y 14  del Pacto Internacional  de Derechos  Civiles y Políticos

(PIDCP), consiste en el derecho  de toda persona  a  un  proceso  justo  y  equitativo  en  el  que

sus  derechos  se  acomoden  a  lo establecido por las disposiciones jurídicas generales

aplicables a todos aquellos que se hallen  en  una  situación  similar  y  precisando  que  la

garantia  del  debido  proceso, comprende   entre   uno   de  sus   elementos   la  exigencia   de

la  motivación   de   las resoluciones,  lo que significa, que toda autoridad Oue conozca de un

reclamo, solicitud o que  dicte una resolución  dictaminando  Una situación  luridica, debe

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión…”.

 

“En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones, esfe Tribunal también en la SCP

0903/2012  de 22 de agosto, incidió en lo siguiente.  “…la fundamentación y motivación    de

una    resolución    que    resuelva    cualquier    conflicto    jurídico,    no necesariamente

implica   que   la  exposición   deba   ser   exagerada   y  abundante   de consideraciones,  citas

legales   y  argumentos   reiterativos,   al  contrario   una  debida motivación  conlleva que la

resolución sea concisa,  clara e inteqre en todos los puntos demandados, donde la autoridad

jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que

justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando  la  fundamentación  legal  y  citando

las  normas  que  sustentan   la  parte dispositiva   de   la  resolución,   en   suma   se  exige

que   exista   plena  coherencia   y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva

de un fallo”, requisito que se hace de mayor importancia en los tribunales de úlfima instancia”.

 

 

 

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL  DE

luecsxxcióx Tn•u onu

 

 

Corresponde   también   señalar   que   los   contribuyentes  tienen   derecho   a   que   los

procedimientos aplicables, en el presente caso la solicitud de rectificación cuente con las

correspondientes  garantías  como   el  debido  proceso  y  derecho  a  la  defensa,  lo  que

implica  que  la  documentación  que  aporta  el  solicitante  con  el  fin  de  respaldar  lo

argumentado  debe  ser  objeto  de  análisis,  pero  además  las  conclusiones  sobre  su

pertinencia, aceptación o rechazo deben encontrarse reflejadas en el acto administrativo

correspondiente.

 

Hechas  las precisiones  legales  de  la  revisión  de los  antecedentes  administrativos  se tiene

que Gladys Yolanda Vilar Laguna, mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 25

de julio de 2016, solicitó la autorización de rectificación por error material en el llenado  de

formulario  200 IVA, correspondiente al periodo noviembre  2008, a tal efecto adjunta fotocopia del

formulario  200 y su respectiva corrección citada, fojas 4 de antecedentes administrativos.

 

Posteriormente la Administración Tributaria, el 18 de agosto de 2016 mediante Proveido CITE:

SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/PROV/00497/2016,    señala    que:    “…revisada     la documentación

presentada, se observó que debe presentar la siguiente documentación.

  1. Notas Fiscales Originales que respalden el crédito fiscal IVA del periodo  noviembre 2008. 2.

Comprobante  de egreso o libros diarios que acrediten los gastos incurridos en el  periodo  de

noviembre  2008.  3.  Medios  probatorios  de pago  del  periodo  noviembre 2008.  4. Libro de

Compras del periodo noviembre  2008”, actuación notificada de forma personal el 22 de septiembre de

2016; documentación  que debió ser presentada en un plazo de cinco dias hábiles de notificada la

actuación administrativa.

 

Mediante nota de 29 de septiembre de 2016, Gladys  Yolanda  Vilar Laguna  solicitó a la

Administración Tributaria ampliación de plazo por encontrarse de viaje, el mismo que fue concedido

mediante Proveído N° 24-0982-16 de 30 de septiembre de 2016, otorgándole el plazo por 5 días

hábiles. mediante  el Acta de Recepción  de 26 de octubre de 2016, describe la entrega de

documentación consistente en: Libro de Compras julio a diciembre con  acta  de  cierre  y  apertura

2008;  Comprobante  de  Egreso  con  Acta  de  Cierre noviembre 2008; Notas Fiscales de Crédito

1109, 1112, 1119, 1124, 1129, 2419, 2422,

2425, 2428, 2367, 2432, 2370, 2437, 2373, 2440, 2377, 2445, 967, 973, 976, 982, 988,

 

 

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

292, 189, y póliza correspondiente a noviembre  2008 (Total fojas 25); asimismo,  dicha acta señala

en el punto de observaciones, que las fotocopias fueron verificadas con los originales, los que

fueron devueltos en la misma fecha, firmando en conformidad  al pie de dicha  acta, el funcionario

fiscalizador  y el contribuyente; fojas 23 de antecedentes administrativos.

 

El  Informe  CITE:  SIN/GDLPZ-II/DF/SVCP/INF/02657/2017  de  28  de  junio  de  2017, emitido  por

el ente fiscalizador,  concluyó  que  la solicitud del Proyecto  de Declaración Jurada

Rectificatoria no es procedente,  toda vez que el contribuyente presenta facturas no  validas

según  detalle  en  cuadros,  que  evidencian  la  inadecuada  apropiación  de crédito  fiscal

declarado  en  la  solicitud;  recomendando  la  emisión  de  la  Resolución rechazando  la

solicitud  de  rectificación;  informe  que  sirvió  como  basamento  para  la emisión     de

la     Resolución     Administrativa     N°     231725000202     (SIN/GDLPZ

II/DF/SVECP/RA/00179/2017)  de  28  de  junio  de  2017,  que  rechazó  la  solicitud  de

rectificatoria.

 

Lo  anterior,  advierte  que  la  Resolución  Administrativa  impugnada   no  expresa  los

antecedentes de hecho referidos a la solicitud de aprobación de la Declaración Jurada

Rectificatoria  del Formulario  200  (F-200) del periodo fiscal noviembre 2008 con N° de

Orden 7768966 declarado el 9 de diciembre de 2008, debido al error consignado  en la 909  Impuesto

Determinado   en  el  periodo  (13o/» (C013-C026))  el  monto  de Bs16.187.- en lugar de consignar

en la casilla 693 Saldo a Favor del contribuyente en el

Periodo  (13ᵒ/   de  (C026-C013);  a  esto  se  suma  que  la  Resolución  Administrativa  N°

231725000202  de  28  de  junio  de  2017,  en  su  único  considerando  fundamenta  lo siguiente:

‘… de conformidad  al informe..  emitido por el Departamento  de Fiscalización el  cual  menciona

que  el  contribuyente  segün  el  Proyecto   de  Declaración   Jurada Rectificatoria F-521

pretende consignar el monto de la casilla 26 de Bs124.512 donde se evidencia que e/ Saldo a Favor

del Contribuyente  se incrementara…de la verificación y análisis de la documentación de respaldo

presentado por la contribuyente y las bases de datos SIRAT II se observó que presenta Notas

Fiscales de Crédito no son válidas, debido a que  el  proveedor  reporta  las  ventas  a  otra

Razón  Social,  NIT  e  Importes  en  otras fechas”, fundamento que demuestra que confunde  este

trámite de rectificación  con un proceso de verificación de crédito fiscal por las observaciones

detectadas  siendo que

 

 

 

 

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AWOB€DAD RE6I0 IAL DE

Iuzusx4cióx TniBirrxni4

Es ta do PIr’rin a c ion al  de B oi^”a

 

 

para   referirse   al  procedimiento   de  determinación   debió  emitirse   una   Orden  de

Verificación  bajo  la  modalidad  Verificación  Específica   Crédito  IVA,  con  alcance  al

Impuesto al Valor Agregado (IVA) mismo que se encuentra bajo procedimientos que no aplican al

presente caso, hechos que evidencian la vulneración al debido proceso y su derecho a la defensa en

relación a la petición realizada por la contribuyente.

 

Al efecto,  la  Sentencia  Constitucional 2016/2010-R,  de 9 de noviembre  de 2010, que explica:

“En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en

virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar  la

estricta correspondencia entre lo peticionado  y probado por las partes;  en  ese contexto,  es

imperante  además  precisar  que  la  vulneración  al  debido proceso en su elemento congruencia

puede derivar de dos causales concretas a saber:

  1. a) Por incongruencia   omisiva,   en  virtud  de  la  cual,  la  autoridad   jurisdiccional  o

administrativa  emite  una  resolución  sin  considerar  las  pretensiones  de  las  partes,

vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b)

por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa,

falla  adicionando   o  incorporando   e/emenfos  no  peticionados   o  no discutidos  por las

partes en el curso de la causa”,’  toda vez que en el presente caso el motivo  de  la

rectificatoria  derivó  al  error  consignado   en  la  casilla  909  Impuesto Determinado  en  el

período  (13%  (C013-C026))  el  monto  de  Bs16.187.-  en  lugar  de consignar en la casilla 693

Saldo a Favor del contribuyente en el Periodo (13% de (C026- C013)   y   no   así   a   la

incorporación   de   nuevas   facturas   en   su   crédito   fiscal; consecuentemente, el fallo

debe ser congruente a las causas que originaron la petición

 

Bajo las circunstancias citadas precedentemente, es importante precisar que el trámite de

rectificatoria  no  es  un  proceso  de  determinación   de  deudas  tributarias   como

consecuencia  de la observación  del crédito fiscal declarado  por la sujeto pasivo, como sucedió

en el presente caso; sino más bien un proceso de verificación formal que efectúa la Administración

Tributaria para establecer la procedencia de la solicitud de rectificación que  presenta  el

contribuyente  mediante  el Portal  Tributario,  proceso  en  el que  debe abocarse  a verificar la

documentación  soporte a la Declaración  Jurada presentada  por el contribuyente, como se advierte

a fojas  3-8 y 23 de antecedentes administrativos, si condice con el proyecto de declaración

jurada rectificatoria, que permita establecer  su

 

 

 

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aceptación  o  rechazo,  los  que  fueron  incumplidos  por  el  Ente  Fiscal,  quedando  en

evidencia la falta de fundamentación y motivación.

 

En el caso que nos ocupa,  es evidente  que el sujeto activo  para  la  consideración  del rechazo

de la rectificatoria no plasmó  en el acto impugnado  los resultados  del análisis que efectuó de

la documentación presentada por el recurrente, que ampare su solicitud de  rectificación,  como

ser:  Libro  de  Compras  julio  a  diciembre  con  acta  de  cierre  y apertura  2008;

Comprobante  de  Egreso  con  Acta  de  Cierre  noviembre  2008;  Notas Fiscales de Crédito 1109,

1112, 1119, 1124, 1129, 2419, 2422, 2425, 2428, 2367, 2432,

2370,  2437,  2373,  2440,  2377,  2445,  967,  973,  976,  982,  988,  292,  189,  y  póliza

correspondiente a noviembre  2008 (Total fojas 25), presentados de acuerdo al Acta de Recepción  de

26  de  octubre  de  2016,  en  ese  sentido  la  Resolución  Administrativa impugnada funda su

decisión en aspectos completamente distintos a lo peticionado por la  recurrente,  abordando  a

otros  aspectos  que  atañen  a  un  proceso  de  \/edificación, procedimiento  incorrecto  que

originó  confusión,  en  mérito  a  que  el presente  caso  se refiere sólo y exclusivamente a la

aceptación o rechazo de una solicitud de rectificación del formulario  200 IVA, no siendo

procedente  la aplicación  de otros procedimientos de diferente naturaleza, hecho que

definitivamente configuró vicios de nulidad relacionados a  la fundamentación de todo  acto

administrativo, requisito  esencial  establecido  en el artículo  28  inciso  e)  de  la  Ley

2341,  afectando  los  principios  del  debido  proceso  y defensa,  consagrados  en los articulos

115, parágrafo  II de la Constitución  Política  del Estado, 68 numerales 6, 7 de la Ley 2492 y 28

de la Ley 2341.

 

Con referencia  a lo señalado por la recurrente respecto a que la rectificación  se refiere solo a

la corrección de errores materiales; es menester  señalar que de la revisión de la Declaración

Jurada Form. 200 N°7768966 del periodo noviembre  2008 es evidente que la contribuyente incurrió en

error al consignar como Impuesto Determinado en el Periodo en la casilla 909 el monto de Bs16.187 y

no así en la casilla 693 en el entendido que el monto deriva de sus Compras Declaradas en la

casilla 26 y no así de las Ventas casilla 13, si bien esta rectificación no se adecua a una

corrección de errores materiales, no es menos  cierto que  la  Administración Tributaria  debió

remitirse  a  la  verificación  estricta respecto  al motivo de la rectificación  aducida  por la

recurrente la misma que se refiere simplemente al error de registro del crédito fiscal originado en

sus compras declaradas.

 

 

 

 

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AUT0RTD4D REGIONAL  DE

IuevoxicióN Tsiauiasia

 

 

En relación a la prescripción solicitada por la contribuyente en esta Instancia Recursiva amparada

en el articulo 59 de la Ley 2492, es preciso señalar que el acto administrativo objeto  de la

presente impugnación,  es la Resolución  Administrativa N° 231725000202 (SIN/GDLPZ

II/DF/SVECP/RA/00179/2017) que rechaza el proyecto de rectificatoria, no así  un  acto  que

establezca  la  existencia  de  adeudos,  en  consecuencia  no  se  puede pretender solicitar la

prescripción de un adeudo que todavía no le fue atribuida.

 

Las   circunstancias   anotadas   precedentemente,   evidencian   vicios   de  nulidad   que

provocaron  la  vulneración  del derecho  a  la defensa  de Gladys  Yolanda  Vilar  Laguna;

consecuentemente, corresponde anular la Resolución Administrativa N° 231725000202 (SIN/GDLPZ

II/DF/SVECP/RA/00179/2017)  de  28  de  junio  de  2017,  hasta  que  la Administración Tributaria

emita un acto administrati\lo debidamente fundamentado.

 

POR TANTO:

La  Directora  Ejecutiva  Regional  Interina  de  la  Autoridad  Regional  de  Impugnación

Tributaria   La  Paz,  designada  mediante  Resolución  Suprema  N°  10501  de  16  de septiembre

de 2013, con las atribuciones  conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título  V  del

Código  Tributario  Incorporado  por  la  Ley  3092  y  el  artículo  141  del  DS. 29894;

 

RESUELVE:

PRIMERO:   ANULAR   la  Resolución  Administrativa  N°  231725000202  (SIN/GDLPZ

II/DF/SVECP/RA/00179/2017) de 28 de junio de 2017, emitida por la Gerencia  Distrital La  Paz  II

del  Servicio  de Impuestos  Nacionales  contra  Gladys  Yolanda  Vilar  Laguna; consecuentemente,

la  Administración  Tributaria   debe  emitir  un  acto  administrativo fundado en base a los

términos  planteados  respecto  a  la  solicitud  de rectificatoria del Formulario  200  IVA del

período fiscal noviembre 2008 con N° de Orden 7768966.

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de  la

Constitución  Política  del  Estado  una  vez  que  adquiera  la  condición  de  firme, establece

el  artículo   199   del  Código   Tributario,   será   de   cumplimiento

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir  ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

 

 

 

 

/,   •*           TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad  al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

 

 

 

.„„   „

PARTO:  Conforme  prevé  el  artículo  144  del  Código  Tributario,  el  plazo  para  la ”

terposicion   del  recurso   jerárquico  contra  la  presente  resolucion,   es  de  20  dias

” \!   %  omputables a partir de su notificación.

 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCVD/jcgr/an/rms/rgl‘rpz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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