ARIT-LPZ-RA-1457-2017 Resolución Determinativa revocada por prescripción de deuda tributaria del IUE, tomando en cuenta que el cómputo concluyó en diciembre 2011

ARIT-LPZ-RA-1457-2017

AUTORIDAD IIEGIONAL DE

 

 

 

RESOLUCIÓN  DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA  1457/2017

Recurrente:                             Walter Freddy Challapa Quechover Administración Recurrida:

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales,  representada  legalmente Jeannine Sandy Tapia

 

 

Acto Impugnado:

 

 

 

Expediente: Lugar y Fecha:

Auto N° 251740004151

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/CC/AUT/00700/2017) ARIT-ORU-028712017

La Paz, 29 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico  ARIT-LPZ  N°

1457/2017  de 28 de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo

cuanto se tu\lo presente.

 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

El   Auto   N°   251740004151   (CITE:   SIN/GDOR/DJCC/CC/AUT/00700/2017)   de   13  de

septiembre  de  2017,  emitido  por  la  Gerencia  Distrital  Oruro  del  Servicio  de  Impuestos

Nacionales,  resolvió  rechazar  la  solicitud  de  prescripción  planteada  por  el

Walter  Freddy  Challapa  Quechover  con  NIT/RUC  7778210,  debiendo  en  consecuencia,

proseguirse  con la ejecución tributaria  iniciada mediante el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 1763/2017.

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Walter Freddy Challapa Quechover, mediante memorial presentado el 11 de octubre de 2017, cursante a

fojas 6-9 de obrados, presentó Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

 

 

 

Señala que el ente fiscal tenia cuatro años para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria

correspondiente al IUE del periodo marzo de 2004, el plazo del término se computa desde la

notificación  del PIET respectivo  que fue practicada  a  finales  del año  2007  y concluyó  en

diciembre   del  año  de  2011;  facultades   que  por  dejadez  se  hubieran  extinguido  por

prescripción superabundantemente.

 

Su solicitud fue rechazada por el Auto Definitivo N° 2517^,0004151 dc  1ü de septiembre de 2017,

con el fundamento de que °.I fisco a si.  criter:’o habría efectuado acciones de cobro de

recuperación  de  estos  adeudos,  estas  acü‹ones  y/o  actos  interrump’r.›an  el  plazo  de  la

prescripción de estas sus facultades. No es rierto y evidente que en materia tributaria existiría

un vaciú legal respecto a la prescripción, pr.es por mandado de los artículos 59, 60, 61 y 62 ble

la Ley 24.^2,  establece de manera sucinta \‘ especifica la !orrna üe prescripción, regulando

además las causales de interrupción y suspensión

 

Aclara  que  las  supuestas  acciones  de  co^ro  realizadas  por  el  Servicio  de  Impuestos

Nacionales,  no  interrumpen  o  suspenden  el  término  de  la  prescripción,  por  lo  que  este

argumento de rechazo es per demás incuirecto, infundado y forzado. La norma vigente para esta

obligación corresponde a los articulos 59 parágrafo I inc.4, 60 par  II, 61 y 62 de la Ley 2492 y

no así las Leyes 291 y 317 del añn 2012, menos ía rey 812, esto en razón de que rige la

irretroactivldad de !a Ley trihritaria mediante el artículo 150 de la Ley 2492.

 

Menciona precedentes administrativos rel.=.ridos a lo quc se .xtingue por çn^escnpción son las

acciones  o  facultades  de  la  Administrac:’úri Tributaria  por  el  transcurso  del  tiempo  por

la negligencia en determinar a! adeuc!o ‹ributario y no así .os t°iLnu!us como tal; así como manda

el artículo  123 constitucional que establece o,ue la Ley  soio dispone para lo venidero  y no

!endrá  efecto  retroactivo   Por  lo  dispuesto  en  los  artículos  59  y  150  de  la  Ley  2492

la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídic.a o los suietospasivos, conforme

estaDiece el artículo 323-! de !a Cons’!tucic›r   ?o|í!.C,a  gel  Estado y e! parágrafo ll del

articulo 3 de  la  Ley  154,  ‘efiriéndose  sobre  !a  ;zrescriocion  d*  la  de‹vdü   r.L.u[aria,

más  óien  a las acciones o facultades de la Administración “. ributaria, lo que refuerza que la

prescripción no opera de oficio.

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto N° 251740004151 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/CC/AUT/00700/2017) de 13 de septiembre de 2017.

 

 

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AUTORIDAD RE6I0NAL DE

IuPua¥Aci0x TniBuTsnlx

Es t ado Piurina c ional  dc  BoI iy ía

 

 

11.2. Auto de Admisión

El  Recurso  de  Alzada  fue  admitido  por  Auto  de  12  de  octubre  de  2017,  notificado

personalmente  tanto al recurrente  como a la Administración Tributaria el 16 de octubre de 2017;

fojas 10-12 de obrados.

 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos  Nacionales representada  legalmente por

Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme a la Resolución Administrati\la de Presidencia N°

031700001300 de 29 de agosto de 2tf17, por memorial presentado  el 31 de octubre de 2017,  cursante

a  fojas  15-20  de  obrados,  respondió  negativamente  con  los  siguientes argumentos:

 

El recurrente no explica por qué habría operado la prescripción, ni por qué no se dieron las

causales  de  suspensión  o  de  interrupción,  mucho  menos  efectúa  el  cómputo  de  la  de

prescripción de manera que denote que \a tacu\tad de la Administración Tributaria para hacer

efectivo el cobro de la deuda tributaria habría prescrito; advierte que el recurrente no señala el

detalle del monto impugnado correspondiente al Título de Ejecución Tributaria del que se estaría

solicitando la prescripción vulnerando de esta manera el artículo 198 inc. d) de la Ley 3092.

 

En relación a la prescripción de la facultad de ejecutar la deuda tributaria correspondiente al IUE

del  periodo  marzo  de  2004,  se  debe  tener  presente  que  al  evidenciar  la  falta  de

presentación de la declaración jurada por el impuesto y periodo señalado, el ente fiscal emitió la

Vista  de  Cargo  por  medio  del  cual  conminó  al  contribuyente  a  presentar  la  misma  o

alternativamente proceda  a  la  cancelación  del monto  presunto  calculado;  procediendo  a

emitir de manera posterior la Resolución Determinativa N° 31545027 y finalmente e\ Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 1763/2007.

 

De antecedentes  administrativos se puede constatar que la Administración Tributaria  el 29 de

octubre de 2007, emitió las notas al Superintendente de Bancos y Entidades Financieras,

Superintendente de Pensiones,  Valores  y seguros, Honorable Alcalde Municipal de Oruro, Directora

Departamental de Migraciones, Director Departamental del Organismo Operativo de Transito,

Registradora  de Derechos  Reales, actualizándose las referidas medidas el 18 de octubre de 2011,

26 de julio de 2013, 13 de julio y 27 de octubre de 2015, 24 de agosto

y 14 de diciembre de 2016, acciones realizadas en la etapa de ejecución tributaria.

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mlt’ayir|ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq            ,

Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomlta

 

 

 

 

 

Señala que procedió a solicitar la hipoteca legal del bien inmueble del contribuyente, que se halla

registrada  bajo  la  matricula  N°  4.01.1.01.0013833  a  favor  del  Servicio  Impuestos

Nacionales, los citados actuados se constituyen en una acción efectiva tendiente de cobro de la

deuda  tributaria  y  por  ende  causal  de  interrupción  del  cómputo  de  la  prescripción  al

constituir en mora al deudor conforme lo dispuesto en el párrafo li de! artículo 1503 del Código

Civil; en ese entendido el cómputo de la prescripción para la ejecución de la deuda tributaria

vuelve  a  iniciar  conforme  establece  el  artículo  61  de  la  Ley  2492,  en  consecuencia

las facultades   de  ejecución   tributaria   cnr   les  oue  cuenta  la  Administración

Tributaria   se encuentran’  firmes  y  suhsistenies,  asp.ac os  que  hacen  en!rever  q’.e  el

ente  ficcal  no permaneció inactiva en relación al cobro de la deuda determinacia.

 

Señalü  que  únicamente  las  causales  de  interrupc!on  previstas  er  la  norma  se  refieren

únicamente a la etapa de determinación, situación que pone a la Administración Tributaria en estado

incierto   en  etapa   de  ejecución,   debido  queda   supeditada   a  la   voluntad   del

contribuyente de solicitar facilidades rle pago \‘/o reconocer !a deuda, toda vez que si el su eto

pasivo no realiza ninguna acción durante los cuatro años establecidos  para la prescripción,

operaria irremediablemente la prescripción sin que la Administración Tributaria pueda tomar alguna

acción,  hecho que evidencia  un vació legal y el °stado de indefensión en el que se encontraría el

ente fisca!, al no considerarse  los actuados realizados en etapa de ejecución tributaria romo son

la apiicación de medi¢!as coacti las establecidas  en el artículo 110 de la Ley  2492  y  las

acciones  efect:’vas  realizadas  tendientes  al  cobrc  inmediato  de  la  deuda tributaria; por

lo señaladc es aplicable por supletoriedad y analogía lo dispuesto en el Código Civil en su

artículo 1503 parágrafo ll citando al efecto doctrina relacionada.

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 251740004151 (CITE:

SIN/GDO&’DJCC/CC/AUT/00700/2017) de 13 de septiembre de 2017.

 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante  Auto de 1 de noviembre  de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días

comunes  y perentorios  a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código

Tributario, actuación notificada en Secretaria el 1 de noviembre de 2017; fojas 21-22 de obrados.

 

Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2017, el recurrente refiere en cuanto a la

viabilidad   y  vigencia  de  la  prescripción  cita  como  jurisprudencia  y  precedentes

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AUTORIDAD flEOlOkAL DE

 

Esl a’d o PIu r i nocion al de  B oIi via

 

administratI\/OS la Sentencia N° 47 de 16 de junio de 2016, el Auto Supremo N° 432 de 25 de julio

de 2013 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1116/2016 de 12 de septiembre de 2016, entre

otros; en su entender la norma vigente para esta obligación recae en la Ley 2492 (artículos 59

parágrafo I inciso 4 y 60 parágrafo ll, 62 y 63) y no así en las Leyes 291, 317 y 812 en razón a la

vigencia de estas y a la irretroactividad de la Ley establecida en el artículo 150 de la Ley 2492;

al efecto, se emitió el Proveído de 22 de noviembre de 2017, dispuso  lo descrito  y señalado  en

calidad  de  prueba  se  tendró  presente;  fojas  23-26  de obrados.

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de

Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-1263/2017 de 23 de noviembre de 2017,

remitió el expediente a esta Instancia Recursiva;  mediante Auto de 29 de noviembre de 2017, se

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado  en Secretaría al recurrente y a la

Administración Tributaria el 29 de noviembre de 2017, fojas 28- 30 de obrados.

 

Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2017, Verónica Jeannine Sandy Tapia se apersonó  en

representación  de  la  Administración  Tributaria  conforme  a  la  Resolución Administrativa de

Presidencia  N° 031700001550  de  22 de no\/iembre  de  2017;  objetó  la prueba presentada por el

recurrente al señalar que son inconducentes y superfluas toda vez que las Resoluciones  Judiciales

y Administrativas no son pertinentes  al objeto del proceso debiendo ser rechazadas, al efecto, se

emitió el Pro\leído de 5 de diciembre de 2017, que dispuso se tenga por apersonado  y que lo

manifestado  se tendrá presente a momento de emitir la Resolución del Recurso de Alzada; fojas 3435

de obrados.

 

II.5. Alegatos

El recurrente y la Administración Tributaria no presentaron alegatos escritos ni orales dentro el

plazo establecido por el artículo 212 Numeral ll del Código Tributario.

 

 

 

’^ra

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Resolución Determinativa  N° Orden 31545027  de 16 de agosto de 2007 resolvió en el artículo

primero:  ”Determinar  la deuda  trióufaria  del  sujeto pasivo  o tercero  responsable calculada

sobre base presunta, por el impuesto y periodo de referencia, incluida la multa por omisión de pago

igual al cien por ciento (100%) sobre el monto del Tributo Omitido…”,

 

 

 

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Sin\eme de Section de le 6alidad

Ceniliczdo n•EC fT4/\4

 

 

 

 

 

determinando una deuda tributaria de 21.725 UFV s, notificada por cédula el 31 de agosto de 2007;

fojas 5-8 de antecedentes administrativos.

 

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1763/2007  de 26 de septiembre  de 2007,

estableció que el estar firme y ejecutoriacla !a Resolución De!erminativa  l‘/   31545027 de 16 de

agosto de 2007, comun‹có al cor’tribuyente Waltei  Freddy Chal.apa Quechover, que se procedería  a

la ejecución  del citado Título de Ejecución  Tributaria  al tercer día de su legal notificación

con dicha actuación  administrativa, a partir dei cual se adoptarían  las medidas coactivas

respectivas, actuación notificada por cédula el 23 de octubre de 2007; fojas 11-14 de antecedentes

administrativos.

 

Por  memorial  presentado  a  la  Administración Tributaria  el  1¿ ¢•  ás•S’    eli     2017,

Walter

Freddy Challapa Quechover al amparo de lo establecido en el articulo ü5 parágrafo I inciso 4 y el

articulo 50 parágrafo II ümbos de la Ley 2492, plants4 !a orescripción iiberatoria; fojas 78- 80 de

antecedentes administrativos.

 

El   Auto   N°   2ú1743004151   {ÚiTE:   ü”‘N.‘ADOR/DJCC/UC/AUT/ú070u/2ú17)   de   13   de

septiembre  de  2017,  resol  iú.  ‘REC.HACE.4 R  la  se.’icitud  de  p escrip..ión  planteada  por

el contribuyente  WALTER  i-“RE.DDY  CHA’  LAPA  QUECHO*/ER   con.  NI’”/RUC    7778210,

correspondiente u la deuda t iba.’aria c’oi‘ ir’.’puesto IUE d=I periodo fisca!   .d¢Zo de 2004 que

conclayo   con   la   e.misión   del   Proveioi.’   de   Ejecución   Tributaria   N°   1763/201 7”,

acto administrativo definitivo nolific2do de forma personal al contribiJyente el 27 de septiembre

de 2017; fojas 82-85 de antecedentes administrativos.

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades  establecidas  sor los artículos  143 y

198  del  Código  Tributario,  revisados  los  antecedentes  administrativos,  compulsados  los

argumentos  formulados por las partes, verif:’cada  toda la documen!a¿i¿rj presentada  en el

término  probatorio  como  las  actuaciones  realizadas  en  esta  Instancia  Recursiva   y  en

consideración  al  Informe  Técnico  Jurídico  °mitido  de  conformidad  al  artículo  211-III  del

referido Códigc Tributario, se tiene.

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocar á únicamente al análisis de los agravios

manifestados por Walter Freddy Challapa Queohover en el Recurso de Alzada;

la posición final se sustentan acorde a !os hechos, antecedentes  y ei derecho aplicable

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE

 

EsI ado  PIu r‹na cin n al dc  Boliv i a

 

 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación  o que no se

hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

 

IV.1. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria

Walter Freddy Challapa Quechover señala que el ente fiscal tenía cuatro años para hacer efectivo el

cobro de la deuda tributaria correspondiente al IUE del periodo marzo de 20Q4, el plazo del término

se computa desde la notificación del PIET practicada a finales del año 2007 y  concluyó  en

diciembre  del  año  de  2011;  aclara  que  las  supuestas  acciones  de  cobro realizadas por el

ente fiscal no interrum@n o suspenden el término de la prescripción, por lo que este argumento  de

rechazo es por demás incorrecto,  infundado  y forzado.  La norma vigente para esta obligación

corresponde a los artículos 59 parágrafo I inc.4, 60 par. II, 61 y 62 de la Ley 2492 y no así las

Leyes 291 y 317 del año 2012, menos la Ley 812, esto en razón de que rige la irretroactividad de la

Ley tributaria  mediante el artículo 150 de la Ley 2492.

 

En relación a la prescripción de la facultad de ejecutar la deuda tributaria correspondiente al IUE

del  periodo  marzo  de  2004,  se  debe  tener  presente  que  al  evidenciar  la  falta  de

presentación de la declaración jurada por el impuesto y periodo señalado, el ente fiscal emitió la

Vista  de Cargo  por  medio  del  cual  conminó  al  contribuyente  a  presentar  la  misma  o

alternativamente proceda  a  la  cancelación  del monto  presunto  calculado;  procediendo  a

emitir y notificar de manera posterior la Resolución Determinativa N° 31545027 y el Proveido de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 1763/2007 y finalmente realizar las acciones de cobro en la etapa

de  ejecución tributaria; en consecuencia, las facultades de ejecución tributaria con las que

cuenta la Administración Tributaria se encuentran firmes y subsistentes, aspectos que hacen

entrever que el ente fiscal no permaneció  inactiva en relación al cobro de la deuda determinada;

al respecto, corresponde el siguiente análisis:

 

El articulo 59 del Código Tributario, establece:

  1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
  2. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  3. Determinar la deuda tributaria.
  4. imponer sanciones administrativas.
  5. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

 

 

 

 

 

  1. El término precedente se amp/iará a siete (7) años cuando el sfieto pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribisa en loa regísbos pert/nentes o se

inscribiera en un régirnentñbutario que no le corresponda.

III.   El fino para ejecutar las sanciones por confravenciones bfibufarias prescribe a loa dos

 

 

 

El articulo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la presoipción, seRala:

  1. Excepto en e/ numeral 4 del pará alo I del Art/cu/o anterior, e/término de le prescripción

se computará desde e/ 1de enero del algo calendario s’/guientea aqt/b/en que se produjo el

vencimiento del per/odo de pago respecf/vo.

  1. En el supuesto 4 def parágrafo I de/ Articulo anterior, e/ férm/no se computará desde la

not//fcacidn con los títulos de ejecución tributaria.

III.   En el supuesto de/ parágrafo /// de/ Art/cu/o anterior, el Término se computará desde el

momento que adquiera la calidad de titulo de ejecucidn tributaria.

 

El  artículo  61  del  Código  Tributario,  en  reladón  a  las  causales  de  interrupción  de  la

prescripción. dispone: La prescripción se iniern›mpe por. e) La not//tcacidn a/ sujeto paóvo con la

Resolución Determlnativa. b) E/ reconocimfen/o expreso o tácito de la oó//çacidn por parte del

sujeto pasivo  o teroero  responsable,  o por la soIic’itud  de facilidades  de pago. Interrumpida

la prescripción,  comenzará a computarse nuevamente e/ término a partir del primer día h&biI del

mes siguiente a aqu&I en que se produjo la interrupción.

 

El  articulo  62  del  Código  Tributario,  en  relación  a  las  causales  de suspensión  de  la

prescripción, dispone: El curso de la prescrtpc/ón se suspende con:

  1. La not///cacidn de inicio  de fiscalización  individualizada  en el contfibuyente.

Esla suspensídn se inicia ema fecha de la nof//ícacidn respect/va y se extiende por seis (6) meses

  1. La interposición  de  recursos  adminisbatívos  o procesos  judiciales  por  parte  del

aonlfibuyente. La suspensión se inicia aon la/resenfacióri de la petición o recurso y se extiende

haota la recepción formal dei expediente par la Adminislracidn Tributaria para la ejecución

de/respecfñ’o fa/lo.

 

El articulo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, dispone: La eJbcuc/dn trióu/aria se

realizará por la Administración Tributaria oon la notificación de los siguientes títulos:

 

 

Póglna 8 de 17

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD BEGIONAL  DE

lueusxacl0¥  TRIBUTARIA

E s tado PIrmina c ional de Boliv ía

 

Resolución  Determinativa  o Sancionaioria  firmes,  por  el total de la deuda tributaria  o

sanción que imponen.

  1. Autos de Multa firmes.
  2. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.
  3. Resolucidn que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.
  4. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.
  5. Declaración Jurada presentada  por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria,

cuando ésia no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor.

  1. Liquidación efectuada  por  la Administración, emergente  de una determinación  mixta,

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso gue la misma

no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.

  1. Resolución que concede  planes  de facilidades  de pago,  cuando  /os pagos han  sido

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

Resolución administrativa firme que exja la restitución de lo indebidamente devuelto.

 

Para una adecuada comprensión de la problemática que nos ocupa analizar, es necesario realizar una

previa contextualización de las principales actuaciones administrativas; al efecto, de la revisión

de antecedentes  se evidencia que el contribuyente  Walter  Freddy  Challapa Quechover   con

NIT/RUC   7778210,   fue  objeto  de  una   veri  cación  por  parte  de  la Administración

Tributaria, al respecto, se evidenció la falta de presentación de la declaración jurada

correspondientes al impuesto IUE del periodo fiscal marzo de 2004, emitiendo sobre base presunta la

Vista de Cargo N°4031228669 de 28 de febrero de 2007, notificada el 5 de julio de 2007, según

consta a fojas 1-3 de antecedentes administrativos.

 

Dentro del citado procedimiento, el Ente Fiscal labró la Resolución Determinativa N° Orden 31545027

de 16 de agosto de 2007, que resolvió: “Determinar la deuda tributaria del sujeto pasivo o tercero

responsable calculada sobre base presunta,  por el impuesto y periodo de referencia,  incluida  la

multa  por  omisión de pago igual al cien por ciento (100%)  sobre  el monto del Tributo

Omitido…”, acto administrativo notificado el 31 de agosto de 2007, cursante a fojas 5-8 de

antecedentes  administrativos, de tal manera,  a\  no haber  sido  impugnada adquirió firmeza y en

consecuencia,  la calidad de Título de Ejecución Tributaria de acuerdo al artículo 108 parágrafo I

numeral 1 del Código Tributario.

 

Con la finalidad de proceder con la ejecución de ta Resolución Determinativa N° Orden 31545027  de

16  de  agosto  de  2007,  el  Ente  Fiscal  emitió  el  Proveído  de  Inicio  de

 

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Justicia trlbutarla para vivir bien

Jan mit’ayir jach’a Xamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae  ..  ..

 

 

 

 

 

Ejecución Tributaria N° 1763/2007 de 26 de septiembre de 2007, señalando que al estar firme y

ejecutoriada  dicho acto  administrativo, anunció  al contribuyente  que  se daría  inicio a su

ejecución al tercer día de su legal notificación con el PIET, a partir del cual se adoptarian las

medidas   coactivas   correspondientes,   actuación   administrativa   que   fue   notificada   al

contribuyente mediante cédula el <3 de oct:uore de 2007, sonfcrm   se aprer.íade fojas 11-14 de

antecedentes administra!i\/OS.

 

Conforme a los antecedentes  seüalaúos,  es pedinente  ccnsiderar  que e! presen!e  caso se

encuentra en ejecución tributaria, precisión que resulta necesaria resaltar y ratificar, toda vez

que el ahora  recurrente  en esta etapa  formuló  oposición  invocando  prescripción  extintiva,

aduciendo  que  la  facultad  de  la  Administración  Tributaria  para  proceder  a  la  ejecución

tributaria,  se  encontraría  fuera  de plazo  al no haber  observado  el  artículo  59 del  Código

Tributario.

 

Hecha  la  precisión  antes  mencionada,   es  pertinente   establecer  que  la  Administración

Tributaria tiene amplias facultades para controlar  investigar,  verificar, comprobar  y fiscalizar

tributos  así como para  determinar  la üeuda  tributaria,  imponer  sanciGnes  administrativas y

ejercer  su  facu!tad  de  ejecuciór  tributaria;  no obstante,  el ejercicio  de esas  facultades

se encuentra  condicionado  a  un  determinado  tiempo,  es  decir,  no  está  sujeto  a  un  plazo

indeterminado: aspecto que corresponde dilL›Cidar.

 

Considera’  do  que  la  problemática  aue  nos  oüupü  esla  ‘vinculado  a  dilucidar  la  posible

extinción Óe la obligación  tributaria  ante la inactividad  del Ente Fiscal, es necesario  indicar

que la prescr!pciún está insii‹r iúa come ur’ modo de liberar al respon*able de una carga u

obligación por el transcurso del tiempo: en ía legislación  tributaria nacional se constituye en un

medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa  de la carga tributaria

por el transcurso del tiempo; asimismo, es pertinente hacer hincapié en este caso que la

prescripción extintiva, constituye una categoría general del Jerecho, cuya finalidad es p°oner fin

a un derecho material, debido a la inactividad de qu!en pudiendo ejercer ese derecho o facultad no

lo hace. En materia  tr‹sutar‹a,  ir  prescripción extintiva  se presenta  cuando la Administración

Tributaria  permanece  inactiva  durante  un determinado  lapso  de  tiempo,  a cuyo plazo y/o

vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar

tributos, determinar  la deuda  tributaria  e imponer  sanciones  administrativas; bajo ese

parámetro, lo que se extingue es el derecho material del !ributo.

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE

 

E siad  o PIurina cionaI de  Boiivia

 

 

Conforme se iene señalado en párrafos precedentes, la Resolución Determinativa firme, se constituye

en Título de Ejecución Tributaria de acuerdo al artículo 108 parágrafo I numeral 1 del Código

Tributario, que dispone: “/. La ejecución tributaria se realizará por la Administracidn Tributaria

con  la  not’rficación   de  los  siguientes  títulos:  1.  Resolución  Determinativa  o

Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen”; precisamente

amparado  en dicho  precepto  normativo,  la  Administración Tributaria  en et presente  caso

dispuso la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, con la finalidad de proceder a

la ejecución de la deuda tributaria determinada  respecto al impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas- IUE del periodo fiscal márzo de 2004.

 

En ese contexto, es necesario puntualizar que el artículo 4 del Decreto Supremo 27874 de 26 de

no\/iembre de 2004, establece expresamente  que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución

Tributaria previstos en el parágrafo I del artículo 108 del Código Tributario, procede: “…al

tercer  dia  siguiente  de  la notificación  con  el  proveído  que  dé  inicio  a  la  ejecución

tributaria”, precepto normati\lo que determina el efecto compulsi\lo y coercitivo al administrado

al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con el citado Proveido de Inicio de

Ejecución  Tributaria,  actuación  que  constituye  intimación  que  emplaza  al  deudor  a

cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto determinadas, lo que implica, que a

partir de la puesta en vigencia del citado Decreto Supremo, las Administraciones Tributarias

cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los citados proveídos de

ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas por el

artículo 110 y siguientes del Código Tributario; lo que pone de manifiesto que  con dicha actuación

(PIET), el Ente Fiscal inicia la fase de cobro.

 

Previo  a  ingresar  a  efectuar  el  análisis  sobre  la  procedencia   o  improcedencia   de  la

prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se debe tomar en cuenta que el ejercicio de

las facultades otorgadas al Ente Fiscal en relación a la ejecución tributaria, se inician con la

notificación  del  Proveído  de  Ejecución  Tributaria,  en  razón  a  que  dicha  actuación

administrativa además de constituirse en una conminatoria al pago de la obligación tributaria, cuya

ejecutabilidad procede  al tercer  día siguiente de la notificación  conforme  dispone  el

artículo 4 del Decreto Supremo 27874, también se constituye en una actuación que produce efectos en

el administrado a partir de la fecha de notificación iniciando de esa manera el curso de la

extinción, en éste caso, de la prescripción, todo ello, en coherencia con el entendimiento asumido

por  la  Autoridad  General  de  Impugnación  Tributaria,  lineamiento  que  está expresado en

diferentes Resoluciones de Recurso Jerárquico, como es el caso de AGIT-

 

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de la Calidad

Ce+tilicado 0º EC.yyo/ta

 

 

 

 

 

RJ 1821/2013 de 30 de septiembre de 2013, entre otras; bajo ese contexto, el cómputo del plazo de

la prescripción de la ejecución tributaria de la deuda, se inicia a partir del momento en que es

puesto a conocimiento el PIET al sujeto pasivo, actuación que además de estar respaldado  en  el

Titulo  de  Ejecución  Tributaria,  comunica  precisamente  el  inicio  de  su facultad de

ejecución, lo que convierte a ese documento acin›inis’rativo en el comienzo de la fase de cobro por

el lapso que la Ley estabiece para el efecto.

 

Bajo  la  aclaración  efectuada  precedentemente  y  toda  vez  que  el  presente           está

relacionado  con la  solicitud  de prescripción  de la  facultad  de cobfc  de la deuda tr!butaria

determinada   contenida   en  el  Proveído  de  Inicio  d+  Ej°cución  TriL’utaria  Proveido  N°

1763/2007 de 26 de septiembre de 2007,  se debe considerar lo previsto en los artículos 59

parágrafo  I  y  60  parágrafo  II  del  Código  Tributario,  en  cuyas  normas  se  dispone  que

prescribirán  a les cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria  para ejercer

dicha  facultad de ejecución, término que se debe iniciar desde e! momento que adquiera la calidad

de Título de Ejecución Tributaria; considerando  aue la determinación corresponde al periodo

fiscal  marzo  de  2004  por  el  impuesto  sobre  las  Utilidades  de  las  Empresas,  la

Resolución  Determinativa  N°  Orden  “J1545027  notificada  el  31  de  agosto  de  2007  y  el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1763/2007 notificado el 23 de octubre de 2007 en

plena vigencia de ta Ley 2492.

 

En ese entendido, en consideración a que la notificacióri a la contribuyente con el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 17G3!2007 de 26 de septiembre de 2007, fue practicada mediante

cédula el 23 de octubre de 2007; de tal manera, a partir del día hábil siguiente de esa fecha se

inició el cómputo de cuatrc (4) años para consolidar la ejecución tributaria; en ese entendido, el

Proveída de Inicio de Ejecución Tributaria hi” 1763/2^uú7 nutificado el 23 de octubre  de  2007,

se  inició  el  24 de octubre  de 2007,  debiendo  sonIsrJir  el  término   de  la prescripción  el

24 de octubre de 2011;  esto  implica,  que la (acultad  del Ente  Fiscal  para proceder al cobro

de la deuda tributaria señalada en la Resolución Determinativa a momento de haber sido invocada  la

prescripciGn  extintiva por la ühora recurrente mediante memorial presentado el 15 de aclosto de

  1. se en.oc•ntraha extinguida por el transcurso  de tiempo conforme  se detallan en °l

sigu!ente cuadro:

 

 

 

 

 

 

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AUTORIDAD BEGIONAL  DE

Iueuaxxci0x TRIBUTARIA

EsI a do P1u r i na cionaI de  Boliv ía

 

 

 

 

 

03  004

IUE

3154d

17632007

23 de o  ub+e óe 2037

24 de luz+e de 2tXI7

4 ados

24 de dobie oe 2011

 

 

Con  relación  a  lo aducido  por  la  Administración Tributaria  respecto  a  que  en  ejecución

tributaria emitió diferentes medidas tendientes al cobro de la obligación tributaria, las cuales

—en su entender- se constituirían en causales de interrupción del curso de la prescripción  y

correspondería iniciar nuevamente el cómputo del plazo; al efecto, es necesario señalar que de la

revisión de antecedentes  administrativos efectivamente  se advierte  la existencia  de distintas

notas por las cuales en ejercicio de sus facultades dispuso medidas destinadas para la ejecución

tributaria; empero, es pertinente señalar que el artículo 61 del Código Tributario, establece como

únicas causales de interrupción del curso de la prescripción, a las siguientes:

  1. a) La notificación al su)eto pasivo  con la ResolucÓn  Determinativa  b) El reconocimiento

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable  o por la

solicitud  de facilidades  de pago;  conforme  se  puede  apreciar,  no  se  encuentra  inmersa

ninguna otra actuación del Ente Fiscal, por ello, las medidas aducidas no tienen eficacia para

interrumpir el curso del plazo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, en ese

entendido, lo aducido por la Administración Tributaria carece de asidero legal, toda vez que la

ejecución debió ser consolidada en el plazo perentorio de cuatro (4) años.

 

Finalmente. en relación al argumento de la Administración Tributaria expuesto en el memorial de

respuesta  al Recurso  de Alzada,  en el sentido  de aplicar las normas  del Código  Civil,

referente al instituto de la prescripción; al respecto, se tiene que el artículo 5 de la Ley 2492,

en su parágrafo II establece que sólo en los casos que exista vacío legal se aplicaran los

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

 

Es menester  señalar  de manera  enfática  que  la supletoriedad  de las normas  sólo  opera cuando

existiendo  una  figura  jurídica  en  un  ordenamiento  legal,  ésta  no  se  encuentra regulada

en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus

particularidades; asimismo, se aplica para integrar una omisión en la Ley o para interpretar sus

disposiciones  en forma que se integre con los principios generales; por ello, la referencia a

leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una Ley acudirá para deducir sus

principios y subsanar sus omisiones.

 

 

 

 

 

La doctrina señala que el mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido

especializados con relación a leyes de contenido general y no viceversa. Para que opere la

supletoriedad  de la Ley,  se deben cumplir  ciertos requisitos  necesarios  para que exista  esta

figura  juridica:  1)  que  el  ordenamiento  que  se  pretenda  suplir  lo  admita expresamente y

señale el estatuto supleiorio; 2) que ei ordenamiento objeto óe suplstGl-iedad prevea  la

institución  jurídica  de que se tra!e; 3) que nO <obslünte  esa previsión, las normas existentes

en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada,

por  carencia  total  o  parcial  de  la  reglamentación  necesaria;  y  4)  que  las disposiciones

o principios con los que se vaya a llenar ía deficiencia  no contrarien de algún modo. las bases

esenciales de’ sistema legal de sustentac,’ón de la i.n•titu>ión suplida. Ante la falta de uno de

estos requisitos,  no puede operar la supletoriedad  de una legislación  en otra.

 

En  el  caso  bajo  análisis,  e›  Cód çn  Tributario  en  el  Títulc  I,  Úapítuio  III,  Sección

VII, Subsección V, refiere a las formas de .x!:’nciún de la obligación tributaria; entre estas

formas de extinción se encuentran correcta  y oportunamente  descritos: el Dago, la compensación,

confus.ón.  condonación,  prescripción e incl  so de .manera  pa1ioular  se menciona  en dicho

ordenamiento  juridiCO  a  ctras  for leas  de  extinción  que  están  más  delimitadas  por  otra

Administración  Tributaria  como  es materia  aduanera’  oomo  el desistimiento, el abandono

expreso o de hecho de las mercancías y la iestrucc ón tntal vo parcial de las mercancías.

 

Con  relacicr’,  al  instituto  jurídico  de  la  prescripción,  se  encuentra  correctamente

detallado referente  al  cómputo,  interrupción  y  suspensión.  es  mias,  existe  incluso  normas

legales emitidas  por  !a  Asamblea  LegislatiVá  P!LiFinacionaI  que  modificaron  artículos  del

Código Tributario. refei ente al cómputo de ía prescrioción, lo que hace de .manera incuestionable

que la materia impositiva sea essectal y de apiicaci4il pr.fer°nte sin que para el!o, sea necesario

en  absoluto  acudir  a  la  supletoriedad  de  preceptos  legales  en  materia  civil  que  por

su naturaleza corresponde al derecho privado !o que distingue diametralmenl° de la materia que nos

ocupa;  contrariamente,  lo  único  que  ocasionaria  de  asentir  con  esta  petición,  sería

contrariar   de   manera   evidente   las   bases   esenciales   del   sistema   legal

tributario; consecuentemente, se desestima por completo el argumento de la s»pIetoriedad

manifestada por la Administración Tributaria

 

Continuando  con el análisis  y en relación a la cita de la Sentencia  47 de 16 de junio de 2016,

el Auto Supremo N” 432 de 25 de julio de 2013, mencionadas por el recurrente en

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AUTORIDAD REGIONAL  DE

 

Esl ado PIur ina cional  de  Bolivia

 

 

el término de prueba, que fueron aceptadas según Proveldo de 22 de noviembre de 2017, en tanto se

cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario; al efecto, corresponde

señalar que son argumentos que no fueron expuestos inicialmente a momento de interponer  el

presente Recurso de Alzada, constituyéndose en elementos recientes que pretenden ser incorporados a

la impugnación, sin haber cumplido lo señalado por los artículos 81 y 217 de la Ley 2492, toda vez

que de la revisión de antecedentes administrativos no se advierte  la  existencia  del  juramento

de  reciente  obtención;  sin  embargo,  esta  Instancia Recursiva  con  la  finalidad  de  no

soslayar  o  eludir  aspectos  importantes  como  es  el pronunciamiento del Tribunal de Garantí6s

Constitucionales del Estado, por la vinculatoriedad que estas representan en el ámbito

estrictamente impositivo, efectuará el siguiente análisis.

 

En referencia a la cita de la Sentencia N° 47 de 16 de junio ambas del año 2016, emanada por el

Tribunal Supremo de Justicia, corresponde  señalar que las decisiones adoptadas por el máximo

Tribunal Supremo de Justicia, obedecen a un ámbito jurisdiccional ordinario,  lo que  implica  que

las  determinaciones  asumidas  rigen  para  las  partes  en  conflicto  que decidieron   someter

su   asunto   al   ámbito   judicial,   debiendo   estas   sujetarse   a   las determinaciones

asumidas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito administrativo, toda

vez que obedeciendo a la libre determinación de las personas de acudir al ámbito del derecho

administrativo, las decisiones asumidas en este ámbito, constriñen al cumplimiento  de las partes

en conflicto,  respecto  a  las decisiones  asumidas  en la esfera administrativa,  lo  que

implica  que  la  libre  decisión  de  la  persona  de  acudir  a  la  vía administrativa, separa

la posibilidad de acudir a otra jurisdicción; en ese sentido, al resolverse algún  asunto  en  el

ámbito  administrativo,  dicha  resolución  no  solamente  que  obliga  al cumplimiento  de las

partes  en conflicto,  sino  que  no puede  abarcar  a  otra  jurisdicción  y competencia, lo

resuelto en al ámbito enteramente administrativo.

 

Bajo la lógica  señalada,  no es permisible  la aplicación  de ciertos  precedentes  del ámbito

judicial al ámbito administrativo, como erróneamente pretende el recurrente a través de la cita de

la Sentencia N° 47 de 16 de junio, emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia por las razones

anotadas   precedentemente,  correspondiendo  en   consecuencia,   descartar   el argumento aducido

sobre este punto.

 

Es oportuno recurrir al entendimiento asumido en la Sentencia  Constitucional 0542/2006-R de 12 de

junio de 2006, de manera expresó señaló lo siguiente: “Al erecto, cabe señalar que el carácter

vinculante de las sentencias y resoluciones  del Tribunal Constitucional,

 

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significa  que  la  doctrina  constitucional  creada,  asi  como  las  sub  reglas  extraídas  de

las normas  implícitas  de la Constitución,  contenidas en las  Sentencias  Constitucionales,

tienen que  ser  aplicadas  obligatoriamente  por  el  resto  de  los  órganos  del  poder

público,  por  lo mismo,  por los  jueces  y tribunales  que  torman  parte  del  poder  judicial,

en la  resolución  de todos los va.scs que prasen’en  supuest•ns  fácticos analogos.  En

c•’›secuen,  ía,  la apIicac,’’ón del principio de vinc‹iIatoriedad de la jurisprudencia

onstitucionai  esta suje!a a la regla de la analogía.   va/e  dec’r  que  los  supues/os°   fá

ticos  de  la  probIem.ática   resuelta  mediante  la sentencia  constitucional en la  que  se

tarea  la  jurisprudencia  sean  nnáIogo•-  a los  supuestos fácticos  de  la  problemática  a

resolverse  mediante  la  sentencia  en  la  que  se  aplicará  la jurisprudencia   o   el

precedente   obligatorio”,   conforme   al   fallo   constitucional   citado,   la vinculatoriedad

está sujeto necesariamente a la existencia de un supuesto fáctico similar, en cuyo caso será

posible aplicar el precedente iurisprudencial.

 

Conforme  a  los  fundamentos  de  hecho  y  derecho  antes  e.opuestos,  se  estabiece  que  la

facultad de ejecución del Ente Fiscal concerniente a la ¢leiJda tributaria inherer:te al Título de

Ejecución Tributaria referido a la Resolt ciún Determinativa Ñ° 3! 545027 de 1C de agosto de 2017,

se er’suenlra prescrita; consecuentemente. corresoonde re”ocar totalmente el Auto N° 251740004151

‘CITE:  SU/GDO&DJCÜ!CC/AUT/00700/2017)  de  13  de  septiembre  de 2017, emitido  por la Gerencia

D.’strital Uiuro del Servicio  do Impuestos  Nacionales  contra Walter Freddy Challapa Quechover.

 

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional lntcrina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

designada mediante Resolución  Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con  las  atribuciones

conferidas  por  el  artículo  140  de  le  Ley  2492,  Título  V  del  Código Tributario

Incorporado por !a Ley 3092 y el artículo 141 del DS  29894;

 

RESUELVE:

PRIMERO:     REVOCAR     TOTALMENTE      e!      Auto     N°     251740004151     (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/CC/AUT/00700/2017)  de  13  de  septiembre  de  2017,  emitido  por  la Gerencia

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales con!ra Walter Freddy Challapa Quechover:

consecuentemente.  se  declara  prescrita  la  facultad  de ejecución  de  la  deuda tributaria

contenida en el Proveido de Inicio de Ejecución Tr;’butaria  h!° 1763/2007 de 26 de septiembre de

2007.

 

 

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AuToniDAD nEGIox4r ac Iueu6xAcló¥ TRIBUTARIA

Estado Plur na clonal de Bof »›a

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo 115 de la

Constitución  Política  del Estado  una  vez que adquiera  la condición  de firme, conforme

establece  el  artículo  199  del  Código  Tributario,  será  de  cumplimiento  obligatorio  para

la adminis1raci6n tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

TERCERO:  Enviar  copia  de  la  presente  Resolución  al  Registro  Público  de  la  Autoridad

General  de  Impugnación  Tributaria,  de  conformidad  al  artículo  140  inciso  c)  del  Código

Tributario y sea con nota de atención.

 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del

Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su

notificación.

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCVD/gr/aw/rmc/rtrrNmrr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sirl<ir+s de Gntion