ARIT-LPZ-RA-1456-2017 Resolución Determinativa anulada por no estar correctamente emitido con detalle de depósitos bancarios, facturas observadas, procedimientos acordes a la realidad económica y verdad material desde la Vista de Cargo

ARIT-LPZ-RA-1456-2017

RESOLUCION DEL RECURSO DE A         A ARIT-LPZ/RA 1456/2017

 

Recurrente:                            Inés Corina Mamani Paredes

 

Administración Recurrida:        Gerencia   Distrital   La  Paz  I  del  Servicio   de

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra

 

Resolución   Determinativa   N°   171720001675 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/319/2017)

 

ARIT-LPZ-1056/2017

 

Lugar y Fecha:                            La Paz, 29 de diciembre de 2017

 

 

VISTOS:

El  Recurso  de  Alzada,  el  Auto  de  Admisión,  la  contestación  de  la  Administración

Tributaria  Recurrida,  el Auto  de  apertura  de plazo  probatorio,  las pruebas  ofrecidas  y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Inforrrie Técnico Jurídico

ARIT-LPZ  N°  1456/2017  de  28  de  diciembre  de

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

 

 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La  Resolución  Determinativa  N° 171720001675  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/319/2017) de  4  de  agosto

de  2017  emitida  por  la  Gerencia  Distrital  La  Paz  I  del  Servicio  de Impuestos

Nacionales  contra  Inés  Corina  Mamani  Paredes  determinó  de  oficio  sobre base cierta las

obligaciones impositivas de la contribuyente Inés Corina Mamani Paredes por  un  total  de  230.000

UFV’s  correspondiente al Impuesto  al  Valor  Agregado  (IVA), Impuesto  a  las  Transacciones

(IT)  e  Impuesto  sobre  las  Utilidades  de  las  Empresas (IUE), monto que incluye tributo

omitido e intereses, más sanción por omisión de pago por  los periodos  fiscales  enero  a

diciembre  2012;  así como  la  multa  de  50 UFV’s  por incumplimiento  a   deberes   formales

establecida   en   el   Acta   por   Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación  N° 17204400026.

 

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamach

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

  1. TRAMlTACIóN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1     Argumentos del Recurrente

Inés  Corina  Mamani  Paredes  mediante  oficio  presentado  el  11  de  octubre  de  2017,

cursante a fojas 40-48 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

 

Los descargos presentados a la Vista de Cargo No.291720000242, no fueron valorados objetivamente

por  la  Administración Tributaria,  por  lo que  en  el presente  Recurso  de Alzada  se  reiteran

algunos  argumentos  para  que  se  pueda  valorar  objetivamente, además refuta la fundamentación

expuesta en la RD impugnada.

 

La  Vista  de  Cargo  no  señala  observación  alguna  respecto  al  crédito  otorgado  por  el

Banco  FIE  SA;  se  basa  en  información  de  las  Declaraciones  Únicas  de  Importación

proporcionadas  por  la  Aduana  Nacional  y  los  depósitos  en  sus  cuentas  bancarias

informadas   por   las  entidades   financieras.   En  la  etapa  de  descargos   no  tuvo  la

oportunidad  de explicar el motivo del préstamo, es decir, no pudo presentar  descargos a  ésta

nueva  observación,  aspecto que  vulnera  su derecho  a la  defensa,  viciando  de nulidad la

Resolución Determinativa.

 

Conforme los artículos 96 y 99 del Código Tributario es obligación  de la administración tributaria

establecer  en la  Vista de Cargo  todos los hechos,  actos,  datos,  elementos  y valoración  de

pruebas  que  se  encuentren  en  su  poder  para  suslentar  los  reparos preliminares  y a

Resolución Determinativa; en consecuencia,  no es admisible que recién en  la  Resolución

Determinativa  se  añadan  aspectos  (información  y/o  valoración  de prueba)  no  contemplados

en  la  Vista  de  Cargo.  La  motivación  de  la  Resolución Determinativa  no puede diferir o ser

incongruente  con la Vista de Cargo, pues al añadir fundamentos  o  valoración  de prueba  no

contemplada  en la  Vista de Cargo  se llega a vulnerar  el  derecho  a  la  defensa  del

contribuyente.  Cita  al  efecto  la  Resolución  de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1364/2014 de 29 de

septiembre de 2014.

 

El contribuyente  tiene entre  sus derechos  el debido proceso,  valoración  de pruebas,  a ser

informado  del  inicio,  conclusión  de  la  fiscalización,  naturaleza   y  alcance  de  la

fiscalización.

 

 

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE

lMPucxacléN TRTBUTARTA

 

 

En relación  a la  supuesta  habitualidad  en la  percepción  de ingresos  advertido  por las

papeletas de depósito y extractos bancarios que a criterio del Ente Fiscal perfeccionaría el hecho

generador del IVA, cita la jurisprudencia contenida en la Sentencia N° 35/2016 de 11 de mayo de

2016,  que establece la imposibilidad de determinar reparos (ingresos no declarados)  contra  un

contribuyente  solo en base  a depósitos  bancarios  y que  los cuales materialicen el hecho

generador del IVA e IT.

 

El método  de determinación  sobre  base  cierta  es totalmente  errado  ya  que  si el ente fiscal

pretendía determinar con certeza que todos los ingresos a la cuenta bancaria eran venta  directa

de materia  prima,  se debe  tener el debido  respaldo;  sin embargo,  no se tiene certeza y por

ende el método de determinación no es el correcto ya que se estaría ingresando a una presunción. El

único sustento para que la AT afirme que hubo ingresos no declarados  son los extractos  bancarios,

posición que se mantuvo desde la emisión de la Vista de Cargo y posteriormente se pretende

complementar este extremo indicando que  también tiene relación la documentación  presentada  por

mi persona  y la obtenida del SIRAT; sin embargo, no basta afirmar que los ingresos no fueron

declarados, máxime los  actos  administrativos  (VC  y  RD)  no  está  expuesto  detalladamente  la

persona que depositó, montos, fechas, etc.

 

 

Los depósitos  que  se tienen en los extractos  bancarios  son  únicamente  para  generar una

presunción mas no certeza, como erradamente califica la administración tributaria; solicita para

ello se tome en cuenta como jurisprudencia las Sentencias Nos. 236/2017 de 18 de abril de 2017 y

186/2016 de 21 de abril de 2016, sin embargo, también se debe considerar las circunstancias por las

cuales se aplica dicho método como bien lo dispone el  artículo 44 de la Ley 2492, debiendo primar

la verdad material ante todo conforme el artículo  4 inciso d) de la Ley 2341 concordante con el

artículo 200 de la Ley 2492.

 

Debido  a  que  no  todos  los  depósitos  corresponden  a  su  actividad  gravada,  como

temerariamente se afirma  en la página 9 de la  Vista de Cargo, el 16 junio de 2017 de manera

oportuna  solicitó al SIN fotocopia simple de todo el detalle de depósitos que se habrían realizado

en sus cuentas bancarias;  sin embargo y a mucha insistencia obtuvo, después  de  tres  meses  y

once  días,  una  respuesta  negativa  mediante  Pro\leído  N° 241720000320  de 4 de agosto  de

2017, el cual fue notificado  el 27 de septiembre  de 2017, conforme la constancia de recepción.

Por consiguiente le Ilama la atención que se

mencione como fecha de notificación el 16 de agosto de 2017 en Secretaría  de la Unidad     ”..  ”

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamach

Mburuvis a tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

Jurídica del Departamento  Jurídico y Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales, aspecto que vulnera el principio de buena fe que debe regir en la

relación jurídica tributaria.

 

De manera  totalmente  arbitraria  y vulneradora  de su derecho al debido proceso  y libre acceso a

las actuaciones y documentos que respaldan los reparos se le negó a conocer; sin  ser  excusa  que

dicha  información  podia  obtenerla  por  mi  parte,  pues  obtener fotocopias  simples  de

documentación  que  respalda  los  reparos  establecidos  en  la fiscalización  es  un derecho  que

tiene  todo  contribuyente; derecho  que no  puede  ser obstaculizado por el capricho de un

servidor público; por lo que corresponde disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo,

esto es hasta la Vista de Cargo.

 

La  Vista  de  Cargo  N°  291720000242  no  tiene  el  detalle  de  las  facturas  de  compras

observadas, tampoco cuenta con Anexos en los que se pueda identificar las facturas que no  se

encuentran  vinculadas  con  mi  actividad  gravada,  pues  el  cuadro  Facturas  de Compras

Observadas   recién   es   puesto   en   la   Resolución   Determinativa   ahora impugnada,  por

lo  que  se  advierte  nuevamente  incumplimiento a  lo  dispuesto  por  el artículo 96 de la Ley

2492, concordante con el artículo 6 inc. h) de la RND 10-0032-16, pues queda demostrado que en la

VC no se cuentan con todos los hechos, actos, datos, elementos  que  sustenten  los  reparos

establecidos.  Señala  que  la  falta  del detalle  de facturas  observadas  vulnera  su derecho  a

la defensa,  pues al no tomar conocimiento cierto de los reparos establecidos  no resulta posible

presentar  descargos  y/o alegatos. En ese entendido  corresponde  anular la VC por falta de

requisitos imprescindibles que pueda  generar  efectos  jurídicos.  Cita  al  efecto  la

Resolución  de Recurso   Jerárquico AGIT- RJ 0725/2015 de 27 de abril de 2015.

 

Respecto  al reclamo  efectuado  sobre la doble determinación  la  AT se limita a señalar que   mi

persona   estaria:   …haciendo   una   interpretación  errónea   y  parcial   de   la

determinación  de ingresos no declarados, sin considerar que se disminuye los ingresos declarados

según  la    propia    contribuyente    como  se    demuestra    en  el  siguiente cuadro. . ., no

obstante  copia  nuevamente  los cuadros  de  Verificación  Libro De  Ventas IVA y Determinación

de Ingresos No Declarados  S/Fiscalización — Debido  Fiscal; por lo  que  al  no  existir

respuesta   al  descargo   presentado.   Se  advierte   nuevamente vulneración de sus   derechos

como contribuyente, pues conforme  establece el artículo 99 de la Ley 2492, concordante con los

incisos j) y k) del artículo 7 de la RND 10-0032-

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16, la Resolución Determinativa debe tener una valoración de las pruebas de descargo, aspecto que

en el presente caso no ocurrió, por lo que corresponde  la nulidad del acto administrativo

impugnado por falta de valoración de descargos.

 

La  administración  tributaria  agravando  su  situación  efectuó  la  sumatoria  de  ingreso según

fiscalización   s/taIonario  de  facturas  y  s/depósitos  bancarios,  duplicando  los ingresos

según  talonarios;  ya  que  sus  transacciones  realizó  mediante  sus  cuentas bancarias,  por

tanto se hallan inmersas en los ingresos según fiscalización  s/depósitos bancarios, lo que

demuestra que se duplicó los ingresos de Bsa81.203 según talonario de   facturas.   El   citado

error   se  repite   en   la   determinación   del   Impuesto   a   las Transacciones  (IT) en el

cuadro  de  la página  11 de la  Vista  de Cargo.  Situación  que también  repercute  en  el

Impuesto  sobre  las  Utilidades  de  las  Empresas  (IUE).  Por consiguiente el adeudo establecido

en la Vista de Cargo, página 14, es incorrecto debido a que adolece de vicio por duplicar importes

en los distintos impuestos.

 

En hipotético  caso de no considerar  los vicios de nulidad  mencionados  anteriormente, señala que

las facultades de la administración tributaria para determinar deuda tributaria por los periodos

fiscales enero a noviembre diciembre 2012 prescribieron. Tomando en cuenta para el cálculo el

término de 4 años establecido en el artículo 59-1 de la Ley 2492 sin  modificaciones  y  la  causal

de  suspensión  del  cómputo  de  prescripción  con notificación   de   la   Orden   de

Verificación,   las   facultades   del  ente   fiscal   para   la determinación  de la deuda

tributaria prescribió el 30 de junio de 2017, habiendo recién notificado con la Resolución

Determinativa el 21 de septiembre de 2017. Razonamiento que  encuentra   sustento  en  la  SCP  N°

1169/2016-5   de  26  de  octubre  de  2016.y Resoluciones Supremas Nos. 39 y 52.

 

Corresponde  la aplicación de las Leyes 291, 317 y 812 que modifican los artículos 59 y 60 de la

Ley 2492 a partir de la promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial del Estado,

aspecto que se halla sustentado en el Auto Supremo 432/2013 de 25 de julio de 2013.

 

Conforme  a  los  fundamentos  expuestos,  solicita  anular  obrados  hasta  el  vicio  más

antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo o alternativamente revocar por prescripción  la Resolución

Determinativa  N° 171720001675  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/319/2017) de 4 de agosto de 2017.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir |ach’a kamani

M ana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñom’ta mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

11.2     Auto de Admisión

El  Recurso  de Alzada  interpuesto  por Inés  corina  Mamani  Paredes  fue admitido  por Auto  de

13  de  octubre  de  2017,  notificado  mediante  cédula  a  la  Administración Tributaria  y de

forma  personal a la parte recurrente,  el 19 de octubre fojas 49-54 de obrados.

 

11.3    Respuesta de la Administración Tributaria

La  Gerencia  Distrital  La  Paz  I  del  Servicio  de  Impuestos  Nacionales,  representada

legalmente    por   Cristina   Eliza   Ortiz   Herrera    conforme    acredita    la   Resolución

Administrativa de Presidencia N° 031700001497 de 30 de octubre de 2017, por memorial presentado  el

3 de noviembre  de 2017, cursante  a fojas  57-63 de obrados,  respondió negativamente expresando

lo siguiente:

 

La serie de actos jurídicos que celebró la Administración Tributaria,  para manifestar  su

pretensión  de  obtener  el  pago  de  la  deuda  tributaria  contenida  en  la  Resolución

Deterf1inativa 171720001675 (SIN/GDLPZ- I/D2CC/T2/RD/319/2017) de 4 de agosto de 2017, se realizó

bajo la égida del respeto a los derechos, reglas, principios  y garantías básicas  fijadas  por  el

orden  juridico  nacional.  En  ese  sentido,  se  actuó  dentro  los parámetros del derecho a la

defensa, a la seguridad jurídica y en el marco de la garantía del debido proceso,

 

En ejercicio de a sus amplias facultades conferidas por el artículo 100 de la Iey 2492, se llevó a

cabo el proceso de verificación del cumplimiento  de las obligaciones  impositivas de la

contribuyente  Inés Corina Mamani respecto del Impuesto  al Valor  Agregado  IVA, Impuesto a las

Transacciones IT y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE, correspondiente a los

periodos fiscales de la gestión 2012.

 

La recurrente  alega sin asidero legal, que la determinación  de la deuda tributaria sobre base

cierta no corresponde,  asimismo señala que no se puede realizar la determinación de la deuda en

base a depósitos bancarios;  al respeto es pertinente dejar en claro que esta Administración

Tributaria realizó una evaluación y valoración de toda la información proporcionada  por la propia

contribuyente así como de la información que se obtuvo del SIRAT II, información  de terceros

(Adunan Nacional de Bolivia) y el sistema financiero, concerniente a las transacciones realizadas

por la contribuyente.

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AUTORIDAD REGIONAL DE

  • MPU6NACTON TRTBUTARTA

 

 

 

 

Se aplicó la base cierta en razón a que se verificó ingresos no declarados por parte de la

contribuyente   los  mismos  que  fueron  determinados   en  base  a  la  información proporcionada

por  la  Autoridad  de  Supervisión  del  Sistema  Financiero,  relativa  a  los extractos

bancarios  y  fotocopias  de  depósitos  realizado  por  terceras  personas  a  las cuentas de la

ahora recurrente,  correspondiente al Pyme Los  Andes  Pro Credit  S.A.  y Banco Fie S.A.

 

De la revisión de la información mencionada se estableció que los depósitos en efectivo están

vinculadas  a operaciones  financieras  de la contribuyente. Sus costos e ingresos mensuales

cotejado con los depósitos mensuales reportados en los periodos fiscafizados son similares,  por lo

tanto son pruebas fehacientes  de los ingresos depositados  en las cuentas bancarias de Inés

Mamani, por lo que se efectuó el relevamiento  de las boletas de  depósitos

evidenciándose  que  fueron  realizados   por  clientes  de  la contribuyente por la adquisición de

mercadería que comercializa.

 

Dentro el proceso de determinación  de la deuda tributaria se constató la realización del hecho

material cuantificado, siendo los elementos de prueba las papeletas de depósitos y   los

extractos   bancarios   proporcionados,  evidenciándose  la   Habitualidad   en  la percepción  de

ingresos  por  comercialización de  compra  de  mercadería  y  material  de zapatos  con  fines  de

lucro  y  la  frecuencia  con  que  se  realizan  las  operaciones  de depósitos,  reforzando

dicho  aspecto  con la  información  proporcionada  por  la  Aduana Nacional respecto a las pólizas

de importación definitivas realizadas por la contribuyente de  productos  relacionadas  con  la

actividad  comercial  (venta  zapatos  y  productos  de zapatería)  claramente detallados en la

Resolución Determínativa  N 319/2017 objeto de la presente impugnación,  asumiendo que todo lo que

compro lo vendió en los periodos fiscalizados,  que a  su vez se refuerza  con la declaración  de

la propia  recurrente   que señala: “el detalle de los depósitos me permitirá discriminar que

depósitos corresponden a su actividad” declaración que debe ser asimilada como Confesión

Espontánea, porque fueron prestadas  voluntariamente, con la intención manifiesta  de reconocer

cuestiones de  hecho  y  que  respaldan  la  correcta  determinación  de  la  deuda  tributaria,

siendo aplicable  el  aforismo  “A  confesión  de  parte  relevo  de  pruebas”,  en  ese  marco  se

determinó que por la venta de mercadería percibió dinero mediante depósitos

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

La  recurrente  denuncia   no  tener  conocimiento  de  las  facturas  observadas   por  la

Administración Tributaria,  al respecto es pertinente  hacer notar  que en la fiscalización llevada

a cabo se evidencio que las facturas declaradas en los periodos fiscalizados  no se  encuentran

vinculadas  con  la  actividad  gravada  de  la  contribuyente,  asimismo  la citada contribuyente

no presentó todas las notas originales,  incumpliendo  el artículo 41 de la RND 10-0016-07. El

detalle de observaciones fue puesta a su conocimiento desde el  inicio  de  la  revisión  no

habiendo  desvirtuado  mediante  pruebas  objetivas,  en  ese sentido no existió ni existe el más

minimo  indicio de indefensión.

 

Queda demostrado que se efectuó la depuración de facturas de compras por ser de otra gestión,  con

otro  Número  de  Identificación  Tributaria,  no  vinculada  con la  actividad  y porque no fueron

presentadas en original, no se encuentran dosificadas según el módulo GAUSS  y  debido  a  que

carecen  de  respaldo  que  demuestre  la  vinculación  con  la actividad de la contribuyente.

 

Del  incorrecto   argumento   de  la  doble  determinación,  la  contribuyente   realiza  una

interpretación errónea  y parcial de la determinación  de los ingresos  no declarados,  sin

considerar  que disminuyen  los ingresos declarados  segÚn la propia contribuyente. Los ingresos no

declarados según fiscalización  ascienden a Bs1.228.728 pero a esta suma se  restaron  los

ingresos  según  contribuyente  de  Bs81.108,   siendo  el  importe  no declarado Bs1.147.620.

 

La recurrente realiza la incorrecta solicitud de nulidad de las actuaciones administrativas sin

fundamento  legal. Esta  Administración Tributaria  dentro el proceso de fiscalización actúo en

estricto apego a la normativa tributaria, en ese sentido la falta de valoración de la prueba

presentada que in\loca la recurrente está totalmente alejado  de la verdad  ya que de la revisión

de antecedentes  administrativos claramente se puede constatar que en todo momento esta

Administración valoró objetivamente  toda la documentación  con la que contaba.

 

De la revisión a los antecedentes administrativos se puede evidenciar que el SIN, realizó un

trabajo acorde a los lineamientos  legales establecidos,  recayendo  la carga de la prueba en la

ahora recurrente y no así en la Administración Tributaria. La contribuyente

señala haber presentado documentación que no fue valorada, hecho totalmente alejado    ”..  ‘

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de ía Calidad     ”- Cenif+cado 0°EC-27fi14

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL  DE

IxPusNacléx TRIBUTABI4

 

 

de la verdad. La contribuyente no respaldó contablemente sus pretensiones, dando Iugar a   la

determinación    de   la   deuda   correctamente   establecida   en   la   Resolución Determinativa

impugnada,  por  otra  parte  se  debe  tener  presente  que el hecho  de  no aceptar cono valida

toda la documentación de descargo presentada por la contribuyente no quiere decir que los mismos no

fueron \/aIoFados.

 

Respecto a que en la Resolución Determinativa  supuestamente  se añadieron  aspectos nuevos  que

no  contempla  la  Vista  de  Cargo,  aclara  que  jamás  se  introdujo  nuevos argumentos  ni

mucho  menos,  que  fueran  incongruentes  ya  que  la  deuda  tributaria preliminarmente

establecida  en la  Vista de Cargo,  fue consolidada  y/o ratificada  si se quiere  entender  de

esa manera, en la Resolución  Determinativa  objeto de la presente impugnación,  en  ese  marco

debe  quedar  claro  que  las  actuaciones  tributarias  se encuentran  debidamente fundamentadas,

no existiendo al efecto vulneración  al debido proceso o derecho a la defensa como afirma el sujeto

pasivo.

 

En  resumen  se  debe  tener  presente  que  la  Resolución  Determinativa   objeto  de impugnación

tiene el origen,  conceptos, monto  y accesorios,  valoraciones  procedentes de la declaración

del sujeto pasivo o tercero responsable,  de los elementos de prueba en poder  de la

Administración Tributaria  o de los resultados  de las   actuaciones  de la verificación

fiscalización  e  investigación,  tal cual  establece  el artículo  99  de la  Ley  2492,  los

aspectos de hecho y derecho que desvirtúan en su integridad el argumento de la recurrente. La

Resolución  Determinativa   señala  con  claridad  lo  acontecido  en  el  proceso  de

fiscalización, los motivos por los que se determinó  la deuda  tributaria,  demostrándose que no

existe  vicios de nulidad no habiéndose  vulnerado lo dispuesto  en el artículo 99 de la Ley N 2492

 

Respecto al  Proveido N° 241720000320 emitido en respuesta a la solicitud de fotocopias y

notificado en Secretaría el 16 de agosto de 2017, 26se debe mencionar que debido a que el proveido

de respuesta a la solicitud de fotocopias es un acto de mero trámite, que no   impone   sanciones,

o   decreta   apertura   de   términos,   no                   cuantías, correspondía  ser

notificado en Secretaría de conformidad al articulo 90 del a Ley 2492. En  ese               es

obligación  del  contribuyente  concurrir  cada  media  semana  a  la Administración  Tributaria

a  objeto  de  conocer  la  respuesta   de  interés  netamente personal.

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

 

De la improcedente solicitud de prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria

respecto a I IVA, IT e IUE, es necesario citar que la normativa aplicable al caso es el artículo 59

de la Iey 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de

2012 y posteriormente por la Disposición Adicional Décima Segunda  y la  Disposición  Derogatoria

y  Abrogatoria  Primera  de la  Ley  317  de 11  de diciembre  de  2012.  Normativa  que  fija  que

en  la  gestión  2017  el  cómputo  para  la prescripción es de 9 años; no existiendo inacción por

parte del ente fiscal, razón por la que  no  se  operó  la  prescripción.   Además  la  resolución

Determinativa   impugnada notificada  el  21  de  septiembre  de  2017  interrumpió  la

prescripción  de  la  facultad  de determinación, debiendo iniciarse nuevamente  dicho término, lo

que demuestra  que de ninguna manera operó la prescripción.

 

Se debe considerar  también que la notificación  con la Orden de Fiscalización  es una causal de

suspensión del término de prescripción,  esto en aplicación de los artículos 8, parágrafo  III  y

61,  parágrafo  I  de  la  Ley  2492;  por  lo  que  solicita  desestimar  la prescripción

pretendida por la contribuyente.

 

La recurrente  hace alusión a la Resolución  de Recurso Jerárquico  AGIT-RJ 1364/2014 de 29 de

septiembre de 2014, misma que no guarda relación con el presente  caso, en razón  a  que  I

contribuyente  no  demostró  que  la  Resolución  Determinativa   no  es congruente con la Vista de

Cargo.

 

En  cumplimiento  de  los  artículos  198  inciso  e)  y  211  del  Código  Tributario  solicita

pronunciamiento únicamente de los argumentos planteados  en el Recurso de Alzada  y no sobre puntos

no impugnados esto en respeto al principio de congruencia, lo contrario vulneraría el derecho a la

defensa de la Administración Tributaria.

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171720001675

(SIN/GDLP-IZ/DJCC/TJ/RD/319/2017) de 4 de agosto de 2017.

 

II.4    Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 6 de noviembre  de 2017, se aperturó  el término de prueba  de veinte

(20) dias comunes y perentorios a ambas partes en aplicación  del inciso d) del artículo

218  del  Código  Tributario,  actuación  notificada  por  Secretaría  al  recurrente  y  a  la

Pógina  10 de 24         s«m  a  c«iie

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA

 

 

Administración Tributaria el 8 noviembre  de 2017, período  dentro del cual, Inés Corina Mamani

Paredes, por oficio de 24 de noviembre de 2017, ofreció en calidad de prueba la  Resolución

Determinativa  impugnada  con  la  diligencia  original  de  notificación,  el Proveído N°

241720000320  de 4 de agosto de 2017 y la nota de solicitud de fotocopias de 16  de junio  de

2016,  presentadas  junto  al Recurso  de  Alzada;  solicitado  al efecto señalamiento  de dia  y

hora para el juramento  de reciente  obtención;  audiencia  que se Ilevó a cabo en la fecha y hora

fijada por proveído de 29 de noviembre 2017, conforme se tiene del Acta de Juramento de Reciente

Obtención, fojas 64, 66-67 y 75 de obrados.

 

La Administración Tributaria  mediante memorial de 28 de noviembre de 2017;   ofreció, propuso,

reprodujo y ratificó las pruebas aportadas a momento de responder el Recurso de Alzada, consistente

en los antecedentes administrativos en 7 cuerpos con 1293 fojas en total; por Proveído de 29 de

noviembre de 2017 se declaró por ofrecida y ratificada la prueba fojas 70-71 de obrados.

 

II.5    Alegatos

Por nota presentada el 15 de diciembre de 2017, Inés Corina Mamani Paredes formuló alegatos

sintetizando  los puntos que a criterio  suyo  agravian  sus intereses,  al efecto, efectuó

observaciones al memorial de respuesta de la Administración Tributaria referido a  la

documentación  fidedigna  obtenida  de  terceros  informantes,  depuración  de  notas fiscales,

falta de valoración de la prueba, notificación del proveido en secretaría, instituto de la

prescripción y la jurisprudencia de la de las fuentes de derecho tributario; asimismo se  refirió

a  la  determinación  sobre  la  base  presunta  y  base  cierta,    los  descargos presentados en

fotocopia simple.

 

Por otra parte se refirió al tempus comicci delicti e irretroactividad de la Ley, mencionando al

efecto  la  SCP  N°  1169/2016-S3  de  26  de  octubre  de  2016,  concluyendo  que  las Sentencias

Constitucionales son fuentes de derecho  tributario; al respecto,  se emitió el Proveído de 19 de

diciembre de 2017 que dispuso se tenga por formulado los alegatos; fojas 76-81 de obrados.

 

La Administración Tributaria no presentó alegatos en conclusiones,  conforme establece el articulo

210 parágrafo II de la Ley 2492.

 

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

 

III.     ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales,  el 30 de diciembre de 2016,

notificó  de forma  personal  a Inés  Corina  Mamani  Pacheco  con la Orden  de Fiscalización N°

15990100098,  formulario 7504 con alcance a la verificación total de los hechos y elementos

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las  Transacciones  (IT) e

impuesto  sobre  las Utilidades  de las Empresas  (IUE)   de los periodos  fiscales  enero,

febrero,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  julio,  agosto,  septiembre octubre,   noviembre,

diciembre   2012;  requiriendo   al  efecto  la  presentación   de  la documentación  detallada en

el F-4003 Requerimiento N° 00135309 de 28 de diciembre de 2016, fojas 4-8 de antecedentes

administrativos.

 

Inés Corina  Mamani  Pacheco,  por nota de 6 de enero de 2017, solicitó  ampliación  de plazo para

la presentación de la documentación requerida mediante F-4003 N° 135309. Al efecto la

Administración Tributaria  emitió  el  Auto N° 251720000004  de  9  enero  de 2017  otorgando  el

plazo  adicional  de  5 días  hábiles,  computables  a partir  de la  legal notificación con el

presente Auto; fojas 11-114 de antecedentes administrativos.

 

El 26 de mayo de 2017 se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias  Vinculadas al

Procedimiento de Determinación  N° 17204400026  por emisión de 77 facturas fuera del límite de

emisión en dosificaciones por cantidad; acta que aplicó la multa de 50 UFV’s según sub numeral  7.4

del Anexo  Consolidado  A) de la RND 10-0033-16,  fojas 1109- 1110 de indecentes administrativos.

 

Resultado del proceso de \/erificación el 26 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió

la  Vista  de  Cargo  N°  291720000242   contra  Inés  Corina  Mamani  Pacheco, estableciendo

preliminarmente el tributo omitido  de Bs338.961 por   IVA, IT e IUE más actualización, intereses y

sanción preliminar de omisión de pago por los periodos fiscales enero a diciembre 2012; así como la

multa de 50 UFV’s por incumplimiento de deberes formales  establecidas  en  el  Actas  de

Contravención  Vinculadas  al  Procedimiento  de Determinación  N° 17204400026.  Actuación

notificada de forma personal el 29 de mayo de 2017, fojas 1132-1148  y 1151 de antecedentes

administrativos.

 

 

 

 

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AUTORIDAD BEGTONAL DE

IuPuaxaciéx TRi8uTaRix

 

 

Inés  Corina  Mamani  Pacheco,  por  nota  de  16  de  junio  de  2017,  solicitó  fotocopias

simples   de  los  extractos   bancarios,   sobre   los  cuales   se  estableció   ingresos   no

declarados.  La  Administración  Tributaria  en  respuesta  a  la  mencionada  solicitud  de

fotocopias emitió el Proveído N° 241720000320 de 4 de agosto de 2017, señalando que en razón a que

la contribuyente es titular de las cuentas de Caja de Ahorro del Banco FIE y Pyme Los Andes

ProCredit SA puede acceder a dicha documentación  acudiendo a dichas entidades financieras, fojas

1157 y 1159 de antecedentes administrativos.

 

La contribuyente por nota de 28 de junio de 2017, formuló argumentos de descargo a la Vista de

Cargo, señalando que corresponde la nulidad de la Vista de Cargo debido a que no procede considerar

los depósitos bancarios como ingresos directos; asimismo, dicho acto preliminar no detalla las

facturas depuradas por falta de vinculación con la actividad gravada,  señala  también que  existe

una doble  determinación  de ingresos;  aclara  que diferentes  oportunidades  se  agruparon

varías  personas  a  objeto  de  comprar  materia prima  en  forma                  y  entregando

el  material  adquirido  a  las                   que efectuaron  los depósitos,  esto con el fin

de beneficiarse  con precios  más  bajos;  fojas 1161-1169 de antecedentes administrativos.

 

La Gerencia  Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos  Nacionales, el 4 de agosto de 2017,

emitió    la    Resolución    Determinativa     N°    171720001675     (SIN/GDLPZ-

I/DJCC/TJ/RD/319/2017)  contra  Inés  Corina  Mamani  Pacheco,  estableciendo  sobre base cierta el

tributo omitido de 188.743 UFV’s por IVA, IT por los periodos fiscales enero a diciembre 2012 e IUE

de la gestión fiscal 2012, más intereses y sanción por omisión de pago, y la multa de 50 UFV’s por

incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 17204400026; actuación notificada de forma personal

a Inés Corina Mamani Pacheco el 21 de septiembre de 2017; fojas 1218-1253  y 1256 de antecedentes

administrativos.

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del

Código Tributario,  revisados  los antecedentes  administratl\/OS, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio

como las actuaciones realizadas en esta instancia Recursiva  y en  consideración  al Informe

Técnico  Jurídico  emitido  de  conformidad  al  articulo  211,

parágrafo III de la Ley 3092.

–   • •   ‘

Página 13 de 24        sus   a* wa

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamach

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

 

La  Autoridad  Regional  de Impugnación  Tributaria  La  Paz,  se  abocará  únicamente  al análisis

de los agravios manifestados por Inés Corina Mamani Pacheco la posición final se sustentará  acorde

a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar  a otros

aspectos que no fueron objeto de impugnación  o que no se hubieran solicitado durante su

tramitación ante esta Instancia Recursiva.

 

De inicio se hace necesario puntualizar, que la recurrente en el petitorio de su Recurso de

Alzada,  alternativamente solicitó  anulación  o la  revocatoria  por  prescripción  de  la

Resolución impugnada; en ese entendido, es obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos

formulados con la finalidad de establecer la existencia o inexistencia de vicios procedimentales en

la  tramitación  del presente  caso  y que estos además estén sancionados  con la nulidad de

obrados; posteriormente, de ser el caso se ingresará  al análisis  de  fondo  o  sustancial  del

presente  Recurso  de  Alzada,  en  relación  a  los argumentos planteados.

 

IV.1     VICIOS DE NULIDAD

Inés Corina Mamani Pacheco en su Recurso de Alzada señala que la Vista de Cargo no señala

observación alguna respecto al crédito otorgado por el Banco FIE SA; se basa en las Declaraciones

Únicas de Importación  proporcionadas por la Aduana Nacional  y los depósitos  en  sus  cuentas

bancarias  informadas  por  las  entidades  financieras.  En  la etapa de descargos no tuvo la

oportunidad de explicar el motivo del préstamo, aspecto que vulnera su derecho a la defensa,

viciando de nulidad la Resolución Determinativa.

 

Indica  que  no  es  admisible  que  recién  en  la  Resolución  Determinativa  se  añadan aspectos

(información y/o valoración de prueba) no contemplados en la Vista de Cargo. La motivación de la

Resolución Determinativa  no puede diferir o ser incongruente con la Vista de Cargo. Cita al efecto

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1364/2014 de 29 de septiembre de 2014

 

El método de determinación sobre base cierta es totalmente errado, ya que para afirmar con certeza

que todos los ingresos  a la cuenta bancaria  eran venta directa de materia

prima, se debe tener el debido respaldo; sin embargo, no se tiene certeza y por ende se    ”..  ’

Página 14 de 24         snettu d  Gw ian             ”

de la Calidad        •

Certif+rado K°EC-27w1z

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL  DE

IuPueNAció¥  TRIBUTARIA

 

 

estaria ingresando  a una presunción, máxime cuando en los actos admi0iStfatlVOS (VC y RD) no está

expuesto detalladamente la persona que depositó, montos, fechas, etc.

 

Los depósitos detallados en los extractos bancarios generan una presunción no certeza, como

erradamente  califica  la administración tributaria;  también  se debe considerar  las

circunstancias por las cuales se aplica dicho método debiendo primar la verdad material ante todo

conforme el artículo  4 inciso d) de la Ley 2341 concordante con el artículo 200 de la Ley 2492.

 

De manera  totalmente  arbitraria  y vulneradora  de su derecho al debido proceso y libre acceso a

las actuaciones y documentos que respaldan los reparos se le negó a conocer; sin  ser  excusa  que

dicha  información  podía  obtenerla  por  mi  parte,  pues  obtener fotocopias  simples  de

documentación  que  respalda  los  reparos  establecidos  en  la fiscalización  es  un  derecho

que  tiene  todo  contribuyente; derecho  que  no  puede  ser obstaculizado por el capricho de un

servidor público; por lo que corresponde disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo,

esto es hasta la Vista de Cargo.

 

La  Vista  de Cargo  N°  291720000242  no  tiene  el  detalle  de  las  facturas  de  compras

observadas, tampoco cuenta con Anexos en los que se pueda identificar las facturas que no  se

encuentran  vinculadas  con mi  actividad  gravada,  pues  el  cuadro  Facturas  De Compras

Observadas   recién   es   puesto   en   la   Resolución   Determinativa   ahora impugnada,  por

lo  que  se  advierte  nuevamente  incumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el artículo 96 de la Ley

2492, concordante con el artículo 6 inc. h) de la RND 10-0032-16. La falta del detalle de facturas

observadas vulnera su derecho a la defensa, pues no tuvo conocimiento cierto de los reparos

establecidos para presentar descargos y/o alegatos.

 

El  ente  fiscal  al  respecto  señala  que  realizó  una  evaluación  y  valoración  de  toda  la

información proporcionada por la propia contribuyente así como de la obtenida del SIRAT II,

información   de  terceros  (Adunan  Nacional  de  Bolivia)   y  el  sistema   financiero,

concerniente  a las transacciones  realizadas  por la contribuyente. Señala  que se aplicó la base

cierta en razón a que se verificó ingresos no declarados, los mismos que fueron determinados en

base a la información proporcionada por el Sistema Financiero, relativa a los extractos bancarios y

fotocopias de depósitos realizado por terceras personas a las cuentas de la ahora recurrente,

correspondiente al Pyme Los  Andes  Pro Credit  S.A. y

Banco Fie S.A.

.’„   ’

 

Página 15 de 24         sa‹m o wa

 

 

Justicia tributaria para vivir bien J an mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamach

Mburuvisa tendodegua mbaetf oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

 

Se estableció que los depósitos en efectivo están vinculadas a operaciones  financieras de  la

contribuyente.  Sus  costos  e  ingresos  mensuales  cotejado  con  los  depósitos mensuales

reportados  en  los  periodos  fiscalizados   son  similares,  por  lo  tanto  son pruebas

fehacientes  de  los  ingresos  depositados  en  las  cuentas  bancarias  de  Inés Mamani,   ya

que   los   depósitos   bancarios   fueron   realizados   por   clientes   de   la contribuyente

por la adquisición de mercadería que comercializa.

 

Dentro el proceso de determinación de la deuda tributaria se constató la realización del hecho

material cuantificado, siendo los elementos de prueba las papeletas de depósitos y  los   extractos

bancarios   proporcionados;  evidenciándose  la   Habitualidad   en  la percepción  de ingresos

por  comercialización  de  compra  de  mercadería  y  material  de zapatos  con  fines  de  lucro

y  la  frecuencia  con  que  se  realizan  las  operaciones  de depósitos,  reforzando  dicho

aspecto  con la  información  proporcionada  por  la  Aduana Nacional respecto a las pólizas de

importación definitivas realizadas por la contribuyente de  productos  relacionados  con  la

actividad  comercial  (\/enta  zapatos  y  productos  de zapatería) claramente detallados en la

Resolución Determinativa  N 319/2017 objeto de la presente impugnación,  asumiendo que todo lo que

compro lo vendió en los periodos fiscalizados,  que a  su vez se refuerza  con la declaración  de

la propia recurrente   que señala: “el detalle de los depósitos me permitirá discriminar que

depósitos corresponden a su actividad” declaración que debe ser asimilada como Confesión

Espontánea, porque fueron prestadas  voluntariamente, con la intención manifiesta  de reconocer

cuestiones de hecho y que respaldan la correcta determinación  de la deuda tributaria.

 

En  la  fiscalización  llevada  a  cabo  se  evidencio  que  las  facturas  declaradas  en  los

periodos   fiscalizados   no  se  encuentran  vinculadas  con  la  actividad  gravada  de  la

contribuyente; asimismo, la citada contribuyente no presentó todas las notas originales,

incumpliendo  el  artículo  41  de  la  RND  10-0016-07.  El  detalle  de  observaciones  fue

puesta a su conocimiento desde el inicio de la revisión no habiendo desvirtuado mediante pruebas

objetivas,   en  ese  sentido  no  existió  ni  existe  el  más  minimo  indicio  de indefensión.

 

Queda demostrado que se efectuó la depuración de facturas de compras por ser de otra gestión,  con

otro  Número  de  Identificación  Tributaria,  no  vinculada  con la  actividad  y

porque no fueron presentadas en original, no se encuentran dosificadas según el módulo     *•    ’

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD BE6I0NáL DE

 

E s t a d o  PI u rin acI onaI  de  BoI i v i a

 

 

GAUSS  y  debido  a  que  carecen  de  respaldo  que  demuestre  la  vinculación  con  la actividad

de la contribuyente.

 

Del  incorrecto  argumento  de  la  doble  determinación,  la  contribuyente  realiza  una

interpretación errónea y parcial de la determinación  de los ingresos no declarados,  sin

considerar  que disminuyen  los ingresos declarados según la propia  contribuyente. Los ingresos no

declarados según fiscalización  ascienden a Bs1.228.728 pero a esta suma se  restaron  los

ingresos   según  contribuyente   de  Bs81.108,  siendo  el  importe  no declarado Bs1.147.620.

 

La falta de valoración de la prueba presentada que invoca la recurrente está totalmente alejado de

la verdad ya que de la revisión de antecedentes administrativos claramente se puede constatar que

en todo momento esta Administración valoró objetivamente toda la  documentación  con  la  que

contaba.  El  hecho  de  no  aceptar  cono  valido  toda  la documentación  de  descargo

presentada  por  la contribuyente  no quiere  decir  que  los mismos no fueron valorados: al

respecto corresponde el siguiente análisis:

 

Los parágrafos I y III del artículo 96  del mismo cuerpo legal, disponen:

  1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo   o

tercero  responsable,   de  los  elementos   de  prueba   en  poder   de  la Administración

Tributaria   o  de  los  resultados   de  las  actuaciones   de  control, verificación,

fiscalización  e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible,  sobre base cierta o sobre

base presunta,  según corresponda,  y contendrá  la liquidación previa del tributo adeudado.

III.  La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará

de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención,  según corresponda.

 

El primer párrafo del artículo 98 de la Ley 2492 señala que, una vez notificada la Vista de  Cargo,

el   sujeto   pasivo   o  tercero   responsable   tiene   un   plazo   perentorio   e

improrrogable  de treinta (30) días para formular  y presentar  los descargos  que estime

convenientes.

 

 

 

 

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El parágrafo  I del artículo  100  de  la  Ley  2492  indica  establece  que  la Administración

Tributaria   dispondrá   indistintamente  de  amplias  facultades  de  control,  verificación,

fiscalización e investigación.

 

El artículo 18 del DS 27310 estipula  que la Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá

consignar  los siguientes requisitos esenciales:

  1. a) Número de la Vista de Cargo.
  2. b)
  3. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo.
  4. d) Número de registro tributario, cuando corresponda.
  5. e) Indicación del tributo (s) y cuando corresponda, período (s) fiscal (es).
  6. f) Liquidación previa de la deuda tributaria.
  7. g) Acto u  omisión  que  se atribuye  al presunto  autor,  así  como  la calificación  de  la

sanción   en  el  caso  de  las  contravenciones  tributarias   y  reguerimiento   a  la

presentación  de  descargos,  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  el  parágrafo  1  del articulo

98 de la Ley 2492.

  1. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

 

 

Corresponde  hacer hincapié que los requisitos establecidos  para la Vista de Cargo que fundamenta

la   Resolución   Determinativa,   aseguran   que   el   sujeto   pasivo   tome conocimiento

exacto e indubitable  de las pretensiones de la Administración Tributaria  a efectos de que éste en

el término probatorio presente los descargos a la administración tributaria  en  ejercicio  de  su

derecho  a  la  defensa  garantizado  por  el  artículo  119, parágrafo II de la nueva Constitución

Política del Estado y artículo 98 de la Ley 2492.

 

Bajo  el  argumento  expuesto,  cabe  señalar  que  todos  los  actos  de  la  Administración

Tributaria  se encuentran regulados  por disposiciones legales  vigentes,  que establecen los

requisitos, condiciones  y formalidades  que se deben cumplir. En ese sentido,  tanto la Ley 2492 y

la Ley 2341 como sus Reglamentos  establecen  los requisitos  esenciales que deben contener los

actos administrativos, cuya inobservancia  da Iugar a la nulidad, garantizando  así el debido

proceso y el derecho a la defensa.

 

 

 

 

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AUTORIDAD BE6IONAL DE

Iurus64cié6 Tnlatrr4nla

E s t ado PIurin ar iona I  de  BcI i v’a

 

 

 

 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, se tiene que toda autoridad

administrativa  tiene  sus  competencias  definidas  dentro  del ordenamiento  jurídico  y debe

ejercer  sus funciones  con sujeción  al principio  de  legalidad  a  fin de que  los derechos  e

intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales

actuaciones  abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos  constitucionales, legales o

reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a

controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa.

 

En ese marco, el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y

equitativo dentro de un proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus

pretensiones frente al juzgador. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de

garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección  del

individuo  incurso  en una actuación   administrativa, para que durante  su trámite se respeten sus

derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que resultado de la revisión

iniciada  con la Orden  de Fiscalización  N° 15990100098,  se  emitió  la  Vista  de Cargo  N°

291720000242 de 26 de mayo de 2017, que establece una obligación tributaria preliminar de Bs338.961

por el IVA, IT de los periodos fiscales enero a diciembre 2012 e IUE por la gestión fiscal 2012,

más actualización, intereses y sanción por omisión de pago.

 

De la revisión de la Vista de Cargo se advierte que refiere que en uso de las facultades otorgadas

por   Ley   determinó   preliminarmente   las   obligaciones   tributarias   de   la contribuyente

Inés  Corina  Mamani  Pacheco,  relativas  al Impuesto  al  Valor  Agregado (IVA),  Impuesto  a

las  Transacciones   (IT)  e  Impuesto  sobre  las  Utilidades  de  las Empresas  (IUR)  por  los

periodos  fiscales  enero  a  diciembre  2012  sobre  base  cierta; considerando  la  información

proporcionada  por  la  Aduana  Nacional  relatiV6l  a  las Declaraciones Únicas de importación

(DUl’s) e información de las entidades del sistema financiero,  referente  a los extractos

bancarios del Banco Pyme Los Andes Procredit  y Banco FIE SA.

 

 

 

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En relación a la determinación de reparos por el IVA sobre base cierta de Bs160.551, en sus páginas

8 al 10, señala que surgen por dos conceptos: 1) de la depuración del crédito fiscal  de  facturas

de  compras   no   vinculadas   y  sin  respaldo   original   y  2)  de  la determinación  de

ingresos percibidos y no declarados  que se originan por: ingresos no declarados  según  talonario

de  facturas,  por  venta  de  productos  importados,  ingresos percibidos por depósitos por venta

de materia prima y productos terminados (calzados), sustentado por el artículo 17 de la Ley 2492;

artículos 4 inciso a), 5, 7, 12 y 15 de la Ley

843; 4. 7, 12  del DS 21530  y artículo  2 de la RND 10-0043-05,  conforme  el siguiente cuadro:

DETERMINACION DE REPAROS IMPUESTO  AL VALOR AGREGADO IVA – BASE CIERTA   ENE+tO  A DCC IEMBRE DE LA

GESTION 2012

(importes expresados en Bolivia nos)

 

 

 

 

 

 

 

 

n   y o-20 t 2

 

urtto-2 0 t 2

 

s uze

 

 

 

 

 

Fuente: Vista de Cargo. página 6

 

 

En cuanto a los reparos por el IT de Bs34.427, la Vista de Cargo en su página 11 indica que surge

de los ingresos no declarados por venta de productos importados  e ingresos percibidos por

depósitos, en sujeción a lo establecido en los artículos 72, 732, 74, 75, y 77 de la Ley 843, 2 y 7

del DS 21532, como se detalla a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 20 de 24

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD RE6IONA£ DE l¥PU6kACtÓk TRIBUTARIA

 

DEYE  RMINACT OK   DE  RE PAROS   PARA  EL  IMPUESTO  A  LAS  T          SACCO ORES  T.T.  BASE

CtERTA

enero a Dic as  ore  ón  ía ¢sesoón  zo ¥ z T zrripoWs expresa’  os en  Boliviar+os}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ue.eso

 

 

 

 

Fuente: isla de Cargo

 

  1. ses

 

La  determinación  del  reparo  por  el  IUE  de  Bs143.982  se  halla  expuesto  en  el  cuadro

“Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas” de la página 12 del citado acto

preliminar, en el que se advierte diferencias en las distintas cuentas que conforman el Estado de

Resultados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • gER

Ahora  bien,  en relación  al argumento  de la  recurrente  que  no  se  detalló  las  facturas

observadas  por falta de vinculación y otros conceptos, así como no contiene el detalle de los

depósitos individuales que fueron considerados ingresos no declarados, situación que derivó en la

vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa; al respecto, se tiene que  de la lectura

de la Vista de Cargo se puede advertir, que si bien refiere a los conceptos de la depuración del

crédito fiscal de facturas de compras (no vinculación y no presentación  de la  factura  original)

y la base  imponible  mensual,  no  contiene  el detalle pormenorizado (fecha, N° factura, importe)

de las facturas observadas: situación similar se da en los depósitos bancarios,  ya que no registra

e! detalle de los depósitos que fueron considerados ingresos no declarados (fecha, importe,

depositante), situación que vulnera el artículo 96 de la Ley 2492 y causa indefensión a la

recurrente, debido a que no existe especificación sobre el origen de los reparos hecho que

imposibilita asumir la adecuada defensa.

 

Adicionalmente se evidencia  que la Vista  de Cargo indica que la determinación  de la deuda  se

efectuó  sobre  base  cierta;  sin  embargo,  al  asumir  que todos  los  depósitos bancarios

constituyen ingresos no declarados, se ingresa al ámbito de la presunción para    “,’.

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determinar  obligaciones  impositivas  del contribuyente. Sobre  este  punto, la  recurrente

manifiesta que existe doble determinación  de reparos en razón a que la Administración Tributaria

asume  que  todos  los  depósitos  bancarios  constituyen  ingresos  en  forma adicional a los

declarados  por la contribuyente; al respecto,  se debe mencionar  que el ente  fiscal  en  el

proceso  de  revisión  estableció  que  los  depósitos  bancarios  fueron realizados  por los

clientes  de la contribuyente  por la adquisición  de la mercadería  que comercializa.  En este

sentido,  el total de ingresos  según fiscalización  de Bs1.147.525 debería  incluir  los ingresos

declarados  según  talonarios  de Bs81.203;  en razón a que éste último importe también fue

depositado; situación que no fue considerada,  en razón a  que  el  total  ingresos  según

fiscalización  registrado  en  la  Vista  de  Cargo  es  de Bs1.228.728 que se encuentra

constituido por la sumatoria de los ingresos declarados y los ingresos según depósitos (81.203 +

1.147.525).

 

Lo descrito permite establecer que si bien menciona hechos respecto al supuesto origen de la

determinación de la deuda tributaria; sin embargo, no se evidencia una explicación objetiva de los

elementos y valoraciones que fundamenten los reparos establecidos por el IVA, IT e IUE; por

consiguiente, la determinación de la deuda tributaria no se encuentra justificada  en base a datos,

elementos  de prueba  y valoraciones  necesarios  conforme establece  el  artículo  96  parágrafo

I  del  Código  Tributario,  omisión  que  hace  que  la liquidación  de  la  deuda  tributaria

contenida  en  la  Vista  de  Cargo  N°  291720000242, vulnera  los  derechos  al debido  proceso

y defensa  de  la  recurrente,  incumpliendo  los requisitos   del  artículo  citado,  situación

que  vicia  de  nulidad  la  referida  actuación administrativa.  Por  esta  razón,  la

administración  tributaria  debe  detallar  de  manera expresa  las  facturas  observadas  así

como  los  depósitos  bancarios  que  originan  los ingresos  no  declarados,  conforme  la

normativa  establecida  al  efecto,  es  decir,  los articulos  43,  44, 45  y 96 de la  Ley  2492

a  objeto  de que  el sujeto  pasivo  conozca  el origen y determinación de los reparos, en

resguardo de su derecho a la defensa.

 

 

En el contexto anterior la Vista de Cargo antes analizada, que ineludiblemente sustenta la

Resolución  Determinativa  recurrida,  al no especificar  la fecha,  número  e importe de las

facturas observadas, detallar los depósitos bancarios por fechas, importes y clientes; y sustentar

el cálculo conforme establecen los artículos 43, 44, 45 y 96 de la Ley 2492, incurrió  en omisión

de  la  especificación de  la  deuda  tributaria  que  vicia  de nulidad  el citado acto.

 

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AUTORIDAD REGIONAL  DE

lueusszciós Tniauiaaiz

 

 

 

De lo expuesto,  se concluye que la Vista de Cargo no contiene los hechos actos datos, elementos  y

valoraciones que fundamenten  la Resolución  Determinativa, lesionando  la garantía constitucional

del debido proceso de la recurrente en su elemento configurador del derecho  a la defensa;

asimismo  el acto administrativo impugnado  no contiene  una debida fundamentación de hecho y

derecho, acorde a la realidad económica  del sujeto pasivo, viciando de nulidad la Resolución

Determinativa N° 171720001675 (SIN/GDLPZ- I/DJCC/TJ/RD/319/2017) de 4 de agosto de 2017, conforme a

los artículos 96 y 99 del Código Tributario  y 35, inciso c) de la Ley 2341 aplicable  al caso en

virtud del articulo 74, numeral  1 de la Ley  2492. En este contexto,  corresponde  anular obrados

hasta  la Vista  de  Cargo  inclusive,  debiendo  la  Gerencia  Distrital  La  Paz  I  del

Servicio  de Impuestos  Nacionales  emitir  otro  acto  administrativo  preliminar

resultado  del ejercicio de sus facultades de fiscalización, verificación, control e investigación

impositiva otorgadas  por  el  artículo  100  del  Código  Tributario;  especificando   las

facturas  de compras observadas  y detallando los depósitos bancarios considerados como ingresos no

declarados,  aplicando  procedimientos acordes  a la realidad  económica  y la verdad material;

fundamentando    técnica   y   legalmente   su   pretensión,    especificando    y sustentando el

método y procedimiento aplicados en la determinación, ya sea sobre base cierta o base presunta y

valorando la documentación presentada en calidad de descargo; en el marco de los artículos 43, 44,

45, 96, 97 de la ley 2492 y 18 del DS 27310

 

POR TANTO:

La  Directora  Ejecutiva  Regional  Interina  de  la  Autoridad  Regional  de  Impugnación

Tributaria   La  Paz,  designada  mediante  Resolución  Suprema   N°  10501  de  16  de septiembre

de 2013, con las atribuciones  conferidas por el articulo 140 de la Ley 2492, Título  V  del

Código  Tributario  Incorporado  por  la  Ley  3092  y el articulo  141  del  DS. 29894;

 

RESUELVE:

PRIMERO:  ANULAR,  obrados  hasta  el  vicio  más  antiguo,  esto  es,  hasta  la  Vista  de Cargo

N° 291720000242 de 26 de mayo de 2017 inclusive, debiendo el ente fiscal emitir, si corresponde,

otro acto administrativo preliminar  en cumplimiento  de los artículos  42, 43 y 96 parágrafo I del

Código Tributario y 18 del DS 27310, especificando las facturas de compras observadas  y detallando

los depósitos bancarios considerados como ingresos

o declarados,  especificando  y sustentando  el método y procedimiento  aplicados en la     ”..  ’

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamach

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita Vae

 

 

 

 

determinación, ya sea sobre base cierta o base presunta;  en el marco de los artículos 43, 44, 45,

96, 97 de la Iey 2492 y 18 del DS 27310.

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo 115 de  la

Constitución  Política  del  Estado  una  vez  que  adquiera  la  condición  de  firme, conforme

establece   el  artículo   199   del   Código   Tributario,   será   de  cumplimiento bligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General  de

Impugnación  Tributaria,  de conformidad  al artículo  140 inciso  c) de la Ley 2492 (CTB) y sea

con nota de atención.

 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del

recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computable a partir de su

notificación.

 

Reg istrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC’YD/jcgr/rms/avv7gjmi’rdch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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