ARIT-LPZ-RA-1451-2017 Resolución Determinativa confirmada por no existir prescripción de adeudos ya que las leyes 291, 317 y 812 modifican al art. 59 de la ley 2492 donde el cómputo es de 8 años

ARIT-LPZ-RA-1451-2017

AUTORIDAD  REGIONAL  DE

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1451/2017

 

Recurrente:

 

 

Administración Recurrida:

 

Acto Impugnado:

 

Expédiente: Lugar y Fecha:

 

Bolivia   Legal   Consultores   Corporativos   SC, legalmente  representada  por Maria José

Paravicini Bilbao

 

Gerencia   Distrital   La   Paz   ll   del   Servicio   de Impuestos  Nacionales,  legalmente

representada por Ranulfo Prieto Salinas

 

Resolución   Determinativa   N°   171725001053 (CITE: SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RD/00285/2017)

 

ARIT-LPZ-1018/2017

 

 

La Paz, 29 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión,  la contestación  de la Administración Tnbutaria

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes  en el expediente  administrativo, el Informe  Técnico  Jurídico  ARIT-LPZ N°

1451/2017 de 27 de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria  Regional; y todo

cuanto se tuvo presente.

 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Resolución                                               171725001053

SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RD/00285/2017) de 6 de septiembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital

La Paz II  del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio sobre Base Cierta

las obligaciones impositivas del contribuyente Bolivia Legal Consultores Corporativos SC, que

ascienden a 13.481 UFV s equivalentes a Bs29.862.- por  tributo omitido, intereses y sanción por

omisión de pago del IVA, por los periodos fiscales marzo, mayo, junio, octubre y noviembre 2012,

así como multa por incumplimiento de deberes formales.

 

 

 

 

Página 1 de 22

 

Justicia tributaria para vivir bien

J an mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana ta saq kuraq kamachia

Mb ur uvis a tendode gua mbaet i on o mita mba e repi Va e

 

 

 

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

II.1 Argumentos del Recurrente

Bolivia Legal Consultores CorporatÍVOS SC, legalmente representada por Maria José Paravicini Bilbao

conforme  acredita  el  Testimonio  de  Poder  N°  0518/2008  de  29  de  abril  de  2008,

mediante  memorial  presentado  el 27  de septiembre  de  2017, cursantes  a fojas  50-60  de

obrados, presentó Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

 

Mediante memorial de 15 de mayo de 2017, solicitó formalmente la prescripción del proceso debido a

que le notificaron  con la Orden de Verificación el 17 de abril de 2017, cuando se cumplió el plazo

de la citada prescripción conforme los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, que establecen que la

acción del SIN para efectuar el cobro es de 4 años a partir del primer día del año  siguiente  a

aquel  en que  se produjo  el vencimiento  del  período  de pago respectivo, adicionalmente,

tampoco se verifica ninguno de los supuestos de interrupción o suspensión del cómputo de plazos, al

efecto refiere la Sentencia N° 39/2016 de 13 de mayo de 2016, así como  el artículo  123 de la

Constitución  Política  del Estado,  que dispone que la Ley  solo dispone para lo venidero y no

tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de

las trabajadoras  y de los trabajadores,  en matena penal cuando beneficie a la imputada o

imputado.

 

En la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa  la Administración Tnbutaria  de manera ilegal

afirma que con las modificaciones en la Ley 291 y 317, el cómputo para la prescripción es de  8

años;  asimismo,  la  Ley  812  de  30  de junio  de  2016,  no dispone  una  aplicación

retroactiva,  toda  vez que iria en contra  de la Constitución  Politica  del Estado  conforme  el

artículo  123  citado;  añade  que  es  la  Ley  la  que  establece  el  tiempo  para  determinar

la prescripción y no así una decisión arbitraría del Ente Fiscal, lo cual vulneraria incluso

Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Señala que el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho y

permite por consiguiente la extinción de los derechos y las acciones, en ese entendido, al

corresponder la fiscalización a periodos de la gestión 2012, estos habrían prescrito; reitera que

el artículo 60 de la Ley 2492, establece que el término de la prescripción se computará desde el

primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, al

tratarse  de  una  Orden  de  Verificación  correspondiente  a  la  citada  gestión  2012,  la

 

 

 

 

Página  2 de 22

 

 

AIT1

AUTORIDAD  REGIONAL  DE I¥PUGNACIó¥  TRTBUTARTA

‹ ‹!› ‹  ,’    ‘    i

 

 

prescnpción  se  computaría  desde  el  1  de  enero  de  2013  y  se  cumplirían  los  4  años

establecidos por Ley el 1 de enero 2016, por  tanto, habiendo transcurrido 5 años, se produjo la

prescripción  del  derecho  de  la  Administración  Tnbutaria  para  realizar  fiscalizaciones  e

imponer sanciones administrativas.

 

Conforme   a   los   fundamentos   expuestos,   solicita   revocar   totalmente   la   Resolución

Determinativa  N° 171725001053  (CITE:  SIN/GDLPZ  II/DJCC/TJ/RD/00285/2017) de  6  de septiembre

de 2017

 

11.2. Auto de Admisión

El  Recurso  de  Alzada  interpuesto  por  Maria  José  Paravicini  Bilbao  en representación de

Bolivia Legal Consultores  Corporativos  SC, fue admitido por Auto de 4 de octubre de 2017,

actuación  administrativa notificada  personalmente  al recurrente  el 5 de octubre  de 2017  y

mediante  cédula  a  la  Administración  Tributaria  el  10  de  octubre  de  2017,  fojas 61-66

de obrados.

 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por

Ranulfo Prieto Salinas conforme la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0618- 16 de 1 de

noviembre de 2016, por memorial presentado el 25 de octubre de 2017, cursante a fojas 69-81 de

obrados, respondió el recurso de alzada negativamente  con los siguientes fundamentos:

 

El procedimiento de determinación fue ejercitado cumpliendo el procedimiento establecido en los

artículos 25 al 104 de la Ley 2492, desde la emisión de la Orden de Verificación, la Vista de

Cargo  y  Resolución  Determinativa,  debidamente  sustentada,  habiéndose  valorado  la

documentación adjuntada por el sujeto pasivo de manera posterior a la notificación con la Vista de

Cargo,  aclarando  que  no  des\/irtúa  los  reparos  establecidos;  en  ese  entendido,  la

documentación  presentada  por el contribuyente  fue estrictamente  \/alorado  y verificado,  así

como las Declaraciones Juradas, libros de compras, Facturas de Compras y Sistema Gauss a momento de

emitir la Resolución Determinativa; añade que se actuó dentro los parámetros del respeto a la

seguridad juridica, aplicando objetivamente  las normas jurídicas  tributarias, cuidando que el

contribuyente  asuma defensa adecuadamente  ante cualquier  tipo de acto,

 

 

 

 

Página 3 de 22

 

Justicia  tributaria para vivir bien J an mit’ayir  jach’a kamani

Mana tasa   kuraq kama chiq

M buruvisa t endode gua mb ae ti  oñomit a mbaere pi Vae

 

 

 

 

que  a  su  consideración,  podría  haber  afectado  sus  derechos,  más  aún  cuando  ante  la

notificación  por  cédula  de la  Vista  de Cargo,  se le otorgó el plazo  de prueba  conforme  el

artículo 98 de la Ley 2492, en el que no aportó ningún tipo de documentación probatoria que

desvirtúe los cargos establecidos preliminarmente.

 

Se debe establecer que efectivamente los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, la Ley 291 y Ley 317

fueron modificados con la Ley 812, siendo esta última la normativa legal vigente y aplicable al

presente  caso,  ya  que  es  la  propia  Ley  la  que  establece  que  las  acciones  de  la

Administración  Tributaria  de  controlar,  investigar,                comprobar,

determinar la deuda tributana o imponer sanciones administrativas prescriben en 8 años, es asi  que

el  Ente  Fiscal  ejerció  las  facultades  para  el            de  la  deuda  tributaria  auto

determinada, dentro los plazos establecidos por Ley, razón por la cual dichas facultades no se

encuentran   prescritas,   norma  que  cuenta          la  presunción   de  constitucionalidad  de

conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 027.

 

El cómputo de prescripción del IVA, se inició a partir del 1 de enero calendano  siguiente  a aquel

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, en el presente caso, a partir del

1 de enero de 2013, de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492 y se extiende hasta

el 31 de diciembre de 2020, es decir, 8 años de conformidad al parágrafo ll del artículo  2  de  la

Ley  812,  extendiéndose  6  meses  más  en  virtud  de  la  notificación  al contribuyente  con

la Orden de Venficación de acuerdo  al artículo 62, parágrafo  I de la Ley 2492, concluyendo el 30

de junio de 2021, observando que se le notificó al sujeto pasivo con la  Resolución  Determinativa

el  12  de  septiembre  de  2017,  quedando  demostrada   la inexistencia de la extinción por

prescripción del IVA por los periodos fiscales de marzo, mayo, junio, octubre y noviembre de la

gestión 2012.

 

Si bien el recurrente refiere periodos de la gestiÓn 2012, antes de la vigencia  de la Ley 812,

tenía el derecho a acogerse al artículo 59 de la Ley 2492, prescripciones de las deudas en 4 años,

antes  de que  este artículo  quedara  derogado  y  entrara  en  vigencia  la  Ley 812,  no

obstante, ya no tiene ese derecho, debiendo considerarse que la prescripción de 4 años era un

derecho meramente expectaticio que fue afectado por la nueva normativa, aclarando que se emitieron

las Leyes 291 y 317, cambiando los plazos del cómputo de prescripción, toda vez

 

 

 

 

 

Pá9’na4 de 22

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL  DE

IMPU6hIACIÓN  TRIBUT8BIA

E stado P T ur inac ional d e B oliv ía

 

 

que la prescripción no era un derecho adquirido y firme, por tanto la Ley 812, que modifica el

artículo 59 está totalmente vigente.

 

Respecto a la Sentencia 39/2016, señala que son de cumplimiento obligatorio para las partes

intervinientes en un proceso ordinario o constitucional; excepto las dictadas en las acciones de

inconstitucionalidad, lo que no sucede en el presente aso, por lo que la modificación de los

artículos 59 y 60 de la Ley 2492, gozan de plena constitucionalidad, aspecto por el cual no es

posible su aplicación en el objeto de la presente l’itis,° así también se debe considerar que una

sentencia no figura como fuente de Derecho Tributario, teniendo presente que cada caso analizado es

diferente en cuanto al fondo y la normativa  legal aplicable, asimismo se debe considerar lo

establecido en el artículo 5 de la Ley 2492, reiterando que no consÑuyen fuente en materia

tributaria las Sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Sobre la ultractividad e irretroactividad de la Ley, aclara que bajo la validez temporal de las

Leyes y teniendo en cuenta que la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa  N° 171725001053  (CITE:  SIN/GDLPZ  II/DJCC/TJ/RD/00285/2017) de 6 de septiembre de

2017, se produjo cuando se encontraba  modificado el artículo 59 de la Ley 2492, no resulta posible

hablar de la retroactividad de la norma puesto que para que exista esta figura jurídica, la norma

que beneficie al sujeto pasivo debe estar en vigencia: empero, las modificaciones introducidas  al

referido artículo  se encuentra  plenamente  vigentes.  por ende, la decisión que se emita debe

aplicar estrictamente lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley 2492 y no así la ultractividad de

la norma, que no se encuentra  legislada en materia tributaria; al respecto cita la Sentencia

Constitucional 125/2004, concluyendo que al no estar regulada la aplicación ultractiva de la norma

tributaria en el articulo 150 de la Ley 2492, ni en ninguna  otra  disposición  normativa,  es

deber  aplicar  estrictamente  las  modificaciones introducidas  a la Ley 2492, traducidas en la

actual Ley 812, por tanto las facultades  de la Administración Tributaria  no han prescrito, puesto

que se debe efectuar  el cómputo de la prescripción en base a la normativa legal vigente.

 

.     ’•“               Arguye que las facturas presentadas por el contribuyente deben cumplir

requisitos para poder ser válidos a efectos del crédito fiscal IVA, conforme lo establecido en los

parágrafos I y III del artículo 41 de la RND 10-0016-07,  por ello procedió  a verificar

específicamente el Crédito Fiscal  de  las  facturas  declaradas  por  el contribuyente,  toda  vez

que  se  observó  que  el

 

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachlq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

–    ‘       •  “

 

 

 

 

contribuyente   declaró  y  empleó  crédito            inválido   para  fines  tributanos,   al

haber transgredido  los articulos  70,  numerales  4,  5  y 6, 100,  numerales  1  y 3 de la  Ley

2492; asimismo, impuso una mula de 3000 UFV s, según lo determinado  en el sub numeral 4.1, numeral

4 del anexo I de la RND 10.0033.16.

 

Los  actos  de  la  Administración  Tributaria  fueron  dictados  por  autoridad  competente,  no

carecen de objeto, no son ilícitos o imposibles,  asimismo, se cumplió con el procedimiento legal

de determinación establecido  en el Código Tributario y demás normati\la, asi como la Resolución

Determinativa  no  es  contraria  a  la  Constitución  Politica  del  Estado,  en  ese entendido,

no carecen de los requisitos  formales  y esenciales;  añade  que se presume  la legalidad y la

buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria tal y como lo dispone la  Ley  1178;

asimismo,  solicita  se  aplique  el  pnncipio  de  congruencia,  toda  vez  que  las resoluciones

emitidas deben enmarcarse a lo requerido por las partes, sin ir más allá de lo pedido, de lo

contrario se estaría  actuando de forma ultra petita, se debe considerar que la Resolución

Determinativa  no es un acto administrativo independiente  y que por sí mismo equivalga a todo el

procedimiento determinativo, sino que es el resultado de un conjunto de actos vinculados

dialécticamente unos con otros, por ello se tendrá que obrar considerando el todo y no sólo una

parte.

 

Conforme  a los  fundamentos  expuestos,  solicita  confirmar  la Resolución  Determinativa  N°

171725001053 (CITE: SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RD/00285/2017) de 6 de septiembre de 2017.

 

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 26 de octubre de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días

comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del anículo 218 del Código

Tributario,  actuación  notificada  a  la  empresa  recurrente  y  la  Administración  Tributaria

en Secretaría el 1 de noviembre de 2017; periodo en el cual mediante memorial presentado el 7 de

noviembre  de  2017,  BOliVia  Legal  Consultores   Corporativos   SC,              la  prueba

presentada  en el Recurso  de Alzada;  asimismo,  el 17 de noviembre  de 2017, la Gerencia

Distrital  La  Paz  II  del  Servicio  de Impuestos  Nacionales,  ratificó  la  prueba  consistente

en antecedentes administrativos a tiempo de responder el Recurso de Alzada; al efecto se emitió el

Proveído  de 8 y  21 de noviembre  de 2017,  que dio por  ofrecida  y ratificada  la  prueba

documental; fojas 82-85 y 87-88 de obrados.

 

 

 

Página 6 de 22

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL  DE

IBe¢6NacióN  TRIBUTARIA

Es lado Pluri na cional de B olivia

 

 

II.5 Alegatos

Conforme lo establecido en el artículo 210 parágrafo  ll de la Ley 2492, mediante memorial

presentado el 5 de diciembre de 2017, Maria José Paravicini Bilbao representante  legal de Bolivia

Legal Consultores  Corporativos  SC, solicitó  se  fije  día  y hora  para  Audiencia  de Alegatos

Orales:  al  efecto,  mediante  Proveído  de  5  de  diciembre  de  2017,  se  fijó Audiencia de

Alegatos Orales para el día jueves 14 de diciembre de 2017 a horas 16:00, Audiencia que fue llevada

a ese efecto según consta del Acta de Audiencia de Alegatos Orales, en la que expuso y ratifico los

argumentos señalados en su Recurso de Alzada; fojas 90-91 y 100 de obrados.

 

Ranulfo Prieto Salinas, en representación de la Administración Tributaña, mediante memorial

presentado el 11 de diciembre de 2017, formuló alegatos, ratificando en todos sus extremos el

memorial de contestación al Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 12 de diciembre de 2017

dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; fojas 93-94 de obrados.

 

III.  ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Administración Tributaria a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones

fiscales del contribuyente Bolivia Legal Consultores Corporativos SC, inició el proceso de

verificación respecto al Impuesto al Valor Agregado, emitiendo la Orden de Verificación N•

0015OVE04235  de  13  de  julio  de  2016,  bajo  la  modalidad  Operativo  Específico Crédito

Fiscal, con alcance al IVA derivado de la verificación de! crédito fiscal contenido en   las

facturas   declaradas   por   el   contribuyente,   detalladas   en   Anexo   adjunto,

correspondientes a los períodos fiscales marzo, mayo, junio, octubre y noviembre 2012; asimismo,

mediante el Cuadro de Diferencias se detalló las facturas observadas y solicitó la presentación  de

documentación  consistente  en: Declaraciones  Juradas Form. 200 o 210,  libro  de  compras  de

los  periodos  observados,  facturas  de  compras  originales, documento  que  respalde  el  pago

realizado,  otra  documentación  que  el  fiscalizador asignado  solicite durante  el proceso de

verificación;  actuación  notificada  por cédula  el

  • a * 17 abril de 2017, fojas 3-5 y 14 de antecedentes administrativos.

 

 

Maria   José   Paravicini   Bilbao   representante   legal   de   Bolivia   Legal   Consultores

Corporativos  SC, mediante  nota presentada  ante la Administración Tributaria  el 20 de

 

 

 

 

Página 7 de 22                a•

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaer epi Vae

–  ‘     ”  “

 

 

 

 

abril de  2017,  solicito  plazo  para  la  presentación  de documentos;  al efecto,  mediante Auto

N°  251725000259  de  25  de  abril  2017,  se  otorgó  5  días  hábiles  a  partir  de  su

notificación,  diligencia  practicada  por  cédula  el 10  de  mayo  de  2017,  fojas  19-24  de

antecedentes administrativos.

 

La Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias  Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 134699 del 31 de mayo de 2017, por incumplimiento a deberes

formales de no entregar ninguna documentación e información requerida por la  Administración

Tributaria  durante  la  ejecución  de  procedimientos  de  fiscalización, verificación,  control

e  investigación,  toda  vez  que  no  presento  la  documentación solicitada mediante Orden de

Verificación N° 0015OVE04235,  contraviniendo el artículo 70 numerales 4 y 6 de la Ley 2492,

estableciendo multas de 3.000 UFV’s de acuerdo al subnumeral 4.1 numeral 4 del Anexo I de la RND

10-0033-16,  fojas 25 de antecedentes administrativos.

 

Seguidamente mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 16 de mayo de 2017,

Maria José Paravicini Bilbao representante legal de Bolivia Legal Consultores CorporatlVOS  SC,

opone  prescripción  señalando  que  le  notificaron  con  la  Orden  de Verificación N°

0015OVE04235  el 17 de abril de 2017, habiéndose a la fecha cumplido el plazo de prescripción,

computado a partir del 1 de enero de 2017, conforme el artículo 59 y 60 de la Ley 2492, tampoco se

verificó los supuestos de interrupción o suspensión de  la  prescripción  contenidos  en  el

artículo  109  del  Código  Tributario;  refiere  la  SC 039/2016 y el artículo 123 de la CPE,

fojas 27 de antecedentes administrativos.

 

Posteriormente el 9 de  junio  de  2017,  se emitió  la  Vista de Cargo  N° 291725000644 (CITE:

SIN/GDLPZ  II/DF/PPD/VE/VC/00178/2017), que  establece  una  deuda  tributaria sobre Base Cierta

de 13.407 UFV’s equivalentes  a Bs29.563.-,  calculada  desde el día siguiente  a  la  fecha  de

vencimiento  del  tributo  omitido  hasta  la  fecha  de  emisión  del citado  documento,  más

mantenimiento  de  valor,  intereses  y  sanción  preliminar  por  la conducta,   correspondiente

a  los  periodos   fiscales   marzo,   mayo,   junio,   octubre   y noviembre  2012,  así  como  la

multa  por  incumplimiento  al  deber  formal;  actuación administrativa notificada por cédula el

14 de junio de 2017, fojas 104-114 y 115-118 de antecedentes administrativos.

 

 

 

 

Página 8 de 22

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD  REGIONAL  DE lNPUGNACTóx  TRiBUTARIA

 

 

Maria   José   Paravicini   Bilbao   representante   legal   de   Bolivia   Legal   Consultores

Corporativos  SC, mediante  nota  presentada  ante la  Administración Tributaria  el 18 de julio de

2017, adjunta descargos a la solicitud de prescripción presentada, adjuntando al efectos  123 fojas

consistentes  en DDJJ,  facturas  y Libros de Compras  y Ventas,  fojas 137-261 de antecedentes

administrativos.

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/INF/00847/2017 de 6 de septiembre  de 2017, establece que el

18 de julio de 2017, la documentación fue presentada fuera del término de prueba fijado por el

artículo 98 de la Ley 2492; sin embargo, las notas fiscales no son válidas  determinando

observaciones, concluyendo  que  se  prosiga  con  el  proceso  de acuerdo a normativa vigente,

fojas 262-267 de antecedentes administrativos.

 

La   Administración  Tributaria   el  6   de   septiembre   de   2017,   emitió   la   Resolución

Determinativa  N°  171725001053  (CITE:  SIN/GDLPZ  II/DJCC/TJ/RD/00285/2017), que

resolvió determinar de oficio sobre Base Cierta las obligaciones impositivas del contribuyente

Bolivia Legal Consultores  Corporativos  SC, que ascienden  a 13.481.-  UFV‘s equivalente  a

Bs29.862.-  por   tributo  omitido,  intereses  y  sanción  por  omisión  de pago  del IVA,  por

los periodos  fiscales  marzo,  mayo,  junio,  octubre  y  noviembre  de  2012,  asi  como  multa

por incumplimiento de deberes formales, notificando con dicho acto mediante cédula a Maria José

Paravicini Bilbao, en calidad de representante legal de Bolivia Legal Consultores Corporativos SC,

el   12   de   septiembre   de   2017,   fojas   268-282   y   283-288   de   antecedentes

administrativos.

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del

Código   Tributario,   revisados   los   antecedentes   administrativos,   compulsados   los

argumentos  formulados  por las partes,  verificada  toda  la documentación  presentada  en el

término  probatorio             las  actuaciones  realizadas  en  esta  Instancia  Recursiva   y

en consideración al Informe Técnico Juridico emitido de conformidad al artículo 211-III del refendo

Código Tributario, se tiene:

 

La Autoridad Regional de Impugnación  Tnbutaria,  se abonará únicamente  al análisis de los

agravios  manifestados  por Maria  José Paravicini  Bilbao  en representación legal de Bolivia

 

 

 

 

Legal Consultores Corporativos  SC, en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde

a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación

ante esta Instancia Recursiva.

 

IV.1. Prescripción

Maria José Paravicini Bilbao en representación legal de Bolivia LegalConsultores Corporativos SC, á

tFaVés de su Recurso de Alzada y en alegatos, señala que mediante memorial de 15 de mayo de 2017,

solicitó formalmente la prescripción del proceso debido a que le notificaron con la Orden  de

Verificación  el 17 de abril de 2017,  cuando  se cumplió  el plazo  de la citada prescripción

conforme los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, que establecen que la acción del SIN para efectuar

el cobro es de 4 años a partir del primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento  del período de pago respectivo, adicionalmente, tampoco se verifico ninguno de los

supuestos de interrupción o suspensión del cómputo de plazos.

 

Arguye que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa  la Administración Tnbutaria  de manera

ilegal  afirma que con las modificaciones en la Ley 291 y 317,  el cómputo para la prescripción es

de 8 años; asimismo,  la Ley 812 de 30 de junio de 2016, no dispone una aplicación  retroactiva,

toda  vez  que  iría  en  contra  de  la  Constitución              del  Estado conforme el

artículo 123 citado; añade que es la Ley la que establece el liempo para determinar la prescripción

y  no  así  una  decisión  arbitraría  del Ente  Fiscal,  lo cual  vulneraria  incluso Derechos y

Garantias Constitucionales; reitera que el artículo 60 de la Ley 2492, establece que el término de

la prescripción se computará desde el pnmer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del periodo de pago, al tratarse de una Orden de Verificación correspondiente a la

citada gestión 2012, la prescripción se computaría desde el 1 de enero de 2013  y se cumplirian

los 4 años establecidos  por Ley el 1 de enero  2016,  por   tanto, habiendo  transcurrido  5 años,

se produjo  la prescripción  del derecho  de la  Administración Tributaria para realizar

fiscalizaciones e imponer sanciones administrativas.

 

La Administración Tributaria señala que efecti\tamente los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, la Ley

291 y Ley 317 fueron modificados con la Ley 812, siendo esta última la normativa legal vigente y

aplicable al presente aso, ya que es la propia Ley la que establece que las acciones de la

Administración Tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos,

 

 

 

 

Página 10 de 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinar la deuda tributaria o imponer sanciones administrativas prescriben en 8 años, es así

que  el  Ente  Fiscal  ejerció  las  facultades  para  el            de  la  deuda  tributaria

auto determinada, dentro los plazos establecidos por Ley, razón por la cual dichas facultades no se

encuentran   prescritas,   norma  que  cuenta   con  la  presunción   de  constitucionalidad  de

conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 027.

 

El cómputo de prescripción  del IVA, se inició a partir del 1 de enero calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, en el presente caso, a partir del

1 de enero de 2013, de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492 y se extiende hasta

el 31 de diciembre de 2020, es decir, 8 años de conformidad al parágrafo II del articulo  2  de  la

Ley  812,  extendiéndose  6  meses  más  en  virtud  de  la  notificación  al contribuyente  con

la Orden de Verificación  de acuerdo al artículo 62, parágrafo I de la Ley 2492, concluyendo el 30

de junio de 2021, observando que se le notificó al sujeto pasivo con la  Resolución  Determinativa

el  12  de  septiembre   de  2017,  quedando  demostrada   la inexistencia de la extinción por

prescripción del IVA por los periodos fiscales de marzo, mayo, junio, octubre y noviembre de la

gestión 2012, debiendo ansiderarse que la prescripción de 4 años era un derecho meramente

expectaticio  que fue afectado  por la nueva  normativa, aclarando  que  se emitieron  las  Leyes

291  y  317,  cambiando  los  plazos  del cómputo  de prescripción, toda vez que la prescripción no

era un derecho adquirido y firme, por tanto la Ley 812, que modifica el artículo 59 está totalmente

vigente; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

Prescribirán  a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para.’

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.
  4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un

régimen tributario que no le corresponda.

III.   El término  para  ejecutar  las sanciones  por  contravenciones tributarias  prescribe  a

los dos (2) años.

 

 

 

 

Página 11 de 22

 

Justicia tributaria para viv      an

Jan mit’ay ir jach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvi sa t endode gua mbae ti ono mit a mbaere p i Vae

 

 

 

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59

de la Ley 2492, estableciendo:

  1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión

2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete

(7) años en la gestión  2015,  ocho  (8) años en  la gestión  2016,  nueve (9) años  en la gestión

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para.

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.

El  periodo  de prescripción,  para cada  año  establecido  en  el presente  parágrafo,  será

respecto  a  las  obligaciones  tributarias  cuyo  plazo  de  vencimiento  y  contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

  1. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán  en tres (3) años adicionales cuando

el  sujeto  pasivo  o  tercero  responsable  no  cumpliera  con  la  obligación  de inscribirse en

los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le

corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los

cinco (5) años.

  1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

 

 

La  Ley  317 de 11 de diciembre de 2012, derogó  el último  párrafo  del parágrafo  I, del artículo

59 de la Ley 2492, disponiendo:

  1. Las acciones de la Administración Tributaria  prescribirán  a los cuatro  (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete

(7) años  en la gestión  2015,  ocho (8)  años  en la gestión  2016,  nueve  (9) años  en la

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.
  4. Los términos de prescripción precedentes  se ampliarán  en tres (3) años adicionales cuando

el  sujeto  pasivo  o  tercero  responsable   no  cumpliera  con  la  obligación  de inscribirse en

los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le

corresponde.

 

 

 

 

Página 12 de 22

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL  DE

laeusxacióx TRi8uTaRlA

E s ta do PI ur i na c io na I  de  B o liv  ía

 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco

(5) años.

  1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

 

 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación  del artículo 59,

parágrafos  I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente  texto:  /. Las acciones  de la

Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para:

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.
  4. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable  no cumpliera con la obligación de inscribirse en los  registros

pertinentes,   se  inscribiera   en  un  régimen  tributario   diferente  al  que corresponde,

incurra   en  delitos   tributarios   o  realice  operaciones   comerciales   y/o financieras en

paises de baja o nula tributación.

 

El artículo  60 del citado  Código  Tributario,  al referirse  al cómputo  de  la  prescripción,

dispone:

  1. Excepto en  el  Numeral  3  del  Parágrafo  I  del  Articulo  anterior,  el  término  de  la

prescripción  se  computará  desde  el  primer  dia  del  año  siguiente  a aquel  en que  se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

  1. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará desde el primer

día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

 

El articulo  61 del referido Código Tributario,  en relación a las causales  de interrupción de la

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo  con

la  Resolución  Determinativa.  b)  El  reconocimiento expreso  o  tácito  de  la obligación  por

parte  del  sujeto  pasivo  o  tercero  responsable,   o  por  la  solicitud  de facilidades de

pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nr/ev’amenfe el término a partir del

primer día hábil del mes siguiente  a aquél en que se produjo la interrupción.

 

 

 

 

Página 13 de 22

 

Justicia tributaria para vivir bien

 

 

 

 

El  artículo  62  del  Código  Tributario,  en  relación  a  las  causales  de  suspensión  de  la

prescripciÓn,  dispone: El curso de la prescripción se suspende con. 1.  La notificación  de inicio

de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses.  II. La interposición de  recursos

administrativos  o  procesos  judiciales  por  parte  del  contribuyente.  La suspensión  se inicia

con la presentación  de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción  formal  del

expediente  por  la  Administración Tributaria  para  la ejecución  del respectivo fallo.

 

Abordando  la temática  que nos ocupa, es pertinente  considerar  que la prescripción  está

instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del

tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto

pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el

transcurso  del  tiempo;  es  necesario  hacer  hincapié  en  este  caso  que  la  prescripción

extintiva,  constituye  una  categoría  general  del  derecho,  cuya  finalidad  es poner  fin  a

un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no

lo  hace.   En  materia   tributaria,   la  prescripción   extintiva   se  presenta   cuando   la

Administración Tributaria  permanece  inactiva  durante  un determinado  lapso  de tiempo,  a cuyo

plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar

las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho

material del tributo.

 

En este punto, resulta necesano resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye

en una  situación de puro derecho  consolidada  por el transcurso  del tiempo, no es menos cierto

que  la  obligación   tributaria  determinada   mantendrá   su  vigencia   en  el  tiempo,

independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este

instituto no extingue la obligación tributaria, por ello es perfectamente  posible que el sujeto

pasivo realice pagos aun cuando el adeudo tributario está prescrito y estos se consoliden a favor

del Estado, razón por la cual la posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a

la exigibilidad de la obligación tributaria; en ese entendido, la Ley 2492 en vigencia, dispone

cuáles  son  las  facultades  que  son  susceptibles  de  declararse

prescritas, que conforme la citada norma tributaria esta únicamente referida a las facultades de

controlar,  investigar,                 comprobar  y  fiscalizar   tributos,  determinar   la

deuda

 

 

 

Página 14 de 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tributaria,  imponer  sanciones  administrativas y ejecutar  las sanciones  por contravenciones

tributarias.

 

Efectuadas las consideraciones legales precedentes,  se tiene  que  como resultado  de un proceso

de  determinación  sustanciado  contra  Bolivia  Legal  Consultores  Corporativos SC, la

Administración Tributaria  emitió la Resolución  Determinativa  N° 171725001053 (CITE: SIN/GDLPZ

II/DJCC/TJ/RD/00285/2017) de 6 de septiembre  de 2017, a través de la  cual  resolvió  determinar

de oficio sobre Base Cierta las obligaciones  impositivas del contribuyente  Bolivia  Legal

Consultores  Corporativos  SC, que ascienden  a 13.481.- UFV’s equivalentes a Bs29.862.-  por

tributo omitido, intereses  y sanción por omisión de pago del IVA, por los periodos fiscales marzo,

mayo, junio, octubre y noviembre 2012, así como multa por   incumplimiento   de   deberes

formales;   acto   administrativo   que   se   notificó   al representante  legal  del

contribuyente  mediante  cédula  el 12 de  septiembre  de  2017; Resolución   Determinativa   que

precisamente   es  objeto  de  impugnación   ante  esta Instancia Recursiva bajo el argumento

principal de que las facultades del Ente Fiscal se encuentran prescritas considerando que los

periodos fiscalizados  correspondientes a la gestión 2012, estaban sujetos al plazo de 4 años, es

decir, con la Ley 2492 sin modificar, así como el hecho de que no existieron causales de

interrupción, ni suspensión; en ese entendido,  nuestro  análisis  se  circunscribirá  a  verificar

si  la  facultad  para  fiscalizar  y determinar la deuda tributaria de la Administración

Tributaria se encuentra o no prescrita.

 

Bajo  ese  contexto,  resulta  necesario  establecer  que la  Administración Tributaria  tiene

amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como

para  determinar  la deuda  tributaria,  imponer  sanciones  administrativas  y ejercer su

facultad  de  ejecución  tributaria;  no  obstante,  el  ejercicio  de  esas  facultades  se

encuentran  condicionadas  a  un determinado  tiempo,  es  decir,  no  están  sujetas  a  un plazo

indeterminado.

 

 

 

 

 

 

  • DER

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de  22  de

septiembre  de  2012,  estableciendo  textualmente  que  las  acciones  de  la Administración

Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015,  ocho  (8)  años  en  la

gestión  2016,  (…),  para:  i)  controlar,  investigar,  verificar,

 

 

 

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’a yir |ach’a kamani

Mana ta saq kuraq kamac hiq

Mburuv ésa tendode gua mbaeti oñomi ta

 

Página 15 de 22       si«•• a• ¢••°••

de ie CcTi4ad

mbaere pi Vae

 

  • ‘ ”  • ”   ” •         ‘

 

 

 

 

comprobar  y fiscalizar  tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii) imponer sanciones

administrativas;  asimismo,  se  debe  considerar  que  la  citada  Ley  es  de  cumplimiento

obligatorio  en  todas  las  instancias   administrativas  y  cuenta  con  la  presunción  de

constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 027, que dispone: “Se presume la

constitucionalidad de toda norma de los Órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el

Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad.

 

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012,

excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo  I del artículo 59 de la Ley 2492,

modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción,  para cada  año  establecido

en  el  presente  parágrafo,   será  respecto  a  las  obligaciones tributarias cuyo plazo de

vencimiento  y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho  año;  de  igual  forma,  la

mencionada  Ley  317  modificó  los  parágrafos  I  y  II  del artículo 60 de la Ley  2492,

previamente modificados  por la  citada  Ley 291, que ahora refiere  que  el  término  de  la

prescripción  se  computará  desde  el  primer  día  del  año siguiente a aquel en que se produjo

el vencimiento del período de pago respectivo.

 

En el contexto anterior, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, dispone que el cómputo de la

prescripción  cuenta  con un efecto  progresivo;  esto  implicaba,  que en la  gestión 2012, las

acciones  del ente fiscal se extinguían  en cuatro años; en la gestión  2013 en cinco años; en la

gestión 2014 en seis años; en la gestión 2015 siete años; en la gestión 2016 ocho años; y así

sucesivamente  hasta concluir con la gestión 2018, cuyo cómputo de la prescripción  se extendía  en

diez años;  sin embargo,  el  30 de junio  de  2016, se puso en vigencia la Ley 812, que modificó

sustancialmente el parágrafo I del artículo 59 de  la  Ley  2492,  estableciendo  de  forma  única

y  definitiva  que  el  cómputo  de  la prescripción  de las acciones  de la  Administración

Tributaria  prescriban  a  los ocho  (8) años,  las  facultades  para:  1.  Controlar,  investigar,

verificar,  comprobar   y  fiscalizar tributos.  2. Determinar la deuda  tributaría.  3. Imponer

sanciones administrativas, lo que muestra de manera expresa la concurrencia  de determinaciones

legales que benefician al  administrado,  en  concordancia  con  el  artículo  123  de  la

Constitucion  Politica  del Estado  Plurinacional  y  el  artículo  150  del  Código  Tributario,

toda  vez  que  el  efecto progresivo  del cómputo de la prescripción dispuesto por la Ley 291 que

modificó en su momento el artículo 59 de la Ley 2492, fue derogado con la puesta en vigencia de la

Ley

 

 

 

 

Página 16 de 22

 

 

 

 

 

812  de  30  de  junio  de  2016,  norma  legal  que  determina  efectivamente  y  de  manera

absoluta una disminución del cómputo de la prescripción a 8 años.

 

Se  hace  necesario  señalar  en  esta  parte  del  análisis  y  con  la  finalidad  de

identificar correctamente las atribuciones y funciones  de esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria, que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de

2009,   regula   el  estableciendo   una   nueva   estructura   organizativa   del   Estado

Plurinacional; bajo ese lineamiento es que mediante DS 29894 de 7 de febrero de 2009, en   su

artículo   141   dispone   que   la   Superintendencia   General   Tributaria   y   las

Superintendencias Tributarias  Regionales  pasan a denominarse  Autoridad  General de Impugnación

Tributaria  y  Autoridades  Regionales  de  Impugnación  Tributaria,  los  que continuarán

cumpliendo  sus  objetivos  y  desarrollando  sus  funciones  y  atribuciones enmarcadas  en lo

dispuesto  precisamente  en  la  Constitución  Politica  del  Estado,  las Leyes 2492, 3092 y demás

normas reglamentarias conexas.

 

Bajo  el lineamiento  legal anterior,  en el campo  administrativo tributario,  esencialmente en

las  decisiones  que  debe  emanar  por  autoridades  revisoras  de  actos  en  el  ámbito

impositivo, este debe actuar de acuerdo al principio de sometimiento  pleno a la ley y al Derecho;

en  ese  contexto,  las  funciones  y  atribuciones  de  la  Autoridad  Regional  de Impugnación

Tributaria,   están   enmarcadas   esencialmente   al   acatamiento   de   las disposiciones

vigentes  de carácter  general;  el principio  de legalidad  para  la  Autoridad Regional  de

Impugnación  Tributaria  está  circunscrita  a  resolver  controversias  cuya motivación y

fundamentación esté descrita en la Ley y normas reglamentarias; es decir, que  las  decisiones  se

deben  expresar  de  forma  positiva  y  precisa  de  las  cuestiones planteadas  y  no  en

interpretaciones  cuya  labor  efectiva  está  asignada  al  Tribunal  de Garantías

Constitucionales, conforme al artículo 2 de la Ley 254.

 

Sobre temas análogos, el Tribunal Constitucional Plurinacíonal emitió pronunciamientos expresos

como la Sentencia Constitucional Plurinacional 1635/2014  de 19 de agosto  y SC  1464/2004-R  de 13

de  septiembre,  señalando  respecto  del  principio  de  legalidad como  uno  de  aquellos  que

rigen  la  actividad  administrativa, que:  “  . las  autoridades administrativas deben actuar  en

sujeción a la Constitución,  a la Iey y al derecho dentro de  las  facultades  que  les  están

afribu/das  y  de  acuerdo  a  los  fines  que  les  fueron

 

 

 

 

Página 17 de 22

 

Justic a tributaria para viv r bien

Jan mit’ay ir jach’a kamani Mana tasaq kuraq kamac hiq

M buruvis a tendode gua mbae ti oñ omita mbaere p i Vae

 

 

 

 

conferidos.   Este  principio   está  reconocido   en  el  articulo   4  inc.   c)  de  la  Ley  de

Procedimiento  Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo

201 del Código Tributario, precepto legal gue señala: ’La Administración Pública regirá  sus acfos

con  sometimiento  pleno  a la ley,  asegurando  a los  administrados  el debido proceso”. Habrá

que también señalar que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, por disposición

expresa del articulo 197, parágrafo II de la Ley 2492, no es competente para realizar el control de

constitucionalidad de normas, toda vez que por imperio  de la Ley 027  y el Código Procesal

Constitucional, en sus artículos  5 y 4, respectivamente, presumen la constitucionalidad de toda

Ley, decreto, resolución y actos de los Órganos  del Estado en todos sus niveles,  hasta tanto el

Tribunal Constitucional Plurinacional declare su inconstitucionalidad.

 

En el contexto  anterior,  la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está en función a

su vigencia, lo que implica que los actos administrativos emitidos y notificados en   su  vigencia,

estarán   sujetos   a  la  misma;   toda   vez  que  conforme   se  señaló anteriormente, el

artículo 59 de la Ley 2492, que disponía el cómputo de la prescripción en 4 años fue modificado

por las Leyes  291 y 317, normativa  que posteriormente, fue nuevamente rectificada, con la citada

Ley 812 de 30 de junio de 2016, disposición legal que establece que las acciones de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar,  comprobar,  fiscalizar  tributos,

determinar  la  deuda  tributaria,  así  como  para imponer sanciones administrativas prescribirán

a los 8 años; en ese sentido, en el caso que nos ocupa,  se advierte que la Resolución

Determinativa  N° 171725001053  (CITE: SIN/GDLPZ  II/DJCC/TJ/RD/00285/2017)  fue  emitida  el  6

de  septiembre  de  2017  y notificada  el 12 de septiembre  del mismo año, en vigencia

precisamente de la Ley 812, en ese entendido, el término es computable desde el primer día del año

siguiente a aquel en que se produjo el Vencimiento del período de pago respectivo,  cuyo plazo

máximo para el cómputo de la prescripción es de 8 años de forma única y definitiva.

 

En este punto, resulta pertinente  mencionar que conforme el amplio examen normativo realizado

precedentemente, se observa que ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma

subsistente que quedo en vigencia es la Ley 291, empero, posteriormente a través de la Ley 317, es

derogado el último párrafo del citado artículo 59, parágrafo I, quedando habilitado el cómputo

progresi\lo del término de la prescripción; finalmente, la

 

 

 

 

Página 18 de 22

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIO IAL  DE

luPUsxAClÓx TRTBUTaRi4

 

 

Ley  812,  nue\tamente   modifica   el  tantas   veces  mencionado   artículo  59,  de  cuya

redacción  se establece  un  término  fijo  de  prescripción  de  ocho  (8) años;  lo  cual,  nos

permite afirmar  que a partir de la  abrogación  y derogación  de las normas  contrarias  a esta

última  Ley, resulta  incuestionable su aplicación  a  los actos emitidos  y notificados

precisamente en su vigencia.

 

Precisión  que  resulta  necesaria  realizar,  en  el entendido,  que  no  es posible  generar

incertidumbre o inseguridad jurídica respecto a la aplicación de la norma, esencialmente por las

modificaciones normativas  que se configuraron  en relación al artículo 59 de la Ley 2492; razón

por la cual, al establecer de manera expresa la Ley 812, la mencionada abrogación y derogación de

normas contrarias, es pertinente, constituir plena convicción en la Administración Tributaria y el

sujeto pasivo, sobre la norma vigente y aplicable, que para el caso bajo análisis no es otra que la

referida Ley 812, en cuya vigencia  se emitió y notificó el acto administrativo definitivo ahora

impugnado.

 

En atención a lo señalado, con relación al cómputo de la prescripción de las facultades de

fiscalizar y determinar  adeudos tributarios, de conformidad  al artículo 60 parágrafo I de la Ley

2492, se inicia: “. . ..desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo  el

vencimiento  del  periodo  de  pago  respectivo.”,’  en  ese  entendido,  para  el presente  caso,

de  acuerdo  al  marco  legal  señalado,  respecto  a  la  fiscalización  y determinación  de la

deuda  de los  periodos  fiscales  de marzo,  mayo,  junio,  octubre  y noviembre  2012,  con

vencimiento  de presentación  en  abril,  junio,  julio,  noviembre  y diciembre  2012,

respectivamente, el cómputo de la prescripción  inicio el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de

diciembre de 2020; por lo expuesto, se tiene que la prescripción invocada por la ahora recurrente

en relación a la facultad de la Administración Tributaria para  determinar  la  deuda  tributaria,

no  se  encuentra  materializada,  debido  a  que  la misma fue ejercitada dentro de plazo legal,

aspectos que se encuentran plasmados en el siguiente cuadro:

 

 

 

 

Marzo 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien J an mi t’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kura q kamach iq

M buruv isa  t endode gua mbae t i oño laita

mbaerep i Va e

12 de septiembre 2017 12 de septiembre 20J7

 

12 de septiembre 2017

12 de septiembre 2017

 

 

 

 

 

Página 19 de 22

 

 

 

 

Bajo los parámetros  antes mencionados,  se concluye que el ejercicio de las facultades de la

Administración Tributaria  en relación a  fiscalizar  y determinar  la  deuda  tributaria

relacionadas  al IVA  por los periodos  fiscales  marzo,  mayo,  junio, octubre  y noviembre 2012,

se encuentran incólumes en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por las Leyes 291,

317 y 812; de acuerdo a lo expuesto precedentemente.

 

Respecto a la cita por parte del recurrente de la Sentencia N° 39 de 13 de mayo de 2016, emitida

por  el Tribunal  Supremo  de  Justicia;  corresponde  señalar  que  las  decisiones adoptadas  por

este  máximo  Tribunal  de Justicia,  obedecen  a  un ámbito  jurisdiccional ordinario,  lo  que

implica  que  las  determinaciones  asumidas  rigen  para  las  partes  en conflicto que decidieron

someter  su asunto al ámbito  judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones asumidas en

los respectivos fallos judiciales.

 

Lo  propio  ocurre  en  el  ámbito  administrativo,  toda  vez  que  obedeciendo  a  la  libre

determinación  de  las  personas  de  acudir  al  ámbito  del  derecho  administrativo,  las

decisiones  asumidas  en  este  ámbito,  constriñen  al  cumplimiento  de  las  partes  en

conflicto, respecto a las decisiones asumidas en la esfera administrativa, lo que implica que la

libre decisión de la persona de acudir a la vía administrativa, separa la posibilidad de  acudir  a

otra  jurisdicción;  en ese  sentido,  al resolverse  algún  asunlo  en el ámbito administrativo,

dicha resolución no solamente que obliga al cumplimiento  de las partes en conflicto, sino que no

puede abarcar a otra jurisdicción y competencia, lo resuelto en al  ámbito  enteramente

administrativo.  Bajo  la  lógica  señalada,  no  es  permisible  la aplicación  de  ciertos

precedentes  del  ámbito  judicial  al  ámbito  administrativo,  como erróneamente  pretende el

recurrente; a esto se suma, que la referida Sentencia  N° 39, fue dejada sin efecto por Sentencia

Constitucional Plurinacional  0231/2017-S3 de 24 de marzo de 2017, que específicamente dispuso: “(.

.) se deja sin efecto la Sentencia 39 de 13 de mayo de 2016, disponiéndose que las autoridades

demandadas emitan un nuevo fallo,  observando   los  alcances  expuestos  en  la  presente

Sentencia  Constitucional Plurinacional.”,  en  consecuencia,   por  las  razones   anotadas

precedentemente,  no corresponde lo aseverado por el recurrente.

 

En relación a la multa por incumplimiento a deberes formales observada por Bolivia Legal

Consultores  Corporativos  SC;  corresponde  indicar  que la  Administración Tributaria  solicitó

 

 

 

 

Página 20 de 22

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD  REGIONAL  DE

IuPusuacióx  TRTBUTARTA

 

 

documentación al contribuyente a través de la Orden de Verificación N° 0015OVE04235 de 13 de julio

de 2016, a cuyo plazo de vencimiento  en virtud a la nota  de 20 de abril de 2017 presentada por el

citado contribuyente, mediante  Auto N° 251725000259  de 25 de abril 2017, se otorgó 5 días hábiles

a partir de su notificación,  diligencia practicada por cédula  el  10  de  mayo  de  2017,  es

decir,  que  el  ahora  recurrente  debió  presentar  la documentación  solicitada hasta el 17 de

mayo de 2017, no obstante, no cumplió con el deber  formal  previamente  señalado,  razón  por  la

cual el Ente  Fiscal labró  el Acta  por Contravenciones Tributarias  Vinculadas  al Procedimiento

de Determinación  N° 134699 del  31 de mayo  de 2017,  por  la  no entrega  de ninguna

documentación  e  información requerida   por   el   Servicio   de   Impuestos    Nacionales

durante   la   ejecución   de procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación, lo cual contraviene el artículo 70 numerales  4 y 6 de la Ley 2492, estableciendo

una multa de 3.000 UFV’s de   acuerdo   al  subnumeral   4.1  numeral   4  del   Anexo   I  de  la

RND   10-0033-16; incumplimiento  que  no  puede  ser  subsanado  de  manera  posterior  incluso

al  plazo otorgado     por    la    Vista    de    Cargo     N°    291725000644    (CITE:

SIN/GDLPZ II/DF/PPD/VE/VC/00178/2017),    conforme    refiere    el    Informe    CITE:

SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/INF/00847/2017, cursante a fojas 262-267 de antecedentes administrativos; en

consecuencia,  no corresponde lo aseverado por la empresa recurrente.

 

Bajo los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos,  se tiene que la facultad del Ente  Fiscal

para  fiscalizar  y  determinar  deudas  tributarias  establecidas  en  el  acto administrativo

impugnado, se encuentra incólume en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492  modificado  por las

Leyes  291,  317  y 812; bajo esas circunstancias, corresponde confirmar  el  adeudo  establecido

en  la  Resolución  Determinativa   N°  171725001053 (CITE: SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RD/00285/2017) de

6 de septiembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos

Nacionales.

 

POR TANTO:

La  Directora  Ejecutiva  Regional  Interina  de  la  Autoridad  Regional  de  Impugnación

Tributaria  La  Paz,  designada  mediante  Resolución  Suprema   N°  10501  de  16  de septiembre

de 2013, con las atribuciones  conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título  V  del

Código  Tributario  Incorporado  por  la  Ley  3092  y  el  artículo  141  del  DS. 29894;

 

 

 

 

Página 21 de 22

 

Josticia tributaria para v ivir bien

J an m it’ay ir jach’a kamani

M ana ta saq kura q k amachiq

M bu rux*i sa tendod egua m ba eti oñ om ita m ba erepi Vae

 

 

 

 

 

RESUELVE:

PRIMERO:   CONFIRMAR   la   Resolución   Determinativa   N°   171725001053   (CITE: SIN/GDLPZ

II/DJCC/TJ/RD/00285/2017)  de  6  de  septiembre  de  2017,  emitida  por  la Gerencia  Distrital

La Paz ll  La Paz del Servicio de Impuestos  Nacionales contra Bolivia Legal Consultores

Corporativos  SC, representado  legalmente por Maria José Paravicini

„-        Bilbao;  consecuentemente, se mantiene  firme y subsistente  el tributo  omitido  de

4.665 ‘   –      ’/t.   FV s, más intereses y sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor

Agregado, e los períodos fiscales marzo, mayo, junio, octubre y noviembre 2012, así como la multa

“           por incumplimiento a deberes formales de 3.000 UFV’s.

.^’>i’t• ‘3     .+

?         “*

,*    EGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115

°•..  +’

“         de  la  Constitución  Política  del  Estado  una  vez  que  adquiera  la  condición  de

firme,

conforme   establece   el  artículo   199   del  Código   Tributario,   será   de  cumplimiento

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de

Impugnación  Tributaria, de conformidad  al articulo  140 inciso c) del Código Tributario y sea con

nota de atención.

 

CUARTO:  Conforme  prevé  el  artículo  144  del  Código  Tributario,  el  plazo  para  la

interposición   del  recurso   jerárquico  contra   la  presente  resolución,   es  de  20  días

computables a partir de su notificación.

 

egístrese, hágase saber  y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCVD/¡cgr/avv/rms/rcgf/rgz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág na 22 de 22