ARIT-LPZ-RA-1450-2017 Resolución Determinativa confirmada por solicitud errada de contribuyente al solicitar prescripción de las facultades de determinación de la deuda tributaria, y no así, solicitar prescripción de ejecución tributaria

ARIT-LPZ-RA-1450-2017

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

luPuaNAclóN TRIBMÁRTA

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1450/2017

 

 

Recurrente:                             Emti Logística Ltda.

 

 

Administración Recurrida:    Gerencia   Distrital   La   Paz   I   del   Servicio   de

Impuestos  Nacionales,  legalmente  representada por Iván Arancibia Zegarra

 

 

Acto Impugnado:

 

 

 

Expediente:

 

Lugar y Fecha:

Auto      Administrativo      N°      391720000088 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AA/0070/2017)

 

ARIT-LPZ-1032/2017

 

 

La Paz, 29 de diciembre de 2017

 

 

VISTOS:

 

El  Recurso  de  Alzada,  el  Auto  de  Admisión,  la                        de  la  Administración

Tributaria  Recurrida,  el  Auto de apertura  de plazo  probatorio,  las pruebas  ofrecidas  y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-LPZ  N°  1450/2017  de  27  de  diciembre  de  2017,  emitido  por  la  Sub Dirección

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

El Auto Administrativo N° 391720000088  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AA/0070/2017) de 5 de julio  de  2017,

emitida  por  la Gerencia  Distrital  La  Paz I del  Servicio  de Impuestos Nacionales,  resolvió

rechazar  la  prescripción  interpuesta  por  Emti  Logistica  Ltda., debiendo proseguir con la

ejecución tributaria iniciada mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

200920101159 de 12 de octubre de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 y

siguientes de la Ley 2492.

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

II.1 Argumentos del Recurrente

Emti Logística  Ltda. epresentado  legalmente  por Abigail Reguerin  Andaveris  conforme se

acredita del Testimonio de Poder N° 0353/2013 de 27 de febrero de 2013, mediante

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir |ach’a kamani  Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

nota presentada el 2 de octubre de 2017, cursante a fojas 25-31 de obrados,  presentó Recurso de

Alzada, expresando lo siguiente:

 

La Resolución Determinativa  N° 17-00274-09  de 2 de febrero de 2009, le fue notificada el 29 de

mayo de 2009, cuando la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria

por los periodos fiscales mayo, junio, agosto y septiembre de 2004 se encontraban prescritas

conforme lo previsto en el artículo 59, parágrafo I, numeral 4) de la Ley 2492, es decir, la

Administración Tributaria  tenía 4 años para ejercer su facultad de determinar  la deuda

tributaria,  cuyo cómputo  se debió realizar  conforme  dispone el articulo 60 del Código

Tributario.

 

El cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008;

en consecuencia, al haberle notificado el 29 de mayo de 2009 con la Resolución Determinativa  N°

17-00274-09,  es  decir,  después  de  5  años  cuando  la  facultad  de determinación  del ente

fiscal  se encontraba  prescrita;  al efecto, cita lo dispuesto  en el artículo 5 del DS 27310 y

las Sentencias  39, 47 y 52 emitidas  por el Tribunal Supremo de Justicia.

 

Los   fundamentos   del  acto   administratiVo  impugnado   por   el   que   se   rechaza   la

prescripción no tiene relación con lo solicitado, es decir, que existe incongruencia  entre el

petitorio  y  lo  resuelto  debido  a  que  planteó  la  prescripción  de  las  facultades  para

determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales mayo, junio, agosto y septiembre de la

gestión 2004; sin embargo, el Auto Administrativo N° 391720000088 de 5 de julio de  2017,

fundamenta  el  rechazo  de  la  prescripción  en  base  a  los  numerales  3  y  4 parágrafo  I

del artículo  59  de la  Ley  2492, que  se refieren  a  la  facultad  para  imponer sanciones

administrativas y de ejecución tributaria.

 

La incongruente  fundamentación señala que el contribuyente  solicitó la prescripción de la

Resolución Determinativa N° 055/99, sin considerar que la Administración Tributaria a través de la

emisión y notificación del PIET, ejercitó  su facultad  de ejecución  tributaria, por tanto el

término de prescripción comenzó a computarse a partir del 23 de diciembre de 2010, es decir, desde

la notificación con el PIET, emitiéndose  las medidas coactivas con las que se habria interrumpido

el cómputo de la prescripción en cuatro oportunidades y concluye  señalando  que  la  deuda

tributaria  así  como  la  facultad  de ejecutar  no  se

encuentran prescritos; en consecuencia, rechaza la solicitud planteada, sin comprender     ,, ,  •

 

Sotwu de Ceslíon

de la Calidad               •’

 

A\JT0RIDAD REGIONAL DE

 

 

 

que su argumento va dirigido a la prescripción de las facultades para determinar la deuda

tributaria,  motivo  por el que el acto impugnado  carece  de motivación  ya  que no  tiene

relación con el petitorio.

 

La  prescripción  es  un medio  anormal  de  extinción  de  las  obligaciones  tributarias  que

consiste en liberar al contribuyente de la obligación que tiene a su cargo; en tal sentido, el

Código Tributario  recoge la prescripción  extintiva  como un medio en virtud el sujeto pasivo de

una obligación, obtiene la liberación de la misma por inacción del sujeto activo, durante  el

plazo  previsto  en  la  Ley,  al efecto  hace  mención  de  manera  general  a  la jurisprudencia

emitida por el Tribunal Supremo  de Justicia en relación

extintiva  y señala  que  el  término  para que prescriba  una obligación  tributaria  es de 4 años

en aplicación al principio de favorabilidad  reflejado en la Sentencias Nos. 39, 47 y 52.

 

Conforme  a  los  fundamentos  expuestos,  solicita  revocar  el  Auto  Administrativo  N°

391720000088  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AA/0070/2017) de 5 de julio de 2017.

 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Emti Logística Ltda. representado  legalmente por Abigail

Reguerin  Andaveris,  fue admitido  por Auto de 6 de octubre de 2017, notificado por  cédula  a la

Gerencia  Distrital  La Paz I del Servicio  de Impuestos  Nacionales  y al recurrente 10 y 17 de

octubre de 2017 respectivamente, fojas 32-40 de obrados.

 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La  Gerencia  Distrital  La  Paz  I  del  Servicio  de  Impuestos  Nacionales,   legalmente

representada                       Arancibia                     conforme    acredita    la

Resolución Administrativa  de  Presidencia  N°  031700001413  de  29  de  septiembre  de  2017,

por memorial  presentado  el  25  de  octubre  de  2017,  cursante  a  fojas  43-48  de  obrados,

respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

 

Considerando   que  los  periodos   fiscales   observados   durante   el  procedimiento   de

determinación acaecieron en la gestión 2004, la normativa aplicable al presente caso es la Ley

2492, sin modificaciones, tal cual refiere el recunente en su Recurso de Alzada, al efecto cita los

artículos 59, 60, 61 y 62 los cuales señalan que prescribirán a los cuatro años las facultades de

la Administración Tributaria  para determinar  la deuda  tributaria,

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir ¡ach a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomita mbaerep  Vae

 

 

 

 

plazo que se computará a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel que se produjo

el \/encimiento del periodo de pago respectivo, la suspensión del cómputo de la prescripción

operará con la notificación del inicio de la fiscalización; en ese contexto, la prescripción es

oponible hasta en etapa de ejecución tributaria como señala el artículo 5 del DS 27310, posibilidad

que no atinge al presente caso, ya que la pretensión principal del  sujeto  pasivo  radica  en  la

prescripción  de  la  facultad  de  determinación  de  la Administración Tributaria respecto a los

periodos fiscales observados.

 

La Ley establece institutos jurídicos para proteger los intereses y el fin perseguido por la

Administración Tributaria,  que  se  encuentran  definidos  no  solo en la  norma  tributaria, sino

también por la Jurisprudencia vinculante emitida por los Tribunales del Estado; en ese   entendido,

el  contribuyente   desconoce   que   una   de   esas   salvedades   es   la suspensión

establecida  en el artículo  62  de la  Ley  2492,  el  cual  si bien  señala  como causal de

suspensión  la notificación  con la Orden  de Fiscalización  al contribuyen le, el cúmulo  de

jurisprudencia señala  también  como causal de suspensión  a la notificación con la Orden de

Verificación,  al efecto cita la Sentencia N° 013/2013 de 6 de marzo de 2013.

 

En  ese  entendido  la  facultad  de  determinación  de  la  deuda  tributaria  nunca  llegó  a

concretarse en virtud a que el cómputo de la prescripción de la facultad de determinación de la

deuda tributaria comenzó a computarse desde el 1 de enero de 2005 y siendo que no transcurrieron

los 4 años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, se tiene que la misma  no ha llegado a

operar,  toda vez que  la Orden  de Verificación  fue notificada mediante  cédula  el 4 de

septiembre  de  2008,  actuado  que  suspendió  el  cómputo  de prescripción  por el lapso de 6

meses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la precitada   disposición   normativa,   por

cuanto   se   evidencia   que   la   facultad   de determinación de la deuda tributaria no se

encuentra prescrita.

 

Corresponde  aplicar  la  teoría  de  los  actos  consentidos,  ya  que  de  la  revisión  a  los

antecedentes   administrativos,   se   puede   evidenciar   que   todo   lo   obrado   fue   de

conocimiento del contribuyente, toda vez que fue él mismo quien solicitó el 17 de octubre de  2016

liquidación  de  la  deuda  tributaria  misma  que  fue  respondida  conforme  se evidencia a fojas

128 de antecedentes administrati\los, pero el hecho más sobresaliente es el de solicitar  la

prescripción  de la facultad  de determinación  de la deuda  tributaria, después  de  que  la

Resolución  Determinativa  N°  055/99  adquirió  firmeza  conforme  el

 

 

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AUTORIDAD BEGTONAL  DE

lurcsxacióx  TRlBuTaRia

 

 

artículo  108  de  la  Ley  2492  dándose  por  bien  hechas  todas  las  medidas  coactivas

posteriores   a  la  notificación  con  el  Pliego  de  Cargo.  AI  efecto,  cita  la  Sentencia

Constitucional 0345/2004-R de 16 de marzo de 2004.

 

El  acto  impugnado  no  solo  hace  mención  a  lo  confusamente  solicitado  por  el  sujeto

pasivo, debido a que su nota presentada  la misma no solo hace referencia a la facultad de

determinación  de  la  deuda  tributaria,  sino  también  a  la  oposición  de  la  ejecución

tributaria;  en  tal  sentido,  el  Auto  Administrativo impugnado  señala  que  la  Resolución

Determinativa  N°  55/09  no fue  objeto  de demanda  o recurso  de  alzada  en su debido momento

por  lo  que  la  misma  adquirió  la  calidad  de  firmeza,  haciendo  referencia  al articulo 59

de la Ley 2492, de manera que dicho acto administrativo no vulnere ni cause estado de indefensión

al contribuyente, por cuanto corresponde rechazar las supuestas incongruencias existentes en el

Auto Administrativo 0070/2017.

 

El recunente hace referencia de forma equivocada a las Sentencias 39, 47 y 52 emitidas por el

Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, las mismas no se constituyen en fuentes del derecho

tributario al ser simples precedentes jurisdiccionales; asimismo, se debe considerar que  dichas

sentencias  fueron  dejadas  sin  efecto  por  las  Sentencias  Constitucionales 0231/2017-S3 y

0048/2017-S2 de 6 de febrero de 2017. Respecto a la Sentencia 52 la misma se   encuentra

pendiente   de   emisión   de   Sentencia   Constitucional   ante   el   Tribunal Constitucional

Plurinacional.

 

Finalmente  solicita  se  proceda  en  resguardo  del  principio  de  congruencia

lo dispuesto  en  los  articulos  198,  inciso  e)  y  211  del  Código  Tributario,  es  decir,

que  e! pronunciamiento deberá  ser  emitido  solamente  sobre  los  argumentos  planteados  por

el contribuyente y no emitir resoluciones extra o ultra petita, a fin de no vulnerar el derecho a

la defensa de la Administración Tributaria.  AI efecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011.

 

Conforme   los  fundamentos   expuestos,   solicita   confirmar   el   Auto   Administrativo   N°

391720000088  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AA/0070/2017) de 5 de julio de 2017.

 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 26 de octubre de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días

comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 21

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir |ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq Mburuvisa tendodegua mbaerepi lae

 

 

 

 

 

 

 

 

del  Código  Tributario,  actuación  notificada  en  Secretaría  el 1 de noviembre  de  2017,

período  dentro  del  cual,  por  memorial  presentado  el  9  de  noviembre  de  2017,  el

recurrente  ratificó  como prueba  la documentación  adjunta  a momento  de presentar  el Recurso

de Alzada, consistente en: fotocopia simple de la Cédula de Identidad de Abigail Reguerin

Andaveris,  certificación  electrónica  emitida  por  el  Servicio  de  Impuestos Nacionales  y

originales del acto administrativo impugnado,  Testimonio  N° 736/2000  de 5 de diciembre de 2000

referente a la Escritura Pública  de Constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Emti

Logistica Ltda.”. y del Testimonio N° 353/2013 de 28 de febrero de 2013 de otorgamiento de Poder en

favor de Abigail Reguerin Andaveris; al efecto, por Proveído emitido el 14 de noviembre de 2017, se

dio por ratificada la prueba documental;  actuación  notificada  en  Secretaría  a  las  partes  el

15  de  noviembre  del mismo año; fojas 51-53 de obrados.

 

Por  memorial  presentado  el  20  de  noviembre  de  2017  la  Administración  Tributaria ofreció,

propuso,  reprodujo  y  ratificó  las  pruebas  consistentes  en  los  antecedentes

administrativos presentados  a momento de responder al Recurso de Alzada;  al efecto, mediante

Pro\leído  de  21  de  no\/iembre  de  2017,  se  dio  por  ratificada  la  prueba documental,

actuación notificada en Secretaría a las partes el 22 de noviembre de 2017; fojas 54-56 de obrados.

 

11.5 Alegatos

Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2017, Emti Logística Ltda. representada legalmente

por   Abigail   Reguerin   Andaveris,   presentó   alegatos   en   conclusiones reiterando lo

manifestado a momento de interponer el Recurso de Alzada referidos a que las facultades de la

Administración Tributaria  para determinar  la deuda de los periodos fiscales mayo, junio, agosto y

septiembre de 2004 se encuentran prescritas; la carencia de motivación del acto impugnado debido a

que el ente fiscal no respondió conforme su solicitud de prescripción; la suspensión de la

prescripción por el lapso de 6 meses no se aplica  para  las Órdenes  de  Verificación  por

prohibición  expresa  de la  Ley; finalmente, que  no  corresponde  la  aplicación  de  la  teoría

del  acto  consentido  como  señala  la Administración  Tributaria;  adicionalmente,  Abigail

Requerin  Andaveris  refirió  alegatos respecto de los argumentos del Ente Fiscal en su memorial de

respuesta al Recurso de Alzada;  al  efecto,  el Proveído  de  12  de  diciembre  de  2017,  dio

por  formulados  los alegatos y sea en conocimiento  de la parte contraria, fojas 57-63 de obrados.

 

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL OE

luPusNxcléN TnlBu1ARu

 

 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales no presentó alegatos en  los

plazos  y  condiciones  establecidos  por  el  artículo  210  parágrafo  II  del  Código

Tributario.

 

III. ANTECEDENTES  EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de septiembre de 2009,

notificó a Emti Logística Ltda. con la Orden de Verificación N° 0008OVI0718 de

24  de  abril  de  2008,                         a  la  verificación  de  los  hechos   y/o

elementos correspondientes al IVA de los períodos fiscales enero a diciembre  2004, con el objeto

de  establecer   el  correcto   cumplimiento   de  las  obligaciones   tributarias   señaladas

precedentemente; fojas 3-9 y 15-16 de antecedentes administrativos.

 

La Administración Tributaria  el 22 de octubre de 2008, emitió la Vista de Cargo N° 20-

DF-SVI-352/08, que procedió a determinar la deuda tributaria correspondiente al IVA de los períodos

fiscales mayo, junio, agosto y septiembre de la gestión 2004 y sobre cierta estableció  un  adeudo

preliminar  de  Bs3.990.-  importe  que  incluye  el  tributo  omitido actualizado,  intereses  y

la  sanción  por  la  calificación  preliminar  de  la                  del contribuyente  como

omisión de pago, actuación notiticada al sujeto pasivo por cédula el 14 de noViembre de 2008, fojas

65-74 de antecedentes administrativos.

 

La Resolución Determinativa N° 17-0027409 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RD/055/09) de 2 de febrero de

2009, resolvió determinar de oficio sobre base cierta la deuda tributaria de Emti Logística  Ltda.

con NIT 1005535029  que asciende a 1.623 UFV’s, por concepto de tributo omitido, más intereses y

sanción por omisión de pago, por el Impuesto al Valor Agregado de los  periodos  fiscales  mayo,

junio,  agosto  y  septiembre   2004,  al  haberse  acreditado indebidamente  crédito fiscal

acumulado  luego de su acogimiento  a la modalidad  de Pago Único Definitivo del Programa

Transitorio, Voluntario y Excepcional para Adeudos Tributarios en  Mora,  actuación  notificada

mediante  cédula  el  29  de  mayo  de  2009,  fojas  86-95  de antecedentes administrativos.

 

El         Proveído          de         Inicio          de         Ejecución          Tributaria

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/200920101159  de  12  de  octubre  de  2009,  señala  que

estando   firme  y  ejecutoriada  la  Resolución  Determinativa   N°  17-00274-09   (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RD/055/09) de 2 de febrero de 2009 por el monto de 2.923 UFV’s conforme a lo

establecido  en el Numeral 1 del artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS

27874, anuncia al contribuyente que se dará inicio a la ejecución

 

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butaria para yivir bien

yir|ach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuv’sa tendodegua mbaeti oñomita

mDaerepi Vae

 

 

 

 

tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación,  a partir del cual se

aplicarán en su contra las medidas coactivas correspondientes hasta el pago total de la deuda

tributaria, acto notificado por edictos publicados el 19 y 23 de diciembre de 2010, fojas 100-103

de antecedentes administrativos.

 

Mediante  nota presentada  a la Administración Tributaria  el 19 de diciembre  de 2016 Abigail

Reguerin Andaveris en representación de Emti Logística Ltda. planteó oposición a la ejecución

tributaria de los periodos fiscales mayo, junio, agosto y septiembre de la gestión 2004; fojas 132

de antecedentes administrativos.

 

El Auto  Administrativo N° 391720000088 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AA/0070/2017) de 5 de  julio  de

2017,  resolvió  rechazar   la  solicitud   de  prescripción   planteada   por  el contribuyente

Emti Logística Ltda.; por consiguiente, dispuso proseguir con la ejecución tributaria iniciada

mediante el Proveído  de Inicio de Ejecución Tributaria 200920101159 de  conformidad  al  artículo

59  de  la  Ley  2492,  acto  administrativo notificado  de  forma personal el 8 de septiembre de

2017; fojas 150-154 de antecedentes administrativos.

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del

Código  Tributario,  revisados  los antecedentes  administratiVOS,  compUlsados los argumentos

formulados por las partes, verificada  toda la documentación presentada en el término probatorio

como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva  y en consideración  al Informe Técnico

Jurídico emitido de conformidad  al artículo 211-III del referido Código Tributario, se tiene:

 

La  Autoridad  Regional  de  impugnación  Tributaria  La  Paz,  se  aboCaFá  Únicamente  al

análisis de los agravios manifestados  por Emti Logística Ltda. representada  legalmente por

Abigail  Reguerin  Andaveris;  la  posición  final  se  sustentará  acorde  a  los  hechos,

antecedentes  y el derecho  aplicable en el presente  caso, sin ingresar a otros aspectos que  no

fueron  objeto  de  impugnación  o  que  no  se  hubieran  solicitado  durante  su tramitación ante

esta Instancia Recursiva.

 

IV.1. VICIOS DE NULIDAD

IV.1.1.     fncongrt/encfa en e/ actO impugnado

El  recurrente  en  su  impugnación  señala  que  los  fundamentos  del  acto  administrativo

impugnado por el cual se rechaza  la prescripción  no tiene relación con lo solicitado, es

 

Sist<rru de Gnlion de la Calidad

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AUT0RTD4D REGIONAL DE

l¥PUG8AciéN TRTBUTARTA

 

 

decir, que existe incongruencia entre el petitorio y lo resuelto, en virtud de que planteó la

prescripción de las facultades para determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales mayo,

junio, agosto y septiembre de la gestión 2004; sin embargo, el Auto Administrativo N° 391720000088

de 5 de julio de 2017, fundamenta  el rechazo  de la prescripción  en base a los numerales 3 y 4

parágrafo I del articulo 59 de la Ley 2492, que se refieren a la facultad para imponer sanciones

administrativas y de ejecución tributaria.

 

La  Administración Tributaria  señala  que el  acto  impugnado  no  solo  hace  mención  a  lo

confusamente  solicitado  por  el  sujeto  pasivo,  debido  a  que  la  nota  presentada  hace

referencia  a  la  facultad  de  determinación  de  la  deuda  tributaria,  pero  también  a  la

oposición  de  la  ejecución  tributaria;  en  tal  sentido,  el  Auto  Administrativo  impugnado

señala       que       la      Resolución       Determinativa       N°       17-00274-09

(CITE: SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RD/055/09) de 2 de febrero de 2009 no fue objeto de demanda o Recurso  de

Alzada  en su debido momento  por lo que la misma  adquirió  la calidad  de firmeza, al respecto

corresponde efectuar el siguiente análisis:

 

El articulo  68 numeral 6) de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo, dispone:

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes. 6) Al debido proceso y a conocer  el  estado

de  la  tramitación  de  los  procesos  tributarios  en  los  que  se  parte interesada a través

del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

 

El artículo  16  inciso  a) de la  Ley 2341  señala  que es un derecho  de las personas:  A

formular peticiones ante la Administración Pública, individual y colectivamente.

 

El  articulo  4 del  DS  27113,  dispone:  La  petición  es un  derecho  de  los  ciudadanos  y

compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente.

 

Inicialmente    corresponde    señalar   que   toda   autoridad   administrativa   tiene   sus

competencias  definidas dentro del ordenamiento  jurídico  y debe ejercer  sus funciones con

sujeción  al  principio  de  legalidad  a  fin  de  que  los  derechos  e  intereses  de  los

administrados   cuenten   con   la   garantía   de   defensa   necesaria   ante   eventuales

actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o

reglamentarios   vigentes.   De  la  aplicación   del  principio   del  debido   proceso   se

 

 

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Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

desprende  que  los  administrados   tienen  derecho  a  conocer  las  actuaciones  de  la

administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa,

a  impugnar  los actos  administrativos y en fin a gozar de todas las garantias establecidas en su

beneficio.

 

El  debido  proceso  es  un  principio  jurídico  procesal  o  sustantivo  según  el  cual  toda

persona tiene derecho a ciertas garantias mínimas,  tendientes a asegurar un resultado justo y

equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oido y hacer valer sus

pretensiones  frente al juez.  Se define el derecho  al debido proceso,  como el conjunto  de

garantías  previstas  en el ordenamiento  jurídico,  a  través  de las cuales  se busca la

protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su

trámite se respeten sus derechos  y se logre la aplicación correcta de la justicia.

 

Ahora bien, la garantía del debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que  lo

configuran,  entre  ellos,  la  motivación,  la  valoración  integral  de  la  prueba,  la

pertinencia y la congruencia de las resoluciones; en relación a este último componente, la

Sentencia Constitucional Plurinacional 1407/2014 de 7 de julio, estableció el siguiente

entendimiento: “En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la

congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe

asegurar la estricta correspondencia entre lo petiCionado y probado por las partes, en ese

contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento

congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber.

  1. a) Por incongruencia   omisiva,   en  virtud  de  la  cual,  la  autoridad   jurisdiccional  o

administrativa  emite  una  resolución  sin  considerar  las  pretensiones  de  las  partes,

vulnerando  con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la derensa, y,

  1. b) por incongruencia aditivo, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa,

falla  adicionando   o  incorporando   elementos   no  peticionados   o  no discutidos por las

partes en el decurso de la causa. Consecuentemente, se concluye que el principio de congruencia,

responde a la pretensión  juridica o la expresión de agravios formuldda  por  las  partes,  la

ausencia  de relación  entre  lo  pedido  por  las  partes  y  lo resuelto por la autoridad

jurisdiccional, contradice el principio procesal de congruencia ‘.

 

Hechas  aquellas  precisiones  necesarias,  resulta pertinente  señalar que de la revisión a

los  antecedentes  administrativos,  Abigail  Reguerin  Andaveris  en  representación  de  Emti

.:, ,  •

 

 

 

 

Pá9’na 10 de 20

Sistwa de Goliat- de I  úalidad

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

 

EsI ado  PIu r i i ía clun al  de  B oli \• i a

 

 

Logistica Ltda., mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 19 de diciembre de 2016

cursante  a fojas 132 de antecedentes  administrativos se advierte que en forma textual refiere lo

siguiente: “Plantea  oposición  a la ejecución  tributaria  por extinción  de la obligación por

prescripción Contribuyente: EMTI LOGÍSTICA LTDA.     NIT: 1005535029 RD No. 5S2009 de

2/02/2009…La Administración tenia el plazo de cuatro (4) años para ejercer su facultad de

determinar la deuda tributaria por los periodos 5, 6, 8 y 9 de la gestión 2004, cómputo que debe

realizarse conforme dispone el articulo 60 del Código Tributario vigente, es decir, desde el 1 de

enero del ano calendario siguiente  a aquél en que se produjo el vencimiento del periodo de pago

respectivo.

 

Como  consecuencia  de  lo  anterior  el  Ente  Fiscal  mediante  Auto  Administrativo  N°

391720000088  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AA/0070/2017) de 5 de julio de 2017, atendió dicha solicitud que

en sus partes más sobresalientes señala lo siguiente:”…estando firme y ejecutoriada la Resolución

Determinativa N° 55/09 de 02 de febrero de 2009, se emitió el  Proveído  de Inicio  de Ejecución

Tributaria  N°  200920101159  de  12 de octubre  de 2009, anunciándole al contribuyente el inicio

de la ejecución tributaria por el mencionado titulo… (…)  En  el presente  caso  el

contñbuyente  soIic”ita  prescripción  de  la  obligación tributaria  contenida  en la Resolución

Deterrninativa N° 055/09 de 2 de  febrero  de 2009, relativa aJ I\/A, correspondiente a los

periodos fiscales mayo a septiembre  de 2004, por el importe  de  UFV’s  UFV2.923  (DOS  ívllL

NOVECIENTOS  VEINTITRÉS  UNIDADES  DE

FOMENTO DE VIVIENDA), sin considerar que la Adminisfzación Tríótrtaria a ffiavés de

la   emision   y   nofificación  de/  Proreírto  de  Inicio        *i••••r+•  Tríótzfaría   /V°

200920101159 de Y2 de octubre de 2009, eiemitó su facultad óe ei••••*Ó•         ‹•n• contra el

sujeto pasivo por la deuda previamente c”itada”; y a continuación la Administración Tributaria

realiza el análisis de las facukades de ejecución de acuerdo a los datos del proceso,

en  ese  entendido,  resolvió  rechazar   la  solicitud  de  prescripción   planteada   por  el

contribuyente; por  consiguiente,  dispuso  proseguir  con la  ejecución  tributaria  iniciada

mediante el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria 200920101159 de conformidad al anículo 59 de

la Ley 2492.

 

Conforme lo señalado es evidente que la referencia de la nota presentada por el sujeto pasivo se

circunscribe a plantear la oposición de la ejecución tributaria por prescripción, es en ese

sentido, que la  Administración Tributaria  realizó el análisis  correspondiente respecto  a la

prescripción de las facultades de ejecución tributaria, no obstante de la lectura al contenido

 

 

 

 

determinar  la deuda tributaria  correspondiente al IVA de los periodos fiscales mayo,  junio,

agosto y septiembre de la gestión 2004, motivo por el cual el Ente Fiscal aclaró que estando firme

y ejecutoriada Resolución Determinativa  N° 55/09 de 02 de febrero de 2009 emitió el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 200920101159 de 12 de octubre de 2009, acto que    inició  la

ejecución  tnbutaria  de  la  deuda  consignada   en  la  referida  Resolución Determinativa,

consecuentemente  no  existe                          en   el   acto   administrativo impugnado, en

tanto y en cuanto la Administración Tributaria respondió al planteamiento del ahora recurrente.

 

En este punto de análisis corresponde precisar que en materia estrictamente impositiva, el artículo

68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, disponen como derechos del sujeto pasivo, el que la

Administración Tributaria resueI\la expresamente las cuestiones planteadas en los  procedimientos

de  esta  Ley  y  disposiciones  reglamentarias  dentro  de  los  plazos establecidos;  así  como

el  derecho  al  debido  proceso  y  a  conocer  el  estado  de  la tramitación de los procesos

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones  y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de

terceros autorizados en los términos del presente Código; en concordancia a la normativa  referida,

los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113,  aplicables  por  disposición  del artículo  201

de la  Ley  3092,  señalan  que la petición es un derecho  de los ciudadanos  y compromete  a la

administración pública  a dar  una  respuesta  oportuna  y pertinente,  lo que ocurrió  en el

presente  caso; toda  vez que, la Administración Tributaria  emitió un pronunciamiento en

correlación al planteamiento expuesto  por  el  recurrente,  el  cual  \/ersa  sobre  la

prescripción  de  las  facultades  de determinación de la deuda tributaria, solicitud errada, en el

entendido que el ahora recurrente debió haber planteado su solicitud de prescripción considerando

la etapa actual en la que se encuentra  el procedimiento,  vale  decir,  la  fase  de ejecución

tributaria,  en ese entendido, desestimar   los   \/icios   de  nulidad                   en

relación   a   la   supuesta

incongruencia en el acto impugnado.

 

 

IV.1.2. De la solicitud de prescripción

El recurrente en su impugnación refiere que la Resolución  Determinativa  N° 17-00274-09 de 2 de

febrero de 2009, le fue notificada el 29 de mayo de 2009, cuando la acción de la Administración

Tributaria  para  determinar  la  deuda  tributaria  por  los  periodos  fiscales mayo, junio,

agosto y septiembre de 2004 se encontraban prescritas conforme lo previsto

en el artículo  59, parágrafo  I, numeral 2) de la Ley 2492, en consecuencia,  el cómputo       ,

 

de ill Calidad

Página 12 de 20     ^’nificado 0°EC-77a 4

 

 

 

 

 

 

AUT0RlDAD REGIONAL DE

 

ES ta do Plurina c lona1  d c  Boltv ‹a

 

 

de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, es decir,

la Administración Tributaria tenía 4 años para ejercer su facultad de determinar la deuda

tributaria, cuyo cómputo se debió  realizar conforme dispone el artículo 60 del Código  Tributario;

al  efecto,  cita  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  del  DS  27310  y  las Sentencias 39, 47 y

52 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia.

 

La  Administración  Tributaria  señala  que  los  periodos  fiscales  observados  durante  el

procedimiento de determinación acaecieron en la gestión 2004, por ende corresponde la aplicación de

la Ley 2492 sin modificaciones, al efecto cita los artículos  59, 60, 61 y 62 los cuales señalan

que prescribirán a los cuatro años las facultades de la Administración Tributaria  para  determinar

la  deuda  tributaria:  en  ese  entendido,  el  cómputo  de  la prescripción   de  la  facultad

de  determinación   de  la  deuda   tributaria   comenzó   a computarse  desde  el 1 de  enero  de

2005  y  siendo  que no  transcurrieron los  4 años establecidos  en el articulo  59 de la Ley

2492, se tiene que no llegó a operar, debido a que la Orden de Verificación fue notificada mediante

cédula el 4 de septiembre de 2008, actuado que suspendió el cómputo de prescripción por el lapso de

6 meses de acuerdo a  lo  dispuesto  en el articulo  62  de la  precitada  disposición  normativa,

por  cuanto  se evidencia  que  la  facultad  de  determinación  de  la  deuda  tributaria  no  se

encuentra prescrita.  Además,  corresponde  aplicar  la  teoría  de  los  hechos  consentidos  en

el entendido   de  que   el  contribuyente   al  solicitar  la  prescripción   de  la  facultad

de determinación de la deuda tributaria, después de que la Resolución Determinativa N° 17- 00274-09

(CITE:  SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RD/055/09) de  2 de  febrero  de  2009  adquirió firmeza,  dio por bien

hechas  todas las medidas  coactivas  posteriores  a la notificación con  el  Pliego  de  Cargo

(debió  decir  Proveído  de  Inicio  de  Ejecución  Tributaria);  al respecto, corresponde el

siguiente análisis:

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

  1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
  2. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  3. Determinar la deuda tributaria.
  4. Imponer sanciones administrativas.
  5. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un

régimen tributario que no le corresponda.

 

 

Página 13 de 20

Jan mit’ayir jach’a kamani Mana tasaq kuraq kamac

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Va

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   El término para ei  cutar las sanciones por confravenciones frióufarias  prescribe  a los

dos (2) años.

 

El artículo 60 de la Ley 2492, en su parágrafo  I, dispone: I. Excepto en el numeral  4 del

parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción  se computará desde el 1 de  enero

del  ano  calendario  siguiente  a  aquel  en  que  se  produjo  el  vencimiento  de/ período de

pago respectivo.

 

El artículo 61 de la Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la prescripción,

dispone:  La prescripción  se  interrumpe  por.  a)  La  notificación  al  sujeto  pasivo  con  la

Resolución  Determinativa. b)  El  reconocimiento expreso  o tácito  de  la  obligación  por parte

del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades  de pago. Interrumpida

la prescripción,  comenzará a computarse  nuevamente  el término  a partir del primer día hábil del

mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

 

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica:

El  curso  de  la  prescripción  se  suspende  con:  1.  La  notificación  de  inicio  de

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la

presentación  de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por

la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo tallo.

 

El artículo 108 parágrafo I, numeral 4 dispone: La ejecución  tributaria  se realizará  por la

Administración   Tributaria   con   la   notificación   de:   1.   Resolución   Determinativa   o

Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen.

 

El  artículo  4  del  Decreto  Supremo  27874  de  26  de  noviembre  de  2004,  dispone:  La

ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley   N° 2492,

procede al tercer dia siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución

tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable.

 

De inicio corresponde  señalar que Abigail Reguerin Andaveris  en representación legal de Emti

Logística Ltda., en los argumentos de su Recurso de Alzada, de forma concreta

planteó  la  prescripción  de  las  facultades  de  determinación  de  la  deuda  tributaria    . „

 

 

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AUTORIDAD BE6I0NAL  DE

Iurtisxxci0¥ TnietrrAni4

Es tndo  P1u ri n a ci on aI  de  B io I’v  i a

 

 

correspondiente al IVA de los periodos  fiscales  mayo,  junio,  agosto  y  septiembre  de 2004;

en ese sentido,  esta  Instancia  realizará  el análisis  correspondiente conforme lo solicitado

por el recurrente en aplicación al principio de congruencia, sólo respecto a su solicitud de

prescripción de la fase de determinación no asi de ejecución tributaria.

 

Bajo  el  contexto  anterior,  corresponde  hacer  hincapié  que  en  materia  tributaria  la

obligación  impositiva  no prescribe  de oficio, toda vez que por esta razón es admisible

legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones

para su determinación  o ejecución se hayan extinguido conforme establece el artículo 122 parágrafo

III del Código Tributario, pagos que son irrecuperables debido a que se consolidan a favor del

sujeto activo; por ello, lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la

Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar sanciones

administrativas en el plazo legal establecido.

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un Estado Unitario

Social  de  Derecho  Plurinacional  Comunitario  que  garantiza  el  bienestar,  el desarrollo,  \a

seguridad y \a protección e igual dignidad de las personas, asi dispone la Constitución  Política

del Estado  en sus artículos  1  y 9, concibiéndose  el principio  de seguridad  de manera

general,  pero que alcanza a la seguridad  jurídica  a la que tiene derecho toda persona, a efectos

de evitar arbitrariedades de las autoridades  públicas. Por su parte, el artículo 78 parágrafo I

del referido texto constitucional, dispone que la potesad deimpaRirlustiGaemanadelpuebo

bolianoysesusentaenlosprincpos de  independencia,  imparcialidad,  seguridad  juridica,

publicidad,  probidad,  celeridad, gratuidad,   pluralismo   jurídico,   interculturalidad,

equidad,   servicio   a   la   sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los

derechos.

 

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad

jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado con  carácter

general  en  la  Constitución  Política  del  Estado,  es  aplicable  al  ámbito tributario, puesto

que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323 parágrafo I de la   norma

constitucional  determina   que   las  entidades   fiscales   deben  ejercer   sus facultades de

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda

tributaria  e imponer sanciones administrativas en un determinado

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria  desarrolle  sus funciones  con

“ mayor eficiencia  y eficacia en cuanto a la recaudación  de impuestos  y; que los sujetos     ‘„

 

 

 

 

 

 

 

 

pasivos no se encuentren ligados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría

una vulneración a su seguridad jurídica.

 

A  objeto  de una  adecuada  comprensión  de  la  problemática  que  nos  ocupa  resolver,  es

necesario    realizar    una    previa    contextualización   de    las    principales

actuaciones administrativas; al efecto, de la revisión de antecedentes se establece que la

Administración Tributaria  el 4 de  septiembre  de 2009, notificó a Emti  Logística  Ltda.  con la

Orden  de Verificación N° 0008OVI0718  de 24 de abril de 2008, concerniente  a la verificación  de

los  hechos  y/o  elementos  correspondientes  al  IVA  de  los  períodos  fiscales  enero  a

diciembre  2004,  posteriormente  emitió  la  Vista  de  Cargo  N°  20-DF-SVI-352/08,  que procedió

a determinar la deuda tributaria correspondiente al IVA de los períodos fiscales mayo, junio,

agosto y septiembre de la gestión 2004 y sobre cierta estableció un adeudo preliminar de Bs3.990.-

importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por la calificación

preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago.

 

Como   resultado   del   procedimiento   de   verificación   el   2   de   febrero   de   2009,

la Administración  Tributaria  emitió  la  Resolución  Determinativa  N°  17-00274-09  (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RD/055/09),  acto  administrativo que  estableció   de  oficio  sobre base

cierta  la  deuda  tributaria  contra   Emti  Logística  Ltda.  con  NIT  1005535029  que asciende

a 1.623 UFV’s, por  tributo omitido, intereses  y sanción por omisión de pago, por  el  Impuesto

al  Valor  Agregado  de  los  periodos  fiscales  mayo,  junio,  agosto  y septiembre  2004, al

haberse acreditado  indebidamente  crédito fiscal acumulado  luego de su acogimiento  a la

modalidad  de Pago Único  DefinitiVo  del Programa  Transitorio, Voluntario   y  Excepcional   para

Adeudos  Tributarios   en  Mora,   actuación  notificada mediante cédula el 29 de mayo de 2017.

 

Posteriormente el ente fiscal emitió el Proveido  de  Inicio  de Ejecución  Tributaria  CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PlET/200920101159 de 12 de octubre de 2009, acto  que al estar firme    y

ejecutoriada    la    Resolución    Determinativa     N°    17-00274-09     (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RD/055/09) de 2 de febrero de 2009 por el monto de 2.923 UFV s conforme a lo

establecido  en el Numeral 1 del artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS

27874, anuncia al contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria  del mencionado

titulo al tercer día de su legal notificación,  a partir del cual se aplicarán en su contra las

medidas coactivas correspondientes hasta el pago total de la

S›stem¥ de GeMion de io Calidad

Página  16 de 20     ^””’“’   ‘^”‘’*

 

 

 

 

 

 

AUT0RTD4D REGIONAL DE IMPuGNACTÓN TRIBUTARIA

 

 

deuda   tributaria,   actuación   administrativa  que   le  fue   notificada   mediante   edictos

publicados el 19 y 23 de diciembre de 2010.

 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  mediante  nota  presentada  a  la  Administración Tributaria

el 19 de diciembre  de 2016,  Abigail Reguerin  Andaveris  en representación de  Emti  Logística

Ltda.  planteó  oposición  a  la  ejecución  tributaria  de  los  periodos fiscales  mayo,  junio,

agosto  y  septiembre  de  la  gestión  2004,  solicitud  que  fue respondida    mediante    el

Auto    Administrativo    N°    391720000088    (SIN/GDLPZ- I/DJCC/CC/AA/0070/2017)  de  5 de

julio de  2017,  resolviendo  rechazar  la  solicitud  de prescripción planteada  por el

contribuyente; por consiguiente,  dispuso proseguir con la ejecución  tributaria  iniciada

mediante  el Proveído  de Inicio  de Ejecución  Tributaria  N° 200920101159  de conformidad al

artículo 59 de la Ley 2492.

 

De  lo  relacionado,  es  pertinente  señalar  que  el  recurrente  en  los  argumentos  de  su

Recurso  de  Alzada  establece  que  las  acciones  de  la  Administración  Tributaria  para

determinar  la  deuda  tributaria  se  encontraria  prescrita  a  la  fecha;  en  ese  entendido,

corresponde precisar que si bien la Ley 2492,  las Leyes 291 y 317, así como \a Ley 812, establecen

plazos de prescripción determinados  para el ejercicio de las facultades de la Administración

Tributaria   para                   inVestigar,   verificar,   comprobar,  fiscalizar, determinar

la deuda  tributaria, imponer  sanciones  administrativas y ejercer  su facultad de  ejecución

tributaria;   sin  embargo,   en  el  presente   caso  se  hace  necesario   e indispensable

establecer la etapa en la que se encuentra el presente caso.

 

Bajo  el  contexto  anterior  se  debe  establecer  que  los  actos  administratiVos,  producen

efectos  y  son  vinculantes  para  la  Administración  y  los  administrados  a  partir  de  su

notificación  a  sus  destinatarios,  actos  que  una  vez  firmes  no  puedan  ser  legalmente

impugnados  o una  vez impugnados  y con el pronunciamiento de la autoridad  revisora superior,

tienen  los  efectos  de  cosa  juzgada  (cosa  decidida)  o  lo  equivalente  a  la declaratoria

de firmeza  en el ámbito  administrati\lo, en ese contexto,  la irrevocabilidad de los actos

administrativos adquiere importancia  desde el punto de vista de garantizar un debido proceso y la

seguridad jurídica para las partes en controversia; en el presente caso,         la

Resolución         Determinativa         N°         17-00274-09         (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RD/055/09)  de 2 de  febrero  de 2009,  adquirió  firmeza  toda  vez que contra

este acto administrativo no se interpuso impugnación  alguna, lo que implica

la aceptación  del contenido  de dicho acto por parte del administrado,  toda  vez que no    .-, ,

 

 

 

 

Just’cia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir |ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

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existe evidencia de que se hubiera observado aspectos de fondo o de  procedimiento de determinación

o la conculcación  de  derechos  del recurrente  que  implicarían  Vicios  de nulidad.

 

En ese entendido  y producto  de la firmeza  del citado acto administrativo, el ente fiscal emitió

el       Proveído       de       Inicio       de       Ejecución       Tributaria       CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/200920101159   de    12    de    octubre    de    2009,    acto conminatorio

notificado  por  edicto  mediante  publicaciones  efectuadas  el  19  y  23  de diciembre de 2010;

al respecto, cabe mencionar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre  de 2004,  establece

de manera  expresa  la  ejecutabilidad  de  los  Títulos  de Ejecución Tributaria previstos en el

parágrafo I, artículo 108 de la Ley 2492, disponiendo que: ‘La ejecutar//idad de los títulos

listados en el Parágrafo I del Articulo 108 de la Ley N° 2492. procede al tercer día siguiente de

la notificación con el proveido que dé inicio a la   ejecución   tributaria,   acto   que,   de

conformidad   a   las   normas   vigentes,   es inimpugnable”, lo  que   determina  el  efecto

compulsivo  y coercitivo  al  administrado  al pago de la deuda tributaria al tercer día de la

notificación con la mencionada actuación.

 

También  corresponde  señalar  que  el  Proveido  de  Inicio  de  Ejecución  Tributaria  se

constituye en el acto administratiVo que complementa  al Título de Ejecución Tributaria a efecto

de su ejecución,  actuación que contiene esencialmente  la  conminatoria  para el pago de la

obligación determinada por el sujeto pasivo pendiente de pago, es decir, que es  la  comunicación

compulsiva  por  parte  del  Ente  Fiscal  para  obligar  el  pago  de  la obligación tributaria

determinada, lo que supone legalmente y conforme al artículo 4 del DS  27874,  el  inicio  de  la

fase  de  eiecución  tributaria;  en  esas  circunstancias,  no corresponde  solicitar  conforme

pretende el recurrente  la prescripción  de las facultades de determinación de la deuda tributaria,

considerando como se tiene dicho, la emisión y notificación      del      ProVeído      de

Inicio      de      Ejecución      Tributaria      CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/200920101159  de

12  de  octubre  de  2009,  dando  Iugar únicamente al ejercicio de su facultad de ejecución

tributaria.

 

En ese entendido, no queda duda alguna que el presente caso se encuentra en fase de ejecución

tributaria;   no  obstante,  la  solicitud  del  recurrente   hace  referencia   a  la prescripción

respecto a las facultades para determinar la deuda tributaria, planteamiento que no responde al

estado actual del procedimiento, que como se tiene señalado, es de ejecución  tributaria,  por

ello,  resulta  claramente  inapropiada  dicha  solicitud,  sin  que

 

 

 

 

Página  18 de Z0

ós ta Calidad

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

 

 

 

corresponda  efectuar  ningún  cómputo  respecto  a  la  facultad  de  determinación  de  la deuda

tributaria.

 

Con referencia a la Sentencias Nos. 39, 47 y 52 emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia,

invocadas por el recurrente en su Recurso de Alzada, corresponde señalar que las decisiones

adoptadas por el máximo Tribunal Supremo de Justicia, obedecen a un ámbito  jurisdiccional

ordinario, lo que implica que las determinaciones asumidas  rigen para las partes en conflicto que

decidieron someter su asunto al ámbito judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones

asumidas  en los respectivos  fallos  judiciales;  lo propio  ocurre  en  el  ámbito

administrativo,  toda  vez  que  obedeciendo   a  la  libre determinación  de  las  personas  de

acudir  al  ámbito  del  derecho  administrativo,  las decisiones  asumidas  en  este  ámbito,

constriñen  al  cumplimiento  de  las  partes  en conflicto, respecto a las decisiones asumidas en

la esfera administrativa, lo que implica que la libre decisión de la persona de acudir a la vía

administrativa, separa la posibilidad de  acudir  a otra  jurisdicción;  en ese sentido,  al

resolverse  algún asunto  en el ámbito administrativo, dicha resolución  no solamente obliga  al

cumplimiento  de las partes  en conflicto, sino que no puede abarcar a otra jurisdicción y

competencia,  lo resuelto en al ámbito  enteramente   administrativo.  Bajo  la  lógica  señalada,

no  es  permisible   la aplicación  de  ciertos  precedentes  del  ámbito  judicial  al  ámbito

administrativo. como erróneamente  pretende el recurrente a través de la cita de la Sentencias Nos.

39, 47 y 52 emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, emanadas por el Tribunal Supremo de

Justicia   por   las   razones   anotadas   precedentemente,   correspondiendo   en consecuencia,

descartar el argumento aducido sobre este punto.

 

Lo expuesto precedentemente permite concluir la extemporaneidad de la solicitud a través del

Recurso de Alzada por parte de Abigail Reguerin Andaveris en representación legal de Emti

Logística  Ltda.,  con  relación  a  la  solicitud  de  prescripción  de  las  facultades  de  la

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria del IVA de los periodos fiscales

mayo, junio, agosto y septiembre de la gestión 2004, conforme se estableció en el presente

análisis,    toda    vez    que    \a    Resolución    Determinativa    N°    17-00274-09    (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RD/055/09) de 2 de febrero  de 2009, adquirió firmeza y por ende se constituyó en

Título de Ejecución Tributaria aspecto que se evidencia   de la revisión de antecedentes

administrativos, lo que trajo como consecuencia  la emisión del Proveído  de Inicio de Ejecución

Tributaria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/PlET/200920101159 de 12 de octubre  de  2009,  que  dio  inicio

a  la  fase de  ejecución  tributaria,  consecuentemente no

corresponde  el análisis  de las facultades propiamente  dichas para  \a deterrriinación de la

”.

 

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Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae ,.

 

 

 

 

deuda tributaria de la Administración Tributaria; en ese entendido, corresponde  confirmar el Auto

Administrativo N° 391720000088 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AA/0070/2017) de 5 de julio de 2017, emitido

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

 

POR TANTO:

La  Directora  Ejecutiva  Regional  Interina  de  la  Autoridad  Regional  de  Impugnación

Tributaria   La  Paz,  designada  mediante  Resolución  Suprema   N°  10501  de  16  de septiembre

de 2013, con las atribuciones  conferidas  por el artículo 140 de la Ley 2492, Título  V  del

Código  Tributario  Incorporado  por  la  Ley  3092  y  el  artículo  141  del  DS. 29894;

 

RESUELVE:

PRIMERO:   CONFIRMAR   el   Auto   Administrativo  N°   391720000088   (SIN/GDLPZ-

I/DJCC/CC/AA/0070/2017) de 5 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos  Nacionales  contra Emti  Logística  Ltda.; consecuentemente, se mantiene

firme y subsistente el rechazo de la solicitud de prescripción  planteada  por el contribuyente

Emti Logística Ltda.

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo 115 de  la

Constitución  Política  del  Estado  una  vez  que  adquiera  la  condición  de  firme, conforme

establece   el  artículo   199   del  Código   Tributario,   será   de  cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

TERCERO:  Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, de conformidad  al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con

nota de atención.

 

CUARTO:  Conforme  prevé  el  articulo  144  del  Código  Tributario,  el  plazo  para  la

interposición   del  recurso   jerárquico  contra  la  presente  resolución,   es  de  20  días

computables a partir de su notificación.

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase

 

 

 

 

 

 

 

 

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