ARIT-LPZ-RA-1449-2017 Resolución Determinativa anulada por no encontrar diferencias en la información presentada por el contribuyente y el cliente

ARIT-LPZ-RA-1449-2017

AUTORIDAD REGIONAL  DE áMPU6NACIÓN  TRIBUTARIA

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1449/2017

 

 

Recurrente:                         Raquel Pérez Ramos

 

Administración Recurrida:   Gerencia   Distrital   La  Paz  I   del  Servicio   de

Impuestos  Nacionales,  representado  legalmente por Iván Arancibia Zegarra

 

 

Acto Impugnado:

 

 

 

Expediente: Lugar y Fecha:

Resolución    Determinativa    N°   171720001685 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/326/2017)

 

ARIT-LPZ-1015/2017

 

 

La Paz, 29 de diciembre de 2017

VISTOS:

El  Recurso  de  Alzada,  el  Auto  de  Admisión,  la  contestación  de  la  Administración

Tributaria  Recurrida,  el Auto de apertura  de plazo  probatorio,  las  pruebas  ofrecidas  y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-LPZ  N°  1449/2017  de  27  de  diciembre  de  2017,  emitido  por  la  Sub Dirección

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución  Determinativa  N° 171720001685  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/326/2017) de  10  de  agosto

de  2017,  emitida  por  la  Gerencia  Distrital  La  Paz  I  del  Servicio  de Impuestos

Nacionales, determinó de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas de la contribuyente

Raquel Pérez Ramos en la suma de 896 UFV’s por   tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), intereses y  sanción  de  omisión  de  pago  por  el

periodo  fiscal  abril  2011,  así  como  multa  por incumplimiento a deberes formales.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Justicia  tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvis a tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

 

 

 

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

II.1    Argumentos del Recurrente

Raquel Pérez Ramos, mediante nota presentada el 26 de septiembre de 2017, cursante a fojas 11-14 de

obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

 

El   reparo   obtenido   por   la   Administración  Tributaria,   a   través   de   la   Resolución

Determinativa  es atentatoria a sus intereses, puesto que la única factura observada (N° 643) según

el análisis del ente fiscal tendría las siguientes observaciones: A) Factura no informada  por el

proveedor,  ya que la contribuyente  no envió los Libros de Compras  y Ventas  IVA  a  través  del

módulo  Da  Vinci;  B)  Nota  Fiscal  emitida  por  el  proveedor, efectuada la verificación a la

factura de venta presentada, se evidenció que fue declarada por el cliente, según la información

extraída de la Base de Datos Corporativa  del SIRAT ll,  módulo  “Compras  Reportadas  por  sus

Clientes”;  D)  Factura  no  declarada  por  el proveedor,  según  verificación  la información

extraída de la Base de Datos  Corporativa del  SIRAT  ll,  módulo  “Compras  Reportadas  por  sus

Clientes”,  las  facturas  no  se encuentran correlativas, por tanto no fue informado el total del

ingresos.

 

Las   observaciones   a   la   factura   N°   643,   se   basan   únicamente   en   información

proporcionada  por  el  proveedor  y  no  existe  documentación  pertinente  que  permita

establecer de manera cierta, directa e indubitable la determinación de la base imponible sobre base

cierta, es decir, que la Administración Tributaria no ejerció sus facultades de investigación,

control, verificación y fiscalización para tener certeza que la factura N° 643 fue emitida por un

importe menor, toda vez que si bien los proveedores pudieron declarar un  monto  mayor  en  su

Libros  de  Compras  IVA,  aspecto  que  representa  solo  una presunción, por tanto debió

realizarse la determinación de la base imponible sobre base presunta. Las observaciones  deben ser

claras para el contribuyente, toda vez que ante el conocimiento de los reparos, es posible ejercer

el derecho a la defensa; sin embargo, en el caso presente las observaciones efectuadas en los

incisos A), B) y D) no son claras, pues el hecho de no haber presentado su Libro de Compras  y

Ventas IVA en el periodo abril  2011, no significa que hubiera  emitido  la nota  fiscal antes

referida  por un importe menor.

 

Prosigue y señala que la observación signada con el literal B) en realidad no representa una

observación como tal, pues señala que el importe de la factura emitida coincide con la información

proporcionada por el proveedor, lo cual favorecería a la ahora recurrente,

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE

IueusaAcidx  TRIBUTARIA

 

 

ya  que  la  factura  hubiera  sido correctamente  emitida  y  reportada  por  el cliente  en su

Libro de Compras IVA, por tanto la factura sería totalmente  válida.

 

El literal C) observa  que las facturas de compras reportadas  por sus clientes  del ahora

recurrente  no  guardan  correlatividad, extremo  de  ninguna  manera  es  un  fundamento válido

para afirmar  que la  factura  N° 643 debió ser  emitida  por  un monto  mayor,  vale decir  que

los  errores  en  los que  incurrieron  sus  clientes  a  momento  de  registrar  sus facturas no

puede repercutir en sus obligaciones  tributarias del recurrente, es decir que no  debe

trasladarse  una  responsabilidad que  es  inherente  a  sus  clientes  y  no  así al recurrente;

en resumen alega que es obligación de la Administración Tributaria iniciar un proceso de

fiscalización al cliente, con el objeto de que este responda por sus errores.

 

Transcribe  de forma  textual los artículos 59 al 62 del Código Tributario (texto original),

refiriendo que no aplican las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317, mucho menos  lo

dispuesto  por  la  Ley  812;  expone  a  través  de  un  cuadro  el  cómputo  de prescripción del

periodo fiscal abril 2011, con inicio del cómputo el 1 de enero de 2012 y finalizando el 31 de

diciembre de 2015, aduciendo que la prescripción operó al transcurrir más  de  4 años,  haciendo

hincapié  que  los  actos  administrativos  fueron  emitidos  con posterioridad  a  la  fecha  de

la  prescripción;  al  efecto  transcribe  in extenso,  al  mismo tiempo  que  solicita  tomar  en

cuenta  la  Sentencia  emanada  del Tribunal  Supremo  de Justicia N° 137/2017 de 23 de marzo de

2017.

 

Por otro Iado, la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales fue emitida dentro de un proceso

determinativo  prescrito y conforme el artículo  47 de la Ley 2492, la multa esta adicionada a la

deuda tributaria, en ese entendido y acudiendo al aforismo “lo accesorio sigue  la  suerte  de  lo

principal”,  al  haber  prescrito  las  facultades  de  determinación, igualmente opera el

instituto de la prescripción para la MIDF.

 

Respecto a la inaplicabilidad de la Ley 291, 317 y 812, refiere la jurisprudencia delimitó el

actuar de la Administración Tributaria estableciendo  la norma vigente al momento en que se produjo

el hecho generador; al efecto cita la SC 39/2016 de 13 de mayo de 2016; añade  que  la  propia

jurisprudencia  ya  dispuso  la  norma  aplicable  a  momento  de cometido  el  hecho,  y  en  el

presente  caso  para  los  periodos  de  la  gestión  2011, corresponde  la aplicación de la Ley

2492 sin las modificaciones efectuadas  por la Ley

2492 y 317; al respecto cita el artículo 123 de la Constitución Política del Estado.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamach

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerep  Vae

 

 

 

 

 

 

Conforme   a  los  fundamentos  expuestos,  solicita  revocar  totalmente  la  Resolución

Determinativa N° 171720001685 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/326/2017) de 10 de agosto de 2017.

 

11.2    Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Raquel Pérez Ramos, fue admitido por Auto de 2 de octubre de

2017, actuación notificada personalmente al recurrente el 3 de octubre de 2017 y mediante cédula a

la Administración Tributaria el 10 de octubre del año en curso; fojas 15-20 de obrados.

 

II.3    Respuesta de la Administración Tributaria

La  Gerencia  Distrital  La  Paz  I  del  Servicio  de  impuestos  Nacionales,  representado

legalmente   por   Iván   Arancibia   Zegarra                     Resolución   Administrativa   de

Presidencia  N°  031700001413   de  29  de  septiembre  de  2017,  mediante  memorial presentado el

25 de octubre de 2017, fojas 23-29 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

 

Los actos que efectuó dentro de la fiscalización concluyó con la emisión y notificación de la

Resolución Determinativa 171720001685 CITE: SIN/GDLPZ-I7DJCC/TJ/RD/326/2017 de  10  de  agosto  de

2017,  realizada  bajo  la  egida  del  respeto  a  derechos,  reglas, principios  y garantias

básicas  establecidas  en el ordenamiento  jurídico, ejerciendo  sus amplias facultades

establecidas en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492.

 

Procedió a analizar y verificar la documentación parcial presentada por la contribuyente, asimismo,

analizó  y verificó  la información  extraída  del SIRAT-2  referente  al Software del  Libro  de

Compras  y  Ventas  IVA,  Declaraciones  Juradas  (Form.  200  y  400)  y  el Módulo  GAUSS,

correspondiente a la dosificación  de facturas,  debiendo  quedar  claro que la contribuyente

incumplió con el envío de la información de sus Libros de Compras y Ventas  (IVA)  en los períodos

observados;  en ese contexto, procedió al cotejo de las Declaraciones  Juradas con las compras

informadas  por sus clientes, evidenciando  que la  administrada  emitió  y  declaró  correctamente

las  facturas  Nos.  676,  677  y 683;  sin embargo,   respecto   a  la   factura   643,

evidenció   que   el  importe   declarado   en   su Declaración  Jurada F-200, es menor al importe

que informó su cliente, lo que permitió

conocer de manera  directa la existencia  del hecho generador  de la obligación tributaria    . ,

 

SnTes de Gesli on

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA

Esla do  PIu r IIIa cI cr al  de  B oliv i a

 

 

y por tanto la existencia de diferencias a favor del Fisco por el IVA e IT del período fiscal

abril 2011.

 

Verificó  plenamente  los  hechos  generadores  del  tributo,  sobre  hechos  económicos ocurridos

en su real magnitud  que  sirven para determinar  tributos,  habiendo  obtenido información  de

terceras  personas,  documentación  necesaria  probatoria  que  permite evidenciar la  verdad

material en la venta de servicios, habiendo percibido ingresos los cuales no fueron declarados,

estableciendo la verdad material sobre las operaciones de venta conforme a la realidad económica de

la contribuyente, demostrando en forma clara el nacimiento  del hecho  imponible  y  su

perfeccionamiento, al haberse  evidenciado  la venta de servicios en aplicación del artículo 17 de

la Ley 2492.

 

El  argumento  de  la  contribuyente  respecto  a  la  inexistencia  de  la  documentación

pertinente que establezca la certeza de la determinación, es incorrecta, siendo además

responsabilidad  de  la  contribuyente   la  carga  de  la  prueba   de  conformidad   a  lo

establecido en el artículo 76 de la Ley 2492.

 

Con relación a la determinación  de la deuda tributaria sobre base cierta refiere que de debió a

que contaba con datos y pruebas de los hechos generadores, obtenidos  de la contribuyente  y

terceras  personas  que permitieron  evidenciar  y sobre todo demostrar objetivamente  la

realización  del hecho generador  y su cuantía  sin aplicar  presunción alguna  de modo tal que la

conclusión  a la que arribó en el presente caso cuenta  con respaldo  objetivo,  evidente  y

comprobable,  conforme  dispone el artículo  43 de la  Ley 2492,  cita al efecto  el artículo  43

de la Ley  2492,  determinando  la deuda  de manera correcta  sobre  base  cierta,  habiéndose

realizado  no  solo  sobre  la  documentación proporcionada por la recurrente, documentación que

fue revisada y cotejada en detalle; agrega  que  determinó  la  deuda  tributaria  en  razón  a

toda  la  información  con la  que contaba, permitiéndole  conocer en forma directa e indubitable

los hechos generadores del tributo.

 

Con relación  a  la falta  de  claridad  de  las  observaciones  establecidas  respecto  a  las

facturas   observadas,   refiere   que   el   argumento   del   recurrente   es   equivocado,

demostrando  su falta  de entendimiento  de la  determinación  pretendiendo  confundir  y hacer

creer que existe vulneración  a sus derechos  evidenciando  que el análisis  de la

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir ¡ach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae ‹c..^«…

 

 

 

 

factura N° 643, correspondiente a abril 2011, se encuentra observada por los incisos A),

  1. B) y D) y no así por los incisos A), B) y C).

 

 

Cita el artículo 59 de la Ley 2492, con las modificaciones introducidas por las Leyes 291 y  317  y

señala  que  en  el  caso  no  operó  la  prescripción,  toda  vez  que  comenzó  a computarse el

1 de enero de 2012, al constituirse en periodos fiscales de la gestión 2011, no habiendo

transcurrido  los  9 años previstos  normativamente, considerando  además que  la  notificación

con  la  Resolución  Determinativa   171720001685,   interrumpió  su cómputo.

 

Notificó  la  Orden  de  Verificación  que  se  considera  como  causal  de  suspensión  del

cómputo del término de la prescripción, cita al efecto la SS.CC. 013/2013 de 6 de marzo de 2013 y

señala que como Administración Tributaria en ningún momento dejo de ejercer su facultad  de

determinar  ta deuda  tributaria  y no opero la prescripción  realizando  su labor  de  determinar

la  deuda  tributaria  en  plazo,  existiendo  causales  de  suspensión como la notificación con la

Orden de Verificación y de interrupción de la deuda tributaria con la notificación con la

Resolución Determinativa.

 

Refiere la teoria de los derechos adquiridos y señala que la facultad de determinación  y cobro de

la deuda  tributaria  contenida  en la Resolución  Determinativa  171720001685, no  se  encuentran

prescritas,   habiendo   su  computo  suspensión   con  la  Orden  de Verificación   y

posteriormente  interrupciones  con   la   emisión   y   notificación   de   la Resolución

Determinativa gestión 2017, por lo que su computo se reiniciará en la gestión 2018.

 

Al no estar de acuerdo la recurrente con la multa impuesta en razón al incumplimiento al deber

formal  en  el  que  incurrió  por  no  presentación  de  la  documentación  solicitada, señalando

que la misma sigue la suerte de lo principal, refiere que la deuda tributaria no se encuentra

prescrita, siendo la solicitud improcedente;  aclara que la contribuyente  fue notificada el 8 de

junio de 2016, con la Orden de Verificación, mediante la cual se solicitó la  entrega  de

determinada  documentación, procediendo  el 15  de  junio  de  2016,  a  la atención  de dicha

solicitud de manera  parcial, constituyéndose en el motivo por el cual se le impuso  la sanción.

Finalmente  señala que el recurrente  cita equivocadamente la SS.CC. 137/2017 de 22 de marzo de

2017 y solicita emitir pronunciamiento solo respecto a los argumentos expuestos en el Recurso de

Alzada.

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

IuPus¥xciou TRIBUTARIA

 

 

Conforme a los fundamentos  expuestos,  solicita confirmar  la Resolución Determinativa N°

171720001685  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/326/2017) de 10 de agosto de 2017.

 

II.4    Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 26 de octubre de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días

comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del  Código

Tributario,  actuación  notificada  en  Secretaría  el 1 de  noviembre  de 2017, tanto al

recurrente como a la Administración Tributaria, fojas 30-31 de obrados.

 

La  Gerencia  Distrital  La Paz I del Servicio de Impuestos  Nacionales  representada  por Iván

Arancibia  Zegarra,  mediante  memorial  presentado  el 14  de  noviembre  de  2017, ofreció,

propuso,   reprodujo   y   ratificó   en   calidad   de   prueba   pre   constituida   los

antecedentes   administrativos  originales  remitidos  a  momento   de  dar  respuesta   al Recurso

de Alzada, compuesta de 1 cuerpo con un total de 114 fojas; al efecto, se emitió el Proveído  de 15

de  noviembre  de  2017,  que dio  por  ofrecida  y ratificada  la  prueba documental señalada,

fojas 32-33 de obrados.

 

Raquel Pérez Ramos,  mediante nota presentada  el 20 de noviembre de 2017, ofreció, propuso,

reprodujo   y   ratificó   en   calidad   de   prueba   preconstituida   la   siguiente

documentación: Fotocopia simple de la factura N° 643, fotocopia del F-200 periodo fiscal abril 2011

y fotocopia  de comprobante  de depósito bancario,  haciendo hincapié  que el monto declarado en el

Libro de Compras IVA del cliente no condice con lo facturado, por tanto la observación realizada

por el ente fiscal no corresponde; al respecto se emitió el Proveído  de  21  de  noviembre  de

2017,  que  dio  por  ofrecida  la  prueba  documental señalada, fojas 37-38 de obrados.

 

11.5    Alegatos

Por nota presentada el 11 de diciembre de 2017, Raquel Pérez Ramos formuló alegatos sintetizando

los puntos que a criterio suyo agravian sus intereses, al efecto, reiteró sus argumentos  de  las

observaciones  realizadas  a  la  nota  fiscal  N°  643,  la  invocación realizada  respecto  al

instituto de la prescripción  y la prescripción  solicitada  de la Multa por Incumplimiento a

Deberes Formales; asimismo se refirió al tempus comicci delicíi e irretroactividad  de  la  Ley,

mencionando  al  efecto  la  SCP  N°  1169/2016-S3  de  26  de octubre  de  2016,  solicitando

interpretación  y  aplicación  de  la  citada  Sentencia;  al

 

 

 

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Mana tasaq kuraq kamach

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

respecto,  se emitió el Proveído  de 12 de diciembre de 2017 que dispuso se tenga  por formulado

los alegatos; fojas 40-43 de obrados.

 

La Administración Tributaria no presentó alegatos en conclusiones, conforme establece el artículo

210 parágrafo II de la Ley 2492.

 

III.     ANTECEDENTES  EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La  Administración Tributaria  el 8 de junio  de 2016, notificó mediante  cédula  a Raquel Pérez

Ramos, con la Orden de Verificación Externa N° 0015OVE00750, comunicando el inicio  de  la

verificación   de  ciertas  transacciones,  hechos  o  elementos  específicos relacionados con el

Débito Fiscal IVA y el efecto correspondiente en el IT de los periodos fiscales abril, septiembre

y diciembre 2011, al respecto mediante cuadro de diferencias se  detalló  notas  fiscales

observadas  al  mismo  tiempo  que  se  requirió  la  siguiente documentación: Declaraciones

Juradas F-200 y F-400 de los periodos observados, Libro de Ventas IVA, Copia talonario de facturas

correspondiente a los periodos observados  y otra   documentación   que   el   fiscalizador

solicite;   emplazando   a   presentar   dicha documentación  en el plazo máximo de 5 días hábiles

posteriores a la notificación;  fojas 4-5 de antecedentes administrativos.

 

Mediante  Acta de Recepción  de 15 de junio de 2016, en instalaciones  del Servicio de Impuestos

Nacionales,   la   contribuyente   efectuó   la   entrega   de  la   documentación solicitada

consistente en original y fotocopia de las notas fiscales detalladas en la Orden de Verificación N°

0015OVE00750; fojas 17 de antecedentes administrativos.

 

La Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias  Vinculadas al

Procedimiento   de  Determinación   N°  00162715   de  23  de  mayo   de  2017,  por  el

incumplimiento al deber formal de entrega  de toda  la información  requerida  durante  el

procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios

y  lugares  establecidos,  contraviniendo  los  artículos  70  numerales  4,  6  y  100 numeral 2

del Código Tributario,  estableciendo  una  multa de 500 UFV’s de acuerdo  al numeral   4,

subnumeral   4.2   de   la   RND   10-0033-16;   fojas   18   de   antecedentes administrativos.

 

El Informe (SIN/GDLPZ-I/DF/SFVE/INF/04082/2017) de 2 de junio de 2017, refiere que la

verificación   fue   realizada   en   aplicación   a   disposiciones   tributarias   vigentes,

 

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AUTORIDAD RE6I0NAL DE

IueusuAclóx TRIBUTARIA

 

 

sustentando  dicha  verificación   en  documentación  presentada  por  el  contribuyente,

declaraciones  juradas,  comparación  de  la  información   declarada  por  sus  clientes,

verificación  de  la  notas  fiscales   emitidas   por  el  contribuyente,  verificación   de  la

dosificación de las facturas  de venta,  otros procedimientos de verificación;  información

obtenida del SIRAT II y módulo Da Vinci. Por otra parte, el citado informe da cuenta que de la

verificación al Libro de Ventas de los periodos sujetos a verificación, se procedió a descargar

los  periodos  fiscales  septiembre  y  diciembre  de  2011,  en  virtud  a  que  los clientes  del

contribuyente  declararon  un monto igual o mayor  al reportado  por Raquel Pérez  Ramos,   sin

embargo   estableció  en  el  periodo  fiscal  abril  2011,  el  importe declarado como ventas

facturadas en el F-200 es menor a lo reportado como compras por sus clientes; en suma determinó

diferencias a favor del fisco por el IVA e IT, toda vez que la contribuyente  no declaró la

totalidad de sus ingresos informados; fojas 66-71 de antecedentes administrativos.

 

La Vista de Cargo N° 291720000312 (SIN/GDLPZ-I/DF/SFVE/VC/00284/2017) de 2 de junio de 2017, girada

en contra de Raquel Pérez Ramos, estableció sobre base cierta el importe de 895 UFV’s por tributo

omitido, intereses por concepto del IVA e IT del periodo fiscal abril 2011, sanción preliminar  por

la conducta del contribuyente como omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 y

multa por incumplimiento de deberes formales, acto notificado mediante cédula al recurrente, el 20

de junio de 2017, fojas 73- 78 y 82 de antecedentes administrativos.

 

El Informe de Conclusiones (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/INF/2601/2017) de 10 de agosto de 2017, señala que

concluido el plazo perentorio e improrrogable de 30 días a partir de su legal notificación y en

vista de que el contribuyente no pago la deuda reflejada en la Vista de Cargo N° 291720000312

(SIN/GDLPZ-I/DF/SFVE/VC/00284/2017) de 2 de junio de 2017,  se  sugirió  la  emisión  de la

respectiva  Resolución  Determinativa; fojas  92-94 de antecedentes administrativos.

 

La Resolución  Determinativa  N° 171720001685  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/326/2017) de  10  de  agosto

de  2017,  emitida  por  la  Gerencia  Distrital  La  Paz  I  del  Servicio  de Impuestos

Nacionales, resolvió determinar  de oficio sobre base cierta  Tas obligaciones impositivas  de

Raquel  Pérez Ramos,  en la  suma  de Bs1.985  por concepto  de tributo omitido  por el Impuesto

al  Valor  Agregado  (IVA) e Impuesto  a las Transacciones  (IT), intereses, sanción de omisión de

pago, por el periodo fiscal abril 2011, así como Multa

 

 

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Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

 

 

 

 

por Incumplimiento a Deberes Formales, acto notificado de manera personal a la ahora recurrente, el

6 de septiembre de 2017, fojas 95-103 de antecedentes administrativos.

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del

Código  Tributario,  revisados  los antecedentes  administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio

como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva  y en consideración  al Informe

Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III del referido Código Tributario, se

tiene:

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agra\lios

manifestados  por Raquel  Pérez Ramos, en su Recurso de Alzada  interpuesto;  la posición final se

sustentará acorde a los hechos, antecedentes  y el derecho aplicable en el presente caso, sin

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado

durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

 

De  inicio  se  hace  necesario  puntualizar  que  la  parte  recurrente  en  el  petitorio  de  su

Recurso   de   Alzada,   solicitó   la   revocatoria   de   la   Resolución   Delerminativa   N°

171720001685  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/326/2017)  de  10  de  agosto  de  2017;  sin embargo, se

advierte que entre sus argumentos refiere aspectos que hacen a la nulidad del  proceso;   en  ese

contexto,   siendo  obligación   de  esta   Autoridad   Regional   de Impugnación Tributaria emitir

un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, con la

finalidad de evitar nulidades se efectuará inicialmente la revisión de los vicios y si estos están

legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser evidentes, se procederá al análisis

de las cuestiones de fondo planteadas.

 

IV.1 Vicios de nulidad

Raquel  Pérez  Ramos  en los  argumentos  de  su Recurso  de  Alzada  manifiesta  que  el reparo

obtenido  es atentatorio  a  sus intereses,  puesto que la única  factura  observada (N° 643) según

el análisis del ente fiscal tendría las siguientes observaciones: A) Factura no informada por el

proveedor,  ya que la contribuyente no envió los Libros de Compras y  Ventas  IVA  a  través  del

módulo  Da  Vinci;  B) Nota  Fiscal  emitida  por  el proveedor, efectuada la verificación a la

factura de venta presentada, se evidenció que dicha factura

fue  declarada   por  el  cliente  según  la  información   extraída  de  la  Base  de  Datos

.°, ,  ‘

Página 10 de 22           F•rado   ”         14

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL  DE

IMrcsx4clé6 TRlBtrr4ni4

E sI a do Plur ina cional de Boli v i e

 

 

Corporativa   del SIRAT II, módulo “Compras  Reportadas por sus Clientes”; D) Factura no declarada

por el proveedor, según verificación, la información extraída de la Base de Datos  Corporativa

del SIRAT  II, módulo  “Compras  Reportadas  por sus  Clientes”,  las facturas no se encuentran

correlativas, por tanto no fue informado el total del ingresos.

 

Las   observaciones   a   la   factura   N°   643,   se   basan   únicamente   en   información

proporcionada por el cliente y no existe documentación pertinente que permita establecer de manera

cierta, directa e indubitable la determinación de la base imponible sobre base cierta,   es   decir

que   la   Administración  Tributaria   no   ejerció   sus   facultades   de investigación,

control,  verificación  y fiscalización  para  tener  certeza  que la factura  N° 643, asimismo,

señala que fue emitida por un importe menor, toda vez que si bien los clientes pudieron declarar un

monto mayor en su Libros de Compras IVA, aspecto que representa  solo una presunción, por tanto

debió realizarse la determinación  de la base imponible   sobre   base   presunta.   Las

observaciones   deben   ser   claras   para   el contribuyente, toda  vez que ante el conocimiento

de los reparos,  es posible  ejercer  el derecho  a la defensa; sin embargo,  en el caso presente

las observaciones  efectuadas en los incisos A), B) y D) no son claras, pues el hecho de no haber

presentado su Libro de Compras  y Ventas IVA en el periodo abril 2011, no significa  que hubiera

emitido  la nota fiscal antes referida por un importe menor.

 

Prosigue y señala que la observación signada con el literal B) en realidad no representa una

observación como tal, pues señala que el importe de la factura emitida coincide con la información

proporcionada por el proveedor, lo cual favorecería a la ahora recurrente, ya  que la  factura

hubiera  sido correctamente  emitida  y reportada  por  el cliente  en su Libro de Compras IVA, por

tanto la factura sería totalmente  válida.

 

El literal C) observa que las facturas de compras reportadas  por sus clientes del ahora recurrente

no  guardan  correlatividad, extremo  de  ninguna  manera  es  un  fundamento válido para afirmar

que la factura  N• 643 debió ser emitida por un monto mayor,  vale decir  que los  errores  en los

que incurrieron  sus  clientes  a  momento  de  registrar  sus facturas no puede repercutir en sus

obligaciones tributarias del recurrente.

 

La Administración Tributaria  en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada refiere que  el

procedimiento  de  verificación  se realizó  bajo  la  egida  del respeto  a  derechos,

reglas,   principios   y   garantías   básicas   establecidas   en   el   ordenamiento   jurídico,

.„    ’

 

 

Página 11 de 22     ”           “‘C ^*”

 

 

 

 

ejerciendo  sus amplias facultades  establecidas  en los artículos  21, 66  y 100 de la Ley 2492.

Analizó y verificó la información extraída del sistema SIRAT-2,  software del Libro de  Compras  y

Ventas  IVA,  Declaraciones  Juradas  (Form.  200  y  400)  y  el  Módulo GAUSS;  resalta  que  la

contribuyente  incumplió  con el envio  de la información  de sus Libros  de Compras  y Ventas

(IVA) en los períodos  observados;  por  tanto procedió  al cotejo  de  las  Declaraciones  Juradas

con  las  compras  informadas  por  sus  clientes, evidenciando  que la administrada emitió y

declaró correctamente  las facturas Nos. 676, 677 y 683; sin embargo,  respecto a la factura 643,

evidenció que el importe  declarado en  su  Declaración  Jurada  F-200,  es menor  al importe  que

informó  su  cliente,  lo  que permitió  conocer  de manera  directa la existencia  del hecho

generador  de la obligación tributaria  y por  tanto  la existencia  de diferencias  a  favor  del

Fisco  por el IVA e IT del período fiscal abril 2011.

 

Verificó  los hechos generadores  del tributo, sobre hechos  económicos  ocurridos  en su real

magnitud,  al este efecto obtuvo información de terceras  personas,  documentación necesaria

probatoria que permite evidenciar la verdad material en la venta de servicios, estableciendo  que

la  contribuyente  percibió ingresos  los cuales  no fueron  declarados, demostrando  en forma

clara el nacimiento  del hecho imponible  y su perfeccionamiento, al haberse e\/idenciado la venta

de servicios en aplicación del artículo 17 de la Ley 2492.

 

Respecto a los hechos generadores  obtenidos,  señala que en el presente caso cuenta con respaldo

objetivo, evidente y comprobable, conforme dispone el artículo 43 de la Ley 2492,  determinando

la  deuda  de  manera  correcta   sobre  base  cierta,  habiéndose realizado    no   solo   sobre

la   documentación    proporcionada    por    la   recurrente, documentación  que fue revisada  y

cotejada en detalle; agrega que determinó la deuda tributaria en razón a toda la información con la

que contaba, permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores  del tributo.

 

Con  relación  a  la  falta  de  claridad  de  las  observaciones  establecidas  respecto  a  las

facturas   observadas,   refiere   que   el  argumento   de  la   recurrente   es   equivocado,

demostrando  su falta  de entendimiento  de  la  determinación  pretendiendo  confundir  y hacer

creer que existe  vulneración  a  sus derechos  evidenciando  que el análisis  de la factura  N°

643,  correspondiente al período  de abril 2011, se encuentra  observada  por los incisos  A), B) y

  1. D) y no así por los incisos A), B) y C); al respecto, corresponde  el siguiente análisis.

S‹s em• de Gwlion

 

 

 

 

 

 

ÁUTOBIDAD BEGIOXIAL DE

 

Eslo cl o  PIurina cional  de  B of i v i a

 

 

 

 

El articulo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:

  1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y Tribunales en el

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

  1. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratu”ita, transparente y sin dilaciones.

 

Los parágrafos I y III del artículo 96 de la Ley 2492, disponen:

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Ill.

La Vista de Cargo, contendrá  los hechos,  actos, datos,  e/ementos y valoraciones que fundamenten

la Resolución  Determinativa, procedentes  de la declaración  del sujeto  pasivo o tercero

responsable,  de los elementos  de prueba en poder  de la Administración  Tributaria  o  de  los

resultados   de  las  actuaciones  de  control, verificación, fiscalización e investigación.

Asimismo, fj”ará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta,  según corresponda,  y

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.

La  ausencia   de  cualquiera   de  los  requisitos   esenciales   establecidos   en  el reglamento

viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención,  según corresponda.

 

El parágrafo ll, del artículo 99 de la Ley 2492, señala: La Resolución Determinativa que dicte  la

Administración  Tributaria  deberá  contener  como  requisitos  mínimos:  lugar  y fecha,  nombre

o  razón  social  del  sujeto  pasivo,  especificaciones  sobre  la  deuda tributaria, fundamentos

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en  el  caso  de

contravenciones,  asi  como  la  firma,  nombre  y  cargo  de  la  autoridad competente.  La

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales,  viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

 

Por  su parte el artículo  18 del DS 27310,  señala  que: la Vista de  Cargo  que dicte  la

Administración, deberá consignar  los siguientes requisitos esenciales:

  1. a) Número de la Vista de Cargo
  2. b)
  3. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo.
  4. d) Número de registro tributario, cuando corresponda.

Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).

Liquidación previa de la deuda tributaria.

 

 

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Justicia tdbutaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach’a kamani , Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae ic ,› .› ›

 

 

 

 

  1. g) Acto u  omisión  que  se  atribuye  al  presunto  aulor,  asi  como  ía  cailricación  de  la

sanción   en   el   caso   de   las   contravenciones  tributarias   y   requerimiento   a   la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del articulo 98º de la Ley

N° 2492.

  1. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

 

 

El DS 27310 en su artículo 19 indica: La Resolución  Determinativa deberá consignar  los requisitos

minimos establecidos  en el articulo  99 de la Ley 2492.  Las especificaciones sobre  la  deuda

tributaria  se  refieren  al  origen,  concepto  y  determinación  del  adeudo tributario calculado

de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 de dicha Ley (. ..).

 

Es preciso señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho

al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente

y  sin  dilaciones;  lo  que  se  traduce  que  los  actos  y  actuaciones  en  un proceso

administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos

constitucionales;   esto   implica   garantizar   el   correcto   ejercicio   de   la

Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar

contrarios a los principios del Estado de Derecho.

 

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del

ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al pnncipio de legalidad a fin de

que los derechos e intereses de los administrados  cuenten con la garantía de defensa necesaria

ante eventuales  actuaciones  abusivas realizadas,  contraponiendo los mandatos constitucionales,

legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende

que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración,  a  pedir  y

a  controvertir  las  pruebas  ejercer  con  plenitud  su  derecho  de defensa,  a  impugnar  los

actos  administrativos  y  en  fin  a  gozar  de  todas  las  garantías establecidas en su

beneficio.

 

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene

derecho  a  ciertas  garantías  mínimas,  tendientes  a  asegurar  un  resultado  justo  y

equitativo dentro del proceso  y a permitir tener oportunidad  de ser oído  y hacer  valer sus

pretensiones  frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto  de

garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección

del  individuo  en  una  actuación  judicial  o administrativa, para  que  durante  su  trámite  se

„   ’

 

S’s ema de G stion dt la Calidad

Página 14 de 22          ““     ‘“^C”*”

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD BE6I0NAL DE fBPU6N8CIÓN  TRIBUTABI8

E sla dc  Plurina c ional de Boli v’a

 

 

respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de la

Resolución Determinativa, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido

proceso, lo que significa que \a autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o

administratiVo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron  asumir

una  determinada  decisión,  de tal modo  que  las  partes  sepan  las razones en que se

fundamentó la resolución; y de esta manera puedan también ser revisados esos fundamentos a través

de los medios de impugnación establecidos en el ordenamiento jurídico.

 

En el presente caso, conforme con lo establecido en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492  y

artículo  29 del DS 27310,  la  Administración Tributaria  cuenta.  entre otras,  con la facultad

de   fiscalización  para determinar  la deuda tributaria;  precisamente, el artículo 99, parágrafo

II  de  la  Ley  2492,  dispone  que  la  Resolución  Determinativa  que  dicte  la Administración

Tribu1aria   deberá   contener   como   requisitos    mínimos   -entre   otros- fundamentos de

hecho y de derecho, concordante con lo establecido por el artículo 19 del DS 27310. Asimismo, el

artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en virtud al artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492, como uno

de los elementos esenciales de los actos administrativos es que sean fundamentados, expresándose en

forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además la motivación del

mismo, el cual debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho

aplicable.

 

En relación a la fundamentación el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió diferentes

entendimientos, es así que en la Sentencia  Constitucional Plurinacional  1414/2013  de 16 de

agosto de 2013, señaló lo siguiente: “El derecho a la fundamentación de un fallo es  una  garantía

de  legalidad  que  establece  que  todo  acto  de  autoridad   precisa encontrarse   debidamente

fundado   y   motivado,   entendiéndose   por   lo   primero   la obligación  de la autoridad  que

lo emite  para citar los preceptos  legales,  sustantivos  y adjetivos,  en que se apoye la

determinación  adoptada;  y por lo segundo,  que exprese una  serie  de  razonamientos

lógico-jurídicos  sobre  el  porqué  considera  que  el  caso concreto se ajusta a la hipótesis

normativa.”.   En el contexto anterior, la jurisprudencia constitucional  mencionada,  se  tiene

que  todo  fallo  o  resolución  debe  ser  emitido necesariamente  con  arreglo  a  derecho,  esto

es  con  la  debida  fundamentación  que consiste  en  la  sustentación   de  la  resolución  en

un  precepto  legal;  asimismo,   la moti\lación   de   las   resoluciones   administrativas   no

implica   necesariamente   una

argumentación  ampulosa o exagerada,  ya que se considerará cumplido dicho requisito      „   ’

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae « .›  ›

 

 

 

 

cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron  a la autoridad para emitir

una determinada decisión.

 

Conforme lo citado precedentemente y de la revisión  de antecedentes  administrativos, se evidencia

que la ahora recurrente, una vez notificada con la Orden de Verificación N° 0015OVE00750  de 23 de

mayo de 2016, cuyo alcance comprendía el Impuesto al Valor Agregado  (IVA) y el Impuesto  a las

Transacciones  (IT); actuación  mediante  la cual  se solicitó  documentación  de descargo,  como

declaraciones  juradas  F-200,  F-400,  Libro de Ventas IVA,  Copia  talonario  de facturas de los

periodos  fiscales  abril, septiembre  y diciembre  2011;  al  respecto,  en  cumplimiento  a  tal

requerimiento  efectuó  la  entrega, entre otros, la factura N° 643 con N° de orden 2001001802470

de 13 abril de 2011, en fotocopia   simple,   misma   que   fue   verificada   y   sellada   por

el   Departamento   de Fiscalización  de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales con la  Leyenda  “La  información  contenida  en el  documento  en fotocopia  es  igual

a la del documento original”; fojas 27 de antecedentes administrativos.

 

De  acuerdo  al  “Detalle  de  dosificación  de  factura  de  venta”  y  reporte  impreso  de

“Consulta  de  dosificación”  obtenido  del  sistema  Gauss  el  número  de  autorización

2001001802470,  correspondiente  al  NIT   3487208013,   con  un  rango  de  facturas autorizadas

del 601 al 750, la factura N° 643 se encuentra  debidamente autorizada por el ente fiscal el 26 de

noviembre de 2010; fojas 29 de antecedentes administrativos.

 

Las declaraciones juradas F-200 y F-400 presentadas por la sujeto pasivo, con números de orden

2033692822  y 2033692624,  ambas  del periodo fiscal abril 2011, registran en la casilla 13 como

Ventas y/o servicios facturados para el caso del IVA y como Ingresos Brutos devengados  en el caso

del IT, en ambos formularios  la suma de Bs8.054;  fojas 45-50 de antecedentes administrativos.

 

En base a la información citada precedentemente, la Administración Tributaria a través de la

comparación entre los ingresos declarados en el F-200 correspondiente al IVA  del periodo fiscal

abril 2011 de Raquel Pérez Ramos y el reporte de compras de sus clientes obtenido del sistema de la

Administración Tributaria, determinó que el importe declarado como  ventas  en  el  Impuesto  al

Valor  Agregado  (IVA)  F-200  (Bs8.054)  fue  menor  al reportado  por  los  clientes  (Bs9.594)

concluyendo  que  la  contribuyente  no  declaró  la totalidad de sus ingresos; según el siguiente

detalle:                                                       .

c

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE

 

Esla do  Plurino cional  de  Bo I› v i a

 

 

 

COuPARACIóN DE DDJJ, LIBROS DE YEKTAS

Expresado en Bolivianos

 

 

 

PERIODO FISCAL

 

 

abr-11

 

N° ORDE8 DDUJ

 

 

2033692822

TOTAL VENTAS

DECLARADAS F•200

 

 

8.054

COMPRAS DECLARAOAS POR SUS CLIENTES (MODULO LO OUE LE COMPRARON)

 

9594

FUENTE: Papel de trabajo; fojas 54 de antecedenes administrativos

 

En ese contexto, las compras declaradas por los clientes en el periodo fiscal abril 2011, fueron

extraídos del reporte obtenido a través del “Módulo lo que le compraron”  segun se muestra a

continuación:

COMPRAS REPORTADAS POR SUS CLIENTES

 

 

NIT

1020607027

1

1020269W0

1006945027

 

RAZON SOCIAL

BANCO SOLIDARIO SA. BAC0 SOL SA.

6W

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIYIANOS

CIA DE SERVICIOS DE TRANSP AEREO

AHAS2ONAS

TOTAL

 

N’DE FACTURA 642

 

646

 

648

 

N° OE ORDEN

2001f01602470

 

2001O018024f0

 

2@1@1802470

FECM

08/04/2011

 

280tfl011

 

29/  4/2011

 

IMPORTE

1.4@

 

5.00

960

9.594

FUENTE: Reporte del SIRAT II; fojas 55 de antecedentes administrativos

 

A continuación, consta en la página 2 de la Resolución Determinativa N° 171720001685

(SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/326/20) que la Administración Tributaria  efectuó un análisis de las

facturas del periodo abril 2011, llegando a descargar todas excepto la nota fiscal N° 643, la cual

fue objeto de observación, para este propósito procedió a comparar los datos  dicha  factura  bajo

el siguiente  parámetro:  Factura  de compra  informada  por  el cliente Agencia  Nacional de

Hidrocarburos  en su Libro de Compras IVA, con los datos consignados en la copia de factura de

venta (copia emisor) proporcionada  por la ahora recurrente;  producto  de tal  contraste,  se

advierte  que el NIT  de  cliente (120919027), razón  social  (Agencia  Nacional  de

Hidrocarburos),  N°  de  factura  (N°  643),  N°  de autorización  (2001001802470),  fecha

(13/04/2011)  e  importe  de  la  factura  (Bs1.730) coinciden plenamente.

 

A  pesar  de  la  comparación  realizada,  de  cuyo  resultado  no  se  advierte  ninguna

discrepancia de los datos de la factura N° 643 declarada por la recurrente y los datos de la misma

nota  fiscal declarada  por su cliente  Agencia  Nacional  de Hidrocarburos: no

obstante, el ente fiscal determinó ingresos no declarados precisamente por el monto de    .    ,

 

 

Página 17 de 22      °^*°**’    “”“‘

 

 

 

 

 

la  factura   N°  643  (Bs1.730),  argumentando   que:   A)  Factura  no  informada   por  el

proveedor,  ya que no presentó  los Libros de Venías  IVA, B) Nota Fiscal  emitida  por el

proveedor,  la  factura  de  venta  presentada  es  la  misma  que  declara  el  cliente  según

información extraída del módulo ‘Compras reportadas  por sus clientes’  y D) Factura no declarada

por el proveedor,  puesto que según el modulo “Compras  Reportadas  por sus Clientes”,  las

facturas  no  se  encuentran  correlativas,  y  que  monto  reportado  por  los clientes  es  mayor

al  declarado;  concluyendo  que  el  ingreso  no  fue  declarado  en  su totalidad,’  fojas 96 de

antecedentes administrativos.

 

De  acuerdo  a  lo  citado  precedentemente,  se  evidencia  que  la  Vista  de  Cargo  N°

291720000312  (SINGDLPZ-I/DF/SFVE/VC/00284/2017) de 2 de junio de 2016,  señala que  como

resultado  de  la  verificación  realizada  observó  que  la  ahora  recurrente  no presentó los

Libros de Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, razón por la cual obtuvo información  de  sus

clientes  a  través  del  sistema  SIRAT  II  —  Módulo  “Lo  que  le compraron”, concluyendo  que

Raquel Pérez Ramos no había declarado el total de sus ingresos, vale decir por Bs1.730, importe que

corresponde a la nota fiscal N° 643 con N° de orden 2001001802470; estableciendo al efecto, una

base imponible de Bs1.730 y un impuesto de Bs225 por concepto de IVA y Bs52 por concepto de IT,

correspondiente al periodo fiscal abril 2011; fojas 75 de antecedentes  administrativos.

 

Concluido el plazo otorgado por el artículo 98 del Código Tributario y dado que el ahora recurrente

no  había  presentado  descargos  a  la  Vista  de  Cargo,  la  Administración Tributaria   emitió

la   Resolución   Determinativa   impugnada,   señalando   en   su  parte pertinente:  “. ..del

análisis  y verificación  de la documentación  parcial presentada  por  el contribuyente,

información  extraída  del  Sistema  Integrado  de  Recaudación   para  la Administración

Tributaria  (SIRAT  2),  referente  al  software  Libro  de Compras  y  Ventas IVA,  Declaraciones

Juradas  (Form 200 y 400) y el módulo Gauss correspondiente a la dosificación  de  factura  (.. .)

la  observación  surge  debido  a  que  el  contribuyente  no presentó  la  información  de  sus

Libros  de  Ventas  a  través  del  módulo  Da  Vinci,  los mismos  que  fueron  cotejados  con

las  Declaraciones  Juradas  F-200  y  las  ventas  que declara  el  contribuyente  coinciden  con

las  compras  informadas  por  los  clientes  del contribuyente, sin embargo,  respecto  de la

factura  N° 643, el  importe  declarado  en su declaración   jurada  F-200  es  menor  al  importe

que  informan  los  clientes;  asimismo verificó  que  las facturas  informadas  por  los  clientes

no  se encuentran  correlativas  (. . .)

permitiendo  conocer  de  manera  cierta  la  existencia  de  un  hecho  generador   de  la    . „

 

 

Página  18 de 22     ^””“ ‘”^^ °””

 

 

 

 

 

 

AUTOBIDAO REGIONAL  DE

 

Es ta do  PI ui ina cional    e BoI iv  a

 

obligación  tributaria  (…), determinando  que el importe  de la nota fiscal  N° 643 no fue

declarada,  por tanto procedió  a gravar el débito fiscal IVA  en la suma  Bs225 (13%) e Impuesto

a  las Transacciones  por  la  suma  Bs52  (3ᵒ/ ), más  los  accesorios  y  sanción

correspondientes   calculados   en   aplicación   del   artículo   47   del   Código   tributario,

modificado por la Ley 812, así como la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales.

 

De  lo  anotado  hasta  este  punto,  se  advierte  que  si bien  la  Administración  Tributaria

mediante la comparación realizada entre los ingresos declarados en el F-200 del periodo fiscal

abril 2011 por la ahora recurrente cuyo importe alcanza a la suma de Bs8.054 y los importes

declarados por sus clientes en el mismo periodo fiscal a través del reporte “Lo que le compraron”

cuyo importe fue de Bs9.594, estableció que los ingresos declarados en dicho  periodo  fueron

menores  a los reportados  por  sus clientes,  determinando  un ingreso no declarado  de Bs1.730

cuyo monto bajo el razonamiento  y criterio  del ente fiscal corresponde  a la factura N° 643; sin

embargo de la lectura  y revisión del cuadro denominado  “COMPARACIÓN  DE  DDJJ,  LIBROS  DE

VENTAS”  se  evidencia  que  la diferencia entre lo declarado por la recurrente y la información

reportada por sus clientes importa la suma de Bs1.540 (Bs9.594  — 8.054 = 1.540) importe que es

diferente  a la observación que a decir de la Administración Tributaria resulta un ingreso no

declarado.

 

Continuando con el análisis, habrá que enfatizar que la misma Administración Tributaria, afirma

que  no  existe  diferencias  entre  lo  declarado  por  Raquel  Pérez  Ramos  y  los reportes de

sus clientes cuando en el acto impugnado bajo e\ literal B) señala de manera textual:  “B) Nota

Fiscal emitida  por  el proveedor,  la factura de venta presentada  es la misma  que  declara  el

cliente  según  información   extraída  del  módulo   ”Compras reportadas  por sus clientes”,

aspecto que es contradictorio al argumento por el cual el ente fiscal observó el ingreso declarado

respecto de la factura N° 643, observación que se encuentra plasmada tanto en la Vista de Cargo

como en la Resolución Determinativa ahora Impugnada.

 

 

’°’°

Del mismo modo, bajo el literal A) el ente fiscal respecto de la factura N° 643, manifestó:

“Factura no informada por el proveedor, ya que no presentó los Libros de Ventas IVA, y bajo el

numeral D) señaló que: “Factura no declarada por el proveedor, puesto que según el  módulo

”Compras  Reportadas  por  sus  Clientes”,  las  facturas  no  se  encuentran

correlativas, y que monto reportado por los clientes es mayor al declarado; concluyendo  ”        ”

que el ingreso no fue declarado en su totalidad”, en este entendido corresponde destacar    :„    ’

 

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que tales  observaciones  carecen  de fundamento,  puesto  que  si bien  la  factura  no  fue

informada  en  los  Libros  de  Ventas  IVA,  esto  no  implica  que  la  ahora  recurrente  no

hubiera  declarado  tal ingreso en su declaración  jurada,  vale  decir que el hecho de no

presentar el Libro de Ventas IVA a través del módulo da Vinci, no significa que la factura antes

citada no hubiese sido declarada en los ingresos del F-200 del periodo fiscal abril 2011;  a  este

respecto,  el  ente  fiscal  no  demostró  que  la  nota  fiscal  N°  643  no  fue declarada.

 

En relación a la observación  de que las facturas reportadas  por los clientes de Raquel Pérez

Ramos no se encuentran correlativas,  es menester  resaltar que la correlatividad de  las  notas

fiscales  informadas  por  los  circunstanciales  clientes,  no  significa  que  el ingresos  no

hubieran  sido  declarados  en  su  totalidad;  en  suma  la  Administración Tributaria  no

demostró  que el importe de Bs1.730  consignado  en la factura N° 643 se considera como “ingreso no

declarado” en el periodo fiscal abril 2011, habida cuenta que existe correspondencia documentada

en todos los datos; esto es, entre la copia de la citada factura presentada por la recurrente y lo

informado por su cliente Agencia Nacional de Hidrocarburos  a través del reporte “Lo que le

compraron”.

 

Habrá que enfatizar que la fundamentación y motivación  se circunscriben a las razones técnico

legales para la emisión de un acto administrativo; sin embargo,  estos aspectos no  fueron

debidamente   considerados   por  la  Administración  Tributaria   a  momento inicialmente emitir

la Vista de Cargo y posteriormente la Resolución Determinativa ahora impugnada,  cuya  omisión

afecta  directamente  a  la  garantía  jurisdiccional  del  debido proceso,  toda vez que solamente

a partir de una adecuada  motivación el administrado está  en  la  posibilidad  legal  de  asumir

su  derecho  a  la  defensa;  no  cumplir  con  este requisito  esencial  determinado  por  el

artículo  99  del  Código  Tributario,  implicará  la emisión de posiciones discrecionales o

arbitrarias.

 

En este punto de análisis,  es pertinente  considerar  que la garantia  del debido proceso se

encuentra integrada por varios elementos que lo configuran, entre ellos, la motivación, la

valoración integral de la prueba, la pertinencia  y la congruencia de las resoluciones; al

respecto,  la  Sentencia  Constitucional  Plurinacional  0114/2015-S2  de  23  de  febrero,

estableció  el  siguiente  entendimiento:  “La  jurisprudencia constitucional es uniforme  al

determinar  que  el  debido  proceso  se  constituye  en  un  derecho/garantia/principio  de

orden  general  y  complejo,  a  su  vez  compuesto  por  los  siguientes  otros  derechos  y    .

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Esla do  PIurina ciono i  de BoI i v i a

 

 

garantías: A un proceso público, a/ juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no

declarar contra s/ mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la

acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena,  a

la valoración razonable de la prueba, a la motivación  y congruencia de las decisiones,  a la

concesión  al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías  de  presunción  de

inocencia  y  del  non  bis  in  ídem.  Esta  Iista,  conforme  al principio  de  progresividad

de  los  derechos  fundamentales  (art.  13  de  la  CPE),  es enunciativa,  dado  que  puede  ser

ampliada  de  acuerdo  a  su  desarrollo  normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva

de materializar el valor justicia.”.

 

De acuerdo a los argumentos de hecho y derecho antes expuestos, se establece que la Vista  de

Cargo  N°  291720000312  (SIN/GDLPZ-I/DF/SFVE/VC/00284/2017) de  2  de junio  de  2017,  no expresa

las razones  que indujeron  a  la  Administración Tributaria  a determinar  los ingresos no

declarados  en el periodo fiscal abril 2011, más aún cuando de  manera  contraria  el crédito

fiscal  declarado  de  la  factura  N°  643  coincide  con  la información proporcionada por su

cliente Agencia Nacional de Hidrocarburos, motivo por el que la Vista de Cargo antes citada no

contiene los hechos, datos y valoraciones que fundamenten  la Resolución  Determinativa  impugnada,

conforme dispone el artículo 96 de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde anular obrados hasta

la Vista de Cargo N° 291720000312  (SIN/GDLPZ-I/DF/SFVE/VC/00284/2017)  inclusive,  a objeto de que

el  Ente  Fiscal  emita  otro  acto  administrativo  preliminar  que  de  manera  motivada  y

objetiva establezca el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Raque! Pérez Ramos, por la

prestación de servicios efectuado en el periodo abril 2011.

 

POR TANTO:

La  Directora  Ejecutiva  Regional  Interina  de  la  Autoridad  Regional  de  Impugnación

Tributaria   La  Paz,  designada  mediante  Resolución  Suprema  N°  10501  de  16  de septiembre

de 2013, con las atribuciones  conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título  V  del

Código  Tributario  Incorporado  por  la  Ley  3092  y el  artículo  141  del  DS. 29894;

 

RESUELVE:

PRIMERO:  ANULAR  obrados  hasta  el  vicio  más  antiguo,  esto  es,  hasta  la  Vista  de Cargo

N°  291720000312  (SIN/GDLPZ-I/DF/SFVE/VC/00284/2017)  de  2  de  junio  de

2017, emitida  por la Gerencia  Distrital  la Paz I del Servicio  de Impuestos  Nacionales,    .,,

 

 

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inclusive;  consecuentemente, la  Administración Tributaria  debe emitir, si corresponde, otro acto

administrativo preliminar que contenga los hechos, actos, datos y valoraciones que establezcan  de

manera  motivada  y objetiva  las obligaciones  tributarias  de Raquel Pérez  Ramos  por  el

periodo  fiscal  abril  2011,  conforme  establece  el  articulo  96  del Código Tributario.

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de  la

Constitución  Política  del  Estado  una  vez  que  adquiera  la  condición  de  firme, onforme

establece   el  artículo   199   del   Código   Tributario,   será   de   cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida  y la parte recurrente.

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de

Impugnación  Tributaria, de conformidad  al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con

nota de atención.

 

CUARTO:  Conforme  prevé  el  articulo  144  del  Código  Tributario,  el  plazo  para  la

interposición   del  recurso   jerárquico   contra  la  presente  resolución,   es  de  20  días

computables a partir de su notificación.

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCVD/jcg/avv/rms ’gjml /rdch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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