ARIT-LPZ-RA-1447-2017 Resolución Sancionatoria confirmada por la ratificación de la modificación de la Ley 812 a la Ley 2492

ARIT-LPZ-RA-1447-2017

AUTORIDAD REGIONAL DE laFU6NAClÓN TRIBUTARIA

Es t ado Plurinacion al  de  Bob iv i a

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1447/2017

 

 

Recurrente:                             Ernesto Aro Apaza

 

Administración Recurrida:      Gerencia   Distrital   La   Paz   I   del   Servicio   de

Impuestos  Nacionales,  legalmente  representada por Iván Arancibia Zegarra

 

 

Acto Impugnado:

 

 

 

Expediente: Lugar y Fecha:

Resolución    Sancionatoria    N°   181720001094

(SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RS/00409/2017)

 

 

ARIT-LPZ-1000}2017

 

La Paz, 29 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico  ARIT-LPZ N°

1447/2017 de 27 de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tnbutaria Regional; y todo

cuanto se tuvo presente.

 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Sancionatoria N° 181720001094 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RS/00409/2017) de 5 de mayo  de

2017, emitida  por la Gerencia  Distrital  La  Paz I del Servicio  de Impuestos Nacionales resolvió

sancionar a Ernesto Aro Apaza en aplicación de los artículos 1 y 2 de la RND 10-0047-05, 15 de la

RND 10-0004-10, la Disposición Final Cuarta del Capítulo X de la RND 10-0016-07, con cinco multas,

cada una de 200 UFV por cada periodo fiscal incumplido conforme el numeral 4.2 de la RND 1&0037-07

de 14 de diciembre de 2007, correspondientes a los periodos de enero, febrero, marzo, abril y mayo

de 2011, por el incumplimiento al deber formal de presentación  de la información  de libros de

compras  y ventas IVA a través del módulo Da Vinci en los plazos medios y formas establecidas en

norma específia, totalizando

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

II.1. Argumentos del Recurrente

Ernesto Aro Apaza, mediante memoriales presentados el 20 de septiembre de 2017 y el 4 de octubre de

2017, cursantes a fojas 23-24 y 27-28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo

siguiente:

 

Conforme  establecen  los  articulos  59,  60,  61,  62,  159  de  la  Ley  2492,  disposiciones

adicionales  Quinta,  Sexta  y  Séptima  de  la  Ley  291,  5  del  DS  27310,  el  término  de  la

prescripción aplicable a la referida acción, se computa desde el 1 de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento  del periodos de pago respectivo;  si las

sanciones   por  incumplimiento  de  presentación   del  Libro  de  Compras   y  Ventas   IVA

corresponden a los periodos enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2011, el plazo para iniciar

dicha acción tributaria inició el 1 de enero de 2012, 2013, 2014 y concluido el 31 de diciembre de

2015; sin embargo, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 140995008852 de 29 de agosto de

2016, el Informe CITE SIN/GDLPZ-I/DF/PAlSC/INF/10265/2016 de 31 de diciembre de 2016 y la

Resolución Sancionatoria N° 181720001094 de 5 de mayo de 2017, prescribió la acción tributaria

para  aplicar  las sanciones  administrativas conforme  los preceptos  legales señalados,  al

haber  transcurrido  más  de                más  aun  cuando  las

realizadas al Código Tributario por la Ley 291, no son aplicables a dichos periodos fiscales.

 

 

Los libros de compras y ventas IVA, correspondientes a los periodos enero, febrero, marzo, abril y

mayo de 2011, fueron enviados a través de Software Da Vinci Módulo LCV; asimismo, en el año 2011 se

encontraba en la comunidad donde no existe internet, por lo que se debe revocar la sanción por

prescripción.

 

Conforme  a  los  fundamentos  expuestos,  solicita  revocar  la  Resolución  Sancionatoria  N”

181720001094 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RS/00409/2017) de 5 de mayo de 2017.

 

11.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Ernesto Aro Apaza, fue admitido mediante Auto de 6 de octubre

de 2017, notificado personalmente  al recurrente el 9 de octubre de 2017 y mediante cédula al

Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 10 de octubre de 2017; fojas

29-34 de obrados.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente

 

 

Página  2 de 15

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD BE6I0NÁL DE

Iueu6NAci0N TRIBWAR€A

 

 

por   Iván   Arancibia    Zegarra,   según   Resolución   Administrativa   de   Presidencia    N°

031700001413 de 29 de septiembre de 2017, mediante memorial presentado el 25 de octubre de  2017,

cursante  a  fojas  37-40  de  obrados,  respondió  negaüvamente,  expresando  lo siguiente:

 

En un intento forzado de aplicación de la norma, Ernesto Aro Apaza citó el artículo 59 de la Ley

2492, sin las modfaciones realizadas por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, Disposición

Adicional Décima Segunda y la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley 317;

asimismo, el artículo 60 parágrafo ll de la Ley 2492, también fue modificado; en ese entendido, la

solicitud de prescripción realizada por el recurrente no tiene asidero legal, toda  vez  que  la

normativa  señalada  establece  expresamente  que  las  acciones  de  la administración  tributaria

prescribirán  a  los  nueve  años  en  la  gestión  2017  para  imponer sanciones administrativas,

cómputo que se inicia desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del periodo de pago respectivo, lo que implica que al ser los periodos fiscalizados de

la gestión 2011, el terminó de la prescripción inició el 1 de enero de 2012 y se tenía hasta el

2020 para realizar sus acciones, plazo que fue interrumpido con la notificación  de  la  Resolución

Sancionatoria  impugnada  el  31  de  agosto  de  2017;  cita  la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1413/2013.

 

Respecto  de  la  inaplicabilidad  de las Leyes  291  y 317,  éstas  no afectan a los derechos

adquiridos  o consolidados  de  los  contribuyentes,  toda  vez  que  eso  implicaría  hacer  una

aplicación retroactiva de la Ley; sin embargo, puede afectar a las situaciones de expectativa o

llamados  derechos  expectativos  que  aún  no  se  consolidaron  por  estar  pendientes  de

cumplimiento, sea por la falta de algún requisito formal, de fondo o cumplimiento del plazo o

condición establecida por la ley para consolidar el derecho, motivo por el que en el presente aso

no se considera que se trate de una apliación retroactiva de \a Ley; consecuentemente, la

prescripción  no  operó,  al  no  llegar  a  ser  parte  del  goce  de  un  derecho  efectivo  del

contribuyente, debido a que el plazo legal para que se convierta en un derecho adquirido no se

cumplió.

 

El contribuyente hizo referencia al carácter retroactivo de la norma en sí, cuyo debate implica

discutr la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 51 de la Ley 2492, situación que

no es de competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, conforme se señaló en la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013.

 

 

 

Página 3 de 15

 

Mana tasaq kuraq kamac

Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomita mbaerepi Va

 

Conforme establecen los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, la Autoridad de

Impugnación Tributaria debe pronunciarse de oficio sobre otros puntos no impugnados por el es

decir,                       cumplir  el  principio  de  congruencia   y  no  emitir

resoluciones extra o ultra petita; cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011,

Sentencias Constitucionales 1312/2003-R y 0471/2005-R.

 

Conforme  a  los  fundamentos  expuestos,  solicita  confirmar  la  sanción  establecida  en  la

Resolución Sancionatoria  N° 181720001094  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RS/00409/2017) de 5 de mayo de

2017.

 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 26 de octubre de 2017, se dispuso la apertura  del término de prueba de veinte

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del Inciso d) del Artículo

218  del  Código  Tributario,  actuación  notificada  al  recurrente  como  a  la  Administración

Tributaria en Secretaria el 1 de noviembre de 2017; fojas 41-42 de obrados.

 

Iván Arancibia  Zegarra  en calidad  de Gerente  Distrital  La Paz I del Servicio  de Impuestos

Nacionales,  mediante memorial de 20 de no\/iembre de 2017, ofreció, propuso, reprodujo  y ratificó

en calidad de prueba preconstituida los antecedentes originales remitidos a momento de responder al

Recurso de Alzada; al efecto, se emitió el Proveído de 21 de noviembre de 2017, que dispuso se

tenga por otrecida  y ratificada la prueba documental  señalada  en su memorial; fojas 43-44 de

obrados.

 

11.5. Alegatos

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos  Nacionales, así como Ernesto  Aro Apaza

no presentaron alegatos, conforme el artículo 210 parágrafo ll de la Ley 2492.

 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 16 de noviembre de 2016,

notificó personalmente  a Ernesto Aro Apaza, titular del NIT 3412092011,  con el Auto Inicial  de

Sumario  Contravencional  N°  00140995008852  de  29  de  agosto  de  2016,  que dispuso el inicio

del proceso por haber incumdo en el incumplimiento de presentación  de la información del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo —LCV de los periodos de enero, febrero,

marzo, abril y mayo de 2011 y en aplicación del artículo 150

de la Ley 2492 sanciona con el numeral 3.1 del Anexo I de la RND 10-0032-15 con multa de          ‘

 

 

 

Página 4 de 15

de la Catidad

Certifi< ado 0“EC-77644

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL  DE

 

aJoPCnwemonaIdeBow‹a

 

200 UFV’s, por ada   periodo fiscal incumplido; haciendo un total de 1.000 UFV’s; otorgando al

contribuyente, el plazo de veinte (20) días a partir de su legal notificación, para presentar

descargos  por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho;  fojas 1 de antecedentes

administrativos.

 

La    Administración    Tributaria    estableció    según    el    Informe    CITE:    SIN/GDLPZ-

I/DF/PAlSC/INF/10265/2016 de 31 de diciembre  de 2016, que revisada  la Base de Datos SIRAT II, el

contribuyente  presentó  los Libros de Compras  y Ventas LCV de los periodos enero, febrero, marzo,

abril y mayo de 2011, dentro del plazo establecido, razón por la que, en aplicación del artículo

150 de la Ley 2492, la aplicación de lo establecido en el numeral 4 subnumeral 4.2 del Anexo I de

la RND 10-0037-07,  correspondiendo la multa total de 1.000 UFV’s; finalmente, el informe citado

concluyó de manera incongruente con los hechos que al no haber presentado el contribuyente

descargos válidos que hagan e! derecho a su defensa así como tampoco canceló la multa impuesta,

corresponde remitir el trámite al Departamento Jurídico  para  continuar   con  el  proceso

correspondiente;  fojas  9-10  de  antecedentes administrativos.

 

La Resolución Sancionatoria N° 181720001094 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RS/00409/2017) de 5  de  mayo  de

2017,  resolvió  sanÓonar  al  contribuyente  titular  del  NIT  3412092011,  en aplicación  de los

artículos  1 y  2 de la RND  10-0047-05,  15 de la  RND  10-0004-10  y la Disposición Final Cuarta

det Capítulo X de la RND 10-0016-07, con dnco multas de 200 UFVs correspondientes a los periodos

enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2011, conforme  el numeral 4.2 de la RND 10-0037-07, por

incumplimiento al deber formal de presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a

través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en norma específica,

totalizando las cinco multas el importe de

1.000 UFV’s; acto notificado personalmente al sujeto pasivo, el 31 de agosto de 2017; fojas 12-20

de antecedentes administrativos.

 

 

 

 

 

 

 

  • OER ’
  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 de la Ley

2492 y 198 del Código Tributario  la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario),

revisados   los   antecedentes   administrativos,   compulsados   los   argumentos formulados  por

las  partes,  verificada  toda  la  documentación  presentada  en  el  término probatorio como las

actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al informe Técnico Jurídico

emitido de conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene:

 

 

Página 5 de 15

 

 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abonará únicamente al análisis de los

agravios manifestados por Ernesto Aro Apaza, la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes  y el derecho aplicable en el presente  caso,  sin ingresar  a otros aspectos  que  no

fueron  objeto de impugnación  o que  no se hayan solicitado  durante  su tramitación ante esta

Instancia Recursi\/á.

 

De manera previa es menester considerar que el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada

aclara que el año 2011, se encontraba en una comunidad donde no existe internet y que los libros de

compras y ventas IVA correspondientes a los periodos enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2011

fueron enviados a través de Software Da Vinci Módulo LCV; al respecto corresponde señalar que el

incumplimiento a deberes formales es una contravención de carácter  objetivo,  en razón a que  la

sola  vulneración  de la norma  formal constituye  la infracción sin que interese in\/estigar si el

infractor omitió intencional o negligentemente su obligación legal; asimismo, de acuerdo al régimen

tributario sancionatorio  contenido en el  Código  Tributario,  la contravención  de

incumplimiento de deberes  formales,  es predominantemente objetiva,  es  decir,  que la  sola

infracción  de  las  disposiciones  de carácter  formal,  configura  la  comisión  de  dicha

contravención  y  la  aplicación  de  las sanciones administrativas o pecuniarias, consecuentemente

no amerita realizar un análisis adicional al respecto, motivo por el que se procederá a analizar

sólo la prescripción invocada.

 

IV.1. Prescripción

Ernesto  Aro Apaza  a través  de los argumentos  de su Recurso  de Alzada,  señala  que la

Administración Tributaria pretende cobrar multas por el incumplimiento a deberes formales por el

envío fuera de plazo de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA módulo Da Vinci,

correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2011, sin

embargo, los periodos fiscales citados se encuentran prescritos conforme lo establecido en los

artículos 59, 60, 61, 62 y 159 de la Ley 2492, que establece que las acciones de la Administración

Tñbutaria para imponer la sanción prescriben a los cuatro años, cuando en el presente   aso

transcurrió   un  periodo   de   tiempo   mayor;   asimismo,   señala   que   las modificaciones

realizadas  al Código  Tributario  por la Ley  291, no son aplicables  a dichos periodos fiscales.

 

La Administraci6n Tributaria señala que el contribuyente pretende desconocer la Ley 291 que   ’

modificó el articulo 59 de la Ley 2492, estableciendo  nuevos términos de prescripción, bajo

.’,,  ”

 

 

 

Página 6 de 15

cx        u•ec-zru‹

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la d o  P1 u r i n ecion at  de  8 oli vi a

 

 

esa  lógica,  el cálculo realizado,  es  totalmente  erróneo,  porque no consideró  la normativa

citada. En el presente caso, de solicitud de prescripción de la facultad de imponer sanciones

administrativas, corresponde aplicar la Ley 2492, con las modifiaciones establecidas por las Leyes

291 y 317, consecuentemente, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y

concluye el 31 de diciembre de 2020, toda vez que de conformidad con lo establecido en la citada

Ley 291, en la gestión 2017, el plazo para la prescripción se incrementó a 9 años, razón por la que

se establece que la facultad ejercida a través de la Resolución Sancionatoria impugnada notifiada

al contribuyente el 31 de agosto de 2017, se encuentra dentro del plazo legal, con lo que queda

demostrado que la prescripción no llegó a configurarse; por lo tanto, lo solicitado por el

recurrente, es improcedente.

 

El ente fiscal con relación a la inaplicabilidad de las Leyes 291 y 317, señala que la prescripción

no operó. al no llegar a ser parte del goce de un derecho efectivo del contribuyente, debido a que

el plazo legal para que se convierta en un derecho adquirido no se cumplió; asimismo, no

corresponde atender a través del Recurso de Alzada una petición de inconstitucionalidad de la norma

administrativa, debido a que no es competencia  de la Autoridad de Impugnación Tributaria el

control de constitucionalidad; adicionalmente, la Instancia de Alzada debe cumplir el principio  de

congruencia  en cuanto a las solicitudes  del ahora  recurrente.  Al  respecto, corresponde el

siguiente análisis:

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

  1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administracidn Tributaria para.
  2. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  3. Determinar la deuda tributaria.
  4. Imponer sanciones administrativas.
  5. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.
  6. El término precedente se ampliará a sie/e (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

III.   El término  para ejecutar  las sanciones  por contravenciones tributarias  prescribe a los

dos (2) años.

 

La Disposición  Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59

de la Ley 2492, indicando:

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en

 

 

Página 7 de 15

 

Jan mit’ayir jach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq’

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll.

 

 

 

 

III.

la gestión 20f2, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7)

años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez

(10) años a partir de la gestión 2018, para:

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria
  3. Imponer sanciones administrativas

Los   términos   de   prescripción   precedentes   se   ampliarán   en   tres   (3)   aAos

adicionales  cuando  el  sujeto  pasivo  o tercero  responsable  no cumpliera  con  la obligación

de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al

que le corresponde.

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5)

años.

La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible

 

 

La  Ley 317 de 11 de diciembre  de 2012, derogó el último párrafo  del parágrafo  I, del artículo

59 de la Ley 2492, resultando la citada disposición de la siguiente forma:

  1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión

20f2, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siefe

(7) años  en la gestión  2015,  ocho (8) años  en la gestión  2016,  nueve .(9) años  en la gestión

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 20f8, para.

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.
  4. Los términos de prescripción precedentes  se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando

el  sujeto  pasivo  o  tercero  responsable  no  cumpliera  con  la  obligación  de inscribirse en

los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le

corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco

(5) años.

  1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

 

 

La  Disposición  Adicional  Décima  Segunda  de  la  Ley  317,  dispone:  Se  modifican  los

Parágrafos I y II del Articulo 60 de la Ley z‹gz modificados por la Disposición Adicional Sexta de

la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

 

 

 

Página 8 de 15

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL  DE

 

E sla   o Piur ina cix na i  d e  Boi iv ía

 

 

  1. Excepto en  el  Numeral  3,  del  Parágrafo  I  del  Articulo  anterior,  el  término  de  la

prescripción  se computará  desde  el  primer  día  del  año  siguiente  a aquel  que  se produjo

el vencimiento del periodo de pago respectivo.

 

  1. En el supuesto 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el

primer dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

 

El artículo 2 parágrafo II de la Ley 812, dispone: ll. Se modifican los Parágrafos I y ll de/

Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, ”Código Tributano Boliviano”, con el

siguiente  fexto: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán  a los ocho (8) anos

para:

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Oeterminar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.
  4. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable  no cumpliera  con la obligación  de inscribirse  en los registros

pertinentes,  se inscribirá  en un régimen tributario dfierente al que corresponde, incurra en

deI’itos tributarios o realice operaciones comercia/es y/   rnancieras en países de baja o nula

tributación.

 

El artículo 61 de la Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la prescripción,

dispone:  La prescripción  se  interrumpe  por: a) La  notificación  al sujeto  pasivo  con la

Resolución  Determinativa. b) El reconocimiento expreso  o tácito  de la ob/igacidri  por parte del

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida  la

prescripción,  comenzará  a computarse  nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

 

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica:

El  curso  de  la  prescripción  se  suspende  con:  I.  La  notificación  de  inicio  de

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia ema fecha de la

nofificación respectiva y se extiende por seis f6  meses. II. La interposición de recursos

administrativos o procesos judiciales por parfe del contribuyente. La suspensión se inicia con la

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el Ente Fiscal emitió el Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995008852 de 29 de agosto de 2016, por el incumplimiento

al deber formal referido a la falta de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas

IVA correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2011, cuyo

procedimiento culminó con la Resolución Sancionatoria  ahora impugnada que resolvió sancionar al

contribuyente con multa por un total de 1.000 UFV’s por el incumplimiento citado; en ese sentido,

el ahora recurrente en su Recurso de Alzada invocó  prescripción  respecto  a  la  facultad  de

imponer  sanciones  de  la  Administración Tributaria; aspecto que constituye la problemática a ser

resuelta.

 

Bajo el contexto citado, resulta necesario establecer  que la Administración Tributaria  tiene

amplias  facultades  para  controlar,  investigar,  verificar,  comprobar  y fiscalizar  tributos,

así como para determinar  la deuda  tributaria,  imponer  sanciones  administrativas y ejercer  su

facultad de ejecución  tributaria;  no obstante, el ejercicio  de esas facultades  se encuentra

condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.

 

En ese entendido, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar

al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria

nacional  se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la

dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este

caso  que la prescripción  extintiva,  constituye  una  categoría  general del derecho, cuya

finalidad es poner fin a un derecho matenal, debido a la inactividad de quien pudiendo  ejercer ese

derecho  o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva  se presenta

cuando la  Administración Tributaria  permanece  inactiva  durante  un determinado lapso de tiempo,

a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar,  verificar, comprobar,

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administratlVáS; bajo ese

parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

 

De la normativa legal descrita inicialmente, se tiene que en nuestro ordenamiento jurídico antes de

las modificaciones introducidas  a la Ley 2492, mediante las Leyes  291 de 22 de septiembre de 2012

y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 establecía que las acciones de la Administración

Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su

facultad de ejecución tributaria prescribirían a los

cuatro (4) años,  así como  el término  para  ejecutar  las sanciones  por contravenciones    .’,,

 

 

Página 10 de 15

 

 

 

 

 

 

AUT0BID4D IIE6£0NAL DE

luruskaciéa TniBvrxnix

E s t ado Plurina cio ‹la I  d e  BoI i’7 i a

 

 

tributarias prescribe a los dos (2) años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la

citada  disposición  legal, preveía que el plazo para controlar, investigar,  verificar, comprobar

y  fiscalizar  tributos,  determinar   la  deuda  tributaria,  imponer  sanciones administrativas

y ejercer su facultad de ejecución  tributaria, se computa  desde el 1 de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de  pago  respecti\lo   y  el

término  para  ejecutar  las  sanciones  por  contravenciones tributarias desde el momento en que

adquiere la calidad de título de ejecución tributaria; asimismo, el artículo 61 de la mencionada

Ley, señala que la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa,

el reconocimiento expreso o tácito de la  obligación  por  parte  del  sujeto  pasivo  o  tercero

responsable  o  por  la  solicitud  de facilidades  de  pago  y  que  interrumpida  comienza  a

ser  computado  nuevamente  su término  a  partir  del primer  día  hábil  del  mes  siguiente  a

aquel  en que  se produjo  la interrupción.

 

Es necesario agregar que el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración

Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco(5) años en la gestión 2013,

seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho

(8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la

gestión 2018, para el ejercicio de las siguientes facultades: i) controlar, investigar, verificar,

comprobar  y fiscalizar  tributos,  ii) determinar  la deuda  tributaria  e iii) imponer  sanciones

administrativas; de acuerdo a lo señalado, nuestro Estado mediante esa reforma amplió el plazo de

la prescripción  de cuatro (4) años  hasta  los diez (10) años,  sin embargo,  esta ampliación en

cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año  en  cada

gestión  hasta  completar  el  2018;  de  tal manera,  considerando  que  en  e! presente caso la

facultad de imponer sanciones fue ejercitada por el Ente Fiscal mediante la Resolución

Sancionatoria ahora impugnada, resultaría pertinente aplicar el plazo para la prescripción de nueve

(9) años.

 

La disposición legal citada se mantuvo en la Ley 317, excepto por la derogación del último

  • °••-*” párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291,

referido a que el periodo de prescripción para cada año establecido  en el presente parágrafo,

sería respecto  a  las  obligacÓnes  tributarias  cuyo  plazo  de  vencimiento  y  contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición que fue dejada sin efecto por la Ley 317.

 

 

Página 11 de 15

 

Jan mit’ayir ¡ach’a kamani Mana tasaq kuraq kama

Mburuvisa tendodegua mbaetl oñomita mbaerepi Vae ‹<. • •r

 

Posteriormente, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto

en el artículo 59 de la Ley 2492 fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su

vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1)

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda

tributaria  y 3) Imponer  sanciones  administrativas; es decir, desde la  vigencia  de la citada

Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso,  ocho

años  dentro  del cual la  Administración Tributaria  debe  ejercer  las facultades mencionadas;

asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogaloria y Derogatoria Única dispuso:  “Se  abrogan

y derogan  todas las normas  contrarias  a la  presente  Ley”,  en ese entendido,  considerando

que la Ley 291 establecía  un plazo progresivo de la prescripción hasta  llegar  a  los  diez  años

en  la  gestión  2018,  resulta  ser  contrario  al nuevo  régimen previsto en la Ley 812, de tal

manera, se suscitó la derogatoria  tácita de la Ley 291 en lo concerniente  a  la  Disposición

Adicional  Quinta  que en su momento  había  modificado  el artículo  59  parágrafo  I  del  Código

Tributario;  lo  que  muestra  de  manera  expresa  la concurrencia  de  normativa  legal  que

beneficia  al  administrado,  en  concordancia  con  el articulo 123 de la Constitución Política

del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.

 

Es necesario señalar en esta parte del análisis y con la finalidad de identificar correctamente las

atribuciones  y  funciones  de  esta  Autoridad  Regional  de  Impugnación  Tributaria,  la

Constitución Politica del Estado de 7 de febrero de 2009, regula el establecimiento de una nueva

estructura organizativa  del Estado Plurinacional  de Bolivia; bajo ese lineamiento  es que

mediante el Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, en su articulo 141 dispone que la

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan   a

denominarse   Autoridad   General   de  Impugnación   Tributaria   y   Autoridades Regionales  de

Impugnación  Tnbutarla,  los  que  continuarán  cumpliendo  sus  objetivos  y desarrollando  sus

funciones y atribuciones enmarcadas en lo dispuesto precisamente en la Constitución  Politica  del

Estado,  las Leyes  2492,  3092  y  demás normas  reglamentarias

 

 

Bajo   el   lineamiento   normativo   mencionado,   en   el   campo   administrativo   tributario,

esencialmente en las decisiones que debe emanar por autoridades revisoras de actos en el ámbito

impositivo, este debe actuar de acuerdo al principio de sometimiento pleno a la Iey y al  derecho;

en  ese  contexto,  las  funciones  y  atribuciones  de  la  Autoridad  Regional  de Impugnación

Tributaria,   están   enmarcadas   esencialmente    al   acatamiento   de   las

disposiciones  vigentes  de  carácter  general;  el  principio  de  legalidad  para  la  Autoridad

.’.,  ‘

 

 

 

 

Página 12 de 15

 

 

£«rtificaao ¥”EC 2/áf4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional   de  Impugnación   Tributaria   está  circunscrita   a  resolver   controversias   cuya

motivación y fundamentación esté descrita en la Ley y normas reglamentarias; es decir, que las

decisiones se deben expresar de forma positiva y precisa de las cuestiones planteadas y  no  en

interpretaciones  cuya  labor  efecti\la  está  asignada  al  Tribunal  Constitucional

Plurinacional, conforme al artículo 2 de la Ley 254.

 

Sobre temas análogos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1635/2014 de 19 de agosto y SC

1464/2004R de 13 de septiembre, respecto al principio de sometimiento pleno a la ley, mencionó:

“… las autoúdades administrativas deben actuar en sujeción a la Const”flución, a la ley y al

derecho dentro de /as facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fnes que les fueron

conferidos. Este principio está reconocido en el articulo 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento

Administrativo,  aplicable  en el  presente  caso  por  expresa disposición  del artículo  20f  del

Código  Tributario,  precepto  legal  que señala:  ‘La Administración Pública regirá sus actos con

sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados e/ debido proceso”.  También

corresponde   señalar  que  la  Autoridad  Regional  de  Impugnación Tributaria La Paz, por

disposición expresa del artículo 197 parágrafo ll de la Ley 2492, no es competente  para  realizar

el  control  de  constitucionalidad  de  normas,  toda  vez  que  por imperio  de  la  Ley  027  y

el  Código  Procesal  Constitucional,  en  sus  articulos  5  y  4, respectivamente, presumen la

constitucionalidad de toda Ley, decreto, resolución y actos de los  Órganos  del  Estado  en  todos

sus  niveles,  hasta  tanto  el  Tribunal  Constitucional Plurinacional declare su

inconstitucionalidad.

 

Es   pertinente   mencionar   también   que   conforme   al   examen   normativo   realizado

precedentemente, se observa que ante la modificación del articulo 59 de la Ley 2492, la norma

subsistente que quedo en vigencia fue la Ley 291, no obstante, a través de la Ley 317, es derogado

el último párrafo del citado artículo 59, parágrafo I, quedando habilitado el cómputo progresivo

del término de la prescripción; finalmente, la Ley 812, nuevamente modifica  el mencionado articulo

59, de cuya redacción  se establece  un término  fijo de prescripción de ocho (8) años; lo cual,

nos permite afirmar que a partir de la abrogación y  derogación  de  las  normas  contrarias  a

esta  última  Ley,  resulta  incuestionable  su aplicación a los actos emitidos y notificados

precisamente en su vigencia; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido de que

esencialmente  se trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, toda vez como

mencionamos  anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y este se redujo de 10

a 8 años el lap

de   tiempo  que   contaba   el  sujeto   activo   para   ejercer   su  facultad  de  determin

.”,,  ’

 

 

Página 13 de 15

 

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomita mbaerepi Va

 

obligaciones  impositivas  e imponer  sanciones;  de  la  misma  manera  se debe  también señalar

que al establecer de manera expresa la Ley 812, la abrogación y derogación de normas  contrarias,

es  pertinente,   constituir  plena  convicción  en  la  Administración Tributaria  y eT  sujeto

pasivo  sobre la norma  vigente  y aplicable,  que para  el caso bajo análisis no es otra que la

referida  Ley 812, en cuya vigencia  se emitió y notificó el acto administrativo definitivo ahora

impugnado.

 

En mérito a lo señalado y considerando que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada fue emitida

en vigencia  de la Ley 812, se concluye  que el plazo de la prescripción  a ser aplicado para la

facultad de imponer sanciones respecto al incumplimiento al deber formal referido a la falta de

enVío de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Oa Vinci, correspondientes a los

periodos  fiscales  de enero,  febrero,  marzo, abril  y mayo de 2011, es de ocho (8) años; al

efecto, en cuanto al cómputo del plazo de la prescripción para dicha  facultad,   el  artículo  60

parágrafo   II  de  la  Ley  2492,             resultado  de  las modificaciones de las Leyes 291 y

317, respectivamente, dispone que:  “.. . , el término se computará   desde  el  primer  dia  del

año  siguiente  a  aquel  en  que  se  cometió  la contravención   tributaria”,

se              apreciar  la  norma  citada  toma parámetro para su cómputo el momento en que se

configura la contravención tributaria.

 

De tal manera, para los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abnl y mayo de 2011, el cómputo

del plazo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y debe concluir el 31 de diciembre de

2019, es decir, a los ocho (8) años posteriores de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492

modificado por la Ley 812, lo que permite concluir que hasta la fecha en que la  Administración

Tributaria  ejerció  su facultad  de imponer  sanciones  con la Resolución Sancionatoria

recurrida  notificada  personalmente   el  31  de  agosto  de  2017,  no  se materializó la

prescripción extintiva.

 

De acuerdo a los argumentos de hecho y derecho antes expuestos,  se advierte que la prescripción

extintiva  respecto a la facultad de imponer sanciones  de la Administración Tributaria, por el

incumplimiento al deber formal por la falta de envío de la información de los Libros de Compras y

Ventas IVA módulo Da Vinci, correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril

y mayo de 2011, no se encuentra materializada; consecuentemente,     corresponde     confirmar

la     Resolución     Sancionatoria     N° 181720001094 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RS/00409/2017) de 5 de

mayo de 2017, emitida

por la Gerencia Distrital La Paz I del Ser\/iCio de Impuestos Nacionales.

”.,  ‘

 

 

 

 

Página 14 de 15

Sn       de Wlioo d• I  Calidad

/icsdo fi*EC 77614

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD RE6I0NAL DE

IMPU6NACIéN  TfIIBUTARIA

Es y ndo  Pki ri nac iona I  de  Boiiv ía

 

 

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones

conferidas por el articulo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la

Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR  la Resolución Sancionatoria  N° 181720001094 (SIN/GDLPZ-

I/DJCC/TJ/RS/00409/2017) de 5 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz    I    del

Servicio    de    Impuestos    Nacionales    contra    Ernesto    Aro    Apaza;

consecuentemente, se mantiene  firme  y  subsistente  las  multas  por  incumplimiento  a deberes

formales  por  la  falta  de envío  de la  información  de los Libros de Compras  y Ventas IVA a

través del Software Da Vinci, correspondiente a los periodos fiscales  de enero, febrero, marzo,

abril y mayo de 2011.

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la

Constitución  Política  del Estado  una  vez que adquiera  la  condición  de firme,  conforme

establece  el  artículo  199  del  Código  Tributario,  seró  de  cumplimiento  obligatorio  para

la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

TERCERO:  Enviar  copia  de  la  presente  Resolución  al Registro  Público  de  la  Autoridad

General  de  Impugnación  Tributaria,  de  conformidad  al  artículo  140  inciso  c)  del  Código

Tributario y sea con nota de atención.

 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del

recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su

notificación.

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 15 de 15