ARIT-LPZ-RA-1441-2017 Resolución Determinativa anulada por determinar la obligación tributaria sobre base presunta al no contar con todos los elementos para determinar sobre base cierta

ARIT-LPZ-RA-1441-2017

 

AUTORTDAD REGIONAL DE

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1441/2017

Recurrente: Javier Humberto Zuleta Garrón

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del
Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro

Acto Impugnado:

 

Expediente: Lugar y Fecha:
Resolución Determinativa N° 171729001203 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/000054/2017)

ARIT-LPZ-1031/2017

La Paz, 29 de diciembre de 2017
VISTOS:
El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración
Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y
producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico
ARIT-LPZ N° 1441/2017 de 27 de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección
Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
La Resolución Determinativa N° 171729001203 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/
RD/000054/2017) de 8 de septiembre de 2017, emitida por la Gerencia Grandes
Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), declaró la
inexistencia de tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos fiscales
abril 2011 a marzo 2012 y del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales abril
junio, septiembre, octubre, noviembre 2011 y enero 2012; asimismo, determinó de oficio
sobre base presunta las obligaciones impositivas de Javier Humberto Zuleta Garrón en la suma de
Bs53.920 por el IT, más actualización, intereses y la sanción por omisión de pago de los periodos
fiscales mayo, julio y agosto 2011; sobre base cierta el IT omitido más intereses y sanción
por omisión de pago de los periodos fiscales diciembre 2011, febrero y marzo 2012;
así como la multa de 3.000 UFV’s por
incumplimiento a deberes formales establecida en las Actas por Contravenciones ‘ •

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamach

 

 

 

 

 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 127672, 127673, 127674,
12675, 127676 y 127677

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA
II.1 Argumentos del Recurrente
Javier Humberto Zuleta Garrón mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2017, cursante a
fojas 36-47 de obrados, nterpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

Por Resolución Administrativa N° 231729000117 de 17 de mayo de 2017, se anuló la Vista de Cargo
N° 32-0354-2016 de 12 de diciembre de 2016 y su notificación de 20 de diciembre de 2016, en
aplicación del artículo 36 de la Ley 2341; acto administrativo que carece de fundamento porque
solo responde a los intereses propios del ente fiscal, ya que no obstante de haber
presentado descargos, incrementó el monto de la determinación; situación opuesta al
principio Non Reformatio In Peius, que representa un principio procesal e incluso del
procedimiento administrativo que vela el debido proceso y que en esencia establece que en
ningún caso puede agravarse la situación del recurrente. Al efecto, cita la .Sentencia 80/2014
de 6 de junio de 2014, el artículo 63 parágrafo II de la Ley 2341.

Bajo el criterio mencionado, el ente fiscal al anular la Vista de Cargo y emitir un nuevo acto que
incrementa el monto determinado, vulneró el principio de congruencia lesionando la
garantía del debido proceso al no realizar una valoración objetiva del hecho en cuestión y
agravando su situación como contribuyente al incrementar la sanción por el simple hecho de haber
presentado descargos que responden a la verdad material, de acuerdo a lo solicitado en el proceso
de fiscalización.

Recalca que el citado principio ‘non reformatio in peius” establece que ninguna
resolución o acto puede ser modificado en perjuicio del recurrente, en el presente caso, no debía
anularse la Vista de Cargo para emitir una nueva para agravar su situación, cuyo incremento,
según el ente fiscal, resulta de la presentación de descargos a la Vista de Cargo anulada.

 

 

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AUTORIDAD BE6T0NAL DE IMPUGNACTó¥ TRIBUTARIA

 

La Resolución Determinativa impugnada pretende el cobro de adeudos tributarios que fueron
descargados en su totalidad y debidamente justificados en su momento; sin embargo, con
los mismos argumentos utilizados en la Vista de Cargo se determinó sobre base cierta y presunta
ingresos no declarados en el IT.

Los descargos presentados a la Vista de Cargo no fueron valorados; solo se consideró la
información de los formularios de información rápida, no así los folios reales. En la
Resolución Determinativa no se menciona las causas o razones por las que se rechazan dichos
descargos, lo que deriva en una falta de fundamentación en cuanto a esta observación.

El acto administrativo impugnado no es preciso en cuanto a la materia imponible y a los objetos
fiscalizados; además es incongruente debido a que menciona que no se presentó documentos que
desvirtúe la observación, siendo éste motivo suficiente para presumir la venta de los mismos,
cuando lo más lógico es pensar que dichos bienes no se vendieron.

La Vista de Cargo anulada señalaba que en el caso de oficinas existía el saldo a favor del fisco
de Bs48.881, suma que subió considerablemente a Bs199.655 en la segunda Vista de Cargo y se
mantiene en la Resolución Determinativa impugnada. Situación no aceptable, en razón a que
presentó descargos oportunamente, debiendo en el mejor de los casos reducir o en su defecto
mantenerse, pero no incrementarse.

El descargo presentado por las bauleras del sótano 2, que demuestra que no existe la venta de
dichas bauleras provocó una diferencia a favor del contribuyente de Bs35.433, pero no se entiende
por qué otros descargos que evidencian que no existe venta de bienes que corresponde a
periodos distintos al fiscalizado no son admitidos.

Presentó en calidad de descargo el original del Folio Real N° 2.10.99.0155798, que no fue
considerado en razón a que no se adjuntó la página 2, lo que segun el ente fiscal impedía
verificar a la gestión que correspondía, lo que no justifica su descarte. Asimismo, con referencia
al Folio Real N° 2.01.0.99.0155876, en la fase de descargos se argumentó que fue vendido mediante
escritura de compra-venta de 28/03/2011, periodo que no se encuentra dentro de la gestión
fiscalizada (abril 2011 a marzo 2012), no obstante el ente

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq

 

 

fiscal mantiene el reparo con un fundamento por demás insuficiente incongruente,
extralimitándose al incluir periodos que no se encuentran dentro de la fiscalización.

El Servicio de Impuestos Nacionales argumenta que los datos declarados en los F-430 son
inferiores a los efectivamente pagados, por tanto los precios de venta
necesariamente deberán ser respaldados con una valuación técnica con objeto de verificar
que no existan incongruencias con los costos de ventas realizados. De igual forma indica,
que la determinación de adeudos establecida en la Vista de Cargo fue elaborada sobre
base presunta conforme el parágrafo II del artículo 43 de la Ley 2492, al no contarse con todos
los elementos de hecho que puedan sustentar una verificación sobre base cierta.

El ente fiscal realizó una comparación entre el valor de los bienes inmuebles vendidos según
F-430 y el avalÚo técnico de 13 de agosto de 2008, realizado por ASC Arquitectura
— Servicios Consultoría, que indica que el costo por mt² de los departamentos varia de
$us470 a $us510 y que a partir de la gestión 2009, los precios habrían sufrido un
incremento que benefició al sector constructor; sin embargo, esta afirmación no se
encuentra respaldada de ninguna forma y que sustenta la Vista de Cargo.

Ante la Resolución Determinativa nuevamente se encuentra frente a observaciones de carácter
especulativo, ya que se presume que por el solo hecho de vender las unidades construidas en la
gestión 2011, tres años después del inicio de la obra, los valores del avalúo presentado a la
entidad bancaria al inicio de obra deberían subir; por esta razón el ente fiscal estableció el
respectivo reparo.

El acto impugnado en su página 4 no consigna superficies indi\/idualizadas, dato
fundamental para arribar a los resultados que se pretende; por otra parte el fiscalizador no
consideró que los valores del avalúo constituyen valores esperados (previsiones) sobre
las ventas a realizar; se utiliza como razonamiento el tiempo transcurrido sin
considerar que en la venta de inmuebles existen preventas al inicio de las obras y pagos a cuenta o
diferidos hasta la conclusión de la obra, oportunidad en la que se perfecciona el contrato de
compra venta, que a pesar de que el pago total sea diferido en el tiempo, los valores pactados a
tiempo de la preventa son fijos y se respetan, es así que se plasman en las minutas de
transferencia, que al tenor del artículo 41 parágrafo ll de la
Ley 843, determinan el nacimiento del hecho imponible para efectos del IUE, lo que

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AUTORIDAD REGlONAL DE
I¥PU6N*CIÓN TRIBUTARIA
-›’I

significa que los contratos debidamente protocolizados constituyen la base imponible
correspondiente.

La Administración Tributaria sustenta la determinación sobre base presunta en et hecho de no contar
con todos los elementos de hecho para efectuar una determinación sobre base cierta; existiendo
incongruencia en su argumentos, ya que dentro del proceso de fiscalización así como en la
fase de descargos a la Vista de Cargo presentó toda la documentación requerida; sin
embargo, el ente fiscal entiende que para desvirtuar las observaciones deberia presentar otra
documentación no oficial, como ser contratos ya pactados, cuando en el presente caso el
documento idóneo para un hecho generador sería la minuta de transferencia.

Presentó toda la documentación solicitada en el Requerimiento de Fiscalización Externa N°
14990100274, documentación que demuestra que el Único método de cálculo de la base imponible no
puede ser otra que la base cierta. La determinación de la base cierta se funda en el
registro de depósitos bancarios de terceros, que no corresponden a
ventas realizadas, además dichas operaciones no constituyen venta de bienes, por el contrario forma
parte de cuentas del pasivo y no de su activo.

Sobre las contravenciones vinculadas al proceso de determinación, existen 3
contravenciones que concluyen en multas por incumplimiento de deberes formales por un total de
3.000 UFV’s, las que se mantienen en la Resolución Determinativa y siendo que se trata de un
procedimiento sancionador unido al de determinación, la Vista de Cargo hace las veces de
un sumario contravencional que deberá dar Iugar a la regularización de la contravención
para poder acceder a la rebaja del 50% establecidas en el régimen de multas por
incumplimiento de deberes formales; hecho que no aconteció en el presente caso, lo que
demuestra que se vulneró el debido proceso.

Señala que se debe considerar que durante los periodos abril 2011 a marzo 2012, se encontraba
vigente el plazo de prescripción de 4 años previsto en el Código Tributario, razón por la cual la
acción del fisco para determinar tributos de esos periodos prescribió en diciembre 2015 (con los 6
meses de extensión el 30 de junio de 2016) y diciembre 2016 (con periodo de extensión junio 2017),
siendo imposible aplicar en forma retroactiva las reformas introducidas con las Leyes 291,
317 y 812, que ampliaron el plazo de
prescripción hasta 10 y luego a 8 años, que vulnera el principio de seguridad jurídica. „

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Justicia ‹ributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq

 

 

Las sanciones por contravenciones tributarias también se encuentran prescritas, dado que de
acuerdo a la Ley 2492, versión vigente en el año fiscalizado, el plazo de prescripción
de las infracciones es de 2 años. La Orden de Verificación fue notificada el 20 de septiembre de
2016, cuando las facultades de la Administración Tributaria ya habían prescrito, por lo que
no corresponde aplicar ninguna sanción.

La Vista de Cargo que dio origen a la Resolución Determinativa adolece de varias
incongruencias, referida a la ausencia de especificación de la materia tributaria; pero
principalmente porque el método de la base presunta aplicado no se encuentra
debidamente justificado en los términos expresados en el articulo 96 de la Ley 2492,
debiendo exteriorizarse los elementos de prueba en poder de la Administración, hecho que no
ocurrió, lo que impidió ejercer su derecho a la defensa.

La Resolución Administrativa N° 231729000117 que anula la primera Vista de Cargo, señala que
se debe subsanar dicho acto para una mejor satisfacción del interés público, pero no precisa qué
interés pretende proteger. Dicha nulidad no fue fundada ni responde a un acto motivado; no se puede
reemplazar por otro acto administrativo que incrementa los reparos en su contra.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar por prescripción o anular la
Resolución Determinativa N° 171729001203 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/000054/2017) de 8 de septiembre
de 2017.

II.2 Auto de Admisión
El Recurso de Alzada interpuesto por Javier Humberto Zuleta Garrón fue admitido por Auto de 6 de
octubre de 2017, notificado mediante cédula el 10 de octubre de 2017 a la Administración
Tributaria y de forma personal el 12 de octubre a la parte recurrente, fojas 48-53 de
obrados.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,
representada legalmente por Celideth Ochoa Castro, conforme acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 031700001293 de 29 de agosto de 2017, por memorial

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AUTORIDAD REGIONAL DE

 

presentado el 25 de octubre de 2017, cursante a fojas 56-63 de obrados, respondió
negativamente expresando lo siguiente:

De acuerdo al Informe CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/INF/00202/2017 de 17 de mayo de 2017, se estableció
que existía un error en la determinación en la base imponible en la Vista de Cargo N° 32-0354-2016
(anulada) de 12 de diciembre de 2016. El citado acto administrativo contenía un error de cálculo
de la deuda tributaria, no exponía con claridad algunas observaciones, incumpliendo lo
establecido en el articulo 96 de la Ley 2492. Aspectos que dieron Iugar a que la
Administración Tributaria disponga su anulación a objeto de subsanar dichas observaciones y
emitir un nuevo acto administrativo, conforme el ordenamiento jurídico vigente y con el
ánimo de eVitar futuras nulidades de actos administratiVOS firmes por infracción del
ordenamiento jurídico.

Aclara que la variación en el importe de la nueva Vista de Cargo, se debe a un error de cálculo de
la base imponible que dio Iugar la anulación de la primera Vista de Cargo y no así por la
presentación de descargos por parte del contribuyente, los cuales contrariamente fueron
correctamente valorados y sus resultados expuestos en el nuevo acto preliminar así como en la
Resolución Determinativa; por lo que no existe vulneración al principio de congruencia, además
cumple todos los requisitos exigidos por Ley. Aclara que la Resolución Administrativa que anula la
primera Vista de Cargo no fue objeto de impugnación por el contribuyente en los términos que
franquea la Ley.

La Administración Tributaria efectuó el procedimiento de determinación en resguardo de los
articulos 95 y siguientes de la Ley 2492, dando a conocer en cada etapa al
contribuyente los actos administrativos emitidos a fin de que ejerza ampliamente su
derecho a la defensa.

Se determinó ingresos no declarados en el Impuesto a las Transacciones,
demostrándose que la Vista de Cargo identifica los fundamentos y observaciones sin las
abstracciones fuera de lugar que alega el sujeto pasivo. No se realizó valoraciones en exceso,
como señala el recurrente, dado que la cantidad de inmuebles fueron confirmados
por el informe técnico presentado por el contribuyente, por lo que no puede desconocer dicha
información con el argumento que la misma es incorrecta, no habiendo presentado documentación
adicional para sustentar esta incorrecta apreciación.

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El Folio Real N° 2.01.0.99.0155798 registra en el asiento nÚmero 2 al titular Ángel Remy Zaconeta
Fernández; sin embargo, sólo presentó la hoja 1 lo que impidió verificar la fecha de
escritura pública, en consecuencia el hecho imponible, no siendo válidos los argumentos
vertidos por el contribuyente.

Según los Folios Reales Nos. 2.01.0.99.0155856, 2.01.0.99.0155844 y
2.01.0.99.0155876, los hechos imponibles por ventas del inmueble ocurrieron en la gestión
2014, en consecuencia los argumentos del contribuyente son suficientes para desvirtuar las
observaciones determinadas.

En relación a la diferencia de Bs48.881 señala que hubo un error en la determinación del importe
en bolivianos por la venta de una oficina, siendo el monto $us28.686 al tipo de cambio de
Bs6.96. El importe en dólares según avalúo no se incrementó asevera el recurrente, se
halla consignado en ambas Vistas de Cargo.

La base para la determinación de los reparos se encuentra claramente identificada y
sustentada en los F-430, el Informe Técnico de 13 de agosto de 2008 elaborado por la consultora
ASC Arquitectura —Servicios sobre el edificio Arkansas; documentos presentados por el
propio contribuyente, de donde se obtuvo información respecto a la superficie, costo por mt².
Precio e importes de venta, lo que constituye base de sustento documentario de las observaciones
determinadas.

El Informe Técnico mencionado no solo puede ser considerado como previsiones de venta,
como arguye el sujeto pasivo, sino base para la determinación de los parámetros básicos del precio
final de venta de los bienes inmuebles, en razón a que contempla costos, gastos, materiales
consumidos, superficies, precios, otros, que necesariamente deben ser considerados para la
evaluación del bien inmueble y su posterior \/enta. El recurrente no presentó documentación de
respaldo de sus afirmaciones.

Los precios de \/enta necesariamente deben estar respaldados con una valuación técnica
con objeto de verificar que no existen incongruencias en los costos de ventas realizados.

 

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AUTORIDAD RE6T0NAL DE
lueroxacióx Tsiauiasia

 

Sobre los ingresos percibidos por la venta de departamentos en el edificio Atlanta, el
contribuyente señala que no se tratan de ingresos; sin embargo, de la re\/isión de los
antecedentes se aprecia que registra en comprobantes de ingresos los importes por
concepto de anticipos por departamentos, comprobantes que registran los ingresos
operativos producto de las actividades que realiza el contribuyente; de tratarse de
transferencias de efectivo por diferentes motivos a los ingresos operativos, estos
deberian registrarse en comprobantes de traspaso, adicionalmente se puede percibir ingresos
por ventas aunque estos no estén registrados contablemente en cuentas de ingresos, por ello
se configura en ingresos no declarados, conforme se consignó en la Vista de Cargo, el
recurrente no demostró con documentación de respaldo que la percepción de efectivo no
responden a actividades de construcción.

De la información proporcionada por el contribuyente y la obtenida de terceros
responsables se estableció que los precios de ventas por los departamentos del
contribuyente no coinciden con la realidad económica, en razón a que fueron vendidos en la
gestión 2011, precios por debajo del costo de la gestión 2008; aspecto que denota que el sujeto
pasivo declaró de menos en los formularios 430. Por ello se realizó la comparación de
precios de los bienes inmuebles vendidos según F-430 y la valoración técnica presentada por el
contribuyente, estableciendo una diferencia de Bs1.797.336 no declarada en el impuesto a
las Transacciones F-430, que constituyen ingresos presuntos para establecer el reparo. Lo
anterior demuestra que se aplicó de forma apropiada el método de la base presunta respecto a
las diferencias determinadas según papeles de trabajo.

La determinación sobre base presunta se realizó siguiendo el método establecido por el artículo 6
numeral 2 y artículo 10, parágrafo I de la RND 10-0017-13, en base al Informe técnico elaborado
por la consultora asca Arquitectura — Servicios sobre el edificio Arkansas y
declaraciones juradas F-430, documentación presentada por el contribuyente; lo
que demuestra que el procedimiento utilizado no solo está sustentado por la normativa señalada,
sino por los elementos de hecho necesarios para su aplicación y por la propia
documentación presentada por el contribuyente. No siendo suficiente los F-430 para la
determinación sobre base cierta, debido a que no existían otros elementos válidos para establecer
de manera cierta la conformación de los valores

 

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit’ayir|ach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq Mburuvisa tendodegua mbaerepi Vae

 

declarados para la valuación de los bienes inmuebles y sus diferencias respecto a los ingresos
por ventas.

En relación a las determinaciones sobre base cierta, señala que los documentos descritos
y evaluados en la fiscalización, conforman elementos suficientes para la determinación
sobre base cierta, debido a que contienen información donde se puede identificar claramente
importes, transacciones, conceptos y otros elementos que sustentan los reparos
establecidos sobre base cierta.

La Administración Tributaria detalló los conceptos observados como ingresos no
declarados sobre base presunta, exponiendo el objeto de cada concepto y su respaldo legal,
explicando que se obtuvo los datos de la información y documentación
proporcionada por el contribuyente y la proporcionada por terceros. En consecuencia es incorrecto
aseverar que los reparos obtenidos a partir de las diferencia encontradas en el trabajo de
fiscalización sobre base presunta, que evidencia que el sujeto pasivo declaró de menos en
los F-430, puedan causar indefensión al contribuyente, ya que se encontraba facultado a presentar
documentos fehacientes de descargo que desvirtúen tales observaciones.

No es obligatorio que la Vista de Cargo conmine al contribuyente a regularizar las
contravenciones tributarias vinculadas al proceso de determinación; sin embargo, el
contribuyente podía dentro del plazo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492,
presentar descargos sobre las actas por contravenciones tributarias, con la finalidad de
beneficiarse con la reducción de sanciones por contravenciones, por tanto no existe una omisión en
la determinación que suponga la vulneración al debido proceso, como argumenta el
contribuyente.

La prescripción expuesta por el recurrente nunca llegó a consolidarse, ya que el término
actualmente se encuentra en curso, puesto que fue objeto de modificaciones hasta llegar a los 8
años. Por tal motivo, se debe entender sin Iugar a dudas que la prescripción tributaria
es un derecho expectativo en la actualidad y no un derecho adquirido, razonamiento
por el cual se colige que al de un derecho pendiente de cumplimiento y
que no llegó a consumarse, le corresponde la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 con las
modificaciones establecidas en las Leyes 291, 317 y 812. En ese
contexto y al amparo de la normativa citada las acciones de la Administración Tributaria •

 

 

AuTOBTDAD RE6I0NAL DE
IuPuGuacléN TRIBUTARIA

para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda
tributaria e imponer sanciones administrativas por los periodos fiscales comprendidos entre
abril 2011 y marzo 2012 se halla sujeta a 8 años.

Aclara que el presente caso se encuentra con un derecho no perfeccionado, motivo por el cual el
mismo es susceptible de afectación por una modificación legal. En este sentido, al estar vigentes
las Leyes 291 y 317 que modificaron la Ley 2492 y ahora por la Ley 812, la cual es
aplicable en el caso bajo análisis, que establece que el término para determinar la deuda
tributaria prescribe a los 8 años.

Por los argumentos de orden fáctico y legal mencionados, el ejercicio de las facultades de la
Administración Tributaria no se encuentra prescrita, por lo que corresponde desestimar los
argumentos de prescripción expuestos por el sujeto pasivo.

En cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario solicita
pronunciamiento únicamente de los argumentos planteados en el Recurso de alzada y no sobre puntos
no impugnados esto en respeto al principio de congruencia, lo contrario vulneraría el derecho a la
defensa de la Administración Tributaria.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171729001203
(SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/000054/2017) de 8 de septiembre de 2017.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas
Mediante Auto de 26 de octubre de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días
comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del.articulo 218 del Código
Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la
Administración Tributaria el 1 noviembre de 2017, período dentro del cual, la
Administración Tributaria mediante memorial de 21 de noviembre de 2017 ofreció, propuso,
reprodujo y ratificó las pruebas aportadas a momento de responder el Recurso de Alzada, consistente
en los antecedentes administrativos en 5 cuerpos con 997 fojas en total; fojas 64-66 de obrados.

Javier Humberto Zuleta Garrón por memorial de 21 de noviembre de 2017 ratificó la
prueba contenida en antecedentes administrativos, con excepción de la documentación referida al
Condominio Obrajes que se refiere al edificio Arkansas. Asimismo presentó 2 •

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Mana tasaq kuraq kamach
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

documentos nuevos: el F-430 con N° de Orden 082847 referido a la transmisión del
departamento 9B del edificio Atlanta, que registra como enajenante y promotor del
proyecto construido Adrián Sergio Zuleta Canido y no su persona; y copia del Libro Mayor (de
01/04/11 a 31/03/12) en el que se advierten 2 asientos relacionados con depósito y devolución a
favor de Adrián Zuleta, lo que demuestra que es un error de interpretación del Servicio de
Impuestos Nacionales la venta de unidades del edificio Atlanta que hubiesen sido
efectuadas por su persona. En razón a que la documentación señalada no fue requerida durante la
fiscalización solicitó señalamiento de día y hora para prestar juramento de reciente
obtención. Por proveído de 22 de noviembre de 2017, se fijó audiencia para el 30 de
noviembre de 2017 a horas 15:30, el cual se llevó a cabo en la fecha y hora programadas
conforme se advierte del Acta de Juramento de Reciente Obtención, fojas 70-71 y 75 de
obrados.

11.5 Alegatos
Conforme a las previsiones del parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, la
Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial
de 11 de diciembre de 2017, formuló alegatos ratificando todos los extremos señalados en el
memorial de contestación al Recurso de Alzada y manifestando que la decisión adoptada se halla
sustentada en las pruebas documentales anexadas a la contestación del Recurso de Alzada,
fojas 78 de obrados.

El recurrente Ja\/ier Humberto Zuleta Garrón mediante memorial de 12 de diciembre de 2012,
presentó alegatos observando la nulidad de la primera Vista de Cargo, la presunción
de ingresos superiores en base a especulaciones que carecen de razonamiento
lógico; la falta de desarrollo del método de base presunta establecido en la RND 10-0017-13, la
falta de fundamentación de la Resolución Determinativa y de valoración de descargos;
asimismo, invoca la prescripción de las facultades de la administración tributaria para
fiscalizar, controlar e imponer sanciones, ya que sus actuaciones fueron emitidas fuera
de plazo; al efecto el 12 de diciembre de 2017, se emitió el Proveído que dio por formulados
los alegatos, fojas 80-86 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de
septiembre de 2016, notificó mediante cédula a Javier Humberto Zuleta Garrón
con la Orden de Fiscalización N° 14990100274, formulario 7504 con alcance a la

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A la Cd*dad

 

 

AUTORIDAD BEG¥ONAL DE IMPUGNACIÓN ¥BTBUTARIA

verificación total de los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos fiscales abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre 2011, enero, febrero y marzo 2012;
requiriendo al efecto la presentación de la documentación detallada en el F-4003 Requerimiento
N° 00098214 de 27 de septiembre de 2016, fojas 3 y 5-9 de antecedentes
administrativos.

Javier Humberto Zuleta Garrón por nota de 26 de septiembre de 2016, solicitó ampliación de plazo
para la presentación de la documentación requerida mediante F-4003 N° 00098214. Al efecto
la Administración Tributaria emitió el Auto N° 25-0672-2016 de 26 de septiembre de 2016,
otorgando el plazo adicional de 10 días hábiles, es decir, hasta el 11 de octubre de 2016
impostergablemente, fojas 11-13 de antecedentes administrativos.

El 21 de noviembre de 2016 se emitió el Acta por Contra\Menciones Tributarias
Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00127672 por no envio de la
información a través del módulo bancarización por los periodos fiscales diciembre 2011, enero,
febrero y marzo 2012, segÜn artículo 8 de la RND 10-0011-11; acta que aplicó una multa de 1.000
UFV’s según sub numeral 3.5 de la RND 10-0032-15. Igualmente se emitieron las Actas Nos.
00127673, 00127674, 00127675, 00127676 y 00127677, por envío no en\lio de los Libros de
Compras y Ventas IVA por los periodos fiscales diciembre 2011, enero, febrero, marzo 2012
y por entrega parcial de la información y documentación requerida fuera del plazo;
incumplimientos sancionados con la multa de
1.000 UFV’s cada una, de acuerdo a los sub numerales 3.1 y 4.2 de la RND10-0032-15, fojas 700,
704-708 de indecentes administrati\/OS.

Resultado del proceso de verificación el 12 de diciembre de 2016, la Administración
Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 32-0354-2016, contra Javier Humberto Zuleta
Garrón, estableciendo preliminarmente el IT omitido sobre base cierta de 8.240 UFV’s por los
periodos fiscales diciembre 2011, febrero y marzo 2012 y sobre base presunta 38.845 UFV’s por
los periodos fiscales octubre, mayo, julio, agosto 2011 y marzo 2012; haciendo un total de 47.085
UFV’s más intereses y sanción preliminar de omisión de pago; así como la multa total de
3.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecidas en 28 Actas de
Contravención Vinculadas al Procedimiento de
Determinación, considerando las modificaciones establecidas en la RND 10-0033-16 de :„ •

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ach a kaman

 

 

27 de noviembre de 2016 por ser más benigna; actuación notificada mediante cédula al contribuyente
el 20 de diciembre de 2016, fojas 750-760 de antecedentes administrativos.

Javier Humberto Zuleta Garrón, por nota de 18 de enero de 2017 presentó argumentos y documentación
de descargo a la Vista de Cargo N° 32-0354-2016, manifestando que las ventas del parqueo 21, las
bauleras 26 y 38 y suvenir no corresponden a la gestión fiscalizada; el método sobre base presunta
no se encuentra debidamente justificado, si bien refiere a la RND 10-0011-11 sin embargo no cita
la técnica específica aplicada, el método sobre base cierta se funda en el registro contable
de depósitos bancarios de terceros que no corresponden a ventas realizadas y finaliza
solicitando la prescripción en los términos de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 vigentes en el
tiempo de ocurridos los hechos generadores, es decir la Ley sin modificaciones,
fojas 851-864 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria por Resolución Administrativa N° 231729000117 de 17 de mayo 2017,
anuló la Vista de Cargo N° 32-0354-2016 de 12 de diciembre de 2016 y su notificación, a fin de
subsanar vicios de nulidad y evitar la indefensión al administrado; acto administrativo
notificado al contribuyente de forma personal el 19 de mayo de 2017, fojas 870-874 de antecedentes
administratl\/OS.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 2 de junio de
2017, emitió la Vista de Cargo N° 291729000109 contra Javier Humberto Zuleta Garrón,
estableciendo preliminarmente el IT omitido sobre base cierta de 16.575 UFV’s por los periodos
fiscales diciembre 2011, febrero y marzo 2012 y sobre base presunta 32.490 UFV’s por los
periodos fiscales mayo, julio, agosto 2011; haciendo un total de 49.065 UFV’s más intereses y
sanción preliminar de omisión de pago; así como la multa total de 3.000 UFV’s por incumplimiento
de deberes formales establecidas en
28 Actas de Contravención Vinculadas al Procedimiento de Determinación,
considerando las modificaciones establecidas en la RND 10-0033-16 de 27 de
noviembre de 2016 por ser más benigna; actuación mediante cédula al
contribuyente el 14 de junio de 2017, fojas 902-914 de antecedentes administrativos.

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE
lMeuaxAcio¥ TRIBUTARIA

Javier Humberto Zuleta Garrón, por nota de 6 de julio de 2017, presentó descargos a la Vista de
Cargo N° 291729000109, ratificándose en los descargos presentados a la Vista de Cargo N° 32-0354-16
anulada. Señala también que la anulación de la Vista de Cargo responde únicamente a los intereses
de la Administración Tributaria, ya que incrementó el monto de la determinación, situación opuesta
al principio de non reformatio in peius; que en esencia establece que ningún caso puede
agravarse la situación inicial de contribuyente, esto en garantía del debido proceso.

En razón a que la venta de inmuebles se encuentra exentas del IVA, asume que no existe
ningún reparo por este concepto. En relación al IT no existe especificidad de la materia
imponible, ya que la nueva Vista de Cargo se limita a mencionar un número de bienes construidos y
que la venta no estaria documentada; razón por la presume que fueron vendidos sin identificar
el número o su ubicación. En el ítem correspondiente a oficinas en la Vista de Cargo anulada
se tenía un saldo a favor del fisco de Bs48.881; sin embargo en el nuevo acto se modifica a
la suma de Bs199.655 situación que no guarda relación, pues presentados los descargos el
primer monto como mínimo debió mantenerse o reducirse a consecuencia de los descargos,
pero no incrementarse. Además, la determinación sobre base presunta no se encuentra debidamente
justificada.

Señala también que operó la prescripción en los términos de la Ley 2492, artículos 59 y 60
vigentes a tiempo de ocurridos los hechos generadores, por lo que no se puede
continuar con la determinación tributaria; fojas919-932 de antecedentes administrativos.

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de
septiembre de 2017, emitió la Resolución Determinativa N° 171729001203
(SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/000054/2017) contra Javier Humberto Zuleta Garrón, declarando
la inexistencia de adeudos por el IVA por los periodos fiscales abril 2011 a marzo 2012;
estableció el IT sobre base cierta el monto de 16.271 UFV’s por los periodos fiscales diciembre
2011, febrero y marzo 2012 y sobre base presunta 32.489 UFV‘s por los periodos fiscales mayo, julio
y agosto 2011; en ambos casos más intereses y sanción por omisión de pago; asimismo estableció la
multa de 3.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en 6 Actas de
Contravención Vinculadas al Procedimiento de Determinación; actuación notificada
mediante cédula a Javier Humberto Zuleta Garrón el 12 de septiembre de 2017; fojas 962-996
de antecedentes administrativos.
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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach*a kamani

 

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del
Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio
como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe
Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092.

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al
análisis de los agravios manifestados por Javier Humberto Zuleta Garrón la posición final se
sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin
ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado
durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio se hace necesario puntualizar, que la recurrente en el petitorio de su Recurso de
Alzada, alternativamente solicitó la revocatoria por prescripción o anulación de la
Resolución impugnada; en ese entendido, es obligación de esta Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los
planteamientos formulados con la finalidad de establecer la existencia o inexistencia de vicios
procedimentales en la tramitación del presente caso y que estos además estén sancionados con
la nulidad de obrados; posteriormente, de ser el caso se ingresará al análisis de fondo o
sustancial del presente Recurso de Alzada, en relación a los argumentos planteados.

IV.1 VICIOS DE NULIDAD
IV.1.1 Vista de Cargo agrava II SffUdCfón de/ contri6t/yente
Javier Humberto Zuleta Garrón en su Recurso de Alzada manifiesta que la Resolución Administrativa
N° 231729000117 de 17 de mayo de 2017 anuló la Vista de Cargo N° 32- 0354-2016 de 12 de diciembre
de 2016 y su notificación de 20 de diciembre de 2016, en aplicación del artículo 36 de la
Ley 2341; acto administrativo que carece de fundamento porque solo responde a los
intereses propios del ente fiscal, ya que no obstante de haber presentado descargos,
incrementó el monto de la determinación; situación opuesta al principio Non Reformatio
In Peius, que representa un principio procesal e incluso del procedimiento administrativo que
vela el debido proceso y que en esencia establece que en ningún caso puede agravarse la situación
del recurrente.
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AuToRIDAD BEGIONAL DE

 

 

El ente fiscal al anular la Vista de Cargo y emitir un nuevo acto que incrementa el monto
determinado, vulneró el principio de congruencia lesionando la garantía del debido
proceso al no realizar una valoración objetiva del hecho en cuestión y agravando su
situación como contribuyente al incrementar la sanción por el simple hecho de haber
presentado descargos que responden a la \/erdad material, de acuerdo a lo solicitado en el proceso
de fiscalización.

La Vista de Cargo anulada señalaba que en el caso de oficinas existía el saldo a favor del fisco
de Bs48.881, suma que subió considerablemente a Bs199.655 en la segunda Vista de Cargo y se
mantiene en la Resolución Determinativa impugnada. Situación no aceptable, en razón a que
presentó descargos oportunamente, debiendo en el mejor de los casos reducir o en su defecto
mantenerse, pero no incrementarse.

La Resolución Administrativa N° 231729000117 que anula la primera Vista de Cargo, señala que
se debe subsanar dicho acto para una mejor satisfacción del interés público, pero no precisa qué
interés pretende proteger. Dicha nulidad no fue fundada ni responde a un acto motivado; no se puede
reemplazar por otro acto administrativo que incrementa los reparos en su contra

La Administración Tributaria sobre este tema señala que de acuerdo al Informe
SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ INF/00202/2017 de 17 de mayo de 2017, se estableció que existía un
error en la determinación en la base imponible en la Vista de Cargo N° 32- 0354-2016 (anulada)
de 12 de diciembre de 2016. El citado acto administrativo contenía un error de cálculo de
la deuda tributaria, no exponía con claridad algunas observaciones, incumpliendo lo
establecido en el artículo 96 de la Ley 2492. Aspectos que dieron Iugar a que la Administración
Tributaria disponga su anulación a objeto de subsanar dichas observaciones y emitir un
nue\lo acto administrativo, conforme ef ordenamiento jurídico vigente y con el ánimo de
evitar futuras nulidades de actos administrativos firmes por infracción del ordenamiento
jurídico.

Aclara que la variación en el importe de la nueva Vista de Cargo, se debe a un error de cálculo de
la base imponible que dio Iugar la anulación de la primera Vista de Cargo y no así por la
presentación de descargos por parte del contribuyente, los cuales
contrariamente fueron correctamente valorados y sus resultados expuestos en el nuevo ‘„ •

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayi’ iach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq

 

acto preliminar así como en la Resolución Determinativa; por lo que no existe vulneración al
principio de congruencia, además cumple todos los requisitos exigidos por Ley. Aclara que la
Resolución Administrativa que anula la primera Vista de Cargo no fue objeto de impugnación por
el contribuyente en los términos que franquea la Ley; al respecto corresponde el
siguiente análisis:

La Ley 2492, en su artículo 93, señala las formas de determinación de la deuda
Tributaria; indicando en su parágrafo I, numeral 2, que esta puede ser realizada por la
Administración Tributaria de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley,
estableciendo para su procedimiento a mérito del artículo 95, que la Administración
Tributaria debe controlar, verificar, investigar los hechos, actos,
datos y demás circunstancias que integren los hechos imponibles declarados y no declarados
por el sujeto pasivo.

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492 dispone: La Vista de Cargo, contendrá los
hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución
Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los
elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones
de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fj”ará la base imponible,
sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación
previa del tributo adeudado.

El artículo 100 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización
e investigación, para exigir informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles
habituales y no habituales, intervenir en los ingresos económicos, embargos y solicitar medidas
cautelares. La citada ley ni el DS 27310, que reglamenta al actual Código Tributario,
no definen los alcances, las características ni el objeto de los procedimientos de fiscalización,
investigación, verificación y control, por ello estos procedimientos. en tanto no exista una
disposición normativa que distinga los mismos, debe entenderse como un conjunto de
facultades que tiene la administración tributaria para investigar los hechos generadores de los
tributos, requerir información y establecer la correcta o incorrecta determinación de
tributos por los sujetos pasivos.

 

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AUTORIDAD RE6T0NAL DE
IMeusxACléx TRleUTania

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que resultado de la revisión iniciada
con la Orden de Fiscalización N° 14990100274 el 12 de diciembre de 2016, la Administración
Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 32-0354-2016, contra Javier Humberto Zuleta
Garrón, estableciendo preliminarmente el IT omitido sobre base cierta de 8.240 UFV’s por los
periodos fiscales diciembre 2011, febrero y marzo 2012 y sobre base presunta 38.845 UFV’s por los
periodos fiscales octubre, mayo, julio, agosto 2011 y marzo 2012; haciendo un total de 47.085 UFV’s
más intereses y sanción preliminar de omisión de pago; así como la multa total de 3.000 UFV’s por
incumplimiento de deberes formales; actuación notificada mediante cédula al contribuyente el
20 de diciembre de 2016. El contribuyente por nota de 18 de enero de 2017 presentó
argumentos y documentación de descargo a la Vista de Cargo N° 32-0354-2016.

Por Resolución Administrativa N° 231729000117 de 17 de mayo 2017, se anuló la Vista de Cargo N°
32-0354-2016 y su notificación. A tal efecto se emitió la Vista de Cargo N° 291729000109,
estableciendo preliminarmente el IT omitido sobre base cierta de 16.575 UFV’s por los periodos
fiscales diciembre 2011, febrero y marzo 2012 y sobre base presunta 32.490 UFV’s por los
periodos fiscales mayo, julio, agosto 2011; haciendo un total de 49.065 UFV’s más intereses y
sanción preliminar de omisión de pago; así como la multa total de 3.000 UFV’s por
incumplimiento de deberes formales; actuación notificada mediante cédula al contribuyente
el 14 de junio de 2017. Evaluados los descargos presentados a la Vista de Cargo N°
291729000109, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 171729001203
(SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/000054/2017) de 8 de septiembre de 2017.

En el presente caso se advierte que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N°
291729000109; si bien, modifica las obligaciones tributarias inicialmente
establecidas; sin embargo, esta actuación al no causar estabilidad, puesto que no se trata de
un acto definitivo, tal como lo dispone el artículo 51 del DS 27113; es decir, al no cumplir las
condiciones establecidas por los artículos 27 y 28 de la Ley 2341pueden ser modificados, ya que
al ser una mera pretensión administrativa tributaria no produce efectos jurídicos en el
administrado, tampoco es obligatorio y mucho menos es exigible ni ejecutable.

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir |ach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamach

 

En relación al punto precedente corresponde hacer hincapié que: a) la Vista de Cargo, por su
naturaleza de establecer cargos sujeta a la presentación de descargos, constituye un acto
preparatorio que según el artículo 96 del Código Tributario, fundamenta a la Resolución
Determinativa; b) al ser un acto preparatorio de una acto definiti\lo posterior, no goza de la
presunción de legitimidad ni del carácter de estabilidad; por esta razón no es impugnable por sí
solo por ningún recurso administrativo, sino simplemente se encuentra sujeta a la
presentación de descargos o alegatos de defensas; c) sólo la Resolución Determinativa,
la Resolución Sancionatoria o cualquier otra Resolución o acto que tenga el carácter
“definitivo”, goza de la presunción de legitimidad y del carácter de estabilidad; por tanto, sólo
un acto definitivo se encuentra sujeto a impugnación por los recursos previstos por Iey; d)
por esta razón los actos definitivos, no pueden ser revocados sino en los casos previstos
por el artículo 51 de DS 27113, por ello, la nulidad de la Vista de Cargo solo debe estar
orientada a la falta de conocimiento de esta actuación administrativa, pudiendo ser
modificada por el sujeto activo como acto preparatorio que antecede a la emisión de la
Resolución Determinativa, como ocurrió en el presente caso dejó sin efecto el reparo por el IT
sobre base presunta por el periodo fiscal marzo 2012, conforme se tiene del cuadro siguiente:

RESUM EN ADEUDO TRI BUTARIO POR EL IT
VISTA DE CARGO N” 32-03S4-2O16 VISTA DE CARGO N” 2917 ¥ 9000 t09
PERIODO BASE I EXPRESADOEN UFv BASE
I EXPRESADOEN Ufiv

FISCA L
I M PONIBLE
Bs
TRIBUTO
OM I£OO
I NTERES£ S SANCIÓN
IM PONIBLE
Bs
TRIBUTO INTERESES SA NCIÓN
OMITIDO

nov 11
395.48 I 6.886 I 1.608 I 6.886
395.480 I 6.BB 6 | 1.819 | 6.88 6

feb 12
44.544 | 768
1 71 768
44.544 768 195 768

mar—T2
B. CIERTA
34.104 586 1 1 2 7 58 6
474.128 I 8.240 1 1.906 1 8.240
S1 9.52 2 8.9 2 1 t 2.211 | 8.92 T
95 9.54 6 ] 16.S 7 5 ] 4.225 ] L 6 S 75

may-11 juI—11 ago-11 mar-t2
334.221 I 6.156
61L.345 | 11.056
851.770 15.278
370.078 6.355
1.674 1 6.L5 5
2.880 11.05 6
3.899 | L S .2 78
1.383 6.355
334.221 ] ^ * I 1.870 I 6.155
61 1.34 S 1 1 1.0 S 7 I 3.228 1 1 1.OS 7
851.770 | 1 S. 2 78 I 4.3 78 1 1 5.2 78
– I – I

8.PRESUNTA TOTAL
2.T67.414 I 38.845 1 88 6 | 38.844
2.64L.54Z | 47.085 1 1 1.742 | 4 7.084
1.79 7.3 36 1 3 2.4 9 0 I 9.4+8 1 3 2.49 0
2 756 8R2 1 4 9.065 1 13.70 T 1 4 9.065
Fue nte Antec ede nt es a dminí s t ra tivos foja s 751 y 909

En el marco citado precedentemente se observa que la Administración Tributaria procedió a
la anulación de la Vista de Cargo N° 32-0354-2016, a través de la Resolución Administrativa N°
231729000117 considerando, como se manifestó precedentemente, que no constituye un acto
administrativo definitivo que determina tributos y en el que se aplicaron sanciones; por esta
razón, la Administración Tributaria sólo se limitó anular un acto no impugnable en el que se
establecieron simplemente presunciones y de ninguna

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E s!ado Plurina c iona 1 4u BoI i v’a

manera se establecieron o se determinaron adeudos definitivos capaces de ser
impugnados.

Ahora bien, de la lectura del Recurso de Alzada se advierte que el recurrente observa la anulación
de la Vista de Cargo N° 32-0354-2016, toda vez que su criterio, habría vulnerado el
principio non reformatio in peius, al respecto se debe indicar que la prohibición de
la reforma en perjuicio tiene dos caracteristicas esenciales: 1) No se puede agravar la
situación del recurrente producto de su propio recurso; y 2) Solamente es aplicable cuando se
impugna una resolución; lo cual representa que en el caso bajo análisis, erróneamente se
pretende incorporar un principio jurídico de aplicación exclusiva en el ámbito de
impugnación administrativa o judicial y por otra lado, equivocadamente, se procura su
utilización contra actuaciones preliminares, es decir, que el principio señalado no es posible
de invocarse en sede administrativa observando actos no definitivos.

Lo anterior implica que en ningún momento se vulneró el principio non reformatio in
peius, toda vez que la Vista de Cargo N° 32-0354-2016 (actuación preliminar) no es un acto
administrativo definitivo, que posteriormente pueda ser sujeto de impugnación conforme lo
establece el artículo 195, parágrafo ll de la Ley 2492; en ese entendido, no se verifica la
existencia de un agravante en la situación del contribuyente, toda vez que no es posible la
presentación de recurso alguno contra la citada actuación administrativa previa, más aun cuando
ante la notificación de \a nueva Vista de Cargo el contribuyente tuvo \a posibilidad de presentar
descargos y desvirtuar el incremento o la pretensión de deuda tributaria establecida por la
Administración Tributaria; aspecto que en definitiva desestima la vulneración del citado
principio, argumentado por el recurrente en su Recurso de Alzada; consecuentemente, no
corresponde retrotraer obrados por esta causa.

Por otra parte, en relación al argumento del recurrente respecto a las multas por
incumplimiento a deberes formales, que a decir del recurrente se mantienen en la
Resolución Determinativa, manifestando además que se trata de un procedimiento sancionador
unido al de determinación, la Vista de Cargo hace las veces de un sumario contravencional, y que
debería dar lugar a la regularización de la contravención para poder acceder a la rebaja
del 50%, establecidas en el régimen de multas por incumplimiento de deberes formales;
hecho que según el recurrente vulneró el debido

 

proceso; a este respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia en la
página 8 a fojas 969 de antecedentes administrativos, el acto ahora impugnado señala: “En
aplicación del Art. 169 del parágrafo I de la Ley 2492, se procederá con la unificación de
procesos en lo que respecta a las contravenciones cometida, mismas que fueron incluidas en la
correspondiente Vista de Cargo”, lo que significa que la Administración Tributaria
unificó los procedimientos iniciados en las Actas de Contravenciones Vinculadas al
procedimiento de Determinación Nos 127672, 127673, 127674, 127675, 127676 y 127677 a
la Vista de Cargo N° 291729000109
(SIN/GGLPZ/DF/VC/00072/2017) de 2 de junio de 2017.

En ese orden, también se advierte que en la página 7 del referido acto impugnado se señala:
‘Las Actas por Contravenciones (…), forman parte del cuerpo de antecedentes. Asimismo, se hace
notar que dichas Actas fueron emitidas en fecha 21/11/2016 con la RND 10-0032-15, sin embargo
se tomará en cuenta que las Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-16 de fecha
27/11/2016, aplicando la sanción más benigna . De lo señalado precedentemente, es importante
resaltar que los subnumerales 3.1 y 3.5 del anexo 1 de la RND 10-0033-16 establecen: ‘ Se podrá
reducir /a multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 dias
siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador”,

En ese contexto, la Administración Tributaria el 14 de junio de 2017, procedió a notificar mediante
cédula la Vista de Cargo N° 291729000109 (SIN/GGLPZ/DF/VC/00072/2017) (que hizo las veces de
Auto Inicial de Sumario Contravencional); trascurrido el plazo otorgado para la presentación
de los descargos, la Administración Tributaria refiere que el recurrente no presentó descargos
pertinentes, por los cuales se hubiera hecho acreedor a la rebaja del 50% de la multa, en ese
sentido de la revisión de la Resolución Determinativa ahora impugnada, en el acápite de evaluación
de descargos, en ente fiscal arribó a la siguiente conclusión: ‘… aclarar que el
contribuyente podia en el plazo correspondiente dispuesto por el articulo 98 de la Ley 2492,
presentar descargos sobre las Actas por Contravenciones Tributarias, ad|untado la
regularización de las mismas dentro de los 20 días de notificada la Vista de Cargo [. ..) con la
finalidad de beneficiarse con la reducción de sanción por contravenciones tributarias (. ..)’.

 

 

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AUTORIDAD BEGIONAL DE
Iuzuax4ciéx TniBtrr4nu
Es ta do Plur’ na c ionaI de B oli ía

En este entendido, es evidente que el recurrente tuvo la oportunidad de presentar dentro el plazo
establecido en la norma documentación regularizadora (Envío Libros de Compras y Ventas
IVA, Registro auxiliar de bancarización) para cumplir el requisito establecido en la RND
10-0033-16 y beneficiarse con la rebaja del 50% de la multa impuesta, hecho que en el
presente caso no ocurrió; por lo tanto corresponde desestimar el argumento vertido por el
recurrente respecto a este punto.

IV.1.2 Determinación sobre base cierta y presunta
El recurrente manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada pretende el cobro de adeudos
tributarios que fueron descargados en su totalidad y debidamente justificados en
su momento; sin embargo, con los mismos argumentos utilizados en la Vista de Cargo se determinó
sobre base cierta y presunta ingresos no declarados en el IT.

Los descargos presentados a la Vista de Cargo no fueron valorados; solo se consideró la información
de los formularios de información rápida, no así los folios reales. En la Resolución
Determinativa no se menciona las causas o razones por las que se rechazan dichos descargos, lo
que deriva en una falta de fundamentación en cuanto a esta observación.

El acto administrativo impugnado no es preciso en cuanto a la materia imponible y a los objetos
fiscalizados; además es incongruente debido a que menciona que no se presentó documentos que
desvirtúe la observación, siendo éste motivo suficiente para presumir la venta de los mismos,
cuando lo más lógico es pensar que dichos bienes no se Uendieron.

El descargo presentado por las bauleras del sótano 2, que demuestra que no existe la venta de
dichas bauleras provocó una diferencia a favor del contribuyente de Bs35.433, pero no se entiende
por qué otros descargos que evidencian que no existe venta de bienes que corresponde a
periodos distintos al fiscalizado no son admitidos.

Se presentó en calidad de descargo el original del Folio Real N° 2.10.99.0155798, el cual no fue
considerado en razón a que no se adjuntó la página 2, lo que según el ente fiscal impedía verificar
a la gestión que correspondía, lo que no justifica su descarte. Asimismo, con referencia al suvenir
con Folio Real N° 2.01.0.99.0155876, en la fase de descargos
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Just a tr butar a para v Jan mit’ayir jach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Va

 

se argumentó que fue vendido mediante escritura de compra-venta de 28/03/2011, periodo
que no se encuentra dentro de la gestión fiscalizada (abril 2011 a marzo 2012), no obstante el ente
fiscal mantiene el reparo con un fundamento por demás insuficiente incongruente, extralimitándose
al incluir periodos que no se encuentran dentro de la fiscalización.

Se argumentó que los datos declarados en los F-430 son inferiores a los efectivamente pagados, por
tanto los precios de venta necesariamente deberán ser respaldados con una valuación técnica
con objeto de verificar que no existan incongruencias con los costos de ventas
realizados. De igual forma indica, que la determinación de adeudos establecida en la
Vista de Cargo fue elaborada sobre base presunta conforme el parágrafo ll del artículo
43 de la Ley 2492, al no contarse con todos los elementos de hecho que puedan sustentar una
verificación sobre base cierta.

El ente fiscal realizó una comparación entre el valor de los bienes inmuebles vendidos según
F-430 y el avalúo técnico de 13 de agosto de 2008 realizado por ASC Arquitectura
— Servicios Consultoría, que indica que el costo por mt* de los departamentos varía de
$us470 a $us510 y que a partir de la gestión 2009, los precios habrían sufrido un
incremento que benefició al sector constructor; sin embargo, esta afirmación no se
encuentra respaldada de ninguna forma y que sustenta la Vista de Cargo.

Ante la Resolución Determinativa nuevamente se encuentra frente a observaciones de carácter
especulativo, ya que se presume que por el solo hecho de vender las unidades construidas en la
gestión 2011, tres años después del inicio de la obra, lo valores del áValúo presentado a la
entidad bancaria al inicio de obra deberían subir; por esta razón el ente fiscal estableció el
respectivo reparo.

El acto impugnado en su página 4 no consigna superficies individualizadas, dato
fundamental para arribar a los resultados que se pretende; por otra parte el fiscalizador no
consideró que los valores del avalÚo constituyen valores esperados (previsiones) sobre
las ventas a realizar; se utiliza como razonamiento el tiempo transcurrido sin
considerar que en la venta de inmuebles existen preventas al inicio de las obras y pagos a cuenta o
diferidos hasta la conclusión de la obra, oportunidad en la que se perfecciona el contrato de
compra venta, que a pesar de que el pago total sea diferido en el tiempo,
los valores pactados a tiempo de la preventa son fijos y se respetan, es así que se
: •

Página 24 de 40 sean c«i‹
+te la Calidafi CMf Dado fJ°EC-2761+

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE
IuPuaxAcio¥ TRTBUTARTA

plasman en las minutas de transferencia, que al tenor del articulo 41 parágrafo II de la Ley
843, determinan el nacimiento del hecho imponible para efectos del IT, lo que significa
que los importes consignados en los F-430 constituyen la base imponible correspondiente.

La determinación sobre base presunta se halla sustentada en el hecho de no contar con todos los
elementos de hecho para efectuar una determinación sobre base cierta; existiendo
incongruencia en su argumentos, ya que dentro del proceso de fiscalización así como en la fase de
descargos a la Vista de Cargo presentó toda la documentación requerida; sin embargo, el ente
fiscal entiende que para desvirtuar las observaciones debería presentar otra documentación
no oficial, como ser contratos ya pactados, cuando en el presente caso el documento
idóneo para un hecho generador sería la minuta de transferencia.

Presentó toda la documentación solicitada en el Requerimiento de Fiscalización Externa N°
14990100274, documentación que demuestra que el único método de cálculo de la base imponible no
puede ser otra que la base cierta. La determinación de la base cierta se funda en el registro
contable de depósitos bancarios de terceros, que no corresponden a ventas
realizadas, además dichas operaciones no constituyen venta de bienes, por el contrario forma parte
de cuentas del pasivo y no de su activo.

La Administración Tributaria al respecto señala que efectuó el procedimiento de
determinación en resguardo de los artículos 95 y siguientes de la Ley 2492, dando a
conocer en cada etapa al contribuyente los actos administrativos emitidos a fin de que ejerza
ampliamente su derecho a la defensa.

Afirma que se determinó ingresos no declarados en el Impuesto a las Transacciones,
demostrándose que la Vista de Cargo identifica los fundamentos y observaciones sin las
abstracciones fuera de Iugar que alega el sujeto pasivo. No se realizó valoraciones en exceso,
como señala el recurrente, dado que la cantidad de inmuebles fueron confirmados por
el informe técnico presentado por el contribuyente, por lo que no puede desconocer dicha
información con el argumento que la misma es incorrecta, no habiendo presentado documentación
adicional para sustentar esta incorrecta apreciación.

 

 

Justicia tributaria para vivir bien
han mit’ay ir ¡ach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

 

El Folio Real N° 2.01.0.99.0155798 registra en el asiento número 2 al titular Ángel
Remmy Zaconeta Fernández; sin embargo, sólo presentó la hoja 1 lo que impidió verificar
la fecha de escritura pública, en consecuencia el hecho imponible, no siendo válidos los
argumentos vertidos por el contribuyente. Según los Folios Reales Nos. 2.01.0.99.0155856,
2.01.0.99.0155844 y 2.01.0.99.0155876 los hechos imponibles por ventas del inmueble ocurrieron en
la gestión 2014, en consecuencia los argumentos del contribuyente son suficientes para desvirtuar
las observaciones determinadas.

En relación a la diferencia de Bs48.881 señala que hubo un error en la determinación del importe
en bolivianos por la venta de una oficina, siendo el monto $us28.686 al tipo de cambio de
Bs6.96. El importe en dólares según avalúo no se incrementó como asevera el recurrente,
se halla consignado en ambas Vistas de Cargo.

La base para la determinación de los reparos se encuentra claramente identificada y
sustentada en los F-430, el Informe Técnico de 13 de agosto de 2008 elaborado por la consultora
ASC Arquitectura-Servicios de Consultoría sobre el edificio Arkansas; documentos
presentados por el propio contribuyente, de donde se obtuvo información respecto a la superficie,
costo por mt*. Precio e importes de venta, lo que constituye base de sustento documentario de las
observaciones determinadas.

El Informe Técnico mencionado no solo puede ser considerado como previsiones de venta,
como arguye el sujeto pasivo, sino base para la determinación de los parámetros básicos del precio
final de venta de los bienes inmuebles, en razón a que contempla costos, gastos, materiales
consumidos, superficies, precios, otros, que necesariamente deben ser considerados para la
evaluación del bien inmueble y su posterior venta. El recurrente no presentó documentación de
respaldo de sus afirmaciones.

Los precios de venta necesariamente deben estar respaldados con una valuación técnica
con objeto de verificar que no existen incongruencias en los costos de ventas realizados.

Sobre los ingresos percibidos por la venta de departamentos en el edificio Atlanta, el
contribuyente señala que no se tratan de ingresos; sin embargo, de la revisión de los
antecedentes se aprecia que registra en comprobantes de ingresos los importes por
concepto de anticipos por departamentos, comprobantes que registran los ingresos :

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de Ja Cal d*d Certtfl IJ°EC-2701+

 

 

AUTORIOAD RE6€ONAL DE
Iueusx4ciéx TnisuTARlx

operativos producto de las actividades que realiza el contribuyente; de tratarse de
transferencias de efectivo por diferentes motivos a los ingresos operativos, estos
deberían registrarse en comprobantes de traspaso, adicionalmente se puede percibir ingresos
por ventas aunque estos no estén registrados contablemente en cuentas de ingresos, por
ello se configura en ingresos no declarados, conforme se consignó en la Vista de Cargo, el
recurrente no demostró con documentación de respaldo que la percepción de efectivo no
responden a actividades de construcción.

De la información proporcionada por el contribuyente y la obtenida de terceros
responsables se estableció que los precios de ventas por los departamentos del
contribuyente no coinciden con la realidad económica, en razón a que fueron vendidos en la
gestión 2011 precios por debajo del costo de la gestión 2008; aspecto que denota que el sujeto
pasivo declaró de menos en los formularios 430. Por ello se realizó la comparación de
precios de los bienes inmuebles vendidos según F-430 y la valoración técnica presentada por el
contribuyente, estableciendo una diferencia de Bs1.797.336 no declarada en el impuesto a
las Transacciones F-430, que constituyen ingresos presuntos para establecer el reparo. Lo
anterior demuestra que se aplicó de forma apropiada el método de la base presunta respecto a
las diferencias determinadas según papeles de trabajo.

La determinación sobre base presunta se realizó siguiendo el método establecido por el artículo 6
numeral 2 y artículo 10, parágrafo I de la RND 10-0017-13, en base al Informe técnico elaborado
por la consultora asca Arquitectura — Servicios sobre el edificio Arkansas y
declaraciones juradas F-430, documentación presentada por el contribuyente; lo
que demuestra que el procedimiento utilizado no solo está sustentado por la normativa señalada,
sino por los elementos de hecho necesarios para su aplicación y por la propia
documentación presentada por el contribuyente. No siendo suficiente los F-430 para la
determinación sobre base cierta, debido a que no existían otros elementos válidos para
establecer de manera cierta la conformación de los valores declarados para la valuación de los
bienes inmuebles y sus diferencias respecto a los ingresos por ventas.

En relación a las determinaciones sobre base cierta, señala que los documentos descritos
y evaluados en la fiscalización, conforman elementos suficientes para la determinación
sobre base cierta, debido a que conti8enen información donde se puede

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

 

identificar claramente importes, transacciones, conceptos y otros elementos que
sustentan los reparos establecidos sobre base cierta.

La Administración Tributaria detalló los conceptos observados como ingresos no
declarados sobre base presunta, exponiendo el objeto de cada concepto y su respaldo legal,
explicando que se obtuvo los datos de la información y documentación
proporcionada por el contribuyente y la proporcionada por terceros. En consecuencia es incorrecto
aseverar que los reparos obtenidos a partir de las diferencia encontradas en el trabajo de
fiscalización sobre base presunta, que e\/idencia que el sujeto pasivo declaró de menos en
los F-430, puedan causar indefensión a\ contribuyente, ya que se encontraba facultado a presentar
documentos fehacientes de descargo que desvirtúen tales observaciones; al respecto corresponde el
siguiente análisis:

El artículo 16 de la Ley 2492, dispone: Hecho generador o imponib/e es el presupuesto de naturaleza
jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo
acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.

El artículo 42 de la Ley 2492, dispone: Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o
magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la
alícuota para determinar el tributo a pagar.

El artículo 43, de la Ley 2492 señala que la base imponible podrá determinarse por los siguientes
métodos:
l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan
conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.
II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o
conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y
cuantia de la obligacidn cuando concurra algún de las circunstancias reguladas en el articulo
siguiente.
III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente
del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la
determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente.
En todos los casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando
los procedimientos previstos en el Titulo III del presente Código.
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Página 28 de 40 se w c+sa

 

 

AUTORIDAD BE6I6N4L DE

Es ta do P1u r i n acl onaI dc BoI i i a

Con relación a la base presunta, el artículo 44 de la Ley 2492, dispone que la
Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base
presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación
sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo (…). Practicada por la
Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad
por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior
determinación sobre base cierta.

Respecto a los medios para la determinación sobre base presunta, el parágrafo I del artículo
45 del citado cuerpo legal dispone:
I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando
cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria
correspondiente:
1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de
los hechos imponibles en su real magnitud.
2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y
rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo
sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse
en términos tributarios.
3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos
contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o
equivalentes.

 

 

 

 

 

 

 

• OER
La Ley citada precedentemente en su artículo 66 señala que: La Administración Tributaria
tiene las siguientes facultades especificas:
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación,’
2. Determinación de tributos;
3. Recaudación;
4. Cálculo de la deuda tributaria; (…).

El artículo 93 de la citada Ley 2492 dispone que:
l. La determinación de la deuda tributaria se realizará:
1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en
las que se determina la deuda tributaria.
.-,, •

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2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley.
3. Mixta, cuando e/ sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mériio a los cuales la
Administración Tributaria fj“a el importe a pagar.
II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. En
ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando
el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información
vinculada a hechos gravados.

El articulo 95 de la Ley 2492 establece:
l. Para dictar la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar,
verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás
circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo,
conforme a las facultades otorgadas por el Código Tributario y otras disposiciones legales
tributarias.
II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no
declarados por el suje/o pasivo, conforme lo dispuesto por el Código Tributario.

El artículo 96, parágrafos I y III de la Ley 2492, señala respecto a los requisitos que:
l. La Vista de Cargo contendrá los hechos, acfos, datos, elementos y valoraciones que
fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o
tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración
Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación,
fiscalización e investigación. Asimismo, fyará la base imponible, sobre base cierta o sobre base
presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.
III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará
de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.

El artículo 99, parágrafo ll de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa que dicte la
Administración deberá contener como requisitos mínimos, lugar y fecha, nombre o razón social del
sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho,
la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como
la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La
ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente •

Página 30 de 40 s•••• a• ‘

 

 

AUTORIDAD RE6I0¥AL OE
larusxxciéx TniBmnn

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución
Determinativa.

El artículo 19 del Decreto Supremo 27310, dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492.
Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y
determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de
dicha Ley.

El artículo 36, parágrafo ll de la Ley 2341, norma legal aplicable en el presente caso por expresa
disposición del articulo 201 de \a Ley 3092, indica “… el defecto de forma sólo determinará la
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables
para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

En relación al concepto de enajenación el artículo 41 de la Ley 843 señala: A los fines de esta Ley
se entiende por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación y, en general, todo acto de
disposición por el que se transm/fa el dominio a título oneroso de bienes, acciones y derechos.
(…), se considera perfeccionada la transferencia de dominio de los inmuebles, cuando
mediare contrato de compra-venta, siempre que se otorgare la posesión. debiendo
protocolizarse la minuta en un plazo méximo de 30 (treinta) días.

Respecto el Impuesto a las transacciones, el artículo 72 de la Ley 843 dispone: El
ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, orcio, negocio,
alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad – lucrativa o no
– cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, estará alcanzado con el impuesto que crea
este Titulo, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se
determinan en los articulos siguientes.

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a titulo gratuito que
supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos (…).

El artículo 73 de la citada Ley señala: Son contribuyentes del impuesto las personas naturales
y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad

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Jan mit*ayir jach’a ka
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Va

 

 

La base de cálculo definida en el articulo 74 del mismo cuerpo legal indica: El impuesto se
determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el
ejercicio de la actividad gravada. Se considera ingreso bruto el valor o monto total
-en \/alores monetarios o en especie- devengados en concepto de \/enta de bienes,
retribuciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los
intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las
operaciones realizadas.

El artículo 2 del DS 21532, Texto ordenado de 1995, establece que: El hecho imponible se
perfeccionará.
a) En e/ caso de venta de bienes inmuebles en el momento de la firma de la minuta o documento
equivalente o de la posesión, lo que ocurra primero.

Esta previsión únicamente alcanza a las operaciones de venta de bienes inmuebles que
no hubieren estado inscritos al momento de su transferencia en los registros de Derechos Reales
respectivos o que habiéndolo estado, se trate de su primera venta mediante fraccionamiento o
loteamiento de terrenos o de venta de construcciones nuevas, sea en forma directa por el
propietario o a través de terceros, quedando obligados a presentar sus Declaraciones Juradas en
los formularios que al efecto establezca la Dirección General de Impuestos Internos en los plazos a
que se refiere el Artículo 7º del presente Decreto Supremo. Las transferencias posteriores de
estos bienes están gravadas por el Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y
Vehiculos Automotores (IMT).

De acuerdo al artículo 6 de la RND 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, establece que los medios para
cuantificar la base presunta son por deducción, inducción y por estimación. Sobre los
medios de inducción el articulo 8 inciso b) establece la Técnica Relación Ingreso — Gasto. Para
aplicar esta técnica deberá efectuarse un análisis de los datos proporcionados por el
contribuyente u obtenidos directamente por la Administración Tributaria, aplicando lo
siguiente:
1. Cuantificar los ingresos registrados a favor del contribuyente que se reflejen en
extractos del sistema financiero (extractos bancarios, de tarjetas de débito o de
crédito y otros) que estén a nombre del contribuyente fiscalizado o de terceros

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AUTORIDAD BE6I0NAL DE
IueuaNaclóN TniBu+xniA
E stado Plur ina ciona I d¢ BoI iv!a

vinculados con éste. Se considerarán las cuentas que hayan sido utilizadas para las transacciones
del giro comercial del contribuyente.
2. cuantificar el nivel de gastos del contribuyente, considerando también los pasivos de éste
y contrastarlos con los ingresos percibidos.
3. En servicios prestados, determinar la cartera de clientes del contribuyente y la
frecuencia histórica de los servicios prestados, estableciendo un monto promedio por cada tipo
de servicio y/o utilizando al efecto los aranceles profesionales vigentes, si existieren.
4. Contrastar datos con la información proporcionada por terceros vinculados con el
contribuyente.
Si los gastos son mayores que los ingresos registrados y no existen justificaciones
razonables se presumirá la existencia de ventas no declaradas.

De inicio es necesario aclarar que los artículos 41, 72, 73 y 74 de la Ley 843 y 2 inciso
a) del DS 21532, definen el concepto de enajenación, el objeto, quienes son
consideradOS sujetos pasi\los del Impuesto a las Transacciones y la base de cálculo e indican el
perfeccionamiento del hecho generador; en el presente caso al configurarse la construcción del
edificio de departamentos y posterior venta por parte de Javier Humberto Zabaleta Garrón,
éste se constituye en sujeto pasivo del citado impuesto en sujeción a los artículos citados
precedentemente.

La Vista de Cargo asi como la Resolución Determinativa señalan que del análisis de los Comprobantes
de Egreso, Ingresos, Diarios, notas fiscales, Estados Financieros, F-430 y otros documentos
proporcionados por el contribuyente, la administración tributaria estableció: sobre base
cierta Bs485.418 por ingresos no declarados en el IT por ventas de bienes inmuebles del
edificio Arkansas sin respaldo del F430 y Bs474.128 por ingresos no declarados en el IT por
ventas de bienes inmuebles del edificio Atlanta sin respaldo del F430 y sobre base presunta
Bs1.797.336.- por ingresos no declarados.


• DER
De la revisión de los citados actos administrativos se evidencia que la determinación sobre
base cierta no se halla justificada por existir observaciones en la base imponible establecida en
el cuadro “Relevamiento del F-430 por Venta de inmuebles Edificio Arkansas”, consignado
en la página 2 de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa,

 

– El ente fiscal efectuó la sumatoria de los F-430 de los inmuebles vendidos durante las
gestiones fiscales abril 2010-marzo 2011 y abril 2011-marzo 2012 y efectuó la
comparación con la cantidad de bienes inmuebles construidos, estableciendo por simple
diferencia la venta de inmuebles no declarados.
En el caso de las bauleras del sótano 1, según los valores del informe técnico de
valuación, se construyeron 20 por un total de $us25.488, cuyo costo unitario resulta ser
$us1.274 que multiplicado por la diferencia establecida (3) da como resultado
$us3.822; sin embargo, en el cuadro se registra el monto de $us3.921 sin especificar el motivo de
la diferencia.
– Situación similar ocurre con las bauleras de sótano 2, la cantidad construida es 22, el importe
total de $us21.507 y el costo unitario de $us978, la diferencia no respaldada establecida 13
bauleras que multiplicada por el precio unitario da como resultado
$us12.714; sin embargo, se consigna $us16.521 sin aclaración alguna.

Lo anterior demuestra que el ente fiscal efectuó la determinación de Bs485.418 sobre base
presunta no así sobre base cierta como señala, en razón a que presumió como precios
correctos de los diferentes inmuebles (departamentos, parqueos, bauleras, locales
comerciales suvenir y otros) que conforman el edificio Arkansas, los consignados en un informe
técnico realizado en la gestión 2008, por una empresa consultora que como manifestó el
recurrente representan estimaciones efectuadas con el fin de acceder a un financiamiento
bancario y principalmente fue elaborado antes de ejecutar la construcción como tal,
desconociendo la información contenida en los F-430 que según el ente fiscal, se hallan
sustentados con minutas de transferencias.

Se advierte también que existe una presunción en la diferencia establecida entre la
cantidad total de bienes inmuebles vendidos con respaldo de F-430, durante las
gestiones fiscales 2011 y 2012, la cantidad total de bienes inmuebles construidos según informe
técnico, ya que se asumió que corresponde a la gestión 2012 fiscalizada. A esto se suma los precios
aplicados a dicha diferencia, ya que si bien señala que se empleó los que registra el
informe técnico realizado por ASC Arquitectura – Servicios de Consultoría; sin embargo,
de la relación precio/cantidad del cuadro de relevamiento mencionado, se obtiene precios
unitarios inferiores al empleado en la determinación de adeudos, columna “Total según avalúo
técnico $US”, en todo caso correspondía que se detallen los diferentes precios de los inmuebles si
existían diferencias por ubicación de cada rubro (departamentos, parqueos, bauleras, locales
comerciales suvenir y otros) a
Página 34 de 40 si•im d«G»i»
4e la Calidad Certificado N°EC*2TfJ 4

 

 

AUTORTDÁD BEG40NAL DE

 

objeto de mostrar el origen de los importes considerados para determinar los ingresos no
declarados.

De igual forma se evidencia que el recurrente presentó en calidad de descargo los Folios Reales
Nos. 2.01.0.99.0155798 por el parqueo N° 21, sótano 2; 2.01.0.99.0155856 por la bulera N° 38
sótano 2; y que 2.01.0.99.0155844 por la baulera N° 26, sótano 2 que prueban que fueron vendidos
recién en la gestión 2014; y 2.01.0.99.0155876 por suvenir N° 1 planta baja que demuestra que fue
vendido el 28 de marzo de 2011, fojas 857-858 y 863-864 de antecedentes administrativos; ventas
que no corresponden a la gestión fiscalizada comprendida entre abril 2011 y marzo 2012.

En relación a los ingresos no declarados en el Impuesto a las Transacciones (IT) por ventas de
bienes inmuebles del edificio Atlanta sin respaldo de F-430 de Bs474.128; el cuadro “Ingresos
Percibidos — Venta Departamentos en Edificio Atlanta” de la página 5 de la Vista de Cargo y
Resolución Determinati\la impugnada; en la columna “Concepto’ señala que los importes
percibidos corresponden a ’Adelantos de compra Edificio Atlanta”, aspecto que no condice
con lo establecido en el artículo 2 inciso a) del DS 21532 que dispone el hecho generador
queda perfeccionado en el caso de venta de bienes inmuebles, en el momento de la firma de la
minuta o documento equivalente o en el de la posesión, lo que ocurra primero, en este sentido, como
en el presente caso no se advierte la transferencia de propiedad, no se produjo el hecho
generador del IT, normativa que no fue tomada en cuenta en el proceso de fiscalización, debido a
que se consideró la percepción de los adelantos como ingresos no declarados.

Respecto a los ingresos no declarados en el IT — Valoración Técnica vs declaración F- 430, sobre
base presunta de Bs1.797.336; la Administración Tributaria consideró los precios
establecidos en el avalúo técnico de ASC Arquitectura — Servicios de Consultoría elaborado el 13
de agosto de 2008, antes de la construcción del edificio Arkansas y comparó con los
importes declarados en el F-430, estableciendo un saldo a favor del fisco de Bs53.920 por IT
por este concepto; procedimiento que no se ajusta al Medio por Inducción, Técnica Relación
Ingreso-Gastos, establecido por el artículo 8, inciso b) de la RND 10-0017-13, al que hace
referencia la administración tributaria, debido a que no se efectuó un análisis de los datos
proporcionados por el contribuyente u obtenidos directamente por el ente fiscal, aplicando la
cuantificación de los ingresos registrados a
favor del contribuyente en extractos del sistema financiero, como tampoco los gastos del : •

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Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit‘ayir jach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerep Vae
, ;
. ;

 

contribuyente incluyendo los pasivos de éste, menos se contrastó los gastos con los
ingresos, asimismo no se realizaron los pasos descritos en los numerales 3 y 4 del citado inciso
b). Se debe aclarar que con esta técnica sólo se presume la existencia de ventas no declaradas
cuando los gastos son mayores que los ingresos sin que existan justificaciones
razonables, situación que no se dio en el presente caso.

En este punto del análisis, es necesario señalar que la determinación de la deuda
tributaria constituye un procedimiento íntegramente reglado y no discrecional, es decir, que
las reglas establecidas normalmente no dan opción o libertad de elección entre varios
resultados posibles. En este sentido una de las formas de determinación de la deuda es la
de oficio practicada por la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades
otorgadas por Ley, de control, verificación, fiscalización e in\/estigación de los hechos, actos y
elementos del hecho imponible declarado por el sujeto pasivo; debiendo ser realizada principalmente
sobre base cierta o sobre base presunta cuando no se tenga elementos certeros necesarios para
conocer con exactitud la existencia de una obligación tributaria.

En el presente caso, de la revisión de los procedimientos de fiscalización aplicados por la
Administración Tributaria, esta instancia recursiva establece que toda la determinación se efectuó
sobre base presunta; sin embargo, dicha determinación no cumple los lineamientos
establecidos en el articulo 45 del Código Tributario, es decir, no menciona la aplicación de datos,
antecedentes y elementos indirectos para establecer la existencia de hechos imponibles en su
real magnitud, la consideración de ingresos por la venta bienes inmuebles, costos y
rendimientos normales del sector económico o la valoración de signos, indices de contribuyentes
similares.

La Administración Tributaria sólo se limitó a señalar que la determinación de ingresos por
venta de inmuebles del Edificio Arkansas respaldados con F-430 y del edificio Atlanta sin respaldo
de F-430 se efectuó sobre base cierta, considerando la cantidad de inmuebles vendidos
respaldados a los precios estipulados en el informe técnico elaborado por ASC
Arquitectura – Servicios de Consultoría y los depósitos efectuados por terceros como pago a
cuenta de los inmuebles del edificio Atlanta; sin tomar en cuenta que los precios
registrados en el informe técnico señalado se constituyen en estimaciones puesto que se
elaboró antes de la construcción del edificio; en este acápite .

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AUTORIDAD RE6I6 I4L DE

 

tampoco se consideró lo establecido en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley 843 y el
artículo 2 del DS 21532, Texto ordenado de 1995antes mencionado.

En el contexto anterior, la base imponible constituida por el monto registrado en el F-430 fue
desconocido sin fundamento legal, considerando que no se adecua a la realidad de la empresa
unipersonal. El ente fiscal consideró los pagos parciales o anticipos percibidos como
ingresos de la gestión fiscalizada en base a la información presentada por el contribuyente
relativa a comprobantes de ingreso y traspaso de los periodos fiscales diciembre 2011,
febrero y marzo 2012, esto en contra posición a lo estipulado por el 3 del DS 24054 citado
precedentemente referente al hecho generador del IT por la transferencia de inmuebles y vehículos
automotores.

De igual forma se verifica que la administración tributaria sustentó la Vista de Cargo
como la Resolución Determinativa en la información proporcionada por el propio
contribuyente, referido al informe de avalúo técnico elaborado por ASC Arquitectura — Servicios
de Consultoría que establece precios estimados de los diferentes bienes inmuebles del
edificio Arkansas, situación que no permite establecer con certeza la el importe real por la
venta de los bienes inmuebles; aspectos que demuestran una inadecuada fundamentación de los
hechos al no considerar la realidad económica en la determinación de los ingresos, base
imponible del IT por transferencia de bienes inmuebles y vehículos automotores:
consiguientemente, todo lo afirmado por la administración tributaria se configura como
una fundamentación o motivación arbitraria.

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014 de 25 de febrero de 2014,
estableció que: ”(…) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general
(judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y
consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento
probatorio o jurídico alguno. y alejadas de la sumisión a la Constitución y la Iey, se está ante
una ’motivación arbitraria! AI respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025-
’Obliga a las autoridades a fundamentar sus reso/uc/ones con la prueba relativa sólo a
los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las
garantias procesales’. (…) Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple
relación de los documentos y presentación de pruebas o los cri/erios expuestos por las partes,
(…)”.

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En ese contexto la Administración Tributaria al señalar en el acto impugnado que la
determinación fue realizada sobre base cierta no responde a la verdad material de los hechos,
debido a que respaldó su decisión en conjeturas que carecen de sustento probatorio, ya
que entre el hecho demostrado por el sujeto pasivo (impuesto pagado en F-430) y lo que se trató de
deducir (precio de venta), no existe un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común
que pruebe que el ente fiscal realizó una verificación y análisis de los costos necesarios para
la construcción del inmueble que le permitiría arribar a la determinación de un precio de venta
que se asemeje más a la realidad de los hechos; aspectos estos que indudablemente vulneraron el
debido proceso y causaron indefensión e inseguridad jurídica al sujeto pasivo.

Conviene aclarar que la determinación tributaria se debe realizar procurando en lo
posible, sobre base cierta, pudiéndose utilizar el método sobre base presunta sólo
cuando la Administración Tributaria se vea imposibilitada de obtener elementos certeros necesarios
para conocer con exactitud si la obligación tributaria sustancial existe y cuál es la dimensión
pecuniaria, en otras palabras, la determinación sobre base presunta es un recurso ultima ratio. En
ese sentido, el SIN en sujeción al artículo 104 de la Ley 2492, debe investigar y obtener mayores
elementos que hagan a la determinación sobre base cierta en lo posible a utilizar la base presunta
como último recurso para determinar sobre la realidad económica la existencia de tributos omitidos.

Se debe hacer hincapié que el objeto de la RND 10-0017-13 es reglamentar los medios para la
determinación de la base imponible sobre base presunta y establecer el tributo que corresponda
pagar, para lo cual estableció circunstancias y elementos para la determinación de la
base imponible sobre base presunta; así como los medios para cuantificar la misma, entre
otros, el de inducción: a) Técnica Insumo-Producto; b) Técnica Relación Ingreso-Gasto; c)
Técnica de Contribuyentes Similares; y d) Otras. En el presente caso se verifica que el
ente recaudador para determinar el IT por transferencias de bienes inmuebles aplicó
incorrectamente la base presunta, “relación ingreso-gasto” prevista en el artículo 8 inciso b) de
la RND 10-0017-13, ya que como se mencionó anteriormente no aplicó ninguno de los pasos que
establece dicha técnica; si bien la Administración Tributaria dispone de distintos medios para
cuantificar la base presunta, debe procurar utilizar el método y técnica que se adecue de
mejor manera al caso de construcción de bienes inmuebles, en atención a las circunstancias y

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Lo anterior, evidencia que la Vista de Cargo no contiene los hechos actos datos,
elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa impugnada; asimismo el
acto administrativo impugnado no contiene una debida fundamentación de hecho y derecho, acorde a la
realidad económica del sujeto pasiVO, viciando de nulidad la Resolución
Determinativa N° 171729001203
(SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/000054/2017) de 8 de septiembre de 2017, en virtud de los articulos 96 y 99
del Código Tributario; 35, inciso c) de la Ley 2341 aplicable al caso en virtud del artículo 74,
numeral 1 de la Ley 2492; correspondiendo anular obrados hasta la Vista de Cargo inclusive,
debiendo la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales
emitir otro acto administrativo preliminar como resultado del ejercicio de sus
facultades de fiscalización, verificación, control e investigación impositiva otorgadas
por el artículo 100 del Código Tributario; aplicando procedimientos acordes a los principios
contables, la realidad económica y la verdad material; fundamentando técnica y legalmente su
pretensión, especificando el método y procedimiento aplicados a la determinación, ya sea sobre
base cierta o base presunta y valorando la documentación presentada en calidad de descargo;
correspondiendo determinar la base imponible del IT por la Transferencia de Bienes
Inmuebles y Vehículos Automotores en función a documentación e información real y
no en estimaciones sin fundamento legal y técnico, en el marco de los artículos 41, 72, 73
de la Ley 843 y artículo 2 inciso a) del DS 21532.

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre
de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del
Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE:
PRIMERO: ANULAR obrados hasta la Vista de Cargo N° 291729000109 de 2 de junio de 2017 inclusive,
consecuentemente la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales debe
emitir un nuevo acto administrativo preliminar cumpliendo los requisitos estipulados
en el artículo 96 de la Ley 2492, aplicando procedimientos acordes a la realidad económica
y la verdad material; especificando el
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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ach’a kaman
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

método aplicado a la determinación de la base imponible, sobre base cierta o base
presunta y valorando la documentación presentada en calidad de descargo.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la
Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme
establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio
para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de
Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea
con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del
recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su
notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

RCvD/jcgr/rms/an/gjml/rdch

 

 

 

 

 

 

 

 

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