ARIT-LPZ-RA-1434-2017 Proveído confirmado por evidenciarse del conocimiento del procedimiento de fiscalización por parte del contribuyente y no en la fase de ejecución tributaria, como alegaba.

ARIT-LPZ-RA-1434-2017

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1434/2017

Recurrente: Dionicio Aguilar Rojas

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de
Impuestos Nacionales, legalmente representada

 

Acto Impugnado:

 

Expediente:

Lugar y Fecha:
Proveído N° 241720000311 (SIN/GDLPZ I/DJCC/ CC/PROV/00245/2017)

ARIT-LPZ-1012/2017

La Paz, 22 de diciembre de 2017

 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración
Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y
producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Técnico
Jurídico ARIT-LPZ N° 1434/2017 de 22 de diciembre de 2017, emitido por la Sub
Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
El Proveído N° 241720000311 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PROV/00245/2017) de 8 de
agosto de 2017, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos
Nacionales resolvió rechazar la solicitud de nulidad planteada por el contribuyente
Dionicio Aguilar Rojas, bajo el argumento de que el procedimiento de notificación
realizado por la Administración Tributaria se encuentra enmarcado a lo dispuesto en la

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA
11.1. Argumentos del Recurrente
Dionicio Aguilar Rojas mediante nota presentada el 25 de septiembre de 2017, cursante a fojas 10-24
de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mIt’ayir ¡ach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamach
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

Fue sorprendido con el mandamiento y acta de embargo, los cuales corresponderían al Pliego de
Cargo 0098/04 respecto a la fiscalización del periodo fiscal agosto 1999, acto que habría sido
notificado mediante edictos publicados el 11, 16 y 21 de octubre de 2004, conforme a la
representación que señala que su persona no fue había en su domicilio fiscal ubicado en la
avenida Mecapaca N° 6889 Zona Obrajes.

Recién tomó conocimiento del proceso cuando éste se hallaba en fase de cobro coactivo, percatándose
que las notificaciones con la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo, Resolución
Determinativa y Pliego de Cargo fueron practicadas por edicto, siendo que debieron ser
notificadas de forma personal. En este entendido es que el 20 de diciembre de 2002 se le habria
notificado para que presente sus descargos con referencia al periodo fiscal agosto 1999,
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, asimismo, a fojas 3 cursa un formulario de
notificación en blanco simplemente con la firma de una supuesta testigo donde no se consigna
ningún actuado; sin embargo, curiosamente a fojas 4 cursa una representación en el que se
indica que no se pudo dar cumplimiento a la notificación N° 764 correspondiente al operativo N°
67, lo que motivo a solicitar la notificación por edictos, efectuada el 12, 17 y 26 de enero de
2003.

Después de más de 8 meses se emitió la Vista de Cargo N° 20-OP67-764-150/03 de 28 de agosto de
2003, que también fue notificada mediante edictos publicados el 31 de agosto, 5 y 10 de
septiembre de 2003 a consecuencia de la representación para \/iábilizar la notificación por edictos
señala que se constató que el contribuyente ya no desarrolla actividades en su domicilio
fiscal. Dicho aspecto denota la irregularidad en las notificaciones realizadas por la
Administración Tributaria, ya que de la revisión al padrón se tiene que su acti\lidad se encontraba
vigente desde el 28 de junio de 1999, hasta el 29 de agosto de 2003.

Posteriormente el 19 de enero de 2004, se emitió la Resolución Determinativa LP-200 N° 00027 que
establece una obligación por un total de Bs71.168 que corresponderia al IVA e IT del periodo
fiscal agosto 1999; acto administrativo que fue nuevamente notificado por edicto mediante
publicaciones realizadas el 17, 22 y 27 de febrero de 2004, en tal sentido la Administración
Tributaria solo se limitó a la notificación por edicto, omitiendo los demás medios
de notificación, ya que directamente realizó representación y posterior notificación por
edicto.

 

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AI existir un domicilio registrado en la base de datos del ente fiscal, correspondía efectuar la
notificación mediante cédula en dicho domicilio, a efectos de no vulnerar el derecho a la defensa,
situación que no ocurrió, en ese entendido si bien existe una representación que cursa a fojas 24
del expediente, en ningún momento se autoriza la publicación por edicto, hechos que vulneran
su derecho a la defensa provocando nulidades del procedimiento de determinación.

Finalmente el Pliego de Cargo de 4 de junio de 2004, también se encuentra ‘viciado de nulidad por
omitir los medios de notificación legales y por haber sido notificado por edicto el 11, 16 y 21 de
octubre de 2004, en base a una representación la cual tampoco cuenta con autorización de autoridad
competente para la notificación por edictos. En tal sentido, las notificaciones realizadas
mediante edictos son ilegales ya que el ente fiscal no consideró que existe un domicilio
registrado y que en ser habido en dicho domicilio fiscal, se debería remitir a
su domicilio particular con el fin de hacerle conocer los actuados emitidos y no vulnerar el
debido proceso. AI efecto cita las Sentencias Constitucionales 1241/2012 de 6 de septiembre de
2012 y 0287/2003-R de 11 de marzo de 2003.

Inmediatamente conocido el proceso determinativo que se encuentra en fase de ejecución,
a tra\/és del embargo de su propiedad, se apersonó ante el ente fiscal a efectos de
restablecer sus derechos vulnerados, haciendo constar por nota de 25 de abril de 2017 las
irregularidades en las notificaciones efectuadas y solicitando la nulidad de las mismas por
haberse vulnerado su derecho a la defensa. La administración tributaria después de cuatro
meses emitió el Proveído N° 241720000311 de 8 de agosto de 2017 el cual refiere que las
notificaciones efectuadas no vulneraron el debido proceso ni su derecho a la legítima defensa,
situación que no es clara ya que solo se limita a hacer mención a un artículo de la Ley 1340
vigente en el periodo de fiscalización.

La notificación por edicto debe ser utilizado solamente en casos extremos cuando el
contribuyente no tiene un domicilio registrado ni conocido, es decir, luego de haber
agotado todas las vías de notificación posibles y previa autorización de autoridad
competente con la debida justificación respecto a la realización sin éxito de las gestiones
dirigidas a establecer el domicilio del contribuyente. En ese entendido se debe considerar que su
persona tomó conocimiento del proceso determinativo cuando el mismo se

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kaman
Mana tasaq kuraq kamachiq

 

 

 

encontraba en fase de ejecución tributaria, ante la prescindencia de la notificación
personal, situación que impidió poder asumir defensa.

El acto administrativo reúne las características de ser definitivo y por ende susceptible de
impugnación, ya que contiene una declaración o decisión de la administración tributaria
de carácter particular, no obstante adolece de vicios de forma y de fondo, pero principalmente
incurre en una infracción a la Ley de Procedimiento Administrativo. AI efecto cita el
artículo 4 numeral 4 de la Ley 3092, 143 de la Ley 2492 y 27, 28, 56 de la Ley 2341, además de
la Sentencia Constitucional Plurinacional 0249/2012 de 29 de mayo de 2012.

No cambió de domicilio a la fecha del inicio de la fiscalización, en tal sentido mal
se puede aducir que ya no desarrollaba sus actividades en dicho domicilio, pues según la consulta
del Padrón su actividad se encontraba vigente al momento de las notificaciones.

De acuerdo a los antecedentes no existe autorización para la notificación por edictos en los casos
de la Resolución Determinativa y el Pliego de Cargo, asimismo las
representaciones se realizaron el mismo día, denotando que todos los actos
administrati\los se emiten el mismo día de la notificación, aspecto que resulta extraño debido
a lo oficioso del trabajo realizado por la Administración Tributaria.

AI margen de los vicios mencionados, existen otros como la Orden de Fiscalización tenía como
alcance solamente el IVA; sin embargo, se establecieron adeudos por el IT lo cual constituye un
exceso por parte de la Administración Tributaria en la determinación. AI efecto cita los
artículos 35, 36 de la Ley 2341, 159 y 162 de la Ley 1340,

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Proveído N° 241720000311 (SIN/GDLPZ
I/DJCC/CC/PROV/00245/2017) de 8 de agosto de 2017.

II.2. Auto de Admisión
El Recurso de Alzada interpuesto por Dionicio Aguilar Rojas fue admitido mediante Auto de 28 de
septiembre de 2017, notificado personalmente al recurrente y por cédula a la Administración
Tributaria recurrida el 3 y 5 de octubre de 2017 respectivamente; fojas

 

 

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5Jstema d< Section de I* C alidad
Ceruf›c ado 0’EC 274’1J

 

 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria
La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada
legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución Administrativa de
Presidencia N° 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, mediante memorial presentado el
20 de octubre de 2017 cursante a fojas 33-42 de obrados, respondió negativamente,
expresando lo siguiente:

El acto administrativo objeto del presente recurso no es susceptible de impugnación, ya que no se
encuentra previsto en el artículo 143 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 3092, en tal sentido Ilama la
atención la admisión del Recurso de Alzada contra el Proveído N° 00245/2017, por no
ser un acto administrativo establecido en la citada disposición normativa. AI efecto cita
la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ-0443/2014 de 9 de julio de 2014.

Se debe tomar en cuenta que el acto impugnado fue emitido en etapa de ejecución
tributaria, la cual no es susceptible de impugnación por ningun recurso ordinario,
extraordinario ni por ninguna solicitud que pretendan impedirlo, conforme lo previsto en el
articulo 109 de la Ley 2492, constituyendo un acto inimpugnable, cita la Sentencia
Constitucional N° 1648/2010-R de 25 de octubre de 2010.

El Proveído N° 00245/2017 no se constituye propiamente un acto administrativo
definitivo, es un acto procesal de mero trámite emitido en etapa de ejecución tributaria, ya que
no todos los actos que realiza la Administración Tributaria son destinados a producir
efectos de derecho, siendo necesario diferenciar un acto administrativo de mero trámite de un acto
administrativo definitivo, desde la perspectiva del control jurídico de la legalidad, ya que ese
control recae sobre la resolución que concluye el procedimiento. Esta limitación objetiva del
tipo de actuaciones administrativas sobre las que cabe plantear tanto los recursos
administrativos como los judiciales, tiene su razón de ser en el intento de concentrar la
totalidad de los motiVos de impugnación que puedan afectar la legalidad de una decisión
administrativa en un único recurso que pueda incluir tanto los motivos dirigidos directamente
frente a la resolución como aquellos que tienen por objeto discutir la legalidad de algunos de los
actos de mero trámite.

En tal sentido los actos administratiVos de carácter definitivo, sí gozan de la característica de
ser impugnables ya que este tipo de actos finalizan el procedimiento administrativo y

 

 

 

contienen una declaración de voluntad, a diferencia de los actos de mero trámite tales como:
informes, dictámenes, proveídos, etc., ya que dichos actos se emiten dentro de un
procedimiento, pero que no son decisorios, tal como ocurre con el acto ahora impugnado,
que se limita a resolver únicamente una solicitud del contribuyente, cuando ya existe un título de
ejecución tributaria constituido por la Resolución Determinativa N° 00027 de 19 de enero de 2004,
por ende la admisión del Recurso de Alzada contra el referido proveído transgrede la norma
tributaria, no tiene carácter definitivo y fue emitido en etapa de ejecución tributaria,
constituyendo un acto inimpugnable, por ende corresponde el rechazo del recurso
interpuesto por el recurrente sin ingresar a decidir cuestiones atingentes a la Administración
Tributaria.

De la revisión de antecedentes, se establece que el 1 de agosto de 2016, anoticiado de la ejecución
tributaria con el embargo del inmueble de su propiedad, solicitó de manera verbal la liquidación
de la deuda tributaria, documento que le fue entregado conforme consta a fojas 128 de
antecedentes administrativos, actuación con la cual el contribuyente tomó
conocimiento de su deuda tributaria, debiendo considerar dicho acto como un reconocimiento tácito
de su obligación tributaria, al efecto cita la Sentencia 239/2013 de 5 de julio de 2013. En
ese entendido al solicitar en sede administrativa la liquidación de la deuda tributaria
reconoció tácitamente la obligación tributaria y el accionar de la administración
tributaria con las notificaciones practicadas mediante edicto, por la actividad comercial que
realizaba durante los periodos fiscales observados en la Resolución Determinativa N° 00027 de 19 de
enero de 2004, que alcanzó el grado de firmeza al no ser impugnada en su debida
oportunidad por el ahora recurrente, dejando precluir ese derecho, por cuanto emitió el Pliego
de Cargo correspondiente y de igual manera emitió las medidas coactiVas necesarias, las cuales
surtieron efecto con el registro de la hipoteca del bien inmueble del Contribuyente en la gestión
2005.

De forma posterior a la solicitud de liquidación y anterior a la anulación del procedimiento de
determinación, el contribuyente solicitó prescripción de la deuda tributaria contenida en el
Pliego de Cargo, emitiéndose en respuesta el Auto Administrativo N° 00021/2017 de 6 de febrero de
2016, que rechazó dicha solicitud, acto administrativo que adquirió firmeza al no haber sido
impugnado, por cuanto la deuda tributaria consignada en el referido Pliego de Cargo
se mantuvo firme, líquida y exigible, en tal sentido el contribuyente aceptó que las
facultades de la Administración Tributaria respecto al cobro
de la deuda tributaria se encontraban vigentes, en ese contexto corresponde traer a
-‘. • ’

 

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Sietma d< G«suon
de 1‹ Calidad
Ceruficado N”EC 276N

AUTORIDAD BEG€ONAL D£
luPuc¥acloN TBIBUTÁRTA

colación el principio de convalidación por preclusión procesal, principio que en su sentido
concreto exige a la parte interesada dejar constancia oportuna de los motivos de su
protesta. Al efecto cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0536/2014 de 10 de
marzo de 2014.

El sujeto pasivo nunca se encontró en un estado de indefensión, ya que después de tener
conocimiento de la hipoteca judicial que pesaba sobre el inmueble de su propiedad, encontrándose la
misma en etapa de ejecución, solicitó liquidación y prescripción la cual mereció la emisión del
Auto Administrativo N° 00021/2017 que rechazó la solicitud planteada por el ahora
recurrente la cual adquirió firmeza al no haber sido impugnada dentro de los plazos legales,
acciones con las cuales convalidó todas las notificaciones efectuadas por la Administración
Tributaria desde la Orden de Verificación hasta el Pliego de Cargo efectuadas mediante
edictos, ya
supuestas nulidades desde un inicio y no cuando se produjo una respuesta a su solicitud anterior
que adquirió la calidad de firmeza al dejar precluir su derecho, en consecuencia se deben dar
por bien hechas todas las actuaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales,
correspondiendo aplicar la teoria de los actos consentidos, toda obrado por la Administración
Tributaria fue de conocimiento del
contribuyente.

El ahora recurrente fue notificado con el Operativo N° 67 y la 764 el 12,
17 y 26 de enero de 2003; la Vista de Cargo N° 20-OP67-764/150/03 de 28 de agosto de 2003
notificada el 31 de agosto, 5 y 10 se septiembre de 2003; la Resolución
Determinativa LP-200 N° 00027 de 19 de enero de 2004 notificada el 17, 22 y 27 de febrero de
2004 y el Pliego de Cargo 0098/04 notificado el 11, 16 y 21 de octubre de 2004 mediante edictos
publicados en un medio de prensa nacional, al efecto cita lo previsto en el artículo 159
de la Ley 1340.

Bajo ese contexto normativo se establece que los funcionarios de la Administración
Tributaria labraron el Acta de Verificación de Domicilio señalando que se procedió a la
búsqueda del domicilio cuya dirección figura en el Padrón de Contribuyentes, pero que se
desconocía el paradero actual del mismo, en tal sentido se evidencia que el
contribuyente provocó su propia indefensión por acciones u omisiones que él mismo generó
de mala fe, puesto que los servidores públicos actuaron en estricto apego a lo

 

 

Justicia tributaria para vivir bien J an mit’ayir jach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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dispuesto en la Ley, demostrando que no existió vulneración al derecho a la defensa del
contribuyente, al efecto cita la SSCC 919/2004-R de 15 de junio de 2004.

En ese entendido, se establece que el sujeto pasivo fijó domicilio y
domicilio habitual; sin embargo, habiendo realizado la visita a su domicilio no pudo practicarse la
notificación personal ni por cédula, conforme se evidencia en el acta de verificación de
domicilio, razón por la que procedió a efectuar la notificación por edicto de conformidad al
artículo 159 de la Ley 1340, en consecuencia dichas notificaciones son válidas al haber cumplido
con los requisitos exigidos por Ley.

El Acta de Verificación de Domicilio goza de presunción de legitimidad, legalidad y buena fe de
acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la ley 2492 y 28 inc. b) de la Ley 1178, en tal
sentido las actuaciones de los servidores públicos de la administración tributaria deben
presumirse legales por encontrarse sometidos a disposiciones legales y normas tributarias en
vigencia, en tal sentido el Acta de Verificación goza de plena validez, al ser un instrumento
público donde se recogen hechos, situaciones y actos que han sido verificados y
comprobados, pues hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, puesto que los servidores
públicos constataron que el contribuyente no tenía actividad en su domicilio
razón por la que no pudo practicarse la notificación personal ni por cédula, dando Iugar
a la notificación mediante edicto.

Finalmente solicita se proceda en resguardo del principio de congruencia
lo dispuesto en los artículos 198, inciso e) y 211 del Código Tributario, es decir,
que el pronunciamiento deberá ser emitido solamente sobre los argumentos planteados por
el contribuyente y no emitir resoluciones extra o ultra petita, a fin de no vulnerar el derecho a
la defensa de la Administración Tributaria. Al efecto, cita la Resolución de Recurso Jerárquico
AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveido N° 241720000311
(SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PROV/00245/2017) de 8 de agosto de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas
Mediante Auto de 23 de octubre de 2017, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte
(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del Inciso d)

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE
luPusNAcl0¥ TRIBUTARIA

del articulo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente corno a la
Administración Tributaria en Secretaría el 25 de octubre de 2017; fojas 43-44 de obrados.

Iván Arancibia Zegarra, en calidad de Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos
Nacionales, mediante memorial presentado el 14 de noviembre de 2017, ratificó en calidad de prueba
los antecedentes remitidos a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, se emi0ó el
Proveído de 15 de noviembre de 2017 que dispuso se tenga por ofrecida y ratificada la prueba
documental señalada en su memorial; fojas 51-52 de obrados.

El recurrente por nota de 14 de noviembre de 2017 ofreció como prueba la
documentación cursante en antecedentes administrativos; al efecto, el Proveído de 15 de noviembre
de 2017 dio por ofrecida la prueba documental señalada; fojas 5456 de obrados.

II.5. Alegatos
Dentro del plazo establecido por el artículo 210 parágrafo ll del Código Tributario, se
advierte que el recurrente, mediante nota presentada el 4 de diciembre de 2017, formuló alegatos
escritos reiterando los argumentos de su Recurso de Alzada, en relación a que el acto
administrativo impugnado es un definitivo y por ende susceptible de impugnación ya que contiene una
declaración de la administración tributaria de carácter particular el cual adolece de vicios
de forma y de fondo, pero que principalmente incurre en una infracción a la Ley de
Procedimiento Administrativo. Asimismo señala la Administración Tributaria
solamente se limitó a realizar las notificaciones por edicto con la Orden de Verificación, Vista
de Cargo, Resolución Determinativa y Pliego de cargo, omitiendo los demás medios de
notificación como ser la notificación por cédula, vulnerando de esta forma el principio del
debido proceso y su derecho a la defensa al haberle privado asumir el conocimiento del
proceso de fiscalización instaurado en su contra. A través del Proveído de 5 de diciembre de
2017, se dÓ por formulados los ak›gatos y en conocimiento de la parte contraria, fojas 60-68 de
obrados.

La Gerencia distrital La Paz I del servicio de Impuestos Nacionales no formuló alegatos de acuerdo
a las condiciones y plazo previsto en el artículo 210 parágrafo ll del Código Tnbutario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA
La Administración Tributaria mediante formulario 7520 correspondiente al Operativo N° 67,
notificación N° 764, comunicó al contribuyente Dionicio Aguilar Rojas, que

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Mana tasaq kuraq kamachiq :J
MburUvisa tendodegua mbaeti oñomita

 

 

contrastadas las compras informadas por Agentes de Información con las ventas indicadas
en su declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado IVA del periodo fiscal agosto 1999 se
detectaron diferencias, en ese sentido, solicitó documentación, actuación notificada por edicto
mediante publicaciones efectuadas el 12, 17 y 26 de enero de 2003, fojas 1, 4-7 de antecedentes
administrativos.

El Informe DF/SVI/OP-67/INF.93/03 de 7 de mayo de 2003, en sus conclusiones señala que el
contribuyente fue notificado por edictos publicados en prensa el 12, 17 y 26 de enero de 2003,
recomendando la autorización respectiva para la emisión de la Vista de Cargo, debido a que el
contribuyente no presentó los descargos respectivos en el plazo fijado; fojas 8-9 de antecedentes
administrativos.

La Vista de Cargo N° 20-OP67-764-150/03 de 28 de agosto de 2003, establece que como
resultado del proceso de verificación impositi\la correspondiente al Operativo N° 67 efectuado
por funcionarios del Departamento de Fiscalización — Verificación Interna, se han establecido
diferencias entre las compras informadas y sus ventas según declaraciones juradas
presentadas ante el servicio de impuestos Nacionales, correspondiente al periodo fiscal
agosto 1999; en ese sentido, conforme las facultades establecidas en los artículos 131, 135 y 137
de la Ley 1340 y disposiciones conexas se ajustó los montos imponibles, liquidando el
tributo en base a ventas no declaradas, surgiendo un saldo a favor del Fisco de
Bs32.247,04, adecuando la conducta del contribuyente en lo previsto en los artículos 98,
99 y 101 de la Ley 1340; asimismo, concedió 20 días para la presentación de descargos;
actuación notificada por edicto mediante publicaciones efectuadas el 31 de agosto, 5 y 10 de
septiembre de 2003, fojas 10-13 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa LP-200 N° 00027 de 19 de enero de 2004, resolvió
determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones
impositivas de Dionicio Aguilar Rojas en la suma de Bs71.168 correspondiente al IVA e IT y
accesorios de Ley, por el periodo fiscal agosto 1999; asimismo, estableció la sanción con una multa
igual al 100% sobre el tributo omitido actualizado a la fecha, cuyo importe asciende a Bs47.295;
acto notificado por edicto mediante publicaciones efectuadas el 17, 22 y 27 de febrero de 2004,
fojas 24-26 y 41-44 de antecedentes administrativos.

HBrSO

 

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La administración tributaria emitiÓ el Pliego de Cargo N° 0098/04 de 4 de junio de 2004, por la
suma de Bs118.463 por concepto de IVA e IT correspondiente al periodo fiscal agosto 1999 y
multa calificada en aplicación del artículo 101 de la Ley 1340; actuación administrativa
notificada por edictos publicados el 11, 16 y 21 de octubre de 2004, fojas 46-51 de antecedentes
administrativos.

Dionicio Aguilar Rojas, mediante nota presentada ante la Administración Tributaria eT 23 de
diciembre de 2016, planteó prescripción de la deuda tributaria consignada en el Pliego de Cargo N°
0098/04 de 4 de junio de 2004, solicitud que fue respondida mediante el Auto Administrativo N°
39172000021 de 6 de febrero de 2017 que dispuso rechazar la prescripción solicitada por el
contribuyente, ordenando proseguir con la ejecución tributaria del citado Pliego de Cargo,
acto administrativo notificado de forma personal el 15 de febrero de 2017; fojas 132-134 y 144-147
de antecedentes administrativos.

Por nota presentada el 25 de abril de 2017, Dionicio Aguilar Rojas solicitó la anulación del
procedimiento de determinación, bajo el argumento de que las notificaciones practicadas
mediante edicto con la Orden de Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinati\la y
Pliego de Cargo incumplieron con lo dispuesto en la Ley, vulnerando el debido proceso y su
derecho a la defensa; fojas 152-158 de antecedentes administrativos.

El Proveido N° 241720000311 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PROV/00245/2017) de 8 de
agosto de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos
Nacionales resolvió rechazar la solicitud de nulidad planteada por el contribuyente
Dionicio Aguilar Rojas, bajo el argumento de que el procedimiento de notificación
realizado por la administración tributaria se encuentra enmarcado a lo dispuesto en la Ley
1340, acto administrativo notificado de forma personal el 11 de septiembre de 2017, fojas 160 de
antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del
Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio
como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y

 

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Mana tasaq kuraq kamach q
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al articulo 211,
parágrafo III del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al
análisis de los agravios manifestados por Dionicio Aguilar Rojas, la posición final se
sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin
ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubiere solicitado
durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1 Admisión del Recurso de Alzada
La administración tributaria señala que el acto administrativo objeto del presente recurso no es
susceptible de impugnación, ya que no se encuentra previsto en el artículo 143 de la Ley 2492 y 4
de \a Ley 3092, en tal sentido no correspondía la admisión del Recurso de Alzada contra el
Pro\leído N° 00245/2017, por no ser un acto de mero trámite que se emitió en el desarrollo del
procedimiento en respuesta a la solicitud planteada por el sujeto pasivo; al respecto, se
tiene lo siguiente:

El artículo 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), en su parágrafo
I, dispone: Los Recursos de Alzada y Jerárquico deóerán interponerse por escrito, mediante memorial
o carta simple, debiendo contener.’
a) Señalamiento especifico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo
interpone.
b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con
mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley
y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. Indicación de la autoridad que
dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que
contiene dicho acto.
d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según corresponda, asi
como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el
que se recurre.
e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la
impugnación, fjiando claridad la razón de su impugnación, exponiendo
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.

 

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AUTORIDAD BE6I0NAL OE

Eslad o PI ur i nac’o n al de BoI iv i a

§ En el Recurso Jerárquico, seña/ar el domici/io para que se practique la notificación con la
Resolución que lo resuelva.
g) Lugar, fecha y firma de/recurrente.

El artículo 4 de la Ley 3092, dispone que: Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código
Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible
también contra:
1. Acto administrativo que rechaza la solic“itud de presentación de Declaraciones Juradas
Rectificatorias.
2. Acto administrativo que rechaza la soIic”itud de planes de facilidades de pago.
3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción,
pago o condonación.
4. Todo otro acto administrativo defin’itivo de carácter particular em”itido
por la Administración Tributaria.

La Ley 2341 en su artículo 27, señala que: Se considera acto administrativo, toda
declaración, disposición o decisión de la Administración PúbliCa, de alcance general o
particular, em’itida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,
cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos
jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.

El articulo 28 de la citada norma, señala que: Son elementos esenciales del acto
administrativo los siguientes:
a. Competencia: Ser dictado por autoridad competente;
b. Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho
aplicable;
c. Objeto.’ El objeto debe ser cierto, líc”ito y materialmente posible.;
d. Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y
sustanciales previstos, y los que resuken aplicables del ordenamiento jur/dico;
e. Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones
que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso
b) del presente artículo,’ y,
Finalidad: Deberá cump/irse con los fines grevisfos en el ordenamiento jurídico.

 

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Jan mit’ayir|ach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq ‹
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Va

III lllllIIIIIIIII I IIIIIIIII I IIII IIII I IIIIIII I II II IllIIIIIIllIIIIII8II IIIIIII ‘

 

 

Inicialmente es preciso señalar que los articulos 27 y 28 de la Ley 2341, aplicables por
disposición expresa del articulo 201 de la Ley 2492, indican expresamente que un acto
administrativo es toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, emitida
en ejercicio de la potestad administrativa, capaz de producir efectos jurídicos sobre el
administrado, es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo; así como se
constituyen como elementos esenciales, entre otros, del acto administrativo la competencia, que
se traduce en que necesariamente debe ser dictado por autoridad competente; la causa, es decir,
sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; cuyo
objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; debiendo encontrarse fundamentadas en
forma concreta las razones que inducen a su emisión.

De igual forma, el artículo 4 de la Ley 3092, establece que además de lo dispuesto por el artículo
143 del Código Tributario, el Recurso de Alzada será admisible también contra los actos
administrativos que rechacen: 1) La solicitud de presentación de declaraciones juradas
rectificatorias; 2) La solicitud de planes de facilidades de pago;
3) La extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación; y 4) Todo
otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la
Administración Tributaria.

La observación de la administración tributaria en relación a que el Proveído N°
241720000311 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PROV/00245/2017) de 8 de agosto de 2017, se
trataría de un acto de mero trámite el cual reviste el carácter de no impugnable por
disposición del artículo 195, parágrafo II de la Ley 2492; al respecto, corresponde
indicar que el Proveído ahora impugnado no se trata de un acto de mero trámite,
entendido como aquellos actos que se emiten durante el desarrollo del procedimiento interno de la
administración, pero que en suma no definen una situación de carácter particular tendiente a
producir efectos jurídicos en el administrado, es decir, que por su naturaleza sólo generaría
efectos al interior de la Administración Tributaria y por ende sólo vincularía a quienes forman
parte del ente fiscal; no obstante, el Proveído N° 241720000311 (SIN/GGLPZ I/DJCC/CC/
PROV/00246/2017) de 8 de agosto de 2017,
no solamente es un acto administrativo definitivo de carácter particular que produjo
efectos jurídicos en el administrado, sino que también fue notificado de forma personal al ahora
recurrente el 11 de septiembre de 2017, según se verifica a fojas 160 vuelta
de antecedentes administrativos, situación que demuestra de manera incuestionable . ‘

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AUTORIDAD RE6I0N1L DE

 

que dicho acto administrativo salió del ámbito interno del ente fiscal, lo cual hace del citado
Proveído un acto plenamente impugnable, en razón a que el sujeto pasivo reclamó y
solicitó se deje sin efecto precisamente ese acto administrativo, por considerarse
lesi\lo a sus derechos e intereses; en consecuencia, se desvirtúa el argumento inferido
por el ente fiscal en relación a que el referido Proveído se trate de un acto administrativo
inimpugnable y en consecuencia el Recurso de Alzada no sea admisible o que esta
instancia recursiva no pueda emitir pronunciamiento como erróneamente señala la
administración tributaria.

Cabe señalar también que el artículo 198 de la Ley 2492, establece las formalidades y requisitos
que deben cumplir las impugnaciones administrativas para su admisión, dejando como una
atribución excIuSi\/á á la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de acuerdo al
articulo 140 de la Ley 2492, el conocer y resolver los Recurso de Alzada interpuestos
legalmente, impugnaciones que deben ser y estar como se manifestó precedentemente acordes a
los requisitos determinados por el citado precepto legal, así como, es oportuno establecer que
conforme el inciso c) del artículo 218 del Código Tributario, la Administración Tributaria
recurrida está condicionada a responder el Recurso de Alzada admitido, negando o aceptando los
argumentos del recurrente; en consecuencia, corresponde rechazar las observaciones realizadas por
el ente fisca!, en el entendido de que esta Instancia Recursiva tiene como único
lineamiento el cumplimiento de la Ley.

 

 

 

 

 

 

 

 

• DER *

En ese orden, claramente se evidencia que si bien el acto administrativo ahora
impugnado no se encuentra dentro de las definiciones otorgadas por el artículo 143 del Código
Tributario, empero, sí se verifica que se enmarca en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 3092,
ya que la citada disposición de la administración tributaria emitida en ejercicio de su
potestad administrativa, estableció de manera indubitable una disposición o decisión,
señalando expresamente lo siguiente: ”(…) la Administración Tributaria no puede dar curso
a su solicitud, toda vez que el procedimiento de not“ificación realizado por la
Administración Tributaria se encuentra enmarcado dentro de la normativa legal vigente en esa
gestión, tal cual señalaba la Ley 1340”, lo que demuestra incuestionablemente, que la decisión
emitida por el ente fiscal es un acto administrativo definitivo de carácter particular y
efectivamente produjo efectos jurídicos

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

III IIIIII IIIIIIII I IIIIf IIII I IIII IIII I IIIIIII I II llIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ‘

 

 

en el administrado, siendo como consecuencia un acto impugnable ante esta instancia de Alzada.

Lo anterior se refuerza aún más si se considera que la Sentencia Constitucional
0107/2003, mencionada en la Sentencia Constitucional Plurínacional N° 0249/2012, estableció
que: “Acto administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en
ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de
las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas. El pronunciamiento
declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de conocimiento o de opinión. Los
caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo son: 1) La estabilidad, en el sentido de
que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones administrativas, 2) La
impugnabilidad, pues el administrado puede reclamar y demandar se modifique o deje sin efecto un
acto que considera lesivo a sus derechos e intereses, 3) La legitimidad, que es la
presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido
declarada por autoridad competente; 4) La ejecutividad, constituye una cualidad
inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados
de inmediato, 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar
sus propios actos sin intervención del órgano judicial,’ 6) La ejecución, que es el acto material
por e/ que la Administración ejecuta sus propias decisiones.”; en ese entendido, se tiene
que evidentemente el Proveído N° 241720000311 (SIN/GGLPZ I/DJCC/CC/
PROV/00246/2017) de 8 de agosto de 2017, cumple con los caracteres jurídicos esenciales
de un acto administrativo; razón por lo cual se enmarca a cabalidad a lo establecido en el
artículo 4 numeral 4 de la Ley 3092, como condición que hace a su admisibilidad; en consecuencia,
se rechaza lo invocado por el ente fiscal respecto a que no se trataría de un acto no
impugnable.

IV.2 Vicios denunciados en fase de ejecución
El recurrente manifiesta que recién tomó conocimiento del procedimiento de fiscalización iniciado
en su contra cuando éste ya se encontraba en fase de ejecución tributaria, en el entendido de que
no se le notificó con las actuaciones emitidas por el ente fiscal, tales como la Orden de
Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Pliego de Cargo de forma personal
o por cédula, ya que la administración tributaria se limitó simplemente a efectuar
las notificaciones con los referidos actos administrativos
mediante edictos, situación que vulneró el principio del debido proceso y su derecho a la ”.

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AUTORIDAD RE6ION4L DE
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA
E s ta do Plur inar ic naI de BoI i v la

defensa al no cumplir con el procedimiento de notificación y privarle la posibilidad de poder
asumir defensa.

La administración tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada señala que el ahora recurrente
anoticiado de la ejecución tributaria solicitó la liquidación de la deuda, además de solicitar la
prescripción del adeudo contenido en el Pliego de Cargo, hechos que demuestran que el sujeto
pasivo conva!idó todas las notificaciones efectuadas mediante edicto por la administración
tributaria desde la orden de Verificación hasta el Pliego de Cargo, en el entendido de que debió
haber planteado las supuestas nulidades desde el momento en el que adquirió conocimiento de la
ejecución tributaria, correspondiendo aplicar la teoría de los actos consentidos. Asimismo
señala que las notificaciones efectuadas se enmarcan en lo previsto por el articulo 159 de la
ley 1340 en el entendido de que los funcionarios públicos del ente fiscal se constituyeron en el
domicilio fiscal del contribuyente y constataron que en dicho domicilio ya no desarroliaba ninguna
actividad, labrando al efecto el Acta de Verificación el cual goza de plena validez y legitimidad,
al ser un instrumento público donde se consigna los hechos y actos verificados y
comprobados, al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El articulo 305 de \a Ley 1340 señala: Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional esfá
facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en
autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto
contrario al presente Artículo ser nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a
reparar los daos causados al Estado.

El artículo 306 de la precitada disposición normativa dispone: Ser título suficiente para iniciar
la acción coactiva el Pliego de Cargo, e/ que acompañara del respectivo Auto Intimatorio
que librar el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme
al mismo, se emplazar al deudor para que dentro del plazo de tres (3) das de la notificación
cancele la suma correspondiente a/ tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo
conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser
dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio
cuando exista fundado riesgo para la

III IIIII I IIIIIIII I IIIII IIII I IIII IIII I IIIIIIII II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ‘

 

 

El artículo 307 del referido cuerpo legal, señala: La ejecución coactiva no podrá suspenderse por
ningün recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o
impedirla salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado. b) Nulidad de titulo por
falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, gue únicamente podrá demandarse mediante el
Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios de la Administración
Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a
otras excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones
correspondientes a cargo del órgano ejecutor. Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a
que se refiere el Articulo anterior, acompaifiadas de todas las pruebas pertinentes, y
serán resueltas dentro de los diez (10) das, no siendo recurribles.

Inicialmente corresponde aclarar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley
1340, el Pliego de Cargo se constituye en título suficiente para iniciar la acción de cobro
coactivo de la deuda tributaria una vez que la misma quedó firme y exigible de acuerdo al
artículo 304 del precitado cuerpo normativo, el cual dispone que la Administración
Tributaria se encuentra facultada al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes,
líquidos y legalmente exigibles, iniciándose de esta manera la etapa coactiva, es así que en el
presente caso el Pliego de Cargo N° 0098/04 de 4 de junio de 2004 cursante a fojas 46-47
de antecedentes administrativos es el actuado administrativo por medio del cual el Ente
Fiscal inició el cobro coactivo de la Resolución Determinativa LP-200 N° 00027 de 19 de enero de
2004, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de Dionicio Aguilar Rojas
en la suma de Bs71.168.- por el IVA e IT y accesorios de Ley, del periodo fiscal agosto 1999,
misma que al no haber sido impugnada dentro de los plazos previstos por Ley, adquirió la
calidad de firmeza, cuyo adeudo se constituye en líquido y exigible

Se debe enfatizar que el Auto Intimatorio de 4 de junio de 2004, resulta ser la actuación
administrati\las que conmina al contribuyente para que en el término de tres (3) días desde
su notificación, proceda al pago de sus obligaciones tributarias, lo que implica, que la
Administración Tributaria, inició el cobro coactivo que tiende a buscar la
efectivización del adeudo tributario y como consecuencia, el sujeto pasivo tiene como única
alternativa la posibilidad de promover y accionar un Recurso de Alzada invocando las causales
previstas en el artículo 307 de la Iey 1340, desechando toda otra posibilidad

 

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AUTORlDAD REGIONAL DE
cIó¥ TB BUTARIA

de impugnar otras cuestiones que no sean las referidas a las excepciones consignadas en la
precitada disposición normativa.

Es menester destacar el razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R,
de 19 de agosto de 2005, la cual expresa “…que e/ art. 307 dol CTB, establecía que la ejecución
coactiva no podia suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago
total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso
directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la
aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), para
oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que este Tribunal
Consl”itucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a
lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando e/ contribuyente que está siendo ejecutado por una
deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para
su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución
a cargo de las autoúdades túbutarias”.

En este sentido, corresponde señalar que la línea jurisprudencial constitucional que vela por los
derechos y garantías de los ciudadanos estableció mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R
de 20 de diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el
contñbuyente que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y
considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro prescribió, puede interponer ésta
acción, en razón a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de
octubre de 2010, misma que en su Fundamento Jurídico III.4.2, estableció de manera expresa
que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria en ejecución tributaria,
no son susceptibles de impugnación, en cuya parte pertinente ilustró: “…toda vez que el Cóóigo
Túbutaúo, establece como únicas causales de oposición a la ejecucidn fiscal, /as establecidas en
el art. 109.11 comenzando con:
1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por el CTB (pago,
compensación, confusión, condonación, prescripción); 2. Resolución firme o sentencia con autoridad
de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda; 3. Dación en pago, conforme se
disponga reglamentariamente. Además, establece que estas causales, solo serán válidas si se
presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria, cerrando de esta manera
la osibilidad de im nación a los títulos ue ad uirieron firmeza”.

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae t:.

iii iniMMinsii iisto iiii i iiil M i iiislii i ii iii liii huh run•Iiiiiiii •

 

De la lectura a dicho precedente constitucional, se establece que las únicas causales de oposición
a la ejecución fiscal, son establecidas en el artículo 109, parágrafo ll del Código Tributario,
citando a las formas de extinción de la deuda tributaria, entre las que se encuentra la
prescripción.

Es preciso también traer a colación lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 64/2002 de 26 de
julio de 2002, que hace referencia al pronunciamiento emitido en la Sentencia
Constitucional 29/2002 de 28 de marzo de 2002 que señala: “… consiguientemente, el Juez
recurrido, al haóer admitido /a demanda (destinada a revisar fallos ejecutoriados) no ha
respetado los efectos de la cosa juzgada en su dimensión material, y con ello las previsiones
contenidas en los párrafos I y IV del Art. 116 constitucional, y al haber ordenado
la paralización de la ejecución coactiva de la cobranza tributaria, se ha atribuido
una competencia que no emana de la Iey,’ violando con su comportamiento, además de las reglas de la
competencia, las disposiciones claras y terminantes del art. 307 del Codigo Tributario, según el
cual, no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna
solic’itud que pretenda dilatarla o impedirla, salvo las excepciones de pago
documentado o la nulidad del titulo por falta de jurisdicción y competencia que no concurren en la
especie, así como la uniforme jurisprudencia de este Tribunal sobre la eficacia de la cosa
juzgada, contenida entre otras, en las Sentencias Constitucionales 944/01-R, 1230/00- R y
16/200Z’.

En este entendido se debe considerar que el articulo 8 de la Ley 027, del Tribunal
Constitucional Plurinacional señala que las decisiones y sentencias emitidas por dicho
Tribunal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe
recurso ordinario ulterior alguno, así también lo establecía el artículo 44 de la Ley 1836 Ley del
Tribunal Constitucional vigente hasta el primer día hábil del año 2011; consiguientemente, la
Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, así como la Sentencia
Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre de 2010, tienen carácter obligatorio, otorgando la
posibilidad a cualquier persona a solicitar la prescripción de los componentes de la deuda
tributaria, siendo evidente que esta pretensión no se encuentra limitada sólo al tributo omitido,
sanciones y/o la deuda tributaria en general, solicitud que puede ser interpuesta aún en
ejecución de sentencia, según lo refiere la jurisprudencia constitucional
señalada anteriormente, es decir, que la única salvedad para efectuar el reclamo de una
deuda tributaria cuando ésta se encuentra en fase de ejecución tributaria es plantear la
prescripción
o cualquier otra forma de extinción de la deuda.
-”• • ’

 

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Sictetru de Geslion de la CalidA
CerbF<üo fi’EC-77fJe

Jjl
AUTORIDAD RE6t0NAL DE

Eslad c P i i4 rin acional de B oiiv ía

Bajo ese contexto, es necesario señalar que el Pliego de Cargo N° 0098/04 y el Auto
Intimatorio de 4 de junio de 2004, al provenir como consecuencia de la fase de
determinación que culminó con la emisión de la Resolución Determinativa LP-200 N• 00027 de 19 de
enero de 2004, acto administrativo que al no haber sido impugnado en su momento adquirió la
calidad de título de ejecución tributaria; en consecuencia, el referido Pliego de Cargo y su
correspondiente Auto Intimatorio no estón en la posibilidad de ser revisados por esta instancia
recursiva, con la única salvedad de las excepciones previstas en el artículo 307 de la Ley 1340
constituidas por el pago total documentado y la nulidad de título por falta de jurisdicción y
competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de
Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia.

En ese contexto, el argumento vertido por el ahora recurrente en relación a las supuestas
nulidades que se materializaron durante la etapa de determinación, no corresponde ser
analizado, toda vez que ésta instancia no tiene la competencia legal de efectuar una
revisión de procesos que se encuentran en plena etapa de ejecución y/o cobro coactivo, siendo lo
única alternativa o salvedad para promover y accionar un Recurso de Alzada en la referida fase la
interposición de causales de oposición, entre ellos, cualquier forma de extinción de la deuda
tributaria, como ser la prescripción; así se tiene del entendimiento expresado en el
artículo 109 parágrafo ll de la Ley 2492, que menciona las únicas causales de oposición a la
ejecución tributaria y/o cobro coactivo, consistentes en: 1) Cualquier forma de extinción de la
deuda tributaria, 2) Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la
inexistencia de la deuda y 3) Dación en pago, al igual que lo dispuesto en el artículo 307 de la
Ley 1340 el cual menciona que la ejecución coactiva no podrá suspenderse salvo las
excepciones consistentes en: pago total documentado y la nulidad de título por falta de
jurisdicción y competencia de quien lo emitió.

 

V°B°
•OEB’’
Otro aspecto no menos importante a objeto de ser considerado en el análisis del presente caso, es
el hecho que de la revisión a los antecedentes administrativos se observa que el contribuyente
presentó el 23 de diciembre de 2016, una nota ante la AdministfdGión Tributaria por medio de la
cual solicitó la prescripción de la deuda tributaria consignada en el Pliego de Cargo 0098/04 de 4
de junio de 2004, petición que fue respondida por el ente fiscal mediante el Auto Administrativo
N° 391720000021 de 6 de febrero de 2017 que rechazó dicha solicitud, en tal sentido corresponde
señalar que e\ ahora recurrente al presentar en primera instancia su solicitud de prescripción
de las facultades del ente fiscal, asumió y convalidó el

 

Jan mit*ayir ¡ach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerep

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III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIII IIII IIII8IIII II III II II IIIIII IIIIIIIIIIIII III •

 

procedimiento instaurado en su contra así como pertinente la obligación tributaria en ese
contexto se establece que el ahora recurrente al tener conocimiento del reparo determinado instó su
extinción lo que muestra el reconocimiento expreso de la deuda tributaria del que pidió su
prescripción extintiva por el transcurso del tiempo, extremo que se refuerza aún más si
consideramos que fue el propio sujeto pasivo quien una vez notificado con el citado Auto
Administrativo que rechazó su solicitud de prescripción, este no impugnó, lo que muestra una
aceptación de los fundamentos de orden fáctico y legal plasmados en dicha actuación
administrativa.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, esta Instancia Recursiva se ve
imposibilitada de poder ingresar a revisar aspectos relacionados al procedimiento de
determinación entre ellos los supuestos vicios de nulidad relacionados a la notificación
mediante edictos con las actuaciones administrativas emitidas en la etapa determinativa;
consecuentemente, bajo las circunstancias legales descritas precedentemente, corresponde confirmar
el Proveído N° 241720000311 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PROV/00245/2017) de 8 de agosto de 2017, emitido
por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de
septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V
del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR, el Proveído N° 241720000311 (SIN/GDLPZ
I/DJCC/CC/PROV/00245/2017) de 8 de agosto de 2017, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I
del Servicio de Impuestos Nacionales contra Dionicio Aguilar Rojas;
consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo a la nulidad planteada por el
recurrente.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la
Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

 

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Ñstema d< Gwlio+ je la Calidad
certifiwdo k°EC-27T’14

 

 

AtIT0BID8D RE6l0kAL DE

Esla do Plu ri na cion al de B olivia

conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento
obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de
Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con
nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la ”
interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de
20 días
computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani °.
Mana tasaq kuraq kamachiq ‹., Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae ‹¢‹. .’

AIT„
AUTORIDAD REGIO IAL DE
IuPrcNsciÓ¥ TRiBuTaRlA

AUTOMOTIVADO
Recurso de Alzada interpuesto por DIONICIO AGUILAR ROJAS contra la GERENCIA
DISTRITAL LA PAZ I DEL SERVICIO DE
IMPUESTOS NACIONALES, impugnando el
PROVEIDO 241720000311 (SIN/GDLPZ
I/DJCC/CC/PROV/00245/2017) de 8 de Agosto de 2017.

EXPEDIENTE: ARIT-LPZ-1012/2017

La Paz, 10 de enero de 2018

VISTOS:

El memorial de complementación y enmienda presentado Dionisio Aguilar Rojas el 4 de enero de
2018, respecto a la Resolución Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1434/2017 de 22 de diciembre de
2017, emitida por esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ); al respecto,
corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 213 del Código Tributario, establece que la rectificación y aclaración de
resoluciones deben estar supeditadas a la corrección de cualquier error material y/o la
aclaración de algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial o que supla cualquier
omisión en que se hubiera incurrido sobre las pretensiones deducidas y discutidas.

Dionisio Aguilar Rojas, en su solicitud de Rectificación y Aclaración, manifiesta que
la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1434/2017 de 22 de diciembre de 2017, no valoró
las pruebas que demostrarian los vicios procedimentales incurridos. Asimismo señala que no
valoró la legalidad de las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria
durante el procedimiento de determinación y que le generaron indefensión; al respecto,
corresponde mencionar que de acuerdo al análisis efectuado en la Resolución de Recurso de
Alzada ARIT-LPZ/RA 1434/2017 en su página 21 segundo párrafo se señala de manera
puntual el motivo por el que esta instancia recursiva está impedida legalmente a emitir
un criterio sobre este argumento y basado en el estado precisamente que se encuentran el
proceso (ejecución y/o coactivo), señalando además de manera expresa las razones
establecidas por el artículo 109 del Código Tributario.

Con relación a la cita de la Resolución 0420/2017, que realiza el recurrente, corresponde señalar
que dicho argumento no formó parte del Recurso de Alzada, como consecuencia,

Jus ticia tributaria para vivir bien

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

ArToRTDAD RE GIONAL DE I¥PIJGNACIó< TRIBUTARIA

ésta instancia recursiva se ve impedida de poder emitir un criterio al respecto; no
obstante, habrá que enfatizar que cada impugnación que es presentada ante esta
Autoridad Regional de impugnación Tributaria cuenta con los elementos, argumentos y
hechos que hacen distintos uno de otros, a esto se debe añadir que en materia tributaria no
existe la obligatoriedad legal de establecer precedentes administrativos para la
resolución de una controversia.

En virtud a lo expuesto, se Ilega a la firme convicción de que lo resuelto y fundamentado en la
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1434/2017 de 22 de diciembre de 2017, es claro,
expreso y congruente con los argumentos vertidos en el memorial de Recurso de
Alzada interpuesto por Dionisio Aguilar Rojas; consecuentemente, corresponde
rechazar la solicitud de aclaración y complementación solicitada por Dionisio Aguilar Rojas.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.