ARIT-LPZ-RA-1432-2017 Auto Administrativo anulado por no realizarse la Resolución Sancionatoria de manera fundamentada y privando la valoración de descargos del contribuyente

ARIT-LPZ-RA-1432-2017

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1432/2017

Recurrente: Tecnitron SRL, representada Mario Aruquipa Luna

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de
Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas

Auto
(SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017)

Expediente:
ARIT-LPZ-1013/2017

La Paz, 22 de diciembre de 2017

VISTOS:
El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración
Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas
producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico
ARIT-LPZ N° 1432/2017 de 21 de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección
Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
El Auto Administrativo N° 391725000130 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto
de 2017, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por Tecnitron SRL,
manteniendo firme y subsistente el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°
253100258916 de 29 de agosto de 2016, por no haberse producido aún el término del cómputo de
la prescripción y no adecuarse a las condiciones establecidas en el artículo 59 de la Ley
2492

 

 

 

 

 

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA
11.1 Argumentos del Recurrente
Mario Aruquipa Luna representante legai de Tecnitron SRL, conforme acredita el
Testimonio de Poder N° 1532/2014 de 3 de junio de 2014, mediante nota de 25 de
septiembre, cursante a fojas 16-24 de obrados, presentó Recurso de Alzada,
expresando lo siguiente:

Se observa la existencia de vicios de nulidad en el Auto Administrativo
N° 391725000130 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017,
por falta de valoración de la prueba de descargo presentada al Auto Inicial de Sumario
Contravencional, toda vez que la documentación ofrecida así como sus alegaciones debieron
ser adecuadamente analizadas y valoradas en la Resolución Sancionatoria correspondiente,
conforme a las normas de derecho, considerando todas y cada una de sus
observaciones, siendo que la prueba en materia jurídica es de suma importancia
para el desarrollo del derecho, es decir no existe proceso judicial o
administrativo que no dependa estrictamente de la prueba, ni mucho menos una
resolución que establezca el derecho de las partes que no se sustente en prueba
conocida y debatida dentro proceso, porque no puede existir una resolución que no
fundamente sus considerandos en lo que es objeti\tamente veraz y a todas luces capaz de
con\/encer sobre la responsabilidad de un procesado

Conforme al artículo 27 de la Ley 2341, es obligación de la Administración Tributaria
analizar, fundamentar y juzgar, en función de los hechos, alegatos y todas la pruebas que
se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún
elemento de convicción, expresándose siempre el criterio de la Autoridad
Administrativa respecto de ellas (principio de exhaustividad de la prueba); pues están
obligados a examinar cuanta prueba este en el expediente administrativo, sea para
declaratoria inadmisible, impertinente, favorable o desfavorable, y en virtud de ella
proceder a fundamentar la decisión asumida; sin embargo, en el presente proceso, se ha
omitido este aspecto, toda vez que no se ha considerado adecuadamente las pruebas de
descargos presentadas el 10 de enero de 2017, en tal sentido se encuentra en un estado de
indefensión y se vulneró el derecho a la defensa conforme establece la SS.CC. 0802/2007-R
de 2 de octubre de 2007

 

Página 2 de 19

 

 

Como aspecto de fondo señala la procedencia de la prescripción de la facultad de cobro
y sanción de la Administración Tributaria por haber transcurrido más de cuatro años
establecido en el artículo 59 de la Ley 2492, además, que existen dos situaciones que interfieren
con la prescripción y con el cómputo de la misma, la interrupción y la suspensión, las
cuales no se han generado en el presente proceso de cobro, así se señala en los
articulos 61 y 62 de la Ley 2492, observándose que la Administración Tributaria
procedió a iniciar un sumario contravencional por los períodos de octubre 2004 y
diciembre de 2010, que conforme los descargos señalados se encuentran prescritos
conforme la Ley 2492, toda \/ez que la Administración no realizó sus actuaciones de
sanción oportunamente.

Conforme fundamentos expuestos, solicita nulidad o revocar el Auto
Administrativo N° 391725000130 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017.

II.2. Auto de Admisión
El Recurso de Alzada interpuesto por Mario Aruquipa Luna representante legal de
Tecnitron SRL, fue admitido por Auto de 28 de septiembre de 2017, notificado
personalmente a la empresa recurrente el 3 de octubre de 2017 y a la Administración Tributaria
por cédula el 5 de octubre de 2017; fojas 1-30 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada
legalmente por Ranulfo Prieto Salinas conforme la Resolución Administrativa de
Presidencia N° 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 20 de octubre
de 2017, cursante a fojas 31-39 de obrados, respondió el Recurso de Alzada negativamente
con los siguientes fundamentos:

Sobre la supuesta falta de valoración de la prueba de descargo, el ahora recurrente no presentó
ningún tipo de documentación probatoria que demuestre que efectivamente procedió a
realizar el pago de la deuda tributaria autodeterminada mediante Declaración
Jurada con N° de Orden 12316487, razón por la que extraña que acuse de nulidad de una supuesta
falta de valoración de prueba que no ha sido presentada, quedando demostrado que fue
el propio sujeto pasivo quién decidió no participar de manera activa en la elaboración de
su defensa, reiterando que pese haber señalado en

Sin ama de Scslion Be Ta Calidad

 

 

su memorial de descargos que acompañaba la Declaración Jurada en relación al Impuesto a
las Transacciones (IT) documento con el que demostraría que se procedió a la cancelación en
fecha 18 de noviembre de 2004, ante el Banco Solidario SA, dicha documentación no fue adjuntada
al precitado memorial de descargos.

El sujeto pasivo solicitó la nulidad del Auto Administrativo N° 391725000130
(SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017, sin considerar que se
trata de un acto administrativo no definitivo dentro del presente caso,
caracterizándose como un actuado de mero trámite y que solamente se pronunció con relación a la
infundada solicitud de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, sin
tener presente que la Resolución Sancionatoria es el acto definitivo en el que se considerará y
valorará los antecedentes administrativos que informen al mismo, de lo que resulta que
cumplió con el procedimiento sancionador establecido en la normativa tributaria, aclarando
que dicho actuado recién será emitido y en el cual se procederá a e\/aIuar y otorgar un
valor probatorio a cada uno de los alegatos y pruebas presentadas por el contribuyente en su
memorial de descargo presentado en fecha 10 de enero de 2017.

Respecto la prescripción, el contribuyente efectúa un análisis erróneo, pues al existir
una deuda tributaria ya determinada pero no pagada en el plazo establecido por Iey, se debe
resaltar que este hecho fue verificado y comprobado por la Administración Tributaria,
por lo que el contribuyente estará subsumiendo su conducta a la contravención
tributaria de Omisión de Pago, que es sancionada con el 100% en base al tributo omitido
determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV s, en ese sentido, corresponde que la
Administración Tributaria de inicio al proceso sancionador establecido en el Código
Tributario, a efecto de sancionar las contravenciones tributarias.

La normativa vigente ha pre\listo que el cómputo de la prescripción de la facultad de
ejecución para el cobro de la deuda tributaria emergente de las Declaraciones Juradas presentadas
de manera voluntaria por el sujeto pasivo con relación al Impuesto a las Transacciones
(IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE) de los períodos fiscales
octubre de 2004 y diciembre de 2010 empiezan a computarse desde la notificación con el Título de
Ejecución Tributaria, es decir desde la notificación con el Proveído de Inicio de
Ejecución Tributaria, resultando evidente que no podemos

Página 4 de 19 Sistem d< Gntión
de la Calidad Cuuficado fl”EC-276J 4

 

 

ÁUT0R€Dao REGIONAL DE
IueusNxciON TRiarrrxRix
Es to d o PIu i Ino ciono I d e Bo v o

 

hablar de una prescripción cuando el cómputo de esta última recién ha comenzado a computarse a
partir de la gestión 2017.

El plazo para que opere la prescripción es de 8 años, que empezó a computarse desde la legal
notifiCación con el Pro\leído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 253300181416 de 29 de agosto de
2016, quedando plenamente establecido su facultad para imponer sanciones se encuentra dentro el
plazo legal e interrumpió el curso de la prescripción para el efecto, considerando además los
articulos 59 y 60 de la Ley 2492 que fueron modificados por las Leyes N° 291, 317 y 812 siendo
ésta última la Ley vigente y la que goza de la presunción de Constitucionalidad establecida
en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en ese sentido de ninguna
manera se está aplicando retroactivamente la Ley, sino sólo es aplicable la Ley
actualmente vigente y de su interpretación se establece que ésta no dispone que sea
aplicada a deudas y contravenciones cuyos hechos generadores ocurran a partir de su
vigencia, de lo que se tiene que el periodo de prescripción para que la Administración
Tributaria pueda imponer Sanciones fue ampliado.

De conformidad con el artículo 65 de la Ley 2492, se presume la legalidad y la buena fe de las
actuaciones de la Administración Tributaria, presumiendo la licitud de las operaciones
realizadas por los servidores públicos del ente fiscal, según señala el articulo 28,
inciso b) de la Ley 1178, por lo que se determina que todas las actuaciones de los servidores
públicos del SIN se presumen legales debido a que el trabajo desarrollado se encuentra
sometido a disposiciones legales y normas tributarias en vigencia, consecuentemente, el
acto impugnado se encuentra bajo tuición de dicha presunción de orden legal,
consecuentemente, se tiene que actuó en plena observancia del debido proceso, en
respeto de los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y en el marco del legalidad,
emitiendo todos los actos administrativos enmarcados en las normas tributarias
vigentes, teniendo el contribuyente pleno conocimiento.

En virtud del principio de congruencia, la Resolución emitida debe enmarcarse en lo
solicitado por las partes, sin ir más allá de lo pedido, o se estaría actuando de forma
ultra petita, al respecto, invoca el Auto Supremo 194 de 12 de abril de 2007,
jurisprudencia que también es respaldada por la SS.CC 1312/2003-R de 9 de
septiembre de 2003, SC 0471/2005-R de 28 de abril de 2005, Resolución de Recurso

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach’a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita
mbaerepi Vae (Guarani)
– – ‘
Página 5 de 19 u art
a«k cain con c•Ec•y7ut*

 

 

Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011, así como los artículos 198,
parágrafo I, inciso e) y 211, parágrafo I de la Ley 3092, normas legales que sustentan el
principio de congruencia.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo N°
391725000130 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas
Mediante Auto de 23 de octubre de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte
(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo
218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y a la Administración
Tributaria en secretaría el 25 de octubre de 2017; fojas 40-41 de obrados.

Periodo durante el cual, mediante nota de 14 de noviembre de 2017, el representante legal
de la empresa recurrente, ratifica como prueba el cuaderno administrati\/O la
documentación presentada a momento de la presentación del Recurso de Alzada; al
respecto, mediante Proveído de 15 de noviembre de 2017, se dio por ofrecida y
ratificada la prueba documental señalada en la nota; por su parte la Administración
Tributaria ratifica las pruebas presentadas al momento de responder el Recurso de
Alzada; al efecto, mediante Proveído de 7 de noviembre de 2017, se dio por ratificada la
prueba documental señalada; fojas 42-49 de obrados.

II.5. Alegatos
Dentro del plazo establecido por el articulo 210, parágrafo ll del Código Tributario,
se advierte que el recurrente mediante nota presentada el 1 de diciembre de 2017,
formuló sus alegatos escritos reiterando los argumentos de su Recurso de Alzada, en
atención al citado memorial se emitió el Proveído de 5 de diciembre de 2017, en el que se señala
que se tienen por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria;
actuación notificada en secretaria el 6 de diciembre de 2017; fojas 50-53 y 58 de obrados.

La Administración Tributaria presentó alegatos escritos por memorial de 5 de
diciembre de 2017, ratificando el contenido de respuesta negativa al Recurso de
Alzada, por Proveído de 5 de diciembre de 2017, se tiene por formulados los alegatos

 

Pági na 6 de 19

 

 

lHP0GNAcio TRIBUT•ni•

 

en conocimiento de la parte contraria; actuación notificada en secretaria el 6 de
diciembre de 2017; fojas 55-56 y 57 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA
El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 253300181416 de 29 de agosto de 2016,
establece que las siguientes declaraciones juradas se encuentran firmes y
ejecutoriadas:

TÍTULOS DE EJ ECUCIÓN TRM BUTARIANO PAG ADOF 0 PAGADOS PARCIALM ENTE- DECLARACIONES JURA DAS

 

\ 35 1213 IT 156 123 16487
18/11/2004
13S 2380 IUE 500 25 54 217’4 S9 dic-10
25/08/20 15
M ON T O T OT A L A D E UD A DO A LA F EC H A D E VE N C IM IE N T O D E L IM P UE S T
O 12 6. 186

 

Como consecuencia de lo anterior y conforme lo establecido en el artículo 108 de la Ley
2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, la Administración Tributaria anunció
al contribuyente que dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al
tercer día de su legal notificación con el presente proveído, a partir del cual se ejecutarán las
medidas coactivas correspondientes, actuación notificada por cédula a Tecnitron SRL,
representado legalmente por Mario Aruquipa Luna el 22 de diciembre de 2016, fojas 7-12 de
antecedentes administrativos.

Seguidamente a efectos de calificar la conducta del contribuyente fue emitido el Auto
Inicial de Sumario Contravencional N° 253100258916 de 29 de agosto de 2016, que dispuso
el inicio del sumario contravencional contra el contribuyente Tecnitron SRL con NIT 1002825021,
de conformidad a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 2492, por existir indicios de
haber incurrido en la contravención de omisión de pago, por el importe no pagado en las
declaraciones juradas F-156 con N° de Orden 12316487 del periodo fiscal octubre 2004 y F-500
con N° de Orden 2554217459 del periodo fiscal diciembre 2010, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 165 del Código Tributario y concediendo al contribuyente el plazo de 20 días
para presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan su derecho; actuación
notificada por cédula a Tecnitron SRL, representado legalmente por Mario Aruquipa Luna el
22 de diciembre de 2016; fojas 13-20 de antecedentes administrativos.

 

 

 

 

 

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 10 de enero de 2017, el
contribuyente presenta descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional
señalando que no existe omisión de pago al estar canceladas las obligaciones
impositivas y solicita la prescripción de la facultad de sanción de la Administración
Tributaria, en aplicación de lo previsto por el artículo 59 de la Ley 2492, fojas 23-31 de
antecedentes administrativos.

El Auto Administrativo N° 391725000130 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto
de 2017, resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente Tecnitron
SRL con NIT 1002825021 , por las declaraciones juradas F-156 con N° de Orden 12316487 del
periodo fiscal octubre 2004 y F-500 con N° de Orden 2554217459 del periodo fiscal diciembre
2010, manteniéndose firme y subsistente el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°
253100258916 de 29 de agosto de 2016, por no haberse producido aún el término del
cómputo de la prescripción ni las condiciones establecidas en el artículo 59 y
siguientes de la Ley 2492, acto administrativo notificado de manera personal el 4 de
septiembre de 2017; fojas 33-37 de antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos,
compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la
documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta
Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Juridico emitido de conformidad al
artículo 211, parágrafo III del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al
análisis de los agravios manifestados en el Recurso de Alzada por Mario Aruquipa Luna
representante legal de Tecnitron SRL; la posición final se sustentará acorde a los hechos,
antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no
fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta
Instancia Recursiva

 

 

Pág ina 8 de 19

AUTORIDAD REGIONAL DE
luPush4ci0x TRiBuTAnr\

IV.1. Vicios Procesales
Mario Aruquipa Luna representante legal de Tecnitron SRL en su Recurso de Alzada y alegatos
observa la existencia de vicios de nulidad en el Auto Administrativo N° 391725000130
(SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017,
por falta de valoración de la prueba de descargo que debió ser adecuadamente valorada
en la Resolución Sancionatoria correspondiente conforme a las normas de derecho, ya
que no existe proceso judicial o administrativo que no dependa estrictamente de
la prueba, ni mucho menos una resolución que establezca el derecho de las partes que no se
sustente en prueba conocida y debatida dentro de un proceso.

Añade que conforme el artículo 27 de la Ley 2341, es obligación de la Administración
Tributaria analizar, fundamentar y juzgar en función de los hechos, alegatos y todas la
pruebas que se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún
elemento de convicción, expresándose siempre el criterio de la Autoridad Administrativa respecto
de ellas (principio de exhaustividad de la prueba); sea para declaratoria inadmisible,
impertinente, favorable o desfavorable y en virtud de ella proceder a fundamentar la
decisión asumida; sin embargo en el presente proceso, se omitió este aspecto, toda vez que
no se consideró adecuadamente las pruebas de descargos presentadas en fecha 10 de
enero de 2017 a pesar de que estas se encontraban debidamente expresadas, en tal
sentido se encuentra en un estado de indefensión y vulnerado el derecho a la defensa
conforme establece la Sentencia Constitucional 0802/2007-R de 2 de octubre de 2007.

La Administración Tributaria en su respuesta y alegatos, señala que es necesario
resaltar que el ahora recurrente no presentó ningún tipo de documentación probatoria, por la
que demuestre que efectivamente procedió a realizar el pago de la deuda tributaria
autodeterminada mediante Declaración Jurada con N° de Orden 12316487, por esta razón,
extraña de sobremanera que se acuse de nulidad de una supuesta falta de valoración de
prueba que no fue presentada, quedando demostrado que fue el propio sujeto pasivo quién decidió
no participar de manera activa en la elaboración de su defensa.

El sujeto pasivo solicitó la nulidad del Auto Administrativo N° 391725000130
(SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017, sin considerar que se
trata de un acto administrativo no definitivo dentro del presente caso,

Página 9 de 19

„ ”

 

 

caracterizándose como un actuado de mero trámite y que solamente se pronunció con relación a
la infundada solicitud de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria,
sin tener presente que la Resolución Sancionatoria es el acto definitivo en el que se
considerará y \/aIorará los antecedentes administrativos que informen al mismo, de lo que
resulta que la Administración Tributaria cumple con el procedimiento sancionador
establecido en la normativa tributaria, aclarando que dicho actuado recién será emitido por
la Administración Tributaria, en el cual se procederá a evaluar y otorgar un valor
probatorio a cada uno de los alegatos y pruebas presentadas por el contribuyente en su
memorial de descargo presentado en fecha 10 de enero de 2017. al respecto, corresponde
efectuar el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: I. Toda persona será
protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la
defensa y a una justicia plural. pronta, oportuna, gratuita. transparente y
sin dilaciones.

El artículo 68, numerales 2, 6 y 7 de la Ley 2492, establecen: 2. A
que /a Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en
los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos
establecidos. 6. AI debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos
tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las
actuaci’ones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma
personal o a través de terceros autorizados. en los términos óel presenfe Código. 7. A
formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo lipo de pruebas y alegatos
que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes a/ redactar la correspondiente
Resolución.

El artículo 165 de la Ley 2492, establece: El que por acción u omisión no pague o
pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga
indebidamente beneficios y valores fiscales será sancionado con el cien por ciento (100%)
del monto calculado para la deuda tributaria.

El artículo 168 del Código Tributario, dispone: I Siempre gue la conducta contraventora no
estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo. el procesamiento

 

 

ÁUTOBIDAD REGlONAL DE
IyPusxacióN TRieuTaRlA

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya
instrucción dispondr4 la autoridad competente de la Administracidn Tributaria mediante
cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de
la contravencidn. Al ordenarse las diligencias preliminares podr4 disponerse reserva
temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince [15) días. El cargo será
notificado a/ presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte
(20) días para que formu/e por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su
derecho.
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el par4grafo anterior, sin que se hayan
aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administraci‹fin Tributaria deberá
pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes.
Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Titulo III de este
Código.
III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de
sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar
descargos y vencido éste, se emitirá la resolucidn final del sumario.
IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto
cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el
procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.

El articulo 76 del citado Código, dispone: En /os procedimientos tributarios
administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar
los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por
el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se
encuentran en poder de la Administracidn Tributaria.

El articulo 81 del Código Tributario, en relación a la apreciación, pertinencia y
oportunidad de la prueba, dispone: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana
critica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y
oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes,
meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas por la
Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido
presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de
presentación, hasta antes de la de la Resolución Determinativa. 3.
Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos

Página 11 de 19

 

 

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria
pruebe gue la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente
obtención.

El artículo 42 del DS 27310, dispone: La multa por omisión de pago a que se refiere el articulo
165 de la Ley 2492, será calculada con base en el Tributo omitido
determinando a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la
Vivienda.

La RND f0-0057-f0 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 23, señala lo siguiente: lmposicidn
de sanciones por declaraciones juradas presentadas que determinan la existencia de una
deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente.
1) Diligencias preliminares
Conforme establece el parágrafo II del Articulo 94 concordante con el numeral 6) del
parágrafo I del articulo 108 del Código Tributario, la declaración jurada presentada
dentro o fuera de término determinando la existencia de una obligación tributaria que no
hubiere sido pagada o hubiera sido pagada parcialmente constituye un título
ejecución tributaria, no requiriendo la Administración Tributaria emitir intimación o
Resolución Determinativa previa para su cobro.
El Departamento de Gestidn de Recaudación y Empadronamiento de la dependencia operativa de la
jurisdiccidn a la que pertenece el sujeto pasivo, remitirá periódicamente los expedientes de los
tramites citados en el párrafo precedente al Departamento Jurídico y de Cobranza
Coactiva, instancia que procederá con la ejecución tributaria por el importe del tributo
no pagado con los intereses respectivos y en caso de corresponder, por la sancidn
directa por incumplimiento a deberes formales, en la forma establecida en la Disposicidn
Final Tercera de esta Resolución.
2) lniciacidn
Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución
Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del Auto
Inicial de Sumario Contra’vencional considerando el hecho generador,
consignando la sancidn establecida para el efecto calculada sobre la base del importe del
tributo declarado y no pagado.

ÁUTOBIDÁD REGIONAL DE
lueuc Aciox TnTBUTAnia

 

3) Tramitacidn
La tram”itación del procedimiento sancionador se realizara en la forma y plazos establecidos en el
articulo 17 de esta Resolución, correspondiendo al Departamento Jurídico y de Cobranza
Coactiva la elaboración del Auto Inicial de Sumaúo Contravencional hasta la Resolución
Sancionatoria o Resolución Final del Suman”o según corresponda, mismos que serán suscritos por el
Jefe de dicho Departamento conjuntamente con el Gerente Distútal, GRACO o Sectorial.
4) Otras consideraciones
La ejecución de la obligación tributaria y la aplicación del procedimiento sancionador
establecido en este articulo, no inhibe las facultades de la Administracidn Túbutaria
para fiscalizar y/o verificar el periodo y tributo que dio origen.

En los casos donde se inicie con anterioridad, de forma simultanea o posterior el
proceso de fiscalizacidn y/o verificación, por impuestos y periodos en los que se
determine la existencia de deuda tributaria y se consfa/e que esta fue declarada pero no
pagada o pagada parcialmente, si el contribuyente manifiesta su intención de cancelarta
en esa instancia, primero deberá direccionar el pago a la declaracidn jurada y segundo en caso
de ser mayor el importe del reparo, deberá direccionar el pago a la orden de fiscalización y/o
verificación.

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el
artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone de manera
expresa la protección oportuna y efectiva de las autoridades públicas al ejercicio de
los derechos e intereses legítimos; en ese contexto, el Estado debe garantizar el
derecho al debido proceso en toda actuación administrativa; lo que implica, que es
obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública la de
garantizar de manera expresa una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,
transparente sin dilaciones, donde efectivamente prevalezca el debido proceso, que se
traduce en que todos los actos y actuaciones emitidos en un proceso deben estar circunscritos al
ordenamiento jurídico legal para avalar el correcto ejercicio de la Administración Pública, los
que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

 

 

Página 13 de 19

 

 

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas
dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de
legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía
de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo
los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. El debido proceso es
un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho
a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro
del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer \/aIer sus
pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto
de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca
la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa,
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta
de la justicia.

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el
representante legal de la empresa recurrente, presentó las Declaraciones Juradas F- 156
con N° de Orden 12316487 del periodo fiscal octubre 2004 y F-500 con N° de Orden
2554217459 del periodo fiscal diciembre 2010, con el importe a favor del fisco de
Bs126.186.- sin que hubiera efectuado el pago correspondiente; en tal sentido, en el marco de lo
dispuesto en el numeral 6), artículo 108 de la Ley 2492, las Declaraciones Juradas mencionadas
se constituyeron en Título de Ejecución Tributaria a partir del día siguiente de la fecha
de vencimiento del día del pago, por esta razón, la Administración Tributaria
emitió el 29 de agosto de 2016, el Pro\leido de Inicio de Ejecución Tributaria N°
253300181416. actuación notificada por cédula al contribuyente Tecnitron SRL, representado
legalmente por Mario Aruquipa Luna el 22 de diciembre de 2016.

Paralelamente al inicio de la ejecución tributaria, el Ente Fiscal, el 22 de diciembre de
2016, notificó por cédula a Mario Aruquipa Luna representante legal de Tecnitron SRL, con el
Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100258916, actuación preliminar emitida el 29 de
agosto de 2016, que dispuso el inicio del sumario contravencional de conformidad a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 2492, por existir indicios de haber incurrido en la
contravención de omisión de pago por el importe no pagado en las Declaraciones Juradas
F-156 con N° de Orden 12316487 periodo fiscal octubre 2004 y F-500 con N° de Orden
2554217459 periodo fiscal diciembre 2010, de acuerdo a lo

Pág ina 14 de 19 Si trz d< Gnti¢»

 

 

 

 

establecido en el artículo 165 del Código Tributario y concediendo al contribuyente el plazo
de 20 días para presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan su derecho

Dentro el plazo concedido por el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional N°
253100258916 notificado el 22 de diciembre de 2016, el contribuyente mediante nota
presentada ante la Administración Tributaria el 10 de enero de 2017, presentó
descargos señalando que no existe omisión de pago al estar canceladas las
obligaciones impositivas, solicitando la prescripción de la facultad de sanción de la
Administración Tributaria, en aplicación de lo previsto por el artículo 59 de la Ley 2492,
conforme consta a fojas 23-31 de antecedentes administrativos.

Posteriormente la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo N°
391725000130 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017,
resolviendo rechazar la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente
Tecnitron SRL con NIT 1002825021, por las Declaraciones Juradas F-156 con N° de Orden
12316487 (periodo fiscal octubre 2004) y F-500 con N° de Orden 2554217459 (periodo fiscal
diciembre 2010), manteniéndose firme y subsistente el Auto Inicial de Sumario
Contra\/encional N° 253100258916 de 29 de agosto de 2016, por no haberse producido aún el término
del cómputo de la prescripción ni las condiciones establecidas en el artículo 59 y siguientes de la
Ley 2492.

En el contexto anterior, es pertinente considerar que la Administración Tributaria en
ejercicio de su potestad sancionatoria tiene la facultad de imponer sanciones a los
sujetos pasivos por Declaraciones Juradas presentadas que determinan la existencia de una
deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente; no obstante, la normativa tributaria
también establece que este procedimiento debe llevarse a cabo en resguardo de los derechos del
administrado, como la posibilidad de presentar sus descargos conforme lo dispuesto en el
artículo 76 de la Ley 2492, los que deben ser valorados acorde a lo previsto en el
artículo 81 del Código Tributario, es decir, que los descargos ofrecidos deben ser apreciados
conforme a las reglas de la sana critica a fin de cumplir con la debida valoración de los
descargos en apego a la ley, asi como debe estar debidamente fundamentado en un acto
definitivo que establezca la imposición de sanción y en el presente caso determinar
la procedencia o improcedencia de la prescripción, debiendo considerar que esta
instancia recursiva bajo los lineamientos

Pág ina 15 de 19

i ” ! i 1! i
‘, i ‹ i i1 I i

 

 

establecidos en el caso bajo análisis está impedida de realizar el cómputo de la
prescripción toda vez que estos casos están en función a la emisión y notificación de la
Resolución Sancionatoria.

Al efecto corresponde señalar que la RND 10-0037-10 de 14 de diciembre de 2007, artículo
23, inciso 3) señala: La tramitación del procedimiento sancionador se realizara en la forma
y plazos establecidos en el artículo 17 de esta Resolución, correspondiendo al
Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva la elaboración del Auto Inicial de Sumario
Contravencional hasta la Resolución Sancionatoria o Resolución Final del Sumario
según corresponda así también el artículo 17 inciso 3) del mismo cuerpo normativo dispone;
(… ) Vencidos los plazos señalados en el numeral precedente, si hubiere presentado descargos
el sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el actuado analizara su
suficiencia o no, mediante Informe. En caso de resultar suficientes los descargos
presentados o de haber procedido al pago de la sanción, la Resolución Final del
Sumario contendrá como mínimo la siguiente información: a, /\/úmero de la Resolución
Final del Sumario, b. Lugar y fecha de emisión, c. Nombre o razón socia/ del sujeto
pasivo. d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito), e.
Número del Auto inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción, f.
Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentadas
y valoración expresa realizada por la Administración Tributaria y/o el Número de Orden de la
Declaración Jurada con la que se canceló el importe de la mv/la en UFV y su equivalente
en bolivianos a la fecha do pago, según corresponda (. . .), de lo que se establece que
la Administración Tributaria debió valorar los descargos emitiendo una Resolución Final
del Sumario fundamentada y motivada.

Lo señalado precedentemente denota una falta de fundamentación del acto
administrativo impugnado, toda vez que omite pronunciarse sobre los descargos
presentados el 10 de enero de 2017, no obstante el derecho que tiene el particular de que
contar con una la resolución definitiva en el que se exponga los hechos
mencionados y proporcione conclusiones razonadas sobre los mismos, las pruebas producidas
y el derecho aplicable que sirve de fundamento a la decisión asumida por la Administración
Tributaria en el caso considerado, a esto se debe agregar que el acto emitido
Auto Administrativo N° 391725000130 (SIN/GDLPZ
II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017, no se adecua a los preceptos

Pág ina 16 de 19 sis a m i« t
dt la Calidad CeniFwdo 0°EC 7fA1+

 

 

 

 

del procedimiento administrativo de imposición de sanciones por declaraciones juradas
presentadas que determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente.

Es menester también mencionar que la propia Administración Tributaria a momento de responder al
Recurso de Alzada, señaló en la parte pertinente lo siguiente: “. la
Resolución Sancionatoria es el acto definitivo en el que se considerará y valorará los
antecedentes administrativos que informen al mismo, de lo que resulta que la
Administracidn Tributaria cumple con el procedimiento sancionador establecido en la
normativa tributaria, aclarando que dicho actuado recién será emitido por la
Administración Tributaria, en el cual se procederá a evaluar y otorgar un valor
probatorio a cada uno de los alegatos y pruebas presentadas por el contribuyente en su
memorial de descargo presentado en fecha 10 de enero de 2017.. ..”, de acuerdo a lo expuesto se
evidencia que efectivamente el ente fiscal de manera enfática señala que el acto
definitivo se encuentra pendiente de su emisión; sin embargo, contradictoriamente
emite un acto administrativo ahora impugnado (Auto Administrativo N°
391725000130 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017) que no corresponde
al procedimiento sancionador, siendo lo correcto valorar la prueba ofrecida, pronunciarse
sobre la prescripción planteada e imponer sanción si corresponde a través de la
emisión de la correspondiente Resolución Sancionatoria, siendo innecesario la emisión de un
“acto administrativo” como el Auto Administrativo N° 391725000130, cuando en función a las
circunstancias y hechos verificados y en base a un debido proceso, el ente fiscal estaba en la
obligación legal de emitir una Resolución Sancionatoria donde además de
establecer un pronunciamiento respecto a los descargos presentados por el ahora
recurrente debió también determinar la procedencia o improcedencia de la extinción por
prescripción, hecho que evidentemente omitió en el caso bajo análisis, emitiendo un acto
que no concibe el procedimiento sancionador dispuesto por el artículo 168 de la Ley
2492 y RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, hecho irregular que vulnera derechos
del debido proceso lo que ocasiona la nulidad obrados.

En respaldo de lo señalado, se tiene que la potestad administrativa sancionadora del Estado,
se trasluce en la facultad de la Administración Pública para imponer sanciones a través de un
procedimiento administrativo, ya sea privando de un bien o imponiendo un deber al administrado;
al respecto, la Sentencia Constitucional 0042/2004 de 22 de

Página 17 de 19

 

 

abril, señaló que: “…toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito
jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los
derechos inherentes a la garantia óel debido proceso, entre los cuales se encuentra el
derecho a la defensa, gue implica a su vez, entre otros elementos, la notificación
legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las
actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas
tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro
actione o a la impugnación, asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona
directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la Iey y ante su
juzgador, al juez natural y a la seguridad juridica. . .

En ese contexto se infiere que el debido proceso en su elemento y resguardo del
principio de legalidad, es cimiento de la seguridad jurídica, su asidero constitucional se
encuentra en el artículo 410 de la CPE, refrendando la supremacía constitucional como la cúspide
del ordenamiento jurídico boliviano y la jerarquía normativa correspondiente, a la cual, todos
los Órganos o Poderes del Estado deben someterse. En tal sentido, el principio de legalidad,
es la aplicación objetiva de la Ley, propiamente dicha, a los casos en que deba
aplicarse, evitando así una libre interpretación o aplicación caprichosa de la norma.

De acuerdo a los extremos antes mencionados se llega a la conclusión que en el
presente caso la Administración Tributaria no observó adecuadamente el debido
proceso, toda vez que al instaurar el procesamiento sancionador con el Auto Inicial de Sumario
Contravencional N° 253100258916 notificado el 22 de diciembre de 2016, este no concluyó
con emisión de la correspondiente Resolución Sancionatoria de manera fundamentada y
motivada privando al sujeto pasivo no solo de la falta de valoración de sus descargos,
sino del derecho a conocer un acto definitivo de acuerdo a los artículos 17 y 23 de la RND
10-0037-10 de 14 de diciembre de 2007, viciando asi de nulidad el procedimiento sancionador
previsto en el artículo 168 de la Ley 2492, consecuentemente corresponde anular el
Auto Administrativo N° 391725000130 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto
de 2017, debiendo la Administración Tributaria emitir el acto administrativo
correspondiente sobre la procedencia o improcedencia de la imposición de sanción de
acuerdo a la normativa vigente a momento de la emisión del acto administrativo impugnado.

 

Pagina 18 de 19

AIT**-
ArionM›,sn Rrri‹›H4i nr lun cxnciox Tnior’r1ni1

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre
de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del
Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141 del DS. 29894;

RESUELVE:
PRIMERO: ANULAR, el Auto Administrativo N° 391725000130 (SIN/GDLPZ
II/DJCC/TJ/AUTA/00095/2017) de 21 de agosto de 2017, emitido por la Gerencia Distrital
La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Tecnitron SRL,
representada legalmente por Mario Aruquipa Luna; consecuentemente, la
Administración Tributaria debe emitir el acto definitivo en relación a la procedencia o
improcedencia de la sanción, en la que incluya la aceptación o rechazo de la
prescripción solicitada por el sujeto pasivo.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo 115 de la
Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme
establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio
para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de
Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con
nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la
interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días
computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase

 

 

RCVDgcgr/rms/vIqr/lcep/rgz