ARIT-LPZ-RA-1430-2017 Resolución Sancionatoria confirmada por no corresponder la prescripción ante las sanciones impuestas por el fisco

ARIT-LPZ-RA-1430-2017

AUTORIDAD BE6I0NAL DE

 

Es ta do Piura nac ionaI  de  BoI i v i a

 

 

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1430/2017

 

Recurrente:                           Victor Cárdenas

 

Administración Recurrida:    Gerencia   Distrital   La  Paz  I   del   Servicio   de

Impuestos  Nacionales,  legalmente  representada por Iván Arancibia Zegarra

 

 

Acto Impugnado:

 

 

 

Expediente: Lugar y Fecha:

Resolución       Sancionatoria       181720000835 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/PAAJ/RS/00310/2017)

 

ARIT-LPZ-0984/2017

 

La Paz, 22 de diciembre de 2017

 

VISTOS:

 

El  Recurso  de  Alzada,  el  Auto  de  Admisión,  la  contestación  de  la  Administración

Tributaria  Recurrida, el Auto de apertura  de plazo probatorio,  las pruebas  ofrecidas  y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-LPZ  N°  1430/2017  de  21  de  diciembre  de  2017,  emitido  por  la  Sub Dirección

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

 

I.ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La            Resolución            Sancionatoria            181720000835            (SIN/GDLPZ-

I/DJCC/TJ/PAAJ/RS/00310/2017)  de  24  de  abril  de  2017,  emitida  por  la  Gerencia Distrital

La   Paz   I   del  Servicio   de  Impuestos   Nacionales,   resolvió   sancionar   al

contribuyente Víctor Cárdenas con NIT 2110326017, en aplicación de los artículos 150 de la Ley

2492, 1 y 2 de la RND 10-0047-05, el 15 de la RND 10-0004-10, la Disposición Final Cuarta del

Capítulo X de la RND 10-0016-07 con 8 multas, cada una de 200 UFV’s de los periodos fiscales

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011, en aplicación del Anexo sub

numeral 4.2 de la RND 10-0037-07 y con 2 multas de 500 UFV’s  por  los periodos  fiscales  octubre

y noviembre  de  2011,  en aplicación  del

 

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae ‹r    ^

 

 

 

 

Anexo I, sub numeral 3.1 de la RND 10-0033-16,  por el incumplimiento al deber formal de “No envío

de Libros de Compra y Venta IVA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda,  conforme

normativa  específica’,  totalizando  las  10  multas  un monto  de 2.600 UFV’s.

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Víctor  Cárdenas,  mediante  notas  presentadas  el  15  y  26  de  septiembre  de  2017, cursantes

a  fojas  6-9  y  12  de  obrados  presentó  Recurso  de  Alzada  expresando  lo siguiente:

 

Fue  notificado  el  24 de  abril  de  la  presente  gestión  con la Resolución  Sancionatoria

impugnada,  pretendiendo  sancionar  por no presentar  los Libros de Compras  y  Ventas por  los

periodos  fiscales  de  febrero  a  noviembre  2011,  con una  multa  total  de  2.600 UFV’s;  en

ese  contexto,  refiere  lo  dispuesto  en  el  artículo  162  de  la  Ley  2492  que sanciona el

incumplimiento a los deberes formales, no obstante, conforme lo establecido en los artículos 59 de

la citada Ley y el 5 del DS 27310, referidos a la prescripción  y su cómputo,  se tiene que al

momento de ocurrido el hecho generador  en la gestión 2011, este deber formal habría prescrito el

31 de diciembre de 2015, para los referidos periodos fiscalizados.

 

En atención a que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 140995007632  le fue notificado

recién  el  27  de  octubre  de 2016,  es  decir,  10 meses  después  de  haberse extinguido  sus

obligaciones  tributarias,  conforme  consta a fojas 2, primer párrafo de la Resolución

Sancionatoria   impugnada,  que  le  fue  notificada  el  28  de  agosto  de  la presente gestión,

sobrepasando  todos los periodos establecidos para su emisión.

 

Indica  que  la  retroacti\/ldad,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  123  de  la

Constitución  Politica  del Estado y el 150 de la Ley 2492, normativa  que se encontraba vigente  a

momento  de  ocurrido  el  hecho  generador,  la  acción  del  ente  fiscal  se encontraría

prescrita, por ello, no corresponde  su observación siendo que sobrepaso el tiempo de la

prescripción;  asimismo,  señala que no se aplicaría  la retroactividad de las modificaciones a la

Ley 2492, por ser posteriores  al hecho generador;  al efecto, cita la

 

 

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL OE

IaPusxaciox TRieuTaRix

 

 

Sentencia  del Tribunal  Constitucional Plurinacional  1169/2016-S3  de 26 de noviembre de 2016.

 

Otro agravio referido, es respecto a que dentro de las fuentes del derecho de acuerdo al artículo

5  de  la  Ley  2492,  no  se  encuentra  ninguna  “teoria“  por  ello,  no  debería considerarse

la misma para interpretar la normativa tributaria.

 

Conforme   a  los  argumentos   expuestos,   solicita   revocar   totalmente   la  Resolución

Sancionatoria  181720000835  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/PAAJ/RS/0310/2017)  de  24  de

abril de 2017.

 

 

11.2. Auto de Admisión

El Recurso  de Alzada  interpuesto  por Víctor Cárdenas, fue admitido mediante  Auto de 28 de

septiembre de 2017, actuación que fue notificada personalmente al recurrente  e\ 5 de octubre de

2017 y mediante cédula a la Administración Tributaria recurrida el 5 de octubre de 2017; fojas

13-18 de obrados.

 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La  Gerencia  Distrital  La  Paz  I  del  Servicio  de  Impuestos   Nacionales   legalmente

representada  por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución Administrativa de

Presidencia   N°  031700001413   de  29  de  septiembre   de  2017,  por  memorial presentado  el

20  de  octubre  de  2017,  cursante  a fojas  19-25  de  obrados,  respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:

 

Alega  que  la  prescripción  solicitada  es  improcedente,  toda  vez  que  el  contribuyente

intenta  forzar  la  norma  a  sus  intereses  en  desconocimiento  de  lo  establecido  en  el

artículo 59 de la Ley 2492, que fue modificado por la Disposición  Adicional Quinta de la Ley  291

y  de  manera  posterior  por  la  Disposición  Adicional  Décima  Segunda  y  la Disposición

Derogatoria  y Abrogatoria  Primera de la Ley 317, así también el artículo 60 parágrafo II de la

Ley 2492 fue modificado.

 

En ese entendido,  se tiene que el cómputo de la prescripción fue iniciado el 1 de enero de  2012,

para  los  periodos  fiscales  febrero,  marzo  abril,  mayo,  junio,  julio,  agosto,

 

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

septiembre,  octubre  y  noviembre  2011,  en  atención  a  que  el  tiempo  para  imponer

sanciones es de 9 años, siendo que el cómputo de la prescripción  se inició el 1 de enero de 2012 y

concluiría el 31 de diciembre de 2020, no obstante, se debe considerar que la Resolución

Sancionatoria fue notificada el 28 de agosto de 2017, lo que interrumpió  el referido cómputo, por

ello, no ocurrió la prescripción,  al efecto realiza un cuadro y cita a lo establecido en la

Resolución de Recurso Jerárquico  AGIT-RJ 1413/2013

 

Indica que las Leyes  291 y 317, no pueden afectar  a derechos  ya adquiridos,  aspecto que

implicaría una aplicación retroactiva de la Ley, sin embargo, si pueden afectar a las situaciones

de expectativa o llamados derechos expectativos que aún no se consolidaron por  estar  pendientes

de  cumplimiento;   asimismo,   señala  que  la   discusión   de  la constitucionalidad o no del

artículo 51 de la Ley 2492, no es competencia del ente fiscal, así lo indicó la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013.

 

De  manera  errónea  el  administrado   interpreta   la  rafio  decidendi  de  la  Sentencia

Constitucional  Plurinacional   1169/2016-S3,   cuyo  pronunciamiento  es  respecto  a  la correcta

valoración efectuada, en relación a la vulneración o no de principios y garantías constitucionales

a efectos de conocer o no una tutela solicitada, sobre la existencia  o no de lesión  al debido

proceso  en su elemento  de la  fundamentación y congruencia;  es decir, que no refiere  a  una

situación  que implique  pronunciarse  sobre  la  aplicabilidad misma de la norma invocada, como lo

es el presente caso, concerniente a la aplicación de las modificaciones establecidas  al Código

Tributario, más aun considerando  que el control  de  la  legalidad  es  atribución  de  los

Tribunales  Jurisdiccionales  Ordinarios,  al efecto, menciona a la Sentencia Constitucional N°

0237/2017-S3.

 

Manifiesta que en atención a lo dispuesto en el articulo  5 de la Ley 2492, referido  a las fuentes

del derecho  tributario,  se  debe  tener  presente  que  la  interpretación de  la  Iey consiste

en  establecer  algún  sentido  de  las  normas  jurídicas  que  forman  el  derecho Iegislado; por

ello, indica que la teoría actual considera  que las leyes  tributarias  tienen carácter

ordinario,  con la misma  jerarquia  que las demás,  en ese entendido,  las leyes tributarias  se

encuentran sujetas a los mismos criterios y métodos interpretativos que el resto de las leyes del

ordenamiento  jurídico, es decir, la finalidad de la ley, siendo que si corresponde  recurrir a

cualquier método admitido en derecho y no es prohibido el de las

 

 

 

 

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teorías  establecidas  por  medio  de  la  doctrina  tributaria,  conforme  lo  dispuesto  por  el

artículo 8 de la Ley 2492.

 

Finaliza solicitando  se resuelva bajo el principio de congruencia, en el entendido de que el

contribuyente  solamente  pidió  la  prescripción  de  los periodos  fiscales  de  febrero  a

noviembre de 2011, en aplicación de lo establecido  en los artículos 198 inciso e) y 211 del Código

Tributario,  lo contrario,  constituiría  en una  vulneración  a  los derechos  a la defensa y el

debido proceso del Servicio de Impuestos Nacionales, previsto en el artículo 115 parágrafo II de la

Constitución Politica del Estado, al efecto, refiere a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0135/2011 de 28 de febrero de 2011 y a las Sentencias Constitucionales Nos. 1312/2003-R  de 9 de

septiembre de 2003 y 0471/2005-R  de 28 de abril de 2005.

 

Conforme a los fundamentos  expuestos,  solicita confirmar  la Resolución Sancionatoria

181720000835 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/PAAJ/RS/0310/2017) de 24 de abril de 2017.

 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 23 de octubre de 2017, se procedió a la apertura del término de prueba de  veinte

(20) días comunes  y perentorios  a ambas partes,  en aplicación  del inciso d) del  artículo  218

del  Código  Tributario,  actuación  notificada  por  Secretaría  tanto recurrente como a la

Administración Tributaria recurrida el 25 de octubre de 2017; fojas 26-27 de obrados.

 

Dentro  el  término  probatorio  aperturado  por  esta  Instancia  de  Alzada,  la  Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el   7   de

noviembre   de   2017,   ofreció,   propuso,   reprodujo   y   ratificó   las   pruebas

documentales presentadas a momento de responder al Recurso de Alzada, consistentes en los

antecedentes  administrativos; al efecto, se emitió el Proveído de 7 de no\/iembre de 2017, que

dispuso por ratificada la prueba documental señalada en el memorial que antecede; fojas 28-30 de

obrados.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Jan mit’ayir  ach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerep  Vae

 

 

 

 

II.5. Alegatos

Conforme a las previsiones del parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario,  tanto la

Administración Tributaria, como el recurrente no formularon alegatos en conclusiones.

 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El  Auto  Inicial  de  Sumario  Contravencional  N°  00140995007632 de  29  de  agosto  de 2016,

dispuso el inicio del proceso de sumario  contravencional contra  Víctor  Cárdenas de conformidad

a lo previsto  en el artículo  168 de la Ley  2492, al haberse  constatado que el contribuyente  no

presentó  la información  del Libro de Compras  y Ventas IVA  a través del Software Da Vinci,

Modulo LCV de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo,  junio,  julio,  agosto,

septiembre,  octubre  y  noviembre  2011,  toda  vez  que  la conducta  señalada  se  constituye

en  incumplimiento  al  deber  formal  previsto  en  los artículos 1 y 3 de la RND 10-0047-05,

sancionado con el sub numeral 4.2 de la RND 10- 0037-07 para  los periodos fiscales  de febrero,

marzo, abril, mayo,  junio, julio, agosto  y septiembre 2011, con una multa de 200 UFV’s por cada

periodo fiscal incumplido;  y, en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492 se sanciona con el sub

numeral 3.1 del Anexo I de la RND 10-0032-15, para los periodos fiscales de octubre y noviembre

2011 con una multa  de  1.000  UFV’s  por  cada  periodo  fiscal  incumplido,  haciendo  un  total

de  3.600 UFV’s; actuación administrativa notificada  de manera personal al contribuyente el 27 de

octubre de 2016; fojas 1-2 de antecedentes administrativos.

 

La       Administración       Tributaria       mediante       Informe       CITE:       SIN/GDLPZ-

I/DF/PAISC/INF/08796/2016  de 30 de noviembre  de 2016, concluyó  y recomendó  que considerando

que  el  plazo  de  20  dias  que  se  otorgó  en  el  Auto  Inicial  de  Sumario Contravencional

N° 00140995007632 de 29 de agosto de 2016, se encuentra cumplido y que el contribuyente no presentó

descargos válidos que hagan el derecho a su defensa y  tampoco  canceló  la  multa;  por  ello,

corresponde  la remisión  del presente  trámite  al Departamento   Jurídico   a   fin  de

continuar   con  el  proceso   correspondiente   y   de conformidad  a  lo  dispuesto  en  el

articulo  10,  inciso  3).  Proceso  3.2.  Inexistencia  o insuficiencia   de  descargos   de  la

RND  10-0031-16;   fojas  10-11   de  antecedentes administrativos.

 

 

 

 

 

 

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IuPusxAciéx TRleuTARia

 

 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución

Sancionatoria  181720000835  (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/PAAJ/RS/0310/2017)  de  24  de abril  de  2017,

que  resolvió   sancionar   al  contribuyente   Víctor   Cárdenas   con  NIT 2110326017, en

aplicación de los artículos 150 de la Ley 2492, 1 y 2 de la RND 10-0047- 05, el 15 de la RND

10-0004-10, la Disposición Final Cuarta del Capítulo  X de la RND 10-0016-07 con 8 multas, cada una

de 200 UFV’s de los periodos fiscales febrero, marzo, abril,  mayo,  junio,  julio,  agosto  y

septiembre  de  2011,  en  aplicación  del  Anexo  sub numeral 4.2 de la RND 10-0037-07 y con 2

multas de 500 UFV’s de los periodos fiscales octubre y noviembre de 2011, en aplicación del Anexo

I, sub numeral 3.1 de la RND 10- 0033-16,  por  el  incumplimiento al deber  formal  de “No envio

de  Libros  de Compra  y Venta  IVA  por  periodo  fiscal  o  gestión  anual  según  corresponda,

conforme  normativa especifica”,  totalizando  las 10 multas por el monto de 2.600 UFV’s; acto

administrativo notificado mediante  cédula al contribuyente el 28 de agosto de 2017; fojas 12-14 y

23- 27 de antecedentes administrativos.

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del

Código  Tributario,  revisados  los antecedentes  administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación  presentada en el término probatorio

como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva  y en consideración al Informe Técnico

Jurídico emitido de conformidad  al artículo 211-III de la Ley 3092.

 

La  Autoridad  Regional  de  Impugnación  Tributaria  La  Paz,  se  abocará  únicamente  al

análisis de los agravios manifestados por Víctor Cárdenas; la posición final se sustentará acorde

a  los  hechos,  antecedentes  y  el  derecho  aplicable  en  el  presente  caso,  sin ingresar  a

otros aspectos  que no fueron objeto de impugnación  o que no se hubieran solicitado durante su

tramitación ante esta Instancia Recursiva.

 

  1. 1. Prescripción

Víctor  Cárdenas  en su Recurso  de Alzada  señala  que conforme lo establecido  en los artículos

59 de la Ley 2492  y 5 del DS 27310,  se tiene que al momento de ocurrido  el hecho generador en la

gestión 2011, su deber formal habría prescrito el 31 de diciembre

 

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachia

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

de 2015, para los referidos periodos fiscalizados de febrero a noviembre 2011; al efecto, cita  a

la  Sentencia  del Tribunal  Constitucional  Plurinacional  1169/2016-S3  de  26  de noviembre  de

2016;  asimismo,  señala  que  no  se  aplicaría  la  retroactiVldad  de  las modificaciones a la

Ley 2492, por ser posteriores  al hecho generador  de acuerdo  a lo dispuesto  en los  artículos

123 de la  Constitución  Política  del Estado  y 150 de la  Ley 2492; asimismo, alega que dentro de

las fuentes del derecho de acuerdo al artículo 5 de la  Ley  2492,  no  se encuentra  ninguna

“teoría”  por  lo que no  deberia  considerarse  la misma para interpretar la normativa

tributaria.

 

La Administración Tributaria señala que la prescripción solicitada es improcedente,  toda vez que

el contribuyente desconoce lo establecido en el artículo 59 de la Ley 2492, que fue modificado  por

las Leyes  291 y 317, siendo que el cómputo de la prescripción  fue iniciado el 1 de enero de 2012,

para los periodos fiscales febrero a noviembre 2011 y el tiempo para imponer sanciones es de 9

años, por ello, concluiría el 31 de diciembre de 2020, no obstante, la Resolución Sancionatoria

impugnada fue notificada el 28 de agosto de 2017, interrumpiendo el referido cómputo;  enfatiza

que la  Sentencia  Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3,  no refiere a una situación que

implique pronunciarse sobre la aplicabilidad  misma  de la norma  invocada,  como  lo es el

presente  caso; asimismo, indica que las modificaciones efectuadas con las Leyes 291 y 317, no

pueden afectar a derechos ya adquiridos y señala que si corresponde recurrir a cualquier método

admitido en derecho  y no es prohibido  el de las  teorías  establecidas  por  medio de la doctrina

tributaria, conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 2492; al respecto, corresponde efecto

el siguiente análisis:

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

  1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
  2. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  3. Determinar la deuda tributaria.
  4. Imponer sanciones administrativas.
  5. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.
  6. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

 

 

 

 

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AUTORIDAD R£6I0NAL  DE

 

Es ta dn  PI ur mocion al  de  B oliv’a

 

 

III.   El término  para eiecutar las sanciones  por contravenciones tributarias prescribe  a los

dos (2) años.

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el articulo 59

de la Ley 2492, estableciendo:

  1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión

2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, sie/e

(7)  años en la gestión 2015,  ocho (8) años en la gestión 20a 6, nueve (9) años en la gestión 2017

y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.

 

El periodo de prescripción,  para cada año establecido  en el presente  parágrafo,  será respecto

a las  obligaciones  tributarias  cuyo  plazo  de vencimiento  y  contravenciones tributarias

hubiesen ocurrido en dicho año.

  1. Los términos de prescripción precedentes se amp/iarán en fres í3} años adicionales cuando el

sujeto  pasfv’o  o  fercero  responsable  no  cumpliera  con  la  obligación  de inscribirse en los

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por coníravenciones tributarias prescribe a los cinco

(5) años.

  1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

 

La Ley 317 de 11 de diciembre  de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo  59

de la Ley 2492, y modificó el artículo 60 parágrafos  I y ll  de la Ley  2492, manteniéndose el

parágrafo III, de la siguiente forma:

  1. Excepto en  el  Numeral  3  del  Parágrafo  I  del  Artículo  anterior,  el  término  de  la

prescripción  se computará  desde  el  primer  día del  año  siguiente  a aquel  en  que  se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

  1. En e/ supuesto 3 del Parágrafo I de/ Articulo anterior, el término se computará desde el primer

dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

 

 

 

 

III. En el supuesto del parágrafo III del Articulo anterior, el término se computará desde el

momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria.

 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59,

parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: l. Las acciones de la Administración

Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para:

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.
  4. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el

sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros

pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde,  incurra en

delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en paises de baja o nula

tributación.

 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo  con

la  Resolución  Determinativa.  b)  El  reconocimiento expreso  o  tácito  de  la obligación  por

parte  del  sujeto  pasivo  o  tercero  responsable,  o  por  la  solicitud  de facilidades de

pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir  del

primer dia hábil del mes siguiente  a aquél en que se produjo la interrupción.

 

El  artículo  62  del  Código  Tributario,  en  relación  a  las  causales  de  suspensión  de  la

prescripción, dispone: El curso de la prescripción se suspende con.’ I. La notificación de inicio

de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de  recursos

administrativos  o  procesos  judiciales   por  parte  de/  contribuyente.  La suspensión se inicia

con la presentación  de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción  formal  del

expediente  por  la Administración Tributaria  para la ejecución del respectivo fallo.

 

 

 

 

 

 

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Es ta do Plur nnciona I  de  B ot iv’a

 

 

Es necesario puntualizar que Víctor Cárdenas, en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó

declarar  la  prescripción;  sin  embargo,  ésta  petición  no  fue  con  antelación absuelta por

la Administración Tributaria, toda vez que el acto administrativo impugnado trata de una Resolución

Sancionatoria emergente de un Sumario Contravencional y no de una respuesta a la extinción de la

deuda tributaria; no obstante, la posición que asuma esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria debe estar abocada y enmarcada a dar una respuesta  oportuna  a todas  y cada una de las

invocaciones  plasmadas  en la impugnación, así como en hechos, antecedentes y en el derecho

aplicable, conforme el artículo 211 del Código Tributario.

 

Bajo ese contexto, se procederá a efectuar el análisis de la impugnación presentada para establecer

si  la  facultad  de  la  Administración Tributaria  para  imponer  la  sanción  se encuentra  o

no dentro del plazo de la prescripción;  habrá que también hacer mención que el Servicio  de

Impuestos  Nacionales  en su memorial de respuesta  a la presente impugnación asume una posición

respecto a la problemática  en cuestión; esto implica, que  dio  su  consentimiento  a  todos  los

argumentos  expuestos  por  el  recurrente, rechazando  su  petición  sin  que  anteponga  ninguna

otra  circunstancia  que  evite  la revisión del acto administrativo impugnado; consecuentemente,

esta Instancia Recursiva procederá a emitir un criterio por un principio de eficacia y economía

conforme lo dispone el artículo 4, incisos j) y k) de la Ley 2341, aplicables en el presente caso

por expresa disposición  del  artículo  201  de  la  Ley  3092,  respecto  a  todos  los

planteamientos formulados por el administrado.

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que el Ente Fiscal a través de

la         Resolución         Sancionatoria          181720000835         (SIN/GDLPZ-

I/DJCC/TJ/PAAJ/RS/Q310/2017)  de  24  de  abril de  2017, resolvió  sancionar  a  Víctor Cárdenas

con la multa total de 2.600 UFV’s  por el incumplimiento al deber formal de presentar los Libros de

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV correspondiente a los periodos

fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre

2011, acto administrativo que precisamente es objeto de impugnación ante esta Instancia Recursiva,

bajo el argumento principal de que las facultades  del ente fiscal se encuentran prescritas

considerando  que los periodos fiscalizados  de febrero  a noviembre  de 2011,  estaban  sujetos

al plazo de 4 años: es

 

 

 

 

decir, con la Ley 2492 sin modificar, así como el hecho de que no existieron causales de

interrupción,   ni  suspensión;  en  ese  entendido,  nuestro  análisis  se  circunscribirá  a

verificar  si la  facultad  de sancionar  de la  Administración Tributaria  se encuentra  o  no

prescrita.

 

Es importante aclarar que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 00140995007632 de 29 de agosto de 2016, sancionado  con el sub numeral  4.2 de

la RND 10-0037-07  para los periodos  fiscales  de febrero,  marzo,  abril, mayo, junio, julio,

agosto y septiembre de la gestión 2011, con una multa de 200 UFV’s por cada periodo fiscal

incumplido;  y, en aplicación  del artículo 150 de la Ley 2492  se sanciona  con el sub numeral 3.1

del Anexo I de la RND 10-0032-15,  para los periodos fiscales de octubre  y noviembre  2011 con una

multa de 1.000 UFV s por cada periodo fiscal incumplido, haciendo un total de 3.600 UFV’s; sin

embargo, dentro el término para la presentación de descargos, el administrado no presento descargos

ante el Servicio de Impuestos Nacionales.

 

Hechas las precisiones mencionadas, resulta necesario establecer que la Administración Tributaria

tiene  amplias  facultades  para  controlar,  in\/estigar,  verificar,  comprobar  y fiscalizar

tributos,  así  como  para  determinar  la  deuda  tributaria,  imponer  sanciones administrativas

y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas

facultades  se encuentran  condicionadas  a un determinado  tiempo; es decir, no está sujeto a un

plazo indeterminado.

 

Considerando  que  la problemática  que nos ocupa está  vinculada  a dilucidar  la posible

extinción de la obligación tributaria ante la inactividad del ente fiscal, es necesario indicar que

la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u  obligación

por  el  transcurso  del  tiempo;  en  la  legislación   tributaria   nacional  se constituye  en

un  medio  legal  por  el  cual  el  sujeto  pasivo  adquiere  el  derecho  de  la dispensa  de  la

carga  tributaria  por  el transcurso  del  tiempo;  asimismo,  es  pertinente hacer  hincapié  en

este  caso  que  la  prescripción  extintiVa,  constituye  una  categoría general  del  derecho,

cuya  finalidad  es  poner  fin  a  un  derecho  material,  debido  a  la inactividad  de  quien

pudiendo  ejercer  ese derecho  o facultad  no  lo  hace.  En materia tributaria,  la  prescripción

extintiva  se  presenta  cuando  la  Administración  Tributaria

 

 

 

 

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permanece   inactiva   durante   un  determinado   lapso  de  tiempo,   a  cuyo  plazo   y/o

vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar,  verificar, comprobar, fiscalizar

tributos,  determinar  la  deuda  tributaria  e imponer  sanciones  administrativas:  bajo  ese

parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

 

En el contexto antes mencionado, es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue

modificado  mediante   Ley   291  de  22  de  septiembre   de  2012,  estableciendo textualmente

que las acciones  de la Administración Tributaria  prescribirán a los cuatro

(4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014,

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en  la  gestión

2017  (…),  para:  i)  controlar,  investigar,                 comprobar  y  fiscalizar

tributos,  ii)  determinar  la  deuda  tributaria  e  iii)  imponer  sanciones  administratÍVáS;

asimismo, se debe considerar que la citada Ley es de cumplimiento obligatorio en todas las

instancias  administrativas  y  cuenta  con  la  presunción  de  constitucionalidad  de conformidad

al artículo 5 de la Ley 027, que dispone: “Se presume la constitucionalidad de  toda  norma  de

los  Órganos  del  Estado  en todos  sus  niveles,  en  tanto  el  Tribunal Constitucional

Plurinacional no declare su inconstitucionalidad.

 

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012,

excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del articulo 59 de la Ley 2492,

modificado por la Ley 291, referido  a que el periodo de prescripción,  para cada  año  establecido

en  el  presente  parágrafo,  será  respecto  a  las  obligaciones tributarias cuyo plazo de

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho  año;  de  igual  forma,  la

mencionada  Ley  317  modificó  los  parágrafos  I  y  ll  del artículo 60 de la Ley 2492,

previamente modificados  por la citada Ley 291, que ahora refiere  que  el  término  de  la

prescripción  se  computará  desde  el  primer  día  del  año siguiente a aquel en que se produjo

el vencimiento del período de pago respectivo.

 

En el contexto anterior, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, dispone que el cómputo de  la

prescripción  cuenta  con  un efecto  progresivo;  esto implicaba,  que en la  gestión 2012,  las

acciones  del ente fiscal se extinguían  en cuatro años; en la gestión  2013 en cinco años; en la

gestión 2014 en seis años; en la gestión 2015 siete años; en la gestión 2016 ocho años; en la

gestión 2017 nueve años, hasta concluir con la gestión 2018, cuyo

 

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien

J an mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

 

 

 

 

cómputo  de la prescripción  se extendía  en diez años;  sin embargo,  el  30 de junio  de 2016, se

puso en Vigencia  la Ley 812, que modificó  sustancialmente el parágrafo  I del artículo 59 de la

Ley 2492, estableciendo  de forma única y definitiva que el cómputo de la prescripción de las

acciones de la Administración Tributaria prescriban a los ocho (8) años,  las  facultades  para:

  1. Controlar, investigar,  verificar,  comprobar  y  fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda

tributaría.  3. Imponer  sanciones administrativas, lo que muestra de manera expresa la

concurrencia  de determinaciones legales que benefician al  administrado,  en  concordancias  con

el  artículo  123  de  la  Constitución  Política  del Estado  Plurinacional  y  el  artículo  150

del  Código  Tributario,  toda  vez  que  el  efecto progresivo  del cómputo de la prescripción

dispuesto por la Ley 291 que modificó en su momento el artículo 59 de la Ley 2492, fue derogado con

la puesta en vigencia de la Ley 812  de  30  de  junio  de  2016,  norma  legal  que  determina

efectivamente  y  de  manera absoluta una disminución del cómputo de la prescripción a 8 años.

 

Bajo el lineamiento  legal anterior,  en el campo  administrativo tributario,  esencialmente en las

decisiones  que  debe  emanar  por  autoridades  revisoras  de  actos  en el  ámbito impositivo,

este debe actuar de acuerdo al principio de sometimiento  pleno a la Iey y al Derecho;  en  ese

contexto,  las  funciones  y  atribuciones  de  la  Autoridad  Regional  de Impugnación

Tributaria,   están   enmarcadas   esencialmente   al   acatamiento   de   las disposiciones

\/igentes  de  carácter  general;  el principio  de legalidad  para  la  Autoridad Regional  de

Impugnación  Tributaria  está  circunscrita  a  resolver  controversias  cuya motivación y

fundamentación esté descrita en la Ley y normas reglamentarias; es decir, que  las  decisiones  se

deben  expresar  de  forma  positiva  y  precisa  de  las  cuestiones planteadas  y  no  en

interpretaciones  cuya  labor  efectiva  está  asignada  al  Tribunal  de Garantías

Constitucionales, conforme al artículo 2 de la Ley 254.

 

Sobre temas análogos, el Tribunal Constitucional Plurinacional  emitió pronunciamientos expresos

como la Sentencia  Constitucional Plurinacional 1635/2014 de 19 de agosto  y la Sentencia

Constitucional N° 1464/2004-R  de 13 de septiembre,  señalando  respecto del principio  de

legalidad  como  uno de aquellos  que  rigen  la  actividad  administrativa, que:  ‘… las

autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución,  a la ley y al derecho

dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a IOS fines que les fueron

conferidos. Este principio está reconocido en el articulo 4 inc. c) de la Ley

 

 

 

 

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AUTORIDAD BE6IONAL  DE IMPUGNACIÓN 7RIBUTABIA

 

 

de Procedimiento  Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del

artículo  201  del  Código  Tributario,  precepto  legal  que  señala:  ’La  Administración Pública

regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el   debido

proceso”.   Habrá   que   también   señalar   que   la   Autoridad   Regional   de Impugnación

Tributaria La Paz, por disposición expresa del artículo 197, parágrafo II de la Ley 2492, no es

competente para realizar el control de constitucionalidad de normas, toda  Vez  que  por  imperio

de  la  Ley  027  y  el Código  Procesal  Constitucional,  en sus articulos 5 y 4, respectivamente,

presumen la constitucionalidad de toda Ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado

en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional declare su

inconstitucionalidad.

 

En el contexto  anterior,  la aplicabilidad  de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está en función

a su vigencia, lo que implica que los actos administrativos emitidos y notificados estarán  sujetos

a  la  misma;  disposición  legal  que  establece  que  las  acciones  de  la Administración

Tributaria  para imponer  sanciones  administrativas prescribirán  a los  8 años;   en  el  caso

que  nos  ocupa,   se  advierte   que  la  Resolución   Sancionatoria 181720000835

(SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/PAAJ/RS/00310/2017) fue emitida el 24 de abril de 2017 y notificada 28 de

agosto de 2017; es decir, en vigencia precisamente de la Ley 812, término que será computable desde

el primer día del año siguiente a aquel en que se  cometió  la  contravención  tributaria,  cuyo

plazo  máximo  para  el  cómputo  de  la prescripción es de 8 años de forma única y definitiva.

 

En atención a lo señalado, con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de imponer

sanciones administrativas, de conformidad al artículo 60 parágrafo ll de la Ley 2492, se inicia:

“….desde el primer día del año siguiente  a aquel en que se cometió la contravención tributaria”;

en ese entendido, para el presente caso, de acuerdo al marco legal señalado, respecto a la sanción

por el incumplimiento al deber formal de presentar la infomación  de los Libros de Compras  y

Ventas IVA a través del Software  Da Vinci, Módulo LCV de los periodos fiscales de febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2011, con vencimiento de

presentación en marzo, abril, mayo,   junio,  julio,   agosto,   septiembre,   octubre,   noviembre

y  diciembre   de  2011, respectivamente,  dentro   el  plazo   de  3  días  hábiles

computables   a  partir   de  la presentación  de la DDJJ del impuesto correspondiente de acuerdo

con el último dígito

 

 

 

 

de su NIT el cómputo de la prescripción inicio el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre

de 2019; por lo expuesto, se tiene que la prescripción invocada por el ahora recurrente  en

relación  a la  facultad  de la  Administración Tributaria  para  sancionar  la obligación

tributaria incumplida,  no se encuentra materializada, debido a que la misma fue ejercitada dentro

de plazo leqal.

 

En  relación  a  la  Sentencia  Constitucional Plurinacional  No.  1169/2016-S3  de  26  de octubre

de  2016,  invocada  por  el  recurrente  en  su  Recurso  de  Alzada;  corresponde señalar  que

la  citada  Sentencia  Constitucional  Plurinacional,  establece  de  manera expresa  que.   . .

.no  existe  duda  sobre  la  constitucionalidad  de  las  Leyes  291  y  317, criterio  que  es

compartido  por  esta  Sala,  pues  tratándose  de  una  interpretación  de legalidad corresponde

que la Autoridad  Tributaria,  determine que norma debe aplicarse al  caso  concreto,  tomando  en

cuenta como  escala  interpretativa  al  articulo  123  de la CPE,  que  en  definitiva  en  el

Estado  Constitucional  orienta  la  actividad  de  todos  los órganos de poder’.

 

En  el  acápite  posterior  al  fallo  señaló  lo  siguiente:  “…  no  se  pronunció  de  manera

fundamentada,  sobre el conflicto de aplicación de la Ley en el tiempo, si la aplicación de la Ley

291 que modifica el término de prescripción debe aplicarse a hechos sucedidos el 2010 o debe

aplicarse de forma ultractiva el Código Tributario Boliviano, cuyo argumento se limita  a

manifestar  que ’ . . .el 7 de diciembre  de 2010.  ir/iciándose  el computo  de la prescripción

el 8 de diciembre de 2010, concluyendo  el 8 de diciembre de 2015,  plazo en el cual al

Administración Aduanera tenía la facultad de efectuar el cobro de la sanción ‘ (sic), es decir,

aplicó el plazo de 5 años establecido en la Ley 291 que modificó el articulo 59./// del  CTB,  sin

pronunciarse  de  manera  fundamentada  sobre  el  alegato  del  ahora accionante que cuestionó,

que la Ley 29a consf/huye una aplicación retroactiva de la ley y vulnera el mandato constitucional

establecido por el articulo 123 de la CPE, hecho que configura una lesión al debido proceso en su

elemento  fundamentación y congruencia, pues al no responderme  al alegato  planteado  al momento

de plantear  la prescripción  y menos  mostrar  porque  la decisión  del  inferior  era

incorrecta,  es evidente  la lesión  del debido  proceso  y la ausencia  de fundamentación  y

congruencia,  lo  que decanta  en la necesidad  de que esta Sala deba conceder  la tutela,

precisando que la misma obedece a la la/fa de fundamentación y congruencia’.

 

 

 

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AUTORIDAD BE6I0NAL DE

 

 

 

 

Lo  anterior,  muestra  de manera  evidente  que  el Tribunal  Constitucional Plurinacional

estableció la inexistencia de una fundamentación y congruencia en la decisión asumida; sin embargo,

en ningún momento cuestionó la constitucionalidad de las Leyes 291 y 317, exigiendo  sólo  que  su

aplicabilidad  para  el caso  concreto  (ejecución  tributaria),  sea debidamente  fundamentada;

consecuentemente, no  corresponde  asumir  otro  criterio que no sea de confirmar el acto

administrativo ahora impugnado.

 

Bajo los parámetros antes mencionados,  se concluye que el ejercicio de la facultad de la

Administración Tributaria en relación a sancionar el incumplimiento al deber formal de presentar

los Libros de Compras  y Ventas a través del Software Da Vinci, Módulo LCV correspondiente  a  los

periodos  fiscales  de  febrero,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  julio, agosto,   septiembre,

octubre   y  noviembre   de  2011,   se  encuentran  incólumes   en aplicación del artículo 59 de

la Ley 2492 modificado por las Leyes 291, 317 y 812; bajo esas  circunstancias,  corresponde

confirmar  la  sanción  establecida  en la  Resoluci6n Sancionatoria  181720000835

(SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/PAAJ/RS/00310/2017) de 24 de abril  de  2017,  emitida  por  la  Gerencia

Distrital  La  Paz  I  del  Servicio  de  Impuestos Nacionales.

 

POR TANTO:

La  Directora  Ejecutiva  Regional  Interina  de  la  Autoridad  Regional  de  Impugnación

Tributaria  La  Paz,  designada  mediante  Resolución  Suprema  N°  10501  de  16  de septiembre de

2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Titulo  V  del  Código

Tributario  Incorporado  por  la  Ley  3092  y  el artículo  141  del DS. 29894;

 

RESUELVE:

PRIMERO:  CONFIRMAR  la  Resolución  Sancionatoria   181720000835  (SIN/GDLPZ-

I/DJCC/TJ/PAAJ/RS/00310/2017)  de  24  de  abril  de  2017,  emitida  por  la  Gerencia Distrital

La  Paz  I  del  Servicio  de  Impuestos  Nacionales  contra  Victor   Cárdenas: consecuentemente,

se mantiene  firme  y subsistente  la  sanción  por  incumplimiento al deber formal de presentar

los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV correspondiente a los

periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y

noviembre de 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de  la

Constitución  Política  del  Estado  una  vez  que  adquiera  la  condición  de  firme, conforme

establece   el  artículo   199   del  Código   Tributario,   será   de  cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad eneral de

Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

 

 

CUARTO:  Conforme  prevé  el  artículo  144  del  Código  TriDutario,  el  plazo  para  la

interposición  del  Recurso  Jerárquico  contra  la  presente  resolución,  es  de  20  días

computables a partir de su notificación.

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

Velez

 

 

 

 

 

 

RCVD/jcgr/rms/vIqr/rcgf/bchz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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