ARIT-LPZ-RA-1427-2017 Resolución Sancionatoria anulada por modificación de la Ley 812 al art 157 de la Ley 2492, referido al arrepentimiento Eficaz

ARIT-LPZ-RA-1427-2017

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA    ARIT-LPZ/RA 1427/2017

 

Recurrente:                              Estación    de   Servicio    Satélite   GNV    SRL,

representada legalmente por Antonio Montaño

 

Gerencia  Grandes  Contribuyentes La  Paz  del Servicio  de Impuestos  Nacionales,  legalmente

representada por Celideth Ochoa Castro

 

Resolución   Sancionatoria   N°   181729000319 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RS/00073/2017)

 

ARIT-LPZ-0961/2017

 

La Paz, 22 de diciembre de 2017

 

 

 

 

El  Recurso  de  Alzada,  el  Auto  de  Admisión,  la  contestación  de  la  Administración

Tributaria  recurrida,  el  Auto  de apertura  de plazo  probatorio,  las  pruebas  ofrecidas  y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-LPZ  N°  1427/2017  de  21  de  diciembre  de  2017,  emitido  por  la  Sub Dirección

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Sancionatoria N° 181729000319 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RS/00073/2017) de  20  de  julio  de

2017,  emitida  por la  Gerencia  Grandes  Contribuyentes La  Paz  del Servicio  de  Impuestos

Nacionales,  resolvió  sancionar  al  contribuyente  Estación  de Servicio Satélite GNV SRL, con

una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento del impuesto de 55.920 UFV’s

equivalente a Bs114.527 por la contravención de omisión de pago en la presentación de la

declaración jurada Form. 500, con Número de Orden 2951709968  del período fiscal diciembre  2014,

en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310. En sujeción al numeral 1

del artículo 156 de la Ley 2492, corresponde aplicar la reducción de sanciones en un 80%, en

consideración

 

 

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamach

 

 

 

 

 

 

 

al   pago   de   la   obligación   tributaria   antes   de   la   notificación   con   la

Resolución Sancionatoria, monto que asciende a 11.184 UFV s equivalente a Bs24.701.

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

II.1. Argumentos del Recurrente

Antonio  Montaño  Morales  en  representación legal  de  la  Estación  de  Servicio  Satélite GNV

SRL, conforme Testimonio  N° 0478/2012 de 12 de junio de 2012, mediante oficios presentados  el 11

y  el  25 de  septiembre  de 2017,  cursante  a  fojas  28-30  y 35-37  de obrados, interpuso

Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

 

Mediante  F-500  IUE  de  la  gestión  2014,  el  30  de  abril  de  2015,  declaró  la  utilidad

imponible  de Bs1.758.433  y un IUE de Bs439.608;  importe que no pudo cancelar en la fecha  de

presentación;  sin embargo,  mediante  boleta  de pago 1000 con N° de Orden 2951756215  efectuó  un

primer  pago  de Bs325.081,  quedando  un saldo  pendiente  de Bs114.527, monto que fue cancelado

el 12 de agosto de 2016, mediante boleta de pago con  N° de Orden  2961735531 , más  mantenimiento

de  valor  e intereses,  haciendo  un total   de   Bs126.296.   Posterior   a   los   pagos

mencionados,   la   Gerencia   Grandes Contribuyentes  La  Paz  notifica  con  el  Auto  Inicial

de  Sumario  Contravencional  N° 311729000690   y el 20 de julio de 2017 con la Resolución

Sancionatoria  impugnada.

 

La Administración Tributaria comete una arbitrariedad al pretender cobrar una multa por omisión

de  pago  que  no  corresponde,   sin  considerar   la  Ley  812  que  establece modificaciones  a

los  articulos   156   y  157   de  la   Ley   2492,   referidos   al  régimen sancionatorio  y

arrepentimiento eficaz. La citada multa que no corresponde  puesto que el  impuesto   omitido  más

sus  accesorios   fueron  cancelados   antes  de  iniciarse  el procedimiento  sancionador,  es

decir,  la  Resolución  Sancionatoria  impugnada  no  se encuentra fundamentada en la normativa

actual vigente; al respecto, cita el artículo 115 de la Constitución Politica del Estado, artículos

68 y 168 del 2492  y el artículo 13 la RND 10-0031-16  que establece que una vez notificado al

sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y vencidos los 10 días se procederá a

la emisión y notificación del  Proveído  de  Inicio  de  Ejecución  Tributaria  de  la  declaración

jurada,  aspecto  que también  demuestra  que  la  administración  tributaria  incumplió  con  el

procedimiento establecido  en  la  normativa   puesto  que  primero  notificó  el  Proveído   de

Inicio  de Ejecución Tributaria y después dio inicio al procedimiento  sancionador.

 

 

 

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AUTORIDAD  REGIONAL DE RPUGNACTó¥  TRTBUTARTA

°’                   .           I.   –

 

La Resolución Sancionatoria  impugnada vulnera los derechos del contribuyente, carece de

fundamento  legal  para  su  elaboración,  por  consiguiente  se  encuentra  viciada  de nulidad

puesto  que entre  las  modificaciones realizadas  al Código  Tributario  mediante Ley 812, se

establecen los componentes de la deuda tributaria como el impuesto omitido actualizado más los

intereses y modifica el artículo 157 referido al arrepentimiento eficaz, en el presente  caso  el

AISC fue notificado  por la administración tributaria  después  de haberse  pagado la deuda

tributaria,  es decir, el impuesto  omitido  actualizado  más  los intereses, según boletas de pago

que se adjunta en antecedentes, por lo tanto no existe una deuda pendiente de pago a la

Administración Tributaria quien

con el procedimiento  sancionador  articulo 13 de la RND 10-0031-2016.

 

 

Presentó en calidad de prueba pre constituida el auto Inicial de sumario Contravencional N°

311729000690,  la  Resolución  Sancionatoria  N°  181729000319,  el F-500  IUE,  las boletas de

pago 1000 por Bs325.081 de 30 de abril de 2015 y por Bs126.296  de 12 de agosto  de  2016,  lo  que

demuestra  que  cumplió  con  el  pago  del  Impuesto  sobre  las Utilidades de la Empresas F-500

por la gestión 2014, si bien no se pagó la totalidad del impuesto en la fecha de vencimiento por

razones de liquidez; sin embargo, el saldo del impuesto fue cancelado con su actualización e

interés antes de iniciarse el procedimiento sancionador, por lo que se considera  un exceso el

pretender  cobrar una contravención por omisión de pago sin ser procedente.

 

Conforme  a  los  fundamentos   expuestos   solicita   revocar  totalmente   la  Resolución

Sancionatoria N° 181729000319 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RS/00073/2017) de 20 de julio de 2017.

 

II.2. Auto de Admisión

El  Recurso  de  Alzada  interpuesto  por  Antonio  Montaño  en  representación  legal  de Estación

de Servicio Satélite  GNV SRL  fue admitido  por Auto de 27 de septiembre  de 2017,  notificado

personalmente  al recurrente  el 29 de septiembre  de 2017  y mediante cédula a la Administración

Tributaria el 5 de octubre de 2017; fojas 38-43 de obrados.

 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La  Gerencia  Grandes  Contribuyentes  La  Paz  del  Servicio  de  Impuestos  Nacionales

representada   legalmente  por  Celideth  Ochoa   Castro,   conforme  se  acredita   de  la

Resolución  Administrativa de Presidencia  N° 031700001293,  por memorial presentado

 

 

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Jan mit’ay ir  ach a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita

mbaerepiVae

 

 

 

 

 

 

 

el 20 de octubre de 2017, cursante a fojas 46-51 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria establecen de manera

clara  y  contundente  los  fundamentos  de  hecho  y  derecho  que  respaldan  la sanción por

omisión de pago;   ya que señalan que el contribuyente  al haber pagado la deuda  tributaria

determinada  en  la  declaración  jurada  antes  de  la  notificación  con  la Resolución

Sancionatoria  impugnada  de forma  posterior  a la notificación  con el PIET, corresponde  aplicar

la reducción de sanciones  establecida en el numeral 1 del artículo 156 de la Ley 2492,

disminuyendo  el 80% de la sanción aplicada  por omisión pago, el monto  pagado  por  concepto  de

la  duda  tributaria  auto  determinada  fue posterior  a  la fecha  de  vencimiento,  por  lo que,

dicha  obligación  no  ha  sido honrado  en los  plazos previstos por Ley, correspondiendo aplicar

la sanción establecida  en el artículo  165 de la  Ley  2492,  con la reducción  de la  sanción

establecida  en el artículo  156  del mismo cuerpo legal.

 

Los  actos  administrativos  fueron  dictados  por  autoridad  competente,  no  carecen  de objeto,

no  son  ilícitos  o  imponibles,  asimismo,  han  cumplido  con  el  procedimiento legalmente

establecido  y  no  son  contrarios  a  la  Constitución  Política  del  Estado,  los requisitos

establecidos  para  el  AISC  que  fundamenta  la  Resolución  Sancionatoria aseguran   que   el

sujeto   pasivo   tome   conocimiento   exacto   e   indubitable   de   las observaciones de la

Administración Tributaria a efectos de que en el término probatorio presente los descargos en el

derecho a la defensa garantizado por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, todas

las actuaciones del SIN se encuentran reguladas por   disposiciones   legales   vigentes   que

establecen   los   requisitos,   condiciones   y formalidades  que  se deben cumplir,  establecidos

en el artículo  168 Ley 2492 y el sub numeral 3.4 numeral 2 del articulo 10 de la RND

10-0031-2016, referidas al fundamento y motivación.

 

Los actos administrativos emitidos durante el procedimiento sancionador cumplieron  con el

procedimiento legalmente establecido y no son contrarios a la Constitución Política del Estado;

por  consiguiente  no  se  puede  argüir  que  vulneran  sus  derechos,  ya  que  no subsume

causal  alguna  de  nulidad  a  los  actuados  emitidos  por  la  Administración Tributaria,

quedando claro que ningún trámite o acto judicial será declarado  nulo, si la nulidad no estuviere

expresamente determinada por Ley y no a la voluntad arbitraria de

 

 

 

 

 

 

AuTORIDAD REGIONAL DE

IHPusxacióx Tni8uTARia

 

las partes intervinientes. Por  otro Iado el artículo  55 del DS 27113,  que reglamenta  la Ley

2341  aplicable  supletoriamente  por  disposición  del  artículo  74  de  la  Ley  2492, establece

que  será  procedente   la  revocación  de  un  acto  anulable  por   vicios  de procedimiento,

únicamente  cuando  ocasione  indefensión;  refiere  la  SSCC 0287/2003, que señala que  no produce

indefensión  cuando una persona  conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el

mismo en igualdad de condiciones. No se  puso en  indefensión  al                         puesto

que  todas  las  actuaciones  realizadas  en  el procedimiento   desde   el   AISC   fueron

debidamente   notificadas   y   puestas   en   su conocimiento.

 

En el marco de los articulos 70 numeral 1, 165 y 156 de la Ley 2492 reglamentado  por el artículo

10 numerales  2 y 3 de la RND 10-0031-16,  el procedimiento  sancionador  se iniciará  con  la

notificación  al  presunto  contraventor  con  el  AISC  elaborado  por  la dependencia  que

constate  la  contravención.  En  el  presente  caso,  el

presentó la declaración jurada del IUE del periodo fiscal diciembre 2014 con N° de orden 2951709968

por   el   importe   de   Bs114.527,   el   ente   fiscal   notificó   con   el   PIET

293300250315 en cumplimiento al parágrafo I, numeral 6 del artículo 108 de la Ley 2492,

posteriormente el 25 de abril de 2017 inició el sumario contravencional por la sanción de omisión

de pago  y finalmente  se emitió la Resolución  Sancionatoria, correspondiendo aplicar  la

reducción  de  sanciones  conforme  el numeral  1 del  artículo  156  del  Código Tributario

disminuyendo el 80% de la sanción; debiendo aclarar que a deuda fue pagada totalmente  fuera  del

plazo  y  no incluyó  la  sanción  por  omisión  de  pago  debidamente reducido, conforme establece

el artículo 156 del Código Tributario.

 

El artículo 10 de la RND10-0031-16, determina el procedimiento que se debe seguir en oportunidad

de  evidenciar   la  comisión   de  la  contravención   de  omisión  de  pago, emergente de la

presentación de declaraciones juradas con monto declarado no pagado o pagado parciamente,  quedando

claro que se aplicó el procedimiento  establecido que concluyó con la emisión y notificación de la

Resolución Sancionatoria  que reconociendo los  pagos  efectuados  por  el  contribuyente

determinó  la                    de  reducción  de sanción  en  un  80%.  Aclara  que  no

incumplió  con  la  aplicación  del  procedimiento sancionador  puesto que a la fecha de

notificación con el AISC N° 311729000690  de 25 de abril de 2017 la normativa  aplicable  fue la

RND 10-0037-07  de 14 de diciembre  de 2007.

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir |ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181729000319

(SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RS/00073/2017) de 20 de julio de 2017.

 

ll.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 23 de octubre de 2017, se dispuso la apertura  del término de prueba de veinte

(20) dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del  artículo  218

del  Código  Tributario,  actuación  notificada  a  la  recurrente   y  a  la Administración

recurrida en Secretaría el 25 de octubre de 2017, fojas 52-53 de obrados.

 

Por  memorial  presentado  el  13  de  noviembre  de  2017  Celideth  Ochoa  Castro  en

representación de la  Administración Tributaria,  ratificó  las pruebas  presentadas  en su

respuesta  al  recurso  consistente  en  los  antecedentes  administrativos  originales;  al

efecto,  se  emitió  el  Proveído  de  14  de  noviembre  de  2017,  que  dio  por  ofrecida  y

ratificada la prueba documental notificada a las partes en Secretaria el 15 de noviembre de 2017;

fojas 54-56 de obrados.

 

II.5. Alegatos

De la revisión de obrados se advierte que la Gerencia Grandes  Contribuyentes La Paz del Servicio

de Impuestos Nacionales  formuló alegatos ratificando su recurso de alzada en los puntos de

cumplimiento de los requisitos esenciales de los Actos Administrativos contenidos  en  la

Resolución  Sancionatoria  impugnada,  sobre  la  supuesta  nulidad  y correcta  aplicación  del

procedimiento  sancionador  por  omisión  de  pago,  al  efecto  se emitió el Proveido  de 5 de

diciembre de 2017, dispuso por formulados los alegatos  en conocimiento de la parte contraria;

fojas 57-61 de obrados.

 

La  Estación  de  Servicio  Satélite  GNV  SRL,  por  intermedio  de  su  representante  legal

Antonio Montaño Morales no presentó alegatos, conforme el artículo 210 parágrafo II de Ía Ley 2492.

 

III. ANTECEDENTES  EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Estación de Servicio Satélite GNV SRL, el 30 de abril de 2015, presentó la declaración jurada

F-500  correspondiente at  IUE con N° de Orden  2951709968  del periodo  fiscal diciembre  2014

por  un  saldo  a  favor  del  fisco  de  Bs439.608  no  pagado,  fojas  1  de antecedentes

administrativos.

 

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE l0PUGNACTó¥  TRIBUTARIA

 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 10 de   diciembre

de  2015,   emitió   el  Proveído   de  Inicio   de  Ejecución   Tributaria   N° 293300250315 que

señala estando firme y ejecutoriada la declaración jurada Form. 500 correspondiente al IUE

Contribuyentes Obligados a Lle\lar Registros Contables, con N° de Orden 2951709968  del período

fiscal diciembre 2014, por la suma liquida y exigible de Bs114.527, conforme el artículo 108 del

Código Tributario, concordante con el artículo 4 del DS 27874, se dará inicio a la ejecución

tributaria del mencionado título al tercer día de  su  legal  notificación  con  el  presente

proveído,  a  partir  del  cual  se  ejecutarán  las medidas  coactivas  correspondientes  según

disponen  los  artículos  110  del  Código Tributario;  asimismo,  dio  a  conocer  a  la  Estación

de  Servicio  Satélite  GNV  SRL  se reconocerá,  previa  verificación,  justos  y  legales  pagos

que  se  hubieran  efectuado, actuación notificada mediante cédula a\ representante legal de la

empresa el 27 de abril de 2016; fojas 2 y 4-7 de antecedentes administrativos.

 

La  Administración Tributaria  el  25  de  abril  de  2017  emitió  el  Auto  Inicial  de

Contravencional N° 311729000690,  que instruye el inicio del Sumario  Contravencional contra la

Estación de Servicio Satélite GNV SRL, de conformidad a lo establecido por el articulo 168 del

Código Tributario, por existir suficientes indicios de haber incurrido contravención  de omisión

de pago, por el importe no pagado en la declaración  jurada Form.  500  del  periodo  fiscal

diciembre  2014  con  número  de  orden  2951709968,  de acuerdo  a  \o  establecido  en  el

artículo  165  del  Código  Tributario,  concordante  con el artículo  42  del  DS  27310.

Actuación  notificada  por  cédula  al  representante  legal  de Estación  de Servicio  Satélite

GNV  SRL el  9 de mayo  de  2017;  fojas  9-10  y 1214  de antecedentes administrativos.

 

La Resolución Sancionatoria N° 181729000319 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RS/00073/2017) de 20 de julio de

2017 resolvió sancionar  a la Estación  de Servicio  Satélite  GNV SRL, con  una  multa  de  55.920

UFV’s  igual  al  100%  del  tributo  omitido  a  la  fecha  de vencimiento  del impuesto

equivalente  a Bs114.527 por la contravención  de omisión de pago en la declaración jurada Form.

500, con N° de Orden 2951709968 del período fiscal 12/2014,  en  aplicación  de  los  articulos

165  de  la  Ley  2492  y  8,  42  del  DS  27310,  y considerando el pago de la obligación

tributaria antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria, corresponde  aplicar la

reducción de sanciones establecida en el numeral 1 del artículo  156  de  la  Ley  2492  en un  80%

de  reducción,  alcanzado  dicha  sanción únicamente  a  11.184  UFV‘s  equivalente  a  Bs24.701.

Acto  Administrativo  notificado

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq Mburuvisa tendodegua mbaeti oñom

 

 

 

 

 

 

 

mediante   cédula  el  22  de  agosto  de  2017;  fojas  16-18  y  20-22  de  antecedentes

administrativos.

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del

Código Tributario,  revisados  los antecedentes  administrativos,  compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio

como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva  y en consideración  al Informe Técnico

Jurídico emitido de conformidad  al articulo  211-III del referido Código Tributario, se tiene:

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abonará únicamente al análisis de los agravios

manifestados  por  Antonio  Montaño  en  representación legal  de la Estación  de Servicio Satélite

GNV SRL en su Recurso de Alzada, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes

y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de

impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta ante esta Instancia

Recursiva.

 

De inicio,  es necesario  puntualizar  que el recurrente  en el petitorio  de su Recurso  de

Alzada,  solicitó la revocatoria  total del acto administrativo impugnado;  sin embargo,  de la

lectura  de su recurso  se advierte  que hace mención a aspectos que ocasionarían  la nulidad  de

los aclos  emitidos  por  la  Administración Tributaria;  en ese sentido,  siendo obligación  de

ésta  Autoridad  Regional  de Impugnación  Tributaria  emitir  un criterio  y/o posición respecto

a todos y cada uno de los planteamientos formulados,  se efectuará inicialmente  la revisión  de la

existencia  o no de los  vicios y si estos  están legalmente sancionados  con la  nulidad;  sólo en

caso  de no ser  éstos  evidentes,  se procederá  al análisis de las cuestiones de fondo

planteadas.

 

IV.1. Vicios de Nulidad

La recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que el ente fiscal pretende cobrar una multa por

omisión de pago sin considerar la Ley 812, que establece modificaciones a los artículos 156 y 157

de la Ley 2492, referidas al régimen sancionatorio  y arrepentimiento eficaz; multa que no

corresponde ya que el impuesto omitido más sus accesorios fueron cancelados  antes  de  iniciarse

el  procedimiento  sancionador,  se  estaria  cometiendo arbitrariedad  y  exceso  por

incumplimiento  a  la  normativa  tributaria  vigente  y  de  los

 

 

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AuToBIDAD BE6I0NAL DE

 

 

 

procedimientos establecidos mediante reglamentación dictada por el mismo Servicio de Impuestos

Nacionales.

 

Refiere  que  una  vez  notificado  al  sujeto  pasivo   con  el  Auto  Inicial  de  Sumario

Contravencional  y  vencidos  los  10  días  se  procederá  a  la  emisión  y  notificación  del

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de la declaración jurada, con lo que también se

demuestra  que  el  Ente  Fiscal  incumplió  con  el  procedimiento  establecido  en  la normativa,

puesto que primero  notificó el Proveído  de Inicio de Ejecución  Tributaria  y después  dio

inicio al procedimiento  sancionador;  por ello, la Resolución  Sancionatoria vulnera   sus

derechos   como  contribuyente,  carece  de  fundamento   legal  para   su elaboración,   se

encuentra   viciada   de  nulidad   puesto   que   en  las  modificaciones realizadas  al Código

Tributario  mediante  Ley  812  establecen  los  componentes  de  la deuda tributaria y modifica el

artículo 157. Fue notificado después de haberse pagado la deuda  tributaria,  es  decir,  el

impuesto  omitido  actualizado  más  los  intereses,  según boletas  de  pago  que  se  adjunta  en

antecedentes,  por  lo  tanto  no  existe  una  deuda pendiente,  incumpliendo  con el

procedimiento  sancionador  artículo  13 de la RND 10- 0031-2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_B°+

La Administración Tributaria sostiene que en el marco normativo del artículo 70 numeral 1, 165 y

156 de la Ley 2492 y artículo 10 numerales  2 y 3 de la RND 10-0031-1

el  sumario  contravencional por  la  sanción  de omisión  de pago  y finalmente  emitió  la

Resolución Sancionatoria, correspondiendo aplicar la reducción de sanciones conforme el numeral 1

del artículo 156 del Código Tributario  disminuyendo  el 80% de la sanción; siendo pertinente

verificar si la deuda fue pagada totalmente,  si fue realizada  fuera del plazo  y  no  incluyó  la

sanción  por  omisión  de  pago  debidamente  reducido  conforme establece  el  artículo  156  del

Código  Tributario;  quedando  claro  que  se  aplicó  el procedimiento  establecido  que concluyó

con la emisión y notificación  de la Resolución Sancionatoria  que reconociendo los pagos

efectuados por el contribuyente determinó la aplicación de reducción de sanción en un 80%. Aclara

que no incumplió con la aplicación del procedimiento  sancionador  puesto  que a  la fecha  de

notificación  con el  AISC  N° 311729000690 de 25 de abril de 2017 la normativa aplicable fue la

RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, quedando claro que se aplicó el procedimiento

establecido que concluyó con la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria que

reconociendo los  pagos  efectuados  por  el  contribuyente  determinó  la  aplicación  de

reducción  de sanción en un 80%; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq , Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Va

 

 

 

 

 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, dispone: En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien  pretenda  hacer  valer  sus derechos  deberá  probar  los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o

tercero responsable  cuando estos señalen  expresamente  que se encuentran en poder de la

Administración Tributaria.

 

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492 señala que: La Vista de Cargo, contendrá los hechos,

actos,   datos,   elementos   y   valoraciones   que  fundamenten   la  Resolución Determinativa,

procedentes  de la declaración  del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba

en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fj”ará la  base  imponible,  sobre  base

cierta  o  sobre  base  presunta,  según  corresponda,  y contendrá la liquidación previa del

tributo adeudado.

 

El artículo 169 de la Ley 2492, referido a la Unificación de Procedimientos señala: l. La Vista de

Cargo hará las veces de auto Inicial de sumario contravencional y de apertura de  término  de

prueba  y  la  Resolución  Determinativa  se  asimilará  a  una  Resolución Sancionatoria.  Por

tanto  cuando  el  sujeto  pasivo  o  tercero  responsable  no  hubiera pagado o hubiera pagado, en

todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente  se

dictará Resolución  Determinativa  que establezca la existencia o inexistencia de la deuda

tributaria e imponga la sanción por contravención.

 

El  artículo  27  de  la  Ley  2341  de  Procedimiento  Administrativo,  en  relación  al  acto

administrativo dispone: Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión

de  la  Administración  Pública,  de  alcance  general  o  particular,  emitida  en ejercicio  de

la  potestad  administrativa,  normada  o  discrecional,  cumpliendo  con  los requisitos y

formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado.

Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.

 

El artículo 28 de la Ley 2341 de Procedimiento Sancionatorio, en relación a los elementos del acto

administrativo, dispone: Son elementos  esencia/es  de/ acto administrativo los siguientes.”

  1. a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;

 

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE

IMPtJGNACIó¥  TRIeuTaRIa

Es t adn  Piura nac iO nat  de  BoI iv ía

 

 

  1. b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho

aplicable;

  1. c) El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;
  2. d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esencia/es y

sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;

  1. e) Deberá  ser  fundamentado,   expresándose  en  forma  concreta  las razones que

inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente

articulo; y,

  • Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

 

Respecto a la emisión de la Resolución Sancionatoria, el artículo 10, numeral 3.4 de la RND

10-0031-16  dispone:  La  Resolución  Sancionatoria  será  emitida  en un  plazo  de veinte (20)

días, término que se computará a partir del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento del

plazo para presentar descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información:

  1. a) Número de la Resolución Sancionatoria.
  2. b) Lugar y Fecha de emisión de la Resolución Sancionatoria.
  3. c) Nombre o razón social del contribuyente.
  4. d) Número de Identificación Tributaria o Número de Cédula de Identidad cuando no se

encuentre inscrito.

  1. e) Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción.
  2. f) Acto u omisión que origina la contravención.
  3. g) Norma específica infringida.
  4. h) Tipificación de la contravención tributaria.
  5. i) Sanción aplicada,  señalando  la norma  legal  o administrativa donde  se encuentre

establecida.

  1. j) Relación de las pruebas  de descargo,  alegaciones,  documentación  e información

presentadas  por  el  sujeto  pasivo  y  la  valoración  realizada  por  la  Administración

Tributaria. k) Deber de cumplir  con la presentación de la documentación  faltante o el deber

formal extrañado.

  1. I) Plazos y   recursos   que   franquean   las   Leyes   para   impugnar   la   Resolución

Sancionatoria  y el anuncio  de medidas  coactivas  que adoptará la Administración Tributaria

vencido dicho plazo.

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien

han mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq      . Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

 

 

 

 

  1. m) Si el contribuyente realizara el pago de la sanción, éste deberá ser considerado  en la

Resolución Sancionatoria. En este caso, no será necesario señalar  lo previsto en el inciso

anterior, disponiendo en consecuencia el archivo de obrados.

  1. n) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO de la jurisdicción a la que corresponda el

contribuyente

 

El artículo 13 numeral 2 Inicio de la misma norma dispone: El procedimiento sancionador a cargo del

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, se iniciará con la emisión y notificación  del  Auto

inicial  de  Sumario  Contravencional  al  presupuesto  contraventor, consignando  la sanción

establecida  para el efecto, calculada en el importe equivalente al tributo omitido en UFV, es

decir sobre el saldo del tributo no pagado.

 

A efectos de la aplicación del Inciso b) del articulo 39 del DS 27310, una vez notificado al sujeto

pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y vencidos los diez (10) dias  señalados  en

la citada  disposición,  se  procederá  a  la emisión  y  notificación  del Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria de la declaración jurada.

 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario  considerar que el

artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser

observado en toda clase de actuaciones administrativas, siendo obligación su cumplimiento de todos

los organismos y dependencias de la Administración Pública, esto implica, que el Estado al

garantiza  el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,  gratuita,

transparente  y sin dilaciones; lo que  se  traduce  en que  los actos  y actuaciones  en  un

proceso  administrativo  se  deben  ajustar  no  sólo  al  ordenamiento jurídico  legal  sino  a

los  preceptos  constitucionales;  es  decir,  garantizar  el  correcto ejercicio de la

Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar

contrarios a los principios del Estado de Derecho.

 

Bajo el criterio anterior, toda autoridad administrativa cuenta con competencias definidas dentro

del ordenamiento  jurídico  y debe ejercer  sus funciones  con sujeción al principio de legalidad a

fin de que los derechos e intereses de los administrados  cuenten con la garantía   de  defensa

necesaria   ante  eventuales   actuaciones   abusivas   realizadas, contraponiendo los mandatos

constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación  del principio  del debido

proceso  se desprende que los administrados  tienen derecho  a  conocer  las  actuaciones  de  la

administración,  a  pedir  y  a  controvertir  las

 

 

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A¢roRIDAD REGIONAL DE

 

 

pruebas   a   ejercer   con   plenitud   su   derecho   de   defensa,   a   impugnar   los   actos

administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

 

Así también es preciso señalar que el debido proceso es un principio juri  ico procesal o

sustantivo  según  el  cual  toda  persona  tiene  derecho  a  ciertas  garantías  mínimas,

tendientes a garantizar  un resultado  justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener

oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al

debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,  a  través  de

las  cuales  se  busca  la  protección  del  individuo  incurso  en  una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación

correcta de la justicia.  La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un

elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la

autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial  o  administrativo,  necesariamente

debe  exponer  el  sustento  de  hecho  y  de derecho  que motivaron asumir  una  determinada

decisión,  de tal modo que las partes sepan las razones  en que se fundamentó  la resolución;  y

así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos  a través de los medios

impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico.

 

En sustento de lo señalado, la Sentencia Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, en

su parte pertinente en relación a los alcances del debido proceso estableció: “   .el debido

proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general y complejo,  a  su  vez

compuesto  por  los  siguientes  ofros  derechos  y  garantías:  A  un proceso público, al juez

natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material

y técnica, a la comunicación  previa de la acusación,  a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a

la congruencia  entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación

y congruencia de las decisiones, a la ún  al  inculpado  del  tiempo  y  los  medios  para  su

defensa  y  las  garantías  de

‹                    ión  de  inocencia  y  del  non  bis  in  idem.  Esta  Iista,  conforme  al

principio  de

  • OfR ” ’vidad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es

enunciativa,  dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y

jurisprudencial en la perspectiva de mateúalizar el valor justicia”.

 

 

 

 

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq  . Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Va

 

 

 

 

Considerando el marco constitucional antes referido, el artículo 28 de la Ley 2341 de la Ley  2341,

aplicable  al  presente  caso  por  previsión  del  artículo  201  de  la  Ley  2492, establece

los  elementos  esenciales  que  debe  contener  todo  acto  administrativo;  sin embargo,  en el

presente  caso  el recurrente  únicamente  refiere  al fundamento  que  se encuentra  previsto  en

el inciso e) de aquella  norma,  por  el cual  toda decisión  de una autoridad administrativa

encargada  de dilucidar  una controversia  necesariamente debe ser emitida:  “…., expresándose

en forma concreta  las razones  que inducen  a emitir el acto, . . .”,  requisito  que  conforme

lo  señalado  por  la  recurrente,  no  cumpliría  el  acto administrativo objeto de impugnación y

que habría conllevado a menoscabar su derecho a la defensa.

 

Bajo ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que el ente fiscal

el  25  de  abril  de  2017,  emitió  el  Auto  Inicial  de  Sumario  Contravencional  N°

311729000690 notificado el 8 de mayo de 2017, resolviendo instruir el inicio del Sumario

Contravencional contra la Estación de Servicio Satélite GNV SRL, de conformidad  a lo establecido

por  el artículo 168 del Código Tributario,  por existir  suficientes  indicios  de haber incurrido

en la contravención de omisión de pago, por el importe no pagado en la declaración  jurada  Form.

500 del periodo  fiscal diciembre  2014 con número  de  orden 2951709968,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  el  artículo  165  del  Código  Tributario, concordante  con  el  artículo  42

del  DS  27310.  Actuación  notificada  por  cédula  al representante legal de Estación de Servicio

Satélite GNV SRL.

 

Resultado del procedimiento administrativo citado precedentemente, el ente fiscal emitió la

Resolución Sancionatoria N° 181729000319 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RS/00073/2017) de  20  de  julio  de

2017,  que  resolvió  sancionar  al contribuyente  Estación  de  Servicio Satélite  GNV  SRL,  con

una  multa  igual  al  100ᵒ/» del  tributo  omitido  a  la  fecha  de vencimiento del impuesto de

55.920 UFV’s equivalente a Bs114.527 por la contravención de  omisión  de  pago  en  la

declaración  jurada  Form.  500,  con  Número   de  Orden 2951709968  del período fiscal diciembre

2014, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 y 8, 42 del DS 27310, y considerando el

pago de la obligación tributaria antes de la notificación con la Resolución  Sancionatoria,

corresponde  aplicar la reducción de sanciones  establecida  en el numeral  1 del artículo  156 de

la Ley  2492 en un 80% de reducción, alcanzado dicha sanción únicamente a 11.184 UFV s equivalente

a Bs24.701, según el siguiente detalle:

 

 

 

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AtJTOBIOAD REGIONAL DE

 

E sla dn PIr rinar:ional ‹1e B oiiv a

 

CÁLCULO DE LA SANCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN SANCIONATORIA

Expresado al 20 de julio de 2017

iwxu

 

VENCIMIENTO

 

 

 

 

IUE      5@

 

Diciembre 2014

 

 

114.527

 

 

30/04/2015

 

 

2,04806

 

 

55.920

 

 

11.184

 

 

2,20861

 

 

24.701

 

TOTALES

114.M7

US.920

11.184

24.701

 

Fuente: Cuadro de la Sanción. página 3 de ía  ResduÓón Sanoonatoria N” 181779000319

(SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RS/00073/20J 7) de 70 de julio de 2017.

 

 

 

De   la   relación   precedente   se   advierte   que   la   administración   tributaria   ante

la presentación de la declaración jurada Form. 500 correspondiente al IUE con N° de Orden

2951709968   del  período  fiscal  diciembre   2014  no  cancelada,  auto  determinación efectuada

por  parte  de  la  contribuyente,  emitió  el  Proveído  de  Inicio  de  Ejecución Tributaria N°

293300250315  de 10 de diciembre de 2015, por la suma líquida y exigible de Bs114.527;  de igual

forma,  se  observa  que  inició  el procedimiento  sancionador  a través de la elaboración del

Auto inicial de Sumario Contravencional N° 311729000690, notificado  el  8 de  mayo  de  2017,  que

instruye  el inicio  del  Sumario  Contravencional contra la Estación de Servicio Satélite GNV

SRL, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención  de omisión de pago

por el importe no pagado conforme el artículo  165  del  Código  Tributario,  concordante  con  el

artículo  42  del  DS  27310, concluyendo  con  la  emisión  de  la  Resolución  Sancionatoria

ahora  impugnada,  acto administrativo  en  el  cual  el  ente  fiscal  aplicó  la  reducción  de

sanción  en  un  80%, señalando  textualmente  en  la  página  2,:  “Que,  al  haber  pagado  la

deuda  tributaria determinada   en  el  declaración   jurada   observada,   antes   de  la

notificación   de  la Resolución Sancionatorio, corresponde aplicar la reducción de sanciones

establecida en el numeral 1 del Articulo 156 del Código Tributario –  Ley 2492, disminuyendo el 80%

de la sanción aplicada por Omisión de Pago”.

 

Ahora bien, toda \/ez que la empresa recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que no  se  le

consideró  lo  dispuesto  en  la  Ley  812,  que  establece  modificaciones  a  los artículos 156 y

157 de la Ley 2492, puesto que el impuesto omitido más sus accesorios fueron cancelados antes del

inicio del procedimiento  sancionador,  cumplió con el pago del Impuesto sobre las Utilidades de

las Empresas  F-500 por la gestión 2014.  Si bien, no pagó la totalidad del impuesto en la fecha de

Vencimiento por razones de liquidez; sin embargo,  el saldo del impuesto fue cancelado  con su

actualización  e interés antes de iniciarse el procedimiento  sancionador, por lo que se considera

un exceso el pretender

 

 

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani ‹ Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

Página 15 de 22       sus   a«

de t•Co

 

 

 

 

cobrar una contravención por omisión de pago sin ser procedente; al respecto, se verifica que

dentro del término probatorio aperturado por ésta Instancia Recursiva, a fojas 16-18 de obrados la

recurrente presentó en calidad de prueba los pagos a los que hace refencia de acuerdo al siguiente

detalle:

 

DDJJ’y DETALLE DE PAGOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS

 

 

 

IUE Fom. 500

 

Fom. 1000

 

Fom. 1000

0’ciembre 2014

Diciembre 2014

Diciembre 2014

 

2951709968

 

29ü1756215

 

2961/35b31

TOTALES

 

31/12/2014

 

30/04/2015

 

12/08/2016

 

439.608

 

 

 

 

 

114 527

439.608

 

 

 

 

 

5.343

5.343

 

 

 

 

 

6.426

6.426

 

 

 

 

126 W6

451.377

 

En  este  punto  del  análsis  es  importante  precisar  que  si bien  la  Estación  de  Servicio

Satélite GNV SRL una vez notificada  el 9 de mayo 2017, con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional  N°  311729000690,  dentro  de  los  veinte  (20)  días  otorgados  por  el

articulo 168 del Código Tributario no presentó documentación de descargo; sin embargo, no  es

menos  cierto  que  de  acuerdo  al  detalle  glosado  en  el  cuadro  precedente  se evidencia

que  la  contribuyente  realizó  el  pago  del  tributo  omitido  observado  por  la Administración

Tributaria  el  30 de abril de 2015 y 12 de agosto de 2016; es decir, con anterioridad  a  la

notificación  con  el  referido  Auto  Inicial  de  Sumario  Contravencional conforme  se constata

a fojas 14 de antecedentes  administrativos; en ese  sentido,  los montos que depositó el sujeto

pasivo a favor del Servicio  de Impuestos  Nacionales  no pueden  ser  desconocidos,  dado  que

figuran  en  su  base  de  datos  y  precisamente debieron  ser  considerados  de  forma  objetiva

por  la  autoridad  recurrida  a  efectos  de establecer  la  persistencia  o  no  de  un  adeudo

para  sustentar  la  existencia  de  una conducta  de  omisión  de  pago,  correspondiendo

recalcar  la  existencia  de  pagos  que ocurrieron antes del inicio del proceso sancionatorio.

 

Es  necesario  considerar  que  por  los  montos  detallados  en  el  cuadro  precedente  el

contribuyente  presentó,  dentro  el  período  probatorio  aperturado  por  ésta  Instancia

Recursiva, los respaldos correspondientes; es decir, el Form. 500 (IUE) del período fiscal

diciembre  2014,  Formularios  1000  con  Nos.  de  Orden  2951756215  y  2961735531, mismos que

fueron ratificados por la Administración Tributaria a través del memorial de respuesta  presentado

el  20  de  octubre  de  2017,  cuando  señala:  ‘Del  análisis  de  los

 

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de ta 6ttid4

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD REGIONAL  DE

IuPuGxAclOx  TRIBUTARIA

Es ta do P t urina cionaI de B oliv ía

 

antecedentes   descritos   se  tiene   que   el  contribuyente,   pagó   la  deuda   tributaria

determinada en la declaración jurada observada como pago en defecto por el importe de Bs114.527

más  mantenimiento  de valor  e intereses  a tavés  de Boletas  de  Pago  de fechas 30 de abril de

2015 y 12 de agosto de 2016, mismas que fueron verificadas en la Base de Datos Corporativos…”, en

ese sentido, se constituyen plenamente en pruebas, siendo  que  ocurrieron   antes  de  la

notificación   con  el  Auto  Inicial   de   Sumario Contravencional  y  están  también  en  poder

de  la  Administración  Tributaria  conforme prevé el artículo 76 de la Ley 2492, en esas

circunstancias, tales pagos debieron  ser considerados oportunamente por el ente fiscal.

 

Conforme  a  lo señalado  precedentemente,  corresponde  a la administración  tributaria establecer

de forma objetiva  y puntual, si ante los montos cancelados  por la empresa recurrente respecto a

la declaración jurada del periodo fiscal diciembre 2014 cubren la totalidad de la obligación

tributaria y si persiste o no la figura de la sanción por omisión de   pago,   aspectos   estos

que   son   necesarias   incorporarlas   en   la   Resolución Sancionatoria  N° 181729000319

indubitablemente  e  incluso  establecer  con  carácter preliminar a la emisión del Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 311729000690, en  función  a  la  fecha  de  pago,  toda  vez  que

dichos  montos  cancelados  son  de conocimiento del Ente Fiscal, así como establecer si se cumplen

o no con las condiciones y finalidades requeridas para el arrepentimiento eficaz conforme el

artículo 157 de la Ley 2492, modificada por la Ley 812, de acuerdo a las afirmaciones realizadas

por la Estación de Servicio Satélite GNV SRL.

 

Aspectos  que  la  administración  tributaria  omite  reflejar  no  solamente  en  el  acto

administrativo impugnado,  sino  incluso  desde  la  emisión  del  Auto  Inicial  de  Sumario

Contravencional, a esto se suma que en la parte primera  del Auto Inicial de Sumario

Contravencional, cursante a fojas 9-10 de antecedentes  administrativos, el ente fiscal señala:

“(…)  por  existir  suficientes  indicios  de  que  la  conducta  del  contribuyente  se

encuentra prevista y tipificada como contravención  de Omisión de Pago, por el Artículo 165 del

Código Tributario, concordante con el Articulo 42 de/ Decreto Supremo N° 27310 y sancionada con una

multa de 100 % del tributo omitido, expresado en UFV s a la fecha de vencimiento de/ impuesto,

corresponde instruir el inicio del Sumario Contravencional conforme lo dispone el Artículo 168 de

la Ley 2492. Que, el numeral 1 del artículo  f56 del citado cuerpo legal, prevé la reducción de

sanciones en función a la oportunidad de pago de la deuda tributaria,  señalando que, el pago de la

deuda tributaria después de

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani’  , Mana tasaq kuraq kamachiq ‹.

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

 

 

 

 

 

 

 

 

iniciada  la  fiscalización  o  efectuada  cualquier  notificación  inicial  o  requerimiento  de

la Administración  Tributaria  y  antes  de la  notificación  con  la Resolución  Determinativa  o

Sancionatoria, determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta por ciento (80%) ’.

 

Continúa,  en  el  último  párrafo  señalando:  “Que,  al  haber  pagado  la  deuda  tributaria

determinada   en  la  declaración   jurada   observada,   antes   de  la  notificación   de  la

Resolución Sancionatoria, corresponde aplicar la reducción de sanciones establecida en el numeral 1

del Artículo 156 de la Ley 2492, disminuyendo  el ochenta por cienfo (80%) de la sanción aplicada

por Omisión de Pago”;   aspectos que corroboran el hecho que si bien  se  aplicó  la  reducción  de

sanciones  debido  a  que  antes  de  la  emisión  del  acto impugnado hubieron los pagos, no

obstante, como se dijo de forma precedente no existe la precisión e integridad de los mismos a

objeto de establecer si hubo o no la totalidad de la cancelación  y así mantener  la conducta de la

contravención  de omisión de pago que se le atribuye a la recurrente o la procedencia  del

arrepentimiento eficaz.

 

Conforme  a  lo  referido  en  los  párrafos  precedentes  se  debe  tener  en  cuenta  que

conforme el artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492, concordante con el artículo 169 de la misma

disposición legal, para que un Auto Inicial de Sumario Contravencional que se asemeja  a una  Vista

de Cargo  tenga  validez debe reunir los requisitos establecidos  y pertinentes   tales  como  los

hechos,   actos,   datos,   elementos   y   valoraciones   que posteriormente  fundamentaran   el

acto  administrativo  definitivo,  procedentes   de  la declaración  del  sujeto  pasivo  o

tercero  responsable,  de los elementos  de  prueba  en poder de la Administración Tributaria o de

los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; si bien

es cierto que no es posible fijar la base imponible  a través  de la citada actuación

administrativa, no es menos  cierto que debe señalar la misma a efectos de establecer si

corresponde o no la sanción por omisión de pago;  situaciones  que no ocurrieron  en el presente

caso,  toda  vez que no  existe  una precisión  integra  de  los  montos  cancelados  por  la

empresa  contribuyente,  que  se constituye  en un aspecto  central para determinar  si se mantiene

o no la conducta  de omisión de pago; en ese sentido, se advierte que esta actuación no reúne los

elementos, hechos, datos y valoraciones que permitan Verificar la configuración de la contravención

tributaria o en su caso la aplicación del arrepentimiento eficaz.

 

 

 

 

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AI

AuToniaAD REGIONAL DE

IBPU6NACIÓN  TRIBUTARIA

Es ta do  Piurina cu  na I de  BoI iv ía

 

 

De  la  misma  manera  es  necesario  indicar  que  el  presente  caso  se  trata  de  un

procedimiento  sancionatorio,  siendo    evidente  que  al  momento  de  emitir  los  actos

administrativos pertinentes  la  Administración Tributaria  para  no  incurrir  en nulidades, debe

observar  los  requisitos  mínimos  preVistos  en  el  parágFafo  I  del  artículo  96  y parágrafo

ll del articulo 99 de la Ley 2492 y Resoluciones  Normativas de Directorio, es decir, debe contar

con los elementos suficientes a fin de que el acto primigenio sustente el  acto  administrativo

definitivo;  es decir,  que  en el presente  caso  el  Auto  Inicial  de Sumario  Contravencional

debió reunir los elementos  suficientes,  respecto  a todos   los pagos  efectuados  por  e\

contribuyente,  para  así  sustentar  su  posición  en  el  acto administrativo  definitivo,   que

en   el  presente   caso   corresponde   a   la   Resolución Sancionatoria  N° 181729000319

(SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RS/00073/2017) de 20 de julio de 2017, a efectos de que como acto administrativo

cuente con una debida motivación, que  por  supuesto  se  constituye  en  un  aspecto  central  de

todo  acto  administrativo, situación que no aconteció en el presente caso.

 

Es necesario recalcar que la Administración Tributaria  en la Resolución Sancionatoria actualmente

impugnada,  sólo atinó a realizar una simple relación de los antecedentes administrativos  y  no

expresó  un  criterio  específico  respecto  a  los  pagos  efectuados siendo   de   su   pleno

conocimiento;   adecuando   su  fundamento   bajo   el   siguiente argumento: “Que, de la revisión

de antecedentes se establece que, el (la) contribuyente ha pagado la deuda tributaria determinada

en declaración jurada observada como pago en defecto por el importe de Bs114.527 (Ciento catorce

mil quinientos veintisiete 00/100 Bolivianos), más el mantenimiento de valor e intereses a través

de Boletas(s) de Pago, misma(s)  que  fue(ron)  verificada(s)  en  la  Base  de  Datos

Corporativa,  conforme  a lo dispuesto en el Artículo 47 de Código Tributario-Ley N° 2492”. Así

mismo, señala:  “Que, al haber  pagado la deuda tributaria en la (s) declaración  (es) jurada (s)

observada (s), (…) antes  de  la notificación  con  la  Resolución  Sancionatoria,  corresponde

aplicar  la reducción de sanciones establecida en el numeral 1 del artículo 156 de la citada norma,

disminuyendo el 80% de la sanción aplicada por Omisión Pago”, aspectos que, como se dijo, denotan

que el ente fiscal, no consideró  de forma íntegra los montos cancelados para imponer sanciones y

determinar la omisión de pago sobre saldos conforme señala el artículo 165 de la Ley 2492, artículo

42 del DS 27310 y numeral 2) del artículo 23 de

la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y artículos 10 y 13 de la RND 10-0031- 16 de 25 de

noviembre de 2016; asi como lo dispuesto  en la Ley 812 que establece modificaciones a los

artículos 156 y 157 de la Ley 2492, pese a ser de su conocimiento

 

 

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dichos  pagos,  de  cuyo  análisis   y  fundamentación  necesariamente  derivaría   en  la

aplicación  de  la  sanción  por  omisión  de  pago  o  en  su  caso  en  la  configuración  del

arrepentimiento eficaz.

 

En virtud a lo anteriormente analizado es menester considerar que la motivación del acto se

fundamenta en las razones que indujeron al sujeto actiVo a emitir el actO administrativo impugnado,

aspectos  que  como  se  señaló  precedentemente,  no  fueron  tomados  en cuenta  por el ente

fiscal a momento de emitir la citada Resolución Sancionatoria  ahora impugnada; lo que afecta a la

garantía jurisdiccional del debido proceso toda vez que a partir  de  una  adecuada  motivación  de

la  decisión  adoptada  el  procesado  tendrá  la posibilidad de articular su defensa, lo

contrario implicaría estar al frente de actuaciones discrecionales; de tal manera, el Ente Fiscal

tenía la ineludible obligación de efectuar un análisis pormenorizado, estableciendo con certeza los

motivos por los cuales considera que  la  declaración  jurada  observada  pagada  fuera  del  plazo

a  la  fecha  genera  la correspondiente  sanción  por  omisión  de  pago  o  conforme  se  tiene

señalado  que efectuado el pago de la deuda tributaria incluso antes de la notificación del Auto

Inicial de Sumario  ContraVencional procederia  o no  la aplicación  del  arrepentimiento eficaz,

conforme lo dispuesto en la Ley 812 que establece modificaciones a los artículos 156 y 157 de la

Ley 2492.

 

Es decir, en base a un pronunciamiento preciso  y fehaciente  que de ninguna  manera puede  ser

suplido  con  una  simple  cita  de  normas  o  fechas  sin  considerar  aspectos técnicos

juridicos que hacen a la problemática del presente caso; al efecto, la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0136/2014 de 10 de enero, recurriendo a la doctrina, señaló: “No  basta  la  simple

cita  de  preceptos  legales,  en  una  resolución   para  considerar motivada ésta,  sino que es

preciso  que se expongan  las argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer la decisión

correspondiente”.

 

En  respaldo  de  lo  señalado,  el  artículo  31  en  sus  parágrafos  I  y  III  del  DS  27113,

disponen:   ’1.  Serán  motivados  los  actos  señalados  en  el  Articulo  30  de  la  Ley  de

Procedimiento  Administrativo y además los que. a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses

legítimos.    b)   Resuelvan    peticiones,    solicitudes    o   reclamaciones    de

administrados. c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. III. La remisión a

propuestas,  dictámenes,  antecedentes  o  resoluciones  previas,  no  reemplazará  a  la

motivación  exigida  en  este  Artículo’,  en  ese  entendido,  la  Resolución  Sancionatoria

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE

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formulada  por  la  Administración  Tributaria  necesariamente debió  estar  debidamente

motivada contemplando todos los hechos y elementos dentro de la normativa vigente.

 

De acuerdo a los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, se establece que la  Resolución

Sancionatoria  impugnada  vulnera  el  debido  proceso  y el  derecho  a  la defensa  del  sujeto

pasivo  por  la    falta  de  fundamentación  y  motivación  en  el  acto administrativo

impugnado,   contraviniendo   el   artículo   99   de   la   Ley   2492,   como consecuencia  de

que  Auto  Inicial  de  Sumario  Contravencional  que  le  precede  no consideró  la integridad de

los pagos efectuados  por el sujeto pasivo relacionados  a la declaración   jurada   del  IUE  del

periodo   fiscal  diciembre   2014  con  N°   de  orden 2951709968, a fin de establecer de manera

correcta la sanción por omisión de pago o el arrepentimiento eficaz, instituidos en la Ley 812;

bajo esas circunstancias de orden legal, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo; es

decir, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311729000690 de tal manera, la

Administración Tributaria debe   emitir   un   nuevo   acto   preliminar   conforme   a   los

extremos   mencionados precedentemente en cumplimiento del articulo 96 de la Ley 2492, artículo 2

parágrafo IV y V de la Ley 812.

 

POR TANTO:

La  Directora  Ejecutiva  Regional  Interina  de  la  Autoridad  Regional  de  Impugnación

Tributaria   La  Paz,  designada  mediante  Resolución  Suprema  N•  10501  de  16  de septiembre

de 2013, con las atribuciones conferidas por el articulo 140 de la Ley 2492, Título  V  del  Código

Tributario  Incorporado  por  la Ley  3092  y  el artículo  141  del  DS. 29894;

 

RESUELVE:

PRIMERO:  ANULAR  obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto inicial de

Sumario                 ContraVencional                 N°                 311729000690

(SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AISC/00469/2017)    de    25    de    abril    de    2017,    inclusive:

consecuentemente, la  Administración Tributaria  en base a los pagos realizados  por la empresa

recurrente  debe  establecer  la correspondencia de la  sanción  por omisión  de pago o el

arrepentimiento eficaz, considerando la normativa aplicable al caso.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo 115 de  la

Constitución  Política  del  Estado  una  vez  que  adquiera  la  condición  de  firme,

 

 

 

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Justicia tributana para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

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conforme   establece   el  artículo   199   del  Código   Tributario,   será   de  cumplimiento mt

bligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

*            •      RCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

,

!        –      ‘

‘     CUARTO:  Conforme  prevé  el  artículo  144  del  Código  Tributario,  el  plazo  para  la

interposición  del  recurso  jerárquico   contra  la  presente  resolución,   es  de  20  días

computables a partir de su notificación.

 

Regístrese, hágase saber y cÚmplase.

 

 

 

 

 

 

 

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