ARIT-LPZ-RA-1425-2017 Cite confirmada por no corresponder la prescripción ante las sanciones impuestas por el fisco

ARIT-LPZ-RA-1425-2017

AuToRTDAD REGIONAL  DE

IuPucuacióu TRleuTARiA

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1425/2017

 

 

Recurrente:                             Proyecto           Construcciones    Civiles     SRL,

legalmente  representada  por  Carla  Andrea  Pérez

 

 

Administración Recurrida:    Gerencia  Grandes  Contribuyentes  La  Paz  del

Servicio  de  Impuestos  Nacionales,  legalmente representada  por Celideth Ochoa Castro

 

 

Acto Impugnado:

 

 

 

Expediente: Lugar y Fecha:

VISTOS:

CITE 061729003785  (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/

 

 

 

ARIT-LPZ-0998/2017

 

 

La Paz, 22 de diciembre de 2017

 

El  Recurso  de  Alzada,  el  Auto  de  Admisión,  la  contestación  de  la  Administración

Tributaria  recurrida,  el  Auto  de  apertura  de  plazo  probatorio,  las  pruebas  ofrecidas  y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-LPZ  N°  1425/2017  de  21  de  diciembre  de  2017,  emitido  por  la  Sub Dirección

Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente.

 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

El CITE 061729003785 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01666/2017) de 24 de agosto de

2017, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), que estableció  no ha Iugar  a la solicitud de oposición  a la ejecución tributaria   por

prescripción,   manteniendo   en  consecuencia   firme   y   subsistente   la Resolución

Determinativa                 N°                 17-1659-2016

CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1805/2016  de  26  de  julio  de  2016  y  las  acciones  de ejecución

tributaria para su cobro.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ¡ach’a kamani

Mana ta saq kuraq kamachiq

Mburu visa  t endodegua mb aeti o ñomita mbaere pi Va e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

II.1. Argumentos de la Recurrente

Carla Andrea Pérez Mejía en representación de la empresa  Proyecto y Construcciones Civiles  SRL,

conforme  se acredita  del Testimonio  Poder N° 1255/2017  de 24 de mayo de 2017, mediante  notas

presentadas  el 19 de septiembre  de 2017 y 4 de octubre del mismo año, cursantes a fojas 20-30 y

45-46 de obrados, interpuso  Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

 

Mediante notas Cites PCC-056/2017  de 22 de junio de 2017 y PCC-062 de 18 de julio del  mismo  año,

solicitó  la  nulidad  de  los  actos  administrativos  practicados  por  la Administración

Tributaria  oponiéndose  a la ejecución  tributaria  por prescripción;  en ese entendido, refiere

que dicha solicitud fue respondida  mediante el acto administrativo N” 061729003785 de 24 de agosto

de 2017, notificado el 30 de agosto del mismo año, acto que sin explicación alguna el Ente Fiscal

rechazó su solicitud.

 

En la notificación con la Vista de Cargo que data de 12 de agosto de 2016 y la Resolución

Determinativa  existen  errores  de  cronología  que  conducen  a confusión  y  ameritan  la

nulidad  de  las  actuaciones,  toda  vez  que  de  la  revisión  de  la  notificación  con  la

Resolución Determinativa  refiere la realización de dicho actuado el 9 de enero de 2016, situación

que  no  es  coherente  y  que  amerita  sea  corregida  para  evitar  posteriores nulidades,

aspecto  que hizo conocer  al Ente Fiscal;  sin embargo,  ante la imposibilidad de  la

anulabilidad  del  trámite  como  opción  de defensa  solicitó  ante el  sujeto  activo  la

prescripción de sus facultades con relación al IVA del periodo fiscal junio 2011.

 

Cita el artículo 109, parágrafo ll, numeral 1 de la Ley 2492 y el DS 27310 y refiere que el periodo

alcanzado por la determinación corresponde a junio 2011, habiéndose iniciado su computo el 1 de

enero de 2012, en cumplimiento  a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 2492; agrega que en

aplicación al artículo 59 de la Ley 2492 (con modificaciones) la prescripción ocurrió el 31 de

diciembre de 2015, es decir, transcurridos 4 años; agrega que  si bien  la  Orden  de  Verificación

suspende  el  término  de  la  prescripción  por  seis meses,  la  Resolución  Determinativa  fue

emitida  recién  el  16  de  diciembre  de  2016, cuando las facultades del Ente Fiscal ya se

encontraban prescritas (gestión 2011 ).

 

 

 

 

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AcTORT DAD  R EG SONAL  DE

 

 

 

 

 

Las  facultades  de la  Administración Tributaria  habrían  prescrito  al 31 de diciembre  de 2015,

inclusive si se aplicaría la ampliación del plazo por seis meses, considerando que existe la Orden

de Verificación  y que el plazo se habría extendido hasta el 30 de junio de 2016, lo que significa

que la Resolución Determinativa debía emitirse hasta esa fecha, situación  que  no  existió  y  que

se emitió  la  Resolución  Determinativa  recién  el  16  de diciembre   de   2016,   4  meses   y

16   días   después,   cuando   las   facultades   de   la Administración Tributaria  estaban

prescritas;  agrega  que no es aplicable  a  su caso  la Ley 291, en atención al principio de

irretroactividad de la norma.

 

El  SIN en los  fundamentos  del acto  impugnado  realiza  un  mal computo  pues  toma  5 (cinco)

años como referencia para el plazo de prescripción y entra en contradicción con sus propios

argumentos cuando refiere el artículo 59 de la Ley 2492, el cual establece el plazo  de  4 (cuatro)

años;  sin embargo,  el cuadro  expuesto  expone  el  computo  con 5 (cinco) años.

 

El  acto  impugnado  se  trata  de un  acto  definitivo  impugnable  conforme  la  disposición

contenida  en el artículo  4, numeral  4 de la  Ley  3092, que contiene  una declaración  o

decisión de la Administración Tributaria con carácter particular adoleciendo de vicios de forma y

de fondo que principalmente incurre en infracción a la Ley 2341, al no reunir los elementos

esenciales  previstos en su artículo 28, incisos  b), c), d), e) y f), activando la competencia  de

control de legalidad de las actuaciones de la Administración Tributaria, cita al efecto la SS.CC.

0249/2012 de 29 de mayo de 2012.

 

No  obstante  de  que  presentó  la  oposición  a  la  ejecución  tributaria  fundada  en  la

prescripción,  el Ente Fiscal dispuso la ejecución forzosa  logrando  el pago   a través de órdenes

de retención de fondos y el embargo de dinero, lo que significa que la deuda al presente  se

encuentra  saldada  pero  que  sin  embargo  dicho  acto  no  es  producto  del reconocimiento de

su existencia  por su parte, por lo que en caso de que se establezca la  prescripción

corresponderá  la  repetición  de  los  pagos  debiendo  disponerse  dicha situación a través del

Recurso de Alzada.

 

 

 

 

 

 

 

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Justicia     butaria para vivir bien J an mit’ayir }ach’a kamani

Mana tasaq kura q kamach iq

Mb uruvis a te nd ade qua nJba et i o nomita mbaerepi Vae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme   a   los   fundamentos   expuestos,    solicita   revocar    totalmente    el   CITE

061729003785  (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01666/2017) de 24 de agosto de 2017.

 

II.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Carla Andrea Pérez Mejia en representación de la empresa

Proyecto  y Construcciones  Civiles  SRL,  fue admitido  mediante  Auto de 6 de octubre de 2017,

notificado por cédula a la Administración Tributaria el 10 de octubre de 2017  y de manera

personal  el 12 de octubre  del mismo año a la empresa  recurrente, fojas 47-52 de obrados.

 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La  Gerencia  Grandes  Contribuyentes  La  Paz  del  Servicio  de  Impuestos  Nacionales legalmente

representada   por  Celideth   Ochoa   Castro   conforme   se  acredita   de  la Resolución

Administrativa de Presidencia  N° 031700001293  de 29 de agosto  de 2017, mediante  memorial

presentado  el  25  de  octubre  de  2017,  cursante  a  fojas  55-63  de obrados, respondió en

forma negativa, expresando lo siguiente:

 

El recurrente  pretende retrotraer el proceso de determinación  a través de la nulidad de la

Resolución Determinativa N° 17-1659-2016, acto administrati\lo firme y subsistente en sede

administrativa;  asimismo,  interpone  oposiciÓn  de  prescripción  a  la  ejecución tributaria, a

pesar que durante el periodo de prueba para la presentación de descargos a la Vista de Cargo no

presentó documentación que desvirtúe los cargos establecidos  y tampoco   solicitó   prescripción

en   dicha   etapa;   agrega   que   tampoco   impugnó   la Resolución  Determinativa,  plenamente

ejecutoriada  en  la  actualidad,  impugnando  el ahora recurrente un acto que se encuentra

ejecutoriado.

 

Cita  el  artículo  195  de  la  Ley  2492  y  refiere  que  el  recurrente  interpuso  Recurso  de

Alzada contra una medida administrativa interna, como es el acto impugnado, quedando demostrado

que lo solicitado  es improcedente.  En el caso es aplicable la definición  de un acto definitivo

y las excepciones  previstas  en los artículos  56 y 57 de la Ley 2341, bajo  ese razonamiento  el

acto  impugnado  expone  claramente  la  razón  y fundamento legal que  sustenta  su posición,

estableciendo  que  la  decisión  adoptada  respecto  a lo

 

 

 

 

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AIT*

AuT0RIDAD REGIONAL  DE

 

 

 

solicitado,  deviene  de  una  correcta  y  objetiva  valoración  de  los  datos  del  proceso,

encontrándose debidamente  justificada.

 

La   solicitud   de  prescripción   opuesta   proviene   de  la  facultad  de  ejecución   de  la

Administración   Tributaria,   toda   vez   que   dicha   oposición   deviene   del   PIET   N°

331729000195,  que  establece  con  claridad  que  la  Resolución  Determinativa  adquirió firmeza

y  ejecutoria,  por  lo  que  se  procedería  a  su  ejecución,  aclarando  que  dicha actuación

no es susceptible  de impugnación  conforme las SS.CC.  Nos.  1648/2010-R, 1498/2011-R, 678/2011-R,

2399/201-R  y 2773/2010-R.

 

Cita  los artículos  59  y 60 de la  Ley 2492,  con las modificaciones introducidas  por  las Leyes

291 y 317 y refiere que esta se constituye en la norma aplicable para el cómputo de la prescripción

invocada, señalando que dicha normativa determinó que las acciones de  la   Administración

Tributaria   para   ejecutar  la   deuda   tributaria   determinada   es ímprescriptible.   Se debe

tomar en cuenta  la aplicabilidad  de las Leyes 291 y 317 que modificaron  la  Ley  2492  en

relación  a  la  imprescriptibilidad de  la  ejecución  tributaria, entendimiento  plasmado en la

Resolución del Recurso  Jerárquico  AGIT-RJ  0757/2015 de 4 de mayo de 2015.

 

Las facultades y acciones de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria e

imponer  sanciones  es  imprescriptible conforme  la  aseveración  que  se  la  realiza  al amparo

del artículo 59 de la Ley 2492, modificados por las Leyes Nos. 291 y 317, cita al efecto la  SS.CC.

021/2013,  Resoluciones  de Recurso  Jerárquico  AGIT-RJ  1444/2013, 1228/2013  y 1161/2013,

señalando  que las modificaciones introducidas  por las  Leyes

291  y  317  deben  ser  aplicadas  obligatoriamente  por  autoridades   administrativas,

presumiéndose  conforme  la disposición  contenida en el artículo  5 de la  Ley N° 027 la

constitucionalidad  de  las  Leyes  en  tanto  que  el  Tribunal  Constitucional  Plurinacional

resuelva  y declare su inconstitucionalidad, menciona al efecto la SS.CC. 1369/2013.

 

La  notificación  con  la  Resolución  Determinativa  fue  practicada  de  conformidad  a  lo

dispuesto por el artículo 85 de la Ley 2492, cumpliendo con el aviso de visita, constancias de

visita y notificación por cédula, lo que permitió al ahora recurrente ejercer su derecho a  la

defensa,  situación  que  de  acuerdo  a  los  antecedentes  del  presente  caso  no  la

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien J an mat’a yir |ach’a kamani

Mana ta saq kuraq kama chiq

Mburuv i s a t en dode gua mbae ti oño mita

iribaere pi Va e

 

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ejerció,  habiendo  transcurrido  el  plazo  para  que  el  contribuyente  pueda  impugnar  la

Resolución  Determinativa  antes  citada, no la impugnó adquiriendo  firmeza,  por lo que procedió

a la ejecución tributaria conforme el artículo 108 de la Ley 2492.

 

Conforme   los   fundamentos   expuestos,   solicita   confirmar   el   CITE   061729003785

(SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01666/2017) de 24 de agosto de 2017

 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 26 de octubre de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días

comunes  y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código

Tributario;   actuación   notificada   tanto   a   la   parte   recurrente,   como   a   la

Administración Tributaria recurrida, en Secretaría  el 1 de noviembre  de 2017; fojas 64- 65 de

obrados.

 

Con  nota  presentada  el  22  de  noviembre  de  2017,  la  empresa  recurrente  presentó pruebas

literales  consistentes  en:  Orden  de  Verificación  N°  0014OVI19322,  Vista  de Cargo N°

32-0134-2016, Resolución  Determinativa N° 17-1659-2016, Proveido de Inicio de Ejecución

Tributaria  N°  331729000195  y  la  Nota  CITE:  PCC-056/2017,  ratificando como prueba en su

integridad el cuaderno administrativo adjuntado por la Administración Tributaria a tiempo de

responder el Recurso de Alzada; asimismo, solicitó fijar dia y hora de audiencia de juramento de

prueba de reciente obtención; en ese entendido, mediante Proveído  de  27  de  noviembre  de  2017,

esta  Autoridad  Regional  de  Impugnación Tributaria  señalo  por  ofrecida   y  ratificada  la

prueba  documental   señalada,   fijando Audiencia  de Juramento  de Prueba de Reciente Obtención

para el día 7 de diciembre de 2017 a horas 15:00  fojas 93-94 de obrados.

 

Mediante nota presentada  el 12 de diciembre de 2017, la parte recurrente  solicitó  fijar nuevo

día  y hora para la recepción  de Audiencia  de Juramento  de Prueba de Reciente Obtención;  en ese

contexto,  esta  Instancia  Recursiva  a través  del Proveido  de 12  de diciembre de 2017, señalo

la realización de dicha actuación para el 22 de diciembre del presente  año  a horas  15:00, misma

que se desarrolló  en la fecha  y hora  establecidas conforme se tiene del Acta de Juramento de

Prueba de Reciente Obtención,  fojas  103- 104 y 114 de obrados.

 

 

 

 

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AUTORIDAD  REGIONAL  DE

 

 

 

 

 

 

II.5. Alegatos

La  Gerencia  Grandes  Contribuyentes  La  Paz  del  Servicio  de  Impuestos  Nacionales mediante

memorial  ingresado  el 11 de diciembre  de 2017,  presentó  alegatos  escritos ratificándose  en

los  argumentos  expuestos  en  su  respuesta  al  Recurso  de  Alzada, señalando  la aplicabilidad

para el cómputo  de la prescripción  de la  Ley  2492,  con las modificaciones incorporadas por

las Leyes 291 y 317, actos susceptibles de impugnación e inexistencia  de  vicios  de nulidad  en

las notificaciones efectuadas  con la Resolución Determinativa, fojas 98-100 de obrados.

 

La recurrente  mediante nota presentada  ante esta Autoridad  Regional  de Impugnación Tributaria

el  12  de  diciembre   de  2017,   formuló   alegatos   escritos   reiterando   los fundamentos

expuestos en su Recurso de Alzada en lo que refiere a la prescripción de la facultad de ejecución

tributaria de la Administración Tributaria respecto a la obligación tributaria  determinada  por el

Ente Fiscal por el IVA del período  fiscal junio 2011; vicios de nulidad en el proceso

determinativo, ante la existencia de incongruencia en las fechas de  notificación  de  la  Vista

de  Cargo  y  la  emisión  y  notificación  con  la  Resolución Determinativa, solicitando además

la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada en el marco del principio de congruencia,  fojas

105-108 de obrados.

 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Administración Tributaria  mediante  la Orden de Verificación N° 0014OVI19322 de 9 de  marzo  de

2015,  inició  el  proceso  de  determinación  contra  la  empresa  Proyecto  y Construcciones

Civiles SRL con alcance en los hechos y o elementos relativos al crédito fiscal  IVA  declarado

por  el contribuyente  en el Form.  200,  correspondiente al periodo fiscal  junio  2011,

solicitando  la  presentación  de  la  documentación  que  se  detalla  a continuación:

Declaraciones  Juradas  de  los  periodos  observados  (Form.  200  o  210), originales   de   las

facturas,   notas   fiscales   o   documento   equivalente   de   compras correspondientes a los

periodos observados, Libros de Compras IVA y Libro Auxiliar de Bancarización  y otra documentación

que el fiscalizador solicite, actuación notificada por cédula el 11 de septiembre de 2015,  fojas

2-9 de antecedentes  administrativos.

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’a yir jach’a kamani

Mana tasa q kuraq kamaChiq

Mb uruvi sa te nd odegu a mb ae ti oñomita mbaere p i Vae

 

 

 

 

 

 

 

Mediante  Auto  N°  25-0364-2015  de  21  de  septiembre  de  2015,  la  Administración Tributaria

ante  la  solicitud  de  prórroga  para  la  presentación  de  \a  documentación requerida a través

de la Orden de Verificación N° 0014OVI19322 de 9 de marzo de 2015, otorgó  al  contribuyente  el

nuevo  plazo  para  la  presentación  de  la  documentación requerida hasta el 30 de septiembre de

2015, fojas 15 de antecedentes administrativos.

 

La Vista de Cargo 32-0134-2016  de 26 de julio de 2016, estableció que el contribuyente no

determinó  correctamente  el IVA  por el período  fiscal junio 2011, señalando  que las facturas

presentadas por el contribuyente no son válidas para crédito fiscal considerando que presentan

observaciones   al no ser emitidas por el proveedor,  no presentada  como descargo,  facturas  no

respaldadas  con medios  de pago y documentos de pago, lo que contraviene  lo establecido en el

artículo 8 de la Ley 2492, DS 21530, RND 10-0021-16 Y 10-0017-15,  ante la apropiación  indebida

de crédito  fiscal; asimismo,  a  través  de la citada  actuación  el  Ente  Fiscal  otorgó  al

contribuyente  el plazo  de  30  días  corridos  e improrrogables  para  la formulación  de

descargos  y presentación  de prueba  conforme establece el artículo 98 del Código Tributario,

actuación notificada al contribuyente el 12 de agosto de 2016, fojas 74-83 de antecedentes

administrativos.

La                 Resolución                 Determinativa                  N°

17-1659-2016

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016) de  16 de diciembre  de 2016, emitida  por  la Administración

Tributaria que estableció: “Determinar  de oficio y por conocimiento cierto de la materia

imponible las obligaciones  impositivas  del contribuyente  PROYECTOS  Y CONSTRUCCIONES CIVILES

SRL  (…) por  el Periodo  Fiscal  junio de la gestión  2011 por  el Impuesto  al  Valor  Agregado

(IVA),  el  Tributo  Omitido  por  Bs148.055. – (…)  por concepto   de   las   facturas

observadas….”   asimismo,    calificar    la   conducta    del contribuyente por período fiscal

junio de gestión 2011, por el IVA como omisión de pago conforme el artículo 165 de la Ley 2492,

actuación notificada el 9 de enero de 2017, fojas 90-100 de antecedentes administrativos.

 

El    Proveído    de    Inicio    de    Ejecución    Tributaria    N°    331729000195     (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00189/2017) de 16 de marzo de 2017, emitido por el Ente Fiscal que señaló:

“Estando firme y ejecutoriada la RESOLUCIÓN  DETERMINA TI\/A N° 17-1659-2016 DE FECHA 16 DE

DICIEMBRE  DE 2016, conforme a lo establecido en el

 

 

 

 

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AUIORTDAD  REGIONAL  DE

I ueusaációx TRiecTaRiA

 

 

artículo 108 de la Ley 2492 Código Tributario, concordante con el Articulo 4 del Decreto Supremo

N°  27874,  se anuncia  al  contribuyente  PROYECTO  Y CONS TRUCCIONES CIVILILES SRL (…) a pagar

el monto liquido y exigible de Bs445. 291.- (…). Se anuncia a/  contribuyente  que  a partir  de/

tercer  dia  siguiente  a la notificación  con  el  presente Proveído (…) procederá a ejecutar

las medidas coactivas…”, actuación notificada  el 18 de abril de 2017, fojas 105-108 de

antecedentes administrativos.

 

Mediante  nota CITE: PCC-056/2017  presentada  el 23 de junio de 2017, Carla  Andrea Perez Mejía

representante legal de empresa Proyecto y Construcciones Civiles SRL se apersono  ante la

Administración Tributaria  oponiéndose  a la ejecución  tributaria  de la deuda  determinada  en la

Resolución  Determinativa  N° 17-1659-2016  por prescripción, fojas 115-118 de antecedentes

administrativos.

 

Por nota CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01666/2017 de 24 de agosto de 2017, en respuesta  al CITE:

PCC-056/2017  de 22 de junio de 2017, la Administración Tributaria señalo no ha Iugar  a la

solicitud de oposición a la ejecución tributaria por prescripción, fojas 134-136 de antecedentes

administrativos.

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del

Código TribUtario, revisados  los antecedentes  administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada  toda la documentación presentada en el término probatorio

como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva  y en  consideración  al  Informe

Técnico  Jurídico  emitido  de  conformidad  al  artículo  211, parágrafo III del referido Código

Tributario, se tiene:

 

La  Autoridad  Regional  de  Impugnación  Tributaria  La  Paz,  se  abocará  únicamente  al

análisis de los agravios manifestados  por Carla Andrea Pérez Mejia en representación de  la

empresa  Proyecto  y Construcciones  Civiles  SRL  en  su  Recurso  de  Alzada;  la posición final

se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado

durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien J an mit’ayir jaCh’a kamani

Mana ta saq kuraq kamachiq

Mburuv is a t endode gua mba e ti oñ omita mbaere p i Va e

 

 

 

 

También  es  necesario  dejar  claramente  establecido  que  si  bien  el  presente  caso  se

encuentra   en   fase   de   ejecución   tributaria   conforme   se   tiene   de   antecedentes

administrativos  en  los  que  cursa  el  Proveido  de  Inicio  de  Ejecución  Tributaria  N°

331729000195   (CITE:  SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00189/2017)  de  16  de  marzo  de

2017,   debidamente   notificado,   no  obstante,   esta   Autoridad  Recursiva   está   en  la

obligación  legal de  verificar  el  cumplimiento  de  derechos  y garantías  constitucionales

durante  el desarrollo  del procedimiento  sancionador  a  fin de establecer  la existencia  o no

de vulneraciones  al debido proceso en su componente del derecho a la defensa, más aun si estos

forman parte expresa  de la impugnación,  como en el presente  caso en el que el recurrente  invoca

error en la  fecha  de notificación  (9 de enero  de 2016) con la Resolución

Determinativa                 N°                 17-1659-2016                 con

CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016 de 16 de diciembre de 2016,   con incidencias en el derecho a la

defensa del ahora recurrente.

 

En  ese  entendido,  conviene  recordar  que  la  Constitución  Política  del  Estado,  en  su

artículo 410, dispone de manera taxativa que: “Todas las personas, naturales y jurídicas, asi  como

los  órganos  públicos,  funciones   públicas  e  instituciones,  se  encuentran sometidos  a  la

presente  Constitución”;  que  en  concordancia   con  su  articulo  109, parágrafo  I, que  señala

que: ‘ Todos  los derechos  reconocidos  en  la Constitución  son directamente  aplicables  y

gozan  de  iguales  garantias  para  su  protección”;  en  ese contexto,  esta  Autoridad  de

Alzada  no puede  sustraerse  del sometimiento  a la norma fundamental,  máxime  si se considera

la previsión  dispuesta  en el citado  articulo  109, parágrafo  I de  la  norma  suprema  que  se

constituye  en un reconocimiento expreso  al principio  de  aplicación  directa  de  derechos

fundamentales,  lo  cual  se  traduce  en  la directa  aplicabilidad  de  la  norma

constitucional.  Lo  contrario,  representaría  que  la persona que sufre algún agravio a sus

derechos  y garantías  constitucionales no tenga otra vía, más que la via constitucional para

solicitar el reconocimiento de sus derechos; lo cual evidentemente  resulta  incorrecto,

precisamente porque el valor  normativo  de la Constitución,  asegura  la  aplicación  directa  y

eficaz  de  los  derechos  fundamentales  a través  de  la  labor  hermenéutica  de  las

autoridades  no  solo  judiciales,  sino  también administrativas,  cuyas   decisiones   no  pueden

apartarse  de  los   valores,   derechos, garantías y postulados de la Constitución Política del

Estado.

 

 

 

 

 

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AUTORA DAD REGIONAL  DE

 

 

 

 

Bajo  la  necesaria  consideración  previa  corresponde  indicar  que  constituye  obligación legal

de la Administración Aduanera garantizar el derecho a la defensa del sujeto pasivo, dentro de los

alcances del articulo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que  señala:  “El

Estado  garantiza  el  derecho  al  debido  proceso,  a la defensa  y  a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, así también, del artículo 119,

parágrafo II de la citada norma constitucional, que dispone: “Toda persona tiene derecho inviolable

a la defensa (…)”; Io cual permite inferir que la norma suprema constitucional, en relación al

derecho a la defensa, expone en una doble dimensión:  1) Como garantía constitucional, siendo un

mecanismo que busca la eficacia jurídica en la realidad material; es decir, la materialización del

derecho  y 2) Como derecho inviolable, cuyo reconocimiento tiene rango constitucional y es de

aplicación directa.

 

  1. 1 Vicios de Nulidad

IV.1.1. f\fofif’icación

El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada  señala que la notificación de la Vista de

Cargo data de 12 de agosto de 2016 y la de la Resolución Determinativa, el 9 de enero  de 2016,

situación  que no es coherente  y que amerita  sea  corregida  para evitar posteriores  nulidades,

toda vez que la Vista de Cargo no podía ser notificada  de manera posterior a la Resolución

Determinativa.

 

Por  su  parte  la  Administración Tributaria  refiere  que  la  notificación  con la  Resolución

Determinativa  fue practicada  de conformidad a lo dispuesto por el articulo 85 de la Ley 2492,

cumpliendo con el aviso de visitas, constancias de visita y notificación por cédula, lo que

permitió  al ahora  recurrente  ejercer  su derecho  a  la  defensa,  situación  que  de acuerdo a

los antecedentes del presente caso no  ejerció, habiendo transcurrido el plazo para que el

contribuyente pueda impugnar la Resolución Determinativa  antes citada, no la impugnó adquiriendo

firmeza, por lo que procedió a la ejecución tributaria conforme el artículo 108 de la Ley 2492; al

respecto, corresponde señalar lo siguiente:

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece: I. Los actos y actuaciones de la Administración

Tributaria  se  notificarán  por  uno  de  los  medios  siguientes,  según  corresponda.   1.

Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto, 4. Por correspondencia postal certificada,

 

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien J an mil’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq k a mac hiq

Mburu visa t endodegu a mbae ti o nom ita mbaerepi vae

 

 

 

 

 

 

 

 

efectuada   mediante   correo   público   o  privado   o   por   sistemas   de   comunicación

electrónicos, facs1mi1es o similares, 5. Tácitamente,  6. Masiva,  7. En Secretaria,

  1. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción

de  las  notificaciones  por  correspondencia,  edictos  y  masivas,  todas  las notificaciones se

practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por

motivos fundados, la autoridad  administrativa competente  podrá habilitar días y horas

extraordinarias.

 

El articulo  84 del Código  Tributario  bOIi\/iano,  establece  que:  /. Las Vistas  de Cargo y

Resoluciones  Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a  que  se

refiere  el  artículo  89º  de  este  Código,’  as/  como  los  actos  que  impongan sanciones,

decreten  apertura  de  término  de  prueba  y  la  derivación  de  la  acción administrativa  a

los  subsidiarios  serán  notificados  personalmente   al  sujeto  pasivo, tercero responsable,  o

a su representante legal.

  1. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal

de  la  copia  integra  de  la  resolución  o  documento  que  debe  ser  puesto  en  su

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la

diligencia, con indicación literal y numérica del dia, hora y Iugar legibles en que se hubiera

practicado.

III. En caso que el interesado  o su representante  legal rechace la notificación  se hará constar

este hecho en la diligencia respectiva con intervención  de testigo debidamente identificado y se

tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.

 

El  artículo  85  del  mismo  cuerpo  legal,  establece:   l.  Cuando  el  interesado  o  su

representante  no ruera encontrado  en su domicilio,  el funcionario  de la Administración dejará

aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su

defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora

determinada del dia hábil siguiente.

  1. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido,  el funcionario  bajo responsabilidad

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la

autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por

cédula.

III. La cédula estará constituida  por copia del acto a notificar,  firmada por la autoridad que lo

expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio

 

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL  DE IHPUGNACIÓN  TRIBUTARIA

 

 

del gue debiera ser notificado a cualguier persona mayor de dieciocho (18) años, o fyada en la

puerta de su domicilio,  con intervención  de un lesligo de actuación  que también firmará la

diligencia.

 

El DS 27113 que reglamenta  la Ley  2341, aplicable  supletoriamente en la materia por expresa

disposición de los artículos 74 y 201 de la Ley 2492, establece en su artículo 55 que  será

procedente  la  revocación  de  un  acto  anulable  por  vicios  de  procedimiento, únicamente

cuando  el  vicio  ocasione  indefensión  de  los  administrados  o  lesione  al interés pÚblico.

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R  y SC 1786/2004-R  de 10 de agosto

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será calificado

como lesivo del derecho al debido proceso sólo en  aquellos  casos  en  los  que  fengan

relevancia  constitucional,  es  decir,  cuando  los defectos  procedimentales provoquen

indefensión  material  a la parte  procesal  que  los denuncia y sea determinante para la

decisión…,’  pues no tendria sentido jurídico alguno conceder  la tutela y disponer  se subsanen

dichos defectos procedimentales, cuando al final  de ellos  se arribará  a  los mismos  resultados

a los  que  ya  se  arribó  mediante  la decisión objetada por los errores procesales…”.

 

De lo anterior se establece que en materia de procedimiento  administrativo tributario, la nulidad

al ser textual sólo opera en los supuestos  citados  y que la mera infracción  del procedimiento

establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar  a la nulidad de

obrados.  En consecuencia,  el fundamento  de toda nulidad  de procedimiento  recae  en la falta

de conocimiento  de la Vista de Cargo y la Resolución DeterminatiVa, así como en la falta de

ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad

administrativa.

 

La Ley exige la concurrencia  de dos  clases  de presupuestos  legales para que un acto

administrativo produzca  plenos  efectos  juridicos,  por una parte el cumplimiento  de los

requisitos  de legalidad  y validez en su emisión  y por otra la eficacia  con la notificación del

acto al interesado,  actuación que tiene como única finalidad la de dar a conocer al contribuyente,

tanto  el  acto  a  notificar,  como  los  medios  de  impugnación.   Así,  la notificación que es

realizada por la Administración Tributaria y la recepción de la misma por su destinatario debe

contener una serie de requisitos que sirvan de garantia, eficacia y -en su caso- firmeza del acto

administrativo notificado; de forma tal que el destinatario

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit a yir  ach a kamani

Mana tasaq kuraq kamac hiq

Mbur uris a t endode gua mbae ti ono mita mbaerep i lae

 

 

 

 

conozca  de manera  fehaciente  e indubitable  el acto administrativo que le afecta  y por tanto lo

acepte,  presente  descargos  o recurra contra  el acto administrativo legalmente notificado.

 

Para dilucidar la problemática  planteada,  inicialmente resulta necesano  enfatizar que cada uno

de los casos puestos a conocimiento de esta Autoridad de Impugnación Tributaria como resultado  de

las impugnaciones  interpuestas,  se encuentran  precedidas  por  una serie de actuaciones

administrativas  que   hacen  que  cada   una   de  ellas  representen   ciertas particularidades

que la difieren unas de las otras, de tal manera, no puede existir un caso igual a otro; en ese

entendido, la labor encomendada a esta Instancia Recursiva para conocer y  resolver   los

Recursos   de   Alzada   interpuestos   contra   los   actos   de  las   distintas Administraciones

Tributarias, necesariamente debe partir de los valores, principios, derechos y garantias

constitucionales plasmados en la norma suprema del ordenamiento jurídico, por ello,  en  el

presente  caso  corresponde  realizar  una  necesaria  ponderación  por  un  Iado respecto al

procedimiento  administrativo instaurado por el Ente Fiscal, en el que  se aduce que se habrían

resguardado  los derechos  y garantías  constitucionales del sujeto pasivo, y por otro Iado, la

posición del recurrente que señala que debido a la falta de notificación de los actos y actuaciones

administrativas desarrolladas  dentro del procesamiento contravencional desarrollado ante la

Administración Tributaria se lo situó en estado de indefensión.

 

En el presente  caso, de la revisión  de antecedentes  administrativos se evidencia  que como

emergencia  del proceso  de determinación  iniciado por el Ente Fiscal a través de la Orden de

Verificación N° 0014OVI19322, el Ente Fiscal emitió el 26 de julio de 2016, la  Vista  de  Cargo

32-0134-2016,  actuación  que  conforme  se  tiene  de  fojas  83  de antecedentes

administrativos,  fue  notificada  por  cédula  el  12  de  agosto  de  2016. Posteriormente  se

advierte  que  el  Ente  Fiscal  emitió  el 16  de  diciembre  de  2016,  la Resolución

Determinativa  N° 17-1659-2016  (CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVl/RD/1865/2016), acto administrativo  de

carácter  definitivo  notificado  por  cédula  el 9 de enero  de 2017, constando a efecto de su

notificación conforme prevé el artículo 85 del Código Tributario, con el Aviso de Visita de 3 de

enero de 2017,  dejado a la contadora  del contribuyente (Daniela  Endara),  comunicando  que el

representante  legal de la empresa  Proyectos  y Construcciones  Civiles   SRL  sería   buscado

nuevamente   el  4  de  enero  de  2017; asimismo, el Aviso de Visita de 4 de enero de 2017, dejado

nuevamente a la contadora

 

 

 

 

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ACTOS T DAD  R EGTONAL   DE

 

 

 

 

(Daniela Endara),  comunicando  que al no haber sido encontrado el representante  legal de la

citada empresa se realizaría la respectiva representación.

 

En  ese  contexto,  se  tiene  que  la  representación  jurada  de  9 de  enero  de  2017  y  la

autorización emitida por la Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, a efecto de la

notificación por cédula, seguidamente consta la notificación por cédula en la persona de Daniela

Endara (contadora  de la empresa  Proyectos  y Construcciones Civiles SRL) efectuada el 9 de enero

de 2017, según se advierte de fojas 98 — 100 de antecedentes administrativos.

 

Lo mencionado precedentemente corrobora  que la Administración Tributaria  notificó la Resolución

Determinativa  N° 17-1659-2016  (CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016), el 9 de enero de 2017 y no

así como menciona el ahora recurrente  en los argumentos de su Recurso  de  Alzada,  el 9 de enero

de 2016,  a lo que  se suma  que no presentó prueba  que  demuestre  precisamente   que  la

notificación  con  la  citada  Resolución Determinativa N° 17-1659-2016

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVl/RD/1865/2016), hubiera sido efectuada  justamente  el 9 de enero  de 2016;

en ese entendido,  la  notificación  con la citada Resolución Determinativa cumplió su finalidad,

es decir, puso en conocimiento del interesado  (empresa  Proyectos  y Construcciones Civiles  SRL),

el  acto  emitido  por  la Administración Tributaria, así como los medios de impugnación del

mismo, produciendo los efectos de la validez y eficacia estipulados  en el artículo 32 de la Ley

2341; en ese entendido,   no   se   evidencia   que   la   Administración   Tributaria   hubiera

causado indefensión  al  ahora  recurrente  contrariamente  se  cumplieron  con  las  formalidades

establecidas  para  la  notificación   habiéndose  garantizado   el  efectivo  conocimiento  del

administrado respecto a las decisiones asumidas  por la autoridad actuante, materializando así su

derecho de asumir defensa y también su derecho de impugnar o contravenir la posición del Ente

Fiscal, de tal manera, que la notificación cumplió con su finalidad; desestimándose en consecuencia

los vicios de nulidad alegados por el recurrente en este punto.

 

IV.1.2. Fundamentación de/ acto impugnacfo

El  recurrente  argumenta  su Recurso  de  Alzada  señalando  que  el acto  impugnado  se trata de

un acto definitivo que contiene una declaración o decisión de la Administración Tributaria  con

alcance  particular  que  adolece  de  vicios  de  forma  y  de  fondo  porque

 

 

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien J an mit’ay ir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mbur uvi s a tendode qua mbae ti oñom ita mbaere p i Va e

 

 

 

 

 

 

 

principalmente incurre en infracción a la Ley del Procedimiento  Administrativo al no reunir los

elementos  esenciales  previstos  por  su artículo  28,  incisos  b), c),  d),  e)  y f), cita  al

efecto la SS.CC. 0249/2012.

 

La   Administración  Tributaria   al  respecto   señala   que   el  acto   impugnado   expone

claramente la razón y fundamento legal que sustenta  su posición, estableciendo que la decisión

adoptada respecto a lo solicitado, deviene de una correcta y objetiva valoración de   los   datos

del   proceso,   encontrándose   debidamente   justificada;   al   respecto, corresponde señalar lo

siguiente:

 

El  artículo  27  de  la  Ley  2341  de  Procedimiento  Administrativo,  en  relación  al  acto

administrativo dispone: Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión

de  la  Administración  Pública,  de  alcance  general  o  particular,  emitida  en ejercicio  de

la  potestad  administrativa,  normada  o  discrecional,  cumpliendo  con  los requisitos y

formalidades  establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado.

Es obligatorio,  exigible, ejecutable  y se presume legítimo.

 

El  artículo  28  de  la  Ley  2341  de  Procedimiento   Administrativo,  en  relación  a  los

elementos   del   acto   administrativo,   dispone:   Son   elementos   esenciales   del   acto

administrativo los siguientes: a) Competencia.  Ser dictado por autoridad competente;  b) Causa.

Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le s/rvan de causa y en el derecho aplicable,

  1. c) Objeto. El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible., d) Procedimiento. Antes de

su  emisión  deben  cumplirse  los procedimientos esenciales  y sustanciales  previstos,  y  los

que  resulten  aplicables  del  ordenamiento   jurídico;  e) Fundamento.  Deberá ser  fundamentado,

expresándose  en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando,  además,

los recaudos indicados en el inciso

  1. b) del presente articulo, y, f) Finalidad.  Deberd  cumplirse  con los fines  previstos  en el

ordenamiento jurídico.

 

Previo a ingresar al análisis de la problemática  que nos ocupa, es necesario considerar que el

artículo 115 de la Constitución Politica del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte

de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos  y

dependencias  de la Administración Pública  a su cumplimiento;  es

 

 

 

 

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AuTORIDAD REGIONAL  DE

IHrusx4cióx TfHeu¥ARi4

E st ado PI urina cional de Bolivia

 

en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,

gratuita,  transparente  y  sin  dilaciones;  lo  que  se  traduce  que  los  actos  y actuaciones

en  un  proceso  administrativo  se  deben  ajustar  no  sólo  al  ordenamiento jurídico  legal

sino a los preceptos  constitucionales; esto implica  garantizar  el correcto ejercicio de la

Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar

contrarios a los principios del Estado de Derecho.

 

El  debido  proceso  es  un  principio  jurídico  procesal  o  sustantivo  según  el  cual  toda

persona  tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y

equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer  sus

pretensiones  frente al juez. Se define el derecho al debido proceso. como el conjunto de garantías

previstas  en el ordenamiento  jurídico, a través  de las cuales se busca la protección del

individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se

respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las

resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del

debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución en el ámbito

administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir

una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la

resolución; y asi, dada esa  comprensión.  puedan  también  ser  revisados  esos  fundamentos  a

través  de  los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento  jUrídico.

 

Considerando  el  marco  constitucional  antes  referido,  el  artículo  28  de  la  Ley  2341  de

Procedimiento  Administrativo, aplicable al presente caso por previsión del artículo 201 del Código

Tributario,   establece   los  elementos  esenciales   que  debe  contener  todo  acto

administrativo; en el presente caso el recurrente observa en el acto administrativo impugnado, la

ausencia de causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad previstos en los incisos b), c),

d), e) y f) del artículo 28 de la Ley 2341.

 

 

  • DAR

 

Hechas  las  precisiones  antes  mencionadas,  el  Tribunal  Constitucional  Plurinacional

estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones, habiendo emitido

diferentes   entendimientos,   es   asi   que   en   la   Sentencia   Constitucional

 

 

 

 

Página 17 de 30       spam un

 

Justicia tributaria para vivir bien

 

””‘

Jan mit’ayir jach’a kamani Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomlta

mbaerepi Vae         .

“  ‘        ’  ” ‘   ‘

 

 

 

 

 

 

 

Plurinacional  1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente:  “E/ derecho  a la

fundamentación de un fallo es una garantia de legalidad que establece que todo acto de autoridad

precisa encontrarse  debidamente  fundado  y motivado,  entendiéndose  por lo primero  la

obligación  de  la  autoridad  que  lo  emite  para  citar  los  preceptos  legales, sustantivos  y

adjetivos,  en que se apoye la determinación  adoptada,  y por lo segundo, que exprese una serie de

razonamientos  lógico-jurídicos sobre el porqué considera gue el  caso  concreto  se  ajusta  a  la

hipótesis  normativa.’.  De  acuerdo  a  la  jurisprudencia constitucional  mencionada,   se  tiene

que  el  acto  administrativo  debe   ser  dictado necesariamente  con  arreglo  a  derecho,  esto

es  con  la  debida  fundamentación  que consiste  en  la  sustentación   de  la  resolución  en

un  precepto  legal,  asimismo,   la motivación   de   las   resoluciones   administrativas   no

implica   necesariamente   una argumentación  ampulosa  o exagerada,  ya que se considerará

cumplido dicho requisito cuando existe claridad  y precisión respecto a las razones que motivaron

a la autoridad para emitir una determinada decisión.

 

De  la  revisión  de  antecedentes  administratiVos se  establece  que el  presente  caso  se

originó  en  la  Orden  de  Verificación  N°  0014OVI19322  de  9  de  marzo  de  2015,  con

alcance  en  los  hechos  y  o  elementos  relativos  al  crédito  fiscal  IVA  declarado  por  el

contribuyente en el Form. 200, correspondiente al período fiscal junio 2011, que derivó en la

emisión de la Vista de Cargo 32-0134-2016 de 26 de julio de 2016 y la Resolución Determinativa  N°

17-1659-2016  (CITE:  SIN/GGLPZ/DF/SVl/RD/1865/2016)  de  16  de diciembre de 2016, que determinó

la obligación impositiva por el importe de Bs148.055.- ante la apropiación de crédito fiscal

indebido  en el periodo fiscal  junio 2011, actuación que constituida  en Título de Ejecución

Tributaria  dio lugar a la emisión del Proveído de inicio          de          Ejecución

Tributaria          N°          331729000195          (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00189/2017)  de

16  de  marzo  de  2017  y  ante  la  cual  la empresa  Proyecto  y  Construcciones  Civiles  SRL

se  apersono  ante  la  Administración Tributaria  el  23  de  junio  de  2017,  oponiéndose  a  la

ejecución  tributaria  de  la  deuda determinada    en   la    citada    Resolución

Determinativa    N°   17-1659-2016    (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016),  solicitud   de

prescripción   que  fue  rechazada   a través  de la nota  CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01666/2017

de 24 de agosto  de 2017, ahora impugnada.

 

 

 

 

 

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A¢r0RTDAD  REGIONAL  DE

IuPusuacióN Tei8uT4Ri4

 

 

De lo relacionado precedentemente se tiene que  el acto administrativo debe sustentarse en los

hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado, en ese entendido,

de     la     lectura      del      acto      impugnado      CITE      061729003785

(SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT  01666/2017)   de  24  de   agosto   de  2017,   objeto   de impugnación se

sustenta en los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa y en el derecho  aplicable respecto

a la prescripción  conteniendo  la debida fundamentación en la que expone una  \/adoración  y

análisis de la prescripción invocada, de tal manera  que estableció el objeto de la prescripción

invocada, (IVA junio 2011 ), acto que se advierte el marco legal que la Administración Tributaria

consideró aplicable al caso, efectuando finalmente   el  cómputo  respectivo   del  plazo  de  la

prescripción   de  acuerdo   a  los antecedentes, los que se exponen  en un cuadro, considerando

además la existencia de causales suspensivas o interruptivas.

 

En ese contexto, en base a lo relacionado precedentemente la Administración Tributaria asumió  una

decisión sobre la base de hechos y derechos,  causa, objeto, procedimiento, y finalidad previstos

en el artículo 28 de la Ley 2341, como elementos esenciales que debe contener todo acto

administrativo, lo que implica que el Ente Fiscal, no omitió su deber de fundamentación  y

motivación  para  disponer  el  rechazo  de  la  prescripción  invocada exige  el  marco

constitucional  y  legal  precedentemente  desarrollado  que

constituye una garantía inherente al debido proceso, cuyas labores le incumben al Ente Fiscal;

consecuentemente, se desestima el vicio de nulidad alegado por el recurrente por esta causa.

 

IV.2. Prescripción

Carla Andrea Pérez Mejía en representación de la empresa Proyecto  y Construcciones Civiles SRL en

los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la determinación de la  deuda  alcanza  al

período  fiscal  junio  2011,  comenzando  a correr  el 1 de enero  de 2012, habiendo  operado a

los 4 (cuatro)  años, es decir,  al 31 de diciembre  de 2015  y que si bien la Orden de

Verificación  suspendió su computo por 6 (seis) meses de igual manera  acaeció la prescripción  al

30 de junio  de 2016; agrega  que la  Ley  291,  no es aplicable a su caso en atención a la

irretroactividad de la norma. Cita el artículo 5 del DS 27310, respecto a la facultad de interponer

oposición a la prescripción incluso en etapa

 

 

 

 

 

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Ju s ticia trab ut a ria  pa ra  v    r bien

J an mit’ayir ¡ach’a kamani Mana ta saq kuraq kamachiq

M buruv isa ten do de gua mba e ti oñ om’ta mbae re p i Va e

 

 

 

 

 

 

 

de ejecución tributaria a tiempo de referir la inaplicabilidad de la Ley 291, que dispone la

imprescriptibilidad de deudas determinadas  que han quedado firmes.

 

Por su parte la Administración Tributaria cita los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, con las

modificaciones introducidas  por las Leyes 291 y 3 J 7 y refiere que esta se constituye en la

norma  aplicable  para el cómputo  de la prescripción  invocada,  señalando  que dicha normativa

determinó  que  las acciones  de la  Administración Tributaria  para  ejecutar  la deuda

tributaria  determinada   es  imprescriptible,  para  el  caso  la  establecida   en  la Resolución

Determinativa; agrega que las nuevas leyes no pueden afectar los derechos adquiridos por los

contribuyentes, lo que implicaría  hacer una aplicación  retroactiva  de la Ley, cita al efecto la

SS.CC. 021/2013, Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013, 1228/2013 y 1161/2013 y

AGIT-RJ 0757/2015; añade que las modificaciones introducidas   por   las   Leyes   291   y  317

deben  ser  aplicadas   obligatoriamente  por autoridades  administrativas,  judiciales  y

administrativas,  presumiéndose   conforme  la disposición contenida en el artículo 5 de la Ley N°

027 la constitucionalidad de las Leyes en   tanto   que   el   Tribunal   Constitucional

Plurinacional    resuelva    y   declare    su inconstitucionalidad, menciona al efecto la SS.CC.

1369/2013; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

 

 

Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para.

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.
  4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

 

  1. El térmi”no precederi/e se ampIi’ará a suele (7′) años cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se

inscr/d/era en un régimen tributario que no le corresponda.

 

III.   El término  para ejecufar las sanciones  por  contravenciones tributarias  prescribe  a los

dos (2) años.

 

 

 

 

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AUTORIDAD  REGIONAL  DE

IaPusx4ci0a TRleuyaRia

 

mEstaó

P|ur in ac+ onal  de  Bol  v ‹a

 

 

 

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59

de la Ley 2492, estableciendo:

 

  1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán  a los cuatro (4) años en la gestión

20t2, cinco (5) años en la gestión 20/3, seis (6) años en la gestión 2014, siete

(7) años  en la gestión  2015,  ocho (8) años  en la gestión  2016,  nueve (9) años en la gestión

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
  2. Determinar la deuda tributaria.
  3. Imponer sanciones administrativas.

 

El periodo  de prescripción,  para cada año establecido  en el presente  parágrafo,  será respecto

a las obligaciones  tributarias  cuyo  plazo  de  vencimiento  y  contravenciones tributarias

hubiesen ocurrido en dicho año.

//. Los términos de prescripción precedentes  se ampliarán  en tres (3) años adicionales cuando  el

sujeto  pasivo  o  tercero  responsable  no  cumpliera  con  la  obligación  de inscribirse en los

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contrav’enciones tributarias prescribe a los

cinco (5) años.

  1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

 

El artículo 60 parágrafos I y II del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la

prescripción, dispone:

 

  1. Excepto en  el  Numeral  3  del  Parágrafo  I  del  Artículo  anferior,  el  término  de  la

prescripción  se  computará  desde  el  primer  día  del  año  siguiente  a  aquel  en  que  se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

  1. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer

día del aAo siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

 

 

 

 

El artículo 61 del referido Código Tributario,  en relación a las causales  de interrupción de la

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por. a) La notificación al sujeto pasivo  con

la  Resolución  Determinativa.  b)  El  reconocimiento expreso  o  tácito  de  la obligación  por

parte  del  sujeto  pasivo  o  tercero  responsable,  o  por  la  solicitud  de facilidades de

pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir  del

primer dia hábil del mes siguiente  a aquél en que se produjo la interrupción.

 

El  artículo  62  del  Código  Tributario,  en  relación  a  las  causales  de  suspensión  de  la

prescripción, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de  recursos

administrativos  o  procesos   judiciales  por  parte  del  contribuyente.  La suspensión se inicia

con la presentación  de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción  formal  del

expediente  por  la  Administración Tributaria  para la ejecución  del respectivo fallo.

 

El articulo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, numeral 4, dispone: La ejecución

tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes

títulos.’  4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.

 

El  artículo  109  de  la  disposición  legal  citada  precedentemente  en  su  parágrafo  ll,

establece:  Contra la ejecución  fiscal,  sólo serán admisibles las siguientes  causales de

oposición: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.

  1. Resolución firme  o  sentencia   con  autoridad   de  cosa  juzgada  que  declare  la

inexistencia de la deuda. 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente.

 

El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I

del Articulo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el

proveída  que  dé  inicio  a la ejecución  tributaria,  acto  que,  de  conformidad  a  las  normas

vigentes, es inimpugnable.

 

 

 

 

 

 

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a•e¢-zfw\+

 

 

 

 

 

 

AUTOIIIDAD REGIONAL  DE

 

E s ta do P lur in a c io  nal  de  BoIiv’ a

 

El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la

prescripción fanfo en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución

tributaria.

 

Abordando  la temática  que nos  ocupa,  es necesario  resaltar  que  si bien el instituto  de la

prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del

tiempo,  no  es  menos  cierto  que  la  obligación  tributaria  determinada  o  en  su  caso  el

establecimiento  de  sanciones  por  contravenciones, mantendrá  su  vigencia  en  el  tiempo,

independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este

instituto no extingue la obligación tributaria ni las sanciones administrativas impuestas, por ello

es  perfectamente  posible  que  el  sujeto  pasivo  realice  pagos  aun  cuando  los  montos

emergentes  de  la  obligación  tributaria  o  la  sanción  están  prescritos  y estos,  además,

se consoliden a favor del Estado; razón por la cual la posibilidad de extinción por prescripción se

consolida  respecto  a  la  exigibilidad  de la obligación  tributaria  o  la  sanción

administrativa imputada; en ese entendido, la Ley 2492 en vigencia, específicamente dispone cuáles

son las facultades  que  son  susceptibles  de  declararse  prescritas,  que  conforme  la  citada

norma tributaria esta únicamente referida a las facultades de controlar, investigar, verificar,

comprobar y  fiscalizar  tributos,  determinar  la  deuda  tributaria,  imponer  sanciones

administrativas  y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias de acuerdo al

procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 en adelante de la Ley 2492, empero, existe

un término legal para ejercer esas facultades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ot R

De la normativa  legal descrita  inicialmente,  se tiene que en nuestro  ordenamiento  jurídico

antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre

de 2012  y 317 de 11 de diciembre  de 2012, el artículo  59, establecía  que las acciones  de  la

Administración  Tributaria  para  determinar   la  deuda  tributaria,  imponer sanciones

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro

(4) años, señalando que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribía  a los dos (2) años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada

disposición legal, pre\/é que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se computo

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del

período de pago respectivo,  el término para ejercer la facultad de ejecución tributaria se

computará

 

 

 

 

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desde  la  notificación  con  los  títulos  de  ejecución  tributaria  y  el  término  para

ejecutar  las sanciones por contravenciones tributarias se computará desde el momento en que

adquiría la calidad de titulo de ejecución tributana.

 

Con la vigencia de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, el artículo 59 de la Ley 2492, fue

modificado  estableciendo  nuevos  parámetros  legales  de extinción,  en ese contexto,  dicha

norma legal instituye que las acciones de la Administración Tnbutaria para determinar la deuda

tnbutaria prescribirán  a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la

gestión 2016, (…), para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; el

último  párrafo  del  parágrafo  I  indica:  “El  periodo  de  prescripción,   para  cada  año

establecido  en el presente  parágrafo,  será respecto a las obligaciones  tributarias  cuyo plazo

de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.”, Ley que es de

cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta con la presunción de

constitucionalidad de conformidad al articulo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, nuestro

Estado mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez

(10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un

año en cada gestión hasta completar el 2018; respecto  a  la  prescripción  de  la  facultad  de

ejecutar  la  deuda  tributaria  determinada, señala que es imprescriptible.

 

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012,

excepto por la derogación del último párrafo, parágrafo I, artículo 59 de la Ley 2492, modificado

por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción para cada año establecido en  el

presente  parágrafo,   será  respecto  a  las  obligaciones   tributanas  cuyo  plazo  de

vencimiento  y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la

mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y II del articulo 60 de la Ley 2492, previamente

modificados  por  la citada  Ley  291, que ahora  refiere  que el término  de la prescripción  se

computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del

período de pago respectivo; en  ese entendido, se tiene que las modificaciones incorporadas por las

Leyes 291 y 317, no solamente establecen el cómputo progresivo de la prescnpción, sino que con la

derogación del último párrafo, parágrafo I, artículo 59 de la Ley 2492 o por la mencionada  Ley

291,  el citado  cómputo  de la  prescripción  se aplica  progresi\tamente en

 

 

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL  DE

 

 

 

función de las facultades del Ente Fiscal.

 

 

Para una adecuada comprensión de la problemática  que nos ocupa analizar, es necesario realizar una

previa contextualización de las principales actuaciones administrativas; al efecto, de  la

revisión  de  antecedentes  administrativos,  se establece  que  mediante  la  Orden  de

Verificación  N°  0014OVI19322  de  9  de  marzo  de  2015,  la  Administración Tributaria comunicó

a la empresa Proyecto y Construcciones CiViles SRL el inicio de la fiscalización con alcance en los

hechos y/o elementos relativos al crédito fiscal IVA correspondiente al período fiscal junio 2011,

declarado por el contribuyente, solicitando en ese contexto, la  presentación  de  la

documentación  que  se  detalla  a  continuación:  Declaraciones Juradas de los períodos observados

(Form. 200 o 210), originales de las facturas, notas fiscales   o   documento   equivalente   de

compras   correspondientes   a   los   periodos observados,   Libros   de   Compras   IVA   y

Libro   Auxiliar   de   Bancarización   y   otra documentación que el fiscalizador  solicite.

 

Postenormente el Ente Fiscal emitió el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/1788/2016 de  26 de julio

de 2016  y sobre  la base  de sus se evidencia  la  emisión de la  Vista  de Cargo   32-0134-2016

de  26  de  julio  de  2016,  que  estableció   preliminarmente  la apropiación indebida por parte

del contribuyente de crédito fiscal IVA en el periodo fiscal junio   2011,   asimismo,   a   través

de  la   citada   actuación   el  Ente  Fiscal  otorgó   al contribuyente  el  plazo  de  30

dias  corridos  e  improrrogables  para  la  formulación  de descargos  y  presentación  de  prueba

conforme  establece  el  artículo  98  del  Código Tributario.

Resultado   del   procedimiento   administrativo   el   Ente   Fiscal   emitió   la   Resolución

Determinativa   N°  17-1659-2016  (CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016)  de  16  de diciembre  de

2016,  que  resolvió  determinar  de oficio  las  obligaciones  impositivas  del contribuyente  por

el período  fiscal junio 2011, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el importe de

Bs148.055.-.  Posteriormente se advierte que ante la falta de impugnación de          la

citada          Resolución          Determinativa          N°          17-1659-2016

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016), el Ente Fiscal emitió el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 331729000195  (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00189/2017) de 16 de marzo  de 2017,

anunciando  que estando  firme  y ejecutoriada  la  Resolución

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’a yir |ach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

M buruv sa tend adegua mba e li  oñ omira

 

 

 

 

Determinativa  N° 17-1659-2016  (CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016), daría  inicio a la ejecución

tributaria.

 

Ante la inminencia de la ejecución tributaria, por nota CITE: PCC-056/2017,  presentada el 23 de

junio  de 2017, la empresa  Proyecto  y Construcciones Civiles  SRL  se apersonó ante la

Administración Tributaria  oponiéndose  por prescripción  a la ejecución tributaria de   la   deuda

determinada    en   la   Resolución    Determinativa    N°   17-1659-2016

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016).  En  ese  entendido,  el  Ente  Fiscal  por  nota CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01666/2017 de 24 de agosto de 2017, en respuesta al  CITE:  PCC-056/2017  de

22  de  junio  de  2017,  señalo  no  ha Iugar  a  la  solicitud  de oposición  a la ejecución

tributaria  por prescripción  conforme  se tiene de fojas 134-136 de antecedentes administrativos,

actuación que se constituye en el acto impugnado.

 

En el contexto relacionado precedentemente, previo a ingresar al análisis propiamente dicho del

instituto de la prescripción objeto de la presente controversia, corresponde señalar que el ahora

recurrente  en  los  argumentos  de  su  Recurso  de  Alzada  invoca  implícitamente  la

prescripción  de la facultad de determinar  y ejecutar  la deuda  tributana  determinada  en la

Resolución  Determinativa  N°  17-1659-2016  (CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016) de  16  de

diciembre  de  2016,  declarándola  inexistente;  en  ese                  cabe  dejar claramente

establecido que el proceso se encuentra en etapa de ejecución tnbutaria; en ese contexto,  no  es

factible  emitir  pronunciamiento  respecto  a  la  prescripción  en  etapa  de determinación

máxime se considera que el acto administrativo de determinación cuenta con calidad de firmeza; en

ese entendido, el presente análisis se ceñirá a verificar la existencia o no de la prescripción de

las facultades de ejecución  del Ente Fiscal.

 

En  ese  sentido  se  tiene  que  en  el artículo  108,  parágrafo  I del  Código  Tributario,  se

encuentran  listados  los  Títulos  de  Ejecución  Tributaria,  en  mérito  a  los  cuales  la

Administración Tributaria  ingresa  a  la  fase  de  ejecución  tributaria;  al  efecto,  la

citada disposición legal en su numeral 4, dispone que la  ejecución tributaria se realizará por la

Administración   Tributaria   con   la   notificación   de:   ‘1.Resolución   Determinativa   o

Sancionaloria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción gue imponen’. en mérito a dicha

normativa, en el presente caso la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio

de          Ejecución          Tributaria          N°          331729000195          (CITE:

 

 

 

 

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AUToRIDAD REGIONAL  DE

T ¥PfJGNACTóN  f  RTBtJTAREA

 

 

SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00189/2017) de 16 de marzo de 2017, con la finalidad  de proceder    a    su

ejecución    de    la    Resolución    Determinativa    N°    17-1659-2016

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVl/RD/1865/2016) de 16 de diciembre de 2016, que determinó las obligaciones

impositivas  del contribuyente  Proyectos  y Construcciones Civiles  SRL por el IVA del periodo

fiscal junio 2011, en el importe de Bs148.055.-.

 

Es necesario  puntualizar  que  el artículo  4 del DS  27874  de  26 de noviembre  de 2004,

establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en el

parágrafo I, artículo 108 del Código Tributario, procede:  “(…) al tercer dia siguiente de la

notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria”, precepto normativo que

determina el efecto compulsivo  y coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al

tercer día de la notificación con el citado Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, actuación

que constituye  intimación  que emplaza  al deudor  a  cancelar  sus  obligaciones  tributarias

determinadas o auto determinadas, lo que implica que a partir de la puesta en vigencia del citado

Decreto Supremo, las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal  de

conminar  al pago a  través de los  citados  proveídos  de ejecución  tributaria,  bajo

apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del

Código Tributario; es así, que con dicha actuación (PIET), el Ente Fiscal inicia la fase de

 

 

En este punto de análisis conviene  señalar que el ejercicio de las facultades  otorgadas  al Ente

Fiscal en relación a la ejecución tributaria, se inician con la notificación del Proveido de

Ejecución Tributaria, en razón a que dicha actuación administrativa además de constituirse en una

conminatoria al pago de la obligación tributaria, cuya ejecutabilidad procede al tercer día

siguiente  de la notificación  conforme  dispone el artículo  4 del DS 27874,  también  se

constituye en una actuación que produce efectos en el administrado a partir de la fecha de

notificación, iniciando de esa manera el curso de la extinción, en éste caso, de la prescripción,

todo  ello,  en                           el  entendimiento  asumido  por  la  Autoridad  General

de Impugnación  Tributaria,  lineamiento  que  está  expresado  en  diferentes  Resoluciones  de

Recurso Jerárquico, como es el caso de AGIT-RJ 1821/2013 de 30 de septiembre de 2013, entre otras.

En ese contexto, el cómputo del plazo de la prescripción de la ejecución tributaria de la deuda, se

inicia a partir del momento en que es puesto a conocimiento el PIET al sujeto pasivo,  actuación

que  además  de estar  respaldada  en  el  Título  de Ejecución  Tributaria,

 

 

 

 

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Justicia t ributaria para vivir bien

J an mit’ayir jach’a kama ni Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvi s a t endode gua mbae ti oñ o mita mbaere p i  Va e

 

 

 

 

 

 

 

comunica  precisamente  el  inicio  de  su  facultad  de  ejecución,  lo  que  convierte  a  este

documento  administrativo  en  el  comienzo  de  la  fase  de  cobro  por  el  lapso  que  la  Ley

establece para el efecto.

 

Bajo  la  aclaración  efectuada  precedentemente  y  toda  vez  que  el  presente  caso  está

relacionado  con la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución (cobro) de la deuda

tributaria      resultante      de      la     Resolución      Determinativa      N°

17-1659-2016 (CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016) de 16 de diciembre de 2016, originada  en la

apropiación indebida de crédito fiscal (IVA) en el período fiscal junio 2011, de la revisión de

antecedentes  administrativos  se  evidencia  que  la  actuación  administrativa  que  inició  el

ejercicio  de  la  facultad  de  ejecución  tributaria  para  el  caso  es el  Proveido  de  Inicio

de Ejecución Tributaria N° 331729000195 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00189/2017) de 16 de marzo

de 2017,   notificada el 18 de abril  de 2017, dando inicio al cómputo del plazo de la prescripción

a partir del 19 de abril de 2017, siendo este hecho el que desarrolla el cómputo de la prescripción

en función a las modificaciones incorporadas por las Leyes 291  y 317,  al artículo  59 de la  Ley

2492, que  precisamente  respecto  a  la  facultad  de ejecutar la deuda tributaria determinada

refiere su imprescriptibilidad; en consecuencia, se tiene que la  facultad  de ejecución

tributaria  de la deuda  tributaria  establecida  en la Resolución  Determinativa  N°  17-1659-2016

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVl/RD/1865/2016) de 16 de diciembre de 2016, no se encuentra prescrita.

 

Con relación a las causales  de interrupción previstas en el Código Tributario,  se tiene que  el

artículo   61  de  la  Ley  2492,  establece  puntualmente   que  la  mencionada prescripción  se

interrumpe  por  la  notificación  al  sujeto  pasivo  con  la  Resolución Determinativa  (se

entiende  para  la  determinación),  que  para  eT  caso  no  aplica  por encontrarse el caso en

etapa de ejecución tributaria y por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte

del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades  de pago; circunstancias

que no se advierten  en el presente caso. Con relación  a  las  causas  de  suspensión  el

artículo  62  de  la  misma  disposición  legal, establece   que   se  constituyen   en  tales  la

notificación   del   inicio   de  fiscalización indi\/idualizada  en  el  contribuyente  y  la

interposición  de  recursos  administrativos  o procesos  judiciales  por  parte  del

contribuyente;  circunstancias que  no  inciden  en  el presente  caso  como  se  dijo

precedentemente  al  encontrarse  en  fase  de  ejecución

 

 

 

 

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AUTORIDAD RE 6IONAL DE

 

 

tributaria, aspecto que desestima la existencia de causales de interrupción y suspensión que

hubieran interrumpido el cómputo de la aludida prescripción.

Respecto a la prueba presentada por el sujeto pasivo dentro del plazo probatorio aperturado a

través  del  Auto  de  26  de  octubre  de  2017,  administrativos,  mediante  nota  de  22  de

noviembre de 2017, consistente en la  Orden de Verificación N° 0014OVI19322. Vista de Cargo N°

32-0134-2016, Resolución  Determinativa N• 17-1659-2016, Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria

N• 331729000195  y la nota CITE: PCC-056/2017,  fojas   74-94 de antecedentes administrativos,

respecto de la cual el contribuyente prestó Juramento  de Prueba de Reciente Obtención el 7 de

diciembre de 2017, a horas 15:00, corresponde señalar que en absoluto desvirtúan la posición del

Ente Fiscal respecto a la forma de notificación con la                  Resolución

Determinativa                  N°                  17-1659-2016

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVl/RD/1865/2016) de 16 de diciembre de 2016 y la prescripción de sus facultades

de ejecución.

Conforme  a  los  fundamentos  antes  mencionados,   se  concluye  que  la  facultad  de  la

Administración  Tributaria   para  la  ejecución   de  la  deuda   tñbutaria   emergente   de  la

determinación     asumida     en    la     Resolución     Determinativa     N°     17-1659-2016

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1865/2016) de 16 de diciembre  de 2016, constituido  en Título de

Ejecución Tributaria cuyo cobro pretende el Ente Fiscal a través del Proveido de Inicio          de

Ejecución          Tributaria          N°          331729000195          (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00189/2017)  de  16  de  marzo  de  2017,  no  se  encuentra prescrita;

en    consecuencia,     corresponde     confirmar     el    CITE    061729003785

(SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01666/2017)  de  24  de  agosto  de  2017,  emitido  por  la Gerencia

Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales.

 

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con  las  atribuciones

conferidas  por  el artículo  140  de  la  Ley  2492,  Título  V  del  Código Tributario

Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

 

 

 

 

 

 

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RESUELVE:

PRIMERO:            CONFIRMAR            la            nota            CITE           061729003785

(SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01666/2017)  de  24  de  agosto  de  2017,  emitida  por  la Gerencia

Grandes   Contribuyentes  del  Servicio   de  Impuestos   Nacionales   contra   el contribuyente

empresa  Proyecto  y Construcciones Civiles  SRL; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente

la facultad de ejecución de la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa  N°

17-1659-2016  (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVl/RD/1865/2016) de 16 de diciembre de 2016, originada en la

apropiación de crédito fiscal indebido (IVA) en el período fiscal junio 2011.

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la

Constitución  Política  del Estado  una vez que adquiera  la condición de firme, conforme establece

el artículo  199  del Código  Tributario,  será  de  cumplimiento  obligatorio  para  la

administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

TERCERO:  Enviar  copia  de  la  presente  Resolución  al  Registro  Público  de  la  Autoridad

General  de  Impugnación  Tributaria,  de  conformidad  al  artículo  140  inciso  c) del  Código

Tributario y sea con nota de atención.

 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del

Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su

notificación.

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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