ARIT-LPZ-RA-1404-2019 Resolución Determinativa anulada. La contribuyente solicita prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria pero esta vulneraría el derecho al debido proceso, ya que para el análisis de la prescripción el SIN se basó en información que no correspondía al caso, no explicó el razonamiento jurídico que indujo al rechazo de la prescripción, no efectuó los cómputos de la prescripción solicitada, ni análisis de la suspensión o interrupción del mismo. Vulnera el derecho al debido proceso al no fundamentar ni motivar su resolución.

ARIT-LPZ-RA-1404-2019

ul: 

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1404/2019

Recurrente: 

Carmen Paloma Guarachi Barrios 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N°171920001873 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/7/201.9)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0942/2019

Lugar y Fecha: ..

La Paz, 16 de diciembre de 2019 

VISTOS: : : ; El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de Apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1404/2019 de 13 de diciembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. .in

i ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171920001873 (SIN/GDLPZ I/DJCCIUTJ/RD/7/2019) de 30 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio sobre. base cierta, las obligaciones impositivas de la contribuyente, que ascienden a un total de 8.005 UV’s correspondiente a la deuda tributaria omitida resultante de la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el Crédito Fiscal IVA correspondiente al periodo noviembre de 2010; asimismo, estableció sanción con multa igual al 100% del tributo omitido determinado la fecha de vencimiento, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 por incurrir en la conducta de omisión de pago; finalmente dispuso sanción por el incumplimiento al deber formal por la no entrega de ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la

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ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, con multa de 1.500 UFV’s.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos de la Recurrente Carmen Paloma Guarachi Zegarra mediante memoriales presentados el 18 de septiembre de 2019, cursante a fojas 17-19 y 22-24 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Resolución Determinativa en el acápite de “Descargos presentados a la Vista de Cargo”, específicamente en la página 8 de 14, última parte del primer parágrafo, textualmente señala: “(...) Vale decir que el periodo observado según la orden de Verificación Nro. 16990200587 tiene un alcance de Diciembre del 2010, y su vencimiento es 11/01/2011”, afirmación incorrecta, toda vez que la Orden de Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y documentación soporte, establecen que el Número de la citada Orden es N° 18200200088, con alcance al periodo de noviembre de 2010 y con vencimiento al 11 de diciembre de 2010, este aspecto vulneró su derecho al debido proceso previsto en la Constitución Política del Estado y en los numerales 6 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492.

Señala que con esta equivocación, la Administración Tributaria realizó el cálculo de la prescripción de forma equivocada; toda vez que las obligaciones de noviembre de 2010 vencen en diciembre de 2010, debiendo iniciarse el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2011, razón por la que aun considerando las causales de suspensión y la inexistencia de causales de interrupción las facultades del SIN se: encontrarían prescritas.

.

.'”.

De acuerdo a lo expuesto en la Resolución Determinativa, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2018; es decir, 8 años más tarde; no obstante; el 20 de septiembre de 2018 fue notificado con el inicio de la verificación; por tanto, toda vez que de conformidad al artículo 62 del Código Tributario, el curso de la prescripción se suspende con la notificación del inicio de la fiscalización individualizada, para el presente caso la prescripción se suspendió el 20 de septiembre de 2018 hasta el 20 de marzo de 2019.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Según el artículo 61 inciso a) de la Ley 2492, la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa interrumpe la prescripción; en el presente caso, el acto definitivo, se notificó el 22 de agosto de 2019, cuando ya se encontraba prescrita la facultad de determinación de la Administración Tributaria, aun si la suspensión de los 6 meses iniciare el 1 de enero de 2019, el acto definitivo debió notificarse hasta el 31 de junio de 2019; sin embargo, se notificó el 22 de agosto de 2019.

De conformidad a los artículos 131 de la Ley 2492, 4 numeral 3 de la. Ley 3092 y 5 del DS 27310, el contribuyente puede solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria; al efecto, cita la SC 0001/2004-R. De acuerdo a la doctrina, el cómputo de la prescripción debe iniciarse a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse; al respecto, el artículo 1493 del Código Civil establece que “la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, criterio que también se encuentra expresado en el artículo 60 de la Ley 2492

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171920001873 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/7/2019) de 30 de julio de 2019

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Carmen Paloma Guarachi Barrios, fue admitido por Auto de 23 de septiembre de 2019, notificado personalmente a la recurrente el 26 de septiembre de 2019 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 3 de octubre de 2019, fojas 25-30 de obrados.

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11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 18 de octubre de 2019, cursante a fojas 33-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

En cumplimiento al principio de legalidad, la Ley aplicable al presente proceso es la Ley 2492 con las modificaciones realizadas por la Ley 812; a tal efecto, citó lo dispuesto por el artículo 2 parágrafo II de la citada Ley 812 que modificó los parágrafos I y II del artículo 59 del Código Tributario, previsión legal que establece un término de 8 años para que opere la prescripción.

La suspensión en el cómputo de la prescripción se encuentra regulada por el artículo 62 de la Ley 2492; al efecto, dentro del presente proceso de determinación, existieron 2 causales de suspensión, la primera con la notificación de la Orden de Verificación N° 18200200088, por un periodo de 6 meses, y la segunda con la interposición del Recurso de Alzada realizada por Carmen Paloma Guarachi. Barrios, al impugnar el Proveido N° 241820000471; las cuales deben ser tomadas en cuenta para el correcto cómputo de la prescripción..

Cita lo previsto por el artículo 61 de la Ley 2492, referido a las causales de interrupción del cómputo de la prescripción, resaltando que Carmen Paloma Guarachi Barrios, el 3 de octubre de 2018, solicitó prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria por el periodo fiscal de noviembre de 2010, momento en el cual el proceso de fiscalización o verificación se encontraba en curso y no. existía deuda tributaria alguna susceptible de prescripción; es decir, dicha actuación interrumpió el curso de la prescripción, por adecuarse al precepto legal mencionado, que establece que el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor es una causal de interrupción. Por todo lo expuesto, la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa no se encuentra prescrita.

En cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y. 211 de la Ley 2492, solicita que esta instancia recursiva se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada y se respete el principio de congruencia; al efecto, cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0790/2017.y AGIT-RJ-0.135/2011.

Conforme a los . fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171920001873 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/7/2019) de 30 de julio de 2019.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 21 de octubre de 2019, se declaró la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría el 23 de octubre de 2019, tanto a la recurrente como a la Administración Tributaria; fojas 37 y 41 de obrados. . .

Por memorial presentado el 29 de octubre de 2019, la. Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos originales remitidos a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 30 de octubre de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada a las partes en Secretaría en la misma fecha, fojas 43-45 de obrados.

.

11.5 Alegatos Mediante memorial presentado el 14 de noviembre de 2019 ante esta Instancia Recursiva, Carmen Paloma Guarachi Barrios, presentó alegatos en conclusiones reiterando sus argumentos respecto a la equivocación que comete el Ente Fiscal en cuanto al periodo fiscalizado, toda vez que el 3 de octubre de 2018 y el 5 de julio de 2019 presentó ante la Administración Tributaria solicitudes referidas a la prescripción – de la facultad de determinať deudas por el periodo de noviembre de 20.10; sin . embargo, el Ente Fiscal – no atendió lo peticionado, más al contrario, confunde periodos, vulnerando de esa manera los derechos a la petición y a la defensa.

.

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Además, la recurrente a través del citado memorial citó como jurisprudencia aplicable, las Sentencias Constitucionales Nos. 0645/2015-S3, 0751/2015-S3, 0928/2015-S2, 0990/2015-S1, 1016/2015-S3, 0273/2012, 0966/2016-S2 y 0835/2018-S1 y añadió que la Resolución Determinativa se apartó del procedimiento de fiscalización, conforme lo previsto por los artículos 95, 96 y 99 de la Ley 2492, toda vez que es en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa donde se debe responder a la solicitud de prescripción y no en una Resolución Administrativa; la norma vigente a momento de ocurridos los ilícitos tributarios era la Ley 2492 sin modificaciones; corresponde a la Autoridad de Impugnación Tributara AIT en resguardo al principio de favorabilidad aplicar la norma más benigna, la cual por analogia podrá ser aplicada aunque se encuentre dérogada y por último, que de

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acuerdo al principio de oficialidad o de impulso de oficio, la AIT debe buscar la verdad material de los hechos; al efecto, por Proveído de 15 de noviembre de 2019 se dio pòr formulados los alegatos; actuación administrativa notificada el 20 de noviembre de 2019; fojas 46-50 de obrados.

De la revisión de obrados, se advierte que la Administración Tributaria no formuló alegatos de conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de Verificación N° 18200200088 de 12 de septiembre de 2018, en aplicación de los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, 29 y 32 del DS 27310, comunicando a Carmen Paloma Guarachi Barrios, que sería sujeta a un: Proceso de Determinación

con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes al Crédito Fiscal IVA correspondiente al período fiscal de noviembre de 2010, actuación que fue notificada personalmente a la ahora recurrente el 20 de septiembre de 2018, fojas 5 de antecedentes administrativos.

Mediante Requerimiento de Documentación No 00145864 de 12 de septiembre de 2018, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales solicitó información documentada a Carmen Paloma Guarachi Barrios, referente a las Declaraciones Juradas sobre el Impuesto al Valor Agregado IVA Form. 200, Libro Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA, Comprobantes de egresos además de toda otra documentación que el fiscalizador requiera en el proceso de verificación correspondiente, actuación que fue notificada el 20 de septiembre de 2018, fojas 6 de antecedentes administrativos.

El Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00174241, detalla que la contribuyente Carmen Paloma Guarachi Barrios, incurrió en el incumplimiento al deber formal de “entregar documentación e información requerida por la Administración Tributará durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación“; esto en el entendido de que no presentó la documentación solicitada ante la notificación de las ordenes de verificación ni requerimientos; contraviniendo los artículos 70 numerales 1,6 y 8, y 100 numeral 1 de la Ley 2492; razón por la que fue sancionado con una

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multa de 1.500 UFV’s de conformidad al Anexo I numeral 4 subnumeral 4.1 de la RND 10-0033-16; fojas 8 de antecedentes administrativos.

Carmen Paloma Guarachi, mediante memorial presentado el 3 de octubre de 2018, ante la Gerencia Distrital La Paz i del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria sobre el período fiscal noviembre de 2010 relativas a las órdenes de Verificación Nos. 18200200088 y 18200200087 y sus requerimientos de documentación correspondientes; fojas 12-13 de antecedentes administrativos.

Por Proveído N° 241820000471 (SIN/GDLPZ I/DF/PŘOV/00196/2018) de 11 de octubre de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, respondió a la solicitud de memorial presentado el 3 de octubre de 2018 por Carmen Paloma Guarachi. Barrios respecto a la prescripción de las facultades de determinación del adeudo tributario con referencia al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuesto a la Transacción (IT) ambos del período fiscal Noviembre 2010, señalando que diferirá su respuesta a momento de emitir la correspondiente Resolución Determinativa, actuación que fue notificada de manera personal el 18 de octubre de 2018, fojas 19-20 de antecedentes administrativos.

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El citado Proveido fue objeto de impugnación ante esta instancia de Alzada, cuyo resultado concluyó con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0090/2019 de 28 de enero de 2019, que anuló obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 6 de noviembre de 2018, consecuentemente, de conformidad al artículo 198 parágrafo IV de la Ley 2492, se procedió al rechazo del Recurso de Alzada presentado por Carmen Paloma Guarachi Barrios, contra el Proveido No 241820000471 (SIN/GDLPZ 1/DF/PROVI00196/2018) de 11 de octubre de 2018. Acto administrativo que luego de ser debidamente notificado a las partes, no fue objeto de impugnación alguna, razón por la que mediante Auto de Declaratoria de Firmeza de 20 de febrero de 2019, se declaró firme; fojas 91-106 y 109 de antecedentes administrativos.

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En base al Informe SIN/GDLPZ-1/DF/SVECP/INF/02862/2019, la Administración Tributaria emitió la vista de Cargo N° 291920000386 (CITE: IN/GDLPZ 1/DF/SVECPİVC/0396/2019) de 23 de abril de 2019, estableció el tributo omitido de

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5.153 UFV’s, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado del período fiscal noviembre de 2010, en aplicación del artículo 47 de la Ley 2492 (Modificado por el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 812) y el artículo 165 de la citada Ley, asimismo, estableció la Multa de 1.500 UFV’s por Incumplimiento a Deberes Formales de acuerdo al Acta por contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación. No ” 174241. Adicionalmente establece que, en caso de merecer objeción a la presente, según lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492, el contribuyente dispondrá de treinta (30) días calendario, improrrogables, computables a partir de su legal notificación para. formular descargos y presentar pruebas; actuación notificada personalmente a Carmen Paloma Guarachi Barrios, el 24 de mayo de 2019, fojas 127-145 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria, el 5 de julio de 2019, Carmen Paloma Guarachi Barrios, reiteró su solicitud de prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria correspondiente al periodo noviembre de 2010, por lo tanto, solicitó que la Resolución Determinativa contenga el pronunciamiento respecto a su solicitud, atendiendo o desestimán

ndiendo o desestimándola de manera fundamentada; fojas 157-158 de antecedentes administrativos.

En base al Informe CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/INF/20/2019 de 30 de julio de 2019, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171920001873 (SIN/GDLPZ 1/DJCCIUTJ/RD/7/2019) de 30 de julio de 2019, que resolvió determinar de oficio. sobre base cierta, las obligaciones impositivas de la contribuyente, que ascienden a un total de 8.005 UV’s correspondiente a la deuda tributaria omitida resultante de la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el Crédito Fiscal IVA correspondiente al. periodo noviembre de 2010; asimismo, estableció sanción con multa igual al 100% del tributo omitido determinado la fecha de vencimiento, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 por incurrir en la conducta de omisión de pago; finalmente dispuso sanción por el incumplimiento al deber formal por la no entrega de ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, con multa de 1.500 UFV’s; dicho acto administrativo definitivo fue notificado, personalmente a

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Carmen Paloma Guarachi Barrios, el 22 de agosto de 2019; fojas 163-183 de

antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198. del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Carmen Paloma Guarachi Barrios; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente cáso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva..

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Se hace necesario puntualizar que la recurrente, en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la revocatoria total del acto impugnado; sin embargo, de la lectura de su Recurso, se advierten tanto aspectos de forma como de fondo, por lo que siendo obligación de ésta Instancia Recursiva responder todos los agravios esgrimidos, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se efectuará inicialmente la revisión de los aspectos de forma (vulneración al debido proceso) y si estos están legalmente sancionados con la nulidad y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteados; referidos a la (prescripción).

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IV.1. ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Debido Proceso · La recurrente señala que la Resolución Determinativa en el acápite de “Descargos presentados a la Vista de Cargo”, específicamente en la página 8 de 14, última parte del primer parágrafo, textualmente señala: “(…) Vale decir que el periodo observado según la orden de verificación Nro. 16990200587 tiene un alcance de diciembre del 2010 y su vencimiento es el 11/01/2011 (...)”, afirmación incorrecta, toda vez que la

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Orden de Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y documentación soporte, establecen que el Número de la citada. Orden es N° 18200200088, con alcance al periodo de noviembre de 2010 y con vencimiento al 11 de diciembre de 2010, aspecto que vulneró su derecho al debido proceso previsto en la Constitución Política del Estado y en los numerales 6 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492.

La Administración Tributaria no emitió pronunciamiento con relación al citado agravio; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 24 de la Constitución. Política del Estado, en relación al derecho de petición, dispone: Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; ll. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 117 de la referida Constitución Política del Estado, establece: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso. 

El artículo 68 numerales 2, 6 y 7 de la Ley 2492, establece entre los derechos del sujeto pasivo: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal: o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 

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todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, concordante con el artículo 19 del DS 27310, señala: La Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente, desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

El artículo 16, incisos a) y h) de la Ley 2341, establecen: En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes derechos: à) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente. h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen 

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El artículo 5 de la Ley 27310, establece: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y. 60 de la Ley N° 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

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Previó a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de los actos administrativos, es decir, que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias

de la Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional Net Dorado Evogo

establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,

transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en na un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico Guzmán Aure VoBo

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legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico ý. debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen’ derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

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Corresponde señalar también que la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución y así dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico. A lo anterior se suma, la normativa referida en los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente, además de obtener una respuesta. fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen.

Bajo el marco legal citado anteriormente, corresponde señalar que de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de

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Verificación N° 18200200088 de 12 de septiembre de 2018, en la que comunicó a Carmen Paloma Guarachi Barrios, que sería sujeta a un proceso de Determinación con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes al Crédito Fiscal IVA correspondiente al periodo fiscal de noviembre de 2010; así también, mediante el Requerimiento N° 00145864, solicitó documentación referente a las Declaraciones Juradas IVA Form. 200, Libros de Compras IVA, notas fiscales de respaldo al Crédito fiscal IVA, comprobantes de egresos, entre otros.

Carmen Paloma Guarachi Zegarra mediante memorial presentado el 3 de . octubre de 2018, ante la Administración Tributaria, solicitó la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria; al efecto, mediante Proveído N° 241820000471 (SIN/GDLPZ 1/DF/PROVI00196/2018) de 11 de octubre de 2018, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de impuestos Nacionales, señaló que diferirá su “respuesta a momento de emitir la correspondiente Resolución Determinativa. El citado Proveído fue objeto de impugnación ante esta instancia de Alzada, cuyo resultado concluyó con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0090/2019 de 28 de enero de 2019, que estableció que el mencionado Proveído no se constituye en un acto administrativo definitivo susceptible de impugnación ante esta instancia recursiva, toda vez que se trata de una respuesta de simple trámite y no así definitiva; seguidamente, anuló obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso. de Alzada de 6 de noviembre de 2018; como consecuencia, se procedió al rechazo del Recurso. La citada Resolución de Recurso de Alzada luego de ser debidamente notificada a las partes no fue objeto de impugnación, lo que originó la emisión por parte de esta instancia recursiva del Auto de Declaratoria Firmeza de 20 de febrero de 2019, que la declaró firme.

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La Administración Tributaria, en procura de la culminación del proceso determinativo, emitió la Vista de Cargo N° 291920000386 (CITE: IN/GDLPZ 1/DFISVECP/VC/0396/2019) de 23 de abril de 2019, que estableció el tributo omitido de 5.153 UFV’s, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal noviembre de 2010, en aplicación del artículo 47 de la Ley 2492 (Modificado por el parágrafo | del artículo 2 de la Ley 812) y el artículo 165 de la citada Ley. Asimismo, estableció

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la Multa de 1.500 UFV’s por Incumplimiento a Deberes Formales de acuerdo al Acta por contravenciones Tributarias Vinculadas al. Procedimiento de Determinación No 174241 Adicionalmente de conformidad al artículo 98 de la Ley 2492, le otorgó el plazo de 30 días a partir de la notificación de la Vista para que presente descargos y pruebas; acto administrativo que fue notificado personalmente a la ahora recurrente el 24 de mayo de 2019; en atención a la citada actuación preliminar, por memorial presentado el 5 de julio de 2019, Carmen Paloma Guarachi Barrios, reiteró su solicitud de prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria.

El proceso de verificación culminó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 171920001873 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJ/RD/7/2019) de 30 de julio de 2019, que en el acápite Descargos presentados a la vista de Cargo”, subtitulo “Evaluación del argumento“,, específicamente en la página 8 de 14, cursante a fojas 176 de antecedentes administrativos, señala: “Posteriormente, la Ley N° 317 de 11/12/2012 (…) Vale decir que el periodo observado según la orden de Verificación Nro. 16990200587 tiene un alcance de Diciembre del 2010 y su vencimiento es el 11/01/2011 (…) por lo que usted presentó su DD.JJ. en fecha 10/01/2011 y en aplicación a la norma citada el periodo de prescripción se computará desde el 2012 como el inicio de cómputo de la prescripción.” (Las negrillas son nuestras).

.

Continuó indicando: “Que sobre la base de lo mencionado precedentemente, se puede evidenciar que el contribuyente no ha efectuado una correcta interpretación de las disposiciones legales relacionadas a la prescripción, pues . del análisis de dichas disposiciones se puede observar que el Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital La Paz I, en calidad de sujeto activo de la relación jurídica tributaria, está plenamente facultado para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones administrativas, todo en aplicación de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano y la Constitución Potica del Estado, por lo que no corresponde aplicar la prescripción planteada.”; acto definitivo que es objeto de impugnación por la vía administrativa.

De lo precedentemente expuesto, se evidencia que la ahora recurrente, en mérito a la previsión contenida en el artículo 24 de la Constitución Política del

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Estado, solicitó al sujeto activo la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria, sancionados preliminarmente en la Vista de Cargo N° 291920000386 de 23 de abril de 2019; sin embargo, de la revisión y lectura de la Resolución Determinativa N° 171920001873 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJ/RD/7/2019) de 30 de julio de 2019, se advierte que el Ente Fiscal a momento de realizar el análisis de los descargos y evaluar la procedencia o no de la prescripción solicitada, consignó que la orden de Verificación tendría el Nro. 16990200587, con alcance a diciembre del 2010 y con vencimiento al 11 de enero de 2011; cuando de la revisión de antecedentes administrativos a fojas 5 de antecedentes administrativos, se advierte que el número de la Orden de Verificación corresponde a 18200200088 con alcance al Crédito Fiscal IVA correspondiente al periodo fiscal de noviembre de 2010; asimismo, con tal información (periodo fiscal diciembre 2010) realizó el análisis del cómputo de la prescripción señalando que corresponde su inicio desde el 2012, razón por la que rechazó la prescripción planteada.. i

De lo descrito, se advierte que el Ente Fiscal evidentemente vulneró el derecho. al debido proceso de la ahora recurrente, toda vez que para el análisis de la prescripción se basó en información que no correspondía al caso, no dando respuesta a la solicitud de prescripción planteada por el sujeto pasivo de las facultades de determinación del Crédito Fiscal.IVA del periodo fiscal noviembre : 2010; asimismo, corresponde señalar que el citado acto defiņitivo únicamente realizó una copia textual de la solicitud de prescripción de la ahora recurrente, seguidamente de manera sucinta establece las modificaciones que habría sufrido el Código Tributario en relación al tema de la prescripción y finalmente, en base a datos erróneos dispuso su improcedencia, sin explicar el razonamiento jurídico concreto que indujo al rechazo de la prescripción; es decir, no efectuó cómputos de la extinción solicitada ni análisis alguno sobre la interrupción o suspensión del mismo, tampoco realizó una relación de los hechos contrastado con las disposiciones legales pertinentes, simplemente procedió a la cita de la normativa, lo que evidencia la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.

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Se hace también necesario puntualizar que la fundamentación y motivación de las resoluciones, se encuentran respaldadas como parte del debido proceso, en

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e agosto de

ese entendido la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señaló: “(…) es imperante además precisar, : que toda resolución administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición .clara de los aspectos cticos pertinentes; c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente, de la determinación del nexo de causalidad antes señalado (…)”.

.

En el presente caso, se evidencia que efectivamente la inexistencia de una debida fundamentación y motivación del acto administrativo impugnado, toda vez que si bien existe un pronunciamiento de. la Administración Tributaria respecto a la prescripción; sin embargo, está respuesta carece de un pronunciamiento expreso en el que se expongan los fundamentos de hecho y de derecho que conllevan a la aceptación o rechazo definitivo de la prescripción, considerando que su estructura y su contenido de fondo como el de forma deben originar pleno convencimiento de que se actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso; es decir, que la Administración Tributaria debió emitir una posición y pronunciamiento especifico respecto al acaecimiento o no de la prescripción, declarando si su facultad de determinar e imponer sanciones administrativas se encuentran o no extinguidas, a esto se suma que basó su análisis en datos erróneos, incongruentes que no correspondían al caso, viciando de nulidad: la Resolución Determinativa impugnada.

Habrá que enfatizar que todo sujeto pasivo tiene derecho a que la resolución definitiva’ emitida exponga de manera concreta y congruente los hechos y.

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proporcionar conclusiones razonadas sobre las pruebas producidas y el derecho aplicable que sirve de fundamento a la decisión asumida por la Administración Tributaria, lo contrario indudablemente afecta la fundamentación del acto mismo, en el caso bajo análisis, precisamente se advierte que el Ente Fiscal no estableció un criterio técnico legal por el que se asuma una posición definitiva, esto en el entendido de que para el análisis de la prescripción consigno de forma errónea un N° de Orden de Verificación y periodo que no correspondían al caso; por tanto, es evidente que la Resolución Determinativa N° 171920001873 (SIN/GDLPZ I/DJCCIUTJ/RD/7/2019) de 30 de julio de 2019, ahora impugnada, omitió efectuar una debida fundamentación y motivación lo que causó la vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado y 68, numeral 6) de la Ley 2492, lo que efectivamente provocó la nulidad del acto administrativo ahora impugnado.

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Respecto a los agravios de la recurrente expuestos en su ‘memorial de alegatos presentados el 14 de noviembre de 2019, referidos a que la Resolución Determinativa se aparto del procedimiento de fiscalización conforme lo previsto por los artículos 95, 96 y 99 de la Ley 2492, toda vez que es en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa donde se debe responder a la solicitud. de prescripción y no en una Resolución Administrativa, añadiendo además que la norma vigente a momento de ocurridos los ilícitos tributarios era la Ley 2492 (sin modificaciones); al respecto, corresponde señalar que dichos argumentos no fueron expuestos inicialmente a momento de interponer el presente Recurso

de Alzada, constituyendo un elemento reciente que pretenden ser incorporado a

la impugnación; al respecto, es menester señalar que conforme establecen los artículos 198 y 211 del Código Tributario, ésta Instancia Recursiva se debe manifestar de manera fundamentada sobre los aspectos planteados por la recurrente a través de Recurso de Alzada; en ese entendido, los argumentos adicionales incluidos en su memorial de alegatos escritos, no serán analizados en aplicación del principio de congruencia y la normativa señalada en el presente párrafo, más aun por la nulidad expuesta y resuelta.

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La omisión de un pronunciamiento fundamentado en relación a la solicitud de prescripción invocada por el sujeto pasivo, respecto al Crédito Fiscal del Impuesto al

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Valor Agregado. (IVA), por el periodo fiscal de noviembre de 2010, así como el error en la consignación de datos (N° de Orden de Verificación, y periodo fiscal), generó que el acto impugnado carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, situación que impide a esta Instancia Recursiva ingresar a considerar los argumentos fondo planteados en el Recurso de Alzada referidos a la prescripción; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Determinativa No 171920001873 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/7/2019) de 30 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital | del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo el Ente Fiscal emitir un nuevo acto administrativo de acuerdo a la solicitud del recurrente y los datos del proceso, en el que exponga de manera fundamentada y motivada la aceptación o rechazo de la solicitud de prescripción, conforme los parámetros legales establecidos en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 68, numeral 2 del Código Tributario.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171920001873 (SIN/GDLPZ I/DJCCIUTJ/RD/7/2019) de 30 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital i del Servicio de impuestos Nacionales contra Carmen Paloma Guarachi Barrios; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo conforme los datos del proceso, debidamente fundamentado y motivado, dentro de los parámetros legales establecidos en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 68′ numeral 2 del Código Tributario garantizando el debido proceso.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 1:40 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 148 del Código Tributario, el plazo para la 3) interposición del Recurso – Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días

computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.”

RCVD/jcgr/avv/rmsicsvo/mhgc

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Directora Ejecutiva Regional Direccion Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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