ARIT-LPZ-RA-1396-2017 Resolución Determinativa confirmada no por no existir observaciones de fondo por parte del contribuyente

ARIT-LPZ-RA-1396-2017

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPIJGSACION TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1396/2017

Recurrente: Freetax Counters SRL representada legalmente por
Stephanie Mireya Arias Martínez

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de
Impuestos Nacionales representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado:

 

Expediente:

Lugar y Fecha:
Resolución Determinativa N° 171725001016 (SIN/GDLPZ-II/DF/SVI/RD/747/2017)

ARIT-LPZ-0995/2017

La Paz, 15 de diciembre de 2017

VISTOS:
El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración
Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y
producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico
ARIT-LPZ N° 1396/2017 de 15 de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección
Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
La Resolución Determinativa N° 171725001016 (SIN/GDLPZ-II/DF/SVI/RD/747/2017) de 15 de
agosto de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos
Nacionales determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las
obligaciones impositivas del contribuyente Freetax Counters SRL en el monto de 12.514 UFV’s,
equivalente a Bs27.677 por tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por
omisión de pago, correspondiente al crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado
indebidamente apropiado, del periodo fiscal diciembre 2012.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA
11.1 Argumentos del Recurrente
‘ Freetax Counters SRL, representada legalmente por Stephanie Mireya Arias Martínez,
,’,
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CcnificadoH°EC.2tUí0

 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 0162/2013 de 20 de mayo de 2013, por memorial
presentado el 18 de septiembre de 2017, cursantes a fojas 14-25 de obrados, interpuso Recurso de
Alzada, expresando lo siguiente:

El procedimiento aplicado por la Administración Tributaria en la revisión iniciada con la Orden
de Verificación 0015OVI05596, vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa debido
a que dentro de los seis meses no se determinó la deuda, además existe interrupción de un año en la
actuación de la Administración Tributaria en la notificación de la Vista de Cargo N° 2917250000029
de 16 de junio de 2017. En virtud a que no se pronunció en el plazo, se aplica el silencio
administrativo conforme señala la Ley 2341 artículo 17. En uso de sus derechos constitucionales
invoca la prescripción, en razón a que los actos en ejecución del ente fiscal no cumplen con los
plazos establecidos y el cobro es extemporáneo (15/08/17).

La Resolución Determinativa N° 171725001016 de 15 de agosto de 2017, carece de
fundamentación de hecho y derecho, fue emitida en la gestión 2017 fuera de plazo,
debido a que transcurrieron más de 4 años. Conforme a los artículos 59 y 154 del Código Tributario
la facultad para ejecutar sanciones prescribe a los 2 años a partir de la ejecutoria
del título; cita al efecto las Sentencias Constitucionales 0979/2002-R, 0147/2003-R,
0386/2004-R, 1055/2006-R y 0280/2010-R, que establecen que la Iey aplicable es la vigente
al momento del acto procesal.

En el sentido anterior, si se encontraba en vigencia el artículo 59, parágrafo II de la Ley 2492
sin modificaciones de las Leyes 291 y 317, el cómputo de la prescripción para ejecutar
sanciones tributarias prescribe a los dos años, ya que una Ley no puede regular situaciones
jurídicas del pasado que ya se definieron y consolidaron. Afirmar que un derecho no
consolidado es susceptible de modificación, es atentatoria a los principios de favorabilidad,
irretroactividad y legalidad, ya que la prescripción se perfecciona como un derecho adquirido por
imperio de la norma.

La Resolución Determinativa impugnada carece de fundamentación de hecho y derecho, conforme
establece el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492. La Administración Tributaria
manifiesta que se generaron reparos por concepto del IVA por facturas no válidas para
crédito fiscal en aplicación de los artículos 5, 8, y 12 de la Ley 843; observación
que radica básicamente en el hecho que las facturas observadas no .
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AITO
AUTORIDAD REGIONAL DE IHPUGNACIÓN TRIBUTARIA

cumplen los requisitos de validez generan un IVA omitido, afirmación que raya la
legalidad.

En el sistema tributario boliviano, el IVA surge de la diferencia entre el débito fiscal
y crédito fiscal, conceptos definidos en los artículos 7 y 8 de la Ley 843 y no de forma ilegal
como pretende establecer el ente fiscal a través del crédito fiscal. Los cuadros que
contiene como antecedentes de hecho y derecho tanto en la Vista de Cargo y la
Resolución Determinativa no exponen la diferencia encontrada en el periodo verificado, entre el
débito y crédito fiscal, que originó el impuesto omitido; simplemente considera que el crédito
fiscal observado origina un tributo omitido.

La Administración Tributaria, al haber advertido defectos u observaciones en el crédito fiscal,
debió requerir la presentación de la declaración jurada en la que se disminuya el crédito fiscal
del periodo en el que tiene incidencia, para subsanar los defectos conforme establece el artículo
104 parágrafo III de la Ley 2492 y no determinar un tributo omitido a partir del crédito de
las facturas observadas. Este aspecto deriva en la falta de fundamentación del acto
administrativo impugnado viciándolo de nulidad. En este contexto en aplicación del articulo
35, incisos b) y c) y artículo 36, parágrafo ll de la Ley 2341solicita la anulación del citado acto
administrativo.

La Vista de Cargo no desarrolla el argumento técnico legal por el cual el crédito fiscal de la
gestión 2011 no es válido, directamente expresa una conclusión sin especificar la causa
que la motiva, menciona que las compras son por conceptos ajenos a la actividad declarada; sin
embargo, no explica los motivos por los que son ajenos, situación que infringe el artículo
30 de la Ley 2341 y artículo 31 del DS 27113.

El ente fiscal omitió identificar y motivar la causa que ocasiona la conclusión subjetiva que
los bienes o servicios comprados no se encuentran vinculados con la actividad declarada
o que las facturas por servicios de comunicación incumplen los requisitos formales en su
emisión, motivando indebidamente e injustificadamente la depuración del crédito fiscal, limitando
su fundamento a la cita de la normativa jurídica que prevé la depuración del crédito
fiscal, actuación que vulnera el debido proceso, ocasionando la nulidad de obrados hasta la
Vista de Cargo inclusive.

La Resolución Determinativa en su página 2, a momento de valorar los descargos
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presentados, afirma “se modifica la observación inicialmente notificada en la Vista de
Cargo”; sin embargo, no es posible identificar que parte de la Vista de Cargo fue
modificada, hecho que resulta incongruente e incomprensible y genera confusión.

En las páginas 5, 6, 7, 8 del acto administrativo impugnado señala “las facturas
observadas que no presentaron el original no son válidas para el crédito fiscal”,
igualmente indica que “las facturas que no cumplen los requisitos formales no son válidas para el
crédito fiscal”; empero en la Vista de Cargo no existe observación por no presentación
del documento original o incumplimiento de requisitos formales, aspectos que lesionan su derecho
al debido proceso.

La Orden de Verificación N° 0015OVI05596 fue enviada por la Gerencia Distrital La Paz ll el 13 de
julio de 2015, con el requerimiento de información; este procedimiento fue aplicado por más de
6 meses. Transcurrido el plazo sin que el ente fiscal dejara sin efecto la Orden de Verificación
mencionada y no habiendo sido notificada por ningún acto administrativo al respecto; es
más no recibió nota oficial o algún acto administrativo que anule los actuados realizados por el
Servicio de Impuestos Nacionales. El 17 de julio de 2017, dos años después se le notificó en su
domicilio legal con la Vista de Cargo N° 2917250000029 y posteriormente con la Resolución
determinativa impugnada de 15 de agosto de 2017; aspecto que le deja en indefensión,
motivo por el cual el acto administrativo está viciado de nulidad.

A tiempo de presentar descargos, por memorial de 28 de diciembre de 2016, solicitó el beneficio
de la prescripción, en razón a que las acciones de control, verificación, fiscalización
de la Administración Tributaria estarían prescritas al 1 de enero de 2016.

La Administración Tributaria vulneró sus derechos consagrados en la Constitución Política
del Estado, iniciando el proceso de fiscalización, sancionado el IVA fuera del alcance de
sus acciones; emitiendo la Resolución Determinativa impugnada el 15 de agosto de 2017. En
ese sentido, los nuevos términos de prescripción establecidos no corresponderían ser
aplicados retroactivamente a la gestión 2012, porque los hechos generadores que acontecieron
y perfeccionaron durante esa gestión se encontraban sujetos al régimen de prescripción
más breve (4 años) de aplicación preferente; sin embargo, el ente fiscal resolvió
aplicar los nuevos términos de prescripción,

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quebrantando no solo los principios previstos en la Constitución, sino también el propio
lineamiento doctrinal.

El ente fiscal emitió la Vista de Cargo y Resolución Determinativa en tiempo no oportuno
ratificando su resolución, señalando además las Sentencias Nos. 510/2013 y 0228/2013;
contraviniendo el artículo 60 del Código Tributario, vulnerando los principios
constitucionales de irretroactividad de la Ley y la aplicación de la norma más favorable, previsto
en los artículos 160.1 y 123 de la Constitución Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N°
171725001016 (SIN/GDLPZ-II/DF/SVl/RD/747/2017) de 15 de agosto de 2017.

11.2 Auto de Admisión
El Recurso de Alzada interpuesto por Stephanie Mireya Arias Martínez en representación legal
de Freetax Counters SRL. fue admitido mediante Auto de 21 de septiembre de 2017, notificado de
forma personal el 26 de septiembre de 2017 a la representante legal de la empresa recurrente y
mediante cédula el 28 de septiembre de 2017 a la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de
Impuestos Nacionales, fojas 25-30 de obrados.

II. 3 Respuesta de la Administración Tributaria
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente
representada por Ranulfo Prieto Salinas conforme acredita la Resolución Administrativa de
Presidencia N° 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 12 de octubre de
2017, cursante a fojas 33-45 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El procedimiento determinativo seguido, desde la emisión de la Orden de Verificación, la Vista de
Cargo y la Resolución Determinativa, fue ejecutado cumpliendo lo establecido en los artículos 95
al 104 de la Ley 2492. Se encuentra debidamente sustentado, habiendo valorado la
documentación requerida y presentada por el sujeto pasivo de forma preliminar; no adjuntó
documento alguno en la etapa de descargo a la Vista de Cargo.

Se verificó el domicilio fiscal de Jaqueline Liz Arce Sandoval (proveedora de la ahora
recurrente), domicilio en el que Julia Ludeña y Miguel Coarite informaron que en ese

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Iugar nunca se desarrollaron actividades comerciales y que la Sra. Arce habitó 5 meses atrás,
desconociendo su domicilio actual. Por ello se utilizó la información extraída del SIRAT 2,
respecto al Libro de Compras y Ventas IVA de los Proveedores, estableciendo el comportamiento
tributario de dicha proveedora.

Notificado con la Vista de Cargo la contribuyente, dentro del término establecido por el artículo
98, no aportó ningÚn tipo de documentación probatoria ni presentó alegato alguno que
desvirtúe la obligación establecida, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 70, 76, 77, 81 y 98
de la Ley 2492, vulnerando de manera voluntaria el uso de su derecho a la defensa, aspecto que de
ninguna manera puede ser atribuida a la Administración Tributaria.

En base a la información extraída de la base de datos corporativa del Servicio de
Impuestos Nacionales y aplicando el método de determinación sobre base cierta, segÚn el artículo
43 parágrafo I de la Ley 2492, estableció en forma precisa, directa e indubitable los
hechos generadores del tributo, determinando la deuda tributaria delimitado al alcance
de los periodos fiscales señalados; constituyendo una fiscalización de alcance parcial.

Con carácter previo a responder la demanda solicita tener en cuenta que los argumentos del
contribuyente son incongruentes. La Resolución Determinativa N° 171725001016 de 15 de agosto de
2017 en el punto de las nulidades de forma (primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta
infracción y solicitud de nulidad), refiere actuaciones y fundamentos que no se
encuentran relacionados con el acto impugnado, ya que en sus argumentos el recurrente señala
numerales, periodos, observaciones, fojas, fechas, entre otros, que no coinciden con las
consignadas en el acto administrativo impugnado; peor aún solicita textualmente “se anule la
Resolución Determinativa N° 171776000040 de 22 de junio de 2017″ cuando el acto administrativo es
otro y esto no es un error de typeo, debido a que los argumentos describen un acto
completamente distinto. Por lo expuesto indica que no desvirtuará las nulidades invocadas en
razón a que no tienen relación con el acto impugnado.

La Vista de Cargo emitida cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por Ley, se
encuentra plenamente sustentada en sus argumentos de hecho y de derecho.
En el proceso se consideró la documentación presentada por el contribuyente ante la •
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AuTORIDAD REGIONAL DE
iupusxxcióx TniBuTxRix

notificación de la Orden de Verificación, otra cosa es que no sea válida para desvirtuar el reparo
establecido. Lo que denota que la Administración Tributaria no vulneró ninguna garantía, derecho
o principio constitucional, menos incumplió lo dispuesto en la normativa tributaria
vigente en la emisión de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, ya que
se cuidó que no se den vicios procesales y se garantizó que el contribuyente asuma defensa.

En ese contexto, la Resolución Determinativa y el procedimiento determinativo cumplen con los
requisitos mínimos exigidos por Ley, de donde se tiene que la supuesta falta de fundamentación y
motivación no es evidente, así como tampoco la vulneración del debido proceso y derecho
a la defensa por falta de fundamentación; por lo que argüir esa falta resulta ilógico desde todo
punto de vista.

La contribuyente no tiene cómo demostrar ni respaldar con documentación contable (Libros
Diarios, Mayores, Inventarios etc.) que las facturas observadas son válidas para crédito fiscal,
no pudo demostrar la procedencia de los créditos, incumpliendo los numerales 4 y 5 de la
Ley 2492; más aún si se toma en cuenta la publicación de 31 de mayo de 2015 en el periódico
La Razón señala que las facturas de la proveedora Jaqueline Liz Arce Sandoval con NIT
2269077011 no son válidas para crédito fiscal, además el número telefónico registrado
en el Padrón Biométrico se encuentra inhabilitado; de la verificación en el SIRAT la
mencionada proveedora no envía Libro de Ventas LVC Da Vinci y presenta sus declaraciones
juradas F-200 y F400 con importes menores a las notas fiscales emitidas.

Puntualiza los siguientes aspectos: 1) la verificación es específica para el crédito fiscal,
motivo por el cual el ente fiscal no tiene obligación de revisar y/o verificar el débito fiscal;
2) la compensación débito crédito fiscal resulta totalmente ilógica, debido a que se revisó
exclusivamente las facturas Nos. 561, 635, 641, 642 y 647 no la totalidad de las facturas del
periodo fiscal diciembre 2012 y 3) el contribuyente no puede pretender que el ente fiscal
solicite la rectificación sobre el crédito fiscal observado por haber sido apropiado en forma
indebida.

El sujeto pasivo de manera errónea pretende se aplique, al presente caso,
procedimientos y normativa que no tienen ningún tipo de relación legal. El supuesto
silencio administrativo en el que habria incurrido la Administración Tributaria por emitir ”•

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la Vista de Cargo y la consiguiente Resolución Determinativa 2 años después de
notificada la Orden de Verificación N° 0015OVI05596 no se aplica al presente
procedimiento determinativo. Si bien la norma tributaria establece el plazo de 12 meses después
de notificada la Orden de Verificación, para emitir la Vista de Cargo; sin embargo, el
incumplimiento de dicho plazo en ningún momento se sanciona con la prescripción,
nulidad, caducidad. mucho menos con un silencio administrativo, como sugiere el
contribuyente.

En relación a la supuesta solicitud de prescripción efectuada mediante nota de 28 de
diciembre de 2016, a la cual la Administración Tributaria no habría dado respuesta, de la
revisión exhaustiva de antecedentes administrativos así como del SUAT (Sistema Único de
Atención de Trámites) no se advierte su ingreso a la Gerencia Distrital La Paz II, resultando ser
falsa dicha aseveración.

De acuerdo a las modificaciones efectuadas a los articulos 59 y 60 de la Ley 2492,
mediante las Ley 291, 317 y 812, el cómputo de la prescripción de las acciones de la
Administración Tributaria de fiscalizar tributos y determinar la duda tributaria por el IVA del
periodo fiscal diciembre 2012, se inició el 1 de enero de 2014 (tomando en cuenta el vencimiento
del periodo de pago del IVA diciembre 2012 se dio el 15 de enero de 2013) y fenece el 31 de
diciembre de 2021, considerando el plazo de 8 años para la prescripción establecido por
la Ley 812, vigente a la fecha. Por lo que las facultades de la Administración aún se encuentran
vigentes; aun aplicando el plazo de 4 años de la Ley 2492 sin modificaciones, la facultad para
ejercer las acciones citadas fenece el 31 de diciembre de 2017, motivo por el cual la solicitud de
prescripción alegada por el sujeto pasivo carece de sustento legal.

Solicita que la Resolución que se dicte sea en aplicación al principio de congruencia
establecido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional mediante la SC N°
1916/2012 de 12 de octubre de 2012 y otras, que señalan que la pertinencia y la
congruencia de las resoluciones, son elementos entre otros del debido proceso.

Señala que cada Resolución Determinativa no es un acto administrativo independiente y que por sí
mismo equivalga a todo el procedimiento determinativo, sino es el resultado de un conjunto de
actos vinculados dialécticamente, unos con otros dirigidos a
comprobar y valorar los diversos elementos constitutivos del hecho imponible con la
-“..
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Cetifícado N’EC-2T/14

 

 

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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA

consiguiente aplicación del tipo de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda
del contribuyente. Por esto se debe considerar el todo y no sólo la parte; es decir, tomando
en cuenta de manera ineludible todo lo obrado en el procedimiento determinativo y no
solamente tomar a la Resolución Determinativa como un documento independiente y pretender
resolver este caso verificando aspectos formales de dicho acto administrativo sin tomarse
la molestia de examinar cómo se desarrolló todo el procedimiento determinativo.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N°
171725001016 (SIN/GDLPZ-II/DF/SVI/RD/747/2017) de 15 de agosto de 2017.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas
Mediante Auto de 13 de octubre de 2017, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte
(20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del articulo 218 del
Código Tributario, actuación notificada en Secretaria el 18 de octubre de 2017, tanto al recurrente
como a la Administración Tributaria, fojas 46-47 de obrados.

Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria ratificó en calidad
de prueba pre constituida los antecedentes administrativos presentados como prueba adjunto al
memorial de contestación al Recurso de Alzada; al efecto el Proveído de la misma fecha dio por
ratificada la prueba documental señalada, fojas 48-49 de obrados.

II.5 Alegatos
En los plazos y condiciones establecidos por el artículo 210, numeral II del Código
Tributario, la Administración Tributaria, mediante memorial de 27 de noviembre de 2017 formuló
alegatos en conclusiones, ratificándose in extenso en el contenido del memorial de respuesta
negativa al Recurso de Alzada; al respecto se emitió el Proveído de 29 de noviembre de 2017 que
da por formulados los alegatos, fojas 51-52 de obrados. Stephanie Mireya Arias Martínez
en representación legal de Freetax Counters SRL no presentó alegatos.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de julio de 2015,
notificó de forma personal a Stephanie Mireya Arias Martínez en su condición de ‘”• •
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Ctitificado N°EC-77j/ft

 

representante legal Freetax Counters SRL, con el formulario 7520 correspondiente a la Orden de
Verificación 0015OVI05596, modalidad “Operativo Específico Crédito Fiscal”, por las diferencias
detectadas a través del cruce de información y la documentación presentada a la
Administración Tributaria del período fiscal diciembre 2012, requiriendo la presentación de las
declaraciones juradas y Libro de Compras del período observado, facturas de compras originales
detalladas en anexo, documento que respalde el pago efectuado y documentación que el
fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, fojas 3-4 de antecedentes
administrativos.

Stephanie Mireya Arias Martínez en representación legal de Freetax Counters SRL, por notas de 20 y
24 de julio de 2015, solicitó a la Administración Tributaria prórroga para la presentación de los
documentos requeridos con Orden de Verificación 0015OVI05596. Por Proveido N° 24-0486-2015
de 27 de julio de 2015 se otorga el plazo de 7 dias adicionales, actuación notificada
de forma personal el 29 de julio de 2015, fojas 11, 14 y 18 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 16 de junio de 2017, emitió la Vista de Cargo N°
291725000029 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/VC/00029/2017), estableciendo el tributo omitido de 5.657 UFV’s
por el Impuesto al Valor Agregado, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago, por el
período fiscal diciembre 2012; actuación notificada mediante cédula a Freetax Counters SRL el
10 de julio de 2017, fojas 99-108 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución
Determinativa N° 171725001016 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RD/747/2017) de 15 agosto de 2017, contra
Freetax Counters SRL, estableciendo el tributo omitido de 5.657 UFV’s por concepto de IVA, más
intereses y sanción por omisión de pago, emergente de la depuración del crédito fiscal
de facturas del período fiscal diciembre 2012; acto administrativo notificado de forma
personal el 30 de agosto de 2017, fojas 113-120 de antecedentes administrativos.

V. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del
Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados
los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada – •

C ertificzdo I/°EC-274/14

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE
iupusxxci0x TniBu xni‹

en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en
consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211,
parágrafo III de la Ley 3092.

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al
análisis de los agravios manifestados por Stephanie Mireya Arias Martínez en
representación legal de Freetax Counters SRL, la posición final se sustentará acorde a los hechos,
antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no
fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta
Instancia Recursiva.

IV.1 Aspectos de forma
IV.1.1 Fundamentación de la Vista de Cargo y Reso/oción Determinativa
Freetax Counters SRL, por medio de su representante legal, en su Recurso de alzada señala que el
procedimiento aplicado por la Administración Tributaria vulnera el debido proceso y el derecho a
la defensa. La Resolución Determinativa impugnada carese de fundamentación de hecho y
derecho, la Administración Tributaria manifiesta que se generaron reparos por concepto del
IVA por facturas no válidas para crédito fiscal, en aplicación de los artículos 5, 8, y 12 de la
Ley 843; observación que radica básicamente en el hecho que las facturas observadas que no
cumplen los requisitos de validez generan un IVA omitido, afirmación que raya en la ilegalidad.

La Resolución Determinativa en su página 2, al valorar los descargos presentados, afirma
“se modifica la observación inicialmente notificada en la Vista de Cargo”; sin embargo,
no es posible identificar que parte de la Vista de Cargo fue modificada, hecho que resulta
incongruente e incomprensible y genera confusión. En las páginas 5, 6, 7, 8 del acto administrativo
impugnado señala “las facturas observadas que no presentaron el original no son válidas para
el crédito fiscal”, “las facturas que no cumplen los requisitos formales no son válidas
para el crédito fiscal”; empero en la Vista de Cargo no existe observación por no presentación
del documento original o incumplimiento de requisitos formales, aspectos que lesionan su
derecho al debido proceso.
La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala el
procedimiento determinativo fue ejecutado cumpliendo lo establecido en los artículos 95 al 104
de la Ley 2492. Se encuentra debidamente sustentado, habiendo valorado la documentación
requerida y presentada por el sujeto pasivo de forma preliminar.
Página 11 de 28 s‹u‹n a< cmi»
de la Calidad tenificado N“EC 274/14

 

Notificada la Vista de Cargo, la contribuyente no aportó ningún tipo de documentación probatoria
ni presentó alegato alguno que desvirtúe la obligación establecida, incumpliendo
los artículos 70, 76, 77, 81 y 98 de la Ley 2492, vulnerando de manera voluntaria el uso de
su derecho a la defensa, aspecto que de ninguna manera puede ser atribuida a la Administración
Tributaria.

Con carácter previo señala que los argumentos del contribuyente son incongruentes, debido
a que afirma impugnar la Resolución Determinativa N° 171725001016 de 15 de agosto de 2017;
sin embargo, solicita textualmente “se anule la Resolución Determinativa N°
171776000040 de 22 de junio de 2017”, esto no se puede considerar un error de typeo, debido a
que los argumentos describen un acto completamente distinto; peor aún, en el punto de
las nulidades de forma (primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta infracción
y solicitud de nulidad), refiere actuaciones y fundamentos que no se encuentran
relacionados al acto impugnado, ya que en sus argumentos el recurrente señala numerales,
periodos, observaciones, fojas, fechas, entre otros, que no coinciden con las consignadas en el
acto administrativo impugnado. Por lo expuesto indica que no desvirtuará las nulidades
invocadas en razón a que no tienen relación con el acto impugnado.

La Resolución Determinativa y el procedimiento determinativo cumplen con los requisitos mínimos
exigidos por Ley, de donde se tiene que la supuesta falta de fundamentación y motivación no es
evidente, así como tampoco la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por
falta de fundamentación.

La contribuyente no tiene cómo demostrar ni respaldar con documentación contable (Libros
Diarios, Mayores, Inventarios etc.) que las facturas observadas son válidas para crédito fiscal y
la procedencia de los créditos, más aún si se toma en cuenta la publicación de 31 de
mayo de 2015, en el periódico La Razón que señala que las facturas de la proveedora Jaqueline Liz
Arce Sandoval con NIT 2269077011 no son válidas para crédito fiscal, además el número
telefónico registrado en el Padrón Biométrico se encuentra inhabilitado; de la verificación
en el SIRAT la mencionada proveedora no envía Libro de Ventas LVC Da Vinci, asimismo, se
verificó que envía F-200 y F400 con importes menores a las notas fiscales emitidas. AI
respecto, se tiene:

El articulo 115 de la Constitución Política del Estado dispone:
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AITO
AUTORIDAD REGIONAL DE
IuPussAcióx Tniauzaniz

1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,
pronta, oportuna, gratu”Ja, transparente y sin dilaciones.

El articulo 96 parágrafo I de la Ley 2492 señala que: La Vista de Cargo, contendrá los hechos,
actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa,
procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba
en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control.
verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fj”ará la base imponible, sobre base
cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del
tributo adeudado.

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 99, parágrafo
II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la Administración
deberá contener como requisitos mínimos, Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al
efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

Por su parte el artículo 18 del DS 27310, señala que la Vista de Cargo que dicte la
Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales.
a) Número de la Vista de Cargo
b) Fecha.
c) Nombre o razón social del sujeto pasivo.
d) Número de registro tributario, cuando corresponda.
e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).
f) Liquidación previa de la deuda tributaria.
g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la
sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la
presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del articulo 98º de la Ley
N° 2492.
Página 13 de 28 si+«› a c »•

 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá consignar los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la
deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario
calculado de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero,
los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración
aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso.

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el
artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte
de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y
dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, que dicho
precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido
proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin
dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo
se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos
constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a
través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los
principios del Estado de Derecho.

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que el 13 de julio de 2015, el
sujeto activo notificó personalmente a Stephanie Mireya Arias Martínez representante legal de
Freetax Counters SRL con la Orden de Verificación N° 0015OVI05596, como se observa a fojas 3;
asimismo, mediante Vista de Cargo N° 291725000029 (SIN/GDLPZ II/DF/SVl/VC/00029/2017 de 16 de
junio de 2017, comunicó a la empresa Freetax Counters SRL los resultados de la
verificación, señalando que se determinó preliminarmente un tributo omitido 5.657 UFV’s por
el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago del periodo fiscal diciembre 2012 y otorgando
30 días corridos para que presente descargos que hagan a su derecho; periodo dentro del
cual la empresa contribuyente no presentó descargo alguno, razón por la que el ente fiscal
emitió 15 de agosto de 2017 la Resolución Determinativa N° 171725001016 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/
RD/747/2017), ratificando los reparos establecidos en la Vista de Cargo.

Página 14 de 28 s›<t+ma da Gestion

CcGWczdoH’EC-23a10

AITO
AUTORIDAD REGIONAL DE lMPUGNAClóx TRIBUTARIA

De la lectura de las páginas 1 y 2, en el segundo párrafo de la Vista de Cargo N°
291725000029, la Administración Tributaria señala: “Del análisis documental y la
verificación realizada a la información del software del Libro de Compras y Ventas IVA de los
proveedores, Declaraciones Juradas Form. 200 y Form. 400 y publicaciones de prensa se constató
que las(s) factura(s) No son válidas para descargo el Crédito Fiscal IVA de/ (los periodo(s)
observado(s) de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

F e c ha

N °
F a c t ura
FACTURASOBSERVADAS

R a zó n So c i a I de I P ro v e e do r

C ré d it o

 

O bs e rv .

561
635
641
642
647

Línea blanca Linea blanca Linea blanca Línea blanca Linea blanca

 

 

Total

12.959
17.NO
6.611
15.480
6.350
78.500

1685
2.223
2.69
2.012
2.126
10.205

A. B.G A, B,C A.B.C A.B.C A.B.C

A )

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:
F a c t ura no v á lid a pa ra c ré d ito f is c a i iv a Co nfo rm e a puDlicaciÓ n de
prensa “La RazÓ n” de fecvha 31 de m aya de 20 IS, el Servicio de lmpuesto s Nacio nales esta
Dleció que las facturas de la pro veedo ra Ja queline Llz Arce Sando val co n N IT 2269077011 no
so n v alidas pa ra crédito fiscal , debido a que se pro dujo la entrega de lact uras sin la
efect iva I rans acció n eco nó mica ni transferenc ade oienes y/o servicio s, to da vez que de
acuerdo al In la tm e C’te: SIN/GF/DR AFE/IN F/0O2OJ/2O6 de 30 de abril de 2015, se verificó
que la direcció n señalaoa co mo do m icilio fiscal po r Jaqueline Liz Arce Sando val es un do
micilio particular. cuya dueña de casa es Julia Luduena y s u yerno Miguel Cuarite info rmaro n
que en el do sicilia no se desarrolla actividad co m ercial alguna; asimism o info rm aro n que
la Sra Arce habitó en d’cha do milcilia hace 5 m eses y que al mo mento deseo no cen el paradero
actual . Adem ás el teléfo no registrado ren el P adrÓ n e io m étrico se encuentra
inhabilitado . po r o tro Iado se co ns ultó al Servicio Genaral oe Ident ificaciÓ n (SEGIP
) oel que se o Dtuvo la direcció n calle 17 N° 2u2, zo na Santiago ll. se enco ntró la calle
pero no existe el do m icilio co n N° 21d2.

F ac tu ra no v á Ii da p a ra C ré d i t o F i s c a I I V A . El co ntribuyente no
dem o s tró el o rigen y des t’no n’ lo s hecho s co ns tirutiv o s de la tran sacció n
realizada (Co mpra). incum pliendo el num eral 5 del articulo 70 de la Ley 2492 que establece
ca mo o bligació n del sujeto pasivo “D e mo strar la pro cedencia de lo s crédito s impo si
tivo s que co nsidere le co rres po ndan. .“
F ac t u ra no v á I id a pa ra C ré d it o F i sc a I IV A A través
del Sistema SIR A T 2, se verificó el co m po rtam iento del pro veedo r, que éste no
envia su Libro de Ventas LVC Da Vinci: a sim ism o se v erif icÓ que
envialosF-20OyF-dO0porimpodesmenoresalasnotasflscaesdeclaradasporelconweibuyente,…
Vista de G argo , pÓgina 2

En el penúltimo párrafo de la página 3 de la citada Vista de Cargo, el ente fiscal indica: “(.. .)
En el presente caso se presume la inexistencia de las transacciones de forma efectiva,
en la medida que le contribuyente no apodó los medios, documentación e información
certificada que demuestren que el crédito fiscal le corresponde, pudiendo en la etapa de descargo
que se apertura a partir de la notificación con la Vista de Cargo, desvirtuar esa presunción
aportando la prueba correspondiente, conforme dispone el texto final del parágrafo II del
articulo 80 de la Ley 2492.”
De igual forma, en la página 5 del citado acto preliminar el sujeto activo refiere que las
acciones y omisiones atribuibles a la contribuyente son las siguientes:

 

Página 15 de 28

 

CUADRO SUB CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS LEGALES DE LOS CARGOS N°
CONCEPTO RESPALDO LEGAL

Conforme a publicación de prensa “La Razón” de fecha 31 de mayo de 2015, el Servicio de Impuestos
Nacionales estableció que las facturas de la proveedora Jaqueline Liz Arce Sandoval con NIT
2269077011 no son válidas para crédito fiscal , debido a que se produjo la entrega de
facturas sin la efectiva transacción económica ni transferencia de bienes y/o servicios, toda
vez que de acuerdo al Informe Cite: SIN/GF/DPAFE/INF/00201/2015
de 30 de abril de 2015, se verifioó que la dirección señalada como domicilio fiscal
por Jaqueline Liz Arce Sandoval es un domicilio particular, cuya dueña de casa es Julia
Ludueña y su yerno Miguel Cuarite informaron que en el domicilio no se desarrolla
actividad comercial alguna; asimismo informaron que la Sra. Arce habitó
1 en dicho domicilio hace 5 meses y que al momento desconocen el paradero actual . Además
el teléfono registrado en el Padrón Biométrico se encuentra inhabilitado. por otro lado se consultó
al Servicio General de Identificación (SE GIP) del que se obtuvo la dirección calle 17 N° 2142,
zona Santiago ll, se encontró la calle pero no existe el domicilio con N° 2142.

El contribuyente no demostró el origen y destino ni los hechos constitutivos de la
transacción realizada (Compra), incumpliendo el numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492
que establece como obligación del sujeto pasivo “Demostrar la procedencia de los
créditos impositivos que considere le correspondan…”.

A través del Sistema SIRAT 2, se verificó el comportamiento del proveedor, que éste no envía su
Libro de Ventas LVC Da Vinci;
3 asimismo se verificó que envia los F-200 y F-400 por importes menores a las notas
fiscales declaradas por el contribuyente.

 

 

 

Contravino el artículo 70 de la Ley 2492 y el articulo 79 (Medios e instrumentos
tecnológicos) y articulo 7 del DS 27310

 

 

 

 

Contravino con lo establecido en el numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492

 

Contravino el artículo 79 de la Ley 2492 y artículo 7 del DS 27310.

De manera posterior, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 171725001016 (SIN/GDLPZ
II/DF/SVI/RD/747/2017), mencionando en su página 1, lo siguiente: ” ha detectado el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias, girando la Vista de Cargo N° 291725000029 con CITE.
SIN/GDLPZ II/DF/SVI/VC/00029/2017 de fecha 16 de junio de 2017, …” continúa señalando: “…la
Vista de Cargo (…) señala que en el proceso de fiscalización se detectaron reparos a favor del
disco, los mismos que fueron notificados al contribuyente en fecha 10 de julio de 2017…”,
prosigue en la página 2 “En apego al Numeral 5 del Art. 70 de la Ley 24gz establece entre
otros que es una obligación tributaria del sujeto pasivo el ‘Demostrar la Procedencia
y cuantía de los crédito impositivos que considere le corresponda…’, al respecto el
contribuyente no presentó documentación adicional para demostrar que sus facturas son válidas
para compensar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo observado.”

En su página 3 cita: “ .se determinó tributo omitido sobre BASE CIERTA en el Impuesto al Valor
Agregado(IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las
facturas observadas correspondiente al periodo fiscal diciembre 2012 con un monto de ‘”“,
Página 16 de 28 si<t»m a< snii»•

Cenificado 8°EC-27t/1t

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE
IklPUGNAClóx TRIBU7ARIA

Bs10. 205 (.. .) según la Vista de Cargo N° 291725000029…”, asimismo indica.
“…transcurrido el término de prueba fjado por el Art. 98 de la Ley 2492 Código Tributario
Boliviano, el contribuyente FREETAX COUNTERS SRL con NIT 192948022 no canceló la liquidación
practicada, tampoco ofreció pruebas de descargo que desvirtúen la deuda reflejada en la Vista de
Cargo N° 291725000029. . ”

De lo señalado precedentemente, se observa que no es evidente que la Administración Tributaria en
la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada no hubiese especificado las
observaciones y las normas que respalda las mismas, más al contrario se evidencia que éstas
fueron consignadas de manera detallada al señalar que los reparos tienen su sustento en la
publicasión de prensa en el periódico La Razón de 31 de mayo de 2015 del Servicio de Impuestos
Nacionales que refiere que las facturas de Jaqueline Liz Arce Sandoval no son válidas para crédito
fiscal; debido a que se evidenció que en el domicilio registrado por dicha proveedora no se
realizó actividad comercial alguna; en el hecho de que el contribuyente no presentó documentación
que respalde la efectiva transacción y que según información extractada del SIRAT 2 se
verificó el comportamiento de la proveedora, quien no envía Libros de Ventas IVA LCV- Da Vinci y
que los importes que declara en sus F-200 y F400 son inferiores a las facturas que emite, conforme
se advierte en las páginas 1, 2 y 3 de ambos actos administrativos;
consecuentemente, no es evidente la falta de fundamentación de los actos descritos.

En relación a lo alegado por el recurrente en su Recurso de Alzada que la Resolución
Determinativa en su página 2 señala: “se modifica la observación inicialmente notificada en la
Vista de Cargo” y en las páginas 5, 6, 7, 8 indica “las facturas observadas que no presentaron el
original no son válidas para el crédito fiscal” y “las facturas que no cumplen los
requisitos formales no son válidas para el crédito fiscal’, siendo que en la Vista de Cargo
no existe observación por no presentar el documento original o incumplimiento de
requisitos formales, como tampoco es posible identificar qué parte de la Vista de Cargo fue
modificada; hechos que resultan incongruentes e incomprensibles, genera confusión y lesionan su
derecho al debido proceso, se tiene lo siguiente:

Se advierte que el acto impugnado en su página 2, no se refiere a ninguna observación existente en
la Vista de Cargo que se haya modificado; como tampoco en las páginas 5, 6, 7 y 8 menciona a
facturas observadas por falta de documento original o por
incumplimiento de requisitos; aún más la citada Resolución Determinativa impugnada ”. •

Página 17 de 28 s‹›t •«de Geeti«n
de la C*I lad
tenifcado N’EC-27c1a

 

consta de 7 páginas y no de 8 como erradamente señala la ahora recurrente, además en sus
últimas 3 páginas consigna la calificación de la sanción por omisión de pago y la parte resolutiva,
razón por la que los argumentos de la recuente son incongruentes y no responden a la realidad.

IV.1.1 Vulneración del procec/imiento Oébifo y Créi:lilo Fiscal
La representante legal de la empresa recurrente en su memorial de Recurso de Alzada manifiesta que
en el sistema tributario boliviano, el IVA surge de la diferencia entre el débito fiscal y
crédito fiscal, conceptos definidos en los artículos 7 y 8 de la Ley 843, y no de forma ilegal
como pretende establecer el ente fiscal a través del crédito fiscal. Asimismo señala que
advertido defectos u observaciones en el crédito fiscal, la Administración Tributaria,
debió requerir la presentación de la declaración jurada en la que se disminuya el crédito
fiscal del periodo en el que tiene incidencia, para subsanar los defectos establecidos, conforme
establece el artículo 104 parágrafo III de la Ley 2492; y no determinar un tributo omitido
a partir del crédito de las facturas observadas.

El ente fiscal puntualiza que la verificación es específica para el crédito fiscal, motivo por el
cual no tiene obligación de revisar y/o verificar el débito fiscal; indica también que la
compensación débito crédito fiscal resulta totalmente ilógica, debido a que se revisó
exclusivamente las facturas Nos. 561, 635, 641, 642 y 647 no la totalidad de las facturas del
periodo fiscal diciembre 2012, finalmente indica que el contribuyente no puede pretender
que el ente fiscal solicite la rectificación sobre el crédito fiscal observado por haber sido
apropiado en forma indebida; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 66 de la Ley 2492, menciona lo siguiente: La Administración Tributaria tiene las
siguientes facultades especificas:
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;
2. Determinación de tributos;
4. Cálculo de la deuda tributaria;

El artículo 100 de la misma norma señala: La Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización
e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como
cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. “.
• ”
Página 18 de 28 si+ie<z a‹ saiir»
de la Cuidad

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la
función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a operaciones de
comercio exterior, asi como la presentación de dictámenes técnicos elaborados por profesionales
especializados en la materia.
6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones
tanto nacionales como extranjeras, asi como a organismos internacionales.

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este
Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de
carácter prejudicial y no constituye persecución penal.

Los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 843, señalan:
Artículo 7.- A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y de
prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los Articulos 5″ y 6°,
imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota establecida en el Articulo
15°. Al impuesto asi obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota
establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones
o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese
logrado el responsable en dicho periodo.

Articulo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Articulo
anterior, los responsables restarán:
a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Articulo 15º sobre el monto
de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de
servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se
hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal
que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aqui previsto las
compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda
otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las
operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto
resulta responsable del gravamen.
b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los
descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones que, respecto de

 

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en e/ periodo fiscal que se liquida.

Articulo 9.- Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los Artículos
precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos
que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia resultare en un saldo a
favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado
con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales
posteriores.

En relación a la determinación de la deuda por parte de la Administración, el artículo 29 del DS
27310 dispone: la determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración
se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación
realizados por el Servicio de impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos,
periodos y hechos, se clasifican en:
a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos
una gestión fiscal.
b) Determinación parcial. que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más
periodos.
c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y
circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar.
d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales.
e) Si en la aplicación de los procedimientos señalados en las literales a), b) y c) se
detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos que
correspondieran.

El artículo 32 del DS citado establece: El procedimiento de verificación y control de
elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de
impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de
Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la
Administración Tributaria.

El inciso c) del artículo 2 de la RND 10-0005-13 de 1 de marzo de 2013, indica:
Verificación Externa. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales ‘• • ”
Página 20 de 28 si+t‹m ‹< c‹ t»• –

 

 

AMTQRIDAD REGIO\IAL DE
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA
Fstacl Iunn c

fiscaliza de forma puntual: e/emen/os, hechos, transacciones económicas y
circunstancias que tengan incidencia en la determinación de uno o más impuestos y de uno o más
periodos fiscales. Incluye los procesos de fiscalización por devolución impositiva.

El artículo 4 de la citada RND, señala: Los procesos de determinación iniciados bajo las
modalidades descritas en el Articulo 2 de la presente disposición se iniciarán con la
notificación de la orden de Fiscalización o Verificación, por lo cual éste documento
contendrá los siguientes elementos mínimos; Número de Orden de Fiscalización o
Verificación. a) Lugar y fecha de emisión. b) Nombre o razón social del sujeto pasivo. c) Número
de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no
encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes. d) Alcance del proceso de determinación
(impuesto, periodo (s), elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización). e)
Dirección o Domicilio registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes (cuando
se encuentre inscrito). f) Identificación del o los funcionarios actuantes. g) Firma y
sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del Departamento de Fiscalización.

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que la Administración
Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 0015OVI05596 de 15 de junio de 2015,
notificada personalmente el 13 de julio de 2015 al sujeto pasivo, fojas 3 de antecedentes
administrativos, con las características descritas en el siguiente cuadro:

Requisitos de la Orden de Fiscalización
Se g ú n la RND 10-0005-13 Se g ún Ord en cfe Ve r ificación N°
0015OVI25596 Nu ro de Orden de Fiscal¢z ación o Verrf icación 0015OV 105596
Lugar y fec ha de ems ion. La Paz, 15/06/2015
Alambre o razón social del sujeto pas ivo. Freetax Counters SRL
Nurrxero de Identif icac ión Tributaria 192948O22
M od alidad. De s cripción. Operativo Especifico
Crédito Fiscal
treceión o Donnie ilio Calle Jauregui
N° 2255 zona Sopocachi Alcance deI proce so de determ inación IVA periodo lis
cel diciernbre
k1entrf icac ion actuantes del o los funcionarios Ronilda Soledad Vargas Machaca
( Flscaliz adora)
Jairr›e Medina Gutierrez (Superv isor)
Fuente: Orden de Verificación fojas 3 de antecedentes administrativos.

Posteriormente el 16 de junio de 2017 la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de
Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 291725000029 (SIN/GDLPZ
II/DF/SVI/VC/00029/2017), estableciendo reparos a favor del fisco de 5.657 UFV’s por el Impuestos
al Valor Agregado (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago, ,

Página 21 de 28 sia<>a d< Gesr»n

Czniftado*t’EC.1Ta14

 

aspectos que no fueron desvirtuados por la recurrente, razón por la que se emitió la
Resolución Determinativa N° 171725001016 de 15 de agosto de 2017.

Es necesario señalar, que si bien los articulos 7 y 8 de la Ley 843 describen la forma de calcular
el débito fiscal y crédito fiscal sobre los importes totales de las ventas y las
compras y según el artículo 9 de la citada Ley establece la diferencia entre el débito y
crédito fiscal, obteniendo ya sea un saldo a favor del fisco o del contribuyente; no es
menos cierto que la normativa también faculta a la Administración Tributaria a verificar el
origen de los hechos generadores como la determinación de los tributos originados por el
débito y crédito fiscal.

En este caso, la Orden de Verificación N° 0015OVI05596 de manera específica refiere al crédito
fiscal de las facturas de compras que habría emitido la empresa proveedora Línea Blanca de
Jaqueline Liz Arce Sandoval a la empresa Freetax Counters SRL, aspecto definido en la
descripción de la modalidad de la Orden de Verificación N° 0015OVI05596 que señala en su
alcance “Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido
en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto”, como
se evidencia a fojas 3-4 de antecedentes administrativos.

Lo anterior implica que el Ente Fiscal obró en virtud a las facultades conferidas por los
artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, 29, 32 y 33 del DS 27310 y 2 inciso c) de la RND
10-0005-13, limitando su verificación al “Crédito Fiscal IVA” conforme señala el artículo 4 inciso
de la referida RND; en consecuencia, el argumento señalado por la recurrente respecto a la
compensación del débito y crédito, carece de validez y asidero legal, en razón a que la revisión
comprende únicamente la revisión de 5 facturas de compras, no asi del total del periodo fiscal
diciembre 2012; aspecto que impide aplicar la diferencia entre el débito y crédito fiscal;
por lo que no existe vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y a la defensa.

IV.I.3 Sí/encio Administra fivo
La recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que existe interrupción de un año en la
actuación de la Administración Tributaria en la notificación de la Vista de Cargo N°
2917250000029 de 16 de junio de 2017. Como no se pronunció en el plazo, se aplica el silencio
administrativo conforme señala la Ley 2341 artículo 17.
Página 22 de 28 sistema ae cwt<»

AI
AUTORIDAD REGIONAL DE
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA

 

La Administración Tributaria señal que el sujeto pasivo de manera errónea pretende se aplique, al
presente caso, procedimientos y normativa que no tienen ningún tipo de relación legal.
El supuesto silencio administrativo en el que habría incurrido la Administración
Tributaria por emitir la Vista de Cargo y la consiguiente Resolución Determinativa 2
años después de notificada la Orden de Verificación N° 0015OVI05596 no se aplica al presente
procedimiento determinativo. Si bien la norma tributaria establece el plazo de 12 meses
después de notificada la Orden de Verificación, para emitir la Vista de Cargo; sin
embargo, el incumplimiento de dicho plazo en ningún momento se sanciona con la
prescripción, nulidad, caducidad, mucho menos con un silencio administrativo, como sugiere el
contribuyente. AI respecto se tiene:

En relación a los derechos y deberes del sujeto pasivo y tercero responsable, el artículo 68,
numerales 1, 6 y 8 de la Ley 2492 disponen: constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros,
los siguientes:
1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el
ejercicio de sus derechos.
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los
que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación
que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de
terceros autorizados, en los términos del presente Código.
8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de
la naturaleza y alcance de la misma, asi como de sus derechos y obligaciones en e/ curso de tales
actuaciones.

En relación al derecho de las personas, la Ley 2341 en su artículo 17 refiere a la
obligación de resolver y al silencio administrativo señalando:
1. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación
II. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde
la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto establecido conforme a reglamentación
especial para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la
Administración Pública comprendidos en el Artículo 2º de la presente Ley.
III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado
la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio
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administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso
jurisdÍCClonal.
La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no dictare resolución
expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente Ley, podrá ser objeto
de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública, conforme a lo previsto en
la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarias
V. El silencio de la administración será considerado como una decisión
positiva, exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en
disposiciones reglamentarias especiales, debiendo el interesado ac/oar conforme se establezca
en estas disposiciones.

De acuerdo a la normativa tributaria citada precedentemente son derechos del sujeto pasivo y
tercero responsable, entre otros, ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias; al debido proceso; a ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización
tributaria, de la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y
obligaciones en el curso de tales actuaciones.

De la revisión de antecedentes se advierte que no existe solicitud alguna del sujeto
pasivo que la Administración Tributaria no haya atendido. El presente caso corresponde a la
determinación de una deuda tributaria por parte del ente fiscal, iniciada con una Orden
de Verificación y concluida con la emisión de la Resolución Determinativa, procedimiento
en el cual el sujeto pasivo no efectuó ninguna solicitud.

Adicionalmente se debe mencionar que en el ámbito tributario el Silencio Administrativo no es
aplicable, ya que las obligaciones y derechos del sujeto pasivo y tercero
responsables, las consultas que puedan formular éstos, así como el proceso
determinativo se hallan establecidos y normados en el Código Tributario, no existiendo vacío
sobre este tema para acudir a normas supletorias, conforme dispone el artículo 5, parágrafo ll de
la Ley 2492.

En conclusión el silencio administrativo tiene como fundamento legal la omisión de
“responder” a una solitud en los plazos y condiciones determinadas por la Ley 2341; sin embargo, a
los efectos de la determinación de obligaciones tributarias el procedimiento está en función a
preceptos legales del Código Tributario, procedimiento que tiene su ”•
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Cenificado 8°EC-274/11 ’

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN \RIBUTARiA
Estado PI — ”

propia característica y es iniciado por el propio ente fiscal conforme determina el artículo
104 de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde desestimar esta petición por lo
inadecuado de su solicitud.

IV.2 Aspectos de fondo
IV.2 Prescripción
La recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que a tiempo de presentar descargos, por memorial
de 28 de diciembre de 2016, solicitó el beneficio de la prescripción, en razón a que
las acciones de control, verificación, fiscalización de la Administración Tributaria
estarían prescritas al 1 de enero de 2016, en cumplimiento a los articulos 59 y 60 de la Ley 2492
sin modificaciones

La Administración Tributaria vulneró sus derechos consagrados en la Constitución Política
del Estado, iniciando el proceso de fiscalización, sancionado el IVA fuera del alcance
de sus acciones; emitiendo la Resolución Determinativa impugnada el 15 de agosto de 2017.
En ese sentido, los nuevos términos de prescripción establecidos no corresponderían ser
aplicados retroactivamente a la gestión 2012; porque los hechos generadores que
acontecieron y perfeccionaron durante esa gestión se encontraban sujetos al régimen de
prescripción más breve (4 años) de aplicación preferente; sin embargo, el ente fiscal
resolvió aplicar los nuevos términos de prescripción, quebrantando no solo los
principios previstos en la Constitución, sino también el propio lineamiento doctrinal.

El ente fiscal emitió la Vista de Cargo y Resolución Determinativa en tiempo no oportuno
ratificando su resolución, señalando además las Sentencias Nos. 510/2013 y 0228/2013;
contraviniendo el artículo 60 del Código Tributario, vulnerando los prinsipios
constitucionales de irretroactividad de la Ley y la aplicación de la norma más favorable, previsto
en los artículos 160.1 y 123 de la Constitución Política del Estado.

El cómputo regresivo significó aplicar retroactivamente a los hechos generadores
perfeccionados en la gestión 2012, un término más amplio, quebrantando los preceptos del Código
Tributario como los principios constitucionales, de primacía y obligatoria observación. El
sujeto activo efectuó dicha ejecución y dejó vencer el plazo, realizando acciones recién el 17 de
junio y 30 de agosto de 2017 con la notificación de la Resolución
Determinativa; es decir 6 años y 5 meses de constituido. Conforme los artículos 59 y 154 •‘• •

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de la Calidad

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomita
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. mbaerepi Vae
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del Código Tributario, que disponen que el término de la facultad para ejecutar las
sanciones prescriben a los 2 años a partir de la ejecutoria del título.

Por regla general la norma vigente para el cómputo del plazo de prescripción es la norma con la
cual debe realizar el mismo; aún si de manera posterior hubiere sido cambiado, en el entendido
que la nueva norma regula lo venidero y no hechos pasados. En el presente caso se
pretende aplicar las modificaciones realizadas a los artículos 59 y 60 del Código Tributario
con las Leyes 291 y 317, que establecen que en la gestión 2013 las acciones prescriben a los 5
años y que la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible.

La Administración Tributaria señala en relación a la supuesta solicitud de prescripción
efectuada mediante nota de 28 de diciembre de 2016, a la cual la Administración
Tributaria no habria dado respuesta, de la revisión exhaustiva de antecedentes
administrativos así como del SUAT (Sistema Único de Atención de Trámites) no se
advierte su ingreso a la Gerencia Distrital La Paz II, resultando ser falsa dicha
aseveración.

De acuerdo a las modificaciones efectuadas a los articulos 59 y 60 de la Ley 2492,
mediante las Ley 291, 317 y 812, el cómputo de la prescripción de las acciones de la
Administración Tributaria de fiscalizar tributos y determinar la duda tributaria por el IVA del
periodo fiscal diciembre 2012, se inició el 1 de enero de 2014 (tomando en cuenta el vencimiento
del periodo de pago del IVA diciembre 2012 fue el 15 de enero de 2013) y fenece el 31 de diciembre
de 2021, considerando el plazo de 8 años para la prescripción establecido por la Ley 812,
vigente a la fecha. Por lo que las facultades de la Administración aún se encuentran
vigentes. Aun aplicando el plazo de 4 años de la Ley 2492 sin modificaciones, la facultad para
ejercer las acciones citadas fenece el 31 de diciembre de 2017, motivo por el cual la
solicitud de prescripción alegada por el sujeto pasivo carece de sustento legal; al respecto se
tiene lo siguiente.

El artículo 199 del Código Tributario dispone: En aplicación del artículo 108 de la
presente Ley, los actos administrativos impugnados mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico,
en tanto no adquieran la condición de firmes no constituyen Titulo de Ejecución
Tributaria. La Resolución que se dicte resolviendo el Recurso Jerárquico agota la vía
administrativa.
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AUTORIDAD REGIONAL DE
lMPUGNACló5 TRIBUTARIA

 

Respecto a la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución de la sanción del Ente Fiscal,
corresponde señalar que el acto impugnado se constituye en la Resolución Determinativa
N° 171725001016 (SIN/GDLPZ II/DF/SVl/RD/747/2017) de 15 agosto de 2017; a través de la cual
la Administración Tributaria determinó las obligaciones impositivas del contribuyente
Freetax Counters SRL en el monto de 12.514 UFV’s, equivalente a Bs27.677 por tributo
omitido. mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, por el crédito fiscal
del IVA indebidamente apropiado del periodo fiscal diciembre 2012; lo que claramente evidencia
que se trata de un acto administrativo concluido por el que se declara una obligación, ahora
controvertida. A ello se suma que la mencionada determinación por efectos de la presente
impugnación no tiene la calidad de firme, constituyéndose estos en aspectos que imposibilitan a
esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir pronunciamiento respecto a la solicitud
del recurrente en lo que refiere a la prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones,
cuando la etapa procesal en el que se encuentra es otra; consecuentemente, corresponde
rechazar la solicitud que antecede respecto a la extinción por prescripción de la fase de ejecución
tributaria.

En relación a la depuración del crédito fiscal de las facturas Nos. 561, 635, 641, 642 y 647
emitidas por Línea Blanca, la parte recurrente no formuló observaciones de fondo, razón por la
cual se mantiene firme y subsistente el IVA de 5.657 UFV’s más intereses y sanción por omisión
de pago del periodo fiscal diciembre 2012; por consiguiente, se confirma la Resolución
Determinativa N° 171725001016 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/ RD/747/2017) de 15 de agosto de 2017.

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre
de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del
Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE:
PRIM ERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171725001016 (SIN/GDLPZ-
II/DF/SVI/RD/747/2017) de 15 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz ‘•.
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de la Calidad

 

II del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Freetax Counters SRL, por
consiguiente, se mantiene firme y subsistente el Impuesto al Valor Agregado de 5.657 UFV’s
más intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al periodo fiscal diciembre
2012.

 

 

 

./’ • ,y TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
. m
” • .’ General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de
la Ley
sv .’
2492 (CTB) y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del
recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su
notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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