ARIT-LPZ-RA-1389-2017 Proveído confirmado porque la Administración Tributaria señala que las leyes 291 y 317 modificaron la ley 2492, dada su aplicación, la deuda prescribe a los 8 años

ARIT-LPZ-RA-1389-2017

AUTORIDAD REGIONAL DE áMPUGNACIó TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1389/2017

 

Recurrente:

 

Administración Recurrida:

 

 

Acto Impugnado:

 

Expediente:

Lugar y Fecha:

VISTOS:
Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A., legalmente representada por Orlando Germán
Vino Carrillo

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN), legalmente representada por Celideth Ochoa Castro
Proveído N° 241729000166
(SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017) ARIT-LPZ-0972/2017
La Paz, 15 de diciembre de 2017

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración
Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y
producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico
ARIT-LPZ N° 1389/2017 de 14 diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y
todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
El Proveído N° 241729000166 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017) de 7 de
septiembre de 2017, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos
Nacionales, señala que al encontrarse vigentes las Leyes 291 y 317 que modificaron la Ley 2492
corresponde su aplicación, donde señala que el término para determinar la deuda prescribe a
los ocho años en la gestión 2016, en consecuencia el cómputo del mencionado plazo se inició el
primer día del año siguiente a aquel en el que

 

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se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, cómputo que feneceria en la gestión
2019, término que fue interrumpido con la Resolución Determinativa N° 17-1317- 2016 de 21 de
noviembre de 2016, notificada el 25 de noviembre de 2016, por lo que la solicitud de prescripción
invocada es improcedente.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA
11.1. Argumentos del Recurrente
Orlando Germán Vino Carrillo en representación legal de la Empresa Hidroeléctrica
Boliviana S.A., conforme acredita el Testimonio de Poder N° 121/2015 de 26 de enero de 2015,
por memorial presentado el 13 de septiembre de 2017, cursante a fojas 58-62 de obrados, interpuso
Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Presentó su solicitud de prescripción el 5 de diciembre de 2016, de las facultades de la
Administración Tributaria por los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre a las Utilidades
de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales de enero a diciembre 2011 contenidos en la
Resolución Determinativa N° 17-1317-2016, en la que no existió pronunciamiento respecto a
su solicitud de prescripción, situación que fue reconocida en la Resolución de Recurso de Alzada
ARIT-LPZ/RA 0252/2017 de 20 de marzo de 2017, y la Resolución de Recurso Jerárquico
AGIT-RJ-0644/2017 de 30 de mayo de 2017.

En ese contexto, indica que el 11 de julio de 2017 reiteró su solicitud ante la
Administración Tributaria, de manera posterior el 15 de agosto de 2017 fue notificado el Proveído
de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331729000558 de 27 de julio de 2017, que dispuso
el inicio de medidas coactivas a partir del día siguiente a la notificación del PIET; asimismo,
en la misma fecha (15 de agosto de 2017) le fue notificado el Proveído N°
241729000137 de 8 de agosto de 2017, donde señala previamente debe aclarar que facultad
quiere prescribir.

Señala que existe incongruencia en los actos administrativos emitidos por el ente fiscal, respecto
a la solicitud de prescripción, toda vez que se le otorgó 5 días para aclarar su solicitud de
prescripción y en la misma fecha se le notifico con el PIET, que resolvió el inicio a partir
del tercer día siguiente a su notificación con la ejecución de medidas

 

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AITe
AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA

coactivas, sin importar que en el plazo de 5 días debía de aclarar su solicitud de
prescripción, que no fue respondida en más de un año, lo que va en contra de toda norma legal y el
principio de seguridad jurídica.

Posteriormente, el 17 de agosto de 2017, presentó la aclaración de su solicitud de
prescripción para la facultad de determinar de la Administración
Tributaria; seguidamente, mediante memorial de 1 de septiembre de 2017 reiteró su demanda y el 11
de septiembre de la presente gestión, le notificaron con el Proveído N° 241729000166 de 7 de
septiembre de 2017, donde señala que conforme a lo dispuesto en la Leyes 291 y 317, el término
de la prescripción es a los 8 años para la gestión 2016 y para los periodos de enero
a diciembre de 2011 la acción para determinar la deuda tributaria fenecería en la
gestión 2019.

La aplicación de las modificaciones con las Leyes 291 y 317 a la Ley 2492 no es correcta, debido a
que con fundamentos forzados se aplica una norma promulgada en la gestión 2012 de manera
retroactiva a la gestión 2011, por lo que el adeudo atribuido resulta en una cuantía impagable;
al efecto, cita lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, a
fin de garantizar la seguridad jurídica dando certitud al ordenamiento jurídico
nacional, en este mismo sentido, refiere al artículo 178 parágrafo I de la Constitución Política
del Estado y cita a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0003/2013 de 3 de enero, concerniente
a la seguridad jurídica.

Afirma que el ente fiscal no puede desconocer el principio de irretroactividad de la Iey, por lo
que señala que el principio tempus comissi delicti supone la aplicación de la norma sustantiva, al
efecto cita lo dispuesto en las SS.CC. Nos. 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R,
0386/2004-R y 1055/2006-R; por ello, solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo y
pronunciamiento sobre la prescripción y téngase por presentados todos los documentos señalados
en el Recurso de Alzada, a fin de que se sanee todo el procedimiento.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular el Proveído N° 241729000166
(SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017) de 7 de septiembre de 2017.

 

 

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II.2. Auto de Admisión
El Recurso de Alzada interpuesto por Orlando Germán Vino Carrillo en representación legal de
la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A., fue admitido por Auto de 15 de septiembre de
2017, notificado de forma personal al recurrente el 21 de septiembre de 2017 y mediante cédula a
la Administración Tributaria el 28 de septiembre de 2017, fojas 63-68 de obrados.

ll.3. Respuesta de la Administración Tributaria
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,
representada legalmente por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 031700001293 de 29 de agosto de 2017, por memorial presentado el
13 de octubre de 2017, cursante a fojas 69-78 de obrados, respondió negativamente con
los siguientes argumentos:

El Recurso de Alzada es improcedente por la interposición del proceso contencioso
administrativo, interpuesto el 29 de agosto de 2017, mediante la cual se impugnó la
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0644/2017 de 30 de mayo de 2017, por ello, es pertinente
que se agote o concluya la instancia judicial utilizada, siendo inviable que se utilice
paralelamente la vía administrativa como ocurre en el presente caso; sin embargo, al
existir un litigio pendiente, se tiene la figura de Litispendencia que conlleva la aplicación
supletoria conforme lo prevé el artículo 5 parágrafo II de la Ley 2492; por ello, al haber
interpuesto la demanda contencioso administrativa se excluye la posibilidad de plantear otro
proceso, al existir uno pendiente con idéntico objeto, sujeto y causa.

Con relación a la aplicación de la Leyes 291, 317 y 812, señala que la norma aplicable al presente
caso, es el artículo 59 de la Ley 2492 modificado, que establece respecto a las acciones del ente
fiscal de determinar la deuda tributaria para la gestión 2016 de 8 años, por ello, no procedió
la prescripción; asimismo, explica que estas leyes no pueden afectar a los derechos ya
adquiridos o consolidados por los contribuyentes, lo que implicaría hacer una aplicación
retroactiva de la ley, que en el presente no ocurrió, en el entendido de que la prescripción es un
derecho adquirido o una situación expectativa.

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE [NPUGNAClóN TRIBUTARIA

Bajo ese contexto, señala que no operó la prescripción, es decir, que ni jurídica ni
contablemente se extinguió la obligación tributaria o deuda tributaria, al estar aún
pendiente el plazo de cumplimiento para que se convierta en un derecho adquirido; en este
sentido, ante la solicitud de prescripción realizada por el sujeto pasivo, se advierte conforme
lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, el cómputo de la
prescripción se inicia desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el
vencimiento del periodo de pago respectivo y al corresponder a una fiscalización al IVA, IT e IUE
de los periodos fiscales de enero a diciembre 2011, cuyo plazo se materializaría considerando los
8 años que establece la norma hasta el 2019; por ello, se debe tomar en cuenta que la notificación
de la Resolución Determinativa que fue realizada el 25 de noviembre de 2016, interrumpió el
cómputo de la prescripción y conforme lo establecido en el artículo 61 inciso a) de la Ley 2492,
se debe de volver a computar a partir del año siguiente en el que se produjo la interrupción, es
decir, desde el año 2017.

En atención que la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016, fue impugnada y a
consecuencia de ello, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0252/2017
de 20 de marzo de 2017 y posteriormente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ
0644/2017 de 30 de mayo de 2017, que confirman lo determinado en la Resolución Determinativa,
misma que se encuentra firme y ejecutoriada; al efecto, realiza un análisis conceptual de la teoría
de los derechos adquiridos, en ese entendido, señala que las teorías jurídicas estudiadas
para el derecho privado también son de aplicación en el derecho tributario.

En el presente al tratarse de un derecho no perfeccionado, mismo que es
susceptible de afectación por una modificación legal, siendo que al estar vigentes las
Leyes 291 y 317, corresponde la aplicación del parágrafo III del artículo 59 de la Ley
2492, disposición legal que señala que el término para imponer sanciones prescribe a los 8
años para la gestión 2016, así también lo establece la Resolución de Recurso Jerárquico
AGIT-RJ 0757/2015 de 4 de mayo de 2015, por lo que la solicitud de prescripción del
ahora recurrente, no procede de acuerdo a la fundamentación realizada y conforme lo dispuesto en
normativa tributaria vigente.

 

 

 

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Existe una causal de suspensión al cómputo de la prescripción conforme lo establecido en el
artículo 62 de la Ley 2492, en atención a que el 10 de febrero de 2014 se notificó al sujeto
pasivo con la Orden de Fiscalización N° 13990100131, lo que suspende el cómputo de la
prescripción que se extendió hasta 6 meses adicionales, al efecto, cita lo dispuesto en la
Sentencia de Sala Plena N° 021/2013 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y lo
establecido en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto
de 2013, AGIT-RJ 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y AGIT- RJ 1161/2013 de 23 de julio de 2013, lo
que permite evidenciar que las modificaciones a la Ley 2492, deben ser aplicadas en atención a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 027.

Refiere a la parte pertinente de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1369/2013 de 16 de
agosto de 2013, que se pronunció respecto a la constitucionalidad del artículo
59 de la Ley 2492 que fue modificado; por ello, enfatiza que como Administración
Tributaria procedió dentro el plazo establecido en la Ley, siendo que de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 15, 78 parágrafo II y el 84 parágrafo I de la Ley 254 de 5 de julio
de 2012, las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, son de
cumplimiento obligatorio; en este sentido, realiza un cuadro del cómputo de la
prescripción del que claramente se advierte que las acciones del ente fiscalizador para
determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales de enero a diciembre 2011,
correspondiente al IVA, IT e IUE no se encuentran prescritas, inclusive sin tomar en
cuenta las modificaciones con las Leyes 291 y 317, al artículo 59 de la Ley 2492.

Acerca de la suspensión referida por el sujeto pasivo, manifiesta que con la Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 0644/2017 de 30 de mayo de 2017, que confirmó lo resuelto en la
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0252/2017 de 20 de marzo de 2017 que a su
vez confirmo lo dispuesto en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016, es decir, que al
estar ejecutoriada la Resolución de Recurso Jerárquico, la Administración Tributaria tiene plena
facultad para continuar con la ejecución tributaria conforme lo dispuesto en el artículo 108 de la
Ley 2492.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído N° 241729000166
(SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017) de 7 de septiembre de 2017.

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE
ÉMPUGNAClóX TRIBUTARIA

Apertura de término probatorio y producción de pruebas
Mediante Auto de 16 de octubre de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días
comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código
Tributario, actuación notificada por Secretaria al recurrente y a la
Administración Tributaria el 18 de octubre de 2017, periodo dentro del cual mediante
memorial de 6 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria ofreció, propuso,
reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos
remitidos a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, se emitió el Proveído de 8 de
noviembre de 2017, que dispuso por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada en el
memorial que antecede; fojas 79-83 de obrados.

II.5. Alegatos
Conforme los plazos y condiciones establecidos por el artículo 210, numeral I
Tributario, la Administración Tributaria con memorial de 24 de noviembre de 2017,
formulo alegatos y solicito se tenga presente a momento de emitir Resolución, en los que
reitera sus argumentos expuestos en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada
referidos a la improcedencia del Recurso de Alzada por interposición del proceso contencioso
administrativo, de la aplicación de las Leyes 291, 317 y 812 respecto a prescripción de la
solicitud de suspensión planteada por el recurrente; al efecto, se emitió el Proveído de 29
de noviembre de 2017, que dispuso por formulados
en conocimiento de la parte contraria; fojas 84-89 de obrados.

Dentro de los plazos y condiciones establecidos por el artículo 210, numeral I del Código
Tributario la empresa recurrente no presento alegatos en conclusiones.

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA
La Administración Tributaria el 21 de noviembre de 2016 emitió la Resolución
Determinativa N° 17-1317-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016) contra la Empresa
Hidroeléctrica Boliviana S.A., estableciendo una obligación de 9.027.926 UFV’s por concepto
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las
Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero a diciembre 2011, más intereses
y sanción por omisión de pago, así como la multa de 2.000 UFV’s por incumplimiento de deberes
formales establecida en el Acta por

 

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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°
000126961; fojas 1-22 de antecedentes administrativos.

Mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0252/2017 de 20 de marzo de 2017,
resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016
(SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016) de 21 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes
Contribuyentes Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa
Hidroeléctrica Boliviana S.A.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo
omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a los periodos
fiscales enero a diciembre 2011; más intereses y sanción por omisión de pago; así como la multa
por incumplimiento de deberes formales; fojas 23-41 de antecedentes adminsitrativos.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0644/2017 de 30 de mayo de 2017, que resolvió confirmar
la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0252/2017 de 20 de marzo de 2017, emitida por la
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto
por Hidroeléctrica Boliviana SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la
deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016
(SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016 de 21 de noviembre de 2016, respecto al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), Impuesto a las Transferencias (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de
las Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero a diciembre 2011, más el mantenimiento de
valor, los intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes
formales; fojas 42-67 de antecedentes administrativos.

La Empresa Hidroeléctrica Boliviana SA representada por Ángel Humberto Zannier Claros
mediante memorial de 11 de julio de 2017, solicitó respuesta expresa a solicitudes formuladas
conforme señala la norma, toda vez que mediante nota de 5 de diciembre de 2016, solicitó a la
Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, declare la prescripción de las
acciones de la Administración Tributaria sobre las obligaciones tributarias de la gestión
2011, citando al efecto las Sentencias N° 39 de 13 de mayo de

 

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Ceni1iccdo N°EC-274/)+

 

 

 

ÉMPUGNAC ÓN TR BUTARIA

2016 y N° 47 de 16 de junio de 2016, también a las Sentencias Constitucionales Nos. 280/2001-R,
979/2002-R, 1427/2003-R y 0386/204-R; fojas 70-74 de antecedentes administrativos.

Con Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331729000558 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00553/2017) de 27 de julio de 2017, señaló que estando firme y
ejecutoriada la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0644/2017 de 30 de mayo de 2017,
que mantiene firme y subsistente la deuda tributaria establecida en la Resolución
Determinativa N° 17-1317-2016 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00051/2016) de 21 de noviembre de 2016, conforme lo establece el
artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, conminó al
contribuyente Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. con NIT 1007121021 por la suma líquida y
exigible de Bs44.693.485.- y anunció al administrado que a partir del tercer día siguiente a la
notificación con el PIET, procederá a ejecutar las medidas coactivas establecidas en el
artículo 110 de la Ley 2492; acto administrativo que fue notificado de manera personal
el 15 de agosto de 2017 al representante legal de la empresa contribuyente; fojas 76-77 de
antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria con Proveído N° 241729000137 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017, respondió la solicitud de
prescripción del sujeto pasivo, donde señala que: “… no especifica en su solicitud si la
prescripción opuesta es de la facultad de fiscalización, control, verificación y determinación
tributaria o de la facultad de ejecución tributaria, considerando que ésta administración
tributaria emitió la RD N° 17-1317-2016 en fecha 21 de noviembre de 2016 y notificó con
la misma al contribuyente en fecha 25 de noviembre 2016, con anterioridad a la
presentación del memorial de fecha 5 de diciembre de 2016 (…) se dispone que con carácter
previo el contribuyente aclare su solicitud de prescripción si se refiere a la facultad de
control, fiscalización, determinación o la facultad de ejecución tributaria a fin de emitir la
resolución que corresponda, esto en plazo de 5 días, …”, acto administrativo notificado de
manera personal el 15 de agosto de 2017 al representante legal de la empresa contribuyente; fojas
78-80 de antecedentes administrativos.

 

 

 

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Por memorial de 17 de agosto de 2017, el representante legal de la Empresa
Hidroeléctrica Boliviana S.A., presentó su oposición a la ejecución tributaria en atención a
lo dispuesto mediante Proveído N° 241729000137 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017, señalando que presenta su
oposición a la ejecución tributaria por haber prescrito la facultad de determinación de
la deuda tributaria del ente fiscalizador, siendo que la ejecución carece de respaldo legal; de
igual manera, mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2017 aclaró respecto a su
solicitud de prescripción conforme al Proveído N° 241729000137, en el que indicó: “…
aclaramos que por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011 han prescrito las facultades
de la Administración Tributaria de control, fiscalización, determinación de la deuda
tributaria establecida en la Resolución Determinativa 17-131 7-2016, …”, fojas 82 y 86
de antecedentes administrativos.

Con memorial de 1 de septiembre de 2017, el representante legal de la Empresa
Hidroeléctrica Boliviana S.A. reiteró y demandó respuesta a su solicitud de prescripción cumplida
la aclaración solicitada mediante el Proveído N° 2417290001377 de 8 de agosto de 2017;
asimismo, señaló que: “Siendo la actividad de la Empresa directamente relacionada a un servicio
básico regulado de alta importancia, nos reservamos el derecho de iniciar reclamos
directos a quienes resultaren responsables ante las instancias de transparencia,
administrativas y judiciales por resarcimiento de daños emergentes económicos, civiles
y constitucionales de incurrirse en excesos e incumplimientos al ordenamiento
jurídico boliviano”, fojas 90-91 d antecedentes administrativos.

El Proveído N° 241729000166 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017 de 7 de
septiembre de 2017, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos
Nacionales, señala que al encontrarse vigente las Leyes Nos. 291 y 317 que modificaron la
Ley 2492 corresponde su aplicación; normativa que señala que el término para determinar
la deuda prescribe a los ocho años en la gestión 2016, en consecuencia el cómputo del
mencionado plazo, conforme el artículo 60 de la Ley 2492, se inició el primer día del año siguiente
a aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y siendo el alcance de
la fiscalización el IVA, IT e IUE de los periodos fiscales de enero a diciembre 2011, el cómputo
fenecería en la gestión 2019,

 

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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA

término que fue interrumpido con la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-1317- 2016 de 7 de
septiembre de 2017, notificada el 25 de noviembre de 2016, por lo que la solicitud de
prescripción invocada es improcedente, por lo que se mantienen los reparos establecidos en la
Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 de 21 de noviembre de 2016, debiendo proseguir el
cobro coactivo del adeudo tributario; acto administrativo notificado de manera personal
el 11 septiembre de 2017 al representante legal de la empresa contribuyente; fojas 101-103 de
antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del
Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio
como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe
Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092, se
tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al
análisis agravios manifestados por Orlando German
representación legal de Hidroeléctrica Boliviana S.A., la posición final se sustentará
acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin
ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado
durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Recurso de Alzada
La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada y en alegatos señala que es
improcedente por la interposición del proceso contencioso administrativo, interpuesto
el 29 de agosto de 2017, impugnando la Resolución de Recurso
AGIT RJ 0644/2017 de 30 de mayo de 2017; por ello, es pertinente que se agote o
concluya la instancia judicial utilizada, siendo inviable que se utilice paralelamente la vía
administrativa como ocurre en el presente caso; sin embargo, al existir un litigio
pendiente, se tiene la figura de Litispendencia que conlleva la aplicación supletoria
conforme lo prevé el artículo 5 parágrafo II de la Ley 2492, debido a que al haber
interpuesto la demanda contencioso administrativa se excluye la posibilidad de plantear

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerep Vae

 

otro proceso, al existir uno pendiente con idéntico objeto, sujeto y causa; al respecto,
corresponde manifestar lo siguiente:

El artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, dispone: Se garantiza
e/ principio de impugnación en los procesos judiciales.

El artículo 143 de la Ley 2492, establece: El Recurso de Alzada será admisible sólo
contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las
resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención,
compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exj”an
restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los
actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de
obligaciones tributarias en defecto o en Iugar del sujeto pasivo. Este Recurso deberá
interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir
de la notificación con el acto a ser impugnado.

El artículo 1 de la Ley 3092, señala: Incorpórese al Código Tributario Boliviano, aprobado mediante
Ley N 2492, de 2 de agosto de 2003, como “TÍTULO V. PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO Y
RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE ALZADA Y JERÁRQUICO, APLICABLES ANTE LA
SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA”, el
siguiente texto.”

Artículo 195 (Recursos Admisibles) 1. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente
los siguientes Recursos Administrativos: a) Recurso de Alzada; y, b) Recurso
Jerárquico. II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de
decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones
administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la
Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del
presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el
parágrafo II del Articulo 109 de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la
Compensación opuesta por el deudor.

 

 

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Certificado N°EC-274/14

 

 

 

IMPUGNAR éx TRIBUTARIA

El parágrafo IV del artículo 198 del Código Tributario Boliviano (Título V), en lo referente a la
forma de interposición de los Recursos, dispone: La autoridad actuante deberá rechazar
el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera
a un recurso no admisible a un acto no impugnable ante la Superintendencia
Tributaria conforme a los Artículos 195 y 197 de la presente Ley.

El artículo 4 de la Ley 3092, dispone: Además de lo dispuesto por e/ Artículo 143 del
Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será
admisible también contra: 1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de
presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias, 2. Acto administrativo que
rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago, 3. Acto administrativo que rechaza la
extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación, 4. Todo otro acto
administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración
Tributaria.

El artículo 4 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en relación a los principios
generales de la actividad administrativa en su inciso I), respecto al Informalismo, dispone: La
inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser
cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento
administrativo.

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que la Empresa
Hidroeléctrica Boliviana SA, representada por Ángel Humberto Zannier Claros mediante memorial de
11 de julio de 2017, solicitó respuesta expresa a solicitudes formuladas mediante nota de
5 de diciembre de 2016, respecto a la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria
sobre las obligaciones tributarias de la gestión 2011; por ello, el ente fiscal
con Proveído N° 241729000137 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017, respondió a la solicitud del
sujeto pasivo, que con carácter previo el contribuyente aclare su solicitud de prescripción si se
refiere a la facultad de control, fiscalización, determinación o la facultad de ejecución
tributaria a fin de emitir la resolución que corresponda, esto en plazo de 5 días. De manera
posterior por memorial de 17 de agosto de 2017, el administrado presentó su aclaración de
prescripción para los periodos fiscales de enero a diciembre

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq
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de 2011 de las facultades de control, fiscalización, determinación de la deuda tributaria
establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016, solicitud que fue reiterada por el
sujeto pasivo con memorial de 1 de septiembre de 2017.

Con el Proveído N° 2417290001C6 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017 de 7 de septiembre de 2017,
la Administración Tributaria, expresó que la solicitud de prescripción invocada es improcedente por
no haber operado la prescripción; al efecto, el ente fiscal entiende que al estar firme lo
dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 0644/2017 de 30 de mayo de
2017 y al haber una demanda contenciosa administrativa interpuesta el 29 de agosto
de 2017, no corresponde la presente impugnación, al existir uno pendiente con
idéntico objeto, sujeto y causa, con lo que alude a su rechazo.

De acuerdo a lo señalado, es pertinente aclarar al ente fiscal, que si bien el artículo 198
parágrafo IV del Código Tributario, dispone: “La Autoridad actuante deberá rechazar el recurso
cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un
recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Autoridad de Impugnación
Tributaria, conforme a los adículos 195 y 197 de la presente ley”; empero, en el presente caso de
la revisión del acto impugnado, se advierte que el mismo fue interpuesto en cumplimiento
de lo descrito por la disposición legal señalada para la impugnación y que se trata de una
respuesta de rechazo a la prescripción efectuada por el administrado de las solicitudes de
prescripción.

Bajo ese contexto, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 numeral 4 de la Ley
3092, el Proveído N° 241729000166 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017
de 7 de septiembre de 2017, al tratarse de un acto definitivo de carácter particular emitido por
la Administración Tributaria conforme al artículo 143 del Código Tributario, es admisible
ante esta Instancia de Alzada; en ese entendido, lo aducido por el ente fiscal claramente resulta
impertinente, toda vez que el acto objeto de impugnación en vía contencioso
administrativa es la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0644/2017 de 30 de mayo de 2017,
que confirmó lo establecido en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0252/2017 de
20 de marzo de 2017, que a su vez confirma la

 

 

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Certificado N*EC-27t/14

 

 

 

 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016
(SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016 de 21 de noviembre de 2016.

Lo anterior, se refuerza más si consideramos que la única Instancia Administrativa
Ilamada por Iey para rechazar o admitir un Recurso de Alzada, es ésta Autoridad
Regional de Impugnación Tributaria conforme a los artículos 140 y 198 del Código
Tributario, en ese entendido, la obligación del ente fiscal está supeditada sólo a
responder en las formas y condiciones del artículo 218 del citado Código. En merito a lo señalado
y con la finalidad de garantizar el acceso a la impugnación, esta Instancia de Alzada concluye
que los argumentos expuestos por la Administración Tributaria carecen de asidero legal, de tal
manera, corresponde ingresar a considerar los argumentos expuestos por la empresa recurrente.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, es necesario puntualizar que el
representante legal de la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A., en el petitorio de su
Recurso de Alzada, solicitó anular obrados hasta el vicio más antiguo; sin embargo,
su contenido se advierte que versa sólo sobre aspectos de forma; en ese entendido, con el fin de
precautelar las garantías del contribuyente y evitar la vulneración derechos, está Autoridad
Regional de Impugnación Tributaria está
analizar y emitir un pronunciamiento respecto a lo peticionado, en ese sentido se
ingresará al análisis de fondo.

IV.2. Prescripción
Orlando Germán Vino Carrillo en representación legal de la Empresa Hidroeléctrica
Boliviana S.A., en su Recurso de Alzada señala que la aplicación de las modificaciones con las
Leyes 291 y 317, a la Ley 2492 no es correcta, debido a que con fundamentos forzados se aplica una
norma promulgada en la gestión 2012 de manera retroactiva a la gestión 2011 y siguientes, por
lo que el adeudo atribuido resulta en una cuantía impagable; al efecto, cita lo
dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, a fin de garantizar la
seguridad jurídica dando certitud al ordenamiento jurídico nacional; en este mismo sentido,
refiere al artículo 178 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y menciona
parte pertinente de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0003/2013 de 3 de enero,
concerniente a la seguridad jurídica. Afirma que

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

 

el ente fiscal no puede desconocer el principio de irretroactividad de la Iey, por lo que
señala que el principio tempus comissi delicti supone la aplicación de la norma
sustantiva, al efecto cita lo dispuesto en las SS.CC. Nos. 280/2001-R, 979/2002-R,
1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R.

La Administración Tributaria por su parte señala que la norma aplicable al presente caso, es el
artículo 59 de la Ley 2492 modificado, que establece respecto a las acciones del ente fiscal
de determinar la deuda tributaria para la gestión 2016 es de 8 años, por ello, no procedió la
prescripción en el presente caso; asimismo, sostiene que se debe tomar en cuenta que con la
notificación de la Resolución Determinativa que fue realizada el 25 de noviembre de 2016, se
interrumpió el cómputo de la prescripción y conforme lo establecido en el artículo 61
inciso a) de la Ley 2492, éste debe volver a computarse a partir del año siguiente en el que se
produjo la interrupción, es decir, desde el año 2017 y manifiesta que existe una causal de
suspensión al cómputo de la prescripción conforme lo establecido en el artículo 62 de la Ley
2492, en atención a que el 10 de febrero de 2014 se notificó al sujeto pasivo con la Orden de
Fiscalización N° 13990100131, lo que suspendió el cómputo de la prescripción por 6
meses adicionales; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 59 del Código Tributario, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las
acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar,
verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer
sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término
precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera
con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen
tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por
contravenciones tributarias prescribe a los dos (2/ años.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59
de la Ley 2492, estableciendo:
I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la
gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete

 

 

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AuTORIDAD REGIONAL DE lNPLIGNACIéx TRIBUTARIA
Estado PIurinacional de Bolivia

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la
gestión 2017 y diez (10) años a padir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
2. Determinar la deuda tributaria.
3. Imponer sanciones administrativas.

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será
respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones
tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.
II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el
sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los
registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde.
III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco
(5) años.
IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

Posteriormente, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del
parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo:
I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión
2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete
(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la
gestión 2017 y diez (10) años a padir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
2. Determinar la deuda tributaria.
3. Imponer sanciones administrativas.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el
sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los
registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde.

 

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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco
(5) años.
IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la
prescripción, señala: l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el
término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel
en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del
Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente
a aquel en que se cometió la contravención tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del
Articulo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de titulo de
ejecución tributaria.

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de
la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo
con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación
por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de
pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a padir del
primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la
prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: l. La notificación de
inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha
de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos
administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se
inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del
expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

El anículo 108, parágrafo I del citado cuerpo legal, estab1ece: La ejecución tributaria
se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: (…)

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE I IPUGNACIóN TRIBUTARIA

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando
ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor (…). La Ley 812, en su
artículo 2, establece lo siguiente: II. Se modifican los Parágrafos I y II del Articulo 59º de la
Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto: “l. Las
acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar,
investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3.
Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos
(2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la
obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen
tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones
comerciales y/o financieras en países de baja

El artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, que reglamenta algunos
aspectos del Código Tributario Boliviano, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados
Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de
la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de
conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable.

De inicio corresponde señalar que la doctrina impositiva, establece que la prescripción es un
modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En
la legislación tributaria nacional la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto
pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del
tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la
pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.

En este punto, resulta necesario resaltar que si bien el instituto de la prescripción se
constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo, no es
menos cierto que la obligación tributaria determinada mantendrá su vigencia en el tiempo,
independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este
instituto no extingue la obligación tributaria, por ello es perfectamente posible

 

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

que el sujeto pasivo realice pagos aun cuando el adeudo tributario está prescrito y estos se
consoliden a favor del Estado, razón por la cual la posibilidad de extinción por
prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria; en ese
entendido, la Ley 2492, en vigencia específicamente dispone cuales son las facultades que son
susceptibles de declararse prescritas que conforme la citada norma tributaria esta
únicamente referida a las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar
tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar
las sanciones por contravenciones tributarias de acuerdo al procedimiento legalmente
establecido en los artículos 95 en adelante de la Ley 2492, empero, existe un término legal
para ejercer esas facultades.

Efectuadas las consideraciones precedentes de la revisión de antecedentes
administrativos, se observa que la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. legalmente
representada por Orlando Germán Vino Carrillo mediante memorial de 11 de julio de 2017,
solicitó respuesta expresa a solicitudes formuladas conforme señala la norma, toda vez
que mediante nota de 5 de diciembre de 2016, solicitó a la Gerencia Grandes Contribuyentes La
Paz del SIN, declare la prescripción de las acciones de la Administración
Tributaria sobre las obligaciones tributarias de la gestión 2011; de manera posterior,
el ente fiscal con Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331729000558 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00553/2017) de 27 de julio de 2017,
señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0644/2017 de
30 de mayo de 2017, que mantiene firme y subsistente la deuda tributaria establecida en
la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00051/2016) de 21 de noviembre de 2016, conforme lo establece el
artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, conminó al
contribuyente Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. por la suma líquida y exigible de
Bs44.693.485.- y anunció al administrado que a partir del tercer día siguiente a la notificación
con el PIET, procederá a ejecutar las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 de la Ley
2492.

Posteriormente, la Administración Tributaria con Proveído N° 241729000137 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017, respondió la solicitud de
prescripción del sujeto pasivo, donde señaló que: “ … se dispone que con

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE lMPUGNACló TRIBUTARIA

carácter previo el contribuyente aclare su solicitud de prescripción si se refiere a
la facultad de control, fiscalización, determinación o la facultad de ejecución tributaria a fin
de emitir la resolución que corresponda, esto en plazo de 5 dias, …”, en este sentido,
mediante memorial de 17 de agosto de 2017, el representante legal de la Empresa
Hidroeléctrica Boliviana S.A., presentó su oposición a la ejecución tributaria en atención a
lo dispuesto mediante Proveído N° 241729000137 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017, señalando que presenta su
oposición a la ejecución tributaria por haber prescrito la facultad de determinación de
la deuda tributaria del ente fiscalizador, siendo que la ejecución carece de respaldo legal; de
igual manera, mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2017 indicó: “… aclaramos que
por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011 han prescrito las facultades de la
Administración Tributaria de control, fiscalización, determinación de la deuda tributaria
establecida en la Resolución Determinativa 17- 1317-2016, …”.

De manera posterior, con memorial de 1 de septiembre de 2017, el representante legal de la Empresa
Hidroeléctrica Boliviana S.A. reiteró y demandó respuesta a su solicitud de prescripción
cumplida la aclaración solicitada mediante el Proveído N° 2417290001377 de 8
de agosto de 2017; por ello, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de
Impuestos Nacionales emitió el Proveído N° 241729000166 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017 de
7 de septiembre de 2017, donde señala que conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de
la Ley 2492, modificados por las Leyes 291 y 317, sus facultades para la gestión 2016 prescriben a
los 8 años toda vez que el cómputo de la prescripción se inició el primer día del año siguiente a
aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y siendo el alcance de la
fiscalización el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos a las Transacciones (IT) y el
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales de enero a diciembre
2011, el cómputo fenecería en la gestión 2019, término que fue interrumpido con la emisión de
la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 notificada el 25 de noviembre de 2016, por
lo que la solicitud de prescripción invocada es improcedente, por lo que se mantienen los
reparos establecidos, debiendo proseguir el cobro coactivo del adeudo tributario.

 

 

Página 21 de 25 su«w a‹so¢a«

Certificado Ii°EC-274/1J

 

Efectuadas las consideraciones precedentes de la relación de los antecedentes y el marco
normativo citado líneas arriba se evidencia que el ente fiscal procedió con la emisión
del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331729000558 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00553/2017) de 27 de julio de 2017, donde señaló que estando firme
y ejecutoriada la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0644/2017 de 30 de mayo de 2017,
que mantiene firme y subsistente la deuda tributaria establecida en la Resolución
Determinativa N° 17-1317-2016 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00051/2016) de 21 de noviembre de 2016, conforme lo establece el
artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, conminó al
contribuyente Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. por la suma líquida y exigible de
Bs44.693.485.- y señalo que: “Se anuncia la contribuyente que a partir del tercer día
siguiente a la notificación con el presente proveido de Inicio de Ejecución Tributaria
, la Administración Tributaria procederá a ejecutar las medidas coactivas establecidas en
el Articulo 110 de la Ley No. 2492 hasta obtener el pago total de la deuda tributaria, asimismo
se hace conocer al sujeto pasivo que se reconocerán previa verificación, justos y
legales los pagos que hubiere efectuado el Contribuyente”.

En este punto de análisis es pertinente señalar que el recurrente en los argumentos de su
Recurso de Alzada establece que las acciones de la administración tributaria para
determinar se encontrarían prescritas a la fecha; en ese entendido, a objeto de dilucidar la
problemática que nos ocupa en este punto corresponde señalar que si bien la Ley 2492,
las Leyes 291 y 317, asi como la Ley 812, establecen plazos de prescripción
determinados para el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria para
controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda
tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución
tributaria. En el presente caso con relación a la facultad de determinación del ente fiscal
alegada por el ahora recurrente, se hace necesario e indispensable señalar que la
Administración Tributaria el 21 de noviembre de 2016, emitió la Resolución Determinativa N°
17-1317- 2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016) contra la empresa Hidroeléctrica
Boliviana S.A., estableciendo obligaciones tributarias por concepto del IVA, IT e IUE de los
periodos fiscales enero a diciembre 2011, más intereses y sanción por omisión de pago, así
como la multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

 

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TRIBUTARIA
Estado Plu«,‹’ ’»a, üo Bo‹ ‹a

000126961; acto administrativo notificado que interrumpió el computo de la prescripción conforme
el artículo 61 inciso a) del Código Tributario.

En ese entendido, es importante señalar que ante la impugnación de la Resolución
Determinativa, esta Instancia de Alzada mediante Resolución de Recurso de Alzada
ARIT-LPZ/RA 0252/2017 de 20 de marzo de 2017, resolvió confirmar la Resolución
Determinativa N° 17-1317-2016 (SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016) de 21 de noviembre de
2016; posteriormente ante la impugnación de la referida Resolución de Recurso de Alzada, la
Instancia Jerárquica emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0644/2017 de 30 de mayo
de 2017, que resolvió confirmar Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0252/2017 de
20 de marzo de 2017 y encontrarse firme dicho acto administrativo, el ente fiscal emitió el
Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 729000558 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00553/2017) de 27 de
julio de 2017 a fin de proceder a ejecutar las medidas coactivas establecidas en el
artículo 110 de la Ley 2492.

En este punto de análisis se hace oportuno señalar que la existencia de la Resolución
Determinativa N° 17-1317-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016) de 21
de noviembre de 2016, que no es acto suficiente para el ejercicio de la facultad de
de la obligación tributaria por parte del ente fiscal, sino que para
materialización se requiere de la emisión del respectivo Proveído de Inicio de Ejecución de
conformidad al artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, precepto legal que establece de
manera expresa la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en el
parágrafo I, artículo 108 de la Ley 2492, disponiendo que: “La ejecutabilidad de
los títulos listados en e/ Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día
siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria,
acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable”; lo que determina el efecto
compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la
notificación con la mencionada actuación.

También corresponde señalar que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se
constituye en el acto administrativo que complementa al Título de Ejecución Tributaria a efecto
de su ejecución, actuación que contiene esencialmente la conminatoria para el

 

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pago de la obligación determinada por el sujeto pasivo pendiente de pago, es decir, que es la
comunicación compulsiva por parte del ente fiscal para obligar el pago de la obligación
tributaria determinada, lo que supone legalmente y conforme al artículo 4 del DS 27874, el inicio
de la fase de ejecución tributaria.

Del análisis efectuado se advierte claramente que la Administración Tributaria emitió
Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331729000558
(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00553/2017) de 27 de julio de 2017 a objeto de ejercer sus facultades
de ejecución tributaria que precisamente se materializan con la notificación del mencionado
Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de conformidad al DS 27874, lo que permite concluir
que la facultad de ejecución del ente fiscal, anunció al administrado que a partir
del tercer día siguiente a la notificación con el PIET, procederá a ejecutar las medidas
coactivas establecidas en el artículo 110 de la Ley 2492; acto administrativo que fue
notificado de manera personal el 15 de agosto de 2017 al representante legal de la
empresa contribuyente.

Lo relacionado precedentemente permite concluir que el presente caso se encuentra en fase
ejecución tributaria; por ello, con relación a la solicitud de prescripción de las facultades
de determinación de la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa
N° 17-1317-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00051/2016) de 21
de noviembre de 2016, es extemporánea, al encontrarse en etapa de ejecución; en ese entendido,
corresponde confirmar el Proveído N° 241729000166
8SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017 de 7 de septiembre de 2017, emitido por la Gerencia Grandes
Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre
de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del
Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

 

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE láfPUGNAClÓN TRIBUTARIA

RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR, Proveído
241729000166
(SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017) de 7 de septiembre de 2017, emitido por la Gerencia Grandes
Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, se
mantienen firmes y subsistentes las obligaciones tributarias pendientes de pago emergentes
de la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016) por
concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero a
diciembre 2011, más intereses y sanción por omisión de pago, así como la multa por
incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias
Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 000126961.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la
Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme
establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio
para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de
Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con
nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la
interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días
computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

RCVD/jcg r/rms/avv/rcgf/bchz
Velez Doradc
Otraciofa Ejecutiva Regbnal
Ejecutka RegDnal

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