ARIT-LPZ-RA-1384-2019 Resolución Sancionatoria anulada. La Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo, donde fundamente debidamente respecto a la solicitud de prescripción, y considerar documentos cursantes en antecedentes administrativos, para no vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso.

ARIT-LPZ-RA-1384-2019

INULT III

II 

– 

11 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1384/2019 

Recurrente: 

Hortencia Paye de Aliaga 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio d

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Néstor Hugo Muñoz Cossío

Acto Impugnado: 

Resolución Sancionatoria No -181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019

Expediente: 

ARIT-LPZ-0994/2019 

Lugar y Fecha: 

z, 13 de diciembre de 

20

Rii

**

,

IN

VISTOS: B El Recurso de Alzada, el Aŭto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y prodúcidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1384/2019 de 11 de diciembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

..”

4

A

afao

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/ 01079/2019 de 16 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada ante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311821000415 CITE: SIN/GDEA/DJCC/CCIAISC/00231/2018 de 26 de febrero de 2018; asimismo, sancionó a Hortencia Paye de Aliaga con una multa igual al 100% del tributo omitido de UFV’s 6.683, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310 y numeral 2 del artículo 13 de la RND N° 10-0031-16, por la contravención de omisión de pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente correspondientes a

ISO 900

Calidad

AFNOR CERTIFICATION 

CER 

1960

MANAGER 

WEISI

EMENT 

Página 1 de 27

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestión 

de la Cascad Certificado N°771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan Mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

los Formularios 200 y 400 del período fiscal febrero 2011 y Formulario 500 del período fiscal diciembre 2013, contenidos en el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del recurrente Hortencia Paye de Aliaga mediante nota presentada el 18 de septiembre de 2019, cursante a fojas 13-14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Mediante nota presentada el 26 de abril de 2019, a la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, se solicitó la prescripción de las facultades de ejecución tributaria así como la de imponer sanciones por las Declaraciones Juradas correspondientes a los Formularios 200-IVA y 400-IT del período fiscal febrero 2011; sin embargo, luego de esperar una respuesta formal por mucho tiempo, en los términos que señala el numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492 e inciso h) del artículo 16 de la Ley 2341 y después de haber lidiado con funcionarios que no tienen el respeto ni la consideración con el tiempo de las personas y que desconocen la norma que rige sus actuaciones, luego de 4 meses y 2 semanas, se le notificó con la Resolución Sancionatoria ahora impugnada que rechazó su solicitud de prescripción.

La Administración Tributaria emitió el acto impugnado, sin antes valorar y responder formalmente la nota de 26 de abril de 2019, en la que se solicitó expresa y fundadamente, la prescripción de las Declaraciones Juradas correspondientes a los Formularios 200-IVA y 400-IT del período fiscal febrero 2011 así como de la facultad de imponer sanciones sobre éstas, de lo que se tiene que no emitió una resolución fundada y.motivada en atención a la mencionada solicitud, lo que vulnera el derecho a la defensa y debido proceso señalados en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 2 y 6 de la Ley 2492 y 16 inciso h) de la Ley 2341.

Los artículos 5 parágrafo Il y 74 de la Ley 2492, disponen el carácter supletorio de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y en su defecto, las de otras ramas jurídicas, cuando exista vacío en la citada Ley 2492; y al no existir plazo en ésta, para responder a una solicitud, de acuerdo al artículo 71 del DS 27113, que establece que las decisiones de fondo deben ser emitidas en 20 días, se tiene que ése es el plazo en

Página 2 de 2

I

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

el que la Administración Tributaria debió emitir la Resolución Administrativa de aceptación o rechazo a la solicitud de prescripción y al no haberlo realizado de esa forma, conculcó el debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que no respondió dentro de los plazos previstos por ley.

La Declaración Jurada Formulario 500-IUE del período fiscal 12/2013, se encuentra pagada con todas las actualizaciones, tanto por el tributo omitido, realizado el 25 de abril de 2019 y por la sanción del 20%, efectuado el 11 de septiembre de 2019, en consecuencia, no corresponde que se encuentre en la Resolución Sancionatoria impugnada, en calidad de prueba se adjunta las Boletas de Pago 1000..

A la fecha de notificación de la Resolución Sancionatoria N° 181921002298 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019, efectuada el 12 de septiembre de 2019, las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones sobre las Declaraciones Juradas correspondientes al período fiscal febrero 2011, se encontraban prescritas, situación que aconteció el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492; en consecuencia, toda vez que las acciones del fisco para el presente caso prescriben a los 4 años, el cómputo se inició desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento, es decir, a partir del 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015. …

.

El numeral 4 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, señala claramente que prescribirán a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria; en consecuencia, las Declaraciones Juradas por el IVA e IT de los períodos fiscales febrero 2011, prescribieron el 18 de marzo de 2015.

afao 

ISO 900

Calida

AFNOR CERTIFICATION 

Cabe también precisar; que por el período febrero 2011, no se hizo solicitud alguna de facilidad de pago; consecuentemente, no existe reconocimiento expreso o tácito para

la interrupción de la prescripción y menos actos que hubieran suspendido su cómputo; asimismo, corresponde la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, sin las modificaciones realizadas por las Leyes 291, 317 y 812, en cumplimiento del artículo

123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la mencionada Ley 2492. Cita al efecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de

IFI

ONet 

MANAGES 

VeoBo

SYSTEM 

AN

Jup: Carlos

Página 3 de 27

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestió

de la calidad Certificado N°771/14 

STR 180 Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamaņi (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní).

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

HU

La Administración Tributaria no puede aplicar retroactivamente las Leyes 291, 317 y 812 a períodos fiscales en los que el hecho generador contaba con norma específica que establecía la prescripción de cuatro años; criterio jurídico que se encuentra

en las Sentencias Números: 108 de 5 de diciembre de 2016, 19 de 24 de marzo de 2017, 153 de 20 de noviembre de 2017, 3 de 25 de enero de 2018, 21/2018 de 31 de enero de 2018 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, y que también se encuentra en concordancia con el artículo 164 de la Constitución Política del Estado; en consecuencia, toda vez que las Leyes 291 y 317 entraron en vigencia en septiembre y diciembre de 2012 respectivamente, su aplicación corresponde de manera posterior a esas fechas, de conformidad con el artículo 123 de la mencionada norma constitucional.

.

De acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como la prueba documental acompañada, no es correcto entrar en consideración sobre la prescripción de las Declaraciones Juradas ni de la facultad de imponer sanciones, toda vez que la Administración Tributaria no respondió la nota de 26 de abril de 2019, siendo lo correcto anular la Resolución Sancionatoria impugnada a objeto de que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, emita una resolución debidamente fundada y motivada.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución Sancionatoria N° 181921002298 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/ 01079/2019 de 16 de agosto de 2019.

II.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Hortencia Paye de Aliaga, fue admitido mediante Auto de 25 de septiembre de 2019, notificado de manera personal tanto al Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales como a la recurrente el 26 de septiembre de 2019; fojas 15-17 de obrados.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Néstor Hugo Muñoz Cossío conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000938 de 26 de septiembre de 2019, por

Página 4 de 27

– 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

memorial presentado el 11 de octubre de 2019, cursante a fojas 20-26 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La emisión y notificación de un actuado administrativo fuera de plazo, no amerita la nulidad de actuaciones, toda vez que para que un acto sea nulo o anulable, deben suscitarse las situaciones previstas en el artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente de acuerdo al numeral 1 del artículo 74 de la Ley 2492, y de acuerdo a dicha normativa, se infiere que no existe disposición expresa que establezca la · nulidad de una Resolución Sancionatoria por incumplimiento de plažo.

De la simple revisión de antecedentes, se evidencia que el procedimiento sancionador cumplió con el principio de legalidad, fuế dictada por autoridad competente, no carece de objeto, no es ilícito o imposible, no es contrario a la Constitución Política del Estado, y cumplió a cabalidad con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo, 168 de la Ley 2492, y en ningún momento se le creo indefensión alguna al contribuyente, toda vez que se le otorgó el derecho a la defensa y al debido proceso.

:

De lo anterior, se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad y anulabilidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad o anulabilidad, no da lugar a la nulidad de obrados, en.. consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa, situación que no ocurrió en el presente caso. Cita al efecto, la Sentencia No 12/2016 de 7 de marzo de 2016 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. En conclusión, en el presente caso, no existe nulidad alguna toda vez que se demostró que los actos de la Administración Tributaria se encuentran debidamente fundamentados y fueron emitidos en estricta sujeción a las leyes, por lo tanto no se causó indefensión al contribuyente.

afaq 

ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATIO

MANAGEL 

SYSTEM 

SWEN

Si bien la Ley 2492 en su artículo 61 establece las causales de interrupción, éstas se

Net refieren a la etapa de determinación, pero con relación a la etapa de ejecución tributaria no hace referencia alguna, existiendo un vacío legal en la Ley 2492, en consecuencia,

corresponde la analogía y aplicación supletoria del Código Civil; en ese sentido de Juan Carlos Guzpian Ruiz

Página 5 de 27

NB/ISO Her yoBo

9001 STA

IBNORCA Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamạchiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita’ mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

Sistema de Gestión 

de la Caldad Certificado No 771/14 

A

4114

-11 –

*****

*

..

..

WY

OV

ILIFE

ILI 

acuerdo al artículo 1492 del citado Código, los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece, de lo que se tiene que la Administración Tributaria como titular de la obligación nunca dejó de ejercer su derecho de cobro de la deuda. Cita al efecto, la SC 0221/2004-R de 12 de febrero

Los artículos 340 y 1503 del Código Civil, presentan dos escenarios de interrupción de la prescripción, via judicial y extrajudicial, la primera mediante actos desarrollados ante tribunales jurisdiccionales aun incompetentes, cuyo requisito fundamental es la citación (notificación en sentido genérico) con la demanda y demás actuados que se indican; y la otra es oponer un acto que sirva para constituir en mora al deudor, este requerimiento no está sujeto a una formalidad específica, siendo suficiente cualquier acto del acreedor que tenga la intención de exigir el cumplimiento de la obligación, sin sujeción a una forma precisa.

En ese entendido, la Administración Tributaria constituyó en mora al sujeto pasivo con la notificación de los inicios de la ejecución tributaria, y realizó las medidas coactivas conforme al artículo 110 de la Ley 2492, estas acciones fueron realizadas a objeto del cobro de la obligación tributaria, en consecuencia, en ningún momento se mostró inactividad, toda vez que las medidas coactivas como la solicitud de retención de fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, se constituyen en actos que interrumpieron el cómputo de la prescripción, por lo tanto, las facultades de ejecución tributaria no prescribieron.

El parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado por las Leyes 291, 317 y

812, estableciendo finalmente que las acciones de la Administración Tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, prescriben a los 8 años. En ese entendido, la deuda tributaria de la gestión 2011 prescribirá en 8 años, de lo que se tiene que en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para la imposición de sanciones dentro los plazos establecidos por la Ley, en consecuencia, dichas facultades no se encuentran prescritas, toda vez que se ejerció la facultad de imponer sanciones con la notificación del Auto Inicial de Sumario

i

Página 6 de 27

.. 

– 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Contravencional N° 311821000415 CITE: SIN/GDEA/DJCCIAISC/00231/2018 de 26 de febrero de 2018, notificado mediante cédula el 12 de junio de 2018.

Conforme la normativa señalada, la cual goza de presunción de constitucionalidad, se tiene que para el presente caso la ley vigente a momento de la solicitud es la que se encuentra en aplicación, en consecuencia, el período de prescripción para que la Administración Tributaria pueda imponer sanciones fue ampliado a ocho años, encontrándose vigente dicha facultad para los períodos fiscales febrero de la gestión 2011, toda vez que a la fecha de oposición de la prescripción no transcurrió el plazo exigido por los artículos 59, 60 y siguientes de la Ley 2492 con modificaciones.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Sancionatoria No 181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 14 de octubre de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría tanto a la recurrente como a la Administración Tributaria, el 16 del mismo mes y año, período dentro del cual, mediante nota presentada el 5 de noviembre de 2019, Hortencia Paye de Aliaga ratificó las pruebas adjuntas en su memorial de Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 6 de noviembre de 2019, se dispuso que previamente la recurrente debe presentar la nota con la firma original, subsanada la observación se proveerá lo que en derecho corresponde, fojas 29-30 de obrados. .

. .

V

.

.

11.5. Alegatos Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria, presentó alegatos en conclusiones; al efecto por Proveído de 27 de noviembre de 2019, se dispuso que, al encontrarse vencido el plazo para la presentación de alegatos el 25 de noviembre de 2019, conforme a lo establecido por el artículo 210 del Código Tributario, no ha lugar a lo solicitado, fojas 32-37 de obrados.

afao ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

TIS

SUN

A Enelo Dorado

VoBo

ToNet

MANAGE 

* WELSIS 

MEN 50 

olan Carlos Guztián Ruiz

Página 7 de 27

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestión 

de la Caldad Certhiado N771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Por Auto Inicial de Sumario contravencional N° 311821000415 CITE: SIN/GDEA/DJCC/CCIAISC/00231/2018 de 26 de febrero de 2018, la Administración. Tributaria instruyó el inicio de Sumario Contravencional contra Hortencia Paye de Aliaga, de conformidad al artículo 168 del Código Tributario en concordancia con el numeral 2 del artículo 13 de la RND N° 10-0031-16, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, de acuerdo al artículo 165 del citado Código, concordante con el artículo 42 del DS 27310, debido al importe no pagado de las Declaraciones Juradas correspondientes a los Formularios 200 y 400 del periodo fiscal 02/2011 y Formulario 500 del período fiscal 12/2013; actuación administrativa notificada mediante cédula al sujeto pasivo el 12 de junio de 2018, fojas 16-21 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada el 26 de abril de 2019 a la Administración Tributaria, Hortencia Paye de Aliaga, solicitó la extensión de fotocopias legalizadas del proceso administrativo sancionador, así como la prescripción de las facultades de ejecución tributaria y de imposición de sanciones sobre las Declaraciones Juradas, correspondientes a los Formularios 200 y 400 del período fiscal febrero 2011; fojas 1-2 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/ 01079/2019 de 16 de agosto de 2019, resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada ante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311821000415 CITE: SIN/GDEA/DJCC/CCIAISC/00231/2018 de 26 de febrero de 2018; asimismo, sancionó a Hortencia Paye de Aliaga con una multa igual al 100% del tributo omitido de UFV’s 6.683, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310 y numeral 2 del artículo 13 de la RND N° 10-0031-16, por la contravención de omisión de pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente correspondientes a los Formularios 200 y 400 del período fiscal febrero 2011 y Formulario 500 del período fiscal diciembre 2013, contenidos en el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional;

actó administrativo notificado personalmente a la contribuyente, el 12 de septiembre de 2019, fojas 28-34 y 42 de antecedentes administrativos.

Página 8 de 2

30 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración ál-Informe Técnico Jurídico emitido de .conformidad al artículo 211-11 de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Hortencia Paye de Aliaga en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentės y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio corresponde señalar que la recurrente solicita la nulidad o la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 181921002298 SIN/GDEA/DJCCIUCC/RS/ 01079/2019 de 16 de agosto de 2019 y de la lectura de su Recurso de Alzada se advierte que argumenta tanto aspectos de forma como de fondo; en ese entendido, por el orden procesal que debe existir, esta instancia recursiva revisará en primera instancia la existencia de los vicios denunciados relacionados al incumplimiento de plazos y ausencia de fundamentación en el acto impugnado y si se encuentran , legalmente sancionados con la nulidad, sólo en caso de no ser evidentes, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

ne

afao 

IV.1. Incumplimiento de plazos Hortencia Paye de Aliaga en su Recurso de Alzada manifiesta que mediante nota presentada el 26 de abril de 2019, a la Administración Tributaria, solicitó la prescripción de las facultades de ejecución tributaria así como la de imponer sanciones por las Declaraciones Juradas correspondientes a los Formularios 200-IVA y 400-IT del período fiscal febrero 2011; sin embargo, luego de esperar una respuesta formal por mucho tiempo y de haber lidiado con malos funcionarios, después de 4 meses y 2 semanas, se le notificó con la Resolución Sancionatoria ahora impugnada que rechazó su solicitud de prescripción.

ISO 9001 

Calidad 

AFHOR CERTIFICATION 

  1. E

Net 

Allez Brado

MANAGE 

pogo

WEIS

SEMEN

Ne kerton Carlos

Guzman Suiza Le yogo

Página 9 de 2

V

ISTA

NB/ISO 

9001 (IBNORC

Sistema de Gestión 

de la Caldad Cetficado No771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

1

Agrega que en caso de que exista vacíos en la Ley 2492, sus artículos 5 parágrafo Il y 74, disponen el carácter supletorio de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y en su defecto las de otras ramas jurídicas; en consecuencia, al no existir plazos en la referida Ley para responder a una solicitud, de conformidad al artículo 71 del DS 27113, que establece que las decisiones de fondo deben ser emitidas en 20 días, se tiene que la Administración Tributaria debió emitir la Resolución Administrativa de aceptación o rechazo a la solicitud de prescripción dentro de ese plazo y al no haberlo realizado de esa forma, conculcó el debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que no respondió dentro de los plazos previstos por ley.

La Administración Tributaria en la respuesta al Recurso de Alzada, manifiesta que la emisión y notificación de un actuado administrativo fuera de plazo, no amerita su nulidad, toda vez que para que un acto sea nulo o anulable deben suscitarse las situaciones previstas en el artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por disposición del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492 y de acuerdo a dicha normativa, se infiere que no existe disposición expresa que establezca la nulidad de una Resolución Sancionatoria por incumplimiento de plazo.

Añade que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad y anulabilidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad o anulabilidad no da lugar a la nulidad de obrados, en consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa, situación que no ocurrió en el presente caso; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

‘ 

El artículo 4 numerales 2 y 3 de la Ley 2492, dispone: Los plazos relativos a normas tributarias son perentorios y se computarán de la siguiente manera: 2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderá siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se computarán por dias corridos. 3. Los plazos y término comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 

” 

*.

Página 10 de 27

.::.

.

11

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

hora del día de su vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. 

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en su numeral 2, dispone: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

El artículo 168 parágrafos I y II de la referida Ley, establece: I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá uri plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su dėscargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos. dispuestos en el Título III de este Código. 

El artículo 201 de la Ley 2492 señala: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

afao ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

El artículo 33 parágrafo lil de la Ley 2341, estipula: La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto integro del mismo. (…) 

FIE

CE

IoNet 

Vafogo

ANAGEME

WalSAS 

ENTS 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento jurídico distinta de las previstas en 

E wipegang

Guzmán Ruiz

Vogo

Página 11 de 27

(7R 20%

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sisterra de Gestión 

de la Caldad Certticado N°771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní).

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.

El artículo 71 del DS 27113, parágrafo | inciso g), establece: Las actuaciones saladas a continuación que no tengan un plazo expresamente establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, en este Reglamento o en otras disposiciones vigentes, se sujetarán a los siguientes plazos máximos: g) Decisiones sobre cuestiones de fondo: 20 días. 

La RND N° 10-0031-16 de 25 de noviembre de 2016, que regula el Régimen de Sanciones y Procedimiento por Contravenciones Tributarias, en el numeral 3 del artículo 13 (Imposición de sanciones por Declaraciones Juradas presentadas que determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente), establece: La tramitación del procedimiento sancionador se realizará en la forma y plazos establecidos en el numeral 3 del Artículo 10 de la presente Resolución, en lo pertinente, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva emitirá el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria o Resolución Final del Sumario según corresponda, mismos que serán suscritos por el Gerente Distrital o GRACO de la jurisdicción a la que pertenece el contribuyente. 

El numeral 3 del artículo 10 de la citada RND N° 10-0031-16, estipula: Contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional o el Acta de Infracción, el presunto contraventor podrá presentar por escrito las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información que crea convenientes para hacer valer su derecho. El plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días computables a partir del día siguiente hábil a la fecha de notificación o entrega del acta, salvo en el caso de contravenciones cuyo origen sea una denuncia documentada, donde el plazo se reducirá a diez (10) días hábiles. (…) 3.2. Inexistencia o insuficiencia de descargos Si el supuesto infractor no presentara descargos o éstos resultaran insuficientes para probar la inexistencia de 

Página 12 de 27

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

la contravención tributaria, la dependencia competente, una vez evaluados los descargos, elaborará un informe a ser remitido al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, salando que evaluados los hechos y/o descargos se ratifique la sanción que corresponda mediante Resolución Sancionatoria. (…) 3.4. Emisión de la Resolución Sancionatoria La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término que se computará a partir del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento del plazo para presentar descargos (...

Con carácter previo, es preciso señalar que el agravio de la recurrente sobre este punto versa sobre el incumplimiento de plazos en el que habría incurrido la Administración Tributaria en la emisión de la respuesta a su solicitud de prescripción, en ese entendido, toda vez que dicha contestación emitida por el sujeto activo está contenida en una Resolución Sancionatoria, la cual en cuanto a los plazos para su emisión se encuentra regulada por norma específica (Ley 2492 y RND NO 10-0031-16); al respecto, corresponde manifestar que en primera instancia se verificará si la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución Sancionatoria No 181921002298 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019, cumplió los plazos establecidos en la referida normativa; posteriormente, se ingresará a la revisión del cumplimiento de plazos en la emisión del mismo acto administrativo, pero en función a — la respuesta otorgada a la solicitud de prescripción; es decir, si el Ente Fiscal cumplió el plazo establecido en el DS 27113, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 74 de la Ley 2492, a momento de contestar a la petición de sujeto pasivo.

i

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria el 12 de junio de 2018, notificó a la ahora recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311821000415 CITE: SIN/GDEADJCC/CCIAISC/00231/2018 de 26 de febrero de 2018, por el que instruyó el inicio de sumario contravencional de conformidad al artículo 168 del Código Tributario en – concordancia con el numeral 2 del artículo 13 de la RND N° 10-0031-16, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago por el importe no pagado de las Declaraciones Juradas correspondientes a los Formularios 200 y 400 del periodo fiscal 02/2011 y Formulario 500 del período fiscal 12/2013.

afaq 

ISO 9001

Calidad 

AFNOR CERTIFICATIO

RT

Net 

Bele Borado)

Vogo

MANAGER 

WBISIS 

COV.DER.

MENT 

DA..

Página 13 de 27

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestión 

de la calidad Certficado N 771/14 

..

.

.

…..

.

.

.

..

.

.

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayit jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933 . Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

Mediante nota presentada el 26 de abril de 2019, a la Administración Tributaria, Hortencia Paye de Aliaga, solicitó la extensión de fotocopias legalizadas del proceso administrativo sancionador así como la prescripción de las facultades de ejecución tributaria y de imposición de sanciones sobre las Declaraciones Juradas correspondientes a los Formularios 200-IVA y 400-IT del período fiscal febrero 2011, a cuyo efecto el sujeto activo a través de la Resolución Sancionatoria No 181921002298 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019, resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por la mencionada contribuyente y la sancionó con una multa igual al 100% del tributo omitido de UFV’s 6.683, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310 y numeral 2 del artículo 13 de la RND N° 10-0031-16, por la contravención de omisión de pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente correspondientes a los Formularios 200 y 400 del período fiscal febrero 2011 y Formulario 500 del período fiscal diciembre 2013; acto administrativo que le fue notificado personalmente el 12 de septiembre de

.

De lo relacionado precedentemente, se evidencia que la Administración Tributaria el 12 de junio de 2018, notificó a la ahora recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311821000415 CITE: SIN/GDEA/DJCC/CCIAISC/00231/2018 de 26 de febrero de 2018, otorgándole el plazo de 20 días a efectos de que presente descargos contra el citado acto preliminar, plazo que feneció el 2 de julio de 2018, fecha a partir de la cual, el sujeto activo contaba con el término de 20 días para emitir la Resolución correspondiente; es decir, hasta el 23 de julio de 2018; sin embargo, de antecedentes administrativos, se advierte que la Resolución Sancionatoria No 181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 fue emitida el 16 de agosto de 2019; esto implica, un año y 24 días después del plazo establecido por el parágrafo Il del artículo 168 de la Ley 2492 y la RND N° 10-0031-16 de 25 de noviembre de 2016.

Se hace necesario señalar que de conformidad al artículo 33 parágrafo III de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por disposición expresa del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492, la Administración Tributaria contaba con el plazo de 5 días para la notificación con la Resolución Sancionatoria mencionada precedentemente, es decir, hasta el 23 de agosto de 2019; sin embargo, de antecedentes se evidencia que dicha notificación

Página 14 de 27

.

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

se produjo al sujeto pasivo, el 12 de septiembre de 2019; es decir, 19 días después del plazo estipulado por ley.

De igual manera, se hace necesario referir que para dar respuesta a la solicitud de prescripción de la ahora recurrente presentada el 26 de abril de 2019 a la Administración Tributaria, ésta contaba con el plazo de 20 días, en-sujeción a lo dispuesto por el artículo .71 parágrafo | inciso g) del DS 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente por disposición expresa del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492; plazo que feneció el 16 de mayo de 2019; sin embargo, conforme lo anteriormente relacionado, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 181921002298 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 en la que otorgó respuesta a la solicitud de Hortencia Paye de Aliaga, el 16 de agosto de 2019, es decir, tres meses después del plazo establecido en la mencionada disposición normativa.

.

De lo descrito, se advierte que efectivamente existió incumplimiento de plazos por parte de la Administración Tributaria en la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria impugnada; no obstante, se debe tomar en cuenta que las Leyes 2341 y 2492, no prevén como vicio de nulidad ni anulabilidad el incumplimiento de los plazos en las emisiones de los actos; asimismo, se tiene que en materia de procedimiento administrativo tributario la nulidad al ser textual, sólo opera en aquellos casos en que los actos incumplan con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 0 den lugar a la indefensión de los interesados tal como lo dispone el artículo 36-11 de la Ley 2341, aplicable por disposición expresa del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492 y que la sola infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de los actos emitidos por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa.

afao ISO 900

Calida

AFNOR CERTIFICATION 

CE

FIE

Net 

MANAG

SYSTEM 

Sobre temas análogos el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, estableciendo expresamente respecto a la competencia lo siguiente: (...) La pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de 

stin

unni 

T

O

Juan Carlos Gemán Ruiz

Página 15 de 27

STR

NB/ISO 

9001 IBNORC

Sistema de Gestión 

de la calidad Certificado 77171

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

II 

nulidad se produce siempre que aquélla esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que 

so jure; pues para que esto ocurra la norma procesal debe establecer con 

carácter específico que la autoridad pierde competencia si emite el fallo fuera del tàl término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda 

; de no producirse esta situación (pérdida de competencia expresamente

señalada por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003 CA, 0124/2005CA y en las SS.CC. 0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras.

Lo anterior, muestra que los plazos establecidos se constituyen en términos que la Ley dispone para que los actos de las Administraciones tengan límites; no obstante, si esos plazos son incumplidos, la Ley no prevé otro tipo de previsiones, no obstante, existe el mecanismo de control interno de la Administración Pública, para determinar responsabilidades contra los servidores públicos que omitieron el cumplimiento de sus estrictas funciones en relación a los plazos procesales, sin que esto represente la caducidad o pérdida de competencia del Ente Fiscal. A lo referido se suma, que en el caso de que ocurriese una situación de incumplimiento de plazos se debe hacer notar que el análisis de tales extremos no es competencia de esta Instancia Recursiva, considerando además que el Servicio de Impuestos Nacionales tiene las instancias correspondientes para el procesamiento de sus servidores públicos a efecto de determinar la responsabilidad atribuida a su conducta de acuerdo con las normas de la Ley 1178 y su respectivo Reglamento.

De lo anterior se concluye que es evidentemente que hubo incumplimiento del plazo establecido en los artículos 168-11 de la Ley 2492, 33-11 de la Ley 2341, 71-1 inciso g) del DS 27113 y la RND N° 10-0031-16 de 25 de noviembre de 2016, respecto a la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria N° 181921002298 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019; sin embargo, dicho

Página 16 de 27

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

retraso no implica la nulidad del referido acto administrativo, en ese entendido, al no haberse causado indefensión a la recurrente y no ser nulos los actos por incumplimiento de plazos, no corresponde retrotraer el procedimiento por esta causa.

IV.2 Falta de fundamento del acto impugnado La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria emitió el acto impugnado, sin antes valorar y responder formalmente la nota presentada el 26 de abril de 2019, en la que solicitó expresa y fundadamente la prescripción de las Declaraciones Juradas correspondientes a los Formularios 200-IVA y 400-IT, del período fiscal febrero 2011, así como de la facultad de imponer sanciones, de lo que se tiene que no emitió una resolución fundada y motivada en atención a su petición, lo que vulnera el derecho a la defensa y debido proceso señalados en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 2 y 6 de la Ley 2492 y 16 inciso h) de la Ley 2341.

:

AVX 

ON 

Agrega que la Declaración Jurada Formulario 500-IUE del período fiscal 12/2013, se encuentra pagada con todas las actualizaciones, tanto por el tributo omitido, realizado el 25 de abril de 2019, y por la sanción del 20%, efectuado el 11 de septiembre de 2019, en consecuencia, no corresponde que se encuentre en la Resolución Sancionatoria impugnada, al efecto, adjunta en calidad de prueba las Boletas de Pago 1000: En ese sentido, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como de la prueba documental acompañada, no es correcto que la instancia de alzada entre a considerar la prescripción de las Declaraciones Juradas ni de la facultad de imponer sanciones, toda vez que la Administración Tributaria no respondió a su nota de 26 de abril de 2019, siendo lo correcto anular la Resolución Sancionatoria impugnada a objeto de que el Ente Fiscal emita una resolución debidamente fundada y motivada.

afao 

ISO 900

Calida

AFNOR CERTIFICATION 

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada manifiesta que en el presente caso, no existe nulidad alguna toda vez que se demostró que los actos de la Administración Tributaria se encuentran debidamente fundamentados y fueron emitidos en estricta sujeción a las leyes, por lo tanto no se causó indefensión al contribuyente; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

TI

FIE

MANAS 

SYSTEM 

Juan Carlos Guinas Ruíz

Página 17 de 27

STED

NB/ISO 

9001 IBNORC

Sistema de Gestión 

de la Caldad Certificado No 77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti’onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telf.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo · La Paz, Bolivia

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68, numerales 6 y 7de la Ley 2492, establece: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, concordante con el artículo 19 del DS 27310, señala: La Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

El artículo 201 de la Ley 2492 señala: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

El artículo 36 de la Ley 2341, menciona: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

..

Página 18 de 27 – 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta,

ronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de los actos administrativos, que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

Hechas estas precisiones, resulta pertinente contextualizar las actuaciones emergentes del presente caso; al efecto, se advierte que el 12 de junio de 2018, la Administración Aduanera notificó a Hortencia Paye de Aliaga con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311821000415 CITÉ: SIN/GDEA/DJCC/CCIAISC/00231/2018 de 26 de febrero de 2018, por el que instruyó el inicio de Sumario Contravencional en su contra, de conformidad al artículo 168 del Código Tributario en concordancia con el numeral 2 del artículo 13 de la RND N° 10-0031-16, por existir suficientes indicios de haber incurrido en. la contravención de omisión de pago,, de acuerdo al artículo 165 del citado Código concordante con el artículo 42 del DS 27310, debido al importe no pagado de las Declaraciones Juradas correspondientes a los Formularios 200 y 400 del periodo fiscal 02/2011 y Formulario 500 del período fiscal 12/2013. La mencionada contribuyente, mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 26 de abril de 2019, solicitó la

extensión de fotocopias legalizadas del proceso administrativo sancionador, y planteó la prescripción tanto de las facultades de ejecución tributaria como de la imposición de sanciones respecto a las Declaraciones Juradas correspondientes á los Formularios 200 y 400 del período fiscal febrero 2011, de conformidad al artículo 59-1 numerales 3 y 4 de la Ley 2492 sin modificaciones.

afa

ISO 9001 

Calida

AFNOR CERTIFICATION 

I

TE

E

1 Net 

MANAGE

SYSTEM 

MENT

La Administración Tributaria a través de la Resolución Sancionatoria N° 181921002298 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019, en su parte resolutiva primera rechazó la referida solicitud de prescripción, en cuyas partes

skin Carlos

Página 19 de 27 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certiñcado No 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamạchiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973.www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

pertinentes señaló: “(...) es decir al presente caso la Resolución Sancionatoria se constituye en Título de Ejecución Tributaria, tal como establece el Art. 108.- (…) Que, respecto a la facultad de ejecución tributaria la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades establecidas en el Art. 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) de 3 de agosto de 2003, ha iniciado la ejecución tributaria de las obligaciones pendientes de pago del sujeto pasivo, desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, emergentes de impuestos adeudados al Estado contenidos en las declaraciones juradas autodeterminadas presentadas por la contribuyente, mismas que se constituyen en Títulos de Ejecución Tributaria, conforme las previsiones del numeral 6 del parágrafo / del Artículo 108 de la Ley citada” (fojas 31-32 de antecedentes administrativos)

Continúa señalando: “(…) asimismo la Administración Tributaria como titular de la obligación nunca dejó de ejercer su derecho de cobro de deuda, interpretando por analogía y principio de supletoriedad aplicar el Art. 340 y 1503 del Código Civil, los cuales establecen lo siguiente: CÓDIGO CIVIL “ARTÍCULO 340. (CONSTITUCIÓN EN MORA).- El deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. SECCIÓN III DE LAS CAUSAS QUE INTERRUMPEN LA PRESCRIPCIÓN ARTÍCULO 1503. (INTERRUPCIÓN POR CITACIÓN JUDICIAL Y MORA).-. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un derecho o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudos(Sic)”. (fojas 32 de antecedentes administrativos).

El acto impugnado con relación a la solicitud de prescripción de las facultades de imposición de sanciones, manifestó: “(…) en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para la imposición de sanciones, dentro los plazos establecidos en la Ley, por lo que dichas facultades no se encuentran prescritas, ya que no existiría inactividad de la Administración Tributaria, la misma habría ejercido su facultad para imponer sanciones administrativas dentro del término de la prescripción, con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional No 311821000415 con CITE: SIN/GDEA/DJCC/CC/AISC/00231/2018 de fecha 26 de febrero de 2018, notificado por cédula en fecha 12 de junio de 2018. (...), de lo que se tiene que 

Página 20 de 27

.

.

..

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

el periodo de prescripción para que la Administración Tributaria pueda IMPONER SANCIONES fue ampliado, por lo que se tiene que el término de Prescripción es de OCHO (8) AÑOS, entonces la facultad para imponer sanciones administrativas de la Administración Tributaria para los periodos Febrero de la gestión 2011 n se encuentra vigente, (...)” (fojas 32 de antecedentes administrativos)

De lo descrito precedentemente, se advierte con relación a la solicitud de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones respecto a las Declaraciones Juradas correspondientes a los Formularios 200 y 400 .del período fiscal febrero 2011, el ‘Ente Fiscal en la Resolución Sancionatoria ahora impugnada señaló simplemente que dichas facultades no se encuentran prescritas debido a que no existió inactividad de su parte al haber notificado a Hortencia Paye de Aliaga con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311821000415 CITE: SIN/GDEA/DJCC/CC/AISC/00231/2018 de 26 de febrero de 2018; asimismo, respecto a la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria, manifestó que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada se constituye en título de ejecución tributaria y que la Administración Tributaria ejerció dicha facultad desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; refirió también que corresponde la aplicación supletoria de los artículos 340 y 1503 del Código Civil.

De lo anterior, se evidencia que el Ente Fiscal emitió una respuesta imprecisa äl sujeto. pasivo sobre su solicitud de prescripción, toda vez que por una parte señaló’ simple y llanamente que la facultad de imposición de sanciones no se encuentra prescrita, sin efectuar mayor análisis al respecto, es decir, sin exponer las razones fundadas por las que

nsidera que dicha facultad se encuentra aún vigente, menos realizó cómputo alguno de la prescripción, contrariamente consideró de manera equivocada que la notificación con un acto preliminar se constituye una manifestación del ejercicio de la facultad de imposición de sanciones, al efecto, se evidencia que no tomó en cuenta que la norma tributaria no establece dicho accionar, como medida suspensiva o interruptiva del término de la prescripción. Asimismo, se advierte que emitió pronunciamiento sobre la facultad de ejecución de la deuda tributaria, señalando que no se encuentra prescrita, sin cons que el presente proceso se circunscribe únicamente a la imposición de sanciones por la omisión de pago en la que habría incurrido Hortencia Paye de Aliaga, y no versa sobre la ejecución de la deuda tributaria que pudiera corresponder, sin embargo, al emitir, el sujeto

dao ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

EIE

metez borado

CE

ONet 

Ea yop

MANAGEM 

SYSTEM 

CMENIS 

Deutz Carlos i Guritnán Ruiz le logo

Den

STR

Página 21 de 2

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la calidad Certhcado N° 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

11 

MITI

MILITI 

TI

I

activo, una posición respecto a una de sus facultades que no se encuentra relacionada al proceso sancionador, indudablemente genera confusión al sujeto pasivo y evidencia una ausencia de debida fundamentación del acto impugnado.

A esto se suma, que el acto impugnado a fojas 31 de antecedentes administrativos, manifiesta que la Resolución Sancionatoria N° 181921002298 CITE: SIN/GDEA/DJCCIUCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019, se constituye en título de ejecución tributaria; al efecto, sé evidencia que no tomó en cuenta que el acto ahora impugnado aún no se encuentra firme por haber sido objeto de impugnación mediante el presente Recurso de Alzada, en consecuencia, no es aún un título de

a fojas 32, en la que estableció que corresponde la aplicación del Código Civil, corresponde señalar que es evidente que la Administración Tributaria no tomó en cuenta que el Código Tributario en el Título 1, Capítulo III, Sección VII, Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria, entre ellas la prescripción, instituto jurídico sobre el cual establece

también su cómputo, interrupción y suspensión, en todas las etapas del proceso incluida la fase de ejecución..

De ello, es necesario precisar que el Derecho Tributario dentro del ámbito general del derecho es una rama especial, que goza de autonomía, es decir, que tiene ciertas preferencias en materia de definiciones lo que significa que adopta definiciones propias aplicables a la materia, que pueden resultar distintas a las de las otras ramas del derecho, referidas a la misma figura jurídica, por esta razón, la norma impositiva es de preferente aplicación frente a otras ramas del derecho en general; esto no implica, que en el ámbito impositivo es inexistente legalmente la supletoriedad de la Ley, toda vez que este hecho jurídico es procedente, únicamente en las condiciones establecidas por el artículo 5 de la Ley 2492; es decir, cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, haciendo necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades; en ese sentido, al establecer el Código Tributario en forma clara en sus artículos 59, 60, 61 y 62 la figura de la prescripción, el cómputo, suspensión e interrupción, sin que exista un vacío legal, las formulaciones de la Administración Tributaria sobre la correspondencia de la aplicación del Código Civil al presente caso, no corresponde.

Página 22 de 27

II

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Por lo expuesto, es evidente que el acto impugnado no emitió pronunciamiento respecto a la solicitud de prescripción efectuada por Hortencia Paye de Aliaga, en forma debida y fundamentada, limitándose únicamente a manifestar una posición llana sin mayor análisis ya efectuar una relación de normas tributarias y de otras ramas jurídicas inaplicables al presente caso, aspectos que evidencian la vulneración al debido proceso en su elemento de fundamentación, toda vez que es necesario que la Administración Tributaria establezca una explicación fundamentada, técnica y legalmente, como es exigencia en el ámbito impositivo, que justifiquen los motivos por los cuales se considera que no es procedente la prescripción solicitada, hecho que no es evidenciado en el acto administrativo impugnado, contrariamente, muestra de manera incontrastable la existencia de una serie de falencias tanto en el sustento normativo como en el pronunciamiento respecto a la solicitud de prescripción realizada ante la Administración Tributaria, extremo que indudablemente incide en la fundamentación de la citada resolución.

Conforme al análisis expuesto precedentemente, se tiene que la Resolución Sancionatoria N° 181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019, genera incertidumbre respecto a la determinación asumida por el Ente Fiscal en cuanto a la improcedencia de la prescripción solicitada por el administrado; en tal sentido, es evidente la existencia de vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación en el acto administrativo impugnado, situación que suprime una parte estructural del mismo, siendo que la motivación de las resoluciones se constituye en un deber de la autoridad: :: administrativa que lo emite impuesto por ley, esto con la finalidad de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que la decisión asumida devenga de un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares y no así de un acto discrecional de su voluntad autoritaria.

afaq 

ISO 900

Calida

AFNOR CERTIFICATION 

Al respecto, se hace necesario agregar que en materia estrictamente impositiva, el artículo 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, dispone como derechos del sujeto pasivo, el que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; así como el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados en los términos del presente Código; en

elelez Dorado

TPUUTARUS 

CE

By Vog

OKTER. ENDO

MANAGE 

CEMENT

SYSTEM 

Página 23 de 2

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sisternade Gestión 

de la Calidad Certificado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jaņ mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo· La Paz, Bolivia

concordancia a la normativa referida, los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 2492, señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente; aspectos que no fueron cumplidos por la Administración Tributaria. en el caso bajo análisis, conforme se tiene referido en los párrafos que anteceden.

En este punto de análisis, es necesario considerar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en cuanto a la fundamentación de las resoluciones, que establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013 de 22 de agosto señaló lo

ente: “…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación (…)“, en tal sentido, se tiene que la fundamentación de los actos administrativos no implica necesariamente una argumentación ampulosa o exagerada, toda vez que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad a emitir una determinada decisión, aspectos que precisamente no se advierten en el acto administrativo impugnado, toda vez que no cuentan con los elementos que permitan establecer la improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por la ahora

recurrente.

Bajo ese contexto, corresponde aclarar que la fundamentación de una resolución no se circunscribe simplemente a mencionar y/o efectuar la transcripción de las disposiciones normativas, sino que deben tener una relación estrecha con el razonamiento plasmado en la respectiva resolución, la cual deviene de los hechos suscitados, los antecedentes administrativos, las pruebas presentadas, las argumentaciones y peticiones expuestas por los sujetos procesales y la normativa aplicable al caso concreto, aspectos que necesariamente deben estar cohesionados con la finalidad de obtener una resolución debidamente fundamentada, extremo que no se vio plasmado en el presente caso, en el

Página 24 de 27.

SKAL

.

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

entendido de que la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria No 181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019, no explicó de manera fundamentada las razones técnico legales por las que considera que no es procedente la prescripción solicitada.

En ese contexto, es evidente que la Administración Tributaria no consideró que la Resolución Sancionatoria no es una actuación, es un “acto definitivo” que producirá efectos jurídicos en los derechos del administrado, es decir, en el presente caso “establecerá la procedencia de la solicitud de prescripción efectuada por el sujeto pasivo”, con el fin de que el administrado conozca claramente los fundamentos de los cuales tenga que asumir defensa; no obstante, conforme se tiene señalado, en el presente caso se evidencia el incumplimiento a las previsiones establecidas en el artículo 99-11 de la Ley 2492, aplicable en previsión del artículo 169-1: del mismo cuerpo legal, que establecen que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que se encuentren fundamentados, expresando en forma concreta las razones que indujeron a la autoridad a emitir una determinada decisión, consignando además la motivación respectiva, la que debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho a cuya’ omisión se encuentra sancionada con la nulidad y lesiona la garantía constitucional del debido proceso de la recurrentë; situación que impide a esta Instancia Recursiva — ingresar a considerar los argumentos fondo planteados por la ahora recurrente, toda vez que sólo en caso de que no se hubieran comprobado los vicios detectados, correspondía ingresar al análisis de dichos aspectos de fondo.

Vi 

O

LIL

.

afao 

Corresponde también señalar que a fojas 46 de antecedentes administrativos, cursa el Formulario 1000, donde se detalla el pago de la sanción por omisión de pago correspondiente al Formulario 500 con Número de Orden: 2044723702 del período fiscal 12/2013, con fecha de pago: 11 de septiembre de 2019 y de cuya contrastación con los datos insertos tanto en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311821000415 CITE: SIN/GDEA/DJCC/CCIAISC/00231/2018 de 26 de febrero de 2018 como en la Resolución Sancionatoria No 181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019, se evidencia que corresponde a una de las Declaraciones Juradas por las que la Administración Tributaria inició, tramitó y concluyó el presente proceso administrativo sancionador por omisión de pago; documento que también fue presentado por la contribuyente ante esta instancia de alzada conjuntamente su Recurso

ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

TI 

le botez Dorado )

ATTRIBUTAN 

GE

Beyog

Ne 

MANAG

WEIS’S 

SMENTS

Juartarlos Gurán Ruiz

nutaria

Página 25 de 27

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado No771/14 

WASWAHILI 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

de Alzada, señalando que canceló el monto de la sanción y que no existe razón para que se encuentre figurando en el acto impugnado; sin embargo, se evidencia que la Administración Tributaria, ni en la respuesta al Recurso de Alzada ni en alegatos, emitió pronunciamiento alguno al respecto, lo que denota una omisión lesiva de los derechos de Hortencia Paye de Aliaga, considerando que el pago habría sido realizado con anterioridad a la notificación de la Resolución Sancionatoria impugnada; aspecto que deberá ser tomado en cuenta por el Ente Fiscal a momento de subsanar los vicios identificados.

De acuerdo a los extremos antes mencionados, se llega a la conclusión de que en el presente caso, la Administración Tributaria no observó adecuadamente el debido proceso, toda vez que al emitir el acto definitivo omitió respaldar de forma adecuada su determinación respecto a la improcedencia de la prescripción solicitada por el sujeto pasivo; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Sancionatoria No 181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019, en consecuencia la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto definitivo, en el que se pronuncie de manera fundamentada sobre la solicitud de prescripción efectuada por Hortencia Paye de Aliaga así como deberá considerar el pago efectuado el 11 de septiembre de 2019, sobre la DDJJ Formulario 500 período fiscal 12/2013, cursante a fojas

46 de antecedentes administrativos.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 181921002298 SIN/GDEA/DJCC/UCC/RS/01079/2019 de 16 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo en el que asuma una posición debidamente fundamentada respecto a la solicitud de prescripción

Página 26 de 27

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

planteada por el sujeto pasivo, así como considerar el documento cursante a fojas 46 de antecedentes administrativos.

junacional

бе приулас 

CI

Arcos

Vorbau geome

Rivas Vanctus

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código. Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TALA-UP

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación

Regístrese, hágase saber y cúmplaše.

TRUGACIO

lejandra Vest Malobos

  1. c. Cecilia Velez Dorado Directora Ejecutiva Regional Direccion Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria – La Paz 

UNA 

Juhi Carlos

коен рер!

Vog

STR. 1

RCVD/jcgrlaw

ms/mhgc/mmv

afaq ISO 900

Calidad AFNOR CERTIFJCATION 

FIE

ERT 

MANAGER 

OYSTE

BENT $

Página 27 de 27

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestion 

de la Caldad Certificado N 71/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitsayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933 · Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

LA=