ARIT-LPZ-RA-1377-2017 Auto Administrativo anulado por no determinar a aceptar o rechazar la prescripción planteada por el contribuyente

ARIT-LPZ-RA-1377-2017

AUTORIDAD REGIONAL DE
áMPUGNAClóN TRIBUTARIA
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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1377/2017

Recurrente: Jorge Enrique Rios Valenzuela, legalmente
representado por Jorge Alberto Rios Tapia

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de
Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas

Acto impugnado:

 

Expediente: Lugar y Fecha:
Auto Administrativo N° 391725000067
(SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017)

ARIT-LPZ-0952/2017

La Paz, 15 de diciembre de 2017
VISTOS:
El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria
Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las
partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N°
1377/2017 de 14 de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo
cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
La Auto Administrativo N° 391725000067 (SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de
2017, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió
rechazar la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente Jorge Enrique Rios Valenzuela
titular del NIT 185454012.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DF ALZADA
II.1. Argumentos del Recurrente
Jorge Alberto Rios Tapia, en representación legal de Jorge Enrique Rios Valenzuela de acuerdo a
Testimonio de poder N° 433/2012, mediante notas presentadas el 6 y 20 de

 

 

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Sistema de Gesüon de la Calidad
Cedif<ado N°EC-274/14

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

septiembre de 2017, cursante a fojas 12-12 y 15 de obrados interpuso Recurso de Alzada, expresando
lo siguiente:

A través del portal tributario, le enviaron alertas indicando que tenían omisión en la
presentación de declaraciones juradas del IVA e IT del periodo febrero 2008 e IUE de la gestión
2004, mismos que deberían regularizar mediante la presentación de
documentación de respaldo; a este respecto, se apersonó a la Administración Tributaria, solicitando
prescripción de los periodos fiscales antes citados. Agrega que con el fin de evitar la
notificación con una liquidación tributaria que se quiera gestionar por los periodos antes citados,
el ente fiscal previamente deberá analizar y evaluar la liquidación tributaria para no formalizar
y finalmente no ejecutar.

Añade que la Administración Tributaria dispuso rechazar lo solicitado, argumentando que no emitió
auto administrativo, en razón de no haberse producido aún el término de cómputo de la
prescripción, ni las condiciones previstas en el artículo 59 del Código Tributario. Por
otra parte, hace notar que la notificación se la realizó sin la presencia del testigo de actuación.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular el Auto Administrativo N°
391725000067 (SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017.

11.2. Auto de Admisión
El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Alberto Rios Tapia, en representación legal de Jorge
Enrique Rios Valenzuela, fue admitido mediante Auto de 22 de septiembre de 2017, notificado
mediante cédula a la Administración Tributaria el 28 de septiembre de 2017 y de manera
personal al recurrente, el 2 de octubre de 2017, fojas 1-22 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente
representada por Ranulfo Prieto Salinas, conforme acredita la Resolución Administrativa de
Presidencia N° 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 12 de octubre
de 2017, cursante a fojas 25-29 de obrados, respondió negativamente con los siguientes
fundamentos:

 

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AUTORIDAD REGIONAL DE
ÉHPUGNACIéx TRIBUTARIA
Eu ta do ri in a’” °u’° uI r! ‹’ Br›i i’.’a

De manera inicial advierte que el Recurso de Alzada admitido por esta Instancia
Recursiva, se encuentra rodeado de oscuridad, toda vez que no se da cumplimiento a lo establecido
en el artículo 198 de la Ley 2492; agrega que la admisión del recurso debió ser observado,
puesto que en la exposición de los motivos y presuntos agravios, hace alusión a la
prescripción de las gestiones 2004 y 2008, sin establecer una exposición clara con relación a lo
acaecido, es decir, no establece ni pide exactamente que prescribe, hecho que pone en
indefensión al sujeto activo, puesto que no pudo asumir una correcta defensa, al no tener certeza
que es lo que está solicitando el contribuyente.

En cuanto a la solicitud de prescripción, señala que el ente fiscal a la fecha no emitió
ningÚn acto administrativo que pueda imponer sanciones o ejercer su facultad de
ejecución tributaria, en ese sentido es claro que aún no se está ejerciendo sus amplias
facultades, motivo por el cual a través del Auto Administrativo ahora impugnado dispuso rechazar
dicho requerimiento, ante la inexistencia de Resolución Determinativa y Resolución
Sancionatoria que exija el pago de tributo omitido o pago de multa.

El artículo 59 de la Ley 2492, es un precepto legal en el que se funda la solicitud
de prescripción de los sujetos pasivo, para este cometido, de forma preliminar debe
establecerse un concepto claro de la figura de la prescripción; al respecto cita bibliografía del
tratadista Cesar García. Así pues tanto la doctrina y la normativa tributaria establecen que la
prescripción es una figura legal que encamina a la exigibilidad del pago de la deuda,
es decir que la Administración Tributaria debe hacer valer su derecho de cobro a través de la
emisión de un acto administrativo, pudiendo ser una Resolución Determinativa, Auto
de Multa, Resolución Sancionatoria o cualquier acto definitivo que imponga una sanción o
multa.

En el presente caso, no existe la emisión ni notificación de ningÚn acto administrativo que
cuestione los periodos de la gestiones 2004 y 2008, por tanto no es prudente cuestionar si operó o
no la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria; al efecto transcribe los
artículos 27 de la Ley 2341, 60 y 108 del Código Tributario.

Se debe considerar que cualquier acto administrativo notificado produce efectos jurídicos, es decir
que es necesario que el ente fiscal emita un determinado acto administrativo, el

 

 

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5í*tema dt Griten dr 14 Calidad
Certif<ado 8°EC-214/44

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Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

mismo sea notificado a fin de que surtan efectos jurídicos sobre el administrado. En
materia tributaria establece que el término de la prescripción se computará a parir de la
notificación con el acto administrativo o el Titulo de Ejecución Tributaria, es decir
que como requisito para que la prescripción sea invocada y opere si corresponde, es la
emisión previa de un acto, que cuestione y observe las irregularidades encontradas dentro de un
proceso en concreto que tenga como efecto la determinación de una deuda tributaria o la
emisión de una sanción o multa que afecte directamente al contribuyente; al efecto cita el
artículo 5 del DS 27310.

Por otro Iado en el Recurso de Alzada se hace mención que fue notificado con el “reporte” de
declaraciones juradas al momento de ingresar a la oficina virtual, al respecto señala que el
portal tributario tiene la finalidad de informar y recordar al contribuyente las fechas en las
cuales le corresponde realizar sus declaraciones de impuestos o se apersone para verificar y/o
regularizar sus obligaciones tributarias, siendo estos actos meramente informativos;
vale decir que de ninguna manera se asemejan a una notificación legal de un acto administrativo,
pues no cumple con los requisitos que establece la norma para este cometido; al respecto cita
y transcribe la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 1631/2013.

Continúa señalando que habiéndose admitido el Recurso de Alzada, mismo que no cumple con
los requisitos mínimos establecidos en normativa tributaria, en su acápite de petitorio solicitó
se anule al Auto Administrativo, al efecto señala doctrina tributaria, los artículos 27 y
36 de la Ley 2341 y la SC 0107/2013, concluyendo que los actos de la Administración
Tributaria no carecen de los requisitos formales y esenciales, toda vez que éstos alcanzaron su
finalidad y en ningún momento se creó indefensión al sujeto pasivo. El debido proceso como
principio de orden constitucional puede ser vulnerado con diferentes motivos referidas al
procedimiento que se debe cumplir, en el presente caso no ocurrió ninguna circunstancia que
hubiera agraviado al contribuyente; al respecto menciona el artículo 55 del DS 27113 referido
a la procedencia de revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento; en tal sentido
señala que el acto ahora impugnado no es pasible a la nulidad puesto que cumplió a
cabalidad con todos los requisitos expuestos en la norma, máxime si el contribuyente no
estableció claramente cómo es que se encontraba en indefensión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB-ISO 9001

 

 

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Sistema de Gestión de la Calidad
Ceníficzdo N°EC-2*f‹14

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA

Solicita a esta Instancia Recursiva, se resuelva respetando el principio de congruencia y no se
pronuncie de oficio sobre otros puntos no impugnados por el contribuyente y no emitir
resoluciones ultra petita, en cumplimiento de los artículos 198 Inc. e) y 211 del Código
Tributario.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Auto Administrativo N°
391725000067 (SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas
Mediante Auto de 13 de octubre de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días
comunes y perentorios tanto al recurrente como la entidad recurrida, en aplicación del inciso
d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a Jorge Alberto Rios Tapia en
representación de Jorge Enrique Rios Valenzuela como al Gerente Distrital La Paz II del Servicio de
Impuestos Nacionales por Secretaría el 18 de octubre de 2016, fojas 30-31 de obrados.

Mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2017, la Gerencia Distrital La Paz II del
Servicio de Impuestos Nacionales representada por Ranulfo Prieto Salinas, ratificó en calidad de
prueba pre constituida los antecedentes administrativos originales remitidos a momento de dar
respuesta al Recurso de Alzada, al respecto, se emitió el Proveído de 30 de octubre de 2017, que
dio ratificada la prueba documental señalada, fojas 32-33 de obrados.

Jorge Alberto Rios Tapia en representación legal de Jorge Enrique Rios Valenzuela,
mediante nota de 7 de noviembre de 2017, ratificó la prueba presentada adjunta a su
memorial de Recurso de Alzada, a tiempo de adjuntar notas enviadas vía correo
electrónico desde la Oficina Virtual del SIN según el siguiente detalle: Nota CITE:
SIN/GDLPZ-II/DRE/CEC/77127/2016 de 29 de noviembre de 2016 y Nota CITE:
SIN/GDLPZ-II/DRE/CEC/107681/2016 de 30 de diciembre de 2016; al efecto, a través del Proveído de
7 de noviembre de 2017, se señaló por ofrecida y ratificada la prueba documental
señalada en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario,
fojas 35-44 de obrados

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq
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11.5. Alegatos
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado
el 17 de noviembre de 2017, formuló alegatos escritos ratificando el contenido del memorial de
respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, mediante Proveído de 21 de noviembre de 2017, se
dispuso, se tenga por formulados los alegatos expuestos en conocimiento de la parte
contraria; fojas 46-47 de obrados.

De la revisión de obrados, se advierte que el recurrente no formuló alegatos de
conformidad al artículo 210, parágrafo ll del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA
Jorge Enrique Rios Valenzuela mediante nota presentada ante la Administración
Tributaria el 12 de diciembre de 2016, solicitó la aplicación del artículo 59 del
Código Tributario, argumentando que tal norma se encontraba vigente en el año 2008; fojas 1 de
antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 30 de mayo de 2017, emitió el Auto Administrativo N°
391725000067 (SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017 que
resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente Jorge Enrique Rios
Valenzuela titular del NIT 185454012, manteniendo firme y subsistente las
observaciones de la declaraciones juradas del F-500 de la gestión 2004, así como las
declaraciones juradas del F-200 F-400 correspondiente al periodo fiscal febrero 2008, en razón de
no haberse producido aún el término del cómputo de la prescripción, ni las condiciones
previstas en el artículo 59 de la Ley 2492; acto administrativo notificado por cédula el 17 de
agosto de 2017; fojas 7-9 y 13 de antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del
Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los
argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el
término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en
consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III del referido
Código Tributario, se tiene:

 

 

 

 

 

 

 

NB – ISO 9OOI

 

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Certificado N°EC-274/@

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE
lMPtJGNACléx TnIBlJTARIA
Estado PIur inacion al de B oliv ia

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se abocará únicamente al análisis
de los agravios manifestados por Jorge Enrique Rios Valenzuela, la posición final se sustentará
acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a
otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su
tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1 Testigo de actuación
Jorge Alberto Rios Tapia en representación legal de Jorge Enrique Rios Tapia, en su
recurso de Alzada manifiesta que la notificación por cédula de la actuación administrativa ahora
impugnada se la realizó sin la presencia del testigo de actuación; al respecto se tiene:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:
I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,
pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 83 de la Ley 2492 señala:
l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los
medios siguientes, según corresponda:
1. Personalmente;
2. Por Cédula;
3. Por Edicto;
4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o
por sistemas de comunicación electrónicos, facsimiles o similares;
5. Tácitamente;
6. Masiva;
7. En Secretaria;
ll. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con
excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las
notificaciones se practicarán en dias y horas hábiles administrativos, de oficio o a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq « Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa
competente podrá habilitar días y horas extraordinarias.

El artículo 85 del Código Tributario indica:
l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el
funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho
(18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que
será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente.
II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad
formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales
la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la
notificación por cédula.
III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad
que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el
domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fyada
en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la
diligencia.

El artículo 36 de la Ley 2341, dispone:
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior.
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin
o dé lugar a la indefensión de los interesados.
III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo
dará lugar a la anulabilidad del acto cuando asi lo imponga la naturaleza del término o
plazo.
IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los
recursos administrativos previstos en la presente Ley

El artículo 55 del DS 27113, prevé que: será procedente la revocación de un acto anulable por
vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los

 

 

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de la Mídad Certificado N”EC-27d/1á

 

 

 

 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar
nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de
parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más
antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.

Con carácter previo es preciso establecer en primer término que las notificaciones, según la
jurisprudencia de este Tribunal Constitucional no son un mero formalismo, sino que cumplen
una función material y es precisamente de hacer conocer a las partes las resoluciones
emitidas en los procesos judiciales por las autoridades encargadas de tramitarlos; por
ello, es ineludible para éstas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de
notificación, ya que sólo su práctica demuestra que se ha cumplido con el deber de dar
a conocer el acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el
derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la
reacción que más convenga a sus derechos e intereses.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la diligencia
de notificación del Auto Administrativo N° 391725000067 (SIN/GDLPZ-
II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017), fue realizado mediante cédula por Tatiana Lizeth
Monasterio Lecoña, funcionaria del SIN, en el marco de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
2492, quien se apersonó por primera vez el 16 de agosto de 2016 en el domicilio de Jorge Enrique
Rios Valenzuela ubicado en la Av. 6 de agosto N° 2976 Edif. Piso: PB Puerta 1 Zona: San Jorge; a
objeto de notificar con la citada actuación administrativa, al no ser habido el sujeto pasivo
dejó el primer aviso de visita a Esteban Caballero, con cédula de identidad N° 3447602
LP, empleado de la empresa, en presencia del testigo de actuación Wilma Achacata, con C.I.
6961248 LP; documento que indica que será nuevamente visitado el día siguiente; fojas 11 de
antecedentes administrativos.

Formulada la representación el 17 de agosto de 2016, mediante la cual se hizo constar que la
funcionaria Tatiana Lizet Monasterio Lecoña se constituyó por segunda vez en el domicilio
señalado en la fecha y hora determinadas, en esta ocasionó tampoco pudo ser encontrado el
contribuyente; en ese sentido, en cumplimiento del parágrafo ll del artículo 85 del Código
Tributario, el 16 de agosto de 2016, la servidora pública procedió a efectuar

Si4teriu dt Gestión

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la respectiva representación jurada, al efecto mediante auto se instruyó proceder con la
notificación por cédula. En la misma fecha a horas 17:00 se efectuó la notificación por
cédula a Jorge Enrique Rios Valenzuela, dejando copia de Ley del documento y la
diligencia de notificación a Esteban Caballero, con C.I. 3447602 LP, empleado de la
empresa, en presencia del testigo de actuación antes citado; fojas 12-13 de antecedentes
administrativos.

Lo anterior demuestra que la notificación, mediante cédula, con el Auto Administrativo
ahora impugnado fue realizada cumpliendo todas las formalidades establecidas en el
artículo 85 del citado código, toda vez que se efectuaron el primer y segundo aviso de
visita así como la representación respectiva, no siendo evidente lo aseverado por el
recurrente, en cuanto a que la notificación por cédula se la realizó sin la presencia del
testigo de actuación. En este punto es necesario destacar que en antecedentes
administrativos consta la notificación por cédula, en dicha actuación se evidencia la
identificación y firma de la notificadora de la Administración tributaria, identificación y firma
del receptor (empleado del recurrente) y la identificación y firma del testigo de actuación; en el
presente caso, se advierte que la copia de la diligencia de notificación así como el Auto
Administrativo en cuestión fueron entregados en manos del receptor antes citado, lo cual demuestra
que no fue imprescindible ni la firma ni presencia del testigo de actuación habida cuenta que el
documento fue recepcionado por el citado empleado, no siendo necesario “fijar la actuación
administrativa” en la puerta del domicilio, ocasión en la cual si hubiera sido necesaria la
presencia del testigo de actuación; situación que en el presente caso no ocurrió.

En ese sentido, es importante hacer notar que pese a ello la notificación alcanzó su
cometido, prueba de ello es la impugnación de la citada actuación administrativa ante
esta Instancia Recursiva; en ese entendido, la notificación del acto impugnado goza de
validez y eficacia conforme establece el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento
Administrativo; por consiguiente, esta Instancia de Alzada no advierte la existencia de
quebrantamiento al derecho a la defensa que motive la nulidad de la actuación
administrativa.

 

 

 

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N B- ISO

l B.*OKC /1
Sistema de Gestion
de la Calidad Cenificado k°EC-274/14

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE lMPUGNACIóN TRIBUTARIA
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IV.2 Auto Administrativo
El recurrente fundamenta su Recurso de Alzada señalando que a través del portal
tributario, le enviaron alertas indicando que tenía omisión en la presentación
de declaraciones juradas del IVA e IT del periodo febrero 2008 e IUE de la gestión 2004 y que
deberían ser regularizados con la presentación de documentación de respaldo; en ese entendido,
mediante nota dirigida a la Administración Tributaria, solicitó prescripción de los periodos
fiscales antes citados. Agrega que con el fin de evitar la notificación con una liquidación
tributaria que se quiera gestionar por los periodos antes citados, el ente fiscal previamente
deberá analizar y evaluar la liquidación tributaria para no formalizar y finalmente no
ejecutar.

Añade que la Administración Tributaria dispuso rechazar lo solicitado, argumentando que no emitió
auto administrativo, en razón de no haberse producido aún el término de cómputo de la
prescripción, ni las condiciones previstas en el artículo 59 del Código Tributario.

La Administración Tributaria en respuesta, señala que el Recurso de Alzada admitido por esta
Instancia Recursiva, se encuentra rodeado de oscuridad, toda vez que no se da
cumplimiento a lo establecido en el artículo 198 de la Ley 2492; agrega que la admisión del
recurso debió ser observado, puesto que en la exposición de los motivos y presuntos agravios, hace
alusión a la prescripción de las gestiones 2004 y 2008, sin establecer una exposición clara con
relación a lo acaecido, es decir que no establece ni pide exactamente que prescribe, hecho que pone
en indefensión al sujeto activo, puesto que no pudo asumir una correcta defensa, al no tener
certeza que es lo que está solicitando el contribuyente.

En cuanto a la solicitud de prescripción, señala que el ente fiscal a la fecha no
emitió ningún acto administrativo que pueda imponer sanciones o ejercer su facultad de
ejecución tributaria, en ese sentido es claro que aún no se está ejerciendo sus amplias
facultades, motivo por el cual a través del Auto Administrativo ahora impugnado dispuso rechazar
dicho requerimiento, ante la inexistencia de Resolución Determinativa y Resolución
Sancionatoria que exija el pago de tributo omitido o pago de multa.

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, es un precepto legal en el que se funda la solicitud
de prescripción de los sujetos pasivo, para este cometido, de forma preliminar
debe establecerse un concepto claro de la figura de la prescripción; al respecto cita bibliografía
del tratadista Cesar García. Así pues tanto la doctrina y la normativa tributaria establecen que
la prescripción es una figura legal que encamina a la exigibilidad del pago de la
deuda, es decir que la Administración Tributaria debe hacer valer su derecho de cobro a través de
la emisión de un acto administrativo, pudiendo ser una Resolución
Determinativa, Auto de Multa, Resolución Sancionatoria o cualquier acto definitivo que
imponga una sanción o multa; al respecto corresponde el siguiente análisis:

La Constitución Política del Estado en su artículo 24, establece: Toda persona tiene
derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de
respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la
identificación del peticionario.

El artículo 115, parágrafo ll de la Constitución Política del Estado, señala: //. El
Estado garantiza e/ derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,
pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, con relación a los derechos del sujeto
pasivo, señala: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las
cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones
reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el
estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a
través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le
formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos
del presente Código.

El artículo 74 de la citada Ley, establece: Los procedimientos tributarios se sujetarán a los
principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas
especificas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia
tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios
del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

 

 

 

 

 

NB- ISO
li\h0RC„A
Sistema de Gestión ó+ la Calidad

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Certificado N°EC•77fi,t4

 

 

AuTORlDAD REGIONAL DE luPUGNAClóa TRIBUTARIA
Estado Plurinacio nal de Bolivia

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán
supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia
administrativa.

El artículo 5 de la Ley 2341, dispone: 1. Los órganos administrativos tendrán competencia para
conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de
la Constitución Politica del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias. II. La
competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio
obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o avocada conforme a lo previsto en la
presente Ley

La Ley 2341 en su artículo 16, inciso a), señala: En su relación con la Administración
Pública, las personas tienen los siguientes derechos: a. A formular peticiones ante la
Administración Pública, individual o colectivamente. h. A obtener una respuesta fundada y motivada
a las peticiones y solicitudes que formulen.

El artículo 27 de la Ley 2341, dispone: Se considera acto administrativo, toda declaración,
disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular,
emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los
requis’itos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos Jurídicos
sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.

El artículo 28 de la citada Ley, señala: Son elementos esenciales del acto administrativo los
siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c)
Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento:
Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e)
Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones
B° que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso
b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el
ordenamiento jurídico.

 

 

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El artículo 36, parágrafo II de la Ley de Procedimiento Administrativo indica que no
obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determina la
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para
alcanzar su fin o de Iugar a la indefensión de los interesados.

La Ley 2341 en su artículo 52, establece: l. Los procedimientos administrativos, deberán
necesariamente concluir con la emisión de una resolución administrativa que declare la aceptación
o rechazo total o parcial de la pretensión del administrado, sin perjuicio de lo previsto en el
parágrafo III del Artículo 17ᵒde la presente Ley. II. La Administración Pública no podrá dejar
de resolver el asunto sometido a su conocimiento aduciendo falta, oscuridad o
insuficiencia de los preceptos legales aplicables. III. La aceptación de informes o
dictámenes servirá de fundamentación a la resolución cuando se incorporen al texto de ella. Por
su parte el DS 27113 en su articulo 4 señala que. La petición es un derecho de los ciudadanos y
compromete a la administración pública a dar una respuesta opoduna y pertinente.

El artículo 5 del DS 27310, establece: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá
solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de
ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Articulos 59 y 60 de la
Ley N° 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente
a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago.

El artículo 62, inciso o) del DS 27113, dispone: En el procedimiento la autoridad
administrativa tiene los siguientes deberes y facultades: o) Aceptar o rechazar peticiones,
reclamaciones y recursos.

De inicio corresponde mencionar que al tratarse de obligaciones
tributarias correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las
Transacciones (IT) del período fiscal febrero 2008 y al Impuesto sobre las Utilidades de las
Empresas (IUE) de la gestión 2004, la Ley aplicable en la parte material del tributo
a efecto del cómputo de la prescripción es la Ley 2492, es decir, la Ley vigente a
momento de la producción del hecho generador de la obligación.

f4B-íSO

 

 

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Sistem de Gestión de la Calidad
Ceriificcdg N°EC-2/4/14

 

 

 

 

Corresponde también señalar que la prescripción se encuentra instituida como un modo de liberar
al responsable de una carga u obligación por el paso del tiempo; en la legislación
tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el
derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo, por lo que la
prescripción extintiva en materia tributaria se presenta cuando la Administración Tributaria
permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo a cuyo vencimiento se
extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos,
determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas
extinguiéndose consecuentemente el derecho material del tributo, es decir, el derecho a ejercer su
cobro, pero no así el derecho subjetivo del Estado a través de la Administración Tributaria.

Dentro el marco jurídico expuesto precedentemente y una vez efectuadas las
consideraciones pertinentes, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes
administrativos del caso se tiene que el 12 de diciembre de 2016, Jorge Enrique Rios
Valenzuela, se apersonó a las instalaciones de la Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de
Impuestos Nacionales con el propósito de solicitar la prescripción de la gestión 2008, se
entiende, con el objeto de que el Servicio de Impuestos Nacionales emita un criterio fundado
respecto a la procedencia o improcedencia de su solicitud; en ese contexto, el Ente Fiscal
emitió el Auto Administrativo N° 391725000067 (SIN/GDLPZ-
II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) que resolvió rechazar la solicitud de prescripción
planteada por el contribuyente.

De la lectura del citado Auto Administrativo, se advierte que fundamenta su determinación de
rechazo a la solicitud de prescripción realizada por Jorge Enrique Rios Valenzuela,
señalando: “…la Administración tributaria, no ha emitido acto administrativo en contra del
contribuyente para imponer sanciones administrativas y/o ejercer su facultad de ejecución
tributaria; en tal sentido, siendo que la prescripción es una excepción a la acción que la
Administración Tributaria hubiera iniciado contra el contribuyente y que solo puede ser
opuesta contra las acciones previstas en el parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, se colige
que dicha situación no se efectivizó en el presente caso”.

 

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae

 

 

 

En este punto es necesario señalar que el artículo 5 del DS 27310, hace referencia de manera
expresa a la posibilidad de que el sujeto pasivo o tercero responsable pueda solicitar
la prescripción tanto ”en sede administrativa como judicial, inclusive en etapa de ejecución
tributaria. A esto se suma que el artículo 5 de la Ley 2341, aplicable en el
presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, determina que los órganos
administrativos tienen competencia para conocer y resolver un asunto administrativo
cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado,
las Leyes y las disposiciones reglamentarias siendo la competencia atribuida a un órgano
administrativo irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio pudiendo ser delegada,
sustituida o avocada conforme a Ley.

En igual sentido, el artículo 62 del DS 27113, al referirse a las facultades y deberes de la
autoridad administrativa, señala en su inciso o), el deber de aceptar o rechazar peticiones,
reclamaciones y recursos, lo que indudablemente demuestra que se trata de una
atribución del Ente Fiscalizador la de emitir un criterio definitivo sobre cualquier petición
que invoque el administrado, hecho que como se demuestra no ocurrió en el presente caso, pese
a que cuenta con la mencionada atribución de emisión.

Bajo el análisis efectuado se advierte que la Administración Tributaria se encuentra
facultada para emitir una posición definitiva en el presente caso respecto a la solicitud de
prescripción, no obstante, se circunscribió a la emisión del Auto Administrativo N°
391725000067 (SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017, acto
administrativo que no aceptó ni rechazó expresamente la petición efectuada por el
contribuyente Jorge Enrique Rios Valenzuela, haciendo simplemente énfasis en que la
prescripción debe ser considerada como excepción de oposición, siendo por tanto
invocable sólo ante la existencia de un procedimiento determinativo o sancionador de su parte con
relación a las obligaciones cuya prescripción se reclama; sin embargo, se debe considerar
precisamente que la Ley prevé la posibilidad de que el sujeto pasivo o tercero responsable incluso
en etapa de ejecución pueda solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como
judicial, sumándose a lo señalado que el artículo 24 de la Constitución
Política del Estado, determina como derecho fundamental, que toda persona tiene el derecho a la
petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la

 

 

 

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lR10Rt”„A ,
Sistema de Gestión de la Calidad
Cenificado N°EC-274/i4

 

 

 

 

obtención de respuesta formal y pronta, con el único requisito de la identificación del
peticionario.

Dentro del mismo cuerpo legal se tiene el artículo 115, parágrafo II, que garantiza
el derecho al debido proceso; a esto se suma, que en materia estrictamente tributaria, el
Código Tributario en su artículo 68, numerales 2 y 6, dispone como derechos del sujeto pasivo la
resolución expresa por parte de la Administración Tributaria de las cuestiones que se plantean
en los procedimientos previstos en la citada Ley y disposiciones reglamentarias dentro de
los plazos establecidos; asimismo, expone el derecho al debido proceso y al conocimiento del estado
de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre
acceso a las actuaciones y documentación que los cargos que se formulen, ya sea en forma
personal o a través de terceros autorizados, los términos del Código Tributario; en
concordancia a la normativa referida, los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113,
aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 3092 (Título V del Código Tributario),
señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la Administración Pública a
dar una respuesta
oportuna y pertinente.

En ese contexto, sobre casos análogos el Tribunal Constitucional mediante Sentencia
Constitucional Plurinacional 0441/2013, dispuso lo siguiente: “(…) la SCP
de junio, determinó que: Respecto al núcleo esencial del derecho a la petición, conforme a las SSCC
1742/2004-R y 0684/2010-R, reiteradas por la SCP 0085/2012, mínimamente comprende los siguientes
contenidos: …b) La obtención de una respuesta, ya sea favorable o desfavorable, aun
exista equivocación en el planteamiento de la petición (SC 0326/2010-R de 15 de junio), debiendo en
su caso indicarse al peticionante la instancia o autoridad competente para considerar su
solicitud (SC 1431/2010-R de 27 de septiembre). Por otra parte y en este punto debe
considerarse el art. 5.1 de la CPE, que reconoce la oficialidad de treinta y seis idiomas y
que ante una petición escrita, la respuesta también debe ser escrita (SC 2475/2010-R
de noviembre);… d) La Página 12 de 15 respuesta al fondo de la petición de
forma que resulte pertinente, debiendo efectuarla de manera fundamentada (SSCC 0376/2010-R
y 1860/2010-R) por lo que no se satisface dicho derecho con respuestas ambiguas o
genéricas (SC 0130/2010-R de 17 de mayo)”.

 

 

Justicia t utaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita Vae

 

 

 

 

Por su parte, la Sentencia Constitucional N° 1326/2010-R de 20 de septiembre de 2010, dispuso:
“La jurisprudencia constitucional ha establecido, que la garantia del debido proceso
comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones,
lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una
resolución resolviendo una situación juridica, debe ineludiblemente exponer los motivos que
sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos
establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de
conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una
resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a
las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y
procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y
valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad,
dando al administrado el pleno convencimiento de que no habia otra forma de resolver los hechos
juzgados sino de la forma en que se decidió.”

En el caso bajo análisis, si bien existe un pronunciamiento de la Administración Tributaria que
involucró la emisión del Auto Administrativo N° 391725000067 (SIN/GDLPZ-
II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017, ante la solicitud de prescripción efectuada por
el ahora recurrente Jorge Enrique Rios Valenzuela; no es menos evidente que esta respuesta
carece de un pronunciamiento que exponga los fundamentos de hecho y de derecho que
conllevan a la aceptación o rechazo definitivo de la prescripción, considerando que su estructura y
su contenido de fondo como el de forma deben originar pleno convencimiento que se actuó de
acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, es decir, que la
Administración Tributaria debió emitir una posición y pronunciamiento especifico respecto al
acaecimiento o no de la prescripción, declarando si su facultad para exigir el pago de los
tributos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones
(IT) por el período fiscal febrero 2008 e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de
la gestión 2004, se encuentran o no extinguidas; empero, omitió todo tipo de fundamentación.

 

 

 

 

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NB – ISO 9001 IB10RCA
Sistema de Gestión y de la Calidad
Cenificado Is°EC-274/14

 

 

AUTORIDAD REGIONAL DE
l¥lPUGNAClóx TRIBUTARIA

 

Los aspectos citados precedentemente fueron ampliamente desarrollados en la
Sentencia Constitucional N° 0782/2007-R de 2 de octubre de 2007, que señaló
claramente lo siguiente: “(…) a efecto de resolver la problemática planteada y al versar la misma
sobre una solicitud de prescripción corresponde referirse a lo establecido por la SC
0992/2005-R de f9 de agosto al analizar el procedimiento administrativo para plantear la
prescripción tributaria, cuando seda/a.‘ “(…) la autoridad tributaria tiene la obligación de
declarar la prescripción o negarla en forma fundamentada, como corresponde en un Estado
Constitucional, evitando dilaciones indebidas que lesionan los derechos de las personas;
dado que ningún acto de autoridad o funcionario público puede quedar libre del control mediante
vías de impugnación del mismo, en materialización del
segunda instancia…”; asimismo, la Sentencia Constitucional 0176/2003-R de 17 de febrero
de 2003, manifiesto con relación al derecho de petición, señalando: “(…) ese derecho
se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta petición o solicitud,
no la atiende; es decir, no la tramita ni la responde en un tiempo oportuno o en el
plazo previsto por Ley de forma que cubra las pretensiones solicitante, ya sea exponiendo
las razones por las cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados
legalmente o de manera razonable, sin que pueda
derecho de petición, al darse una respuesta negativa en forma motivada, pues el derecho
de petición en su sentido esencial no implica necesariamente

de motivada (…)”, aspectos que en el presente caso no se vieron configurados, toda vez que el
recurrente solicitó la extinción de la obligación tributaria, a cuyo efecto el ente fiscal el
Auto Administrativo N° 391725000067 (SIN/GDLPZ-
II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017, ahora impugnado, sin emitir una respuesta que
declare expresamente la prescripción o la niegue de forma fundamentada.

En ese contexto, se advierte que el mencionado de Auto Administrativo N° 391725000067
(SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017, se constituye en una actuación
administrativa que no cuenta con los parámetros de una correcta y debida fundamentación, respecto a
su rechazo o aceptación, debiendo considerarse la previsión contenida en el artículo 27 de la Ley
del Procedimiento Administrativo, que considera al acto administrativo como toda declaración,
disposición o decisión de la Administración de

 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita Vae

 

 

 

alcance general o particular emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o
discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos, que produce
efectos jurídicos sobre el administrado, siendo el mismo obligatorio, exigible y cuya
legitimidad se presume, estableciendo en igual sentido su artículo 28, los elementos
esenciales del acto administrativo, entre los cuales se encuentra la causa, (antecedentes de hecho
y de derecho), el fundamento (razones que inducen a emitir el acto), objeto y la finalidad.

A lo mencionado cabe agregar que la prescripción instituida como una forma de extinción de la
obligación fiscal, debe necesariamente concluir con la emisión de un acto
administrativo en el que se valoren los antecedentes de hecho y derecho de acuerdo a lo establecido
en el artículo 52 de la Ley del Procedimiento Administrativo, norma aplicable por disposición
del artículo 74, numeral 1 del Código Tributario; en ese contexto, el Servicio de
Impuestos Nacionales no puede señalar que no le corresponde emitir criterio al respecto, ni puede
dejar de resolver el asunto sometido a su conocimiento aduciendo falta, oscuridad o insuficiencia
de los preceptos legales aplicables.

El análisis efectuado permite concluir que el Auto Administrativo N° 391725000067
(SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017; impugnado, carece de los elementos
esenciales que establece el artículo 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo como la
causa, objeto, fundamento y finalidad, observando que si bien el Servicio de Impuestos Nacionales
respondió a la solicitud efectuada por el sujeto pasivo, la inexistencia de previo
pronunciamiento de su parte de las obligaciones tributarias respecto de las cuales se
solicitó la prescripción para poder precisamente emitir un pronunciamiento, lo cual
advierte transgresión a las disposiciones contenidas en el artículo 68, numerales 2 y 6 del
Código Tributario que vulneran el derecho constitucional a la petición del recurrente, así como a
lo establecido en las Sentencias Constitucionales Nos. 0782/2007-R de 2 de octubre de 2007 y
0441/2013 de 3 de abril de 2013.

La omisión de pronunciamiento en el fondo a la solicitud de prescripción de las deudas
tributarias correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las
Transacciones (IT) por el período fiscal febrero 2008 e Impuesto sobre las Utilidades de las
Empresas (IUE) por la gestión 2004, derivó que el Auto Administrativo N°

 

 

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de la Calidad Cenificado N°EC-27t/14

AUTORIDAD REGIONAL DE
áMPUGNAClóN TRIBUTARIA

391725000067 (SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017,
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin circunscribiéndose al
rechazo de la prescripción solicitada; consecuentemente, conforme la disposición contenida
en el artículo 36, parágrafo II de la Ley del Procedimiento Administrativo, corresponde
anular el acto administrativo impugnado , hasta que la Administración Tributaria emita
un acto administrativo aceptando o rechazando la solicitud de prescripción
planteada dentro de los parámetros legales establecidos por la Ley 2492, considerando los
artículos 27 y 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo.

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de
septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título
V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE:
PRIMERO: ANULAR obrados hasta la Auto Administrativo N° 391725000067
(SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00052/2017) de 30 de mayo de 2017; inclusive;
consecuentemente, la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, debe
emitir un acto administrativo en el que expresamente emita un criterio legal
fundamentando, rechazando o aceptando la solicitud de prescripción efectuada por Jorge Enrique
Rios Valenzuela, con relación a las obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto al
Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por el periodo fiscal febrero 2008, e
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión 2004.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la
Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme
establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la
Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

 

 

 

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Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita Vae

 

 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad ”,t
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140, inciso c) del Código
y* Tributario y sea con nota de atención.

t CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo
para la
, interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20
días computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’4 B -ISO 9001 IB10„RCA

 

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