ARIT-LPZ-RA-1346-2019 Resolución Determinativa confirmada. El contribuyente alega que la Administración Tributaria le estaría depurando crédito fiscal por no vincularse a la actividad. Sin embargo la factura emitida y el contrato de prestación de servicios versan sobre un objeto diferente a la actividad principal y secundaria del contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-1346-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZRA 1346/2019 

Recurrente: 

Yamashita Consulting SRL, legalmente representada por Gema Amparo Chávez Parrado

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representado por Néstor Hugo Muñoz Cossío

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171921000856 (SIN/GDEA/DFIUVI/RD/63/2019)

Expediente

ARIT-LPZ-0950/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 6 de diciembre de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1346/2019 de 5 de diciembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente..

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171921000856 (SIN/GDEADF/UVI/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de Yamashita Consulting SRL, que asciende a la suma de 3.707 UFV’s por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión, correspondiente al IVA del periodo fiscal enero 2017; asimismo, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo a lo establecido en los artículos 160, 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA il.1. Argumentos del Recurrente Yamashita Consulting SRL, legalmente representada por Gema Amparo Chávez Parrado

forme se evidencia del Testimonio de Poder N° 856/2016 de 30 de septiembre de 2016, mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2019, cursante a fojas 31-36 de obrados, presentó Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Cita el artículo 115-il de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 6 y 7, 76, 81 de la Ley 2492 y señala que ante la notificación con la Orden de Verificación No 19990301833 y la Vista de Cargo N° 291921000212 (SIN/GDEA/DF/SVINC/00212/2019) de 26 de abrit de 2019, presentó documentación y pruebas de descargo; sin embargo, la Resolución Determinativa N° 171921000856 (SIN/GDEA/DF/UVI/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019, no valoró adecuadamente todas las pruebas presentadas, toda vez que la factura No 164, figura en los libros del emisor; asimismo, la citada factura cuenta con certificación emitida por el proveedor SITELCOMP EL REY; no obstante, el sujeto activo se limitó a revisar parcialmente dichas pruebas.

Se debe considerar que los descargos fueron presentados ante la Orden de Verificación y mediante nota a la vista de Cargo, adjuntando el Contrato de Prestación de Servicios, Certificación de factura y en originales, la nota fiscal N° 164, comprobante de ingreso No 3022 y en fotocopias, el Testimonio de Poder N° 856/2016, Libro de compras y ventas IVA del periodo enero 2017; lo que permite validar las observaciones realizadas y establecer la inexistencia de la supuestá omisión de pago; consecuentemente, al no existir una correcta valoración de los descargos presentados en su debida oportunidad, se provocó la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa consagrados en la Constitución Política del Estado debido a la deficiente fundamentación por parte de la Administración Tributária en el acto impugnado; al respecto cita los artículos 148 y 160 de la Ley 2492.

Señala que cumplió con sus obligaciones tributarias conforme su capacidad económica que resulta de actividades principalmente de consultorías externas, servicios de contabilidad, informáticos y otras actividades de acuerdo al Padrón de Contribuyentes, por tanto pretender desconocer esta realidad con la finalidad de sancionar por una factura que supuestamente no se encontraría vinculada a las actividades económicas, no corresponde.

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De acuerdo al artículo 8 de la Ley 843, solo dará lugar al crédito fiscal, las compras contratos o toda otra prestación en la medida que se vinculen con las operaciones gravadas, en tal sentido, si bien el Ente Fiscal pretende depurar el crédito fiscal de la factura No 164, en razón a que no estaría vinculada con la actividad gravada y no haber presentado documentación de respaldo para verificar tal vinculación; al respecto, señala que la vinculatoriedad significa que las operaciones gravadas deben estar vinculadas a la actividad destinada debido a que el sujeto pasivo resulta responsable del gravamen; en el presente caso, según la Consulta al Padrón se advierte que la actividad principal es: (Código de actividad 71802) Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría y asesoramiento y como actividad secundaria: (Código de Actividad 71103) Actividades de estudio de mercados y realización de encuestas de opinión; (Código de Actividad 70103) Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza y (Código de Actividad 71602) Consultores en proyectos de informática y suministros de programas.

En tal sentido, en la codificación de actividades económicas, la Administración Tributaria, en el Código 71802 describe: Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, asesoramiento en materia de impuestos; asimismo el Código 71802 señala: estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública, asesoramiento empresarial y en materia de gestión, consecuentemente, la factura N° 164, se encuentra vinculada con las operaciones gravadas de la empresa Yamashita Consulting SRL, ya que se realizaron las referidas actividades, aspecto que se encuentra en el objeto de la Escritura de Constitución de la empresa cuando señala: La gestión empresarial se enfocará en estrategias como por ejemplo: Plan de negocios, proyectos o estudios TESA, de desarrollo que posibiliten un crecimiento en función de los resultados obtenidos. Lo descrito anteriormente cobra relevancia al verificar el contrato de prestación de servicios de 15 de diciembre de 2016, elaborado por el consultor que brindó tales servicios, conforme se advierte de la factura No 164, la cual se encuentra vinculada a las operaciones gravadas de la empresa.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular obrados o revocar totalmente la Resolución Determinativa 171921000856 (SIN/GDEA/DFIUVI/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019.

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II.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Yamashita Consulting SRL, representado legalmente

por Gema Amparo Chávez Parrado, contra la Resolución Determinativa 171921000856 Juan Caride HVB9

Página 3 de 22 RS Justicia tributakia para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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(SIN/GDEA/DF/UVI/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019, fue admitido mediante Auto de 12 de septiembre de 2019, notificado personalmente al Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y al recurrente el 17 y 18 de septiembre de 2019, respectivamente; fojas 37-39 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria El Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Néstor Hugo Muñoz Cossío, conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia N° 031900000938 de 26 de septiembre de 2019, mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2019, cursante a fojas 42-46 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

Los actos jurídicos que celebró la Administración Tributaria, fueron realizados bajo la égida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional; en ese sentido, se actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad

objetivamente las normas jurídicas tributarias y observando el conjunto de requisitos del procedimiento de determinación en el marco de la garantía del debido proceso, cuidando que el contribuyente asuma defensa ante cualquier tipo de acto que pudiera afectar sus derechos. La proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron parte de los principios constitucionales del proceso de determinación que se llevó a cabo en el proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones impositivas del contribuyente, respecto del IVA del periodo enero 2017, ejerciendo las facultades previstas en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492.

En el proceso de la fiscalización se valoró y consideró la documentación parcial presentada por la empresa ahora recurrente, aspecto que fue plasmado en el informe SIN/GDEA/DFIUVI/INF/190/2017 y en la Resolución Determinativa impugnada, por tanto, no existe la falta de valoración de la documentación, como sostiene el recurrente, toda vez que el trabajo de fiscalización se desarrolló en base a los documentos presentados por el contribuyente y los sistemas con los que cuenta la Administración Tributaria, aspecto que demuestra el respecto de los derechos y garantías que le asiste al sujeto pasivo.

En el análisis realizado a la factura No 164, se evidenció que dicha factura no es válida para la apropiación de crédito fiscal IVA, debido a que no se encuentra vinculada a la actividad gravada del contribuyente, conforme lo dispone los artículos 8 de la ley 843 y 8 del DS

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21530, tomando como base la consulta al Padrón de Contribuyentes de Yamashita Consulting SRL, que registra como actividad principal: Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de impuestos, y como actividad secundaria: Consultores en proyectos de informática y suministro de programas de informática; cuyas actividades no tienen ninguna relación con la factura N° 164 emitida por el proveedor Rey Alfaro Marco Antonio, la cual expone en su descripción: Servicios de consultoría externa con trabajo de campo en la localidad de Palos Blancos.

Se observó que el contrato de prestación de servicios, en su cláusula primera señala como objeto que el contratista en su calidad de consultor independiente, debe realizar el trabajo consistente en elaboración de planos, cómputos métricos para el diseño de una planta acopiadora de cacao en la localidad de Palos Blancos; sin embargo, dicha actividad no guarda relación con la actividad principal ni con la secundaria del recurrente; al respecto cita como precedentes administrativos las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG RJ/183/2008, STG-RJ/0437/2008, STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 1667/20014; AGIT RJ1384/2014, AGIT-RJ 49/2016, AGIT-RJ 0075/2014 y Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012,; finalmente solicita que en cumplimiento a los artículos 198 inciso e) y 211 de la Ley 2492, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria se pronuncie. solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 171921000856 (SIN/GDEA/DF/UVI/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 3 de octubre de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 9 de octubre de 2018; período dentro del cual la empresa Yamashita Consulting SRL, legalmente representada por Gema Amparo Chávez Parrado, mediante memorial presentado el 28 octubre de 2019, ratificó en calidad de prueba la documentación adjunta a su Recurso de Alzada, así como los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria. Asimismo, señala que dentro de las clasificaciones de las actividades del SIN, no existe una actividad específica como categoría al estudio técnico, económico social y ambiental, aspecto que involucra a profesionales de distintas áreas, siendo que según el registro RUPE N° 768767, el proponente no se encuentra impedido

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para participar en el proceso de contratación, vale decir que Yamashita Consulting SRL, cumple con los requisitos para realizar este tipo de actividades económicas, que ahora la Administración Tributaria pretende desconocer; al efecto, mediante Proveído de 29 de octubre de 2019, se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario; fojas 49-55 de obrados.

11.5. Alegatos La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Néstor Hugo Muñoz Cossío mediante memorial presentado el 15 de noviembre de 2019, formuló alegatos en conclusiones ratificando in extenso los argumentos plasmados en el memorial de contestación al Recurso de Alzada; al efecto, mediante Proveído de 19 de noviembre de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada por secretaría el 20 de noviembre de 2019; fojas 59-62 y 75 de obrados.

Yamashita Consulting SRL, representada legalmente por Gema Amparo Chávez Parrado mediante memorial de 15 de noviembre de 2019, formuló alegatos en conclusiones ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada, resaltando que la Administración Tributaria no valoró todas y cada una de las pruebas presentadas a la Orden de Verificación así como a la Vista de Cargo, asimismo señaló que en base a la documentación presentada y dado que esta respalda las observaciones, no corresponde la omisión de pago que el sujeto activo pretende sancionar; consecuentemente, el acto impugnado carece de fundamento en la determinación realizada.

Aclara que la empresa cumple con sus obligaciones tributarias, realizando principalmente consultorías externas, servicios de contabilidad, informáticos y otras actividades, conforme el Padrón de Contribuyentes de Yamashita Consulting SRL., siendo que de la consulta al Padrón de Contribuyentes y el nuevo listado de codificación, señalan como actividades a las que se encuentra sujeta, las siguientes: Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria, asesoramiento en materia de impuestos, estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública, asesoramiento empresarial y en materia de gestión; consecuentemente, la factura No 164 se encuentra vinculada con las operaciones gravadas de la empresa antes citada conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 843.

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De acuerdo al contrato de prestación de servicios de 15 de diciembre de 2016, en su cláusula primera – Objeto, se colige que la razón de la emisión de la factura tiene su origen en un servicio de consultoría que se constituye en una de las actividades económicas de la empresa Yamashita Consulting SRL, por tanto de ninguna manera se puede aseverar que tal factura no se encuentra vinculada a su actividad. Por otro lado, como ejemplo ilustra que en el RUPE (Registro Único Proveedores del Estado) no tuvo impedimentos para participar en un proceso de contratación ni incumplimiento de contratos de compra o servicio; al efecto, mediante Proveído de 19 de noviembre de 2019, dispuso, se tenga presente, actuación notificada por secretaría el 20 de noviembre de 2019; fojas 63-70 y 74 de obrados.

Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2019, Yamashita Consulting SRL, legalmente representada por Gema Amparo Chávez Parrado solicitó Audiencia Pública de Alegatos en Conclusiones; al efecto, por Proveído de 19 de noviembre de 2019, se señaló Audiencia Pública para la presentación de alegatos orales de la parte recurrente para el día martes 26 de noviembre de 2019 a horas: 10:00, actuación notificada en Secretaría el 20 de noviembre de 2019; fojas 71-73 de obrados.

  • La Audiencia Pública de Presentación de Alegatos Orales se realizó en la fecha y hora

señaladas conforme consta en el Acta de 26 de noviembre de 2019, donde el recurrentes manifestó que presentó toda la documentación que el Ente Fiscal le solicitó; sin embargo, la misma no fue valorada de manera correcta, agrega que el objeto de su estatuto de sociedad así como el Padrón de Contribuyentes señala de manera específica que la empresa se encuentra facultada para realizar asesoramiento empresarial: asimismo.

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señaló que anteriormente tuvo un contrato similar con una entidad pública, en cuya ocasión no tuvo ningún inconveniente con la actividad realizada que fue precisamente un contrato de trabajo con características similares al presente caso.

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La Administración Tributaria en la citada Audiencia Pública de Presentación de Alegatos Orales, refirió que, pese a lo alegado por la recurrente, se valoró la documentación parcial presentada por el recurrente, cuyo resultado que se encuentra en los actos administrativos; continua refiriendo que las actividades económicas del Padrón de Contribuyentes pudieron ser actualizadas por el recurrente conforme lo establece el artículo 70 de la Ley 2492; asimismo, mencionó que la actividad realizada por la cual se emitió la factura No 164, no se encuentra relacionada con la actividad gravada de la empresa, toda vez que en el Padrón

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de Contribuyentes no se encuentra las actividades que desarrolló en la consultoría que fue. observada; asimismo señala que según el contrato realizó actividades como son elaboración de planos, cómputos métricos para una planta acopiadora de cacao en la localidad de Palos Blancos; sin embargo, esta actividad no se relaciona con las actividades en la que se encuentra inscrito; fojás 59-60 y 71-84 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

La Administración Tributaria el 26 de marzo de 2019, notificó personalmente a la representante legal de la empresa Yamashita Consulting SRL, con la Orden de Verificación No 19990301833 cuyo alcance se circunscribe a la Verificación de todos los hechos ylo elementos relacionados con el Crédito Fiscal IVA…”, del periodo fiscal enero 2017; al efecto solicitó documentación consistente en: Declaraciones Juradas, Libro de Compras, facturas de compras originales, documentos de respaldo del pago y otra documentación que solicite el fiscalizador, otorgándole el plazo de 5 días hábiles a partir de su legal notificación; fojas 5-6 de antecedentes administrativos.

El Acta de Recepción de documentos de 29 de marzo de 2019, detalla la documentación solicitada que fue entregada por la empresa recurrente; asimismo adjunto fotocopias simples de la certificación de factura del proveedor SITELCOMP y Contrato de Prestación de Servicios; fojas 10-15 de antecedentes administrativos.

De manera posterior, en base al Informe SIN/GDEA/DF/SV/INF/01115/2019, se emitió la Vista de Cargo 291921000212 (SIN/GDEA/DFISVINC/00212/2019) de 26 de abril de 2019, contra Yamashita Consulting SRL, estableciendo una deuda tributaria preliminar que asciende a un total de 3.684 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción del 100% por la calificación preliminar de la conducta tipificada como omisión de pago, correspondiente al IVA del periodo fiscal enero 2017, actuación preliminar notificada mediante cédula al contribuyente el 29 de mayo de 2019; fojas 50-56 y 60 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presenta el 28 de junio de 2019, ante la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, la empresa recurrente señaló que el concepto de la factura No 164 corresponde al trabajo realizado para la empresa SITELCOMP EL REY en un proyecto en la localidad de Palos Blancos, a cuyo efecto presentó el contrato del proyecto de obra, certificación y copia de la factura; fojas 62-73 de antecedentes administrativos.

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La Resolución Determinativa N° 171921000856 (SIN/GDEA/DF/UV/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de Yamashita Consulting SRL, que asciende a la suma de 3.707 UFV’s por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión, correspondiente al IVA del periodo fiscal enero 2017; asimismo, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo a lo establecido en los artículos 160, 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310; acto notificado de manera personal al sujeto pasivo el 21 de agosto de 2019; fojas 81-87 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211 parágrafo III de la Ley 3092.

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por la empresa Yamashita. Consulting SRL, representado – legalmente por Gema Amparo Chávez Parrado en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

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De inicio es preciso establecer que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó anular obrados o revocar totalmente el acto impugnado; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio ylo posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios aludidos referidos a la falta de valoración de las descargos presentados y si estos están legalmente sancionados con la nulidad, de no ser evidentes se procederá al análisis de los argumentos de fondo planteados.

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IV.1. Vicios de nulidad IV.1.1. Valoración de los descargos Yamashita Consulting SRL, legalmente representada por Gema Amparo Chávez Parrado en su recurso de alzada y alegatos, cita el artículo 115-11 de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 6 y 7, 76, 81 de la Ley 2492 y señala que ante la notificación de la Orden de Verificación y Vista de Cargo presentó documentación y pruebas de descargo; sin embargo, el acto impugnado, no valoró adecuadamente todas las pruebas presentadas, toda vez que la factura No 164, figura en los libros del emisor, asimismo, la citada factura cuenta con certificación emitida por el proveedor SITELCOMP EL REY; no obstante, el sujeto activo se limitó a revisar parcialmente dichas pruebas; agrega que se debe considerar que los descargos fueron presentados consistentes en Contrato de Prestación de Servicios, Certificación de factura y en originales, la nota fiscal No 164, comprobante de ingreso N° 3022 y en fotocopias, el Testimonio de Poder N° 856/2016, Libro de compras y ventas IVA del periodo enero 2017; permite validar las observaciones realizadas y establecer la inexistencia de la supuesta omisión de pago; consecuentemente, al no existir una correcta valoración de los descargos presentados en su debida oportunidad, se provocó la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa consagrados en la Constitución Política del Estado debido a la deficiente fundamentación por parte de la Administración Tributaria en el acto impugnado; al respecto cita los artículos 148 y 160 de la Ley 2492.

La Administración Tributaria, en respuesta señala que sí se valoró y consideró la documentación parcial presentada por la ahora empresa ahora recurrente, aspecto que fue plasmado en el informe SIN/GDEA/DF/UVI//INF/190/2017; agrega que realizó la valoración de las pruebas, hecho que se encuentra reflejado en la Resolución Determinativa impugnada, por lo tanto, no existe la falta de valoración de la documentación, como lo sostiene el recurrente; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 2, 6 y 7, dispone: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

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presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta para los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 99, parágrafo II del Código dispone: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

A su vez el artículo 19 del DS 27310, señala: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley.

Inicialmente, es necesario señalar que el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez, asimismo, se ‘define el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de la Resolución Determinativa, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y de esta manera puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios de impugnación establecidos en el ordenamiento jurídico.

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El artículo 99, parágrafo il de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos entre otros

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fundamentos de hecho y de derecho, concordante con lo establecido por el artículo 19 del DS 27310. Asimismo, el artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en virtud al artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492, establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que sean fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además la motivación del mismo, el cual debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de Verificación No 19990301833, notificada personalmente al representante legal de la empresa recurrente el 26 de marzo de 2019, con el objeto de verificar todos los hechos y/o elementos relacionados con crédito fiscal IVA por el periodo fiscal enero 2017; resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 291921000212 (SIN/GDEA/DF/SVINC/00212/2019) de 26 de abril de 2019, en contra de Yamashita Consulting SRL, estableciendo una obligación tributaria de 3.684 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago correspondiente al periodo fiscal enero 2017; actuación preliminar notificada por cédula al contribuyente el 29 de mayo de 2019.

Posteriormente, el Ente Fiscal emitió la Resolución Determinativa 171921000856 (SIN/GDEA/DF/UVI/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019, que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de Yamashita Consulting SRL, que asciende a la suma de 3.707 UFV’s por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses sanción por omisión, correspondiente al IVA del periodo fiscal enero 2017; asimismo, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo a lo establecido en los artículos 160,165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310.

En ese contexto, se tiene que ante la notificación de la Vista de Cargo 291921000212 (SIN/GDEA/DF/SVINC/00212/2019) de 26 de abril de 2019, mediante nota presentada el 28 de junio de 2019, la representante legal de Yamashita Consulting SRL, expuso los siguientes argumentos de descargo: “(...) El motivo de esta es para presentar los descargos y pruebas solicitados por la Vista de Cargo de la empresa YAMASHITA CONSULTING S.R.L. del NIT Nro. 149384020, en la cual se me observa una factura para mi descargo que no pertenecería a mi rubro, lo cual es incierto ya que se trabajó con la empresa SITELCOMP EL REY en un proyecto en la localidad de Palos Blancos, la cual nos facturó por una elaboración de una planta de cacao la cual estaría en el rubro correspondiente 

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como lo norma la Ley 2492 CT. (…) presento el contrato del proyecto de obra, certificación, copia de la factura que se emitió a la empresa y otros (...)”. 

Al respecto, se advierte de la lectura de la Resolución Determinativa recurrida, en su parte considerativa, cursante a fojas 83-84 de antecedentes administrativos, refiere: “Con la evaluación y el análisis realizado, se pudo evidenciar que la factura no es válida para el crédito fiscal IVA, debido a que no está vinculada a la actividad gravada por el contribuyente, por lo cual no tiene validez para la deducción del crédito Fiscal IVA de acuerdo al Art. 8 de la Ley 843 y el Art. 8 del D.S. 21530, tomando como base de prueba la Consulta de Padrón, donde el contribuyente YAMASHITA CONSULTING S.R.L. con NIT- 149384020, se encuentra registrado como Actividad Principal: ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS, y como ACTIVIDAD SECUNDARIA: CONSULTORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA Y SUMINISTRO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA , por lo cual ambas actividades no tienen ninguna relación con la factura emitida por el proveedor con Razón social: REY ALFARO MARCO ANTONIO con NIT 1861259018 de la factura Nro. 164 con Numero de Autorización 438101600006313 de fecha 07/01/2017, la misma muestra en la descripción “POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA CON

TRABAJOS DĖ CAMPO EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS”.

El acto administrativo impugnado, continúa señalando: “De la valoración de los documentos presentados se puede observar en el contrato de prestación de servicios, donde señala en la cláusula: …”PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de consultor independiente, se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en la elaboración de planos, cómputos métricos para el diseño de una planta acopiadora de cacao, en la Localidad de Palos Blancos, en el marco del proyecto apoyo a la producción de cacao y asistencia técnica supervisada por la ONG Soluciones prácticas, sin que exista horario determinado, ni dependencia (...). Continúa refiriendo que: “…) En el contrato se puede establecer que el objeto de servicio es la contratación para la elaboración de planos, cómputos métricos para el diseño de una planta de cacao, actividad que no guarda relación con la declarada por el padn del contribuyente de la empresa YAMASHITA CONSULTING S.R.L. con NIT 149384020 (…)”. 

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Lo anterior, permite corroborar que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 171921000856 (SIN/GDEA/DF/UVI/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019, se pronunció respecto a los argumentos y documentación presentados por la ahora empresa recurrente como descargos a la Vista de Cargo; es decir, fueron objeto de análisis y evaluación, estableciendo de manera expresa las razones por las cuales consideró que los mismos son insuficientes para desvirtuar la depuración de crédito fiscal contenido en la factura observada conforme se encuentra plasmado en la parte considerativa del acto administrativo definitivo, es decir, los descargos fueron objeto de análisis, habiendo el sujeto activo asumido una posición definitiva al respecto, conforme se evidencia en las páginas 3

4 del acto administrativo impugnado.

Al efecto corresponde traer a colación el razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013 de 22 de agosto, que señaló lo siguiente: “Ja fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”. 

Conforme el análisis realizado precedentemente, es oportuno enfatizar que la valoración de los descargos no equivale a otorgar necesariamente la razón al sujeto pasivo, lo contrario, no significa una ausencia de valoración; en el presente caso, el argumento de falta de valoración que hace referencia el recurrente, está más bien dirigido a la decisión adoptada por el Ente Fiscal al emitir sus actuaciones u actos administrativos, debiendo considerar que el hecho de que la valoración de los argumentos y pruebas documentales, no estén acorde a la interpretación que efectúa el recurrente, no significa que la misma no se hubiera valorado o que con la posición asumida por la Administración Tributaria se vulneren principios o derechos constitucionales referidos al debido proceso y derecho a la defensa; consecuentemente, al no ser evidente una carencia valorativa sobre los descargos presentados por el ahora recurrente, la Resolución Determinativa cumple con la fundamentación requerida, conforme lo establecen los artículos 99 parágrafo II de la Ley

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2492 y 19 de DS 27310; correspondiendo desestimar la posibilidad de anular obrados por esta causa.

IV.2 ASPECTOS DE FONDO 1.2.1 Depuración del Crédito Fiscal Yamashita Consulting SRL legalmente representada por Gema Amparo Chávez Parrado en su Recurso de Alzada y alegatos manifiesta que cumplió con sus obligaciones tributarias conforme su capacidad económica que resulta de actividades principalmente de consultorías externas, servicios de contabilidad, informáticos y otras actividades de acuerdo al Padrón de Contribuyentes, por tanto, pretender desconocer esta realidad con la finalidad de sancionar por una factura que supuestamente no se encontraría vinculada a las

actividades económicas, no corresponde.

De acuerdo al artículo 8 de la Ley 843, solo dará lugar al cómputo del crédito fiscal, las compras contratos o toda otra prestación en la medida que se vinculen con las operaciones gravadas, en tal sentido, si bien el Ente Fiscal pretende depurar el crédito fiscal de la factura N° 164; en razón a que no estaría vinculada con la actividad gravada y no haber presentado documentación de respaldo para verificar tal vinculación; al respecto, señala que la vinculatoriedad significa que las operaciones gravadas deben estar vinculadas a la actividad destinada debido a que el sujeto pasivo resulta responsable del gravamen; en el presente caso, según la Consulta al Padrón se advierte que la actividad principal es: (Código 71802) Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría y asesoramiento y como actividad secundaria: (Código 71103) Actividades de estudio de mercados y realización de encuestas de opinión; (Código 70103) Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza y (Código 71602) Consultores en proyectos de informática y suministros de programas.

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En tal sentido, en la codificación de actividades económicas, la Administración Tributaria, en el Código 71802 describe: Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, asesoramiento en materia de impuestos; asimismo el Código 71802 (debió decir 71803) señala: estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública, asesoramiento empresarial y en materia de gestión; consecuentemente, la factura No 164, se encuentra vinculada con las operaciones gravadas de la empresa ya que se realizaron las referidas actividades, aspecto que se encuentra en el objeto de la Escritura de Constitución de la empresa cuando señala: La gestión empresarial se enfocará en estrategias como por 

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ejemplo: Plan de negocios, proyectos o estudios TESA, de desarrollo que posibiliten un crecimiento en función de los resultados obtenidos. 

La Administración Tributaria en respuesta señala que la factura No 164, no es válida para la apropiación de crédito fiscal IVA, debido a que no se encuentra vinculada a la actividad gravada del contribuyente, conforme lo dispone los artículos 8 de la ley 843 y 8 del DS 21530, tomando como base la consulta al Padrón de Contribuyentes de Yamashita Consulting SRL, que registra como actividad principal: Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de impuestos, y como actividad secundaria: Consultores en proyectos de informática y suministro de programas de informática; cuyas actividades no tienen ninguna relación con la factura emitida por el

proveedor, misma que muestra en su descripción: Servicios de consultoría externa con trabajo de campo en la localidad de Palos Blancos.

Se observó que en el contrato de prestación de servicios, se señala que se debe realizar el trabajo consistente en elaboración de planos, cómputos métricos para el diseño de una planta acopiadora de cacao en la localidad de Palos Blancos; sin embargo, dicha actividad

no guarda relación con la actividad principal ni con la secundaria del recurrente; al respecto

cita como precedentes administrativos las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG RJ/183/2008, STG-RJ/0437/2008, STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 1667/20014, AGIT RJ1384/2014, AGIT-RJ 49/2016, AGİT-RJ 0075/2014 y Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012; al respecto corresponde realizar el siguiente análisis:

El artículo 70 numeral 4 del Código Tributario, referente a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, refiere: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, (…) 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal señala que: del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alicuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

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prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las 

compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

El artículo 8 del DS 21530, establece que: el crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la Ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alicuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, – locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar estadounidense 

con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo dėl débito fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 

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De manera previa a ingresar al análisis del presente caso, se debe hacer énfasis en que el cómputo del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, está condicionado a la existencia real de una operación que se encuentre respaldada por un documento

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debidamente emitido y corresponde al detentador del mismo la obligación de su presentación, así como los documentos que respalden dicha transacción cuando se ponga en duda el valor del crédito fiscal y sea requerido de manera fundada por la Administración

Tributaria; al respecto cabe señalar que la eficacia probatoria de la factura dependerá del

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción.

En el marco normativo antes citado y en el entendido de que el crédito fiscal apropiado por el contribuyente fue observado en la revisión realizada por el ente fiscal, siguiendo los procedimientos de verificación aplicables, resultados y conclusiones que se encuentran plasmados en los respectivos papeles de trabajo realizados al efecto, la Administración Tributaria procedió a determinar reparos a favor del fisco por concepto de crédito fiscal indebidamente apropiado, aduciendo que la Factura No 164, con N° de autorización 438101600006313 del proveedor Marco Antonio Rey Alfaro – Sitelcomp, emitida el 7 de enero de 2017 por la suma que asciende a Bs29.550.-, no se encuentra vinculada con la actividad gravada del sujeto pasivo.

En ese contexto, de la lectura de la Resolución Determinativa N° 171921000856 (SIN/GDEA/DF/UVI/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019, se advierte que la Administración Tributaria efectuó la depuración del crédito fiscal de la factura No 164 de 7 de enero de 2017 cuya observación se encuentra signada bajo el literal A que señala: “Factura NO VALIDA para Crédito Fiscal IVA. No vinculada a la actividad gravada el contribuyente no presentó la documentación de respaldo que permita verificar la vinculación con la operación gravada“, asimismo, se evidencia que en el acápite correspondiente a la Determinación de la Deuda Tributaria, menciona que de acuerdo a la evaluación y análisis realizado, se comprobó que de acuerdo al artículo 8 de la Ley 843, no es válida para crédito fiscal por no encontrarse vinculada a la actividad gravada del sujeto pasivo; argumentando que Yamashita Consulting SRL, solamente se encuentra registrado a la Actividad Principal: ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORÍA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS y como Actividades Secundarias:

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CONSULTORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA Y SUMINISTRO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, concluyendo que ambas actividades no tienen ninguna relación con la factura emitida por el proveedor.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que durante el proceso de verificación el sujeto pasivo entregó documentación consistente en declaraciones juradas, Libro de compras del periodo enero 2017 y Certificación de Factura emitida por el proveedor Marco Antonio Rey Alfaro, Factura No 164 y Contrato de Prestación de Servicios, conforme Acta de Recepción de documentos de 29 de marzo de 2019 (fojas 10-15 de antecedentes administrativos); de la misma forma, se advierte que en la etapa probatoria de la Vista de Cargo, el recurrente mediante nota de descargos presentada ante la Administración Tributaria el 28 de junio de 2019 (fojas 62-73 de antecedentes administrativos), entregó en fotocopias simples documentación consistente en declaraciones juradas del proveedor, Factura N° 164, Certificación de Factura, Testimonio Poder N° 856/2016 y Contrato de Prestación de Servicios; manifestando que realizó un trabajo con la empresa Sitelcomp EI Rey en un proyecto en la localidad de Palos Blancos, actividad que se encontraria relacionada a su rubro. ..

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De acuerdo a lo relacionado precedentemente, se evidencia que la factura No 164 detalla el concepto por el cual, se realizó el trabajo, señalando lo siguiente: “Por servicios de Consultoría Externa con Trabajos de Campo en la localidad de Palos Blancos”, asimismo consta en antecedentes administrativos el contrato de prestación de servicios Suscrito entre la empresa ahora recurrente y Marco Antonio Rey Alfaro cuyo objeto fue la prestación de servicios para la elaboración de planos relacionados a un proyecto en la localidad de Palos Blancos (Consultoría Externa en Trabajos de Campo), contrato que especifica que el trabajo contempla la elaboración de planos, cómputos métricos para el diseño de una planta acopiadora de cacao en el marco del proyecto “apoyo a la producción de cacao y asistencia técnica”; en ese entendido, se advierte que el concepto descrito en la factura, así como el objeto del contrato de prestación de servicios, no se encuentran relacionadas con la actividad gravada de la empresa recurrente, toda vez que no demostró su vinculación con documentación de respaldo como ser: Comprobantes contables de pago al proveedor, cronograma de actividades a realizar, Informes u otra documentación que el recurrente hubiera considerado pertinente, a objeto de demostrar que el trabajo realizado por su cliente

Sitelcomp estarían vinculadas con su actividad gravada. y

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Conforme lo citado precedentemente, cabe resaltar que en el acápite de “Determinación de la Deuda Tributaria” de la Resolución Determinativa 171921000856, ahora impugnada, señala de manera expresa que la empresa Yamashita Consulting SRL, se encuentra sujeta a las siguientes actividades: Actividad Principal: Actividades de Contabilidad, Teneduría de Libros y Auditoria; Asesoramiento en Materia de Impuestos, y como Actividad Secundaria: Consultores en Proyectos de Informática y Suministro de Programas de

Informática; en ese entendido, conforme al análisis realizado, se tiene que la depuración

del crédito fiscal de la factura No 164, es correcta, toda vez que el concepto de la factura, objeto del presente análisis de manera textual señala: “Por servicios de Consultoría Externa con Trabajos de Campo en la localidad de Palos Blancos, cuyo concepto, no se enmarca a las actividades a las que se encuentra el sujeto pasivo, es decir que el concepto de la nota fiscal antes mencionada no refiere a trabajos de contabilidad o asesoramiento en materia de impuestos y tampoco contempla la realización de trabajos relativos a proyectos de informática; consecuentemente, la nota fiscal No 164, incumple con el requisito fundamental como es la vinculación con las actividades gravadas, conforme establecen los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530.

Corresponde también señalar que además de presentar la documentación citada ut supra, ante la entidad recaudadora, la empresa ahora recurrente, al momento de interponer

curso de Alzada remitió a esta instancia Recursiva el original del Certificado de

Actualización de Matricula de Comercio, entre otros; cursantes a fojas 14 y 19-24 de obrados; al respecto, se tiene que el citado Certificado emitido por Fundempresa, si bien certifica que dentro de las actividades que desarrolla Yamashita Consulting SRL, se encuentra la elaboración de proyectos, investigación de mercados, prácticas en gestión empresarial entre otros; sin embargo, dicho documento fue emitido por el 4 de septiembre de 2019, por tanto esta corresponde a información actual, no así de los periodos sujetos a fiscalización

De la misma manera, dentro del plazo de prueba aperturado por esta instancia de Alzada, el recurrente adjuntó prueba documental a fojas 49-50 de obrados, consistente en Registro Único de Proveedores del Estado-RUPE N° 768767, argumentado que realizó un trabajo similar de consultoría para una entidad pública, instancia que no había objetado ningún aspecto relativo sus actividades económicas; a este respecto, corresponde señalar que dicho certificado fue emitido para formalización de una contratación del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo,

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fines totalmente distintos a los de la Administración Tributaria, toda vez que en el presente caso, se realizó un proceso determinativo a objeto de establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del recurrente, aplicando normativa al efecto, por tanto el

citado documento y el argumento esgrimido por el recurrente no corresponden.

Por otra parte, la empresa recurrente adjuntó como prueba en esta instancia recursiva reporte del Padrón de Contribuyentes, donde evidencia que la actividad económica referida a “Actividades de estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública, asesoramiento empresarial y en materia de gestión, se encuentra vigente, empero de la revisión del reporte, se evidencia que dicha actividad fue reactivada a partir del 4 de septiembre de 2019 (fojas 27 de obrados), lo que implica que el sujeto pasivo solicitó el reinicio de esta actividad ante el Servicio de Impuestos Nacionales recién en la presente gestión, aspecto que no puede ser considerado, toda vez que la transacción sustentada con la nota fiscal N° 164 se suscitó en el periodo fiscal enero 2017.

En consideración a los antecedentes de hecho y derecho antes expuestos, se evidencia que la Administración Tributaria ajustó el procedimiento de verificación al marco legal vigente, habiendo observado el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, no obstante, el recurrente no desvirtuó los cargos formulados en su contra ‘con medios probatorios idóneos, en sujeción al artículo 76 del Código Tributario, ya que no demostró la vinculación del crédito fiscal emergente de la factura No 164 y la Administración Tributaria, al no contar con documentación adicional de respaldo al crédito fiscal de la nota fiscal observada, como ser registros contables, facturas que hubiera relacionadas a la compra de los servicios adquiridos y otros documentos que evidencien la realización de la transacción, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución Determinativa N° 171921000856 (SIN/GDEA/DF/UV/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019, manteniendo firme y subsistente el importe de 3.707 UFV’s por concepto tributo omitido correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, intereses y sanción por omisión de pago, correspondientes al período fiscal enero 2017

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, / con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

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PODSECONDS

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171921000856 (SIN/GDEA/DF/UVI/RD/63/2019) de 8 de agosto de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra Yamashita Consulting SRL; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente importe de 3.707 UFV’s, cuyo importe incluye impuesto omitido, más intereses, sanción por omisión de pago por el periodo fiscal enero 2017, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

Impugnaca 

onal d

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

Meriles López

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# Gemi Carpio

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

TIEMPOUCO

Podsiana 

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

DEMOISTU ONDEO

Lid. cecilla Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tributarla. Par 

Koelmoigne

Auan Carlos Guzmán Ruiz

vol 

RCVD/jcgr/av/rms/giml/mhgc

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