ARIT-LPZ-RA-1335-2019 Se revoca totalmente Auto Determinativo en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y por lo tanto se declara prescrita la facultad de ejecución de la sanción emitida en la Resolución Sancionatoria por la Administración Tributaria. La solicitud de prescripción por parte del contribuyente no significa la interrupción de la prescripción. Se computa el término para la prescripción desde que la Resolución Sancionatoria adquiere fuerza ejecutiva, y no desde el proveído de ejecución tributaria, como alegaba el SIN.

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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1335/2019 

Recurrente: 

Agencia Nacional de Hidrocarburos, legalmente representada por Luis Antonio Kosovic Kaune y/o Elsa Andreh Aguirre Bustillos ylo Freddy Alberto Vicente Cabezas lez Ocampo 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 391720000003 (SIN/GDLPZ-I/DJCCICCIAUTA/00003/2018)

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Expediente: 

ARIT-LPZ-0912/2019 

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Lugar y Fecha: 

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La Paz, 2 de diciembre de 2019 

ulla.

VISTOS: El-Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1335/2019 de 29 de noviembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391720000003 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTÁ/00003/2018) de 29 de enero de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, debiendo proseguirse con la ejecución tributaria iniciada mediante el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 00496 de 31 de

enero de 2017, sea de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y siguientes de Juan Carlo x la Ley 2492. Guzmein Auik

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos de la Recurrente La Agencia Nacional de Hidrocarburos, legalmente representada por Luis Antonio Kosovic Kaune y/o Elsa Andreh Aguirre Bustillos y/o Freddy Alberto Vicente Cabezas Vélez Ocampo, según se acredita del Testimonio Poder N° 1905/2018 de 27 de agosto de 2018, mediante memoriales presentados el 22 de agosto y 3 de septiembre de 2019, cursantes a fojas 18-20 y 23-24 de obrados, presentó. Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

El sumario contravencional contra la entonces Superintendencia de Hidrocarburos fue iniciado el 3 de agosto de 2011, debido al supuesto incumplimiento de la presentación de la información del Software RC IVA (Da Vinci) Agente de Retención, correspondiente al período fiscal abril de 2008, proceso que concluyó con la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 de 20 de diciembre de 2011, notificada el 28 de agosto de 2012. Posteriormente, el 16 de agosto de 2017 se notificó con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331720000499.

La facultad de ejecución tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en el presente

caso, se encuentra prescrita, conforme lo previsto por el artículo 59, numeral 4 del Código Tributario sin modificaciones. Cita la Sentencia 38/2014 de 14 de mayo de 2014 y la Sentencia Constitucional N° 0799/2017, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Tribunal Constitucional Plurinacional, respectivamente.

Se debe considerar que la Administración Tributaria tiene un plazo perentorio para hacer valer sus derechos, que luego de su vencimiento, se extinguen sus facultades para ejercer dichas acciones; en ese sentido, respecto a la prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones administrativas, cuenta con el término de cuatro años, conforme el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones; asimismo, el artículo 60 de la citada Ley, refiere que el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, en el presente caso, la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 fue notificada el 28 de agosto de 2012, en consecuencia el SIN tenía hasta el 28 de agosto de 2016 para ejercer su facultad de ejecución, sin embargo, a la fecha no efectuó diligencia alguna respecto a la ejecución de la sanción impuesta mediante la

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referida Resolución Sancionatoria. Cabe también señalar que no se advierte causales que interrumpen o suspenden el cómputo de la prescripción.

El Auto Administrativo impugnado indica que el cómputo de la prescripción se inició el 18 de septiembre de 2012, fecha en la que la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 adquirió firmeza; al respecto, según dicho cómputo, la Administración Tributaria tenía hasta el 18 de septiembre de 2016 para ejercer su facultad de ejecución, sin embargo, transcurrieron más de cuatro años señalados por norma, sin que exista ejercicio oportuno por parte de la Administración Tributaria..

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Las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde la fecha en que ellas determinen y toda vez que la Ley 291 fue emitida el 22 de septiembre de 2012, sus efectos jurídicos recaen a los hechos suscitados a partir de ese momento y no de forma retroactiva, en consecuencia, el cómputo de la prescripción para ejercer la facultad de ejecución tributaria se debe enmarcar en lo dispuesto por los artículos, 59 y 61 de la Ley 2492 sin modificaciones, concordante con el artículo 150 de la referida Ley, que dispone que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean beneficiosas al sujeto pasivo. Cita al efecto, la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria del Auto Administrativo 391720000003 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCIAUTA/00003/2018) de 29 de enero de 2018.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos,. legalmente representada por Luis Antonio Kosovic Kaune y/o Elsa Andreh Aguirre Bustillos y/o Freddy Alberto Vicente Cabezas Vélez Ocampo, fue admitido por Auto de 6 de septiembre de 2019, notificado de forma personal a la parte recurrente el 10 de septiembre de 2019 y mediante cédula a la Administración Tributaria recurrida el 17 del mismo mes y año; fojas 25-30 de obrados.

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución Administrativa

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de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 2 de octubre de 2019, cursante a fojas 33-41 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El acto impugnado resuelve la solicitud de prescripción respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria emitido para ejecutar la sanción consignada en la Resolución Sancionatoria N° 1976/11, cuyo hecho generador es un incumplimiento a deber formal, por lo tanto, en el presente caso no existe una deuda por determinar o tributos omitidos por cobrar, sino una sanción por ejecutar, en consecuencia, las demás facultades y – acciones de la Administración Tributaria señaladas en el artículo 59 de la Ley 2492 a las que hace referencia el contribuyente, sólo pueden circunscribirse a la ejecución de sanciones por contravenciones tributarias.

La Administración Tributaria impuso la sanción mediante la Resolución Sancionatoria N° 1976/2012 de 20 de diciembre de 2011, notificada al contribuyente el 28 de agosto de 2012, correspondiente al periodo fiscal abril 2008, en ese entendido, las facultades para imponer sanciones administrativas en el presente caso, fueron efectuadas dentro los plazos correspondientes, en virtud a los cuatro años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492.

Se debe tener presente que la facultad de ejecutar sanciones por contravenciones tributarias tiene una implicancia diferente a la ejecución tributaria de deudas determinadas o tributos omitidos, aspecto que es confundido por el contribuyente, toda vez que sustenta su recurso en el artículo 59 de la Ley 2492, refiriéndose que prescriben a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer

su facultad de hacer efectivo el cobro.

De acuerdo a los antecedentes administrativos y tomando en cuenta el artículo 59 de la Ley 2492 con modificaciones, el inicio del cómputo de la prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución de la sanción prescribe a los 5 años; al efecto, el. procedimiento sancionador dentro del presente caso, es producto de un sumario contravencional por incumplimiento a deberes formales correspondiente al período fiscal abril 2008, proceso que concluyó con la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011, notificada el 28 de agosto de 2012, que al no haber sido objeto de impugnación alguna,

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adquirió firmeza, convirtiéndose en título de ejecución tributaria conforme lo establece

el artículo 108 de la citada Ley, dando de esta manera inicio al cómputo de la facultad. de ejecución de sanciones, al efecto, se emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 331720000499 de 31 de enero de 2017.

En el presente caso, la Administración Tributaria ejerció sus facultades para ejecutar sanciones dentro los plazos establecidos por ley, toda vez que de acuerdo a normativa vigente, el cómputo se inició desde el momento en que la Resolución Sancionatoria No 1976/2011 adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, situación que aconteció el 18 de septiembre de 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue notificado el 28 de agosto de 2012, dándose inicio a la facultad de ejecución de sanciones, razón . por la que se emitió el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 331720000499

que fue notificado el 16 de agosto de 2017, fecha en la que recién comenzó el cómputo de la prescripción, anunciándole al contribuyente el inicio de la ejecución tributaria por el mencionado título, encontrándose pendiente la emisión de las medidas coactivas, en consecuencia, no transcurrió el plazo de 5 años establecido por ley para que opere la prescripción, toda vez que dicho término concluirá recién el 17 de agosto de 2022, sin embargo, el mismo fue interrumpido por los memoriales presentados por el contribuyente el 3 de julio, 21 de agosto y 15 de septiembre de 2017. ….

A la fecha de notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No. 331720000499 se encontraba en vigencia las modificaciones introducidas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 al parágrafo IV del artículo 59 del Código Tributario, normativa que es plenamente aplicable al presente caso, en consecuencia, la sanción tributaria en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos no se encuentra prescrita. Cita al efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013.

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Las nuevas leyes. 291 y 317 no pueden afectar a los derechos adquiridos o consolidados por el contribuyente, toda vez que esto implicaría realizar una aplicación retroactiva de la ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados derechos expectativos que aún no se consolidaron por encontrarse pendientes de cumplimiento ya sea porque les falta algún requisito de forma o fondo o porque aún no se cumplió un plazo o una condición establecida por ley para consolidar el derecho, en este caso no se considera que se trate de una aplicación retroactiva de la ley.

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La prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho adquirido o una situación expectativa. Si se cumplió el término de la prescripción y ya operó bajo la legislación anterior, se considera un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden afectar ni modificar por cuanto el monto del tributo o sanción prescrita ya pasaron a formar parte del patrimonio del sujeto pasivo; en cambio, si a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas normas, la prescripción aún no operó, se constituye tan sólo en una situación expectativa que aún no se consolidó, es decir nunca llegó a ser parte del goce de un derecho efectivo del contribuyente, ni se extinguió la obligación tributaria, por lo tanto, esta situación puede ser modificada o extinguida por ador a través de nuevas leyes en pleno ejercicio de su potestad tributaria.

El cómputo realizado por el contribuyente en su Recurso de Alzada es totalmente . equivocado, debiendo quedar claramente establecido que en el presente caso, el cómputo de la prescripción empezó a correr desde la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, conforme lo determina el parágrafo II del artículo 60 de la Ley 2492, plazo que fue interrumpido con memoriales presentados por el contribuyente, en consecuencia, la prescripción solicitada por el recurrente, no operó, aspecto claramente establecido en el Auto Administrativo impugnado.

Sobre la inaplicabilidad de los precedentes jurisprudenciales y constitucionales que solicita el recurrente, se tiene que la SCP 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, del cual el contribuyente pretende su aplicación, versa sobre un proceso aduanero con características completamente diferentes al presente recurso, al efecto, cita la SC 1781/2004-R que establece que las Sentencias Constitucionales pronunciadas en los recursos de amparo constitucional, por ser vinculantes, tienen el valor de precedentes para casos futuros análogos.

Lo peticionado dentro del presente recurso se refiere únicamente a la supuesta prescripción de la facultad de ejecución tributaria por parte de la Administración Tributaria, y no así sobre las facultades para la ejecución de la sanción, en ese entendido, en cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, se debe emitir pronunciamiento solamente sobre los argumentos planteados, en el Recurso de Alzada y no sobre otros puntos que no fueron impugnados por el contribuyente; lo que significa que se debe respetar el principio de congruencia y no

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emitir resoluciones extra o ultra petita, lo contrario constituye vulneración al derecho a la defensa y debido proceso del Servicio de Impuestos Nacionales. Cita al efecto, las Sentencias Constitucionales 1312/2003-R de 9 de septiembre de 2003, 0471/2005-R de 28 de abril de 2005 y.la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011.

De acuerdo al artículo 65 de la Ley 2492, se presume la legalidad y buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, en ese contexto se evidencia que el Ente Fiscal actuó en plena observancia del debido proceso, en respeto de los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y en el marco de la legalidad, emitiendo todos los actos administrativos enmarcados en las normas tributarias vigentes sobre las cuales el contribuyente tuvo pleno conocimiento.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 391720000003 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00003/2018) de 29 de enero de 2018.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 3 de octubre de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del… Código Tributario; actuación notificada tanto a la parte recurrente como a la Administración : Tributaria recurrida en Secretaría el 9 de octubre de 2019, período dentro el cual la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 29 del mismo mes y año, ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos que adjuntó a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 30 de octubre de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en Secretaría a las partes en la misma fecha; fojas 42-46 de obrados.

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II.5. Alegatos De la revisión de obrados, se advierte que ni la Administración Tributaria recurrida ni la parte recurrente, formularon alegatos en conclusiones, de acuerdo a las condiciones y plazos previstos en el artículo 210 parágrafo Il del Código Tributario.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179200451 de 3 de agosto de 2011, se instruyó sumario contravencional contra la Superintendencia de Hidrocarburos, por la no presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) del período abril 2008, encontrándose prevista su conducta como Incumplimiento al Deber Formal de Información en el artículo 5 de la RND 10-002-05 de 14 de septiembre de 2005, sujeto a la sanción establecida en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, la misma que asciende a 5.000 UFV’s; actuación administrativa notificada al sujeto pasivo mediante cédula el 10 de agosto de 2011, fojas 2-6 de antecedentes administrativos..

Por nota presentada a la Administración Tributaria el 30 de agosto de 2011, la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional mencionado precedentemente, señalando que no existió incumplimiento a deber formal alguno por parte de esa entidad, al efecto, solicitó se desestimen los cargos en su contra; fojas 8-11 de antecedentes administrados.

La Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, resolvió sancionar al contribuyente Superintendencia de Hidrocarburos, al amparo de los artículos 70, numerales 6 y 7, 71 parágrafo I, 162, 166 y 168 de la Ley 2492, artículo 8 y Anexo inciso a) numeral 4 sub numeral 4.3 de la RND 10-003707 y artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05, con la multa de 5.000 UFV’s por haber incurrido en incumplimiento al deber de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, por el período fiscal abril 2008; acto administrativo notificado al sujeto pasivo mediante cédula el 28 de agosto de 2012, fojas 42-48 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado ante la Administración Tributaria el 3 de julio de 2017, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solicitó se declare la prescripción de la facultad de

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ejecución de la sanción contenida en la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, conforme lo previsto en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin las modificaciones previstas por la Ley 291; fojas 59-61 de antecedentes administrativos.

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331720000499 (CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UCC/PIET/00496/2017) de 31 de enero de 2017, señaló que estando firme y ejecutoriada l a Resolución Sancionatoria (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, por la suma liquida y exigible de 5.000 UFV’s y conforme el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 de! DS 27874, anunció al contribuyente que dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizaran las medidas coactivas correspondientes de acuerdo al artículo 110 del Código Tributario; actuación administrativa notificada mediante cédula al sujeto pasivo el 16 de agosto de 2017, fojas 50-56 de antecedentes administrativos.

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Mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria el 21 de agosto de 2017, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solicitó nuevamente se declare la prescripción de la facultad de ejecución de la sanción contenida en la Resolución Sancionatoria (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, haciendo referencia a la vulneráción al derecho de petición, toda vez que la solicitud de prescripción efectuada mediante nota presentada el 3 de julio de 2017 no fue respondida; fojas 93-94 de antecedentes administrativos.

Por memoriales presentados a la Administración Tributaria el 15 de septiembre de 2017 y 27 de agosto de 2018, la Agencia Nacional de Hidrocarburos reiteró la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución de la sanción contenida en la Resolución Sancionatoria (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011; fojas 99 y 101 de antecedentes administrativos.

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El Auto Administrativo N° 391720000003 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00003/2018) de 29 de enero de 2018, resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, debiendo proseguirse con la ejecución tributaria iniciada mediante el proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 00496 de 31 de

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enero de 2017, sea de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492; acto administrativo notificado personalmente el 8 de agosto de 2019 a Elsa Andreh Aguirre Bustillos en su calidad de apoderada legal del Director Ejecutivo a.i. de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fojas 116-121 y 125 de antecedentes administrativos.

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, legalmente representada por Luis Antonio Kosovic Kaune y/o Elsa Andreh Aguirre Bustillos ylo Freddy Alberto Vicente Cabezas Vélez Ocampo, en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1. Prescripción de la facultad de ejecución de la sanción La parte recurrente manifiesta que respecto a la prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones administrativas, la Administración Tributaria cuenta con el

término de cuatro años, conforme lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492 sin

modificaciones; asimismo, el artículo 60 de la citada Ley, refiere que el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, en el presente caso, la Resolución Sancionatoria No 1976/2011 fue notificada el 28 de agosto de 2012, en consecuencia el SIN tenía hasta el 28 de agosto de 2016 para ejercer su facultad de ejecución, sin embargo, a la fecha no efectuó diligencia alguna respecto a la ejecución de la sanción impuesta mediante la referida Resolución Sancionatoria, razón por la cual dicha facultad se encuentra prescrita; asimismo, no se advierte causales que hubieran interrumpido o suspendido el cómputo de la prescripción.

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Añade que el Auto Administrativo impugnado indica que el cómputo de la prescripción se inició el 18 de septiembre de 2012, fecha en la que la Resolución Sancionatoria No 1976/2011 adquirió firmeza; al respecto, según dicho cómputo, la Administración Tributaria tenía hasta el 18 de septiembre de 2016 para ejercer su facultad de ejecución, sin embargo, transcurrieron más de cuatro años señalados por norma, sin que exista ejercicio oportuno por parte de la Administración Tributaria.

. La Administración Tributaria en respuesta al agravio manifestado por la parte recurrente, señala que de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492 con modificaciones, el inicio del cómputo de la prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución de la sanción prescribe a los 5 años; al efecto, señala que ejerció sus facultades para ejecutar sanciones dentro de dicho plazo, toda vez que de conformidad a los artículos 59-111 y 60-111 de la citada Ley 2492, el cómputo se inició desde el momento en que la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 adquirió la calidad-de título de ejecución tributaria, situación que aconteció el 18 de septiembre de 2012, al haber sido notificado dicho acto, el 28 de agosto de 2012, dándose inicio a la facultad de ejecución de sanciones.

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Agréga que se emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331720000499 que fue notificado el 16 de agosto de 2017, fecha en la que recién comenzó el cómputo de la prescripción, anunciándole al contribuyente el inicio de la ejecución tributaria por el mencionado título, encontrándose pendiente la emisión de las medidas coactivas, en consecuencia, manifiesta que no transcurrió el plazo de los 5 años establecido por ley para que opere la prescripción, toda vez que dicho término concluirá recién el 17 de agosto de 2022, sin embargo, el mismo fue interrumpido por los memoriales presentados por el contribuyente el 3 de julio, 21 de agosto y 15 de septiembre de 2017; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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El artículo 59, parágrafo III de la Ley 2492 dispone: III. El término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

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El artículo 60, parágrafo III del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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Juan Carlos Guzhan Ruíz

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen. (…) 

El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

Inicialmente, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a . un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar la deuda tributaria y las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

Para una adecuada comprensión del instituto de la prescripción invocada en el presente

caso (facultad de ejecución de la sanción) corresponde señalar que antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 establecía que las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveia que el plazo para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computa desde el momento en el que el acto administrativo que impone la sanción, adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

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Bajo ese contexto, es necesario realizar una previa contextualización de las principales actuaciones efectuadas en sede administrativa por la Administración Tributaria; en ese entendido, de la revisión de los antecedentes se tiene que el ente fiscal, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179200451 de 3 de agosto de 2011, por el que instruyó sumario contravencional contra la Superintendencia de Hidrocarburos, debido a la omisión de presentación de información del Software RC-IVA (Da Vinci) del período abril 2008, encontrándose prevista su conducta como incumplimiento al Deber Formal de Información en el artículo 5 de la RND 10-002-05, sujeto à la sanción establecida en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, la misma que asciende a 5.000 UFV’s; actuación administrativa notificada al sujeto pasivo mediante cédula el 10 de agosto de 2011.

Posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, que sancionó al contribuyente Superintendencia de Hidrocarburos, al amparo de los artículos 70, numerales 6 y 7, 71-1, 162, 166 y 168 de la Ley 2492, artículo 8 y Anexo inciso a) numeral 4 sub numeral 4.3 de la RND 10-0037-07 y artículos 4 y 5 de la RND 10-0029 05, con una multa de 5.000 UFV’s por haber incurrido en incumplimiento al deber de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario del RC-IVA, por el período fiscal abril 2008; acto administrativo notificado al sujeto pasivo mediante cédula el 28 de agosto de 2012, así se advierte a fojas 42-48 de antecedentes administrativos. Ante lo cual, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante memorial presentado el 3 de julio de 2017, solicitó se declare la prescripción de la facultad de ejecución de la sanción contenida en la mencionada Resolución Sancionatoria.

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Bajo dichas circunstancias, y al no existir impugnación alguna contra el referido acto

administrativo, la Administración Tributaria, emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331720000499 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UCCIPIET/00496/2017) de 31

de enero de 2017, que señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución , Sancionatoria (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de

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Juan Carlos

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2011, por la suma líquida y exigible de 5.000 UFV’s y conforme el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, anunció al contribuyente que dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizaran las medidas coactivas correspondientes de acuerdo al artículo 110 del Código Tributario; actuación administrativa notificada mediante cédula al sujeto pasivo el 16 de agosto de 2017.

En ese contexto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a través del memorial presentado el 21 de agosto de 2017, solicitó nuevamente se declare la prescripción de la facultad de ejecución de la sanción contenida en la mencionada Resolución Sancionatoria (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011); sin embargo, al no obtener respuesta alguna por parte de la Administración Tributaria, por memoriales . presentados el 15 de septiembre de 2017 y 27 de agosto de 2018, reiteró su solicitud.

de prescripción; circunstancia bajo la cual, el ente fiscal emitió el Auto Administrativo 391720000003 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00003/2018) de 29 de enero de 2018, ahora impugnado, que resolvió rechazar su solicitud de prescripción y ordenando que se prosiga con la ejecución tributaria iniciada mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 00496 de 31 de enero de 2017, sea de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492.

Conforme a los antecedentes señalados, es pertinente considerar que el presente caso se

encuentra en etapa de ejecución tributaria, precisión que es importante resaltar, toda vez que la entidad ahora recurrente, formuló oposición invocando prescripción extintiva, aduciendo que la facultad de la Administración Tributaria para proceder a la ejecución de la sanción consignada en la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011 se encuentra prescrita; sin embargo, corresponde aclarar que la determinación asumida a través de la referida Resolución Sancionatoria, en la que se estableció la sanción, no fue objeto de impugnación dentro del plazo establecido en el artículo 143 de la Ley 2492, es decir, dentro del plazo de veinte (20) días a partir de la notificación con el referido acto administrativo, constituyéndose en consecuencia, en Título de Ejecución Tributaria de acuerdo al artículo 108 del Código Tributario; en ese entendido, es pertinente señalar que la prescripción extintiva que ahora nos ocupa analizar, se encuentra circunscrita a examinar si en el presente caso se materializó o no la prescripción en cuanto a la facultad de ejecución de la

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sanción relativa al Título de Ejecución Tributaria (Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 (CITE: ŠIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011).

En ese entendido, corresponde enfatizar que el cómputo de la prescripción de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492, antes de las modificaciones establecidas en la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, establece textualmente en su parágrafo III que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los dos (2) años; en ese contexto, considerando que la Resolución Sancionatoria No 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011), fue notificada por cédula el 28 de agosto de 2012, no habiendo ejercido el sujeto pasivo sobre la citada actuación su derecho a la impugnación conforme se tiene dicho precedentemente dentro del plazo establecido al efecto; esto es hasta el 17 de septiembre de 2012, originó que el 18 de septiembre de 2012, la nombrada Resolución Sancionatoria adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria. ”

En este punto del análisis, es preciso señalar que en el artículo 108 parágrafo 1 del Código Tributario, se encuentran listados los Títulos de Ejecución Tributaria y en mérito a los cuales la Administración Tributaria ingresa a la fase de ejecución; al efecto, el numeral 4 del Código Tributario, dispone: “1. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen. (…); en tal sentido se establece que la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 (CITE: – SIN/GDLP/DJCCIUJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, adquirió la calidad de título de ejecución tributaria; por ende, la Administración Tributaria tenía plena facultad para ejecutar la sanción establecida en dicho acto administrativo, a partir del momento en el cual se declaró firme y ejecutoriado.

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En el caso bajo análisis y de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo III del artículo 60 de la Ley 2492, el cómputo de la prescripción se inició a partir del 18 de septiembre de 2012, fecha en que la referida Resolución Sancionatoria adquirió la calidad de título de ejecución tributaria; momento a partir del cual se inició el cómputo del plazo de dos (2) años para la prescripción solicitada, término que feneció el 18 de septiembre de 2014; encontrándose en consecuencia a la fecha, prescrita las facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción consignada en la Resolución Sancionatoria No

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1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, conforme el siguiente cuadro:

CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓ

FECHA DE 

ACTO ADM.

PLAZO DE 20 INICIO DEL PLAZO DE | CONCLUSIÓN

CÓMPUTO DE PRESCRIP. | TÉRMINO DE TIMPUGNACIÓN | PRESCRIPCIÓN DE

PRESCRIPCIÓN 

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Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 

(CITE: SIN/GDLP/DJCC/U JT/RS/1976/2011) 

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En virtud al detalle consignado en el cuadro que antecede, corresponde destacar que para ejecutar la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011), la Administración Tributaria tenia el plazo de 2 años computables a partir de que el citado acto administrativo adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, esto implica, a partir del 18 de septiembre de 2012 y concluía el 18 de septiembre de 2014; plazo en el cual la Administración Tributaria tenía el deber de efectuar el cobro total de la sanción establecida en la referida Resolución Sancionatoria; sin embargo, no hizo efectivo dicho cobro dentro del plazo previsto por Ley.

Con relación al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que el cómputo de la prescripción de sus facultades para ejecutar sanciones administrativas se inició desde la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331720000499, corresponde señalar que conforme lo explicado ut supra, la Resolución Sancionatoria No 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, por medio de la cual se estableció la sanción en contra de la entidad ahora recurrente, al no haber sido impugnada dentro del plazo previsto por Ley, adquirió la calidad de título de ejecución tributaria conforme lo dispuesto en el artículo 108, parágrafo | numeral 4 de la Ley 2492, no siendo necesario iniciar el cómputo para ejecutar la sanción a partir de la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria como erradamente señala el sujeto activo, al existir un acto administrativo firme y con la suficiente fuerza ejecutiva que en el caso bajo análisis se halla constituida por la

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Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011); en consecuencia, corresponde desestimar dicho argumento.

Respecto al argumento del Ente Fiscal en sentido de que el término de la prescripción fue interrumpido con los memoriales presentados por el contribuyente en fechas 3 de julio, 21 de agosto y 15 de septiembre de 2017 en los que solicitó la prescripción de las facultades de ejecución con las que cuenta el Ente Fiscal; corresponde señalar que el artículo 5 del DS 27310 faculta al sujeto pasivo o tercero responsable a solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en etapa de ejecución tributaria; en tal sentido, se tiene que la legislación boliviana concibe a la figura de prescripción como un medio de defensa que debe ser planteado como excepción ante una acción o acto de la Administración Tributaria; en ese contexto, los memoriales presentados… por la entidad ahora recurrente. solicitando la prescripción de las facultades de ejecución del Ente Fiscal, no se constituyen en una medida interruptora del término de la prescripción como de forma errada afirma la Administración Tributaria; por el contrario, dicha acción denota la manifestación de su voluntad, a efectos de que. el sujeto activo no pueda exigir el pago de la sanción impuesta, consecuentemente, no corresponde lo aseverado por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de impuestos Nacionales

.

Con relación al argumento de la Administración Tributaria por el que refiere que a la fecha de notificación del Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331720000499 se encontraba en plena vigencia las modificaciones introducidas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 al parágrafo IV del artículo 59 del Código Tributario, normativa que es plenamente aplicable al presente caso; corresponde señalar que, al haberse establecido que el inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución de la sanción dentro del presente caso, ocurrió el 18 de septiembre de 2012, se evidencia que dicha circunstancia aconteció antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, en consecuencia, atañe indefectiblemente la aplicación del cómputo previsto en los artículos 59, parágrafo III y 60 parágrafo III de la citada Ley 2492 sin modificaciones; consecuentemente, el argumento del Ente Fiscal sobre este punto no es pertinente.

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Con referencia a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013 realizada por el Ente Fiscal, corresponde señalar que dicho acto administrativo realiza el análisis sobre las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda

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Setema de Gestio

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tributaria e imponer sanciones por contravenciones en la gestión 2013, de lo que se advierte que los fundamentos reflejados en el mismo, se sustentaron en hechos y circunstancias distintas a los manifestados en la presente impugnación, en consecuencia no corresponde su aplicación al presente caso. .

Respecto al argumento del Ente Fiscal en sentido de que la entidad recurrente sólo peticiona la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y no de la ejecución de la sanción, en consecuencia, solicita emitir pronunciamiento únicamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada y no sobre otros puntos que no fueron impugnados, respetando el principio de congruencia a fin de no emitir resoluciones extra o ultra petita; corresponde aclarar que, de la lectura del citado Recurso, se advierte que en sus partes pertinentes, expone de manera textual lo siguiente: “(...) Se debe considerar que la Administración Tributaria tiene un plazo perentorio para hacer valer sus derechos (...)

en ese sentido respecto a la prescripción de ejercer la facultad de Ejecución Tributaria 

en el caso de sanciones administrativas se tiene el término de (...) es decir en el presente caso se ha notificado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos con la Resolución Sancionatoria el 28 de agosto de 2012 y la Administración Tributaria tenía el plazo para ejercer su facultad de ejecución hasta el 28 de agosto de 2016, sin embargo, a la fecha no se efectuó ninguna diligencia respecto a la ejecución de la sanción impuesta mediante Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 (las negrillas son nuestras).

El señalado Recurso en su petitorio, refirió: “4...) solicitamos a su autoridad la revocatoria del Auto Administrativo (...) y se declare prescrita la facultad de ejecución por parte de la Administración Tributaria con relación a la Resolución Sancionatoria CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) (el resaltado es nuestro); de lo transcrito, se evidencia que no es cierto que la entidad ahora recurrente no hubiera planteado la prescripción de la facultad de ejecución de sanciones, contrariamente se advierte que

los argumentos sobre tal aspecto fueron expuestos de manera clara y explícita, por lo tanto, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto.

.

Con relación a la teoría de los derechos adquiridos que da cuenta la Administración

Tributaria, corresponde señalar que dicha teoría carece de fundamentación legal, toda. vez que no se encuentra incorporada en ninguna disposición normativa de carácter general, por ende, al no tener respaldo normativo, no se constituye en un fundamento

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suficiente a efectos de respaldar el rechazo de la prescripción planteada por el recurrente, consecuentemente, corresponde desestimar tal argumento.

Respecto al argumento. expuesto por el recurrente en el que señala que no corresponde la aplicación de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 al presente caso, en sujeción al artículo 150 de la Ley 2492, que dispone que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean beneficiosas al sujeto pasivo; es menester referir que de acuerdo a los fundamentos de orden fáctico y legal expuestos precedentemente, el análisis del presente caso, se circunscribió precisamente dentro del marco normativo previsto por el artículo 59 parágrafo l de la Ley 2492 sin modificaciones, al tratarse de una sanción impuesta mediante la Resolución Sancionatoria No. 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, que luego de ser notificada al sujeto pasivo, adquirió la calidad de título de ejecución tributaria el 18 de septiembre de 2012, es decir con anterioridad a la puesta en vigencia de la referida Ley 291; consecuentemente, el argumento expuesto por el recurrente no amerita mayor pronunciamiento.

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Conforme a los fundamentos expuestos, se concluye que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción establecida en la Resolución. Sancionatoria. No 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011, *** se encuentra prescrita considerando que transcurrió el plazo de 2 años establecido en el artículo 59 parágrafo III de la Ley 2492 sin modificaciones, término que comenzó el 18 de septiembre de 2012, fecha en la que el citado acto administrativo adquirió firmeza, y concluyó el 18 de septiembre de 2014, lo que implica que a la fecha se llegó a materializar la prescripción extintiva alegada por la entidad recurrente; consecuentemente, corresponde revocar el. Auto Administrativo NO 391720000003 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CCIAUTA/00003/2

9 de enero de 2018, emitido por la Gerencia Distrital la Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894;

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Juan Carlos Guzmén Ruiz

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamạchiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo N° 391720000003 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00003/2018) de 29 de enero de 2018, emitido por la Gerencia Distrital la Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de ejecución de la sanción contenida en la Resolución Sancionatoria N° 1976/2011 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1976/2011) de 20 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

Gemio Carpio

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

Portretas 

Registrese, hágase saber y cúmplase.

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Lic. Cecilla Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional 

Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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Juan Carlos

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