ARIT-LPZ-RA-1308-2019 Resolución Determinativa confirmada. El contribuyente interpone solicitud de prescripción, sin embargo, la Administración Tributaria se encontraba dentro de su facultad para determinar adeudos tributarios e imponer sanciones.

ARIT-LPZ-RA-1308-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLU 

DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1308/2019 

Recurrente: 

Guillermo Laguna Arteaga 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa No 171925001030 (SIN/GDLPZ 11/DFIŠVI/RD/942/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0889/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 25 de noviembre de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1308/2019 de 22 de noviembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171925001030 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RD/ 942/2019) de 8 de julio de 2019, resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Guillermo Laguna Arteaga, que ascienden a 22.238 UFV’s por tributo omitido, más intereses y la sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los periodos fiscales enero y mayo 2011. Asimismo, estableció la multa de 1.500 UFV’s, por Incumplimiento a Deberes Formales según Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 0017815

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Guillermo Laguna Arteaga, mediante nota presentada el 16 de agosto de 2019, cursante a fojas 9-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

Como señala la Vista de Cargo N° 291925000214 y la Resolución Determinativa No 171925001030, la Administración Tributaria activó sus facultades de revisión y control sobre hechos producidos en la gestión 2011, observando que las facturas emitidas en los periodos fiscales enero y mayo 2011, no han sido declaradas correctamente, derivando en la determinación de adeudos tributarios que corresponden a hechos producidos hace más de 5 años.

Conforme lo dispuesto en el artículo 59, numeral 2 parágrafo I de la Ley 2492, vigente hasta antes de las modificaciones introducidas mediante las Leyes 291, 317 y 812, prescribirán a los 4 años las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria; asimismo, el numeral 3 de la precitada disposición normativa, dispone que prescribirán a los 4 años las facultades del Ente Fiscal para imponer sanciones administrativas y según lo establecido en el artículo 60 parágrafo I, el término de prescripción se

tará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

En el presente caso, es importante tomar en cuenta que no aplica la suspensión del curso de prescripción por seis (6) meses según lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 62 de la Ley 2492, debido a que la Orden de Verificación No 2516OVI00252 fue notificada el 27 de septiembre de 2018, cuando las facultades de la Administración Tributaria se encontraban prescritas, debido a que el computo del curso de la prescripción de los hechos producidos en los periodos enero y mayo 2011, se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, consecuentemente, al 2 de enero de 2016, operó la prescripción prevista en el artículo 59 de la Ley 2492.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2492, las normas tributarias regirán a partir de su publicación, principio que está consagrado en la Constitución Política del Estado, no siendo posible aplicar retroactivamente las modificaciones

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introducidas al artículo 59 de la Ley 2492 mediante las Leyes 291, 317 y 812, puesto que la verificación realizada corresponde a la gestión 2011, año en que no solo se produjeron los hechos gravados sino también el vencimiento para el pago respectivo; consecuentemente, corresponde la aplicación del término de cuatro años para el cómputo de la prescripción, que inició el 1 de enero de 2012. Conforme lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 59-1, 60-1 y 62 del Código Tributario, vigentes con anterioridad a las modificaciones introducidas por las Leyes 291, 317 y 812, solicita la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para verificar, fiscalizar tributos, determinar adeudos tributarios e imponer sanciones administrativas por el IVA e IT de los periodos fiscales enero y mayo 2011.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171925001030 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/942/2019) de 8 de julio de 2019.

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Guillermo Laguna, fue admitido por Auto de 22 de agosto de 2019, notificado mediante cédula a la Administración Tributaria y al récurrente el 2 y 5 de septiembre de 2019 respectivamente; fojas 15-22 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 17 de septiembre de 2019, cursante a fojas 25-38 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

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El procedimiento de determinación fue llevado a cabo cumpliendo el procedimiento establecido en los artículos 95 al 104 de la Ley 2492, cumpliendo a cabalidad los aspectos previstos en dicha normativa, evidenciándose en la emisión de la Orden de Verificación, Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. Recalca que a la notificación con la vista de Cargo, el contribuyente no presentó descargos, no desvirtuando los reparos preliminarmente señalados, incumpliendo los artículos 70, 76, 77, 81 y 98 de la Ley 2492.

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El proceso se encuentra debidamente sustentado, ya que se analizó y valoró la información contenida en el software Libro de Compras y Ventas IVA declaradas por los proveedores y clientes a través del Módulo Da Vinci, declaraciones juradas y verificación del módulo GAUSS; ratificando todas las apreciaciones referidas en la Resolución Determinativa, generando un saldo a favor del fisco por el Impuesto al Valor Agregado e Impuestos a las Transacciones por los periodos fiscales enero y mayo 2011. Del proceso de verificación realizado, se constató que las facturas presentadas por el contribuyente no fueron declaradas correctamente, asimismo, no presentó ningún medio probatorio de pago de los correspondientes impuestos que le corresponde, confirmando que el contribuyente omitió el pago de tributos respecto a sus declaraciones juradas.

La proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron los principios vivificadores del proceso de determinación, sobre las facturas emitidas y posteriormente anuladas por el contribuyente durante los periodos enero y mayo 2011 y haciendo uso del método de determinación fijado en el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, sobre base cierta, tomando en cuenta la información de la base de datos corporativa del Servicio de Impuestos Nacionales, que permitieron conocer en forma precisa, directa e indubitable, los hechos generadores del tributo.

El contribuyente en la fundamentación de su Recurso de Alzada, manifiesta que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos por los periodos fiscales enero y mayo 2011 se encuentran prescritas; sin embargo, realiza una interpretación errónea de la normativa tributaria y sus modificaciones; toda vez que si bien la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho y permite la extinción de los derechos y de las acciones, no es menos evidente que para que opere la misma se necesita como único requisito el trascurso del tiempo, el cual se encuentra regulado por la Ley.

Si bien los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, establecían que las acciones de la Administración Tributaria prescribían a los cuatro años; sin embargo, dicho plazo fue modificado por las Leyes 291, 317 y 812, esta última que establece el plazo de 8 años para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, siendo la norma legal vigente aplicable en el presente caso y de cumplimiento obligatorio en todas las instancias

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administrativas, considerando la presunción de constitucionalidad de conformidad a los establecido en el artículo 5 de la Ley 027 – Ley del Tribunal Constitucional. Plurinacional, en ese sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción para los periodos enero y mayo 2011, inició el 1 enero 2012 y concluye el 31 de diciembre de 2019.

Desde la vigencia de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el instituto de la prescripción se encuentra regido por un plazo único de 8 años, lo que implica que los actos administrativos notificados en vigencia de dicha disposición normativa, se encuentran sujetos a la misma; consecuentemente, en el presente caso, la Resolución Determinativa N° 171925001030 de 8 de julio de 2019, fue notificada el 29 de julio de 2019, es decir, en vigencia de la Ley 812, correspondiendo su aplicación.

La prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria, se suspendió por un lapso de 6 meses, al haber procedido la Administración a la notificación legal al contribuyente con la Orden de Verificación N° 25160VI00252 el 31 de agosto de 2018, así se establece en razón al análisis efectuado por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia 013/2013 de 6 de marzo de 2013.

En base-a-los argumentos de orden fáctico y legal establecidos, la deuda tributaria determinada contra el contribuyente no se encuentra prescrita, por lo que se tiene que a la gestión 2019 (gestión en la cual fue notificada la RD), encontrándose dentro del plazo para poder ejercer sus facultades para determinar la deuda. Se tiene que el cómputo de la prescripción del IVA e IT, se inició a partir del 1 de enero de 2012, de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2019 de conformidad al parágrafo II del artículo 2 de la 812; sin embargo se extendió por 6 meses más en virtud de la notificación al contribuyente con la Orden de Verificación No 2516OV100252, de conformidad al artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492, el plazo de prescripción inicio el 1 de enero de 2012 y concluirá el 30 de junio de 2020, notificándose al sujeto pasivo con la Resolución determinativa N° 171925001030 ahora impugnada el 29 de julio de 2019, quedando demostrado la inexistencia de la

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extinción por prescripción de sus facultades para determinar la deuda tributaria

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respecto al IVA e IT por los periodos fiscales enero y mayo 2011.

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Las modificaciones efectuadas por la Ley 812, no pueden afectar a los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, aspecto que implicaría la aplicación retroactiva de la Ley; no obstante, si pueden afectar a las situaciones de expectativa o derechos expectativos, que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento, hecho que no constituye la aplicación retroactiva de la Ley. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que la Ley 812, es plenamente aplicable conforme a la Teoría de los Derechos adquiridos, respecto a situaciones que constituyen meras expectativas, por no haberse perfeccionado el derecho, al encontrarse sujetas a las futuras regulaciones que la Ley introduzca.

El derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio del titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, no ocurre los mismo con los derechos expectativos que carecen de relevancia jurídica y pueden ser modificados o extinguidos por el legislador; la Ley 812, no puede afectar los derecho adquiridos, lo cual implicaría una aplicación retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa, que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento, por cumplimiento, requisitos o una condición establecida por Ley para consolidar el derecho.

El presente caso no se considera una aplicación retroactiva de la Ley, como señala el contribuyente, además señala que, la prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho adquirido o una situación expectativa; ya que si se cumplió el término de la prescripción y si el mismo ya operó, se estaría aplicando la legislación anterior, considerándose un derecho adquirido, empero si la prescripción no operó, solo se constituye en una situación expectativa, consecuentemente, esta obligación tributaria nunca se consolidó, pudiendo ser modificada, como sucedió con la promulgación de las Leyes 291, 317 y finalmente la Ley 812.

Si bien el contribuyente en la gestión 2011 (enero y mayo), es decir, antes de la vigencia de la Leyes 291, 317 y 812, tenía el derecho expectaticio de acogerse al artículo 59 de la Ley 2492 (Prescripción de las deudas en 4 años), antes de que este artículo quedara modificado y entraran en vigencia las señaladas Leyes. Resalta que durante la gestión 2012 se cambiaron los plazos del cómputo de la prescripción, es decir, mientras aún la prescripción del contribuyente no era un derecho adquirido y firme del contribuyente.

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La Administración tributaria ejerció sus facultades de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por contravenciones durante el desarrollo de una verificación de los periodos fiscales enero y mayo 2011, dentro del alcance establecido por la Ley 812, que dispone un término de prescripción de 8 años, siendo que de acuerdo con el artículo 60, parágrafo I de la mencionada Ley, la prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 30 junio de 2020; consecuentemente las acciones de determinación de la deuda e imposición de sanciones administrativas, aun no se encuentran prescritas. Al efecto cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014, AGIT-RJ 1283/2017 y la Sentencia Constitucional No 1110/2002.

El artículo 150 de la Ley 2492, establece la retroactividad de las normas tributarias en tanto supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, o que de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo; en ese entendido, corresponde tener en cuenta que la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171925001030 de 8 de julio de 2019, se efectuó el 16 de agosto de 2019, es decir, en vigencia a las modificaciones del artículo 59 de la Ley 2492, al respecto cita la Sentencia Constitucional 125/2004-R.

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Al no estar regulada la aplicación ultractiva de la norma tributaria en el artículo 150 de la Ley 2492, se debe aplicar estrictamente las modificaciones introducidas a la Ley 2492; consecuentemente, el cómputo de la prescripción se debe efectuar en base a la normativa legal vigente. Asimismo se debe considerar que la Ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica a situaciones jurídicas consolidadas antes de su vigencia, salvo que la ley determine lo contrario; al efecto cita las Sentencias Constitucionales

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En ese contexto la aplicación de la Ley 812, no puede afectar a los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, lo cual implicaría una aplicación retroactiva de la Ley, pero puede afectar a-las situaciones de expectativa, que aún no se consolidaron, siendo que no se considera que se trate de una aplicación retroactiva de la Ley y menos aún sobre términos de prescripción más prolongados;

consecuentemente, al momento de la publicación y puesta en vigencia de las Leyes VE VoBo

291 y 317, las facultades de la Administración Tributaria por los periodos fiscales enero y mayo 2011 aún se encontraban vigentes, debido a que con la entrada en vigencia de

dichas disposiciones normativas, el término de prescripción se amplió de 4 a 10 años e Guzman Auto y posteriormente con la Ley 812 dicho plazo se redujo a 8 años, llegando a ser más

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beneficioso para el contribuyente; consecuentemente sus facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por los referidos periodos fiscales no se encuentran prescritas.

El Principio de Igualdad Procesal, no solo establece la igualdad de oportunidades y derechos que deben tener las partes dentro de un proceso, sino que además implica que las Autoridades Administrativas y Judiciales al momento de emitir un fallo, deben uniformizar la jurisprudencia, en sentido de mantener líneas de aplicación de la Ley uniformes; al respecto, cita la Sentencia Constitucional 0493/2004-R y solicita que respecto al cómputo de la prescripción se considere el razonamiento jurídico expresado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-0257/2019 de 18 de marzo de 2019, AGIT-RJ-152/2019 de 19 de febrero de 2019 y AGIT-RJ-1283/2017 de 26 de septiembre de 2017.

Se debe tener presente que se presume la legalidad y buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 28 de la Ley 1178. Asimismo, solicita la aplicación del principio de congruencia como elemento del debido proceso; al respecto, invoca el Auto Supremo N° 55 de 1 de abril de 1998 y la Sentencia Constitucional 2016/2010-R de 9 de noviembre de 2010.

Se debe considerar que la Resolución Determinativa no es un acto administrativo independiente y que por sí mismo equivalga a todo el procedimiento determinativo, siendo el resultado de un conjunto de actos vinculados dialécticamente, con la consiguiente aplicación del tipo de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente; consecuentemente, corresponde tomar en cuenta toda

la prueba respecto a las actuaciones administrativas y valoradas de manera integral, en forma conjunta con la Resolución Determinativa.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 171925001030 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/942/2019) de 8 de julio de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 18 de septiembre de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218

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del Código Tributario, actuación notificada por Secretaria al recurrente y a la Administración Tributaria el 18 de septiembre de 2019, fojas 39-40 de obrados.

Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2019; la Administración Tributaria, ratificó en calidad de prueba pre-constituida el expediente administrativo en su integridad, que fue presentado à momento de dar respuesta al Recurso de Alzada, prueba que consiste en los antecedentes administrativos correspondientes a la Resolución Determinativa N° 171925001030 (SIN/GDLPZ II/DF/SI/RC/942/2019) de 8 de julio de 2018; al efecto, por Proveído de 1 de octubre de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 2 de octubre de 2019; fojas 41-43 de obrados.

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11.5 Alegatos Mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2019; Ranulfo Prieto Salinas se apersonó en calidad de Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales; ‘expuso sus alegatos ratificando in extenso el contenido del memorial de respuesta Negativa al Recurso de Alzada; al efecto, con Proveído de 23 de octubre de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 23 de octubre de 2019; fojas 44-46 de obrados.

El recurrente, mediante nota presentada el 28 de octubre de 2019, presentó alegatos en conclusiones, enfatizando que conforme lo dispuesto en el artículo 59, numeral 2 parágrafo I de la Ley 2492, vigente hasta antes de las modificaciones introducidas mediante las Leyes 291, 317 y 812 las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria se encuentran prescritas, siendo que dicho cómputo inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015. Asimismo señala que no corresponde la aplicación retroactiva de la Ley 812, toda vez que los periodos fiscales observados corresponden a la gestión 2011; consecuentemente, el plazo de prescripción de 8 años no constituye un término más breve; al efecto, con Proveído de 29 de octubre de 2019,

se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; actuación

notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 30 de octubre de 2019; fojas 47-52 de obrados.

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11.6 Ampliación de plazo para la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada Mediante Auto de Ampliación de Plazo de 18 de noviembre de 2019, se dispuso la prórroga por cuarenta días adicionales para la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada, actuación notificada en Secretaria al representante legal de la empresa recurrente y de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales el 20 de noviembre del mismo año; fojas 53-54 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 27 de septiembre de 2018, notifico mediante cédula a Guillermo Laguna Arteaga, con el formulario 7520 correspondiente a la Orden de Verificación No 2516OV100252, a objeto de la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el débito fiscal IVA Y su efecto respectivo en el IT que se detallan en anexo adjunto, por los periodos fiscales

enero y mayo 2011; requiriendo al efecto la presentación de las declaraciones juradas y Libro de Ventas IVA de los períodos observados, copia del talonario de facturas correspondientes a los periodos observados y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, fojas 9-10 y 14-16 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00178152 de 22 de octubre de 2018, por no entregar la documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, solicitada mediante Orden de Verificación N° 2516OV100252; contraviniendo los numerales 4, 6 y 11 del artículo 70 de la Ley 2492, aplicando la multa de 1500 UFV’s, según el sub numeral 4.1 numeral 4 del Anexo I de la RND 10-0033-16; fojas 17 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo N° 291925000214 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/VC/212/2019) de 17 de mayo de 2019, estableció el tributo omitido de 22.239 UFV’s, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales enero y mayo 2011, en aplicación del artículo 47 de la Ley 2492 (Modificado por el parágrafo I del artículo 2 de la Ley 812) y el artículo 165 de la citada Ley. Asimismo, estableció la Multa de 1.500UFV’s por incumplimiento a Deberes Formales de acuerdo al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

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Procedimiento de Determinación No 00178152. Adicionalmente establece que, en caso de merecer objeción a la presente, según lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492, el contribuyente dispondrá de treinta (30) días calendario, improrrogables, computables a partir de su legal notificación para formular descargos y presentar pruebas; actuación notificada mediante cédula a Guillermo Laguna Arteaga, el 5 de junio de 2019, fojas 63-69 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/INF/3446/2019 de 8 de julio de 2019, concluyó que el contribuyente no presentó ningún tipo de descargos a la Vista de Cargo, confirmando la deuda preliminarmente establecida y recomendó la emisión de la respectiva Resolución Determinativa de acuerdo a la establecido en el artículo 11 Caso 3 de la RND 10-0032-16; fojas 72-74

La Resolución Determinativa N° 171925001030 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RD/ 942/2019) de 8 de julio de 2019, determinó, de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Guillermo Laguna Arteaga, mismas que ascienden a 22.238 UFV’s por tributo omitido, más intereses y la sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los periodos fiscales enero y mayo 2011: Asimismo, estableció la multa de 1.500 UFV’s, por Incumplimiento a Deberes Formales según Acta por Contravenciones Tributarias, Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00178152; actuación notificada por cédula al contribuyente el 26 de julio de 2019, fojas 78-85 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Guillermo Laguna Arteaga, la posición final

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1. Prescripción El recurrente a través de los argumentos de su Recurso de Alzada y alegatos manifiesta que la Administración Tributaria activó sus facultades de revisión y control sobre hechos producidos en la gestión 2011, observando que las facturas emitidas en los periodos fiscales enero y mayo 2011, no fueron declaradas correctamente, derivando en la determinación de adeudos tributarios que atañen a hechos producidos hace más de 5 años, correspondiendo aplicar lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 59-1, 60-1 y 62 del Código Tributario, vigentes con anterioridad a las modificaciones introducidas por las Leyes 291, 317 y 812.

Agrega que como señala la Vista de Cargo N° 291925000214 y la Resolución Determinativa N° 171925001030, la Administración Tributaria activó sus facultades de révisión y control sobre hechos producidos en la gestión 2011, observando que las facturas emitidas en los periodos fiscales enero y mayo 2011, no han sido declaradas correctamente, derivando en la determinación de adeudos tributarios que corresponden a hechos producidos hace más de 5 años.

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, refiere que si bien en el texto anterior de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, establecían que las acciones de la Administración Tributaria prescribían a los cuatro años; sin embargo, dicho plazo fue modificado por las Leyes 291, 317 y 812, esta última que establece el plazo de 8 años para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, siendo la norma legal vigente aplicable en el presente caso y de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas, considerando la presunción de constitucionalidad de conformidad a los establecido en el artículo 5 de la Ley 027 – Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción para los periodos enero y mayo 2011, inició el 1 enero 2012 y concluye el 31 de diciembre de 2019; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

  • La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo:

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

  1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravencionės tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible...

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La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani).

Calie Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo. 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de. inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción,

dispone: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción

de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

El artículo 62 del Código Tributario, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

De inicio corresponde señalar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó declarar la prescripción; sin embargo, esta petición no fue con antelación absuelta por el sujeto activo, toda vez que el acto administrativo impugnado trata de una Resolución Determinativa y no una respuesta a la extinción de la deuda tributaria; no obstante, siendo que la posición que asuma esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, debe estar abocada y enmarcada a dar una respuesta oportuna a todas y cada una de las invocaciones plasmadas en la impugnación así como en hechos, antecedentes y en el derecho aplicable; en ese contexto, procederá a efectuar el análisis de la impugnación presentada para establecer si la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, fue o no dentro del plazo de la prescripción; corresponde mencionar que el sujeto activo en su respuesta a la presente impugnación asumió una posición respecto a la problemática en cuestión; lo que implica que dio su consentimiento a todos los argumentos expuestos por el recurrente, rechazando la petición del sujeto pasivo sin que anteponga ninguna otra circunstancia que evite la revisión del acto administrativo impugnado; consecuentemente, esta Instancia Recursiva procederá a emitir un criterio por un principio de eficacia y economía conforme dispone el artículo 4 incisos j) yk) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, respecto a todos los planteamientos formulados por el recurrente.

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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, con las facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, inició la determinación con la Orden de Verificación No 25160V/00252 correspondiente al Débito Fiscal IVA y el efecto en el IT por ingresos no declarados por Guillermo Laguna Arteaga; como resultado de la citada verificación emitió la vista de Cargo N°291925000214 (SIN/GDLPZ 11/DFISVINC/212/2019) de 17 de mayo de 2019 y posteriormente la Resolución Determinativa N° 171925001030 (SIN/GDLPZ II/DF/SVINC/942/2019) de 8 de julio de 2019, estableciendo sobre base cierta los adeudos tributarios correspondientes al Impuesto a! Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero y mayo 2011, asimismo, la omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310, e

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Justicia tributaria para vivir bien jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

incumplimiento a deberes formales por la no presentación de documentación a la notificación con la Orden de Verificación.

A objeto de abordar la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

Es menester señalar también que el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para el ejercicio de las siguientes facultades: i), controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii). imponer sanciones administrativas; de acuerdo a lo señalado, nuestro Estado mediante esa reforma, amplió el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las

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AUTORÍDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y Il del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley”, en ese entendido, considerando que la Ley 291 establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo 1 del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.

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En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está supeditada no solo a la emisión sino a la notificación del acto definitivo, lo que implica que los actos administrativos notificados en forma posterior a la vigencia de la citada Ley estarán sujetos a dicha normativa, conforme prevé el artículo 32 de la Ley 2341; en ese entendido, la referida Ley 812, establece que las acciones de la Administración Tributária para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescribirán a los 8 años; por tanto, en el presente caso la Resolución Determinativa N° 171925001030 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RD/942/2019) de 8 de julio de 2019, fue notificada por cédula al contribuyente el 29 de julio de 2019, precisamente en vigencia de la Ley 812, como

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consecuencia, el término que corresponde aplicar es de 8 años de forma única y definitiva.

En este punto, resulta pertinente mencionar que conforme el amplio examen normativo

realizado precedentemente, ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedo en vigencia es la Ley 812, de cuya redacción se establece un término fijo de prescripción de ocho (8) años; aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable la aplicación a los actos emitidos y notificados precisamente en vigencia de esta ley; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, de que esencialmente trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, toda vez como mencionamos anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar obligaciones impositivas.

En atención a lo señalado con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas de conformidad al artículo 60 parágrafo ll de la Ley 2492, se inicia: “(…) desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria“; en ese entendido, para el presente caso, de acuerdo al marco legal señalado, respecto a la determinación de deuda tributaria por el Impuesto

al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones por los periodos fiscales enero y mayo 2011, con vencimiento en febrero y junio de 2011 respectivamente, el cómputo de la prescripción inicio el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2019; ahora bien, siendo que la notificación del acto impugnado fue el 29 de julio de 2019, interrumpió el curso de la prescripción, al producir efectos legales conforme establece el artículo 32 de la Ley 2341, lo que implica que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para determinar adeudos tributarios e imponer sanciones administrativas dentro del plazo legal establecido; consecuentemente, la prescripción

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invocada por el ahora recurrente no se encuentra materializada; aspectos que se encuentran plasmados en el siguiente cuadro:

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Del cuadro precedente y conforme lo expuesto anteriormente se tiene que los periodos fiscales observados no se encuentran prescritos; siendo que el Ente Fiscal ejerció sus facultades de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas dentro del plazo establecido por Ley.

Respecto a lo señalado por la Administración Tributaria en relación al cómputo de la prescripción de la deuda determinada de los periodos fiscales observados comenzaría el 1 de enero de 2012 y concluiría el 30 de junio de 2020, cómputo que se extendería por (6) meses por la notificación con la Orden de Verificación No 2516OV100252 al contribuyente Guillermo Laguna Arteaga, según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 2492; corresponde aclarar, que el parágrafo | artículo 62 del Código Tributario, establece que el curso de la prescripción se suspende por, “la notificación e inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de ‘notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses”, en ese contexto legal, el citado presupuesto normativo no es aplicable al caso bajo análisis en razón a que el proceso de determinación fue iniciado a raíz de la notificación con una Orden de Verificación y no así de Fiscalización, actuaciones que difieren en cuanto a su naturaleza, toda vez que el primero tiene un alcance específico y el segundo un alcance más amplio en cuanto a impuestos y períodos a fiscalizar; en ese contexto, no es

evidente la causal de suspensión alegada por el Ente Fiscal.

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Respecto a la teoría de los derechos adquiridos que da cuenta la Administración Tributaria, corresponde señalar que dicha teoría carece de fundamentación legal, toda vez que no se encuentra incorporada en ninguna disposición normativa de carácter general, por ende, al no tener respaldo normativo, no se constituye en un fundamento suficiente a efectos de respaldar el rechazo de la prescripción planteada por el recurrente, consecuentemente, corresponde desestimar tal argumento expuesto por el

Ente Fiscal.

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Con referencia a la cita por parte de la Administración Tributaria de los Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1572/2014 de 17 de noviembre de 2014, AGIT-RJ 1283/2017 de 26 de septiembre de 2017, AGIT-RJ 1283/2017 de 26 de septiembre de 2017 y la Sentencia Constitucional No 1110/2002 de 16 de septiembre de 2002, corresponde

señalar que dichos precedentes ingresan a un análisis respecto a las facultades de Juan Carlos V determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por parte de la Guzmán Ruit Ne vp891) 

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Administración Tributaria, que establecen el respectivo lineamiento con relación a la aplicación de las Leyes. 291, 317 y 812, aspectos que son análogos con el presente análisis. Asimismo, SSCC 1110/2002, la misma establece parámetros de interpretación de leyes desde la Constitución, respecto a la vigencia de las normas emitidas, análisis que sustentaría la aplicación de las Ley 812 en el presente caso, aspecto por el cual se resuelve la solicitud de prescripción por parte del recurrente, en tal sentido, no corresponde mayor análisis sobre estas citas.

Respecto a las citas del Ente Fiscal de las Sentencias Constitucionales 125/2004-R, 1047/2013 de 27 de junio de 2013,0011/2002 de 5 de febrero de 2002 y 1421/2004-R de 6 de septiembre de 2004. por parte del Ente Fiscal; corresponde señalar que estos precedentes analiza la retroactividad de la Ley y la aplicación de la misma en el tiempo, señalando que, la retroactividad ha sido prevista en el ámbito penal, cuando beneficie al acusado y en lo social, cuando de manera expresa determine la misma Ley, concluyendo que, cuando lo prevé que la pena debe fundarse en una Ley anterior, solo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables; cabe señalar que la

s retroactivos, cuando la aplicación de la misma, tenga ya aspectos consolidados antes de su vigencia, en el presente caso, la prescripción establecida en el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones, no era un derecho del contribuyente ya consolidado para el cómputo de la prescripción el cual fue modificado por la promulgación de las Leyes 291, 317 y 812, en este sentido, la aplicación de la Ley 812, estaría vigente en el momento de la notificación del acto ahora impugnado, no existiendo retroactividad de la norma.

Asimismo, respecto a las citas por parte de la Administración Tributaria de las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-0257/2019 de 18 de marzo de 2019, AGIT-RJ 152/2019 de 19 de febrero de 2019 y AGIT-RJ-1283/2017 de 26 de septiembre de 2017, se debe señalar que, los precedentes mencionados realizan un análisis respecto a las facultades del sujeto activo, para controlar, investigar, verificar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones. administrativas, por periodos fiscales de las gestiones 2008, 2010 están incólumes, por la aplicación de la Leyes 291, 317 y 812, aspectos análogos al presente caso, en tal sentido, no corresponde mayor análisis al respecto.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Respecto a los señalado por el recurrente en relación a la aplicación retroactiva de las modificaciones introducidas al artículo 59 de la Ley 2492 mediante las Leyes 291, 317 y 812, debido a que la verificación realizada corresponde a la gestión 2011; es importante señalar, que el artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 291, misma que establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán progresivamente, es decir de 4 años en la gestión 2012 hasta llegar a los 10 años a partir de la gestión 2018, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar deuda e imponer sanciones. El párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 que fue modificado por la Ley 291. La Ley 317 modificó los parágrafos I y II del artículo 60 del Código Tributario, estableciendo que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago respectivo.

Adicionalmente a lo señalado anteriormente, lo previsto en el Artículo 59 de la Ley 2492 fue nuevamente modificado en relación al régimen de la prescripción, instituyendo un plazo único para esta, es decir, 8 (ocho) años, dentro del cual debe ejercer sus facultades de: controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, mediante la promulgación de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, norma que en el momento de la notificación de la Resolución Determinativa No. 171925001030 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/942/2019), es decir, el 29 de julio de 2019, se encuentra vigente, aspectos mencionados anteriormente que desvirtúan la aplicación retroactiva de la norma alegada por el recurrente.

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En el marco de la normativa expuesta y en función del análisis señalado precedentemente, se establece que las facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios e imponer sanciones respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT) conforme normativa específica, correspondiente a los periodos fiscales enero y mayo 2011, se encuentran incólumes, consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa No 171925001030 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RD/942/2019) de 8 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales.

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CABUTARIA.

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Juan Carlos Guzmán Ruiz

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Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171925001030 (SIN/GDLPZ II/DFISVI/RD/942/2019) de 8 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales contra Guillermo Laguna Arteaga; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las. Transacciones (IT), más intereses y la sanción por omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la ley 2492 concordante con el artículo 42 del DS 27310, correspondiente a los periodos fiscales enero y mayo 2011, así como el Incumplimiento a Deberes Formales de 1.500 UFV’s según Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00178152.

impugnacio

1620 megrond

Gonzalo Meriles Lóper

)

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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Hondro

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Vina 

VO

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

NILAI

le Rocsana

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición Mendoza Sya del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de

su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Wa Villalobos

LP 

RÇVD/jcgrlavv/rms/gjml/rir Juan Carlos en Guztnán Ryz

Lid fecilla Velez Dorado

Directora Ejecutiva Regional i Dirección Ejecutiva Regional

Autoridad Regional.de Impugnación 

Tributarla – La Paz 

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