ARIT-LPZ-RA-1307-2019 Resolución Determinativa confirmada. Contribuyente solicitó la prescripción de la facultad de verificación, fiscalización y control, pero en base a una normativa inadecuada al caso concreto.

ARIT-LPZ-RA-1307-2019

AUTORIDAD, DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 1307/2019 

Recurrente: 

Bestpractices International S.A., legalmente representada por Jorge Augusto Schmidt Suárez

Administración Recurrida

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos ..Nacionales, legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171925001079 (SIN/GDLPZ 11/DF/UVİRD/10/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0866/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 25 de noviembre de 2019 

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1307/2019 de 22 de noviembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171925001079 (SIN/GDLPZ 11/DF/UVI/RD/10/2019) de 22 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas de Bestpractices International S.A, por ingresos no declarados por los periodos enero, febrero y marzo 2011, correspondientes al IVA e IT que asciende a 75.998 UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción así como multa por incumplimiento a deberes formales; calificando la conducta

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del contribuyente como omisión de pago conforme lo establecido por el artículo 165

del Código Tributario.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Bestpractices International S.A, representado legalmente por Jorge Augusto Schmidt Suárez, conforme acredita el Testimonio Poder No 864/2016 de 2 de agosto de 2006, mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2019, cursante a fojas 51-56 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria no utilizó la normativa que se encontraban vigente para

resolver hechos sucedidos en el pasado, toda vez que en el acto impugnado refiere que los actos suscitados en el año 2011, debieron acomodarse a las normas que se dictarían el año 2012, es decir, las Leyes 291, 317 y para el año 2016 la Ley 812; al respecto, corresponde considerar que el Tribunal Supremo de Justicia respecto a la prescripción se pronunció a través de la Sentencia 047/2016.

El texto original del artículo 59 de la Ley 2492, señala que prescribirán a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria y el artículo 60 de la citada norma legal establece que el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente, por tanto los hechos acaecidos en la gestión 2011, deben examinarse con Leyes de su tiempo y no así la Ley vigente como pretende el SIN, en tal sentido, es claro que desde la gestión 2016, perdió la facultad de verificar las facturas emitidas durante la gestión 2011; agrega que aplicar la Ley 2492, de manera diferente implica tergiversar el significado de las leyes; al respecto, cita como precedente administrativo el Auto Supremo 153/2017.

El Ente Fiscal aplicó para el computo de la prescripción la Ley 812, que establece un plazo de 8 años y señaló que de acuerdo al artículo 5 de la Ley 027 goza de presunción de constitucionalidad, aspecto que denota la falta de comprensión respecto a la solicitud realizada en el memorial de descargos, toda vez que en ningún momento se negó la constitucionalidad de la norma vigente, sino que se requirió no aplicar la citada. Ley del 2016 a periodos de la gestión 2011; corresponde considerar la tutela existente

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en la normativa boliviana, en cuanto a la irretroactividad y ultractividad de las normas, a objeto de no generar abusos y vulneración de derechos y evitar la ruptura de la seguridad jurídica; el principio general “la ley rige para lo venidero” es fundamental para la existencia del Estado de Derecho, siendo lo contrario la excepción y no una regla, es decir, la aplicación de la Ley 812 a hechos generadores de gestiones pasadas está sujeto a la existencia de una norma tributaria que así lo autorice, aspecto que es concordante con lo establecido en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado 150 del Código Tributario y Auto Supremo 014/2013….

Son inaplicables en materia tributaria las leyes que no estaban – promulgadas a momento del nacimiento de un hecho generador, menos cuando dicha situación genera condiciones menos beneficiosas al contribuyente, en el presente caso, corresponde la aplicación ultractiva de la Ley 2492 sin modificaciones, el alcance de la ultractividad fue aclarado en varios pronunciamientos de los tribunales del país; al efecto cita las Sentencias Constitucionales SPC 08/2014, SC 1421/2004-R, SC 0757/2003-R, Auto Supremo 989/2017; en ese sentido, el cómputo de la prescripción de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2011 inició el 1 de enero de 2012 y. concluyó el 31 de diciembre de 2015 y toda vez que la notificación con la OVI fue el 16 de agosto de 2018, las facultades de la Administración Tributaria se encuentran prescritas.

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En tal sentido, amparados-en lo que dispone la norma-suprema, la norma específica y ** la línea jurisprudencial aplicable, la norma tributaria solo podrá aplicarse retroactivamente cuando supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más

hos de prescripción más breves y que de cualquier manera beneficien

al sujeto pasivo, por tanto no es procedente su aplicación retroactiva en el caso de que la norma nueva disponga términos de prescripción más prolongados, en tales circunstancias se está desconociendo el derecho adquirido y legítimamente constituido por una norma anterior, en resumen, el acto impugnado establece la aplicación de la Ley 812 y un plazo de prescripción más amplio de manera retroactiva, empero ignora la ultractividad de la Ley 2492 sin modificaciones, vulnerando de este modo el ordenamiento jurídico boliviano.

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Por otra parte, la Administración Tributaria evita el cumplimiento de lo resuelto por la Sentencia 153/2017 confirmada por la Sentencia Constitucional 0873/2018, sin considerar que como contribuyente puede acudir al control jurisdiccional mediante demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuya instancia no solo evaluará los actos de la Administración Publica, sino también a la Autoridad de impugnación Tributaria instruyendo cambio de criterio de interpretación de las normas; agrega que la citada Sentencia revocó una Resolución de Recurso Jerárquico en aplicación del tempus regim actum, a cuyo efecto se conminó a la Autoridad de Impugnación Tributaria a aplicar la norma vigente durante la gestión del hecho generador fiscalizado.

Se impuso una multa por incumplimiento a deberes formales; sin embargo, al haber: demostrado la extinción de la presunta deuda tributaria, también corresponde la revocatoria de la multa, debido a que la documentación requerida corresponde a periodos fiscales que se encuentran prescritos, a ello se suma que la Orden de Verificación se inició el 16 de agosto de 2018 por los periodos enero, febrero y marzo 2011; sin embargo, la ley vigente cuando sucedió el hecho generador de los periodos fiscalizados fueron los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones, vale decir con el término de prescripción de 4 años, por tanto el 16 de agosto de 2018 ya no se tenía la obligación de conservar los documentos solicitados por el ente fiscal, siendo esta la razón por la que no se entregó la información solicitada.

  • El acto impugnado en su argumentación desglosa las supuestas omisiones de pago, sin embargo, conforme los argumentos de prescripción antes mencionados, dicho desglose es irrelevante, debido a la inexistente facultad del sujeto activo al fiscalizar, verificar y controlar los actuados de la gestión 2011.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Resolución Determinativa N° 171925001079 (SIN/GDLPZ 11/DF/UVI/RD/10/2019) de 22 de julio de 2019. .

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11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Bestpractices International S.A. legalmente representada por Jorge Augusto Schmidt Suárez, fue admitido mediante Auto de 16 de agosto de 2019, notificado mediante cédula tanto a la empresa recurrente como a la Administración Tributaria el 29 y 30 de agosto del mismo año respectivamente, fojas. 57-65 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1.de noviembre de 2016, por memorial presentado el 16 de septiembre de 2019, cursante a fojas 68-78 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

El recurrente, a objeto de eludir sus obligaciones con afanes meramente dilatorios. interpreta erróneamente la norma respecto a la prescripción sustentando su petición en lo establecido en el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones señalando que las facultades de la Administración Tributaria habrían prescrito, sin embargo en el acto impugnado de manera fundamentada y motivada se rechazó la prescripción invocada, señalando que el artículo 59 de la Ley 2492 sufrió modificaciones por la disposición adicional quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y posteriormente por la disposición derogatoria-y-abrogatoria-primera de la Ley 317 de 11 de diciembre dei 2012.

Es preciso puntualizar que desde la vigencia de la Ley 8.12, el instituto de la prescripción se halla nuevamente regido por un plazo único de ocho años, dentro de los cuales el sujeto activo ejerce sus facultades de determinar e imponer sanciones, siendo este plazo de 8 años más beneficioso que el computo progresivo de 10 años que fue establecido en las leyes 291 y 317, en ese sentido, la aplicabilidad de la Ley 812 está en función a su vigencia, lo cual implica que los actos administrativos notificados y emitidos se encuentran sujetos a esta Ley; asimismo, considerando lo establecido en el artículo 60 del Código Tributario el computo de la prescripción se inicia el 1 de enero de 2012 y concluye el 31 de diciembre de 2019, empero la

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Resolución Determinativa ahora impugnada fue notificada a la ahora empresa recurrente el 24 de julio de 2019, por tanto no operó la prescripción.

Respecto al argumento del recurrente referido a la irretroactividad de la norma, señala que la Ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica situaciones jurídicas consolidadas antes de su vigencia, salvo casos excepcionales, las leyes no pueden ser aplicadas en esta modalidad. Por otra parte, la Ley tiene efectos retrospectivos cuando la aplicación toma en cuenta situaciones no consolidadas, aclarando que esta aplicación sí está permitida salvo que la ley determine lo contrario, al efecto cita la Sentencia Constitucional Plurinacional Nos. 1047/2013 de 27 de junio de 2013, las Sentencias Constitucionales 0011/2002 de 5 de febrero de 2002 y 1421/2004-R de 6 de septiembre de 2004; asimismo cita y explica la teoría del “derecho adquirido”.

Por otra parte, solicita considerar las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-0257/2019 y AGIT-RJ-152/2019 a fin de aplicar el principio de igualdad procesal, al efecto hace notar que este principio no solo debe ser comprendido como aquel que prevalece la igualdad de oportunidades y derechos que deben tener las partes dentro de un proceso, sino que también implica que las autoridades administrativas y judiciales al momento de emitir un fallo debe uniformizar jurisprudencia y mantener líneas de aplicación de la Ley de forma uniforme, a cuyo efecto también cita la SC 04983/2004

R de 31 de marzo de 2004.

En relación a la prescripción e imposibilidad de imponer multas que aduce el recurrente, señala que en la Orden de Verificación N° 2516OV100158 se solicitó al contribuyente presentar documentación de respaldo, sin embrago este no presentó ninguna documentación, aspecto que implica incumplimiento a deberes formales por la no entrega de documentación requerida por la Administración Tributaria, por tanto, es correcta la emisión del Acta de Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 178095 de 22 de octubre de 2018, al haber vulnerado los numerales 4 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492 aplicando en consecuencia la multa de 3.000 UFV’S previsto en el artículo 169 de la citada Ley y subnumeral 4.1 numeral 4 del anexo a la RND 10-0033-16; en ese entendido el computo de la prescripción para determinar la

deuda e imponer la multa por incumpliendo a deberes formales, se efectúan de la

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misma manera y corren el mismo computo de la prescripción, por tanto se demuestra que la imposición de sanciones por la mencionada contravención tampoco se encuentra prescrita.

Por otro lado se debe tener presente que se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración tributaria, tal como lo dispone el artículo 28 inciso b) de la Ley 1178; por ultimo solicita el cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 de la Ley 2492 a objeto que esta instancia recursiva se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el recurso de alzada y no sobre otros puntos no impugnados por el ahora recurrente, es decir respetar el principio de congruencia y no emitir resoluciones extra o ultra petita, al efecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0790/2017.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Resolución Determinativa N° 171925001079 (SIN/GDLPZ 11/DFIUVI/RD/10/2019) de 22 de julio de 2019.

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11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 17 de septiembre de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios à ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario; actuación notificada tanto a la empresa recurrente como a la Administración Tributaria recurrida en Secretaría el 18 de septiembre de 2019, periodo dentro el cual la Gerencia Distrital-La Paz II del-Servicio de impuestos Nacionales, mas representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas, mediante memorial presentado el 30 de septiembre de 2019, ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos, adjuntados en la respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 1 de octubre de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada en Secretaría a las partes el 2 de octubre de 2019, fojas 79-83 de obrados.

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Bestpractices International S.A, representada por Gustavo Adolfo Bustillo Portocarrero, mediante nota presentada el 7 de octubre de 2017, ratificó como prueba la documentación cursante en antecedentes administrativos; al efecto, por Proveído de 8 de octubre de 2019, se señaló que previamente el solicitante deberá acreditar su

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interés legal, adjuntando original o fotocopia legalizada de testimonio de Poder con mandato legal expreso, conforme establece el artículo 204 parágrafo II del Código Tributario, actuación notificada por Secretaria el 9 de octubre de 2019; fojas 84-86 de

obrados.

11.5. Alegatos Mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2019, Gustavo Adolfo Bustillo

Portocarrero, en representación de Bestpractices International S.A, formuló alegatos.’ en conclusiones ratificando todos los argumentos expresados en su Recurso de Alzada, haciendo hincapié en la irretroactividad de la norma que prevé el Código Tributario en su artículo 150 y que la Administración Tributaria en sus argumentos de respuesta, basa su argumento en doctrina tributaria denominada “derechos expectaticios”. Por otra parte ratifica su posición respecto a irretroactividad y la ultractividad de la norma tributaria, señalando que el ente fiscal debió aplicar la Ley 2492 sin modificaciones, aspecto que habría sido viable a fin de dar cumplimiento a la

Constitución Política del Estado; al efecto, mediante Proveído de 29 de octubre de

2019, se señaló que previamente el solicitante deberá acreditar su interés legal, adjuntando original o fotocopia legalizada de testimonio de Poder con mandato legal expreso, conforme establece el artículo 204 parágrafo 11 del Código Tributario;

actuación notificada por Secretaría a la empresa recurrente y la Administración Tributaria el 30 de octubre del mismo año; fojas 87-93 y 96 de obrados.

La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2019, formuló alegatos en conclusión ratificando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto por Proveido de 29 de octubre del mismo año, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; fojas 94 95 y 97 de obrados.

11.6 Ampliación de plazo para la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada Mediante Auto de Ampliación de Plazo de 18 de noviembre de 2019, se dispuso la prórroga por cuarenta días adicionales para la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada, actuación notificada en Secretaria al representante legal de la empresa

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recurrente y de la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales el

20 de noviembre del mismo año; fojas 98-99 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Administración Tributaria mediante Orden de Verificación No 2516OV100158 de 29 de junio de 2018, Form. 7520, comunicó al contribuyente Bestpractices International

S.A.; el inicio de la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Débito

  • Fiscal IVA y el efecto en el Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2011, en ese sentido, solicitó documentación respecto de los periodos observados consistente en: Declaraciones Juradas, Libros de Venta IVA, copia del talonario de facturas y otra documentación que solicite el fiscalizador, actuación notificada personalmente el 16 de agosto de 2018, fojas 5-6 de antecedentes administrativos.

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La Vista de Cargo 291925000138 (SIN/GDLPZ 11/DFISVI/00136/2019) de 15 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció un adeudo preliminar de 75.103 UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción del 100% por la conducta tributaria y multa por incumplimiento a deberes formales, por concepto de IVA e IT de los periodos fiscales enero,-febrero y marzo 2011, calificando preliminarmente la conducta de Bestpractices International S.A., como Omisión de Pago de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, sancionándose dicha-conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento a la vivienda de conformidad al artículo 42 del DS 27310, actuación preliminar notificada de forma personal el 26 de abril de 2019; fojas 360-366 de antecedentes administrativos.

Ley

Por notà presentada ante la Administración Tributaria el 20 de mayo de 2019, Bestpractices International S.A., solicitó la prescripción de las facultades de verificación, fiscalización y control, conforme lo previsto en el artículo 59 parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, sin considerar modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317 y el levantamiento de la multa por incumplimiento a deberes formales; fojas 368-369 de antecedentes administrativos.

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La Resolución Determinativa N° 171925001079 (SIN/GDLPZ 11/DF/UVI/RD/10/2019) de 22 de julio de 20119, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia

imponible las obligaciones impositivas de Bestpractices International S.A, por ingresos

no declarados por los periodos enero, febrero y marzo 2011 correspondientes al IVA e IT que asciende a 75.998 UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción, así como multa por incumplimiento a deberes formales; calificando la conducta del

contribuyente como omisión de pago conforme lo establecido por el artículo 165 del

Código Tributario; acto notificado personalmente a la empresa recurrente el 24 de julio

de 2019; fojas 419-431 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-11l de la Ley 3092, se tiene:

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Bestpractices International S.A. en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

IV.2.1. Prescripción 

Bestpractices International S.A. legalmente representada por Jorge Augusto Schmidt Suárez en los argumentos de su Recurso de Alzada y alegatos, señala que la Administración Tributaria no utilizó la normativa que se encontraban vigente para resolver hechos sucedidos en el pasado, toda vez que en el acto impugnado refiere que los actos suscitados en el año 2011, debieron acomodarse a las normas que se dictarían el año 2012, es decir, las Leyes 291, 317 y para el año 2016 la Ley 812, a

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cuyo efecto se debe considerar la Sentencia 047/2016 emitida por el TSJ referida a la prescripción. Desde la gestión 2016, el ente fiscal perdió la facultad de verificar las facturas emitidas durante la gestión 2011, por tanto aplicar la Ley 2492 de manera diferente implica tergiversar el significado de las leyes; al respecto, cita como precedente administrativo el Auto Supremo 153/2017.

El Ente Fiscal aplicó para el computo de prescripción la Ley 812, que establece un plazo de 8 años, aspecto que denota la falta de comprensión respecto a la solicitud realizada en el memorial de descargos, toda vez que no se negó la constitucionalidad de la norma vigente, sino que se requirió no aplicar la citada Ley del 2016 a periodos de la gestión 2011; corresponde considerar la tutela existente en la normativa boliviana, en cuanto a la irretroactividad y ultractividad de las normas, a objeto de no generar abusos, vulneración de derechos resguardar la seguridad jurídica, el principio general “la ley rige para lo venidero” es fundamental para la existencia del Estado de Derecho, siendo lo contrario la excepción y no una regla, es decir, la aplicación de la Ley 812 a hechos generadores de gestiones pasadas está sujeto a la existencia de una norma tributaria que así lo autorice,’ aspecto que es concordante con lo establecido en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado 150 del Código Tributario y Auto Supremo 014/2013.

Són inaplicables en materia tributaria las leyes que no estaban promulgadas a momento del nacimiento de un hecho generador, – menos cuando dicha situación genera condiciones menos beneficiosas al contribuyente, en el presente caso, corresponde la aplicación ultractiva de la Ley 2492 sin modificaciones, cuyo alcance fue aclarado en varios pronunciamientos de los tribunales del país; al efecto cita las Sentencias Constitucionales SPC 08/2014, SC 1421/2004-R, SC 0757/2003-R, Auto Supremo 989/2017; en ese sentido, el cómputo de la prescripción de los periodos enero, febrero y marzo 2011, inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015 y toda vez que la notificación con la OVI fue el 16 de agosto de 2018, las facultades de la Administración Tributaria se encuentran prescritas. Por otra parte, la administración recurrida evita el cumplimiento de lo resuelto por la Sentencia 153/2017 confirmada por la Sentencia Constitucional 0873/2018, sin considerar que como contribuyente puede acudir a las instancias correspondientes a objeto de que se

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valoren los actos del ente fiscal; agrega que la citada Sentencia revocó una Resolución de Recurso Jerárquico en aplicación del tempus regim actum, a cuyo efecto se conminó a la Autoridad de Impugnación Tributaria aplicar la norma vigente durante la gestión del hecho generador fiscalizado.

Se impuso una multa por incumplimiento a deberes formales; sin embargo, al haber demostrado la extinción de la presunta deuda tributaria, también corresponde la revocatoria de la multa, debido a que la documentación requerida corresponde a periodos fiscales que se encuentran prescritos; asimismo, señala que el acto impugnado en su argumentación desglosa las supuestas omisiones de pago, sin embargo, conforme los argumentos de prescripción antes mencionados, dicho desglose es irrelevante, debido a la inexistente facultad del sujeto activo al fiscalizar, verificar y controlar los actuados de la gestión 2011.

La Administración Tributaria, en respuesta señala que el recurrente interpreta de manera errónea la norma, toda vez que de manera fundamentada se rechazó la prescripción invocada señalando que el artículo 59 de la Ley 2492 sufrió modificaciones por las leyes 291 y 317 y que desde la vigencia de la Ley 812, el instituto de la prescripción se halla nuevamente regido por un plazo único de ocho años. En el presente caso, conforme lo dispone el artículo 60 del Código Tributario el cómputo de la prescripción inicia el 1 de enero de 2012 y concluye el 31 de diciembre de 2019, empero la Resolución Determinativa impugnada fue notificada al recurrente el 24 de julio de 2019, por tanto no operó la prescripción. En cuanto a la irretroactividad de la norma señala que la Ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica situaciones jurídicas consolidadas antes de su vigencia, salvo casos excepcionales, además tiene efectos retrospectivos cuando la aplicación toma en cuenta situaciones no consolidadas, al efecto cita la SCP 1047/2013 de 27 de junio de 2013, las Sentencias Constitucionales 0011/2002 de 5 de febrero de 2002 y 1421/2004-R de 6 de septiembre de 2004. .

Solicita considerar las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-0257/2019 y AGIT-RJ 152/2019 a fin de aplicar el principio de igualdad procesal, haciendo notar que este principio no solo debe ser comprendido como aquel que prevalece la igualdad de

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

oportunidades y derechos que deben tener las partes dentro de un proceso, sino que implica que las autoridades administrativas y judiciales al emitir fallo debe uniformizar jurisprudencia y mantener líneas de aplicación de la Ley. En relación a la imposición de la multa, señala que en la Orden de Verificación se solicitó al contribuyente presentar documentación de respaldo, sin embargo, este no lo hizo, lo cual implica aplicar multa por incumplimiento a deberes formales por haber vulnerado los numerales 4 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492; en ese entendido el computo de la prescripción para determinar la deuda, e imponer la multa, se efectúan de la misma manera y corren el mismo computo de la prescripción, por tanto la multa impuesta tampoco se encuentra prescrita; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

.

.

El artículo 59 del Código Tributario (vigente hasta agosto de 2012), establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. İmponer sanciones administrativas. 
  2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a Llos dos (2) años.

.

El artículo 60 del citado Código Tributario, referido al cómputo de la prescripción, fue modificado por la Ley 317, parágrafos I y Il disponiendo: I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

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El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní.

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sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

La Disposición Adicional. Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 
  2. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde (…) 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492 modificado, disponiendo: l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria, 

  1. Imponer sanciones administrativas.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

  1. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde (…) 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos: 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

**

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que mediante Orden de Verificación No 25160V100158 de 29 de junio de 2018, la Administración-Tributaria comunicó a la empresa recurrente, el inicio de la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Débito Fiscal IVẠ y el efecto en el Impuesto a las.”. Transacciones de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2011, proceso que derivó –. en la emisión de la Vista de Cargo 291925000138 (SIN/GDLPZ II/DF/SVINC/00136/2019) de 15 de abril de 2019, actuación preliminar que estableció un adeudo preliminar de 75.103 UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción del 100% por la conducta tributaria y multa por incumplimiento a deberes formales por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2011, calificando preliminarmente la conducta de Bestpractices International S.A., como Omisión de Pago de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, actuación preliminar notificada de forma personal el 26 de abril de 2019, otorgando el plazo de 30 días computables a partir de su notificación para la presentación de descargos, conforme lo previsto en el artículo 98 del Código

Tributario.

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III ILI 

III

Posteriormente, mediante nota de 20 de mayo de 2019, Bestpractices International S.A., invocó prescripción de las facultades de verificación, fiscalización y control de los periodos enero, febrero y marzo 2011, de acuerdo a lo previsto en el artículo 59 parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, sin considerar modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317 y el levantamiento de la multa por incumplimiento a deberes formales; en ese entendido, el Ente Fiscal emitió la Resolución Determinativa No 171925001079 (SIN/GDLPZ 11/DF/UVI/RD/10/2019) de 22 de julio de 2019, que resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas de Bestpractices International S.A, por ingresos no declarados por los periodos enero, febrero y marzo 2011 correspondientes al IVA e IT que asciende a 75.998 UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción, así como multa por incumplimiento a deberes formales; calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago conforme lo establecido por el artículo 165 del Código Tributario.

Bajo ese contexto fáctico, el recurrente en su Recurso de Alzada invocó prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria conforme lo previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones, respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2011; aspecto que se constituye en la problemática a ser resuelta en el presente caso. Hecha la precisión mencionada, resulta necesario establecer que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante, el

ejercicio de esas facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.

En ese entendido, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia

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.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es.el derecho material del tributo. –

Bajo el contexto antes mencionado, es necesario señalar que el artículo. 59 de la Ley 2492, regula el instituto de la prescripción estableciendo que las facultades de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria;’ asimismo, en cuanto a su cómputo su artículo 60 parágrafo I, dispone: “. Excepto en el numeral 4 del parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo” 

.

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.

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Es menester señalar que el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para el ejercicio de las siguientes facultades: i) controlar; investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii) imponer sanciones administrativas; de acuerdo a lo señalado, nuestro Estado mediante esa reforma, amplió el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años, sin embargo, esta ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.

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La disposición legal citada se mantuvo en la Ley 317, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción para cada año establecido en el presente parágrafo, sería respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición que fue dejada sin efecto por la Ley

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia las acciones de la Administración Tributaria prescribirán

a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un

plazo único y definitivo, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley”, en ese entendido, considerando que la Ley 291 establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.’

En mérito a lo señalado y considerando que la Resolución Determinativa ahora impugnada fue emitida y notificada en vigencia de la Ley 812, el plazo de la prescripción a ser aplicado para los periodos enero, febrero y marzo 2011 es de ocho (8) años; al efecto, en cuanto al cómputo del plazo de la prescripción para la facultad de determinación y de imposición de sanciones, el artículo 60 parágrafo I y II de la Ley 2492 como resultado de las modificaciones de las Leyes 291 y 317, respectivamente, dispone que se inicia: “desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivoy “desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria; conforme se puede apreciar la norma citada toma como parámetro para su cómputo el periodo de pago de la obligación tributaria y la comisión de la contravención tributaria.

De manera tal, para las los periodos enero, febrero y marzo 2011 el cómputo del plazo de la prescripción se inició el 1 de enero de la gestión 2012 y debe concluir al 31 de diciembre

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

de 2019; es decir, a los ocho (8) años posteriores de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812, conforme el siguiente cuadro:

CÓMPUTO PRESCRIPCIÓN 

B

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Periodo 

Impuesto | 

..

.

Fecha de | vencimiento

Inicio de

Tiempo Prescripción | Prescripción 

Fiscal 

Fecha Finalización 1 

ión Notificación de Prescripción de

Resolución 

Determinativa 31 de diciembre 2019

* IVA

ene-11

21/02/2011

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IVA

16/03/2011

1 de enero 

2012 1 de enero

2012 1 de enero 

8 años

31 de diciembre 2019

24 de julio de

2019

IVA

mar-11

14/04/2011

2012

8 años

31 de diciembre 2019

Del cuadro precedente, se tiene que el cómputo de la prescripción para los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2011, se inició el 1 de enero de la gestión 2012 y concluye el 31 de diciembre de la gestión 2019, es decir, a los ochos años conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por el Parágrafo II del artículo 2 de la Ley 812; asimismo, se debe considerar que la Resolución Determinativa N° 171925001079 (SIN/GDLPZ IVDFIUVI/RD/10/2019) de 22 de julio de 2019, fue notificada de manera personal al representante legal de la empresa recurrente el 24 de julio de 2019, según se evidencia la diligencia de notificación cursante a fojas 431 de antecedentes administrativos; en ese sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción se interrumpió conforme establece el inciso a) del artículo 61 del citado Código, consecuentemente, las. facultades de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones administrativas por las gestiones antes citadas no se encuentran prescritas.

,

*

*

*

.

  • Respecto a la cita realizada por el recurrente de la Sentencia 047/2016, Autos Supremos

153/2017 de 20 de noviembre de 2017, 014/2013 de 6 de marzo de 2013 y 989/2017, emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, corresponde señalar que las decisiones adoptadas por esta instancia obedecen a un ámbito jurisdiccional ordinario, lo que implica que las determinaciones asumidas rigen para las partes en conflicto que decidieron someter su asunto al ámbito judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones asumidas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito administrativo, toda vez que obedeciendo a la libre determinación de las personas de acudir al ámbito del derecho administrativo, las decisiones asumidas en este ámbito constriñen al cumplimiento de las partes en conflicto respecto a las decisiones asumidas en la esfera administrativa, lo que implica que la libre decisión de la persona de acudir a la vía

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administrativa, separa la posibilidad de acudir a otra jurisdicción; en ese sentido, al

resolverse algún asunto en el ámbito administrativo, dicha resolución no solamente que

obliga al cumplimiento de las partes en conflicto, sino que no puede abarcar a otra jurisdicción y competència, lo resuelto en el ámbito enteramente administrativo. Bajo la lógica señalada, no es permisible la aplicación de ciertos precedentes del ámbito judicial

al ámbito administrativo, como erróneamente pretende el recurrente a través de la cita de las sentencias antes mencionadas, correspondiendo en consecuencia, descartar el

argumento aducido sobre este punto.

Con referencia a la cita del recurrente de las Sentencias Constitucionales 08/2014 de 3 de enero de 2014, 1421/2004-R de 6 de septiembre de 2004 y 0757/2003-R de 4 de junio de 2003; corresponde señalar que la primera ingresa al análisis de un proceso administrativo disciplinario y calificación de faltas disciplinarias de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministério Público abrogada; la segunda está referida a la convocatoria a asamblea ordinaria por parte del Presidente del Directorio de la Mutual La Paz; usurpación de funciones del Comité Electoral, modificación de estatutos de la Superintendencia de Bancos, aplicación de nuevos estatutos que impiden candidaturas al Directorio y la tercera refiere a un proceso penal administrativo de contrabando, por tránsito no arribado de mercaderías, notificación por edictos mediante publicación en el periódico La Patria, omisión en la notificación Agente Despachante de Aduanas y Consignatario; no obstante, en el caso bajo análisis y conforme todo lo relacionado precedentemente, se advierte que la problemática resuelta en las citadas sentencias no refieren específicamente al ámbito tributario relacionado con la ultractividad o retroactividad de la norma, contrariamente analizan aspectos que difieren diametralmente de los supuestos fácticos analizados en el presente caso, en los que se analiza el instituto de la prescripción en materia tributaria; por lo que al no existir analogía jurídica y fáctica, no corresponde su aplicación y así lo entiende la Sentencia Constitucional Plurinacional 1787/2014 de 19 de septiembre de 2014, que respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional estableció: “En ese contexto, se tiene que la vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la regla de la analogía; es decir, que los supuestos fácticos de la problemática resuelta mediante una Sentencia Constitucional, en la que se crea una jurisprudencia deben ser análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse mediante la sentencia en la que se aplicará el precedente 

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obligatorio, por ello la jurisprudencia constitucional juega un papel de primer orden en su aplicación, lo que implica para un mejor entendimiento disgregar su aplicación examinando los alcances de la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales, con el fin de establecer qué parte de ellas asume el carácter obligatorio“. 

En relación al agravio del recurrente relativo a que el acto impugnado desglosa las supuestas omisiones de pago, sin embargo, conforme los argumentos de prescripción expuestos dicho desglose es irrelevante debido a la inexistente facultad del sujeto activo al fiscalizar, verificar y controlar los actuados de la gestión 2011; además respecto a la multa por incumplimiento a deberes formales que le fue impuesta por la no presentación de la documentación requerida, al ser procedente la prescripción también corresponde la revocatoria de la misma; al respecto, es preciso aclarar al recurrente que de acuerdo al análisis realizado en párrafos precedentes es evidente que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria se encuentran vigentes, en ese sentido, siendo que la Resolución Determinativa estableció un tributo omitido, conforme el artículo 165 de la Ley 2492 corresponde la imposición de la sanción por omisión de pago; asimismo, la multa por la contravención es correcta, más aun cuando es obligación del sujeto respaldar sus operaciones gravadas mediante documentación y/o instrumentos públicos, demostrar la procedencia de sus créditos aunque se refieran a periodos prescritos, facilitar las tareas de control, conservar en forma ordenada los registros contables y toda documentación de respaldo de sus actividades, en tanto no prescriba y poner a disposición de la Administración Tributaria en la forma y plazo en que los requiera,

ecto que no sucedió en el presente caso, consecuentemente la observación realizada por el recurrente no corresponde.

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afan 

Bajo los parámetros antes mencionados, se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para determinar la deuda tributaria, dentro del plazo previsto por el artículo 59 de la Ley 2492, modificada por la Ley 812, respecto del IVA e IT correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2011; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 171925001079 (SIN/GDLPZ 11/DF/UVI/RD/10/2019) de 22 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales.

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171925001079 (SIN/GDLPZ II/DF/UVI/RD/10/2019) de 22 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales contra Bestpractices International S.A.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones por los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2011, así como la multa por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales.

Helmpugnacio y

Gonzalo

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la le Rodsana la Mendoza Solve 

a interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable Ma a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplasé.

Milciano

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V RCVD/jcgr/avv/rms/gjml/mhgc

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Lid/Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tributarla – La Paz 

Guzman kui

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