ARIT-LPZ-RA-1306-2019 Auto Administrativo confirmado. El contribuyente solicita prescripción de la facultad de ejecución tributaria, alegando que una vez presentada la Declaración Jurada, esta adquiere calidad de título de ejecución tributaria. No obstante, esto no constituye acto suficiente para el ejercicio de la facultad de ejecución de obligación tributaria por parte del SIN, sino que se requiere la emisión del respectivo Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria.

ARIT-LPZ-RA-1306-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1306/2019 

Recurrente: 

“T C C BOLIVIA” S.R.L., legalmente representada por Walter Mario Morales Reynolds

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N°391925000005 (SIN/GDLPZ IV/DJCCICCIAUT/00001/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0822/2019 

Lugar y Fecha

La Paz, 25 de noviembre de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1306/2019 de 22 de noviembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

afa

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391925000005 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/CC/AUT/00001/2019) de 12 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente “T CC BOLIVIA” S.R.L., manteniendo firme y subsistente el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 331825001475 de 9 de agosto de 2018, emergente de las Declaraciones Juradas Form. 500 (IUE) con N° de Orden 2039114769 del periodo fiscal 12/2012 y 2551759385 del periodo fiscal 12/2014, Form. 94 (RC-IVA) con N° de Orden 2030456654 del periodo fiscal 1/2007 y Form. 400 (IT) con N° de Orden 2038846344 del periodo fiscal 3/2013, 2039855499 del periodo fiscal 6/2013 y

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2040262282 del periodo fiscal 7/2013, hasta el pago total de la deuda tributaria, por no haber cumplido aún el término de la prescripción ni las condiciones establecidas por los artículos 59 y 60 del Código Tributario, debiendo proseguir con las acciones de Cobro Coactivo.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente “TCC BOLIVIA” S.R.L. legalmente representado por Walter Mario Morales Reynolds, conforme se evidencia del Testimonio de Poder N° 596/2019 de 12 de agosto de 2019, mediante notas presentadas el 30 de julio y 14 de agosto de 2019, cursantes a fojas

22-27 y 32 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Si bien se observa la intención de la Administración Tributaria de notificar personalmente el Auto Administrativo N° 391925000005 (SIN/GDLPZ IV/DJCC/CC/AUT/00001/2019), no es menos cierto que la diligencia por un error de mes señala: “…En la ciudad de La Paz, a hora DIEZ (10:00) del día 17 (diecisiete) del mes de AGOSTO el año 2019, se notificó personalmente...”, cuando lo correcto es julio y no agosto, toda vez que se apersonó el 17 de julio de 2019, en ese sentido, se configuró lo previsto en el artículo 88 del Código Tributario, correspondiendo considerar dicha fecha como el momento de la notificación.

De acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, concordante con el artículo 3 de la Ley 2492, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes y/o en vigencia de la Ley 2492, sobre prescripción se sujetaran a la ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de la obligación; en el presente caso al tratarse de las gestiones 2007, 2012, 2013 y 2014, es evidente que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492, precepto aplicable al presente caso y no así las modificaciones contenidas en la Ley 812, ya que dicha norma no remite su aplicación a periodos específicos, hechos generadores u otro parámetro que condicione el momento de su aplicación, entendiéndose de este hecho, que el régimen de prescripción contenido en dichas disposiciones debe ser aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia de acuerdo a lo establecido por el artículo 3 de la Ley 2492, en ese sentido, se tiene que la facultad de sancionar y

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

ejecutar las deudas tributarias, se ajustan al texto vigente en el momento de haberse generado las mismas.

El. artículo 59 de la Ley 2492, señala que prescribirán a los 4 años las acciones o facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar la deuda tributaria, abriéndose procesos de responsabilidad si fuera el caso contra los funcionarios públicos responsables de la inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria previsto por la Ley 1178, siendo necesario también señalar que la figura jurídica de la prescripción extintiva tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona y en este caso al contribuyente y/o sujeto pasivo, respecto al negligente actuar de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace en tiempo oportuno..

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Señala también que si bien las recaudaciones conforman los ingresos del Estado, es función del Servicio de Impuestos Nacionales ejercer sus facultades de determinación, imposición de sanciones y ejecución en un determinado tiempo a efectos de optimizar la recaudación y es en ese entendido, que al tener el presente caso como objeto de Litis, la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, que se inicia el. día siguiente a la presentación de las Declaraciones Juradas de las gestiones 2007, 2012, 2013 y 2014, resulta aplicable las previsiones de la Ley 2492, que reconoce la figura de la prescripción en el caso de la facultad de ejecución tributaria en el plazo de cuatro (4) años, considerando que no existen causales de suspensión y/o interrupción establecidos en los artículos 61 y 62 de la Ley 2492.

La ejecución tributaria se realiza con la notificación de la Declaración Jurada que determine una deuda, siendo que una vez presentada, la misma adquiere calidad de Título de Ejecución Tributaria, en cuyo entendido el cómputo de la prescripción conforme el. parágrafo II del artículo 60 de la Ley 2492, se inicia a partir del día siguiente de la presentación de la Declaración Jurada en cuestión, vale decir, desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, pudiendo la Administración Tributaria ejercer su facultad de ejecución para el cobro de la deuda tributaria desde dicha fecha.

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STA Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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Considerando que los periodos fiscales pretendidos para su cobro por la Administración Tributaria pertenecen a las gestiones 2007, 2012, 2013 y 2014, corresponde aplicar los artículos 59 parágrafo I numeral 4, 60 parágrafo II, 61, 62 y 94 parágrafo II de la Ley 2492, que establecen que prescriben a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y ejecutar la deuda tributaria, además del cómputo de la prescripción, las modalidades de interrupción y suspensión para establecer la misma; en virtud a lo señalado la Administración Tributaria contaba con el plazo de cuatro (4) años para ejercer su facultad de ejecución de la deuda.

En atención a lo señalado se tiene que para el formulario 94 (RC-IVA) del periodo fiscal enero/2007, el término de prescripción se inició al día siguiente de la presentación de .la Declaración Jurada, es decir, el 15 de febrero de 2007 y concluyo el 15 de febrero de 2011, para el formulario 500 (IUE) del periodo fiscal diciembre 2012 el cómputo empezó el 1 de junio de 2013 y concluyo el 1 de mayo de 2017, para el formulario 400 (IT) del periodo fiscal julio 2013 el cómputo empezó el 15 de agosto de 2013 y concluyo el 15 de agosto de 2017, finalmente el formulario 400 (IT) del periodo fiscal marzo/2013, inicio el 16 de abril de 2013 y feneció el 16 de abril de 2017, todo de conformidad a lo establecido en el parágrafo II del artículo 60 de la Ley 2492. De lo referido se tiene que la Administración Tributaria notificó el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331825001475 el 24 de agosto de 2018, mediante el cual se pretende efectuar el cobro por supuestos saldos correspondientes a los periodos fiscales detallados anteriormente, cuando la facultad del Ente de Fiscal para ejecutar la deuda tributaria se encontraba prescrita.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 5 del DS 27310 todo sujeto pasivo y/o contribuyente puede solicitar la prescripción extintiva incluso en la etapa de ejecución, consiguientemente, en aquellos casos en los que la Administración Tributaria conozca la presentación de una Declaración Jurada con un monto a favor del fisco, comienza a computarse el término de prescripción de cuatro (4) años de acuerdo a los artículos 60 parágrafo II, 94 parágrafo Il y 108 numeral 6 de la Ley 2492; consecuentemente, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria de Ejecución Tributaria para los periodos fiscales contenido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se encuentran prescritas.

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Por lo expuesto, al no existir otras actuaciones del sujeto activo que demuestren la suspensión o interrupción de la prescripción, se establece que la facultad de la Administración Tributaria para el cobro del impuesto correspondiente a las gestiones 2007, 2012, 2013 y 2014 se encuentran prescritas; al efecto, cita la Sentencia No 35/2017 del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Constitucional SC 992/2005 R de 19 de agosto de 2005.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar-, totalmente el Auto Administrativo N° 391925000005 (SIN/GDLPZ IV/DJCC/CC/AUT/00001/2019) de 12 de julio de 2019.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Walter Mario Morales Reynolds, en representación legal de “T CC BOLIVIA” S.R.L., fue admitido mediante Auto de 19 de agosto de 2019, notificado de manera personal el 22 de agosto de 2019 al recurrente y por cédula el 30 de agosto de 2019; a la Administración Tributaria; fojas 33-38 de

obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria : La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 16 de septiembre de 2019, cursante a fojas 41-46 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

afa

El contribuyente erradamente infiere que las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria estarían prescritas, toda vez que no identifica ni establece con claridad cuando inicia y concluye el plazo de prescripción en la fase de ejecución tributaria; asimismo, si bien invoca la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de las Declaraciones Juradas detalladas en el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331825001475, realiza una interpretación totalmente errónea de la normativa, llegando incluso a olvidar por completo las modificaciones al Código Tributario, tratando de que se revoquen y se dejen sin efecto las actuaciones de la Administración Tributaria que fueron emitidas dentro del marco normativo, razón por la

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kurag kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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cual resulta pertinente señalar que la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho ý permite la extinción de los derechos y las acciones, siendo necesario que para que opere la misma se necesita como único requisito el transcurso del tiempo, donde la ley es la única que puede establecer, modificar, reducir, ampliar, dichos plazos, ya que lo contrario significaría efectivamente la vulneración a derechos y garantías constitucionales de la Administración Tributaria, previstos por Le

Para el cómputo de la prescripción de las facultades de ejecución tributaria, debió emplear la normativa vigente al momento del hecho generador de las DDJJ’s del RC IVA de 01/2007, IUE de 12/2012 y 12/2014 e IT de 03/2013, 07/2013, en ese sentido y a fin de que el contribuyente pueda comprender correctamente que las facultades de ejecución tributaria no se encuentran prescritas, al respecto, corresponde considerar la Ley 2492 con y sin las modificaciones sufridas por las Leyes 291 y 317.

Es menester definir correctamente la ley que debe ser aplicada a cada periodo fiscal observado y detallado en el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria de acuerdo al hecho generador, de donde se tiene que en relación al cómputo del término de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del RC-IVA-Form. 94 del periodo fiscal enero/2017, corresponde aplicar lo establecido en el numeral 4 del artículo 59 de la Ley 2492 (texto original) el cual instituye, que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán en el término de cuatro (4) años para ejercer la facultad de ejecución tributaria, cómputo que de acuerdo al parágrafo II del artículo 60 del citado cuerpo legal, inicia desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, es decir desde la notificación con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria.

Al respecto, corresponde mencionar que las obligaciones tributarias determinadas por el propio contribuyente mediante declaraciones juradas, conforme lo establecido en el artículo 78 de la Ley 2492, son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta emita y se presumen el fiel reflejo de la verdad; en ese sentido, la auto determinación efectuada por el sujeto pasivo es un acto de declaración de la contribuyente y comunicada a la Administración Tributaria, que podrá ser objeto

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa cuando se compruebe la inexistencia del pago o su pago parcial.

Los tributos determinados por el contribuyente son un acto de declaración a favor de

la Administración Tributaria, es decir, que son las obligaciones en dinero a favor del

  • Estado, constituyendo garantía de las obligaciones tributarias el patrimonio de la

contribuyente o del subsidiario cuando corresponda, conforme lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 2492, preceptos que respaldan el hecho que el contribuyente, al presentar las Declaraciones Juradas con saldo a favor del fisco y no proceder al pago de los mismos en su debido tiempo, determinó la deuda tributaria a ser cobrada, evidenciándose que el contribuyente nunca hizo efectivo el pago de la deuda autodeterminada en dichas declaraciones juradas, incumpliendo lo establecido en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley 2492, convirtiéndose automáticamente en un Titulo de Ejecución Tributaria, aclarando que para la materialización de la facultad de ejecución tributaria, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331825001475 de 9 de agosto de 2018, notificada legalmente al contribuyente el 24 de agosto de 2018 conforme a lo previsto en el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, precepto normativo que determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado en el pago de la deuda tributaria al tercer día de notificado con el PIET, constituyéndose en una intimación que emplaza al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas.

En ese contexto, el cómputo para la prescripción de los cuatro (4) años que establece la Ley para ejercer la ejecución tributaria de dichas declaraciones juradas, se computan a partir del 24 de agosto de 2018 llegando a prescribir recién el 24 de agosto de 2022, razón por la cual resulta evidente que las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda autodeterminada no ha prescrito; cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0707/2015 de 27 de abril de 2015, precedente administrativo del que se deduce con total claridad que el término de la prescripción en etapa de ejecución comienza a computarse a partir de la notificación con el Título de Ejecución Tributaria, es decir con el proveido de inicio de Ejecución Tributaria, conforme el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874; en ese sentido, el término de la prescripción de cuatro (4) años que establece la norma para las acciones de ejecución que ostenta la Administración Tributária, comenzará a

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computarse a partir de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; consecuentemente dichas facultades se encuentran vigentes.

Conforme a lo expresado por el contribuyente, para el cómputo de prescripción de las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria, se debe aplicar la normativa legal vigente al momento del hecho generador; en ese entendido, al momento de responder a la oposición de prescripción solicitada por el contribuyente mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria efectuó el análisis de la prescripción solicitada, verificando el periodo y la gestión en la que el contribuyente no cancelo su deuda tributaria autodeterminada, a fin de poder establecer con claridad que normativa legal correspondía ser aplicada a cada periodo fiscal y gestión, en ese sentido, el Auto Administrativo, realizó la separación de los periodos y normativa legal vigente a momento del hecho generador de donde se tiene que para el RC-IVA del periodo fiscal enero de 2007, se empleó la Ley 2492 sin modificaciones, que establecía el periodo de cuatro (4) años para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria, siendo que dicho cómputo inicia desde la notificación con el PIET que en el presente caso, fue efectuada el 24 de agosto de 2018, razón por la que dicha facultad no se encuentra prescrita.

El recurrente menciona que para las gestiones 2012, 2013 y 2014 se debería emplear las previsiones de la Ley 2492 sin las modificaciones, normativa legal que establece la figura de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria en el plazo de cuatro (4) años, empero no considera que el 22 de septiembre de 2012 entró en vigencia la Ley 291, que en su Disposición Adicional Quinta modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo en su parágrafo IV, que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, categoría en la que también ingresan las deudas autodeterminadas por los contribuyentes; en ese sentido se concluye, que al momento de la presentación y de las Declaraciones Juradas correspondientes al IVE-Form. 500 de los periodos fiscales de diciembre de 2012 y diciembre de 2014 e IT-Form.400 de los periodos fiscales de marzo de 2013, junio de 2013 y julio de 2013, se encontraban vigentes las Leyes 291 y 317 que indican claramente que la facultad para la ejecución de deudas tributarias determinadas es imprescriptible.

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Se debe tener presente que se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, tal como lo dispone el artículo 28 inciso b) de la Ley 1178, concordante con el artículo 65 de la Ley 2492, toda vez que sometió sus actuaciones a todas las disposiciones legales y normas tributarias en vigencia; al efecto, cita la Sentencia Constitucional 0258/2007-R de 10 de abril de 2007; en ese entendido, la Administración Tributaria actuó en plena observancia del debido proceso, en respeto a los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y en el marco de la legalidad, emitiendo todos los actos administrativos enmarcados en las normas tributarias vigentes; en ese sentido, solicita se emita un pronunciamiento en aplicación del principio de congruencia.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 391925000005 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/AUT/00001/2019) de 12 de julio de 2019.

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II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 17 de septiembre de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario; actuación notificada tanto al recurrente como a la Administración Tributaria recurrida en Secretaría el 18 de septiembre de 2019, período dentro el cual la.. Gerencia Distrital La Paz ļl del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2019, ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos adjuntos a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 9 de octubre de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en secretaría a las partes el 9 de octubre de 2019; fojas 47-51 de obrados.

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11.5. Alegatos Por memorial presentado el 22 de octubre de 2019, la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales presentó alegatos ratificando todos los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 23 de octubre de 2019 se dieron por formulados los alegatos, actuación notificada en Secretaría a las partes el 23 de octubre de 2019; fojas 52-54 de obrados.

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El recurrente no presentó alegatos de acuerdo a las condiciones y plazos previstos en el

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dela Caldad CertificadoN77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi.Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

11.6 Ampliación de plazo para la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada Mediante Auto de Ampliación de Plazo de 18 de noviembre de 2019, se dispuso la prórroga por cuarenta días adicionales para la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada, actuación notificada a en Secretaria al recurrente como a la Administración Tributaria el 20 de noviembre de 2019; fojas 55-56 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331825001475 de 9 de agosto de 2018, establece que las siguientes declaraciones juradas se encuentran firmes y ejecutoriadas:

1912.41. 

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  1. 9. SVI

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Títulos de Ejecución Tributaria No Pagadas o Pagadas Parcialmente – Declaraciones Juradas 

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2039114769 12/2012 30/04/2013

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14/02/2007

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1495581 IT 

2038846344 3/2013 15/04/2013

1.753

1497428

400

2039855499 6/2013 15/07/2013

47.534

1496046

400

20402622827 7/2013 14/08/2013

1/2007

400 

3.037

Como consecuencia de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, la Administración Tributaria anunció al contribuyente que dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el citado proveído, a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, acto que fue notificado de manera personal al representante legal de “T CC BOLIVIA” S.R.L. el 24 de agosto de 2018; ‘ fojas 18 y 20 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado a la Administración Tributaria el 17 de septiembre de 2018, “TCC BOLIVIA” S.R.L. a través de su representante legal, señala que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 sin modificaciones, siendo que en la misma no remite su aplicación a periodos específicos; considerando que el objeto de análisis es la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria por los periodos : fiscales de las gestiones 2007, 2012, 2013 y 2014, una vez presentada la Declaración Jurada, esta adquiere calidad de Titulo de Ejecución Tributaria, en cuyo caso la

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

prescripción se computa a partir del día siguiente a la presentación de la Declaración Jurada, en consecuencia prescribe a los cuatro (4) años, la Administración Tributaria no llego a notificar el PIET sino hasta el 24 de agosto cuando ya se encontraba prescrita; fojas 22-26 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante el Auto Administrativo N° 391925000005 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/CC/AUT/00001/2019) de 12 de julio de 2019, resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente “TCC BOLIVIA” S.R.L., manteniendo firme y subsistente el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331825001475 de 9 de agosto de 2018, emergente de las Declaraciones Juradas Form. 500 (IUE) con N° de Orden 2039114769 del periodo fiscal 12/2012 y 2551759385 del periodo fiscal 12/2014, Form. 94 (RC-IVA) con N° de Orden 2030456654 del periodo fiscal 1/2007 y Form. 400 (IT) con N° de Orden 2038846344 del periodo fiscal 3/2013, 2039855499 del periodo fiscal 6/2013. y 2040262282 del periodo fiscal 7/2013, hasta el pago total de la deuda tributaria, por no haber cumplido aún el término de la prescripción ni las condiciones establecidas por los artículos 59 y 60 del Código Tributario, debiendo proseguir con las acciones de Cobro Coactivo;- acto notificado de forma personal el 17 de agosto de 2019 al representante legal de “T CC BOLIVIA” S.R.L.; fojas 34-38 de antecedentes. administrativo.

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  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 21.1-111 de la Ley 3092, se tiene:

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al Gorado análisis de los agravios manifestados por “T CC BOLIVIA” S.R.L. legalmente . representada por Walter Mario Morales Reynolds en el Recurso de Alzada interpuesto;

la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable

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en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se han solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Con carácter previo corresponde señalar que respecto al error evidenciado en la diligencia de notificación efectuada por la Administración Tributaria con el Auto Administrativo No 391925000005 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CCIAUT/00001/2019), donde se consignó como fecha de la notificación personal el 17 de agosto de 2019, cuando correspondía señalar el 17 de julio de 2019; al respecto, resulta necesario indicar que efectivamente la diligencia de notificación cursante a foja 38 de antecedentes administrativos expresan errores en la fecha de notificación; es decir, donde dice 17 de agosto de 2019 debió decir 17 de julio de 2019; no obstante, pese a ser una equivocación en la transcripción de los datos en la diligencia de notificación, de ninguna manera este hecho se constituye en un vicio que obligue a disponer la nulidad de obrados, aspecto que se refuerza aún más si se considera que el contribuyente “TC C BOLIVIA” S.R.L. tomó. conocimiento del Auto Administrativo N° 391925000005, lo que dio lugar a que pueda presentar su impugnación contra dicho acto dentro del plazo legalmente establecido; consecuentemente, no corresponde retrotraer obrados por esta casusa.

1.1. Prescripción El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes y/o con posterioridad a la fecha de reformas que sufrió la Ley 2492, sobre prescripción se sujetan a la ley vigente a momento del nacimiento de la obligación; en el presente caso, al tratarse de las gestiones 2007, 2012, 2013 y 2014, es evidente que los hechos ocurrieron en plena vigencia de dicha Ley, sin modificaciones; además, el presente caso tiene como objeto de Litis, la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, que fue iniciada el día siguiente a la presentación de las Declaraciones Juradas, la Administración Tributaria contaba con el plazo de cuatro (4) años para que prescriban las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y ejecutar la deuda tributaria.

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Continua señalando que, para el formulario 94 (RC-IVA) del periodo fiscal enero/2007, el término de prescripción se inició al día siguiente de la presentación de la Declaración Jurada, es decir, el 15 de febrero de 2007 y concluyo el 15 de febrero de 2011, para el

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formulario 500 (IUE) diciembre/2012 el cómputo empezó el 1 de junio de 2013 y. concluyo el 1 de mayo de 2017, para el formulario 400 (IT) julio 2013 el cómputo empezó el 15 de agosto de 2013 y concluyo el 15 de agosto de 2017, finalmente el formulario 400 (IT) marzo 2013, inicio el 16 de abril de 2013 y feneció el 16 de abril de 2017; la Administración Tributaria llego a notificar el PIET hasta el 24 de agosto de la gestión 2018, cuando la facultad del Ente de Fiscal ya está prescrita; cita la Sentencia N° 35/2017 del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005. –

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– – … –

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que el contribuyente erradamente infiere que las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria están prescritas, sin identificar con claridad cuando inicia y concluye el plazo de prescripción en la fase de ejecución tributaria; por otro lado, si bien invoca la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de las Declaraciones Juradas detalladas en el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria, olvida por completo: las modificaciones sufridas al Código Tributario. Para el cómputo de la prescripción de las facultades de ejecución tributaria, debió emplear la normativa vigente al momento del hecho generador, en ese sentido y a fin de que el contribuyente pueda comprender que las facultades de ejecución tributaria no se encuentran prescritas corresponde aplicar la Ley 2492 con y sin las modificaciones sufridas por las Leyes 291.y 317. ..

– —-

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Prosigue manifestando que el Auto Administrativo hizo la separación de los periodos y normativa legal vigente a momento del hecho generador donde se tiene que para el periodo de enero de 2007, se empleó la Ley 2492 sin modificaciones, conforme a los artículos 59 y 60, en ese sentido, el cómputo empezó desde la notificación con el PIET efectuada el 24 de agosto de 2018 llegando a prescribir recién el 24 de agosto de 2022, razón por la cual dicha facultad no se encuentra prescrita. Por otro lado, el recurrente pretende confundir al mencionar que para las gestiones 2012, 2013 y 2014 se debería emplear las previsiones de la Ley 2492 sin las modificaciones, empero el contribuyente olvida por completo que el 22 de septiembre de 2012 entró en vigencia la Ley 291, que modificó el artículo 59 de la Ley 2492, en ese sentido, se concluye que al momento de la presentación y de las Declaraciones Juradas de las referidas gestiones correspondientes al IUE-Form. 500 e IT-Form. 400, se encontraban totalmente vigentes y.aplicables las Leyes 291 y 317, que indican que la facultad para ejecución de deudas

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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tributarias determinadas son imprescriptibles; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

Él artículo 59 del Código Tributario, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario qu corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

El artículo 60 de la Ley 2492, en su parágrafo II, dispone: En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión. 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

Posteriormente, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo. del parágrafo 1, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: 7. Las acciones de la 

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Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas, II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo / del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades 

de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se

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extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

El artículo 94, parágrafo II de la Ley 2492, establece: 11. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsables y comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, numeral 6, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

El artículo 109 de la disposición legal citada precedentemente en su parágrafo II, establece: Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de oposición: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

Previo a ingresar al análisis respecto a la solicitud de prescripción, corresponde aclarar que esta Instancia Recursiva no ingresará al análisis de la prescripción de la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda

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tributaria e imposición de sanción con las que cuenta la Administración Tributaria Aduanera, toda vez que el acto administrativo impugnado realiza un pronunciamiento en relación a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del tributo omitido, lo que impide analizar aspectos relacionados a un proceso de determinación o sancionador que establezca alguna contravención tributaria u omisión de pago que además no son parte de los antecedentes administrativos arrimados ante esta Instancia de Alzada.

Inicialmente, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo ylo vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, ejecutar la deuda tributaria y las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo; en ese sentido, a continuación se procederá . al análisis de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de

ejecución tributaria.

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1.1.1. Prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria (Ley 2492 texto original) Previo a ingresar al análisis de la procedencia o no de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, solicitada por el ahora recurrente en su Recurso de Alzada, corresponde señalar que el artículo 109, parágrafo II, de la Ley 2492, establece claramente que contra la ejecución fiscal sólo son admisibles tres causales de oposición, entre ellas, cualquiera de las formas de extinción de la deuda tributaria prevista por el Código Tributario; en ese entendido, esta Instancia Recursiva en este punto de análisis se ceñirá al examen de la prescripción invocada por el recurrente, considerando que se encuentra comprendida como causal de oposición a la ejecución tributaria, fase en la que precisamente se

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encuentra el caso en estudio, precisión que resulta necesario resaltar, toda vez que la solicitud de extinción de las obligaciones tributarias no es posible de materializar, en el entendido, que la parte material del tributo continua vigente; empero, es la facultad de ejecución la que se encuentra susceptible de ser declarada prescrita, toda vez que se encontraría fuera de plazo al no haber sido ejercitada en el término previsto en el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, sin modificaciones, al tratarse de deudas autodeterminadas por el contribuyente con anterioridad a producirse las modificaciones a . dicho precepto normativo por las Leyes 291, 317 y 812 inclusive.

En ese contexto y de la revisión de los antecedentes administrativos del presente caso, se tiene que el contribuyente procedió a efectuar la autodeterminación de tributos mediante la presentación de sus Declaraciones Juradas de acuerdo al siguiente detalle:

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IMPUESTO | ORIGENERAL 1496362 RC-IVA | 94 | 2030456654 1/2007

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14/02/2007

Del cuadro precedente se advierte que el contribuyente presentó su declaración jurada correspondiente al RC-IVA (F-94) del periodo fiscal enero 2007, en la que se consigna la deuda tributaria que no fue pagada o pagada parcialmente; al respecto, es pertinente señalar que conforme establece el artículo 94, parágrafo II de la Ley 2492, la deuda

determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada puede ser objeto de ejecución tributaria sin la necesidad de intimación ni determinación administrativa previa cuando el Ente Fiscal compruebe como en el presente caso, la inexistencia de pago o el. pago parcial. En igual sentido, es necesario manifestar que la declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente se constituye en Título de Ejecución Tributaria conforme dispone el artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492, fase que apertura el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria del Ente Fiscal.

No obstante lo señalado, la declaración jurada que adquiere calidad de Título de Ejecución Tributaria (de acuerdo a la previsión del artículo 108 del Código Tributario), no constituye un acto suficiente para el ejercicio de la facultad de ejecución de la obligación tributaria por parte del Ente Fiscal, sino para su materialización se requiere de la emisión del respectivo

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Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de conformidad al artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, precepto legal que establece de manera expresa la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en el parágrafol, artículo 108 de la Ley 2492, señalando lo siguiente: “La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que inicio a la ejecución tributaria”, lo que determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con la mencionada actuación.

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En ese contexto, la Administración Tributaria el 9 de agosto de 2018 emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331825001475, acto que fue notificado al contribuyente el 24 de agosto de 2018, conforme se evidencia a fojas 18 y 20 de antecedentes administrativos, iniciando de esta manera la fase de ejecución de la deuda tributaria originada en la falta de pago de las obligaciones auto-determinadas por el contribuyente correspondiente al RC-IVA (F-94) del periodo fiscal enero 2007, plazo que conforme establece el artículo 60-11 del Código Tributario, empezó a partir del día siguiente hábil de la notificación con el mencionado PIET, conforme se tiene en el siguiente detalle: s,

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IMPUESTO

ORDEN DE TI

PERIODO FISCAL 

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PIETU,

FECHA DE INICIO DELONG NOTIFICACIÓN COMPUTO DE TÉRMINO

DEL PIET.. | PRESCRIPCIÓN 24/08/2018 27/08/2018 4 AÑOS

FECHA DE FINALIZACIÓN 

RC-IVA

20304566541/2007

331825001475

27/08/2022

De acuerdo al cuadro precedente, se establece que el inicio del cómputo de la prescripción para la ejecución de la deuda tributaria auto-determinada por el ahora recurrente mediante la presentación de su declaración jurada detallada del RC-IVA del periodo fiscal enero 2007, se inició a partir del día siguiente hábil de la notificación con el citado Proveído de inicio de Ejecución Tributaria; circunstancia, que para el caso bajo análisis ocurrió el 27 de agosto de 2018, teniendo el Ente Fiscal el plazo de cuatro (4) años para efectuar el cobro total de la deuda tributaria, término que fenecerá el 27 de agosto de 2022, de conformidad a lo dispuesto en el 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004; consecuentemente, bajo las circunstancias legales descritas precedentemente, la facultad de ejecución tributaria de la deuda auto determinada por el contribuyente, respecto a la declaración jurada referida precedentemente se encuentra incólume.

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IV.1.2. Prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria (Ley 2492 con modificaciones) Previo a ingresar al análisis de la procedencia o no de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria en el presente acápite, corresponde señalar que en nuestro ordenamiento jurídico antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 establecía que las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4) años, esto implica, que para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveía que el plazo para ejercer su facultad de ejecución tributaria, se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. No obstante lo señalado, el citado artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre

de 2012, estableciendo textualmente en el parágrafo IV que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. Posteriormente, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 fue nuevamente modificado sólo en sus parágrafos I y ll.

En ese contexto y de la revisión de los antecedentes administrativos del presente caso se tiene que el ahora recurrente procedió a efectuar la autodeterminación de tributos mediante la presentación de sus declaraciones juradas de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.

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DEN DE

FISCAL

| ORIGEN

IUE 

CÓDIGO POSIGLA =

DEL

IMPUESTO 1497505 1496979 IUE 1495581 1497428 1496046 IT

COD. 2 Nro. DE PERIODO FECHA DE FORM: ORDEN DE | FISCAL DE PRESENTACIÓN ORIGEN LADDJJ

500 2039114769 12/2012

30/04/2013

500 2551759385 12/2014

30/04/2015 2038846344 3/2013

15/04/2013 2039855499 6/2013

15/07/2013 400 | 2040262282 7/2013

14/08/2013

400

400

14300 

En ese entendido, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331825001475, por medio del cual dio inicio a la fase de ejecución de la deuda tributaria originada en la falta de pago de las obligaciones autodeterminadas por el contribuyente correspondientes al IVE (F-500) de los periodos fiscales diciembre 2012, diciembre 2014; IT (F-400) de los periodos fiscales marzo, junio y julio 2013, conforme el detalle consignado en el cuadro expuesto precedentemente, acto que fue notificado de manera personal al ahora recurrente el 24 de agosto de 2018, conforme se evidencia a foja

20 de antecedentes administrativos.

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Conforme a lo relacionado, se infiere que “T CC BOLIVIA” S.R.L., a través de su representante legal, mediante las Declaraciones Juradas, citadas ut supra, procedió a efectuar la autodeterminación de sus obligaciones tributarias conforme establece el artículo 93, parágrafo I, numeral 1 de la Ley 2492, ante la Administración Tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94, parágrafo | del precitado cuerpo normativo; al efecto, es importante señalar que las auto determinaciones involucran el reconocimiento por parte del sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias, declaraciones juradas que conforme dispone el artículo 78 de la Ley 2492, son manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta permite, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; en ese contexto, se debe entender por Declaración Jurada a la determinación de la obligación tributaria efectuada por los contribuyentes o responsables bajo juramento y que debe ser presentada en la forma y el tiempo establecido legalmente; sin embargo, conforme se tiene dicho precedentemente, la existencia de la declaración jurada como Título de Ejecución Tributaria, no es acto suficiente para el ejercicio de la facultad de ejecución de la obligación tributaria por parte del Ente Fiscal, sino que para su materialización se requiere de la emisión del respectivo Proveído de Inicio de Ejecución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004.

Lo anterior, pone de manifiesto que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se constituye en el acto administrativo que complementa al Título de Ejecución Tributaria a efectos de su ejecución, actuación que contiene esencialmente la conminatoria para el pago de la obligación determinada por el sujeto pasivo pendiente de pago, es decir, que es la comunicación compulsiva por parte del Ente Fiscal para obligar el pago de la obligación tributaria determinada, lo que supone legalmente y conforme al artículo 4 del DS 27874, el inicio de la fase de ejecución tributaria.

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En el contexto antes descrito, se tiene que el inicio de la fase de ejecución tributaria comenzó a partir del día siguiente de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331825001475, circunstancia que para el presente caso ocurrió el 24 de agosto de 2018; en ese contexto, se establece que la facultad de ejecución tributaria de la deuda autodeterminada por el contribuyente mediante la presentación de sus Declaraciones Juradas del IVE (F-500) de los periodos fiscales diciembre 2012, diciembre

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III 

TI

2014; IT (F-400) de los periodos fiscales marzo, junio y julio de 2013, se encuentra incólume, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59, parágrafo IV de la Ley 2492, modificado por la Ley 291.

Con relación a la cita que efectúa el recurrente de la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, corresponde señalar que dicho precedente constitucional aborda el análisis de la prescripción de las facultades de cobro coactivo de la Administración Tributaria bajo el ámbito de la Ley 1340, es decir, que ante el vacío jurídico con relación al cómputo del plazo, interrupción y suspensión en fase de cobranza coactiva en dicha Ley, dicho precedente jurisdiccional otorga al sujeto pasivo la posibilidad de oponer prescripción incluso en etapa de ejecución tributaria permitiendo además la aplicación supletoria de las reglas del Código Civil a efectos de realizar el cómputo de la prescripción; sin embargo, dichas particularidades no se vieron plasmadas en el presente caso, toda vez que la prescripción de las facultades de ejecución tributaria analizada en el presente caso se encuentran reguladas por la Ley 2492 y las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 y 317, norma que regula con absoluta claridad el cómputo, interrupción y suspensión de la prescripción, no siendo necesario acudir a la aplicación supletoria de las reglas del Código Civil; consecuentemente, corresponde desestimar la aplicación de la referida Sentencia Constitucional al presente caso.

Con referencia a la cita de la Sentencia No 35/2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia invocada por el recurrente; corresponde indicar que las decisiones adoptadas por el máximo Tribunal en materia judicial, obedecen a un ámbito jurisdiccional ordinario, lo que implica que las determinaciones asumidas rigen para las partes en conflicto que decidieron someter su asunto al ámbito judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones tomadas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito administrativo, toda vez que obedeciendo a la libre determinación de las personas de acudir al ámbito del derecho administrativo, las decisiones asumidas en este ámbito, constriñen al cumplimiento de las partes en conflicto, respecto a las decisiones asumidas en la esfera administrativa, lo que implica que la libre decisión de la persona de acudir a la vía administrativa, separa la

posibilidad de acudir a otra jurisdicción; en ese sentido, al resolverse algún asunto en el

  • ámbito administrativo, dicha resolución no solamente que obliga al cumplimiento de las

partes en conflicto, sino que no puede abarcar a otra jurisdicción y competencia, lo resuelto en al ámbito enteramente administrativo; bajo la lógica señalada, no es permisible la

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aplicación de ciertos precedentes del ámbito judicial al ámbito administrativo, como erróneamente pretende la recurrente a través de la cita de las mencionadas Sentencias y Autos Supremos; en consecuencia, por las razones anotadas precedentemente, no corresponde lo aseverado por la recurrente.

Con relación a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0707/2015 de 27 de abril de 2015, citada por la Administración Tributaria, corresponde señalar que el análisis efectuado precedentemente considera la deducción realizada dentro del acto administrativo emitido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, respecto a que el término de la prescripción en etapa de ejecución comienza a computarse a partir de la notificación con el Título de Ejecución Tributaria, es decir con el proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, conforme el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, en ese sentido, no corresponde realizar mayor énfasis al respecto, siendo que el criterio esgrimido fue aplicado en el presente caso. .

En relación a la Sentencia Constitucional 0258/2007-R de 10 de abril de 2007, citada por la Administración Tributaria corresponde señalar que la misma versa sobre la vulneración de los derechos al trabajo, a formular peticiones, a la propiedad privada, a la seguridad social, a la defensa y a la garantía del debido proceso, previstos en los arts. 7 incs. d), h), i), k) y. 16.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, de la lectura de la referida sentencia se puede establecer que el mismo refiere al ámbito laboral; consecuentemente, al tratarse de una materia diferente a la tributaria, corresponde desestimar lo expuesto por el Ente Fiscal.

Bajo los parámetros antes mencionados, se tiene que la facultad para la ejecución tributaria de la Administración Tributaria de las obligaciones autodeterminadas por el contribuyente respecto al Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331825001475 emitido el 9 de agosto de 2018, se encuentran incólumes; consecuentemente, corresponde confirmar el Auto Administrativo N° 391925000005 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/AUT/00001/2019) de 12 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales contra “T CC BOLIVIA” S.R.L., legalmente representada por Walter Mario

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo N° 391925000005 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/CC/AUT/00001/2019) de 12 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra “TCC BOLIVIA” S.R.L., legalmente representada por Walter Mario Morales Reynolds; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la facultad de ejecución tributaria del Ente Fiscal de las obligaciones autodeterminadas por el contribuyente respecto al Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331825001475 de 9 de agosto de 2018, detallado en el acto administrativo impugnado.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación. Regístrese, hágase saber y cúmplase

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‘Lic. Cecilia Velez Dorado

Directura Ejecutiva Regional Direccion Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria – La Paz 

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Guzmán Ruiz

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