ARIT-LPZ-RA-1305-2019 Auto Administrativo confirmado. La contribuyente solicita la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, la cual es negada por mala interpretación, así como del uso de una Sentencia del Tribunal Constitucional que no es análogo al caso en cuestión.

ARIT-LPZ-RA-1305-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 1305/201

Recurrente: 

Natividad López Vda. de Callejas 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Néstor Hugo Muñoz Cossio.

Acto Impugnado:. 

Auto Administrativo N° 391921000020 (SIN/GDEA/DJCCIUCCIAUTA/6/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0897/2019

Lugar y Fecha: :.

La Paz, 25 de noviembre de 2019 

-.–

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 1305/2019 de 22 de noviembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391921000020 (SIN/GDEA/DJCC/UCCIAUTA/6/2019) de 29 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de prescripción interpuesta por Natividad López Vda. de Callejas en relación al Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24 1398 16 (SIN/GDEA/DJCC/UCC/PIET/01257/2016) y dispuso la prosecución de las acciones de cobro coactivo.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Natividad López.Vda. de Callejas mediante notas presentadas el 19 y 30 de agosto de 2019, cursantes a fojas 13-16 y 21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

De manera previa a tratar el tema de fondo, es necesario. precisar que la deuda tributaria es el tributo omitido actualizado expresado en UFV’s; por el contrario, la sanción es la consecuencia de la contravención de omisión de pago, motivo por el cual ambos conceptos no son lo mismo, aspecto que fue diferenciado en la Resolución Determinativa N° 17 1051 15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015; al efecto, cita los artículos 47, 160 numeral 3, 161 de la Ley 2492, 8, 42 del DS 27310, Anexo 1 inciso a) del DS 2993 y la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016.

Solicita la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias por omisión de pago emergentes de la Resolución Determinativa N° 17 1051 15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, que impone una sanción de 623.353 UFV’s equivalente a Bs.1.300.261.-. Al respecto, se debe considerar que de conformidad al artículo 108, parágrafo I, numeral 3 de la Ley 2492, el documento que se constituyó en título de ejecución tributaria es la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, que fue ejecutoriada mediante Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ 0828/2015 de 23 de marzo de 2016; en ese contexto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 59, parágrafo III y 60, parágrafo III de la Ley 2492 (sin la modificación de las Leyes 291 y 317), el cómputo de prescripción de 2 años respecto a la facultad para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias inició al día siguiente hábil de la notificación; es decir, el 24 de marzo de 2016 y finalizó el 24 de marzo de 2018, motivo por el cual la misma se halla prescrita.

.

La Administración Tributaria refiere que las causales de interrupción señaladas en el artículo 61 de la Ley 2492, sólo se encuentran relacionadas a la etapa de determinación, razón por la cual pretende la observancia de los artículos 340, 1492, 1493 y 1503 del Código Civil en lo que respecta a la ejecución de la sanción; sin

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

embargo, el artículo 154 de la Ley 2492, establece que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria; consecuentemente, las causales de interrupción en ejecución de sanciones se encuentran previstas en el artículo 61 de la Ley 2492 y no es posible la aplicación del régimen civil, toda vez que no se advierte la existencia de un vacío legal, motivo por el cual la prescripción debe sustanciarse conforme a los artículos 59 y 60 de la citada Ley; al efecto, cita la Sentencia No 103/2018 de 21 de marzo de 2018 del Tribunal Supremo de Justicia.

Aclara que las medidas de cobranza coactiva no se encuentran establecidas como acciones de interrupción en el artículo 61 del Código Tributario, criterio que también se encuentra plasmado en la Sentencia No 30/2018 de 31 de enero de 2018; asimismo, refiere que en el presente caso no existe interrupción o suspensión del término de prescripción; razón por la cual la sanción en ejecución prescribió el 24 de marzo de 2018.

El Código Tributario Boliviano establece plazos distintos para la prescripción de las facultades de ejecución de la deuda tributaria ejecución de sanciones por contravenciones tributarias por omisión de pago; al efecto cita la Sentencia No 90 de 25 de septiembre de 2018, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia..

.

El Proveído de inicio de Ejecución Tributaria no es una actuación administrativa que notifica los títulos de ejecución tributaria señalados en el artículo 108, parágrafo I de la Ley 2492; en tal sentido, con la notificación del PIET no se inicia el cómputo de la prescripción, toda vez que el plazo corre a partir de que la Resolución de Recurso de Alzada se constituye en título de ejecución tributaria; asimismo, aclara que en observancia del principio de autotutela, legalidad, debido proceso y la seguridad jurídica, el PIET se constituye en un acto formal inimpugnable por el cual se intima al contribuyente y se da inicio al cobro coactivo; consecuentemente, el cómputo de prescripción de 2 años se debe efectuar desde la notificación con el TET; es decir, con la notificación del Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ 0828/2015, razón por la cual la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción por contravenciones tributarias por omisión de pago se halla prescrita; al efecto, cita las

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Sentencias Nos. 108/2016 de 5 de diciembre de 2016 y 35/2017 de 20 de marzo de 2017.

La Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 y la Sentencia No 3 de 25 de enero de 2018, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, establecen que se debe aplicar la normativa vigente al momento de acontecido el hecho generador; en tal sentido, en el caso bajo análisis se debe observar el término de prescripción de 2 años en lo que respecta al plazo para ejecutar las sanciones por contravenciones y no así el de 5 años establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, que fueron modificados por las Leyes 291, 317 y 812, toda vez que no se puede aplicar retroactivamente la norma.

En una correcta revisión y aplicación de los artículos 123 de la Constitución Política del Estado, 150 de la Ley 2492 y de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016 S3 de 26 de octubre de 2016, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017 de 13 de marzo de 2017, estableciendo que la Administración Tributaria no consideró la norma vigente al momento de cometida la contravención y tampoco a la fecha de la ejecutoria de la Resolución Sancionatoria, situaciones que acontecieron en la gestión 2010; en tal sentido, correspondía la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, sin las modificaciones de las Leyes 291 y 317, que prevé un plazo de prescripción de 2 años

para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias. .

El cómputo de la prescripción se inicia desde el momento en que se constituye en título de ejecución tributaria la Resolución de Recurso de Alzada y no desde la notificación

ET; asimismo, se debe aplicar la norma vigente del hecho generador del tributo omitido y de la sanción, no las modificaciones realizadas por las Leyes 291 y 317, aspecto concordante con las Sentencias Nos. 19, 153 y 21 de 24 de marzo y 20 de noviembre de 2017 y 31 de enero de 2018, respectivamente.”

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto Administrativo No * 391921000020 (SIN/GDEA/DJCC/UCC/AUTA/6/2019) de 29 de julio de 2019.

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  • AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Natividad López Vda. de Callejas, fue admitido mediante Auto de 4 de septiembre de 2019, notificado de forma personal a la Administración Tributaria y a la recurrente el 6 y 10 de septiembre de 2019, respectivamente; fojas 22-23 y 25 de obrados. .

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Néstor Hugo Muñoz Cossio conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000640 de 27 de junio de 2019, por memorial presentado el 23 de septiembre de 2019, cursante a fojas 28-31 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

Si bien el artículo 61 de la Ley 2492; establece causales de interrupción, las mismas únicamente se encuentran relacionadas a la etapa de determinación y no así a la de ejecución tributaria de sanciones administrativas, aspecto que advierte la existencia de un vacío legal, “motivo por el cual de conformidad a los artículos 5, parágrafo I!.y, 8 de la citada Ley, corresponde la aplicación por analogía de los artículos 1492 y 1493 del Código Civil.

Los Autos Supremos Nos. 220/2012, 435/2013 y 172/2014, emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, establecieron que la prescripción es una de las formas de extinción de las obligaciones y tiene su fundamento en el interés público de dar certeza a las relaciones jurídicas, de tal modo que un derecho subjetivo no ejercitado durante un periodo prolongado de tiempo crea la convicción de que fue abandonado por su titular; en ese sentido, el artículo 1492 del Código Civil establece como requisitos para que opere la prescripción: el transcurso del tiempo y la inactividad del titular de la

acción.

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Velez Dorado

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La Administración Tributaria como titular de la obligación tributaria nunca dejó de ejercer su derecho al cobro de la deuda, toda vez que por analogía y en observancia del principio de supletoriedad correspondía la aplicación de los artículos 340 y 1503

del Código Civil; en ese contexto, se constituyó en mora al contribuyente a través de Juan Carlos la notificación con los inicios de ejecución tributaria y la realización de medidas

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coactivas, como ser la emisión de notas en las gestiones 2016, 2017 y 2018, dirigidas al Organismo de Tránsito y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, con el fin de solicitar la hipoteca de vehículos automotores y la retención de fondos del contribuyente; actuados que interrumpieron el cómputo de la prescripción para ejecutar las sanciones administrativas.

En relación a la cita por parte de la recurrente de las Sentencias Nos. 19, 153 y 21 de 24 de marzo de 2017, 20 de noviembre de 2017 y 31 de enero de 2018, respectivamente; aclára que de conformidad al artículo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional, únicamente las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, más no así las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia; al efecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0358/2012 y refiere que la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3, no versa sobre un tema análogo, toda vez que se encuentra relacionado a casos de la Aduana Nacional. Asimismo, en cumplimiento de los artículos 198, inciso e) y 211 del Código Tributarió, solicita se remita un pronunciamiento en observancia del principio de congruencia; al efecto, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 391921000020 (SIN/GDEA/DJCCIUCCIAUTA/6/2019) de 29 de julio de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 24 de septiembre de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por secretaría a la recurrente y a la Administración Tributaria el 25 de septiembre de 2019; fojas 32-33 de

obrados. –

Por nota presentada el 15 de octubre de 2019, Natividad López Vda. de Callejas ratificó en calidad de prueba una fotocopia simple de la Resolución Determinativa N° 17 1051 15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015; al efecto, el Proveido de 15 de octubre de 2019, dio por ratificada la documentación señalada en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario;

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actuación notificada por secretaría a las partes el 16 de octubre de 2019; fojas 34-36 de obrados.

II.5 Alegatos Mediante nota-presentada el 4 de noviembre de 2019, Natividad López Vda. de Callejas expuso sus alegatos escritos reiterando los argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada, consistentes en que corresponde la aplicación de la prescripción sobre la facultad de ejecutar sanciones por contravenciones tributarias de omisión de pago en el marco de la Ley 2492, sin modificaciones y que las medidas coactivas no se constituyen en causales de interrupción debido a que no es aplicable la normativa civil, pretensión que es sustentada en la cita de las Sentencias Nos. 108, 35 19, 153, 3, 30, 21, 103 y 90 de 5 de diciembre de 2016, 20, 24 de marzo ý 20 de noviembre de 2017, 25 y 31 de enero, 21 de marzo y 25 de septiembre de 2018, respectivamente; la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017 de 13 de marzo de 2017; al efecto, el Proveido de 5 de noviembre de 2019, dio por formulados los alegatos, acto notificado en secretaría a las partes el 6 de noviembre de 2019; fojas 40-44 de obrados.

La Administración Tributaria no formuló alegatos de conformidad a los términos del artículo 210 parágrafo Il del Código Tributario.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 20 de agosto de 2014, notificó de manera personal a Natividad López Vda. de Callejas con la Orden de Fiscalización N° 149901.00250 de 17 de junio de 2014, a objeto de revisar y verificar los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos fiscales enero a diciembre 2011, solicitando la presentación de la documentación detallada el Requerimiento No 14210900040 de 15 de agosto de 214; fojas 2 y 6 de antecedentes administrativos.

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La Vista de Cargo N° 29-0182-15 (SIN/GDEA/DF/FENC/00213/2015) de 11 de agosto de 2015, estableció obligaciones tributarias sobre base presunta en contra de Natividad López Vda. de Callejas, relativas al impuesto IVA e IT de los periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

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2011, que ascienden a 1.564.822 UFV’s; asimismo, impuso una sanción por omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido actualizado de conformidad a los artículos 160, numeral 3 y 165 de la Ley 2492; acto administrativo notificado de manera personal a la contribuyente el 14 de agosto de 2015; fojas 81-85 y 89 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, determinó deuda tributaria sobre base presunta contra la contribuyente Natividad López Vda. de Callejas de 1.665.872-UFV’s, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses correspondiente al debito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011; asimismo, impuso la sanción por omisión de pago de 1.141.172 UFV’s, conforme a los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310; acto notificado personalmente a Natividad López Vda. de Callejas el 12 de noviembre de

2015; fojas 120-126 y 131 de antecedentes administrativos:

Posteriormente, Natividad López Vda. de Callejas interpuso Recurso de Alzada en contra la Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, aspecto que mereció que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emita la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, en la que se dispuso: “CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (CITE: SIN/GDEA/DJCCIUTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra Natividad López Vda. de Callejas; consecuentemente, corresponde mantener firme. y subsistente el Tributo Omitido de 623.356 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al Debito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011”, acto notificado en secretaría el 2 de marzo de 2016; fojas 771-786 de antecedentes administrativos.

Mediante Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-0828/2015 de 23 de marzo de 2016, se estableció: “La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA/ 0158/2016 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

de fecha 29 de Febrero de 2016, emitida dentro del Recurso de Alzada ARIT-LPZ 0828/2015 interpuesto por NATIVIDAD LOPEZ VDA. DE CALLEJAS contra la GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, impugnando la RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 17 1051 15 SIN/GDEA/DJCCIUTJ/RD/0093/2015 de 4 de Noviembre de 2015 y con el informe verbal del Secretario de Cámara en sentido de que ninguna de las partes interpuso Recurso Jerárquico dentro del término establecido por el artículo 144 de la Ley 2492, se DECLARA FIRME la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA 0158/2016 de fecha 29 de Febrero de 2016, debiendo procederse a la devolución del cuerpo de antecedentes a la Administración Tributária recurrida“, acto notificado en secretaría el 23 de marzo de 2016; fojas 787-788 de antecedentes administrativos..

Mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N. 24 1398 16 (SIN/GDEA/DJCCIUCC/PIET/01257/2016) de 15 de junio de 2016, se anunció a la contribuyente Natividad López Vda. de Callejas el inicio a la ejecución tributaria de la suma líquida y exigible de 1.532.866 UFV’s contenida en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, actuación notificada de forma personal al sujeto pasivo el 28 de junio de 2016; fojas 789 de antecedentes administrativos.”

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Por nota presentada ante la Administración Tributaria el 30 de mayo de 2019, Natividad López Vda. de Callejas solicitó la prescripción de la facultad para ejecutar la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, que fue confirmada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016; asimismo, refirió que corresponde la aplicación de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 (sin modificaciones); fojas 812-814 de antecedentes administrativos.

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acciones de cobro coactivo; acto administrativo notificado personalmente al sujeto pasivo el 30 de julio de 2019; fojas 816-819 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Natividad López Vda. de Callejas en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

IV.1 Prescripción 

Natividad López Vda. de Callejas en su Recurso de Alzada ‘señala que de conformidad al artículo 108, parágrafo I, numeral 3 de la Ley 2492, el documento que se constituyó en título de ejecución tributaria es la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0158/2016 de 29 de febrero de 2016, acto que fue ejecutoriado mediante Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ 0828/2015 de 23 de marzo de 2016; en ese contexto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 59, parágrafo III y 60, parágrafo Ill de la Ley 2492 (sin la modificación de las Leyes 291 y 317), el cómputo de prescripción de 2 años respecto a la facultad para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias de omisión de pago inició el 24 de marzo de 2016 y finalizó el 24 de marzo de 2018, motivo por el cual la misma se encuentra prescrita; al efecto, cita las Sentencias Nos. 108, 35 19, 153, 21 y 90 de 5 de diciembre de 2016, 20, 24 de marzo y 20 de noviembre de 2017, 31 de enero y 25 de septiembre de 2018, respectivamente.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Señala también que de acuerdo al artículo 154 de la Ley 2 2, la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria y en consecuencia no es posible la aplicación del régimen civil, toda vez que no se advierte la existencia de un vacío legal en la normativa tributaria; al efecto, cita la Sentencia No 103/2018 de 21 de marzo de 2018 del Tribunal Supremo de Justicia. Aclara que las medidas de cobranza coactiva no se encuentran establecidas como acciones de interrupción en el artículo 61 del Código Tributario Boliviano; al efecto, cita la Sentencia No 30/2018 de 31 de enero de 2018.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada señala que si bien el artículo 61 de la Ley 2492, establece causales de interrupción, las mismas únicamente se encuentran relacionadas a la etapa de determinación y no así a la de ejecución de sanciones administrativas, motivo por el cual de conformidad a los artículos 5, parágrafo Il y 8 de la citada Ley, corresponde la aplicación por analogía de los artículos 1492 y 1493 del Código Civil; en ese contexto, se constituyó en mora al contribuyente a través de la notificación con los inicios de ejecución tributaria y la realización de medidas coactivas, como ser la emisión de notas en las gestiones 2016, 2017 y 2018 dirigidas al Organismo de Tránsito y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, actuados que interrumpieron el cómputo de la prescripción para ejecutar las sanciones administrativas.

En relación a la cita por parte del recurrente de las Sentencias Nos. 19, 153 y 21 de 24 de marzo, 20 de noviembre de 2017 y 31 de enero de 2018, respectivamente; aclara que de conformidad al artículo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional, únicamente las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y no las emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia; al efecto cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0358/2012 y refiere que la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 no versa sobre un tema análogo, toda vez que se encuentra relacionado.a casos de la Aduana Nacional; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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El artículo 59 del Código Tributario, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos

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  1. 2. Determinar la deuda tributaria. 
  2. Imponer sanciones administrativas. 

Taivas, 

  1. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a sietė (7) años cuando el sujeto pasivo o

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo en su parágrafo III, que: El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, modificado por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, numeral 3, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

De inicio, es pertinente establecer que la prescripción extintiva que ahora nos ocupa analizar, se encuentra circunscrita a cuestionar la facultad del Ente Fiscal para ejecutar la sanción administrativa por omisión de pago contenida en la Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, que fue objeto de confirmación por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, que al haber adquirido firmeza se consolidó como Titulo de Ejecución Tributaria conforme el artículo 108; parágrafo I numeral 3 de la Ley 2492; precisión que resulta necesario resaltar, toda vez que la ahora recurrente invocó la prescripción al tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 2492; en ese entendido, esta Instancia de Alzada procederá a analizar si en el presente caso se materializo o no la prescripción en cuanto a la facultad de ejecución de la sanción administrativa por ::.. omisión de pago..

:

Bajo el criterio descrito precedentemente, es necesario señalar que la Administración Tributaria Aduanera tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer

sanciones administrativas, ejercer su facultad de ejecución tributaria y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; no obstante, el ejercicio de esas facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo; es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.

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Al respecto, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo, en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto

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Calle Arturo Borda No 1933 · Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. “En materia tributaria, la prescripción extintiva, se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así como para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias.

De la compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que como resultado del proceso de fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización N° 14990100250 de 17 de junio de 2014, se emitió la vista de Cargo N° 29-0182-15 (SIN/GDEA/DF/FENC/00213/2015) de 11 de agosto de 2015, que estableció obligaciones tributarias sobre base presunta en contra de Natividad López Vda. de Callejas relativas al IVA e IT de los periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, que asciende a 1.564.822 UFV’s; asimismo, impuso una sanción por omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido actualizado de conformidad a los artículos 160, numeral 3 y 165 de la Ley 2492; acto administrativo notificado de manera personal a la contribuyente el 14 de agosto de 2015.

De manera posterior, la Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, determinó deuda tributaria sobre base presunta en contra de la contribuyente Natividad López Vda. de Callejas de 1.665.872 UFV’s, por tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre; octubre, noviembre y diciembre 2011; asimismo, impuso una sanción por omisión de pago de 1.141.172 UFV’s, conforme a los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Una vez notificada la citada determinación, fue objeto de la interposición de Recurso de Alzada por parte de Natividad López Vda. de Callejas, aspecto que mereció la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, en la que se dispuso confirmar la Resolución Determinativa N° 17 1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015; acto notificado en secretaría el 2 de marzo de 2016 y que fue declarado firme a través del Auto de 23 de marzo de 2016; en ese contexto, se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1398-16 (SIN/GDEA/DJCC/UCC/PIET/01257/2016) de 15 de junio de 2016, a través del cual se anunció a la contribuyente el inicio a la ejecución tributaria de la suma líquida y exigible de 1.532.866 UFV’s contenida en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, actuación notificada de forma personal al sujeto pasivo el 28 de junio de 2016

Por nota presentada ante la Administración Tributaria el 30 de mayo de 2019, Natividad López Vda. de Callejas solicitó la prescripción de la facultad para ejecutar la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) : de 4 de noviembre de 2015, que fue confirmada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016; motivo por el cual, el Ente Fiscal emitió el Auto Administrativo N° 391921000020 (SIN/GDEA/DJCC/UCC/AUTA/6/2019) de 29 de julio de 2019, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción interpuesta por Natividad López Vda. de Callejas en relación al Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24′ 1398 16 (SIN/GDEA/DJCC/UCC/PIET/01257/2016) y dispuso la prosecución de las acciones de cobro coactivo; acto administrativo notificado personalmente al sujeto pasivo el 30 de julio de 2019.

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Conforme a lo descrito anteriormente, se tiene que la impugnación versa sobre la prescripción para la ejecución de la sanción administrativa por omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCCIUTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, que fue confirmada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016; al respecto, es pertinente mencionar que antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 establecía que

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las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años; no obstante, el citado artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, referente al cómputo de las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias, estableciendo que prescriben a los cinco (5) años; norma que es aplicable en el presente análisis en virtud de que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, fue notificada el 2 de marzo de 2016, cuando la referida modificación al Código Tributario se encontraba vigente.

En cuanto al cómputo del plazo de la prescripción, el artículo 60, parágrafo III de la citada Ley, dispone: “En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria“, al respecto, se debe dejar claramente establecido que en el caso de la facultad del Ente Fiscal para ejecutar la sanción por la contravención de omisión de pago, el cómputo se inicia desde el momento en que el acto administrativo adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, que en el caso bajo análisis le corresponde a la Resolución ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016. … .

Bajo el contexto anterior, toda vez que el presente caso concierne a una solicitud de prescripción de la sanción por omisión de pago impuesta en la Resolución Determinativa N° 17-1051-15. (SIN/GDEA/DJCCIUTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015 y que fue confirmada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, se debe tomar en cuenta el momento en que este último acto administrativo adquirió firmeza, acontecido por la falta de impugnación, es decir, se materializa el primer día luego de finalizar el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria de conformidad al artículo 108, parágrafo I, numeral 3 de la Ley 2492.

En ese entendido, para el caso bajo análisis se tiene que la firmeza de la Resolución que resolvió el Recurso de Alzada se dio a los veinte días posteriores a su notificación, en razón a que el sujeto pasivo no presentó el referido recurso de impugnación conforme lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley 2492; en consecuencia, siendo que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

2016, fue notificada en secretaría el 2 de marzo de 2016, según consta a fojas 771 786 de antecedentes administrativos, se tiene que el término para interposición del recurso de impugnación concluyó el 22 de marzo de 2016; momento a partir del cual inició el cómputo del plazo de cinco (5) años para la prescripción solicitada, es decir, el cómputo de la mencionada prescripción para la ejecución de la sanción administrativa se inició el 23 de marzo de 2016.y concluiría el 23 de marzo de 2021, según se refleja en el siguiente cuadro:

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En el contexto anterior, se tiene que en el caso de la ejecución de la sanción administrativa por omisión de pago impuesta mediante la Resolución Determinativa, No 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015 confirmada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016; el plazo legal para su ejecución se encuentra vigente; más aún si se considera que la ahora recurrente interpuso Recurso de Alzada el 19 de agosto de 2019, suspendiendo con dicha impugnación el curso de la prescripción conforme lo ‘ establecido por el artículo 62, parágrafo II de la Ley 2492, suspensión que se extenderá hasta la recepción formal del expediente por parte de la Administración Tributaria; en consecuencia, la citada facultad de ejecución de la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago no se encuentra prescrita.

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Respecto al argumento expuesto por la Administración Tributaria en el sentido de que concierne la aplicación de los artículos 340 y 1503 del Código Civil en lo que atañe a la ejecución de la sanción y que por tal motivo las medidas coactivas se constituyen en

causales de interrupción del término de prescripción; corresponde señalar, que la

Nel Dorado ! observancia de los

observancia de los citados articulados debe darse de forma supletoria ante los vacíos legales existentes en la Ley 1340, en cumplimiento a las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R; sin embargo, conforme se tiene del análisis expuesto precedentemente, la etapa de ejecución de la sanción por omisión de pago en cuestión,

se encuentra normada por la Ley 2492, que en sus artículos 59, 60, 61 y 62 regula el Ve Guzmán Ruiz

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término, cómputo, suspensión e interrupción del instituto de la prescripción; a ello se suma que los artículos 61 y 62 del citado cuerpo legal, no reconocen a las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción; en ese sentido, corresponde rechazar el extremo alegado por el Ente Fiscal.

En relación a la irretroactividad de la ley prevista en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492; es importante señalar que el artículo 59 parágrafo III de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 291, que establece que la facultad de ejecutar la sanciones por contravenciones tributaria prescribe a los 5 años, norma que cuenta con presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 027 y que conforme se tiene dicho en la actualidad se encuentra vigente; por consiguiente, es aplicable en cuanto al cómputo de prescripción en el presente caso, respecto a la facultad del Ente Fiscal de ejecución de sanciones por contravenciones tributarias, considerando que la Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, que fue objeto de confirmación por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, por medio de las cuales precisamente se establece la sanción por omisión de pago en cuestión, fue emitida en vigencia de la referida disposición normativa, hecho que desvirtúa la aplicación retroactiva de la norma alegada por el recurrente.

Respecto a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-53, que es alegada por la recurrente; corresponde indicar que dicho fallo constitucional hace referencia de manera expresa a la constitucionalidad de las Leyes 291 ỳ 317; esto implica la aplicabilidad de estas normas legales para respaldar una posición fundamentada en relación a la extinción por prescripción; en ese contexto, evidentemente muestra que el Tribunal Constitucional Plurinacional no cuestionó la constitucionalidad de las citadas Leyes 291 y 317, exigiendo sólo que su aplicabilidad para el caso concreto sea debidamente fundamentada; aspectos que en su oportunidad fueron así resueltos por el Tribunal Contralor de las Garantías Constitucionales, en tal caso, el referido precedente constitucional de ninguna manera resulta opuesto a la determinación asumida en la presente Resolución de Recurso de Alzada, posición que sustenta la posición asumida respecto a la improcedencia del instituto de la prescripción en

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

relación a la facultad de ejecución de la sanción por la contravención tributaria de

omisión de pago.

En relación a la cita por parte de la recurrente de las Sentencias Nos. 108, 35 19, 153, 3, 21, 30, 103 y 90 de 5 de diciembre de 2016; 20, 24 de marzo y 20 de noviembre de 2017; 25, 31 de enero, 21 de marzo y 25 de septiembre de 2018, respectivamente, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia; y de los Autos Supremos Nos. 220/2012, 435/2013 y 172/2014, referidos por parte de la Administración Tributaria; es menester señalar que las decisiones asumidas en las resoluciones judiciales obedecen a la jurisdicción ordinaria, en la que las partes involucradas por su libre determinación de su voluntad decidieron acudir ante dicha competencia y jurisdicción y cuyas decisiones de ninguna manera abarcan a la esfera administrativa, razón por la cual no

corresponde considerar las citadas determinaciones judiciales como vinculantes al

  • presente caso

Con relación a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017 de 13 de marzo de 2017, que es referida por la recurrente; es menester establecer que la problemática resuelta a través del mencionado precedente administrativo se encuentra relacionada a la facultad de ejecución de la sanción por contrabando impuesta por una Resolución Sancionatoria que adquirió firmeza y se constituyó en título de ejecución tributaria en la gestión 2010, motivo por el cual a efectos del cómputo de prescripción de la citada facultad se consideró el plazo de 2 años previsto en la Ley 2492 (sin modificaciones); aspecto que difiere diametralmente del hecho sujeto a análisis que atinge a la facultad de ejecución de la sanción por omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1051-15 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015, que fue confirmada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, es decir, los citados actos fueron emitidos en vigencia de la Ley 2492 con las modificaciones previstas en la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, razón por la cual se consideró el plazo de prescripción de 5 años; en tal sentido, no corresponde su consideración en el presente caso.

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De acuerdo a los argumentos de hecho y derecho antes expuestos, se establece que la facultad del Ente Fiscal Aduanero para proceder a la ejecución de la sanción administrativa por omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa N° 17

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Juan Carlos Guzinán Ruiz

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1051-15 (SIN/GDEA/DJCCIUTJ/RD/0093/2015) de 4 de noviembre de 2015 y que fue confirmada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2016 de 29 de febrero de 2016, se encuentra incólume en aplicación de los artículos 59, parágrafo Ill y 60 parágrafo III de la Ley 2492, modificado por la Ley 291; consecuentemente, corresponde confirmar Auto Administrativo N° 3 91921000020 (SIN/GDEA/DJCC/UCCIAUTA/6/2019) de 29 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo N° 391921000020 (SIN/GDEA/DJCCIUCCIAUTA/6/2019) de 29 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra Natividad López Vda. de Callejas; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo de la oposición de prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la sanción por omisión de pago establecida en el acto administrativo impugnado.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Mic. Cecilia Velez Dorado

Directora Ejecutiva Regionai Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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Juan Carlos Guztián Ruiz 🙂

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Calida

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Sistema de Gestión 

de la Caldad Certificado N°771/1

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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