ARIT-LPZ-RA-1304-2019 Resolución Administrativa anulada. La contribuyente solicita aprobación de Rectificación de Declaración Jurada F-200. Pese a haber presentado la documentación respaldatoria, sin embargo, la Administración Tributaria, de manera indebida e infundada, sin argumentos y sin una consideración técnica jurídica, habría rechazado la solicitud de rectificatoria, con lo que vulneraría el debido proceso y a la defensa.

ARIT-LPZ-RA-1304-2019

AUTORİDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1304/201

Recurrente: 

– Mary Maribel Mamani Mamani 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Aràncibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa No 23.1920000998 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00416/2019)

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Expediente: 

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ARIT-LPZ-0865/2019 

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Lugar y Fecha: 

…- La Paz, 25 de noviembre de 2019 

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe

Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 1304/2019 de 22 de noviembre de 2019, emitido por la

  • Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:
  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa N° 231920000998 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00416/2019) de 18 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales dispuso rechazar el proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria F-521 con N° de Orden 2084806490 de 14 de febrero de 2019 que rectifica la Declaración Jurada F-200 IVA con N° de Orden 2079677001 respecto a las compras vinculadas presentado por Mary Maribel Mamani Mamani por el periodo fiscal junio 2018.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos de la Recurrente 

Mary Maribel Mamani Mamani mediante notas presentadas el 12 y 28 de agosto de 2019, cursantes a fojas 10-12 y 17-23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo

siguiente:

Debido a un error que fue inducido por un funcionario de la Administración Tributaria, el cual le indicó declarar el monto de las compras en su F-200 del periodo junio 2018, el importe consignado solo en la primera hoja de su Declaración Única de Importación C 24452, sin considerar el crédito fiscal de las siguientes hojas de la citada DUI, debido a este error inició el trámite de rectificatoria; sin embargo, de manera indebida e infundada, sin un argumento sólido y valedero, sin haber realizado una adecuada consideración técnica jurídica rechazó su solicitud de rectificatoria, toda vez que tomó en cuenta que presentó toda la documentación requerida, señalando en el cuarto considerando del acto impugnado que la actividad de su NIT es la “Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzados”, aspecto que no estaría en relación a la actividad que realiza; empero, la actividad registrada en su NIT es la “Venta al por menor de equipo de oficina, libros, periódicos y papelería y equipo fotográfico, óptico y de precisión”. Del mismo modo, el quinto considerando da por válido el crédito fiscal de las facturas relacionadas a la importación, es decir, las facturas de la agencia despachante de aduanas, almacenaje y seguros, en tanto que el crédito fiscal de la DUI no fue validado, aspecto que denota incoherencia.

Respecto a la observación referida a la falta de pago de la importación a través de una entidad regulada por la ASFI, el ente fiscal señala que dicha observación se encuentra amparada en los artículos 70 numeral 4 de la Ley 2492, 20 de la Ley 062, Disposición Cuarta del DS 772, 7 numeral II de la RND 10-0011-11 de 20 de mayo de 2011; sin embargo, a fin de establecer si realmente esta observación procede y establecer la pertinencia para su aplicación de la citada normativa, se debe considerar que si bien la norma jurídica es un mandato del Estado, esta debe seguir una secuencia lógico jurídica, estando tal mandato respaldado por la fuerza del Estado ante un eventual incumplimiento; en ese entendido, la norma jurídica es el elemento central del derecho, es la institución alrededor de la cual se estructura todo el derecho y debe ser aplicado al caso en concreto, bajo tres supuestos: Que la norma es lo suficientemente clara y no existe dificultad en su

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aplicación, solo cabe su cumplimiento; que la norma no sea clara o siendo clara su aplicación es difícil, en este caso dicha norma debería ser interpretada” y que no exista norma para el caso en concreto, es decir que exista un vacío legal, en este caso deberá recurrirse a la figura jurídica de la “integración analógica”. 

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Para algunos juristas, cualquier aplicación de la norma debe ser realizada previa interpretación, es decir, que para la aplicación al caso en concreto de cualquier norma implica necesariamente la interpretación para establecer la pertinencia de su aplicación, en el presente caso en todos los casos se estableció una presunción, de que si no fue bancarizada la transacción, existe una presunción de inexistencia de la transacción, como lo estableció el artículo 66 del Código Tributario. Agrega que la presunción establecida en la norma legal corresponde a una presunción iuris tantum, que es aquella que se establece por ley y que admite prueba en contrario, es decir probar la inexistencia de un hecho, a diferencia de las presunciones iuris et de iure de pleno y absoluto derecho, presuņción que no admite prueba en contrario, dicho de otra forma, la presunción establecida en el artículo 66 del código antes citado, no es un valor consagrado; absoluto, sino que es un juicio. hipotético que puede ser invertido acreditando que un acto es ilegitimo, en el presente caso que a través de otros medios se pueda probar que la transacción fue efectuada. ..

.

Las presunciones que se encuentran en derecho son iuris tantum, así por ejemplo la presunción de legitimidad de los actos administrativos que pueden ser desvirtuados por el interesado demostrando que se vulneró el orden jurídico, en el presente caso la presunción de inexistencia de transacción puede ser desvirtuada a través de otros medios de prueba

que establezcan que efectivamente se realizó la transacción; añade que en el proceso de

la solicitud de rectificatoria realizada demostró efectivamente la realización de la transacción a través de otros medios de prueba, que no sea el documento bancario de transferencia de dinero, sino por la propia existencia de la DUI, que no fue observado por la Aduana Nacional, con lo que se demuestra que la transacción fue efectivamente realizada, toda vez que al tratarse de una importación la transacción fue demostrada inicialmente con un pago parcial contenido en un documento pagado mediante una institución financiera supervisada por la ASFI, es decir el Banco de Crédito de Bolivia SA, cumpliendo la Disposición Final Cuarta del DS 772 de 19 de enero de 2011 y dado que la DUI es expedido por la Aduana Nacional, dicho documento goza de presunción de legitimidad, por tanto el crédito fiscal generado debe ser reconocido a cuyo efecto el ente

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fiscal debe autorizar la declaración jurada rectificativa en virtud a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 843.

Conforme a los argumentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 231920000998 (SIN/GDLPZ I/DF/RA/00416/2019) de 18 de junio de 2019.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Mary Maribel Mamani Mamani, fue admitido mediante Auto de 2 de septiembre de 2019, notificado personalmente a la recurrente el 9 de septiembre de 2019 y por cédula a la Administración Tributaria el 10 del mismo mes y año; fojas 24-29 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representado por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 24 de septiembre de 2019, cursante a fojas 32-34 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

De acuerdo al artículo 78 de la Ley 2492, se entiende por declaración jurada a la determinación de la obligación tributaria efectuada por los propios contribuyentes bajo juramento y presentada en la forma y tiempo establecido; en tal sentido, la declaración jurada presentada es de entera responsabilidad del sujeto pasivo. El rechazo de la solicitud de rectificatoria, no se debió a que las transacciones no se encuentran vinculadas a su actividad.gravada, sino que al tratarse de una transacción que supera la suma de Bs50.000.-, la recurrente no presentó medio fehaciente de pago reconocido por entidad financiera, tal como lo establece la RND 10-0017-15, siendo este el motivo bajo el cual se determinó rechazar la solicitud de rectificatoria.

La recurrente interpreta erróneamente la normativa legal vigente, dado que no se puede concebir que pretenda apropiarse de un crédito fiscal que no pudo demostrar que le corresponde, toda vez que si bien presentó la DUI que respalda la importación realizada, no presentó medio fehaciente de pago reconocido por entidad financiera,

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pese a que mediante Auto N° 251920000092 dicha información le fue requerida, al efecto cita los artículos 37 del DS 27310, Disposición Cuarta del DS 772, 1 y 5 de la RND 10-0017-15; agrega que el artículo 5 de la citada RND establece el requisito sine qua non para que el contribuyente pueda apropiarse del crédito fiscal de las transacciones superiores a Bs50.000.- es que dicha transacción debe ser bancarizada, es decir respaldada con documentos emitidos o reconocidos por la ASFI o el Banco Central de Bolivia, sin dar lugar que a través de otros medios pueda establecerse la existencia de la transacción como pretende el contribuyente en base a conjeturas sobre presunciones tratando de adecuar la norma a su favor; finalmente solicita que en cumplimiento a los artículos 198 inciso e) y 211 de la Ley 2492, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el recurso de Alzada.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa N° 231920000998 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00416/2019) de 18 de junio de 2019.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 25 de septiembre de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría a la recurrente ya la autoridad recurrida en la misma fecha; fojas 35-36 de obrados.

Por memorial presentado el 8 de octubre de 2019, la Administración Tributaria ofreció,

  • propuso, reprodujo y ratificó prueba consistente en los antecedentes administrativos remitidos a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 9 de octubre de 2019, se dispuso por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en Secretaría a las partes en la misma fecha; fojas 37-39 de obrados.

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Mary Maribel Mamani Mamani mediante nota presentada el 14 de octubre de 2019, ratificó la prueba documental consistente en los antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria; asimismo, presentó: Declaración de Importación C-24452 de 20 de junio de 2018, Formulario de transferencia de fondos

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al exterior mediante el Banco de Crédito de Bolivia SA de 6 de febrero de 2019, Comprobantes de operación del Banco de Crédito de Bolivia SA. Nos. 0000256, 0000257 y 0000258; facturas del Banco de Crédito de Bolivia Nos. 0000487949 y 0000016223 y Nota de reclamo por información inoportuna y errónea de 7 de febrero de 2019; al efecto, con Proveido de 14 de octubre de 2019, se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada, en tanto cumpla lo establecido en los artículos 81 y 217 de la Ley 2492, actuación notificada por secretaria a las partes el 16 de octubre de 2019; fojas 40-56 de obrados. ..

11.5. Alegatos Por nota presentada el 4 de noviembre de 2019, Mary Maribel Mamani Mamani, expuso alegatos ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada con relación al error en que incurrió por el asesoramiento del funcionario del SIN; respecto de la mención de la actividad registrada en uno de los considerandos de la Resolución Administrativa ahora impugnada y sobre el medio fehaciente de pago, señalando que cuenta con toda la documentación que respalda el pago a cuenta realizada al proveedor a través del Banco de Crédito de Bolivia SA y que tal documentación se encuentra inserta en los antecedentes administrativos que fueron presentados a esta Instancia Recursiva por la Administración Tributaria; al efecto, el Proveído de 5 de noviembre de 2019, dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; actuación notificada en secretaría el 6 de noviembre de 2019 al recurrente y la Administración Tributaria; fojas 57-63 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, no presentó alegatos escritos ni orales dentro del plazo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario.

IlI. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mary Maribel Mamani Mamani con nota presentada el 14 de febrero de 2019 ante la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó la aprobación del proyecto de rectificatoria del periodo junio 2018, debido a que no se había considerado el total del crédito fiscal contenido en su Declaración Única de Importación, al efecto adjuntó Reporte de Formularios, Declaración Jurada F-200,

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reporte de Padrón de Contribuyente, Proyecto de Rectificatoria F-521; fojas 1-8 de antecedentes administrativos.

Mediante Auto N° 251920000092 de 25 de marzo de 2019 se requirió a Mary Maribel Mamani Mamani la siguiente información: Facturas de Compra original del periodo junio 2018, Certificación de la Declaración Única de Importación por la Aduana Nacional, Medio fehaciente de pago, reconocido por entidad financiera regulada por la ASFI por pago realizado al proveedor.. y otra documentación que solicite el fiscalizador, otorgando el plazo improrrogable de 5 días computable a partir de su legal notificación para la entrega de dicha documentación, actuación notificada de manera electrónica el 15 de abril de 2019; al efecto mediante Acta de Recepción de documentos de 18 de abril de 2019, la ahora recurrente efectuó la entrega de la siguiente documentación: Boletas – de: pago; Declaración de Adquisición de Mercancías, Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de salida de zona franca, Reporte de Importaciones y Formulario de Registro de Series; fojas 40-42: y 63 de antecedentes administrativos.

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El Informe CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/INF/04239/2019 de 18 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, conclủyó que la solicitud de rectificatoria del F-200 con N° de Orden 2079677001, no es procedente por lo que corresponde rechazar el Proyecto de rectificatoria F-521 con N° de Orden 2084806490 correspondiente al F-200 IVA del periodo junio 2018; a cuyo efecto recomendó la emisión de la Resolución Administrativa rechazando el proyecto de rectificatoria; fojas 64-67 de antecedentes administrativos.

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La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 231920000998 (SIN/GDLPZ I/DF/RA/00416/2019) de 18 de junio de 2019, acto que resolvió rechazar el proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria F-521 con N° de Orden 2084806490 de 14 de febrero de 2019 que rectifica la Declaración Jurada F-200 IVA con N° de Orden 2079677001 respecto a las compras vinculadas presentado por Mary Maribel Mamani Mamani por el periodo fiscal junio 2018; acto administrativo notificado electrónicamente el 22 de julio de 2019; fojas 68-70 y 73 de antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-1|| de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Mary Maribel Mamani Mamani; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Se hace necesario puntualizar que la recurrente, en su Recurso de Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, de su lectura se evidencia que alega tanto aspectos de forma como de fondo; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará de inicio la revisión de la existencia o

cios denunciados relacionados al procedimiento aplicado y si éstos están

legalmente sancionados con la nulidad, de no ser evidentes se procederá al análisis de los argumentos de fondo planteados.

IV.1. Vicios de nulidad Mary Maribel Mamani Mamani, en su Recurso de Alzada y alegatos señala que la Administración Tributaria de manera infundada, sin un argumento sólido y valedero y sin haber realizado una adecuada consideración técnica jurídica rechazó su solicitud de rectificatoria, toda vez que no tomó en cuenta que presentó toda la documentación requerida; asimismo, en cuanto a los medios de pago a través de una entidad regulada por la ASFI, el ente fiscal señala que dicha observación se encuentra amparada en los artículos 70 numeral 4 de la Ley 2492; 20 de la Ley 062, Disposición Cuarta del DS 772, 7 numeral II de la RND 10-0011-11 de 20 de mayo de 2011; sin embargo, a fin de establecer si realmente esta observación procede y establece la pertinencia para su aplicación de la citada normativa, se debe considerar que si bien la norma jurídica

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es un mandato, esta debe seguir una secuencia lógico jurídica, a objeto de regular un eventual incumplimiento; agrega que la norma jurídica es el elemento central del. derecho y debe ser aplicado de acuerdo al caso en concreto, considerando la presunción de norma legal corresponde a una presunción iuris tantum, que es aquella que se establece por ley y que admite prueba en contrario; es decir, probar la inexistencia de un hecho o derecho a diferencia de las presunciones iuris et de iure de pleno y absoluto derecho, presunción que no admite prueba en contrario.

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La Administración Tributaria en respuesta al Recurso de Alzada señala que la recurrente interpreta erróneamente la normativa legal vigente, dado que no se puede concebir que pretenda apropiarse de un crédito fiscal que no pudo demostrar que le corresponde, toda vez que si bien presentó la DUI que respalda la importación realizada, no presentó medio fehaciente de pago reconocido por entidad financiera, pese a que mediante Auto N° 251920000092 dicha información le fue requerida, al efecto, cita los artículos 37 del DS 27310, Disposición Cuarta del DS 772, 1 y 5 de la RND 10-0017-15; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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El parágrafo II; artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: II. EI estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, – –. pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. – 

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El artículo 68, numerales 2, 6 y 7 de la Ley 2492 señala que: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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El artículo 70, numeral 1 del Código Tributario señala entre las obligaciones del sujeto pasivo la de: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria 

El artículo 76 de la misma normativa legal, establece que: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración; asimismo, el parágrafo I, artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho.

El artículo 78 del Código Tributario, señala que I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. Il. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del dec podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante Reglamento. En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación a los datos que se rectifican. III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda Tributaria. En estos casos, la 

nueva información o dato brindados serán los que tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia

El artículo 28 del DS 27310, modificado por el artículo 2 parágrafo VI del DS 2993, sobre la Rectificatoria a Favor del Contribuyente, señala: 1. La Declaración Jurada 

Rectificatoria que incremente saldos a favor del contribuyente podrá ser efectuada por una sola vez, por cada impuesto y periodo fiscal. II. Esta rectificatoria, conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del Parágrafo II del Artículo 78 de la Ley N° 2492, deberá ser aprobada por la Administración Tributaria antes de su presentación. La aprobación será resultado de la verificación de los documentos que respalden la determinación del tributo, conforme se establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. IV. La solicitud de rectificación de la Declaración Jurada podrá ser presentada hasta antes de que concluya el periodo de prescripción, o hasta antes del inicio de la Fiscalización o Verificación, lo que ocurra primero.

El artículo 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo, señala que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, .expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso, b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

El parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, establece que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. El

artículo 55 del DS 27113 señala entre otras cosas, que será procedente la revocación

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público.

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De inicio corresponde referir a la observación de la recurrente respecto a que en el cuarto CONSIDERANDO del acto impugnado de manera errónea se señala que la actividad registrada del sujeto pasivo es la “Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzados“, no obstante, en la observación plasmada en el acápite

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CHIETVAROSTA ELETTRICO 

VERIFICACIÓN DE COMPRAS del acto impugnado signado bajo el literal b. se señala: “Póliza de Importación vinculada a la actividad del contribuyente y reportada por la Aduana Nacional, el contribuyente presentó documentos que respaldan la. importación realizada (…)“, asimismo, de la lectura del Padrón de Contribuyente adjunto a fojas 5 de antecedentes administrativos, se evidencia que la actividad del sujeto pasivo describe: “Venta al por menor de equipo de oficina, libros, periódicos y papelería y equipo fotográfico, óptico y de precisión”, al respecto, corresponde mencionar que el error en la descripción de la actividad desarrollada de la contribuyente es evidente, conforme la información cursante en el Padrón de Contribuyentes; sin embargo, este error es intrascendente ya que no influyó en la decisión del ente fiscal para el rechazo de la rectificación del IVA de junio 2018, que pretende rectificar el valor total de la Declaración Única de Importación (DUI) 2018201C24452, puesto que la misma que de acuerdo a lo señalado en la página 2 del acto impugnado, inciso b de “Observaciones según verificación” se encuentra vinculada a la actividad del contribuyente y fue reportada por la Aduana Nacional; en esas circunstancias, el error observado debe subsanarse a fin de evitar incongruencias en la parte considerativa del acto impugnado.

Conforme el marco normativo y la aclaración citada precedentemente, corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, encontrándose recogido en el artículo 115 de

la Constitución Política del Estado. El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir

las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Corresponde señalar también que la rectificación de una Declaración Jurada se constituye en un mecanismo administrativo cuyo objeto es el de corregir un dato mal registrado o completar una declaración por información omitida en la declaración original presentada, estableciéndose en los artículos 26, 27 y 28 del DS 27310 dos clases de rectificatorias, las que se encuentran a favor del Fisco y las que son a favor del contribuyente; en ese entendido, conforme los artículos 78 de la Ley 2492 y 26, parágrafo I, inciso b) y 28 del DS 27310, el sujeto pasivo se encuentra plenamente habilitado para efectuar rectificaciones a libre iniciativa o a requerimiento del SIN, cuando tenga por efecto el aumento de saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante y que las Declaraciones Juradas rectificatorias que disminuyen el saldo a favor del Fisco o incrementan el saldo a favor del contribuyente, denominadas “Rectificatorias a favor del Contribuyente” tienen que ser solicitadas formalmente ante la Administración Tributaria-requiriendo para surtir efecto legal la aprobación del ente fiscal antes de su presentación al sistema financiero y que contrariamente las rectificatorias denominadas “Rectificatorias a favor del Fisco” no requieren de la citada formalidad; consecuentemente, al amparo el artículo 78 del Código Tributario el sujeto pasivo tiene la posibilidad de rectificar el error en la liquidación de sus impuestos, encontrándose con pleno derecho el sujeto activo para considerar la correcta determinación de tributos según lo dispuesto en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492.

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En el contexto anterior, se tiene que el 14 de febrero de 2019, Mary Maribel Mamani Mamani, solicitó aprobación de proyecto de rectificatoria de la Declaración Jurada F 200 del IVA con número de orden 2079677001 correspondiente al periodo fiscal junio 2018, debido a que no consignó en la declaración original el monto total de la transacción de compra de la Declaración Única de Importación 2018/201/C-24452, a cuyo efecto presentó el Proyecto de Rectificatoria F-521 con N° de orden 2084806490, incrementando en la casilla 26 “Compras directamente vinculadas a actividad gravada” de Bs52.887.- a Bs1.192.688.-, conforme se evidencia a fojas 1 y 78 de antecedentes administrativos.

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ISO 9001 

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales en atención a la solicitud efectuada por el sujeto pasivo emitió el Auto N° 251920000092 de 25 de marzo de 2019, a fojas 68 de antecedentes, requiriendo la presentación de la

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayit jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

siguiente documentación: 1. Facturas de compra original del periodo junio 2018, 2. Certificación de Declaración Única de Importación (DUI) por la Aduana Nacional, 3. Medio fehaciente de pago reconocido por una entidad financiera regulada por la ASFI, por pago realizado al proveedor de la importación del periodo junio 2018 y 4. Otra documentación de respaldo que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de verificación; otorgándole un plazo de 5 días hábiles computables a partir de su legal notificación, actuación que fue notificada de manera electrónica el 15 de abril de

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que entre la documentación presentada por el sujeto pasivo como respaldo a su solicitud de rectificación, así como la solicitada por la Administración Tributaria mediante Auto No 251920000092 de 25 de marzo de 2019, conforme el detalle expuesto en el Acta de Recepción de Documentos de 18 de abril de 2019, se entregó la siguiente documentación: Boletas de pago, Declaración de Adquisición de Mercaderías, Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de Salida de Zona Franca, Reporte de Importaciones y Formulario de Registro de Series (mercaderías) emitido por la Aduana Nacional, fojas 26, 27, 31, 32-39, 43-47, 48-52, 53 y 54-62 de antecedentes administrativos.

De la misma forma cabe precisar que mediante nota de 14 de octubre de 2019, la recurrente ratificó toda la documentación presentada como descargo ante la Gerencia Distrital La Paz I del SIN y la presentada a momento de la interposición del Recurso de Alzada y ofreció en calidad de prueba la siguiente documentación: Declaración Única de Importación 2018/201/C-24452 (fotocopia simple, sellada con la leyenda “La presente fotocopia es fiel al documento original que cursa en el archivo de esta Agencia Despachante de Aduana...”), Declaración de Salida de Zona Franca No 011038 (fotocopia simple), Estado de Cuenta de Import Export Humberto Rojas Pérez (Original), Formulario de Transferencia de Fondos al Exterior mediante el Banco de Crédito de Bolivia SA, de 6 de febrero de 2019, pago parcial (original), Comprobantes de Operación Nos. 0000256, 0000257, 0000258 del Banco de Crédito de Bolivia SA. (Originales), Facturas Nos. 0000487949 y 0000016223 del Banco de Crédito de Bolivia S.A (originales) y Nota de reclamo por información inoportuna y errónea de 7 de febrero de 2019 (Original), fueron presentadas dentro del término de prueba

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aperturada por esta Instancia Recursiva, conforme se advierte del Proveído de 14 de octubre de 2019, fojas 40-55 de obrados.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/INF/04239/2019 de 18 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital-La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, concluyó que la solicitud de rectificatoria del F-200 con N° de Orden 2079677001, no es procedente por lo que corresponde rechazar el Proyecto de rectificatoria F-521 con N° de Orden 2084806490 correspondiente al F-200 IVA del periodo junio 2018; a cuyo efecto recomendó la emisión de la Resolución Administrativa rechazando el proyecto de rectificatoria; según se observa a fojas. 64-67 de antecedentes administrativos.

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Por lo expuesto, sụstentado en el informe señalado en el anterior párrafo la Gerencia Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 231920000998 (SIN/GDLPZ I/DF/RA/00416/2019) de 18 de junio de 2019, acto que resolvió rechazar el proyecto de Declaración Jurada Rectificatoria F 521 con N° de Orden 2084806490 de 14 de febrero de 2019 que rectifica la Declaración Jurada F-200 IVA con N de Orden 2079677001 respecto a las compras vinculadas presentado por Mary Maribel Mamani Mamani por el periodo fiscal junio – 2018; acto administrativo notificado electrónicamente el 22 de julio de 2019; fojas 68 70 y 73 de antecedentes administrativos.

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Bajo ese contexto, de la lectura de la Resolución Administrativa ahora impugnada, se advierte que dentro de sus fundamentos para observar el crédito fiscal consignado en la DUI 2018/201/C-14452 de 20 de junio de 2018, estableció lo siguiente: “Que el presente alcance de la verificación de la solicitud de Rectificatoria del F-200 IVA con N° de Orden 2079677001, está en atención a la modificación realizada por las compras declaradas en la casilla 26 (…) del Proyecto de Rectificatoria F-521 IVA con N° de Orden 2084806490 (…). Que, de la documentación presentada por el contribuyente se verificó las facturas válidas para crédito fiscal en el periodo Junio/2018 (…) de acuerdo al siguiente detalle: 

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Juan Carlos Guz pán Ruiz

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260,00

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18/06/2018 | 1006765027

SEGUROS Y REASEGUROS 

CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.

2.484,72

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EMPRESA PÚBLICA

NACIONAL ESTRATÉGICA DEPOSITOS 

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5.712,28

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29/06/2018

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AGENCIA DESPACHANTE DE

ADUANA J. GUTIERREZ S.R.L.

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TOTAL 

1.192.687,7

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14.957,00

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Observaciones según verificación: 

  1. a. FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL. La Factura se encuentra vinculada a la actividad del contribuy b. Póliza de importación vinculada a la actividad del contribuyente.y reportada por la Aduana Nacional; el contribuyente

presentó documentos que respaldan la importación realizada, sin embargo revisado el medio de pago presentado por el contribuyente (Transferencia de pago mediante BCP, Declaración de Dinero de la UAF de Chile, recibos de pago), analizados los mismos no demuestran el pago realizado al proveedor, mediante medio fehaciente de pago reconocida por una entidad financiera, incumpliendo los establecido en el artículo 37 del DS No 27310 de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario Boliviano, modificado por la disposición final cuarta del decreto Supremo N° 772 de 19 de enero de 2011 que establece: “Se establece el monto mínimo de Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI”, por tanto corresponde su depuración de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5o de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-15 de fecha 26 de junio de 2015.

Fuente: Resolución Administrativa N° 231920000998 a fojas 68-70 de antecedentes administrativos.

En este punto del análisis, se hace necesario precisar que el trámite de rectificatoria no es un proceso de determinación de deudas tributarias, sino más bien un proceso de verificación que efectúa la Administración Tributaria para establecer la procedencia de la solicitud de rectificación que presenta el contribuyente mediante el Portal Tributario, proceso en el que debe abocarse a verificar si la documentación contable y otra documentación soporte, condice con el Proyecto de Declaración Jurada rectificatoria presentada.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Sobre lo señalado, es importante precisar que la rectificatoria de una Declaración Jurada se constituye en una autodeterminación del sujeto pasivo respecto a sus obligaciones impositivas, en ese entendido, la Administración Tributaria ante la solicitud de rectificatoria debe efectuar la revisión de la documentación presentada al efecto y realizar su análisis para fundamentar su decisión de aceptación o rechazo sobre la base de los argumentos expuestos por los sujetos pasivos que motiva la rectificación; en ese sentido, el ente fiscal debe considerar toda la documentación presentada durante el trámite de rectificatoria iniciado por Mary Maribel Mamani Mamani así como la documentación que fue presentada por la citada recurrente en atención al Auto N° 251920000092, actuación administrativa mediante la cual se solicitó documentación complementaria a objeto de proseguir con el trámite de rectificatoria conforme se tiene del Acta de Recepción de Documentación de 18 de abril de 2019, donde se evidencia que la ahora recurrente presentó la documentación requerida; fojas 26, 27, 29, 31-39 y 43-63 de antecedentes administrativos.

Por lo señalado, es evidente que Mary Maribel Mamani Mamani a momento de iniciar la solicitud de aprobación de rectificatoria del F-200 del periodo junio 2018 y por requerimiento de documentación ‘solicitada por el ente fiscal,” : presentó documentación relacionada a la importación de impresoras Canon y monitores HP, sobre cuya base la Administración Tributaria estableció observaciones señalando que revisado y analizado el medio de pago presentado consistente en Transferencia de pago mediante BCP, Declaración de dinero de la UAF de Chile y Recibos de pago, éstos no demuestran el pago realizado mediante medio fehaciente de pago reconocida por una entidad financiera, afirmando que se había incumplido lo establecido en el artículo 37 del DS 27310 modificado por la disposición final cuarta del DS 772, a cuyo efecto depuró el crédito fiscal de la Póliza de importación anteriormente citada; asimismo, señala tal depuración fue realizada por incumplimiento al artículo 5 de la RNS 10-0017-15 de 26 de junio de 2015.

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Por lo expuesto, el argumento de Mary Maribel Mamani Mamani referido que la Administración Tributaria de manera infundada, sin un argumento sólido y valedero y sin haber realizado una adecuada consideración técnica jurídica, se rechazó su solicitud de rectificatoria; es evidente, en el entendido de que la ahora recurrente a objeto de respaldar su solicitud de rectificatoria del F-200 del periodo junio 2018,

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STROS Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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presentó como descargo, entre otros, el Formulario de Transferencia de Fondos al Exterior (Cliente) emitido por el Banco de Crédito de Bolivia SA, con sello y referendo bancario de 06 de febrero de 2019, Constancia de Transferencia de fondos emitido por la citada entidad financiera, Estado de cuenta del proveedor Imp. Exp. Rojas Pérez; facturas Nos. 16223 y 487946 por concepto de Comisión por Transferencias al Exterior y Compra/venta de Moneda Extranjera, respectivamente, ambas emitidas por el Banco de Crédito de Bolivia SA: Reportes de Pago rubricados por el proveedor

Import Export Humberto Rojas Pérez, documentos en los que se describe que se trata de pagos a cuenta realizados en efectivo “cash”, relacionando dichos pagos a la Declaración de Salida de Zona Franca N° 11038, que cursa a fojas 53 de antecedentes administrativos; Declaración de Ingreso de Porte y Transporte de efectivo N° 303258; Recibo Único de Pago por concepto de pago de los impuestos IVA Y GA emitido por el Banco Unión SA; documentación, sobre la cual, la Administración Tributaria omitió pronunciamiento, limitándose a señalar que el medio de pago presentado por el contribuyente no demuestra el pago realizado al proveedor, mediante medio fehaciente de pago reconocida por una entidad financiera, motivo por el cual se habria incumplido los artículos 37 del DS 27310 y 5 de la RND 10-0017-15 de 26 de junio de 2015; aspecto que contradice con la documentación existente en antecedentes

strativos; cuando el ente fiscal debió revisar la documentación presentada por el sujeto pasivo y fundamentar técnica y legalmente su posición respecto la valoración efectuada, vulnerando el debido proceso en su elemento de la fundamentación de hecho y derecho, requisito esencial de todo acto administrativo.

Bajo las circunstancias descritas, se tiene que el agravio expresado en el Recurso de Alzada respecto a que el ente fiscal de manera indebida e infundada, sin argumento sólido y sin realizar una adecuada consideración técnica jurídica, rechazó su solicitud de rectificatoria es innegable, situación que denota la existencia de un vicio de nulidad que provoca la vulneración de los derechos al debido proceso y defensa, omisión que se encuentra sancionada con la nulidad de obrados, aspecto que impide a esta Instancia ingresar a considerar los argumentos de fondo planteados dentro del Recurso de Alzada, como son las observaciones a los importes pagados en efectivo y mediante transferencias bancarias realizadas al proveedor y la aplicación de la normativa pertinente en relación a los medios fehacientes de pago, aspectos que comprobaron el vicio manifestado por la recurrente.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En consecuencia, se debe manifestar que es evidente que el sujeto activo para el rechazo de la solicitud de rectificatoria de Mary Maribel Mamani Mamani, no efectuó la verificación de toda la documentación presentada en calidad de prueba por el sujeto pasivo relacionada con la póliza de importación y sus medios de pago, hecho que definitivamente configuró vicios de nulidad afectando el principio del debido proceso y derecho a la defensa consagrados en los artículos 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492 y 28 incisos b y e) de la Ley 2341; consecuentemente, bajo el análisis descrito precedentemente, corresponde anular la Resolución Administrativa N° : 231920000998 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00416/2019) de 18 de junio de 2019, debiendo la Administración Tributaria compulsar toda la documentación presentada por la contribuyente en sustento de la solicitud de rectificación de la Declaración Jurada F-200 IVA del periodo fiscal junio 2018, a fin de adoptar una decisión mediante un acto-administrativo definitivo debidamente motivado y fundamentado conforme a la normativa pertinente y aplicable al caso, 

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código. Tributário incorporado por la Ley 3092 y el artículo. 141 del DS 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231920000998 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00416/2019) de 18 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Mary Maribel Mamani Mamani; consecuentemente, corresponde a la Administración Tributaria, evaluar la documentación presentada por la contribuyente en sustento de su solicitud de rectificación de la Declaración Jurada F-200 IVA del periodo fiscal junio 2018, a fin de adoptar una decisión mediante un acto administrativo definitivo debidamente motivado y fundamentado conforme a la normativa pertinente y aplicable al caso.

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Juan Carlos Oy Guzmán Ruiz

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Sistema de Gestión 

de la Caldad Certificado No771/14 

STROV Justicia ributaria para vivir bien Jan mitayle jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, hoe lmpugnae conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento

Gonzalo Meries Lopez obbligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

BY r. schier

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad Gemistarpio General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Lic. Cechte vetez Dorodo

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tributarla – La Paz 

Juan Carlos Guzmán Huiz

Krlbutana 

RCVD/jcgr/avv/rms/gjml/mhgc

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