ARIT-LPZ-RA-1299-2019 Se anula proveído que rechaza la solicitud de prescripción de la contribuyente. El SIN alega que no puede impugnarse un proveído de mero trámite, sin embargo, al denegarse la extinción por prescripción solicitada, el proveído adquiere carácter de definitivo en cuanto a la posición del SIN. La Administración Tributaria tampoco fundamenta ni motiva su rechazo a la solicitud del contribuyente, lo que vulneraría el debido proceso y la defensa.

ARIT-LPZ-RA-1299-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1299/2019 

Recurrente: 

Felisa Cruz de Ticona

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado

Proveído N° 241920000220 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/PROV/00140/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0849/2019: “.

Lugar y Fecha:

La Paz, 25 de noviembre de 2019 

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VISTOS: El Recurso de Alzada; el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 1299/2019 de 22 de noviembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Proveído N° 241920000220 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, señala que es de conocimiento de Felisa Cruz de Ticona que mediante Auto Administrativo N° 35/2019 de 24 de abril de 2019 se anuló obrados hasta la notificación con los Procesos de Fiscalización Operativo No 67, 68 y 72, disponiendo se practique una nueva notificación de los referidos actuados conforme el artículo 83 y siguientes de la Ley 2492, situación que aún no se materializo; en consecuencia ante su solicitud de prescripción la Administración Tributaria cita el precedente

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administrativo emitido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 1631/2013 de 3 de septiembre de 2013. Por lo expuesto, concluye que dicha situación no se efectivizó en el presente caso.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos de la Recurrente Felisa Cruz de Ticona, mediante notas presentadas el 5 y 21 de agosto de 2019, cursante a fojas 5-6 y 10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

Mediante Proveído. No 241920000220 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019, la Administración Tributaria de modo expreso reconoce la existencia de tres procesos de fiscalización Operativo No 67, 68 y 72; sin embargo, pese a la solicitud de prescripción, la Administración Tributaria manifestó que no se materializó la notificación de los procesos correspondientes a las gestiones 1999 y 2000, sin considerar que las facultades de determinación de la Administración Tributaria prescriben a los 5 años, en ese entendido el plazo feneció el 2013 y 2014 respectivamente, sin que la Administración Tributaria haya emitido y notificado la Resolución Determinativa, siendo innecesario proceder a su notificación, debido a que solo generaría un gasto para el Estado.

La prescripción extintiva se produce por falta de ejercicio de un derecho durante un plazo, su efecto es la extinción de las acciones de la Administración Tributaria, en ese entendido, opone prescripción y solicita se deje sin efecto las órdenes de los operativos Nos. 67, 68 y 72. Solicita declare prescritas las acciones de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, para determinar obligaciones impositivas y/o imponer sanciones, respecto a los periodos 1999 y 2000.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total del Proveido No 241920000220 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019.

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Felisa Cruz de Ticona fue admitido por Auto de

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26 de agosto de 2019, notificado por cédula a la Administración Tributaria y a la recurrente el 3 y 5 de septiembre de 2019, respectivamente; fojas 11 y 15-22 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria – La Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por lván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 18 de septiembre de 2019, cursante a fojas.25-27 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Solicita rechazo del Recurso de Alzada al no existir acto administrativo contra la contribuyente, en ese sentido, cita el artículo 143 de la Ley 2492 y señala que en aplicación : a dicha normativa debe existir un acto administrativo. que determine un adeudo tributario, que imponga una sanción o que rechace una solicitud emitida por el Ente Fiscal, es así que no corresponde la admisión del presente Recurso de Alzada, debido a que la contribuyente impugna un Proveido de mero trámite, debiendo considerarse el criterio emitido en el Auto de Rechazo del Expediente ARIT-LPZ- : 0443/2014 de 9 de julio de 2014, debido a que la Ley 2492 no permite la interposición de Recursos de Alzada contra Proveídos solo contra actos definitivos que determinen la deuda tributaria o impongan sanciones administrativas, conforme los artículos 143 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 3092.3

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Señala que mediante Auto Administrativo N° 391920000050 cite: SIN/GDLPZ 1/DJCC/CCIAUTA/00035/2019 de 24 de abril de 2019, la Administración Tributaria reconoce la nulidad hasta la notificación con los Procesos de Fiscalización Operativos N° 72, 67 y 68 contra Felisa Cruz de Ticona, debido a que realizó notificaciones mediante Edicto, acto-administrativo que le fue notificado personalmente el 30 de abril de 2019. y mismo que no fue objeto de impugnación, es ese sentido, la Administración Tributaria no emitió ningún acto administrativo sobre el cual solicita la prescripción; sin embargo, ante su solicitud de oposición de prescripción emitió el Proveído N° 241920000220 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019,

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mismo que señaló que la prescripción es una acción que solo puede ser opuesta ante acciones previstas en el parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492.

En relación a la prescripción señala que Felisa Cruz de Ticona no puede solicitarla debido a que no existe una acción iniciada, toda vez que la prescripción no extingue la obligación sino la exigibilidad del sujeto pasivo, cita los artículos 59 de la Ley 2492 y 5 del DS 27310 y señala que la normativa tributaria no establece como tal el procedimiento a seguir para la interposición de la misma, sin embargo por analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 5 parágrafo I ý 8 parágrafo II de la Ley 2492, corresponde remitirse a lo previsto en el Código Civil y Procesal Civil, es así que el artículo 1497 del Código Civil señala que puede oponerse en cualquier estado de la causa incluso en ejecución de sentencia si está probada.

Conforme.lo señalado debe existir un acto en el que se manifieste la voluntad del sujeto activo para sancionar, determinar o cobrar, para que el sujeto pasivo pueda interponer prescripción, en ese sentido la prescripción debió oponerse ante una acción promovida por la Administración Tributaria que determine una deuda, la ejecute o imponga la sanción, situación que no se advierte en el presente caso. Al efecto solicita rechazar el Recurso de Alzada

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído No 241920000220 (SIN/GDLPZ-1/DJCCIUCC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 19 de septiembre de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 25 de septiembre de 2019; fojas 28-29 de obrados.

A través de memorial presentado el 8 de octubre de 2019, la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y se ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos presentados a momento de responder al. Recurso de Alzada; al efecto, por

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Proveído de 9 de octubre de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada en secretaría a las partes el 9 de octubre de 2019; fojas 30-32 de obrados.

Mediante nota presentada el 17 de octubre de 2019, Felisa Cruz de Ticona ofreció, reprodujo y ratificó en calidad de prueba las literales adjuntas al Recurso de Alzada y los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 21 de octubre de 2019, al concluir el plazo para la presentación de pruebas no ha lugar a lo solicitado; actuación notificada en secretaría a las partes el 23 de octubre de 2019; fojaş 33-35 de obrados.

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11.5 Alegatos Dentro del plazo establecido por el artículo 210 parágrafo II del Código :Tributario, se advierte que la recurrente, mediante nota presentada el 5 de noviembre de 2019, formuló alegatos escritos reiterando los argumentos de su Recurso de Alzada, en relación a que la Administración Tributaria reconoce expresamente la existencia de tres procesos de fiscalización que tiene por objeto el inicio de un proceso determinativo, las acciones de la Administración Tributaria se encuentran prescritas debido a que no se emitió o notificó la Resolución Determinativa en el término de 5 años, en ese entendido las obligaciones correspondientes a las gestiones 1999 y 2000 se hallan prescritas, siendo innecesario proceder a la notificación generando un gasto para el Estado. A través del Provėído de 6 de noviembre de 2019, se señaló que los argumentos citados se tendrán presente en la Resolución de Recurso de Alzada, acto notificado por secretaria a la recurrente y’a la Administración Tributaria fojas 36-38 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales no formuló alegatos de acuerdo a las condiciones y plazo previsto en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante Auto Administrativo N° 391920000050 con cite: SIN/GDLPZ IDJCC/CC/AUTA/00035/2019 de 24 de abril de 2019, se resuelve la anulación de obrados hasta la notificación con el Proceso de Fiscalización Operativos No 72, 67 y 68, girada a la

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II

contribuyente Felisa Cruz de Ticona, a efecto de cumplir con las restricciones que establece la normativa tributaria para la realización de notificaciones, prevista en el artículo 83 y siguientes de la Ley 2492, acto administrativo notificado personalmente 30 de abril de 2019 a Felisa Cruz de Ticona; fojas 205-211 de antecedentes administrativos.

Por nota presentada el 23 de mayo de 2019, Felisa Cruz de Ticona opuso prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, respecto a los procesos de fiscalización Operativos: 67, 68 y 72 de los periodos fiscales 1999 y 2000, conforme la Ley 1340; fojas 213-214 de antecedentes administrativos. .

El Proveido No 241920000220 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PROVI00140/2019) de 10 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, señala que es de conocimiento de Felisa Cruz de Ticona que mediante Auto Administrativo N° 35/2019 de 24 de abril de 2019 se anuló obrados hasta la notificación con los Procesos de Fiscalización Operativo No 67, 68 y.72, disponiéndose se practique una nueva notificación de los referidos actuados conforme el artículo 83 y siguientes de la Ley 2492, situación que aún no se materializo, en consecuencia ante su solicitud de prescripción la Administración Tributaria cita el precedente administrativo emitido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 1631/2013 de 3 de septiembre de 2013, decisión que señala: “puesto que establece que la institución de la prescripción es una excepción y no una acción, por lo que al no haber emitido ningún actuado en contra de la contribuyente determina que no ha lugar a la prescripción solicitada; aspectos que se entienden sustentan la posición de la Administración Tributaria...”. Por lo expuesto,

dicha situación no se efectivizó en el presente caso. Acto administrativo notificado personalmente a Felisa Cruz de Ticona el 22 de julio de 2019; fojas 214-215 de antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA : Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas

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en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Felisa Cruz de Ticona en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la revocatoria del Proveido N° 241920000220 (SIŅ/GDLPZ I/DJCCIĆC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019; sin embargo, de la lectura de su Recurso, se advierte que alude a la existencia de-vicios de nulidad, en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio ylo posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si éstos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo que también pudieran haber sido expuestas en los argumentos del Recurso de Alzada presentado.

IV.1. ASPECTOS DE FORMA IV.1.1. Admisibilidad del Recurso de Alzada La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada señala que debe existir un acto administrativo que determine un adeudo tributario, que imponga una sanción o que rechace una solicitud emitida por el Ente Fiscal, por esta razón, no corresponde la admisión del presente Recurso de Alzada, debido a que la contribuyente impugna un Proveido de mero trámite; se debe considerar el criterio emitido en el Auto de Rechazo del Expediente ARIT-LPZ-0443/2014 de 9 de julio de 2014, debido a que la Ley 2492, no permite la interposición de Recursos de Alzada contra Proveidos solo contra actos definitivos conforme los artículos 143 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 3092; al respecto, se debe manifestar lo siguiente:

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El artículo 131 de la Ley 2492, dispone: Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el. Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto suspensivo. La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte Suprema de Justicia. 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los noventa (90) días siguientes. Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la ejecución tributaria de la deuda impaga. 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece: El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los caso

de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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El recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

El artículo 4 de la Ley 3092, señala: Además de lo dispuesto por el artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra:. 1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones .: Juradas Rectificatorias, 2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria

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El artículo 1 de la Ley 3092, señala Incorpórese al Código Tributario Boliviano, aprobado mediante Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, como: “TÍTULO V. PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE ALZADA Y JERÁRQUICO, APLICABLES ANTE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA”.

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Artículo 1950- (Recursos Admisibles) I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes Recursos Administrativos: 

  1. a) Recurso de Alzada; y,
  2. b) Recurso Jerárquico. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria nicontra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor

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El parágrafo IV del artículo 198 de la citada Ley 3092 (Título V del Código Tributario), en lo referente a la forma de interposición de los Recursos, dispone: La autoridad. actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no ‘admisible à un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 195 y 197 de la presente Ley.

A objeto de una adecuada dilucidación de la problemática que nos ocupa resolver, es pertinente analizar los recursos de impugnación previstos en la vía administrativa tributaria; al respecto, el artículo 131 de la Ley 2492, dispone que contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular se podrá interponer el Recurso de Alzada en los casos expresamente previstos por dicha Ley y contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico; ambos recursos serán interpuestos ante las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria y Autoridad General de Impugnación Tributaria, respectivamente.

En ese contexto, el artículo 143 del Código Tributario, ha previsto el Recurso de Alzada como un medio impugnativo y será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo…..

Posteriormente, los actos administrativos, susceptibles de impugnación a través del Recurso de Alzada fue ampliado por el artículo 4 de la Ley 3092, al disponer que también será admisible contra: 1. El acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias; 2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago; 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación; y, 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria.

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Continuando con el desarrollo del marco normativo aplicable al presente caso, es pertinente considerar que el legislador también estableció los casos en los cuales no es admisible el Recurso de Alzada, al efecto, el artículo 195 parágrafo ll de la Ley 2492, en su parte pertinente dispone: El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor”

Bajo el marco legal antes mencionado, corresponde establecer si el Proveido No 241920000220 con cite SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PROVI00140/2019 de 10 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I. del-Servicio de Impuestos Nacionales constituye o no un acto administrativo definitivo susceptible de impugnación ante esta Instancia de Alzada; al respecto, se debe considerar que en el Proveído objeto de : impugnación la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales hace refer

emisión de dicho acto administrativo es en consideración a la nota presentada el 23 de mayo de 2019, por Felisa Cruz de Ticona, solicitando prescripción respecto a los procesos de fiscalización Operativos: 67, 68 y 72.

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El citado acto administrativo continua señalando que mediante Auto Administrativo No 391920000050 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCIAUTA/00035/2019) de 24 de abril de 2019, anulo obrados hasta la notificación con los Procesos de Fiscalización N° 72, 67 y 68, con el objeto que la Administración Tributaria cumpla con las restricciones que la normativa tributaria para la realización de las notificaciones previstas en el artículo 83 y siguientes de la Ley 2492

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Por Proveído N° 241920000220 con cite SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PROV/00140/2019 de 10 de junio de 2019, la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, respondió a la solicitud de la nota presentada el 23 de mayo de 2019 por Felisa Cruz de Ticona respecto a la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para determinar obligaciones correspondientes a las gestiones 1999 y 2000,

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señalando lo siguiente: “(...) considerando que la prescripción es una excepción a la acción que la Administración Tributaria hubiera iniciado contra el contribuyente, dicha situación no se efectivizó en el presente caso analizado.” actuación que fue notificada de manera personal el 22 de julio de 2019, conforme consta a fojas 215(a)-215(b) de antecedentes administrativos.

En este punto de análisis, resulta pertinente discriminar entre acto administrativo definitivo

y aquel de carácter preparatorio o de simple trámite; al efecto, la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo como norma marco aplicable a la Administración Pública, en su artículo 27 dispone: “Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad 

administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo” asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1444/2013 de 19 de agosto de 2013, ilustra: “Corresponde señalar que un Acto Administrativo emanado de autoridad estatal, dirigido a crear, modificar o extinguir derechos, es válido y firme, en tanto no sea revocado por la instancia competente, y mediante los mecanismos de impugnación que correspondan. El acto. 

definitivo es el que resuelve sobre el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular, y produce efectos externos creando una relación entre la administración, las demás cosas o personas; su nota fundamental está en su autonomía funcional que le permita producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al particular”. 

En el caso bajo análisis y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 23 de mayo de 2019, Felisa Cruz de Ticona, mediante nota solicitó se declare la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para determinar obligaciones correspondientes a las gestiones 1999 y 2000; a tal efecto la Administración Tributaria notificó personalmente a la citada contribuyente con el Proveido No 241920000220 con cite: SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PROV/00140/2019 de 10 de junio de 2019, estableciendo que: “Por lo expuesto y considerando que la prescripciones una excepción a la acción que la Administración Tributaria hubiera iniciado contra el contribuyente, dicha situación no se efectivizó en el presente caso 

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analizadoconforme consta en último párrafo de dicho Proveido, lo que muestra incontrastablemente que el acto administrativo ahora impugnado se constituye en impugnable en vía administrativa, toda vez que el Ente Fiscal denegó la extinción por prescripción otorgando un carácter de definitivo a su posición, produciendo en el administrado los efectos jurídicos; en consecuencia, lo señalado por la Administración Tributaria carece de sustento legal…

Con relación al argumento de la Administración Tributaria, respeto a que se debe considerar el criterio del Auto de Rechazo del Expediente ARIT-LPZ-0443/2014 de 9 de julio de 2014, emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributarià La Paz, corresponde señalar que dicho precedente administrativo aborda el análisis ante la impugnación relativo a la nulidad de notificación de un Proveído de inicio de Ejecución Tributaria como consecuencia de la emisión de una Resolución Determinativa ejecutoriada, aspecto que no representaba un acto administrativo dentro de lo establecido en los artículos 143 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 3092, sobre el cual esta instancia recursiva tuviera competencia de resolver, hecho que no tiene en absoluto relación con el caso presente; consecuentemente, corresponde desestimar el argumento expuesto por el Ente Fiscal, al no tener incidencia en el análisis del presente

caso:

IV.1.2. Debido Proceso El recurrente en su Récurso de Alzada y en alegatos, manifiesta que mediante Proveido N° 241920000220 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019, la Administración Tributaria reconoce la existencia de tres procesos de

fiscalización Operativo No 67, 68 y 72; sin embargo, pese a la solicitud de prescripción,

la Administración Tributaria manifestó que no se materializó la notificación de los procesos correspondientes a las gestiones. 1999 y 2000, sin considerar que las facultades de determinación de la Administración Tributaria prescribieron a los 5 años,

sin que la Administración Tributaria haya emitido y notificado la Resolución Determinativa, siendo innecesario proceder a su notificación, debido a que solo generaría un gasto para el Estado.

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III 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada manifestó que mediante Auto Administrativo. N° 391920000050 con cite: SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/AUTAN00035/2019 de 24 de abril de 2019, la Administración Tributaria reconoce la nulidad hasta la notificación con los Procesos de Fiscalización Operativos N° 72, 67 y 68, debido a que realizó notificaciones mediante Edicto y que no fue objeto de impugnación; es ese sentido la Administración Tributaria no emitió ningún acto administrativo sobre el cual solicitar la prescripción, sin embargo ante su solicitud de oposición de prescripción se emitió el Proveido No 241920000220 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UCC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019, acto que señaló que la prescripción solo puede ser opuesta ante acciones previstas en el parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, en ese entendido debe existir un acto en el que se manifieste la voluntad del sujeto activo para sancionar, determinar o cobrar para que el sujeto pasivo pueda interponer prescripción, situación que no se advierte en el presente caso; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 24 de la Constitución Política del Estado, en relación al derecho de petición, dispone: Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho ‘no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 2, 6 y 7, dispone: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

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autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta para los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución 

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El artículo 16, incisos a) y h) de la Ley 2341, establecen: En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes derechos: a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente. h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen.

El artículo 28 de la Ley 2341 establece: (Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta’las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los” recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento –jurídico. 

El artículo. 5 del DS 27310, dispone: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

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El artículo 36 de la Ley 2341, menciona: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los 

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interesados. 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública su

cumplimiento; es en ese contexto, dicho precepto constitucional estáblece de manera

expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica,

garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de

  • actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado

de Derecho

Es necesario considerar también que la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico.

  • En el presente caso, de la verificación de antecedentes administrativos, se tiene que

ante la solicitud de Felisa Cruz de Ticona que se declare la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria de las obligaciones correspondientes a las gestiones 1999 y 2000; la Administración Tributaria notificó personalmente a la citada contribuyente con el Proveído N° 241920000220 con cite: SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PROV/00140/2019 de 10 de junio de 2019, estableciendo que mediante Auto Administrativo N°391920000050 .concite: SIN/GDLPZ I/DJCC/CCIAUTA/00035/2019 de 24 de abril de 2019, se anuló obrados hasta la notificación con los procesos de Fiscalización Operativo N° 67, 68 y 72, disponiéndose

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se notifique nuevamente con dichos actos; asimismo, señaló que la prescripción al ser una excepción a la acción contra el contribuyente, este no se efectivizo en el presente caso conforme se evidencia a fojas 213-215 de antecedentes administrativos.

En el contexto anterior, es pertinente mencionar que la ahora recurrente dentro de los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada manifiesta que el Ente Fiscal reconoce la existencia de tres procesos de fiscalización Operativo No. 67, 68 y 72, sin embargo, pese a la solicitud de prescripción, la Administración Tributaria manifestó que no se materializó la notificación de los procesos correspondientes a las gestiones 1999 y 2000, sin considerar que sus facultades ya están prescritas y sin considerar que no emitieron ni notificaron la Resolución Determinativa, siendo innecesario proceder a su notificación, debido a que solo generaría un gasto para el Estado; bajo esas circunstancias, corresponde tomar en cuenta que en materia tributaria los derechos del sujeto pasivo se encuentran plasmados en el artículo 68 de la Ley 2492, al efecto, su numeral 2 indica que la Administración Tributaria debe resolver expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por dicho Código dentro de los plazos establecidos; asimismo, en el; numeral 6 se garantiza al sujeto pasivo el conocimiento del estado de la tramitación de los procesos o procedimientos tributarios en los cuales sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones administrativas efectuadas ante la Administración Tributaria, previsiones legales que están directamente vinculadas con el ejercicio del derecho a la defensa, normativa concordante con los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, que señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y debidamente fundamentada.

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Es pertinente añadir que la fundamentación de todo acto administrativo, además de justificar el accionar administrativo, debe valorar correctamente los argumentos planteados por el administrado a objeto de que el ente fiscal pueda calificar su . impertinencia o descartar su relevancia. En ese contexto, existirá una resolución fundada únicamente cuando se asiente sobre un conjunto de elementos fácticos, entre ellos, la valoración, compulsa y revisión de la documentación presentada u obtenida así como de los argumentos expuestos, pero también toda posición definitiva debe

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II

estar circunscrita obligatoriamente a los antecedentes, hechos y valoraciones incluso argumentos propios de cada caso en particular y de ninguna manera establecer un fundamento única y exclusivamente en decisiones emitidas por una autoridad

administrativa, sin fijar fundada y motivadamente cuál es el nexo entre estos casos, a

esto se suma que todo acto administrativo que se precie como tal debe incuestionablemente establecer de forma definitiva una postura ya sea rechazando o aceptando una petición, aspectos que se omitieron en el acto bajo análisis.

El Tribunal Constitucional Plurinacional con relación a la falta de fundamentación y motivación, en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0896/2014 de 12 de mayo de 2014, señaló lo siguiente: “(…) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión…”. En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones, este Tribunal también en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que 

cisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”, requisito que se hace de mayor importancia en los tribunales de última instancia”. 

En el contexto anterior, se hace necesario enfatizar que todo contribuyente tiene derecho a que en los procedimientos aplicables cuenten con las correspondientes garantías como ser el debido proceso y derecho a la defensa, lo que implica que la documentación que aporta o los argumentos que se exponen deben ser objeto de análisis, pero además las conclusiones sobre su pertinencia, aceptación o rechazo

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deben encontrarse reflejadas en el acto administrativo, en el que además debe aportar los suficientes elementos que permitan asumir defensa ante la pretensión de la Administración Tributaria.

Bajo ese orden de ideas, en el presente caso, es evidente que el Proveído No 241920000220 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/UCC/PROV/001402019) de 10 de junio de 2019, carece de una debida fundamentación en relación a la solicitud de prescripción, por cuanto en su contenido el Ente Fiscal claramente reconoce la existencia de los Procesos de Fiscalización de los Operativos No 67, 68 y 72, cuando refieren que se encuentran a la espera que se practique una nueva notificación, en total incongruencia a lo señalado por la propia Administración Tributaria al establecer que li

es la excepción de una acción contra el contribuyente que aún no se efectivizo; desconociendo que existen actos administrativos iniciados contra el contribuyente que no fueron dejados sin efecto; contrariamente, el acto impugnado solo se limita a transcribir una parte de un precedente administrativo, sin mostrar cuál es la relación entre estos casos, aduciendo como suficiente fundamento que no se habría iniciado ninguna acción contra el contribuyente, cuando conforme al análisis anterior, es necesario e imprescindible que exista además de expresar el precepto legal aplicable al caso el señalar claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas, así como los antecedentes administrativos que se hayan tenido en cuenta – para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, hechos que no se dieron el caso presente.

Corresponde también mencionar que si bien el Ente Fiscal a través de Proveído No 241920000220 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019, ahora impugnado comunicó que debido a que la Administración Tributaria no emitió acto administrativo contra el contribuyente la prescripción no se efectivizó en el caso analizado, esta decisión no cuenta con un fundamento tanto de hecho como de derecho, es decir, que no se consideró los antecedentes del caso, como son los Procesos de Fiscalización Operativo No 67, 68 y 72 que se encuentran pendientes de notificación tal como lo dispone el Auto Administrativo N° 35/2019 de 24 de abril de 2019, cursante a fojas 205-210 de antecedentes administrativos, acto administrativo dentro del cual no se dispone la extinción de la obligación sino se practique una nueva

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notificación prevista en el artículo 83 y siguientes de la Ley 2492, toda vez que omitió completamente emitir criterio respecto a los planteamientos que sustentan la solicitud, pese a contar con la atribución de emitir una posición definitiva respecto a las solicitudes que efectúan los administrados, sin considerar el derecho fundamental que toda persona tiene a la petición de manera individual o colectiva y a la obtención de respuesta formal y pronta, cuyo único requisito es la identificación del peticionario.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente se tiene que el acto administrativo impugnado, no fundamenta el rechazo a la solicitud de prescripción, toda vez que no realiza un análisis respecto al planteamiento del contribuyente en relación a la prescripción de la acción de la Administración Tributaria respecto a las gestiones 1999 y 2000; contrariamente, solo se limita de manera inconsistente a señalar una posición de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que no es aplicable al caso en cuestión por el estado del proceso que el propio Ente Fiscal hace referencia en el acto impugnado; en ese sentido, la falta de requisitos esenciales en el acto administrativo emitido por la Administración Tributaria como son la causa, procedimiento y fundamento establecidos por los incisos b), d) y e) del artículo 28 de la Ley 2341 y la motivación conforme el artículo 31 del DS 27113, implica la existencia de vicios de nulidad que provocan la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa, omisiones que se encuentran sancionadas con la nulidad de obrados; consecuentemente, corresponde anular el Proveido No 241920000220 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente, el Ente Fiscal debe emitir un nuevo acto administrativo en el que exponga de manera fundamentada y motivada la aceptación o rechazo de la solicitud de prescripción planteada por Felisa Cruz de Ticona, cumpliendo los requisitos establecidos por los incisos b, d y e) del artículo 28 de la Ley 2341.

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

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RESUELVE: PRIMERO: ANULAR el ‘Proveido No 241920000220 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CC/PROV/00140/2019) de 10 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo en el que exponga de manera fundamentada y motivada la aceptación o rechazo de la solicitud .de prescripción planteada por Felisa Cruz de Ticona, cumpliendo los requisitos establecidos por los incisos b), d) y e) del artículo 28 de la Ley 2341 y 31 del DS 27113.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente ,

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140.inciso c) de la Ley .. 2492 y sea con nota de atención. E

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario; el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación..

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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